Documentos de Trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
	Biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. UCM.

Autor: A. Gómez Mendoza

Título: Hacia una economía del frío. El plan de red frigorífica nacional, 1947-1951.

Resumen:

Este trabajo forma parte del Proyecto de Investigación "La industria en la España de Franco 1939-1959"

INDICE

Introducción

1. Los Frigoríficos ante el escaparate del hambre 6

2. Anteproyecto de la Red Nacional del Frío Industrial 15

2.1 Objetivo de la RNFI 17

2.2 Estructura de la RNFI 19

2.3 Ejecución de la RNFI 29

2.4 Financiación de la RNFI 29

3. 1948: Un año decisivo para la red frigorífica 34

4. Reacciones y enmiendas al proyecto de red frigorífica 44

4.1 La encuesta sobre la red del frío 45

4.2 La reacción de los empresarios del frío 52

4.3 El código de valores del INI 56

4.4 Los conflictos regionales en la gestación

de FRIGSA 59

4.5 Una vía alternativa: Conservas 'Gaspar' 65

5. El Plan de Red Frigorífica Nacional 68

5.1 Un ejemplo temprano de planificación sectorial 69

5.2 David contra Goliath 79

Conclusiones 89

Apéndice A: Solicitudes de instalación de cámaras frigoríficas (1948/1953) 96

Apéndice B: Informes sobre instalación de cámaras frigoríficas (1948/1953) 98

Bibliografía y fuentes primarias 101

Indice de abreviaturas 102

Cuando Don José Sirvent relevó a Don Juan A. Suanzes en la presidencia del INI, la distribución sectorial de las inversiones brutas acumuladas por el Instituto durante el período 1941/1963 mostraba un abrumador predominio de la industria pesada. Refino de petróleo, energía eléctrica, industria transformadora, minería y metalurgia abarcaban en conjunto un 88 por 100 de la inversión. Lo abultado de este porcentaje contrasta con una presencia casi testimonial en otros ámbitos de la industria española. Tal sucedió, por ejemplo, con la industria alimentaria que recibió una inversión de 480 millones de pesetas, lo que ascendía a un mero 0,6 por 100 del total en 1963. Con esa suma, las cinco empresas del sector de la alimentación quedaban relegadas al furgón de cola del grupo INI. Junto a la parquedad de la inversión acometida, llama la atención - en mayor grado incluso - que los gestores del INI se mostraran interesados por un ramo industrial totalmente ajeno a sus actividades habituales. Para justificar su actitud apelaron a una serie de consideraciones sociales y económicas, entre las que cabe destacar la mejora de la dieta alimenticia o la necesidad de forzar un equilibrio en la balanza comercial. Argumentaron también que la conservación de alimentos había sufrido la incuria del capital privado.

Ese tipo de argumentación que ha sido repetido en una monografía reciente sobre la historia del INI, es poco convincente. Sin negar, por supuesto, la gravísima crisis alimentaria que sufrió la población española en los años 1940, resulta inaceptable, en cambio, una explicación basada en la apatía del capital privado. Antes bien, un rasgo inequívoco del sector frigorífico español al término de la guerra civil fue la presencia marcada de empresas privadas con claro predominio de los pequeños negocios locales. Ese minifundismo no impidió que determinados grupos empresariales dispusieran de instalaciones frigoríficas de cierta entidad en varias localidades.

A pesar de la penuria estadística que se padece en este ramo industrial, puede afirmarse que sólo una décima parte de los 766.000 metros cúbicos de capacidad frigorífica existentes en 1960 pertenecía a empresas controladas por el INI. Dos de ellas (FRIGSA e IGFISA) montaron sus cámaras en el decenio de 1950, mientras que la tercera IFESA, constituida en 1956, absorbió las instalaciones del Matadero de Mérida. De ahí que los aumentos de capacidad en el período anterior (1936/1952) deban ser imputados por entero a la iniciativa privada. Se estima que se promovió la creación de un volumen anual de 14.340 metros cúbicos, casi el doble de la cifra registrada en el primer tercio de siglo. A partir de 1952, se triplicó el ritmo de montaje de cámaras hasta situarse en una tasa de un 12,8 por 100 anual, lo suficiente para añadir 33.500 metros cúbicos en cada año a la capacidad útil frigorífica.

Vista la progresión de una y otra red frigorífica en el período que transcurre entre 1950 y 1970, parece acertado afirmar que el "INI ha tenido una fundamental acción programadora e impulsora, extraordinariamente secundada por la industria frigorífica privada". A esa acción planificadora se refiere el presente trabajo. Se indagarán los verdaderos motivos que guiaron, a partir de 1947, la actuación de los rectores del INI hacia un campo tan extraño para ellos como el alimentario.

El trabajo ofrece al lector una interpretación que rompe con el manido argumento utilizado en la época. En contraste con esa visión, se sostiene aquí que la presencia del INI en la industria alimentaria atendió a una interrelación de fuerzas que conformaron un triángulo; dos de sus vértices atañieron a sucesos políticos con una proyección exterior. Como contrapunto, un factor económico ocupó el tercer vértice; en concreto, la política industrial desplegada por el ministro Suanzes. Con respecto a los dos primeros, haré hincapié sucesivamente en una de las contrapartidas de la ayuda argentina que recibió el gobierno del general Franco en 1946/48 y en el esfuerzo de los gobernantes españoles para hacerse merecedores de los beneficios del Plan Marshall. Al solicitar un empréstito al gobierno norteamericano, Suanzes, que era - no se olvide - el rector de la política industrial y comercial española en el período 1945/1951, se esforzó por ofrecer la imagen más alejada posible de la realidad interventora y hostigadora del capital privado que presidió todo su mandato ministerial. Sucesos como la condonación de una enorme deuda fiscal a dos compañías mineras británicas o como el caso presente de la Red Frigorífica Nacional deberán ser enmarcados en ese contexto.

En este trabajo, se pretende alcanzar un doble objetivo. Primero, mostrar que acontecimientos de naturaleza política fueron decisivos a la hora de moldear el carácter de ciertas políticas industriales, en el caso presente sistematizar y ordenar las instalaciones frigoríficas a escala nacional. Y, segundo, mostrar que existió un divorcio claro entre, por un lado, la asepsia planificadora del INI y, por otro, el comportamiento de sus gestores hacia la empresa privada. Para ello, he estructurado el texto en cinco grandes apartados. En el primero, retomo el análisis de las razones que impulsaron al INI a intervenir en el sector del frío industrial. A continuación, me centraré en el anteproyecto de la red frigorífica que, tras ser perfilado por el Departamento de Industrias de la Alimentación en 1947, inspiró el decreto de setiembre de 1948. En el tercer apartado, aportaré dos ejemplos que permiten apreciar la gran sensibilidad del proyecto del INI a la variable coyuntura interna y externa. Así mismo analizaré los parecidos y diferencias entre el anteproyecto y el decreto. En el apartado siguiente, estudiaré la reacción que propició la iniciativa estatal en un doble ámbito, público y privado. Por último, abordaré el análisis del Plan de Red Frigorífica cuya relevancia radicó en el hecho de constituir una de las primeras aplicaciones de la planificación sectorial en España. En las conclusiones, mostraré que los gestores del INI no supieron amoldarse al espíritu que ellos mismos intentaron inculcar en su proyecto.

1.- LOS FRIGORIFICOS ANTE EL ESCAPARATE DEL HAMBRE

La esencia del plan nacional del frío industrial que acometió el INI y el moldeado que cincelaron sus máximos dirigentes, entroncan ambos con dos episodios sobresalientes de la política exterior española del período. La opción elegida para convertir en una realidad el plan del frío se vió influída por un tercer factor que, por oposición a los dos anteriores, tuvo un carácter endógeno. Me refiero a la auténtica faz de la política industrial que aplicó Suanzes durante su segundo mandato ministerial.

En el plano exterior, aludiré en primer lugar al texto del Acuerdo Hispano-Argentino de octubre de 1946 que fue completado posteriormente en abril de 1948 por el Protocolo Franco-Perón. Por el primer acuerdo, Argentina reconoció al gobierno español una línea de crédito de 400 millones de pesos para adquirir productos agrícolas. Además de cereales, el compromiso aludió a la venta de una extensa gama de productos cárnicos, entre los que destacaré 20.000 Tms de carne congelada para el quinquenio 1947/1951 (Art. 15º). A cambio de esas importaciones, que se preveían cruciales para suavizar la gravísima penuria alimenticia padecida por el pueblo español, el gobierno de Franco adquirió ciertas obligaciones. Por un lado, potenciar la exportación de materias primas y productos manufacturados intermedios a la Argentina. Por otro, conceder depósitos francos en zonas portuarias con objeto de facilitar el almacenamiento y manipulación de los alimentos argentinos que se destinasen a los mercados ribereños del Atlántico y del Mediterráneo (Art. 25º). Es decir, mediante el acuerdo de 1946, Perón se aseguró una plataforma que le permitiría impulsar sus exportaciones a la Europa occidental.

El protocolo de 1948 ratificó la ejecución de aquel compromiso al permitir cancelar las deudas contraídas por España a través de una cuenta abierta en pesetas por el IEME a favor del Banco Central de Argentina. De ese modo, las autoridades argentinas dispusieron de los saldos necesarios para acometer, entre otras inversiones, el montaje de unas instalaciones frigoríficas en la zona franca del Puerto de Cádiz (Art. 4º (d)). Dicha estación que se ubicaría en el rebautizado "Puerto Perón", serviría para almacenar, manipular y distribuir productos alimenticios argentinos. El protocolo estableció tambien la posibilidad de constituir empresas mixtas argentinas o hispano-argentinas para "contribuir a estimular la economía española en coordinación con las necesidades de la economía argentina" (Art. 4º (e)).

En segundo lugar, resulta preciso traer a colación los esfuerzos que desplegó el tándem formado por Martín-Artajo y Suanzes para combatir el antagonismo mostrado por la administración Truman hacia el gobierno de Franco. La dura negociación que desembocó en el verano de 1950 en la concesión de un crédito de 62 millones de dólares, estuvo repleta de episodios que dejaron su impronta sobre la gestación de la red del frío. En pos de ese empréstito, que quedó muy lejos de unas peticiones que se cifraron en 1.300 millones de dólares, Suanzes acudió a la intermediación de un grupo diverso de valedores. Políticos y hombres de negocios norteamericanos defendieron la causa española en los círculos influyentes de la capital federal, junto a emisarios españoles como Don Andrés Moreno y Don Francisco Bustelo. Por su parte, el Departamento de Estado había vinculado cualquier acuerdo crediticio a una revisión sustancial previa de la política económica española. En particular, exigió que se aplicara un mayor realismo en materia cambiaria, que se liberalizase el régimen restrictivo impuesto a la inversión extranjera y al comercio exterior y, por último, que se pusiera término a la competencia del INI a la industria privada.

En respuesta a esas exigencias, Suanzes desarrolló una estrategia de doble cuño. Por un lado, reiteró en frecuentes declaraciones a la prensa extranjera el talante liberal que, en su opinión, inspiraba la política económica del gobierno español. Por otro, intentó el ardid de acatar las demandas planteadas por los norteamericanos. Con esa finalidad, se avino a suavizar la contundencia de sus acciones en un intento por transmitir una imagen de respeto hacia las reglas del mercado y hacia la empresa privada ya fuera nacional o extranjera. En realidad, aquel cambio de actitud no pasó de ser un burdo simulacro. Además, Suanzes lo ciñó a áreas con escaso peso específico para los planes de industrialización que él mismo trazó. Jamás claudicó en su verdadera manera de actuar. De hecho, en más de una ocasión, desveló su innata falta de voluntad para asumir los compromisos que se le habían exigido. Buena muestra de ello la encontramos en el plano cambiario con la ficción de los tipos múltiples y en el plano industrial con el hurto a la iniciativa privada de un proyecto para impulsar el desarrollo de la automoción en España. Así pues, la realidad interventora de su política comercial e industrial le impulsó a acentuar la ejecución de acciones compensatorias: por ejemplo, perdonó a THE RIO TINTO Co (RTC) una deuda fiscal, suficiente para haber conseguido la nacionalización del ansiado "Gibraltar económico", a la vista del innegable efecto propagandístico que su proceder le habría de reportar en medios financieros internacionales. De igual forma, insistió en distanciar a España respecto de las políticas nacionalizadoras ejecutadas por otros gobiernos europeos. Y, por último, se afanó en presentar al INI como un organismo dispuesto a colaborar con la empresa privada en aventuras industriales comunes, tales como la puesta en marcha de la siderurgia asturiana, de una fábrica de automóviles o de una red de frigoríficos, por citar algunos ejemplos. La coincidencia temporal en el verano de 1948 de tres de los episodios señalados - RTC, SEAT y frigoríficos - avala mi sospecha de que todos ellos respondieron a una causa idéntica.

Para ilustrar la primera parte de la estrategia que desarrolló Suanzes, apelaré a sus propias palabras a la hora de describir las directrices de la política económica española en los años 1948/49. Es indudable que el ministro meditó cuidadosamente el tono de las opiniones vertidas que iban dirigidas a un público norteamericano. Me centraré en dos aspectos concretos de su argumentación: el contenido social de la política económica y la realidad del INI.

Respecto del primer punto, Suanzes insistió en destacar como prioridad fundamental del gobierno del general Franco la consecución de una mejora sustancial en las condiciones de vida de los españoles. Declaró sin ambajes que la "voluntad firme del Generalísimo y su Gobierno" era "atender los aspectos más característicos de la alimentación, la salud y la habitación". Está claro que le interesó resaltar la existencia de una preocupación sincera por los contenidos sociales, es decir por el fomento de las industrias de bienes de consumo y por el respeto hacia la empresa privada. Respecto al segundo punto, es decir el espinoso escollo que suscitaba en medios económicos internacionales la creación del INI, abogó por la "necesidad de crear un organismo capaz de garantizar el cumplimiento de los planes y programas económicos". Remitiéndose a unas sorprendentes declaraciones que había efectuado en el mes de setiembre de 1948, Suanzes intentó aplacar cualquier sospecha suscitada por el INI mediante un doble argumento. Por un lado, acudió a un razonamiento general para insistir en el respeto que le valía el capital privado, tal como sugieren los siguientes extractos:

"El Estado reconoce el inmenso e insustituible valor de la iniciativa privada, fuente inigualada de progreso. No tiene ni el más remoto propósito de seguir las corrientes estatificadoras tan pronunciadas hoy en otros países ... El Estado español es decididamente contrario a la teoría o criterio de estatificar industria, comercio o, en general, cualquier actividad de tipo económico. Cree absolutamente en la necesidad y virtualidad del ahorro y la iniciativa privada".

Semejante argumentación le condujo a afirmar que "la prosperidad está en razón inversa de la extensión del intervencionismo". Es difícil concebir una conclusión más peregrina en boca de quien la formuló. En los años anteriores, ofreció múltiples pruebas de que su forma de pensar era diametralmente opuesta. Por otro lado, en alusión directa al INI, arguyó que el organismo no era

"nunca un fín por sí mismo, sino un medio, un instrumento, al servicio de elevados propósitos a los que están adscritos la prosperidad y el bienestar del país",

para añadir, poco después, que los recursos financieros a su disposición fueron "realmente insignificantes en comparación con los aplicados a las atenciones del mismo carácter desarrolladas por la iniciativa privada". Tan extraordinaria transfiguración de los fines del Instituto acabó implicando a otras instancias gubernamentales. El propio Carrero no dudó en justificar la política ejecutada por el Instituto con el poco convincente argumento de que "no se opon[ía] a la iniciativa privada".

Con semejantes alegatos en favor de la empresa privada que significaron un divorcio con respecto a conocidas afirmaciones suyas en el sentido opuesto, Suanzes pretendió crear un estado de opinión favorable a la "cuestión española" en los Estados Unidos. Más como cabía prever, el ardid empleado resultó infructuoso. Para mayor desespero de Suanzes y de su colega Martín-Artajo, la crisis que alcanzó a la economía argentina, malogró las esperanzas de conseguir una autosuficiencia en materia alimenticia por esa vía. En un escrito a Franco en el que trazó un cuadro desolador de las perspectivas futuras de la economía española, Suanzes arremetió contra la intransigencia norteamericana con enorme dureza como puede inferirse de la siguiente cita:

"Resulta muy curioso que ilegalmente y de la manera más antidemocrática posible, se imponga al mundo, a la fuerza y unilateralmente, una verdadera tiranía económica, invocando como fuerza superior, la necesidad y el orden, mientras que, simultáneamente, no quiera aceptarse la libertad de autodeterminación política de un País dentro de sus propias fronteras, en evitación del caos".

Por supuesto, la protesta no trascendió al terreno diplomático sino que, agobiado por la gravedad de una situación económica calamitosa, Suanzes se aprestó al fin a transmitir señales de una disposición, tímida, a cumplir con las demandas planteadas por la administración norteamericana. Algunos de sus valedores se lo habían aconsejado en los meses anteriores.

Así se llegó a la escenificación de la segunda parte de la estrategia emprendida por Suanzes. Dentro del abanico de opciones, el frío industrial aplicado a la alimentación le proporcionó un excelente guión para concretar sus ideas en torno a la "misión" de paz del INI. Y ello por tres razones.

Aunque un sector de escasa entidad económica, el frío industrial constituía, en primer lugar, una gran caja de resonancia por sus implicaciones sociales. De ahí que el INI y el Ministerio de Industria y Comercio concentrasen su esfuerzo en el ámbito de la distribución de alimentos con la intención de regularizar los precios interiores y de reducir al máximo las pérdidas y mermas que ocasionaban los desfases entre producción y consumo. Quede claro que en ningun caso se pretendió expandir la producción de alimentos en línea con la política agraria general. Aquella manera de actuar emanó del convencimiento de que existía un potencial de producción superior a las necesidades del país. De ahí que mediante una política adecuada de distribución se ambicionase mejorar el aporte proteínico de la población española, al tiempo que se pretendía incrementar los saldos en divisas gracias a la exportación de las cosechas comercializables en el extranjero. En definitiva, se trató de invertir una situación abocada a la catástrofe que obligó en 1949 a desviar un 25 por 100 de los saldos en divisas a la importación de alimentos. Está claro que el afán por promover el "engrandecimiento industrial" del país volvió a impulsar a Suanzes a sacrificar un, ya de por sí, precario nivel de vida de los españoles.

No menos importante fue, en segundo lugar, el hecho de que la industria del frío fuera un ramo industrial totalmente alejado de los problemas de la defensa nacional, al estar libre de vínculos con sectores de tipo estratégico. Y como tercera y última razón, si bien quizá fuera la de mayor relevancia, el frío industrial era una opción para la que Suanzes podría contar con el espaldarazo político de la Presidencia del Gobierno. Importa reseñar que el interés - adulterado en el caso del presidente del INI - por resolver los problemas del abastecimiento interno confluyó con la preocupación más genuina que había expresado el subsecretario del Gobierno por esos mismos asuntos en alguna ocasión. En un escrito temprano, Carrero calificó al abastecimiento como el problema de mayor gravedad y de más urgente resolución que tenía planteada la economía española. Para remediarlo, se imponía, en su opinión,

"La intervención del Estado, ejerciendo toda su autoridad, con dos objetos:

- equitativa distribución de todo lo existente sin que nada se filtre al tráfico clandestino e

- intensificación de la producción".

De acuerdo con su planteamiento, la acción estatal había resultado infructuosa por dificultades de "orden órganico", por realizarse en un ambiente hostil y por el mal funcionamiento de las tasas. Por ende, abogó por una "intervención de manera absoluta" y por una "acción de tasa única". Defendió la creación de una Comisaría General de Abastecimientos de la que dependerían un futuro Instituto de Precios de la Alimentación y una Fiscalía Superior de Tasas. La Comisaría a la que calificó como una "Gran Intendencia nacional", desempeñaría su cometido en tres áreas principales: obtención de recursos, distribución y consumo. Carrero expresó una enorme desconfianza hacia las personas y organismos encargados de ejecutar las labores de intervención, sin reparar en que fueran gobernadores civiles, alcaldes o funcionarios de los ministerios de Agricultura e Industria y Comercio. Así las cosas, se declaró convencido de la necesidad de colocar la Comisaría de Abastecimientos bajo la tutela directa de la Presidencia del Gobierno, tal como puede comprobarse en el diagrama 1.

Carrero vió frustrado su empeño en 1941. La Comisaría General de Abastecimientos y Transportes permaneció afecta a la estructura interna de Industria y Comercio. Por esa razón, no parece aventurado afirmar que Carrero celebró la idea de constituir un Departamento de Industrias de la Alimentación dentro del organigrama del INI, con la misión de intervenir la distribución de alimentos.

En suma, el frío industrial constituyó un sector idóneo para transmitir la apetecida apariencia de armonía con el sector privado, máxime si aquella colaboración buscaba resolver un problema de fuerte contenido social como era el precario abastecimiento alimentario. Como se verá en el siguiente apartado, los gestores del INI desempeñaron su papel de convencidos liberales con tal entusiasmo que se extralimitaron en sus propuestas sobre la configuración de la futura red frigorífica. Se llegó así a la situación paradójica en la que Presidencia del Gobierno hubo de aplacarlos.

2.- ANTEPROYECTO DE LA RED NACIONAL DEL FRIO INDUSTRIAL

Para plasmar en realidades la Red Nacional del Frío Industrial, el presidente del INI colocó al frente del Departamento de Industrias de la Alimentación (DIA) que había creado en 1946, al Teniente Coronel de Artillería Don Rufino Beltrán Vivar. Beltrán era una persona con dilatada experiencia en esas lides, adquirida durante los siete años en que ocupó la jefatura de la Comisaría General de Abastecimientos. Hasta su retiro definitivo en 1970, ocupó diversos cargos en el INI, todos ellos relacionados con el sector agroalimentario.

Diagrama 1: Carrero y el problema del abastecimiento

A instancias de Suanzes, Beltrán se empleó de inmediato en perfilar las líneas maestras de un anteproyecto para la futura red del frío industrial, que sería la directriz del decreto de setiembre de 1948. En el segundo semestre de 1947, Beltrán redactó tres versiones de ese anteproyecto. En la primera y la tercera, analizó varias modalidades de la conservación frigorífica de la carne y del pescado. Por su parte, la segunda incorporó un estudio de las centrales de higienización de la leche destinada al consumo urbano. El corto lapso de tiempo de que dispuso el director del DIA, unido al hecho de que las tres versiones desarrollaran unas directrices comunes, parecen indicar que Beltrán concibió un plan frigorífico con anterioridad a su incorporación al INI.

En este apartado me propongo examinar cuatro aspectos centrales del anteproyecto: objetivo, estructura, programa y financiación. Aunque los planteamientos técnicos de los distintos borradores del plan fueron aceptados sin apenas modificaciones por los rectores del INI, comprobaremos que hubo una cierta falta de sintonía entre Beltrán, Carrero y el ministro Suanzes; en particular, en lo referente al uso que éste último pretendió hacer del frío industrial como medio de escenificar la nueva relación a instaurar con el sector privado. En efecto, una reconversión tan drástica a las virtudes de la libre competencia obligó a todos a un período de asimilación de las nuevas consignas.

2.1 Objetivo de la RNFI

Por medio de la implantación de una red de frigoríficos, el INI ansió conseguir cuatro objetivos prioritarios:

* Armonizar producción y consumo, congelando carne y pescado cuyo ciclo de producción tiene un alto componente estacional.

* Prolongar la vida de alimentos perecederos; por ejemplo, pescado, carne, huevos, quesos, mantecas, frutas y verduras.

* Almacenar excedentes susceptibles de ser exportados.

* Almacenar alimentos refrigerados importados para cubrir el déficit interior (carne y huevos, en particular).

La intención última de esos cuatro objetivos era idéntica: regular el nivel de los precios. Esa finalidad parece sugerir que las autoridades comerciales admitieron un funcionamiento deficiente de la política de tasas. Así pues, por un lado, el INI pretendió "retira[r] del mercado las producciones excedentes que envilecerían [los precios]". Por otro, "introducir en los momentos de escasez artículos almacenados para evitar una elevación injustificada de los precios al consumidor". Semejante política de precios que, en la práctica, anulaba por completo los mecanismos del mercado libre e impedía, por tanto, reasignar recursos, pretendió camuflar la alarmante escasez de alimentos que agobió a los españoles en los años cuarenta. No deja de ser irónico que se pretendiera retirar excedentes coincidiendo con una crisis agrícola sin parangón en la historia reciente de nuestro país.

Para alcanzar los objetivos enunciados nada mejor, a juicio de los gestores del INI, que el frío industrial por sus ventajas de tipo espacial, estacional y comercial. En primer lugar, el frío evitaba la pérdida de peso inherente a los penosos desplazamientos del ganado en vivo desde las áreas de producción hasta los grandes mercados de consumo. Atendiendo a las estimaciones de Beltrán, en los cinco días que duraba el trayecto desde Galicia a Barcelona, una res vacuna perdía un 10 por 100 de su peso. En términos del consumo global de vacuno en la plaza de Barcelona, ese porcentaje equivalía a una pérdida de 1.700 Tms de carne, lo que representaba un quebranto de casi 24 millones de pesetas anuales. En segundo lugar, el frío permitía concentrar el sacrificio de las reses vacunas en los meses comprendidos entre noviembre y mayo, cuando ganaban peso gracias a la abundancia de pastizales. Y en último lugar, el frío industrial hizo concebir una fórmula para acabar con el tradicional comercio gallego de compra-venta de ganado "a ojo". Dicha modalidad encarecía los precios a causa de la proliferación de intermediarios (tratantes, exportadores, agentes y criados). A la vista de esas ventajas y al tratarse de una "época de emergencia económica", Beltrán argumentó que

"la única solución de tipo económico, al mismo tiempo que de significación social ... [fuera] adquirir al productor sus reses en el momento en que a él le convenga a un precio justo y nunca 'a ojo'..., sacrificar las reses así adquiridas en el momento en que su rendimiento en carne sea mayor ... y almacenar la carne así sacrificada, transportándola a los lugares de consumo en canal... Ello obliga a considerar la necesidad de mataderos industriales con plantas de congelación".

2.2 Estructura de la RNFI

Habiendo establecido la conveniencia del frío industrial, Beltrán perfiló la creación de dos cadenas, una primaria para congelar carnes y pescados y otra secundaria para conservar toda clase de alimentos perecederos.

(a) Red primaria de carne

En el primer borrador del plan frigorífico, Beltrán admitió que la situación española era opuesta a la que se había vivido en Argentina o Estados Unidos. En España, la tónica general del mercado de carnes era el exceso de demanda y una crisis de precios al alza mientras que en aquellas naciones americanas, el exceso de producción y el hundimiento de las cotizaciones fueron determinantes para propiciar el advenimiento de los congeladores. A diferencia de los grandes Mapa 1: Existencias de ganado vacuno

mataderos industriales en Argentina, Brasil, Estados Unidos o Uruguay que perseguían la consecución de economías de escala, Beltrán propugnó para España plantas modestas de congelación a localizar en zonas ricas en ganado bovino, en la proximidad de vías férreas o de puertos de mar, dotadas de instalaciones para industrializar los subproductos, con abundancia de recursos hidráulicos y de energía eléctrica. Su idea era congelar exclusivamente canales de vacuno. El ovino, en cambio, se consumiría fresco.

Al propugnar un modelo de sacrificio in situ, Beltrán apostó por una ruptura con la práctica habitual, adelantándose a su tiempo. A pesar de que en el período 1962/85, el sacrificio ha seguido realizándose todavía de forma mayoritaria en las proximidades de los grandes núcleos de población, no obstante, ha perdido terreno con respecto a las áreas productoras. Mas, en contra de lo previsto por Beltrán, las reses sacrificadas en los centros consumidores alcanzaban un mayor peso a la canal que en las áreas productoras.

Como emplazamiento más idóneo para los mataderos frigoríficos de nueva planta, Beltrán propuso el noroeste peninsular por tratarse de la región con mayores existencias de ganado bovino. En el mapa 1, puede observarse que la concentración de reses vacunas en las cuatro provincias gallegas y en las tres provincias limítrofes de León, Oviedo y Zamora era efectivamente abrumadora. Atendiendo a las cifras que manejó Beltrán, el censo bovino gallego ascendía a 1.228.000 cabezas, en torno a un 30 por 100 de la cabaña total. Añadiendo a ese total las reses vacunas de las provincias vecinas, el porcentaje asciende hasta un 50 por 100. Sin embargo, conocer el tamaño de la cabaña bovina carece de relevancia a menos que dispongamos de información sobre el consumo regional. Una comparación de ambas magnitudes permitirá delimitar las áreas con excedente neto de aquellas que eran deficitarias. A ese respecto, el cuadro 1 clasifica al territorio nacional en nueve zonas cárnicas. Se infiere que las regiones productoras de carne de vacuno conforman un gran arco occidental que estaba integrado por las provincias comprendidas entre Santander y Cáceres (Areas 7, 8 y 9). En el año de 1947, esa gran zona productora generó unos excedentes cercanos a 31.700 Tms de canales de vacuno, lo que permitió cubrir un 70 por 100 del déficit nacional de

Cuadro 1: Principales flujos de carne vacuna en 1947

Notas y fuente:

Area 1: Comprende las provincias de Avila, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Madrid, Segovia, Soria y Toledo.

Area 2: Badajoz, Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla.

Area 3: Almería, Granada, Jaén y Málaga.

Area 4: Albacete, Alicante, Castellón, Murcia, Teruel y Valencia.

Area 5: Barcelona, Gerona, Huesca, Lérida, Tarragona y Zaragoza.

Area 6: Alava, Guipúzcoa, Logroño, Navarra y Vizcaya.

Area 7: Burgos, León, Oviedo, Palencia y Santander.

Area 8: La Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra.

Area 9: Cáceres, Salamanca, Valladolid y Zamora.

Bna : Provincia de Barcelona.

Madrid: Provincia de Madrid.

Col. (1): Producción de canales de vacuno en Tms.

Col. (2): Consumo de vacuno en Tms.

Col. (3): Excedente (+) o déficit regional (-).

Col. (4): Consumo por habitante y año en kgs de carne.

Todos los datos proceden de 'Anteproyecto de la Red Nacional del Frío Industrial' (Julio, 1947), INI leg. 200.28 '1947-48' exp. 3.

45.100 Tms. Por ende, el 30 por 100 restante había de cubrirse por medio de compras en el extranjero, léase carne argentina. Si bien Galicia (Area 8) figura por detrás de la Cornisa Cantábrica (Area 7) en producción de carne, fue la región con mayores excedentes (40 por 100 del total) lo que respondió a un consumo modesto.

En cuanto a los grandes centros consumidores de vacuno, las cifras del cuadro permiten comprobar que los principales mercados describían un arco oriental que se extiende desde las provincias vascongadas a las levantinas, arco al que se debe agregar el mercado madrileño. Con un consumo de 22.455 Tms - un 17 por 100 del consumo agregado nacional -, Madrid constituía a fines del decenio de 1940, el principal mercado de vacuno en España. Por detrás de Madrid, figuraba Barcelona con un consumo de casi 17.000 Tms de vacuno que representaban un 13 por 100 del consumo global. Estas dos ciudades no sólo fueron los principales mercados, sino además fueron puntos de destino de los principales flujos de carne de vacuno. Acapararon un 80 por 100 de las 45 mil toneladas de vacuno a que ascendió el déficit neto regional en 1947. Un simple vistazo a los signos de la tercera columna del cuadro permite esclarecer la dirección de los principales flujos de carne vacuna. Si el noroeste destaca claramente como principal área de origen, los flujos tenían por destino un gran abanico a lo largo del litoral mediterráneo al que se añade, a modo de islote, Madrid. En consonancia con este resultado, Beltrán defendió la creación de cuatro estaciones de congelación a emplazar en el noroeste. Tres de ellas ("A", "B" y "C") habrían de situarse en las inmediaciones de un puerto para aprovechar las ventajas del transporte marítimo hasta los mercados del litoral mediterráneo. Por su parte, la cuarta ("D") se situaría a pie de ferrocarril con el propósito de abastecer a la capital de España, tal como se observa en el mapa 2. Sin embargo, las canales gallegas serían insuficientes para cubrir todo el consumo, razón por la que Barcelona, Alicante y Valencia, por un lado, y Madrid, por otro, habrían de completar su demanda con canales procedentes de su entorno geográfico y de la importación en un 44 y 73 por 100 respectivamente.

Con relación a las tres estaciones portuarias de congelación, Beltrán expresó una preferencia clara por Vigo ("A"), La Coruña ("B") y Avilés ("C") pero se abstuvo de concretar la ubicación exacta de la estación "D" en la provincia de Lugo. A ésta última, le reservó la mayor capacidad de congelación, 5.625 Tms. En conjunto, las cuatro plantas podrían atender a unas 16 mil toneladas

Mapa 2: La red primaria de congelación para vacuno

anuales de carne.

Cuadro 2: Abastecimiento de las estaciones de congelación de carne

Notas y fuente:

Las mayúsculas se refieren a provincias. Las columnas corresponden a los puntos de destino de los flujos que se originan en las filas. Todas las cifras representan toneladas de canales de vacuno. Basado en R. Beltrán Vivar, "Cadena primaria de congelación - Anteproyecto" (15-10-1947), INI leg. 200.28 '1947-48' exp. 8.

La distribución de los flujos internos en la región del noroeste que sugiere el cuadro 2, rompió con la premisa inicial de minimizar los recorridos para evitar la pérdida de peso sufrida en los viajes. En ese sentido, sorprende la decisión de Beltrán de desmembrar la cabaña bovina de Lugo en tres direcciones, a pesar de ser la provincia de Lugo sede de uno de los mataderos. Tal como indican las cifras, reses de Lugo serían envíadas a los mataderos de Avilés y La Coruña. En cambio, su propio matadero provincial recibiría ganado procedente de las provincias limítrofes de León, Orense y Zamora.

(b) Red primaria de pescado

De igual forma que en la producción de carne, la oscilación estacional y los contrastes espaciales de las capturas de pescado fueron las dos razones que animaron al INI a aplicar el frío industrial a la pesca. La intención fue doble: por un lado, regularizar la producción de las pesquerías y, por otro, evitar el despilfarro que podría causar un exceso de capturas.

A tenor de las estadísticas de 1945, se comprueba que un 32 por 100 de las capturas correspondió al último trimestre del año, porcentaje que contrasta con el 19 por 100 apresado en el primer trimestre. Descendiendo a un mayor grado de detalle, llama la atención así mismo el fuerte contraste entre los meses de máxima y de mínima actividad. Para el conjunto del país, el coeficiente se situó en torno a un 2,4 pero en los puertos del Cantábrico superó 6,3. A los cambios estacionales en las cifras de actividad que se explican por la naturaleza de las especies capturadas, hay que añadir además los fuertes desniveles entre pesquerías. En 1945, los puertos del Cantábrico y del Noroeste se alzaron a la primera posición con un 55 por 100 de las capturas. A fuerte distancia, se situaron los puertos de las regiones Sur-Atlántica y Sur-Mediterránea con un 15 y 10 por 100 respectivamente. En contraste con las cifras de producción, las estadísticas de consumo revelan que los principales mercados correspondieron al Levante, Madrid y Sevilla con un 42 por 100 de la demanda, siendo la capital el mayor mercado de pescado con un 11 por 100.

La comparación de uno y otro conjunto de estadísticas indujo a Beltrán a sugerir la conveniencia de tres grandes estaciones congeladoras en Pasajes, Vigo y Huelva. Como se puede observar en el mapa 3, la primera, con una capacidad de congelación de 13.000 Tms, abastecería en pescado a los mercados de Santander, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, Levante, Baleares y en el centro, Madrid. La estación de Vigo, con una capacidad de 4.000 Tms, se encargaría de suministrar pescado a los centros de consumo del Noroeste (incluída Asturias), Castilla la Vieja y Madrid. Por su parte, Huelva, la estación más pequeña de las previstas con 2.000 Tms de capacidad, satisfacería la demanda de los mercados de Andalucía, Levante, Extremadura y Madrid.

(c) Red secundaria de conservación

En contraste con la red primaria de congelación, Beltrán previó que la red secundaria destinada a la conservación cubriese la totalidad del territorio nacional con una doble finalidad: Primero, almacenar excedentes en las zonas productoras y alimentos perecederos de importación. Segundo, regular en el corto plazo los precios en los mercados de consumo. Con esas dos ideas, Beltrán diseñó una red tupida de estaciones a ubicar en los principales puntos de producción y de consumo.

En los centros de producción del norte se crearían estaciones para conservar la pesca de Guipúzcoa mientras que en el noroeste, las cámaras deberían almacenar excedentes locales de carne y de pescado junto a la carne argentina. En la costa sur, pensó instalar las cámaras para el pescado procedente de los caladeros del sur-atlántico (Huelva y Cádiz) y para la uva de exportación (Almería). Remontando el litoral mediterráneo, se establecerían frigoríficos en Murcia y Valencia con la función de atender las necesidades del sector hortifrutícola del Levante. La relevancia de los intercambios exteriores convertiría a Barcelona en un punto Mapa 3: Red de congelación de pescado

nodal de primera magnitud dentro de la red secundaria. Y para acabar el recorrido, el Valle del Ebro acogería cámaras para cubrir las necesidades del sector frutícola. Por el lado del consumo, se previó la instalación de frigoríficos en todos los grandes núcleos de población.

2.3 Ejecución de la RNFI

Al comparar la capacidad existente de frío industrial con la estimada, Beltrán concluyó que existía un déficit con "caracteres de verdadera urgencia". Destacó, en particular, la gravedad de la situación en Barcelona ya que su capacidad frigorífica apenas si bastaba para cubrir un tercio de las necesidades. A pesar del apremio, desaconsejó realizar una operación repentina de gran envergadura, mostrándose por el contrario proclive a una ejecución de la red en una "forma fraccionada y sucesiva si bien dentro de un plan armónico de conjunto".

Beltrán distinguió cinco etapas que ordenó en atención a su importancia. En cada una de las etapas, se simultanearon las acciones a acometer en las dos redes, tal como se desprende del cuadro 3.

2.4 Financiación de la RNFI

Me detendré en dos aspectos relativos a la financiación de la red del frío: la inversión a realizar y la forma de financiar las obras. En ambos temas, Beltrán se mostró extremadamente parco a la hora de proporcionar precisiones, excepción hecha quizá de las estaciones congeladoras de carne, de las que poseía sin duda mayor información.

CUADRO 3: Desarrollo de la red de frigoríficos por etapas

Para los cuatro mataderos frigoríficos que habían de integrar la red primaria, presupuestó un gasto de primer establecimiento cercano a 89 millones de pesetas, a lo que hay que añadir 8 millones destinados a la adquisición de un buque frigorífico. En cuanto a la red secundaria, propuso la creación de una Empresa Nacional del Frío Industrial (ENFISA) para la construcción y explotación de los frigoríficos de conservación. Dicha empresa acometería un programa urgente con objeto de instalar los 122.000 metros cúbicos de cámaras que requería el almacenamiento de 49.000 Tms de alimentos; por este concepto, estimó una inversión de 142 millones de pesetas. Si bien excluyó de sus cálculos los costes inherentes a la realización de la red primaria de pescado, sí que incorporó, en cambio, una red de centrales lecheras en núcleos urbanos con una población superior a un cuarto de millón de habitantes. La inversión global necesaria para la industria lechera se elevó a 395 millones de pesetas.

En conjunto, sometió a la consideración de los gestores del INI una inversión total que rondaba unos 632 millones de pesetas de los cuales 97 millones (15,3 por 100) deberían satisfacerse en divisas. Por lo que respecta a la rentabilidad de esa inversión, Beltrán aventuró una cifra de un 8,4 por 100 en el caso de la red secundaria y de un 10,9 por 100 en las plantas de higienización de leche. Con cálculos pormenorizados, valoró los beneficios de la red primaria en 1,945 Ptas por Kg de carne tratada, es decir en 31,6 millones de Ptas para las 16.250 Tms. A esa cantidad, añadió otros 27,6 millones en razón de la carne ahorrada al evitarse los desplazamientos de los animales en vivo y por la posibilidad de realizar el sacrificio en los meses de máximo engorde.

En el capítulo de la financiación de las obras, Beltrán no excluyó una cooperación estrecha con el sector privado. En esa línea, abogó por la creación de distintas empresas "unidas únicamente a través del Instituto en las directrices fundamentales de la economía del frío". Aclaró, no obstante, que el sector privado debería amoldarse en todo momento a la acción tutelar del INI, al que correspondía acometer "únicamente ... aquellas instalaciones que [fueran] de verdadera urgencia para el abastecimiento nacional o que por su importancia o repercusión en lo económico así lo demand[as]en". Con esta indicación, el pensamiento de Beltrán se alineó con las directrices generales trazadas años atrás por Suanzes al definir las bases de la coexistencia entre la iniciativa privada y el INI. Para Beltrán, la solución óptima consistía en crear una única empresa mixta que se encargaría de gestionar los cuatro mataderos frigoríficos del noroeste. El INI asumiría su dirección y administración, aún en el caso de ser minoritaria su aportación financiera. De esa forma, se "evitar[ía] que intereses particulares [fuer]an los que explot[as]en en régimen de exclusiva la congelación de la carne de vacuno en la región más ganadera de España".

¿ Quiénes serían los socios admitidos por el INI para la aventura del frío ? Por un lado, empresas ya establecidas en el sector de la carne y de las conservas de pescado como MATADEROS ABELLA de Lugo, MASSO Hnos de Vigo, MATADERO INDUSTRIAL de Pozuelo o el MATADERO PROVINCIAL de Mérida, proclive a extender su radio de acción a la región gallega. Además de suscribir una parte del capital social, estas empresas aportarían su saber técnico y comercial sobre un sector desconocido para el INI. Por otro lado, la presencia de organizaciones campesinas y asociaciones de tratantes de ganado sería también alentada al máximo.

Para el sector lácteo, Beltrán planteó un esquema idéntico. Una sociedad específica - E.N. de Centrales de Abastecimiento de Leche - sería la encargada de instalar centrales lecheras por todo el país. Las grandes empresas privadas del sector como NESTLE, SAM, POCH y CLESA se comprometieron a suscribir un 20 por 100 del capital social presupuestado en 320 millones de pesetas con una rentabilidad neta de un 10,9 por 100. El INI se reservó un 30 por 100. Intereses locales y municipios aportarían el otro 50 por 100.

3.- 1948: UN AÑO DECISIVO PARA LA RED FRIGORIFICA

El anteproyecto de red frigorífica muestra que el pensamiento de Beltrán fue especialmente coherente en lo tocante a la red primaria de congelación y, en particular, en el apartado de canales vacunas. En otros órdenes como, por ejemplo, el transporte, los recursos eléctricos o los hábitos de consumo de los españoles, sus ideas fueron confusas e incluso alejadas de la realidad. Aunque diseñó una red con un marcado carácter periférico, Beltrán dedicó escasa atención al problema que podría representar en el futuro la inadecuación de los medios de transporte. Las distancias a cubrir entre las estaciones congeladoras y los núcleos de población en razón del carácter periférico recién aludido, obligaban a habilitar un sistema de transporte isotermo, condición sine qua non de la que dependía toda la viabilidad del proyecto. Sin embargo, Rufino Beltrán limitó sus comentarios a subrayar la conveniencia de disponer de un buque frigorífico y de una flotilla de camiones cuyo número y características técnicas no detalló. En cuanto al transporte por vía férrea, se hizo eco de la constitución de una Sociedad de Estudios y Explotación de Material de Transportes que pretendía ampliar el número de vagones frigoríficos existentes en España.

Un punto fuerte del proyecto fue su perfecta asimilación de dos de las premisas básicas en que se sustentó buena parte de la actuación del INI bajo la presidencia de Don Juan A. Suanzes. En primer lugar, Beltrán supo plasmar con rotundidad la vocación autárquica del Instituto, es decir el anhelo de intervenir en la industria con una total autonomía con respecto a las restantes instancias, ya fueran públicas o privadas. En efecto, a pesar de la estrecha vinculación entre la industria del frío y la economía agraria, nunca se pretendió recabar apoyo ni en el Ministerio de Agricultura ni en los numerosos organismos dependientes de los sindicatos verticales del campo. En respuesta a una exclusión que no fue bien recibida, algunos organismos públicos mostraron un talante poco propicio a secundar los planes del INI. En aras de esa exclusividad, los gestores del INI instaron al Ministerio de Industria, en lo que supuso una clara transgresión del cauce administrativo normal, a otorgar al INI la facultad de informar cualquier iniciativa para instalar un frigorífico. La petición vino motivada por un pequeño contencioso que enfrentó al INI con la Junta de Obras del Puerto de Vigo cuando una empresa de esa ciudad, FRIGORIFICOS de VIGO, intentó ampliar la capacidad de sus instalaciones para almacenar carne congelada argentina.

En segundo lugar, Beltrán asimiló el precepto de que toda colaboración con el sector privado habría de ser tutelada por el INI. De esa forma, se colocó en perfecta sintonía con la advertencia que había lanzado Carrero acerca del peligro inherente a la creación de monopolios privados en el ramo de la distribución alimentaria y con lo postulado por Suanzes a ese respecto. Bajo el deseo de buscar un entendimiento con la empresa privada, se escondía en realidad la voluntad de "dirigir y encauzar a las iniciativas privadas pero por delante de ellas". La aplicación de aquellos preceptos llevó a Beltrán a distinguir entre las dos cadenas que configuraban la red del frío. Tratándose de las estaciones de la red de conservación, esto es de la red secundaria, el director del DIA admitió que

"puede y debe ser la iniciativa privada la que tome a su cargo las instalaciones y el INI quien amolde y encaje éstas en las líneas de la Red General y en los intereses de la Nación".

Por el contrario, en la cadena primaria de carnes,

"por su repercusión en la economía rural del noroeste de España, por el aspecto social del problema y por tender a variar radicalmente los onerosos métodos actuales del comercio, se considera que es el Estado a quien corresponde la iniciación de la empresa".

En esta última cita, la voz "Estado" atendía a un eufemismo por el que se aludía en realidad al INI. Por lo demás, tal separación de competencias entre una y otra red reflejó la dicotomía que crearon los rectores del INI en torno a la consecución del bien social. En efecto, una cosa era alcanzar el progreso social por la acción del Instituto y otra, muy distinta, lograrlo por la intervención de un amplio sector privado en el que tenían cabida incluso empresas de titularidad municipal. Por consiguiente, la acción de las empresas privadas sería tolerada siempre que no fuera contraria a los objetivos que se hubiera marcado el INI. De ahí que Beltrán animase a sus superiores a autorizar la creación inmediata de empresas dedicadas al frío industrial, sin esperar a la preceptiva aprobación del proyecto por el Gobierno. A ese respecto, Beltrán entendió perjudicial que las gestiones iniciadas pudieran "producir perturbaciones en las áreas económicas correspondientes ... para posteriormente querer valorarlas en la constitución de las empresas". De ahí se infiere, pues, que la propuesta de colaborar con el capital privado tuvo tintes menos genuinos de lo que se pretendió aparentar en un momento especialmente crítico. Como bien lo expresó el propio Beltrán, la colaboración respondía al

"respeto del INI a toda iniciativa privada que no interfiera con los intereses generales del país",

nuevo eufemismo que, en este caso, significaba los intereses exclusivos del Instituto presidido por Don Juan A. Suanzes.

Dos sucesos ocurridos en el transcurso de 1948 se convirtieron en exponentes de esa política de doble rasero que desplegó el INI en el sector del frío. El primero permite comprobar que la sinceridad del Instituto en su política de apoyo a los frigoríficos privados fue menor de lo anunciado. En efecto, la petición de ayuda cursada por la empresa COPASA para ser declarada industria de interés nacional no halló la respuesta apetecida, a pesar de haber sido informada en sentido favorable por el DIA. Beltrán les destacó a sus superiores dos aspectos positivos de la propuesta de COPASA. Por un lado, la creación de dos factorías de frío industrial una en Sevilla y otra en Valencia encajaba bien en el plan general. Por otro, su ejecución requería un escaso desembolso de divisas. Sin embargo, Sirvent rechazó de forma categórica cualquier colaboración de tipo financiero con la empresa sevillana.

El segundo episodio ilustra la forma en que el ministro Suanzes intentó realizar un uso excluyente del Plan del Frío. Como titular de la cartera de Industria y Comercio, usurpó el Plan al mismísimo INI, modificando de forma sustancial la red primaria que, unos meses antes, había trazado Beltrán. La reorientó hacia una finalidad de política exterior - la ayuda argentina -, prescindiendo de los móviles de política interior que habían inspirado la gestación de la red en 1947. Ni siquiera sus subordinados del INI pudieron ocultar su perplejidad ante aquel giro imprevisto. Beltrán reconoció que "ignora[ba] las modalidades comerciales que han de regir el servicio a la Argentina". En la misma línea, Ocharán, como Director Técnico, calificó de

"muy natural y conveniente para el propio INI, interesar del Excmo Sr Ministro de Industria que tan pronto le sea posible, facilite al INI las condiciones económicas en que el frigorífico de Cádiz habrá de prestar su servicio a la nación argentina.

De esta forma, el plan frigorífico ultimado a fines de 1947 por Rufino Beltrán para mejorar el abastecimiento alimentario español pasó, en la primavera de 1948, a atender los requerimientos del Protocolo Franco-Perón. De acuerdo con el primitivo proyecto de Beltrán, Cádiz debía albergar una estación perteneciente a la red secundaria para conservar la pesca procedente de los caladeros del litoral sur-atlántico. Además, su puesta en servicio había quedado relegada a la tercera etapa del plan. En el nuevo diseño, Cádiz se convirtió en sede de una estación frigorífica de la red primaria para almacenar 6.000 Tms de carne congelada argentina destinadas al Puerto Perón. Se contempló la creación de una sociedad mixta con un capital de 25,3 millones de pesetas, en la que el INI y el Consorcio de la Zona Franca del Puerto de Cádiz suscribirían un 30 por 100 cada uno, quedando el 40 por 100 restante a disposición de la iniciativa privada. Las gestiones realizadas por el DIA para captar socios depararon un resultado desigual. La negociación con los responsables de la Zona Franca resultó un "completo éxito" pero el fracaso fue rotundo con los armadores locales que se desinteresaron del proyecto. La explicación era sencilla: su negocio habitual era la pesca y no, por supuesto, la carne.

La orientación introducida en el plan frigorífico desde el Ministerio, obligó al DIA a alterar de forma radical las etapas de ejecución que había establecido sólo seis meses atrás (véase cuadro 3). "Es indudable" sentenció el Director Técnico, Manuel Ocharán,

"la primacía que ha de tener la construcción de la estación frigorífica de Cádiz, con funciones en una primera etapa, de conservación de carnes congeladas procedentes de Argentina",

y estableció un plazo de tres años para ultimar las obras. Insinuó incluso la posibilidad de que el INI suscribiera la totalidad del capital social para imprimir un mayor ritmo. En cuanto a las restantes estaciones, abogó por que se fijaran prontamente las cantidades que el Instituto podría invertir a lo largo del siguiente cuadrienio.

A la vista de los acontecimientos, Beltrán elevó una nueva propuesta para realizar la red de frigoríficos. Como nota más destacable entre los parecidos con la primitiva versión, hay que señalar que reiteró la conveniencia de escalonar las obras, aduciendo dos razones principales: reducir el monto de la inversión anual y cotejar las previsiones con los resultados. Los cambios más sustanciales afectaron a las acciones a acometer en cada etapa. Abogó ahora por construir de inmediato los dos mataderos portuarios de La Coruña y Vigo cuyas obras correrían a cargo de una empresa mixta aunque controlada por el INI. Pospuso para una etapa ulterior los dos mataderos a instalar en la provincia de Lugo y en Avilés. En esta ocasión, defendió el comienzo de las obras de las estaciones de la red secundaria de conservación a situar en Barcelona, Cádiz, Logroño y Murcia. Exceptuando Cádiz debido a sus connotaciones propias, asignó los otros tres frigoríficos a la conservación de frutas y verduras. De ahí la posibilidad, a su juicio, de constituir una única empresa mixta, con participación de los intereses locales de cada ciudad, para abordar la construcción y explotación. Salvo la inversión a realizar en Cádiz que se incrementó en 12,7 millones con relación a los 15 millones presupuestados en octubre, la inversión restante se mantuvo inalterada. Sobre el total de 138,7 millones a desembolsar en cuatro años, el INI aportaría un 60 por 100, es decir 83,2 millones y el capital privado los 55,5 millones restantes.

Una vez salvado el laborioso trámite interno que implicaba a numerosísimas dependencias del INI, Sirvent remitió a finales del mes de julio a Suanzes, como presidente del organismo, el proyecto definitivo. En el preámbulo, se reintrodujeron cambios respecto a la fórmula anterior; en particular, se retornó a la vieja idea de tres mataderos industriales en el noroeste y se sustituyó la estación de Logroño por una en Valencia. En opinión de sus promotores, la inversión de capital a realizar por el INI estaba más que justificada en virtud de unos beneficios que cifraron en un importe superior a 1.300 millones de pesetas. Así mismo se previeron elevadas tasas de rentabilidad que servirían de acicate para el ahorro privado al que se le reservaría más de un 70 por 100 del capital. La insistencia en airear las externalidades sociales de la acción del INI y la cooperación a establecer con el capital privado en pos del "supremo interés nacional" dieron el pretendido tono de esa imagen de concordia que anheló Suanzes para presentar a sus interlocutores norteamericanos.

El presidente del INI aprobó el escrito sin introducir apenas modificaciones, excepción hecha del monto de la inversión a realizar. Sin justificación alguna, la nueva redacción del proyecto de escrito para la Presidencia del Gobierno evaluó la inversión total a acometer en la red frigorífica nacional en una cantidad comprendida entre 1.300 y 1.500 millones de pesetas, por lo que la amortización se produciría en tan sólo un año. Como era regla habitual, se incorporó al escrito un proyecto de decreto por el que el INI se autoencomendaba el diseño de un plan nacional de red del frío industrial.

Interesa analizar en paralelo el proyecto de decreto que redactó el INI y la orden aprobada por la Presidencia del Gobierno en setiembre de 1948. Ya en el preámbulo, a pesar de coincidir en la declaración de intenciones, el texto legislativo sobresale por su carácter fuertemente intervencionista. En línea con los objetivos que se había marcado, el INI insistió en la necesidad de establecer un

"plan armónico que ... oriente, estimule y ayude a la iniciativa privada para que con la libertad y agilidad convenientes encauce sus posibles inversiones hacia esta actividad [industria del frío]".

Por su parte, la Presidencia del Gobierno, aún admitiendo lo conveniente de un plan del frío industrial, le reconoció un propósito bien distinto pues dictaminó que su función sería la de "orient[ar] y disciplin[ar] las iniciativas". Con una argumentación similar a la utilizada en otras ocasiones por los rectores del INI, arguyó que el país no disponía "en cantidad ni en calidad de las instalaciones mínimas precisas", razón por la que encareció la "adopción de las medidas pertinentes para alcanzar ese objetivo con la posible rapidez". Le reconoció al INI competencia para trazar el plan si bien volvió a deslizar un matiz fundamental. Mientras que el Instituto había reiterado su voluntad de

"continuar auxiliando ... a la iniciativa privada en el estudio de las mejoras y adelantos técnicos y económicos de la industria del frío",

el paso por Consejo de Ministros recondujo el encargo hacia una mera elaboración del plan, con el mandato adicional de elevar la propuesta a la Presidencia del Gobierno para su aprobación.

El articulado de la orden presenta tambien varias disparidades con el texto del proyecto de decreto. Para empezar, suprimió tres artículos que otorgaban al INI la facultad de establecer servicios técnicos para cumplir con el plan y que le reconocían las partidas precisas de gasto. A continuación, restringió las competencias del Instituto y la relación a establecer con el sector privado. A diferencia del texto del INI que incorporaba en el Plan Nacional a las instalaciones ya existentes y a las que se creasen en el futuro a través de una acción coordinada con la industria privada, la orden de Presidencia omitió cualquier referencia a éstas últimas (Art. 2º). En segundo lugar, Presidencia del Gobierno se arrogó la responsabilidad de adoptar la decisión más oportuna visto el Plan elevado por el INI. Este, por su parte, se había reservado el derecho a proponer tanto la forma como los plazos para la ejecución del Plan (Art. 3º). El legislador volvió a discrepar con el INI sobre la capacidad de éste para otorgar los beneficios de industria de interés nacional a las peticiones que hubiese dictaminado, para financiar instalaciones catalogadas como urgentes o incluso para iniciar las obras sin esperar a la necesaria aprobación del Plan de Red Nacional del Frío por el Gobierno. Aquellas demandas fueron limitadas a la obligación de que todas las peticiones producidas en el período transitorio previo a la aprobación del Plan, contasen con un informe favorable del INI (Art. 6º). Por último, Presidencia privó al Instituto de competencias para modificar las normas que regulasen el funcionamiento de la red del frío (Art. 5º). Además de dar luz verde a la realización del Plan, el principal punto de acuerdo fue aprobar la creación y composición de un Consejo Permanente de Asesoramiento.

4.- REACCIONES Y ENMIENDAS AL PROYECTO DE RED FRIGORIFICA

En los casi tres años transcurridos entre la promulgación del decreto de setiembre de 1948 y el envío de un plan definitivo al Gobierno por el presidente del INI mediado 1951, se generó una abundante documentación. Respondió en buena medida a la norma según la cual el Instituto debía informar cualquier petición para instalar un frigorífico. Por lo demás, el protagonismo que adquirió el INI en el trazado de la futura red del frío, le convirtió en arbitro, a veces involuntario, de antagonismos que la toma de decisiones sobre el emplazamiento de las estaciones frigoríficas suscitó en el ámbito local.

La variedad y riqueza de la información recopilada en el período 1948/51 permite analizar desde un prisma múltiple la respuesta de las empresas particulares a la par que la reacción habida en instancias oficiales. En primer lugar, interesa estudiar qué opinión le valió el proyecto a desarrollar por el INI a un heterogéneo grupo formado por corporaciones municipales, sindicatos verticales y asociaciones mercantiles. Una vez hecho eso, veremos a continuación cómo reaccionó el sector privado a la tarea del INI de abordar la coordinación de la red de frigoríficos. No hay que olvidar que el texto legal había sentado el principio de respetar al máximo las instalaciones industriales del frío ya existentes en el país. En tercer lugar, plantearé hasta qué punto el interés que exteriorizó el Instituto por la idea de estrechar lazos con el sector privado se concretó en realizaciones efectivas. A este respecto, ¿ qué criterio guió la actuación del organismo estatal al informar las solicitudes planteadas por los empresarios privados ? Y como última cuestión, examinaré el grave conflicto de intereses que enfrentó a las fuerzas vivas de Lugo en su afán por atraer hacia su demarcación la sede del matadero frigorífico provincial.

4.1 La encuesta sobre la red del frío

Al poco tiempo de que el decreto de Presidencia del Gobierno fuera publicado en la gaceta oficial, Rufino Beltrán remitió un cuestionario a todas las corporaciones municipales, diputaciones provinciales y representantes oficiales más autorizados de la vida económica española en el ámbito provincial y regional. En la inmensa mayoría de los casos, los interlocutores del Instituto no se ajustaron en absoluto al cuestionario. Aún así sus respuestas constituyen una excelente fuente para calibrar el grado de aceptación del proyecto de red frigorífica por parte de los agentes económicos interrogados.

Cabe clasificar las respuestas llegadas al INI en dos grandes grupos. El primero lo compusieron un corto número de entidades jurídicas de naturaleza bastante heterogénea, como la Presidencia del Gobierno, organizaciones sindicales del campo y el Consejo Superior de Cámaras de Comercio. En el segundo grupo, mucho más amplio, se integraron ayuntamientos y diputaciones exclusivamente.

Ninguna respuesta ganó en relevancia a la remitida por la Secretaría General para la Ordenación Económico-Social (SOES) que estaba adscrita a la Presidencia del Gobierno. De hecho, se trata del único interlocutor que respondió a todas las preguntas planteadas por Beltrán, lo que prueba una vez más el interés de Carrero por los problemas del abastecimiento interior. En el tono empleado, se discierne una vez más cierto desacuerdo con la línea que pretendió impulsar el INI en la propuesta del verano de 1948. De sus comentarios al proyecto de Plan Frigorífico, destacaré las opiniones expresadas en torno a cuatro cuestiones.

Entre la Presidencia del Gobierno y el Instituto de Industria fue patente la comunión de ideas acerca de las virtudes del frío industrial para solucionar el problema del abastecimiento interior. Al ensalzar las ventajas del frío, la SOES no escatimó epítetos. Sin embargo, las diferencias volvieron a aflorar en lo referente al papel del sector privado en el futuro plan. Como se recordará, la propuesta del INI entreabrió un portillo a una colaboración. La SOES, en cambio, se ratificó en la necesidad imperiosa de evitar "a toda costa" cualquier intromisión de la iniciativa privada en la red primaria del frío ya que

"Si el Plan Nacional del Frío se desarrolla dejando libre juego a la oferta y la demanda para la gestión y utilización de las instalaciones frigoríficas fijas y móviles, se corre el grave riesgo de que la Red Frigorífica se convierta en un medio poderoso para influir decisivamente sobre los precios del mercado y, manejado diestramente por organizaciones monopolísticas o puramente mercantiles, limitar la ganancia del agricultor en las épocas de precios elevados, mediante el almacenamiento de artículos obtenidos en épocas de gran producción y, por tanto, de precios envilecidos, sin que al consumidor lleguen las consecuencias lógicas de los precios bajos en origen".

Como "criterio inflexible" para asignar los distintos eslabones de la cadena primaria de congelación de "grandes masas de alimentos deteriorables", la SOES excluyó por completo al sector privado. En su opinión, lo óptimo sería que esos frigoríficos fueran acometidos por cooperativas de labradores y ganaderos. De fallar éstas, se recurriría entonces a corporaciones municipales y sólo en última instancia, a empresas mixtas con presencia de capitales privados aunque siempre bajo control del INI. En cambio, la sintonía con el Instituto fue mucho mayor en lo referente a la forma de ejecutar la red secundaria. La SOES se decantó por la opción de reservarla en exclusiva a la empresa privada, limitando la intervención del Estado únicamente a los casos necesarios.

El organismo de la Presidencia del Gobierno clasificó las medidas a adoptar en dos grandes grupos, uno económico y otro técnico. Por un lado, defendió la necesidad de que el INI trazase un plan completo en todo lo referente a localización, objetivos y capacidades, reservándose la ejecución de una parte de la red primaria para evitar el "efecto de monopolio" ya comentado. En el resto de la red, su actuación sería meramente tutelar. Por otro lado, aconsejó realizar una acción concertada con otros organismos estatales (Ministerio de Agricultura, Dirección General de Industria o CSIC) para alcanzar cotas de mayor eficiencia técnica.

A la hora de elegir los emplazamientos de las estaciones frigoríficas, recomendó guiarse por la situación de las principales áreas de producción y consumo, por el acceso a instalaciones portuarias y por la disponibilidad en materia de transportes. En claro divorcio con las ideas expresadas por Beltrán, la SOES otorgó prioridad a la puesta en marcha de instalaciones frigoríficas para conservar pescado. En efecto, contrariando la propuesta del INI, propugnó que las obras de los mataderos industriales fuesen acometidas en una segunda fase mientras que la leche, los huevos y, por último, frutas y verduras quedaban relegadas para una etapa ulterior.

Si en el orden de preferencias existió una ruptura manifiesta con respecto a lo planteado por el INI, otra disparidad la encontramos en el papel que otorgó al transporte interior. Ya vimos que Beltrán apenas si afloró esa cuestión. Para el SOES, en cambio, cualquier viabilidad de la operación implicaba una mejora sustancial del transporte. Para ello, sería preciso incrementar el parque móvil ferroviario en varios cientos de vagones isotermos y construir numerosos buques frigoríficos que se encargarían de llevar el pescado capturado en las Islas Canarias a los puertos del litoral mediterráneo.

De las restantes respuestas al interrogatorio, la inmensa mayoría declaró sin reservas su conformidad con la red del frío en los términos previstos por el decreto. En efecto, ayuntamientos y diputaciones provinciales saludaron con claras muestras de entusiasmo las "indudables y múltiples ventajas" que habría de reportar la red en la doble vertiente de regular los precios y de evitar las pérdidas y mermas ocasionadas por un almacenamiento y un transporte inadecuados. Quienes expresaron un mayor contento ante la idea de contar en el futuro con instalaciones frigoríficas fueron dos clases de corporaciones municipales. Por un lado, los ayuntamientos de localidades costeras con capacidad de almacenar y expedir alimentos importados. Por otro, localidades de escasa renta per cápita, carentes de los recursos necesarios para asumir por sí solos una inversión en cámaras frigoríficas.

Aunque en franca minoría, algunos de los encuestados se aventuraron a manifestar una crítica, siempre tímida, a determinados aspectos del proyecto de red frigorífica. Agruparé sus comentarios en torno a tres cuestiones fundamentales: competencia a la empresa privada; conveniencia de una red del frío y preferencia del consumidor por los alimentos frescos.

Varias respuestas expresaron un poco disimulado temor ante el peligro de que la acción estatal ejerciese una competencia desleal a la empresa privada. Así se manifestó, en particular, la Liga de Productores de Guipúzcoa al referirse a la "honda preocupación" que le despertaba la aplicación del decreto ya que, en su opinión, "la iniciativa privada ... ha[bía] llegado a cubrir holgadamente todas las necesidades". Idéntico razonamiento utilizó el Ayuntamiento de Palma de Mallorca al calificar de "innecesario [el] hablar de nuevas estaciones frigoríficas mayormente por estar construyéndose nuevas cámaras que cubrirán con holgura las necesidades futuras de la Isla". Con no menos contundencia se expresó el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación cuando alertó acerca del riesgo de que la acción estatal consistiera en

"dar apariencia de servicio público al trabajo de la Red, con tarifas inelásticas y con definiciones de monopolio de derecho",

razón por la cual ensalzó el beneficio a extraer por la economía española de una "coordinación, en todos los órdenes, con la iniciativa privada". Por ende, el servicio a realizar por la red frigorífica debería consistir en su opinión en

"coordinar, ayudar y dar eficiencia y situación satisfactoria a una actividad que todo lo debe a sí misma".

Parecidas conclusiones alcanzó la Diputación Provincial de Barcelona, llevándole a proponer que la red del frío actuase como un "poderoso auxiliar" de las cámaras particulares, aspecto que fue abordado tambien por la Delegación Provincial de Sindicatos de Gran Canaria y por los Ayuntamientos de Sevilla y Zaragoza. Otras instituciones alertaron abiertamente acerca de la inutilidad de una red frigorífica despues de comprobar la repulsión que sentía el consumidor español hacia los alimentos congelados. Quien expresó esa idea con mayor contundencia fue, sin duda, el Sindicato Provincial de la Pesca de Oviedo cuando señaló que

"pretender hacer instalaciones de frío para la congelación de pescado sería hacer un gasto inútil por cuanto el mercado consumidor no acepta los productos congelados por su rápida putrefacción una vez descongelados",

conclusión que fue reiterada por el Ayuntamiento de Bilbao en referencia a la escasa aceptación de la carne congelada procedente de Argentina entre sus conciudadanos. Y, para acabar, hubo quien recordó la inutilidad de lanzarse al trazado de una red frigorífica cuando no se había solucionado aún el problema del suministro energético y de los medios de transporte interior, factores capaces de invalidar por sí solos cualquier ventaja a extraer del frío industrial por grande que fuera.

En definitiva, el decreto de setiembre de 1948 fue bien acogido por los ayuntamientos y diputaciones que vieron en el frío industrial un poderoso estímulo para regular precios y evitar pérdidas en la distribución de carnes y pescados. Pero la ejecución del plan suscitó al mismo tiempo recelos en corporaciones de empresarios y en los sindicatos por el temor a ver aparecer un antagonismo entre la acción del INI y la empresa privada. No hay que olvidar que los frigoríficos privados tenían una presencia mayoritaria en algunas provincias en donde complementaban el servicio ofrecido por las cámaras de titularidad municipal. Por esta razón, aquella situación de confrontación no se limitó a la empresa privada. Se suscitó también un conflicto de intereses con los municipios una vez que la instalación de cámaras por las empresas impulsadas por el INI escapó de su control. A estos dos aspectos, dedicaré los apartados siguientes.

4.2 La reacción de los empresarios del frío

El decreto de la Presidencia del Gobierno alentó dos tipos de respuesta entre las empresas privadas que ejercían su actividad en el sector del frío. Unas, las menos, instaron al gobierno a evitar cualquier competencia que pudiera dañar su cuenta de resultados. Otras, las más, le propusieron una colaboración, que estaba contemplada en el texto legal, financiera y técnica, con el objetivo de ampliar su capacidad frigorífica. Veamos brevemente varios ejemplos de ambos tipos de manifestaciones.

A la hora de enjuiciar el espíritu del decreto de 1948, los empresarios más vehementes hicieron un llamamiento para que se evitase una colisión de intereses entre los planes del Estado y los suyos. Así ocurrió con la empresa FRIO INDUSTRIAL cuya presencia en la Isla de Mallorca y en la región valenciana era notable. Amén de recordar que la demanda frigorífica estaba holgadamente cubierta por la empresa privada, tal como lo había señalado la corporación municipal de Palma, esta empresa abundó en el hecho de que ninguna de las veinte entidades particulares que operaban en aquellas dos regiones, había recibido nunca ayuda por parte del Estado. De ahí que exigiera que no se lesionasen "legítimos intereses creados heroicamente" ni se irrogaran "perjuicios" a las empresas establecidas por la iniciativa particular en el cuarto de siglo anterior. Acabó señalando que sería un

"contrasentido y grave daño ... el hacer concurrencia a la industria privada cuando ésta, por sí sóla, atiende con holgura y reconocida competencia las necesidades frigoríficas".

Idéntico razonamiento empleó A. Abellá que regentaba una empresa cárnica en Lugo capital, al interrogarse sobre el sentido de duplicar inversiones si el INI decidía asignar una "considerable suma de millones" a un problema ya resuelto por la empresa privada. No sin bastante desparpajo, Abellá recordó a Suanzes que la ley fundacional del Instituto establecía que

"no es misión [del INI] anular la iniciativa privada, sino ayudarla y tan sólo suplirla allí dónde no llegara aquélla pero, en este caso concreto [mataderos frigoríficos], está resuelto el problema por el esfuerzo de la economía privada".

Por su parte, los empresarios más cautos se atuvieron a la letra del decreto de setiembre. En ese sentido, evitaron caer en una confrontación directa con el INI, proponiéndole en vez de ello una colaboración en el terreno financiero y técnico. Al igual que muchas entidades industriales, varios empresarios del frío se avinieron a dar una participación en su capital social al organismo estatal con la vista puesta en ciertos objetivos inmediatos. Son varios los ejemplos que se pueden citar de ese proceder. Por ejemplo, la compañía guipuzcoana IRIARTE solicitó al INI un crédito de 1,75 millones de pesetas para acometer la construcción de 4 mil metros cúbicos de cámaras de congelación en Pasajes. Por su lado, el Sindicato de Pesca de Lugo le solicitó ayuda técnica y económica para instalar en Vivero una estación destinada a la congelación y conservación de pescado así como a la fabricación de hielo. FRIGORIFICOS DE MALAGA le ofreció suscribir por completo una ampliación de capital que importaba 2,5 millones de pesetas y que estaba destinada a la instalación de cámaras frigoríficas en esa ciudad. Por último, Conservación de Productos Alimenticios, SA (COPASA) le reservó un 20 por 100 de su capital social. La actuación de todas esas empresas se guió por móviles idénticos; a través de una colaboración financiera con el Instituto, todas pretendieron granjearse un trato de favor para conseguir licencias de importación y divisas que les facilitasen la adquisición de maquinaria frigorífica extranjera.

Una vez analizadas las denuncias y peticiones de los empresarios privados, veamos a continuación cuál fue la reacción de los gestores del INI. Respecto a una eventual competencia a la industria privada, el Instituto se apresuró a trivializar con afirmaciones tan tranquilizadoras como

"Nada más lejos de nuestro propósito que lesionar intereses particulares en tanto en cuanto no se opongan a los generales del país",

o esta otra afirmación de Manuel Ocharán, el Director Técnico, en la que se decía que

"Es justo que la experiencia y el trabajo de la actividad privada sean tenidas en consideración en el plan de instalaciones que en definitiva formule el Instituto".

Nótese que la tranquilizadora respuesta incluía, no obstante, una advertencia sutil. Como ya se ha señalado, la referencia a "los intereses generales del país" era la fórmula habitual que empleaban los gestores del INI para aludir a los intereses propios. Pero, lo cierto es que, a pesar de valorar de forma positiva la importancia de las propuestas que efectuaron los industriales de Málaga, Palma, Pasajes o Valencia para la red futura del frío, el INI desestimó sus demandas. A la petición de ayuda económica, respondió ofreciendo a su vez la posibilidad de que los solicitantes aportasen sus empresas a las sociedades que serían proyectadas por el INI. Para razonar la negativa, se apeló a la ley fundacional de 1941, argumentándose que

"si la iniciativa privada tiene capital y elementos técnicos suficientes, no parece demasiado justificada la aportación del Instituto",

así como recordando que su "misión" debía ajustarse a los casos insuficientemente atendidos por el capital privado. Uno de los casos más ilustrativos del talante desplegado por los gestores del INI lo constituyó, sin duda, la respuesta a la oferta de FRIGORIFICOS DE MALAGA. En su calidad de director del DIA, Beltrán reconoció la validez del proyecto de instalar una cámara con capacidad para congelar 3.000 Tms anuales de pescado y una fábrica para producir 100 Tms diarias de hielo. Conceptuó la rentabilidad de la inversión en términos de "francamente favorable" y "excelente". A pesar de esos atractivos, Beltrán desestimó la conveniencia de que el Instituto interviniera ya que,

"siguiendo la directiz que nos hemos trazado, consideramos que allí donde haya iniciativa y capital privado debe ser éste el que desarrolle el programa".

Sin embargo, en el caso de que sus superiores fueran de la opinión contraria, Beltrán recomendó entonces una aportación minoritaria de capital con el fin de preservar los recursos financieros del INI para otras instalaciones poco o mal atendidas por el sector privado.

4.3 El código de valores del INI

De acuerdo con el decreto de 1948, cualquier petición para instalar una industria frigorífica había de contar con el informe favorable del INI. Se le reconoció así al Instituto una reivindicación que ya había sido formulada por Beltrán en su primer anteproyecto de la red nacional. En cumplimiento de aquella norma, los gestores del INI informaron un total de 90 solicitudes entre 1948 y 1952 (véase Apéndice A). Aunque la mayoría lo fueron por instalación o ampliación de cámaras frigoríficas con diversidad de usos, hubo tambien quien solicitó autorización para instalar una fábrica de hielo. Como se comprobará en el Apéndice B, la inmensa mayoría de los informes que emitieron los distintos departamentos del INI, fueron favorables a los peticionarios. En apoyo a las solicitudes, los gestores del INI se basaron en dos tipos de razonamientos. Por un lado, se inhibieron ante su falta de competencia para dictaminar en determinadas materias, bien porque la petición atañía a fábricas de hielo que estaban excluídas del plan frigorífico, o bien porque la declaración de industria de interés nacional era competencia exclusiva del Ministerio de Industria. Por otro lado, consintieron a lo solicitado casi invariablemente porque la capacidad requerida era demasiado exigua para influir en el plan trazado por el Instituto, es decir ni se oponía a los "intereses generales del país" ni excedía las previsiones marcadas para una localidad.

Sin embargo, el Instituto denegó un 10 por 100 de los permisos por motivos variopintos. Primero, por falta de datos o por solicitar favores ajenos a su competencia. Segundo, porque la capacidad solicitada superaba la prevista en el plan o por estar las necesidades en materia frigorífica ya cubiertas. Tercero, por considerar el INI conveniente su presencia en puntos nodales de la cadena del frío como era el caso, por ejemplo, de Barcelona. Y, por último, por entrar en directa competencia con instalaciones de empresas mixtas controladas por el INI tales como FRIGSA o IPASA. Esa fue en concreto la razón esgrimida para oponerse a la ampliación del frigorífico que tenía ECHEVARRIA NAVEIRA en La Coruña o a reclasificar como matadero general las instalaciones de la empresa SIERRA en la misma ciudad o las de MARQUES ALONSO en León. He aquí un excelente ejemplo de la interpretación dada a la fórmula "los intereses del país" que, como he repetido en varias ocasiones, no eran otros que los del INI. Otro ejemplo lo proporciona la reacción ante lo que se interpretó como competencia del sector privado. En ese momento, los gestores del INI no dudaron en esgrimir argumentos más propios de tiempos en que la oposición a la iniciativa privada era más abierta. El proyecto de montar instalaciones productoras de hielo en Arrecife y Las Palmas a cargo de las empresas OJEDA y FHARPES respectivamente levantó una ola de airadas protestas entre los gestores del INI y de su filial IPASA quien, al parecer, tenía en perspectiva una ampliación similar. Para los gestores públicos, los armadores de buques pesqueros y demás industriales canarios relacionados con la pesca no desconocían esa intención. De ahí su convencimiento de que las nuevas peticiones para montar fábricas de hielo obedecían a razones distintas a las comerciales. A su juicio, se trataba de la

"culminación de la campaña de descrédito que contra esta empresa [IPASA], en distintas ocasiones, han desencadenado elementos interesados en nuestro fracaso".

Inspirándose en las quejas emanadas de IPASA, Sirvent manifestó a la Dirección General de Industria su preocupación porque las nuevas fábricas privadas fueran incapaces de producir hielo en condiciones competitivas amén de provocar serias escaseces de agua, energía y materiales de tipo siderúrgico. En una resolución que evidenciaba el comienzo de un tímido divorcio con respecto de los métodos del INI, la Delegación de Industria de Las Palmas autorizó la instalación de la fábrica de hielo de Hijos de A. Ojeda en esa ciudad.

4.4 Los conflictos regionales en la gestación de FRIGSA

La decisión de trazar una red nacional del frío industrial despertó fuertes rivalidades a escala regional. En este apartado, se analizará el conflicto que se desató con la elección de una sede para el matadero industrial del noroeste, episodio que se desarrolló en dos actos. Como se recordará, Galicia constituía un eslabón de primera importancia en la cadena primaria de congelación que diseñó Rufino Beltrán en 1947.

Las primeras andanadas que darán pie a un conflicto de intereses en la provincia de Lugo se produjeron en la primavera de 1949. En esa fecha, el Sindicato Provincial de Pesca de Lugo solicitó del INI ayuda económica y técnica para establecer un frigorífico en el puerto de Vivero con el propósito de dar salida a los excedentes de pescado que, por falta de instalaciones adecuadas, se perdían. Para los gestores del INI, en su mayoría oficiales del ejército, el carácter falangista de aquel organismo constituía una pésima tarjeta de presentación. A pesar de ello, la propuesta fue bien recibida por el director del DIA quien, no obstante, la remodeló de forma sustancial. Pretendió reunir en la misma estación tres actividades complementarias: congelar carne y pescado, y fabricar hielo. Atendiendo a unos cálculos no explicitados, la inversión sería francamente provechosa para el INI al depararle una rentabilidad de un 28 por 100. De ahí que aconsejara a la Dirección Técnica la pronta constitución de una sociedad mixta controlada por el INI en la que participarían además de los sindicatos provinciales de Ganadería y Pesca, capitalistas locales. La propuesta obligó a modificar el viejo anteproyecto de 1947 que preveía la creación de cuatro estaciones, tres costeras y una cuarta en el interior. Al conservarse incólume ese esquema, Beltrán sacrificó Avilés en provecho de Vivero.

El proyecto del INI de construir un frigorífico en Vivero propició el inmediato alineamiento de las principales fuerzas vivas lucenses en su contra, incluído el sindicato pesquero que lo había impulsado. Merece la pena comentar brevemente los acuerdos que suscribió aquella alianza integrada por instituciones tan diversas como el Gobierno Civil, sindicatos, hermandades del campo, autoridades académicas y un representante cualificado de la industria privada. De hecho, su crítica significó un ataque frontal al espíritu de la propuesta del INI. En efecto, no sólo desautorizó el plan de asociar carne y pescado sino que censuró sobre todo la ubicación en una localidad costera. Por lo demás, defendió la conveniencia de dar mayor cabida a la iniciativa privada en los planes de la futura red gallega de mataderos industriales. Con el voto de todos los congregados, respaldó a la ciudad de Lugo como sede del matadero, en atención a las ventajas inherentes a su centralidad así como a la existencia de una planta cárnica perteneciente a la empresa INDUSTRIAS ABELLA.

Como trasfondo a la primera escena del segundo acto del "conflicto Lugo", se halla la decisión de revisar en profundidad la estructura de la red de congelación primaria del noroeste que se había trazado en los dos años anteriores. La documentación disponible no aclara los motivos reales que indujeron a los técnicos del INI a remodelar aquel viejo esquema de cuatro mataderos por uno nuevo que concentraba toda la actividad en una única planta. Cuando se tomó la decisión, fue justificada - sin emplear esas palabras - por las economías de escala, aduciendo que los beneficios medios por kilogramo de canal vacuna serían inversamente proporcionales al número de mataderos. Esa modificación tan sustantiva en la forma de enjuiciar toda la cuestión respondió a unas nuevas estadísticas a tenor de las cuales la capacidad gallega de exportación de vacuno quedó limitada a 400 reses diarias. La cifra era demasiado exigua para justificar varias plantas. Ocharán, como Director Técnico, afirmó meses más tarde que la nueva fórmula fue consensuada por el INI con las autoridades y restantes fuerzas vivas lucenses.

Una vez admitida la conveniencia de construir un único matadero industrial para Galicia, se planteó acto seguido el doble problema de buscarle un emplazamiento y de encontrar a los socios apropiados para poner en marcha la empresa mixta que se encargaría de su explotación.

La elección de una sede para el matadero generó no poca tensión entre los distintos agentes económicos. Acabó convirtiéndose en un episodio repleto de violentas acusaciones con un alto contenido pasional. Para completar la escena, ni siquiera faltó un despliegue en toda la regla de las artimañas que solían gastar los rectores del INI para imponer su voluntad contra viento y marea.

Desde un primer momento, Lugo y Monforte de Lemos rivalizaron entre sí para acoger a la sede del futuro matadero frigorífico. Ya se ha visto que la capital gozaba de apoyos poderosos; tampoco Monforte se quedó atrás. El Consejo Técnico Asesor del Frío Industrial se decantó finalmente por la segunda localidad, haciendo valer como ventaja el ser un nudo ferroviario en el corazón de una zona altamente ganadera. La decisión provocó una queja inmediata de la Cámara de Comercio e Industria de Lugo molesta por no haber sido consultada por el INI. Ante el hecho, el Ayuntamiento de Monforte denunció

"una cadena de maniobras y movimientos más amplios, tendentes todos ellos a impedir el sereno juicio de ese alto Organismo [INI], utilizando con un reprobable fin localista aquellos instrumentos [en referencia a las Hermandades de Labradores] del engranaje político del Estado".

Ante el riesgo de entrar en una polémica de intereses locales, Beltrán reiteró la preferencia por Monforte, lo que fundamentó en la existencia de un "estudio técnico y económico del proyecto". La reclamación planteada desde Lugo le hizo comprender que intervenía un factor político. Sin embargo, tuvimos ocasión de comprobar que Beltrán nunca especificó la ubicación exacta de la estación "D", única a construir en el interior de Galicia. Por lo tanto, los verdaderos motivos que se esconden tras su decisión caen en el terreno de las conjeturas.

Una vez elegido el emplazamiento, Beltrán perfiló el proyecto para constituir y financiar la sociedad que sería la encargada de explotar el matadero industrial que bautizó con el nombre de MATADERO FRIGORIFICO DE GALICIA, SA. Con semejante iniciativa, el INI dejó a las claras su voluntad de no esperar a la aprobación del Plan Nacional del Frío Industrial que, por lo demás, ni siquiera había elevado todavía a la Presidencia del Gobierno.

En la nueva propuesta, Beltrán volvió a modificar anteriores proyectos. Como matadero general, previó el sacrificio de 544.000 reses anuales en Monforte de Lemos, correspondiendo un 26,5 por 100 a ganado vacuno y el resto a lanar. Expresando las cifras en canales de carne, se produce, como es natural, un vuelco en los porcentajes. Un 85 por 100 de las 23.200 Tms de carne correspondía a vacuno (19.600 Tms). Esa última cantidad se desglosa a su vez casi a partes iguales entre vacuno mayor y menor. Sin embargo, mientras que un 60 por 100 (6.240 Tms) del vacuno mayor se destinaba a la congelación, la totalidad del vacuno menor y del lanar serían consumidos refrigerados. En comparación con el anteproyecto de 1947, las nuevas cifras muestran una reducción sustancial en la capacidad de congelación que se situaba ahora en torno a un 39 por 100. El hecho no pasó inadvertido a Beltrán quien afirmó que,

"en puridad de principios, la instalación resulta más bien insuficiente en sus capacidades proyectadas para el volumen de la riqueza ganadera de la región".

Sin embargo, alentó la creación de una planta de tamaño modesto por sus mayores garantías de rentabilidad.

Para asumir el coste de las obras y la futura explotación del matadero, presupuestó la creación de una empresa con un capital desembolsado de cien millones de pesetas. En este primer proyecto, reservó 45 millones a la aportación privada, con la siguiente distribución: 5 por 100 entre los ganaderos de la región a través de sus cooperativas; 10 por 100 para la sociedad del MATADERO DE MERIDA, SA; 15 por 100 para los tratantes gallegos de ganado y otro tanto para TRACER, SA, entidad que agrupaba a los principales tratantes de ganado en los mercados de Madrid y Levante. El INI se reservaba el control de la sociedad con un 55 por 100 del capital "en razón de la trascendencia [para] la economía nacional y los abastecimientos", dando así cumplimiento a lo prescrito en varias ocasiones por Carrero Blanco. Sin embargo, Beltrán se planteó la posibilidad de privatizar en parte o en su totalidad la participación del Instituto.

4.5 Una vía alternativa: Conservas `Gaspar'

¿ Qué razones se esconden tras la decisión del INI de modificar el primitivo plan trazado para la cadena primaria en 1947 ? Junto al repentino ardor economicista al que he hecho referencia, añadiré otros factores. Desde una óptica política, el frío industrial comenzó a perder fuelle a ojos de los máximos dirigentes del Instituto por las razones que se expondrán en el apartado siguiente. Desde una perspectiva puramente económica, se intuyen otros motivos para explicar aquel cambio. A las dificultades financieras para acometer un plan de la envergadura del frío industrial - recuérdese que se presupuestaron 1.300 millones de pesetas -, hay que valorar así mismo la existencia de una alternativa mucho menos onerosa que, de hecho, estaba en la recámara desde 1946: conservar alimentos por el método 'Gaspar'.

Fue el propio Carrero Blanco quien, en el verano de 1950, impulsó la apertura de una línea de acción en sustitución del frío que se basaba en unos caldos secretos inventados por el profesor Teófilo Gaspar y Arnal de la Universidad de Valladolid. A partir de ahí, Carrero anheló la posibilidad de conservar alimentos con objeto de aliviar no sólo las privaciones de la sociedad española sino, incluso, el hambre de la humanidad:

"Entre los problemas que inquietan a la Sociedad, llevando a los Estados, en general, a situaciones angustiosas, es el de la alimentación de la Humanidad. Los hechos que Maltus (sic) pretendió recoger en una ley muy conocida, han creado un ambiente de tal patetismo con ofuscaciones tan perniciosas, que tienen proyecciones de horror al considerar al hombre enemigo del hombre".

Ante la perspectiva de alcanzar unas metas tan sublimes, Carrero ordenó a Suanzes entrar en contacto con Gaspar. Contagiado por el entusiasmo generalizado de sus superiores, Rufino Beltrán recomendó la creación inmediata de una Comisión Gestora de las Conservas Gaspar (CGCG) con el encargo de proseguir los experimentos de laboratorio iniciados varios años antes por el científico vallisoletano para conseguir aplicaciones industriales. La principal ventaja, al menos sobre el papel, de las `Conservas Gaspar' sobre otros sistemas de conservación conocidos era un coste sensiblemente inferior por la abundancia y baratura de las materias primas que se precisaban para los caldos y los envases. Cuando aún se carecía por completo de cualquier indicio acerca de la viabilidad técnica de los procedimientos de Gaspar, Beltrán se aventuró a ensalzar los beneficios a extraer en el futuro, tal como se aprecia en el siguiente pasaje:

"Desde el punto de vista de la economía nacional puede ser pues importantísimo para conservar con escaso coste y poco cuidado las cosechas en zona productora, en pequeñas instalaciones de tipo rural, para lograr soldaduras de cosecha y su principal característica, si los resultados de nuestras pruebas son buenos, será la posibilidad de conservar la totalidad de los productos, lo que hasta ahora no es posible por ningun sistema actual... En relación con la alimentación del ganado, su importancia puede ser tambien muy grande al permitir consumir piensos perecederos de muy escaso valor que hoy en día no son económicamente conservables".

Con un presupuesto de 1,5 millones de pesetas anuales, la CGCG se emplazó a conseguir una rápida aplicación industrial de las patentes Gaspar. Beltrán no contempló una explotación directa por parte del INI. Antes bien, abogó por la creación de una empresa nacional que administrase los derechos de las patentes. En este sentido, el Instituto se encargaría de poner a disposición del sector privado una nueva técnica. El INI volvió a dar muestras de un mayor liberalismo que propios y extraños. En esta ocasión, chocó con el inventor, proclive a nacionalizar las fuentes de materias primas,

"en evitación de las alteraciones que, en perjuicio del bien público, pudieran ocasionar un maltusianismo (sic) en la producción, confabulaciones, etc en relación con su procedimiento de conservación".

Tras un año de experimentos fallidos en los que se consiguió acelerar la putrefacción de alimentos y piensos, Beltrán informó a sus superiores acerca de la inutilidad de las patentes para la alimentación humana. Haciendo oídos sordos a las malas noticias, Suanzes ordenó que se continuasen los experimentos e incluso que se registrasen las patentes en el extranjero. Sin embargo, los esfuerzos invertidos en el transcurso de aquel año tampoco dieron fruto.

Dos años más tarde, un desolado Beltrán reconoció al fin la imposibilidad de sentar una conclusión definitiva, si bien continuó insistiendo en la baratura del proceso frente al del frío industrial. Reconoció, no obstante, su imperfección técnica que producía variaciones en la composición de los alimentos. A la vista de la situación, solicitó dar por acabada la labor de la CGCG, siendo apoyado en su propuesta por Ocharán.

5.- EL PLAN DE RED FRIGORIFICA NACIONAL

Una vez cumplido el trámite de informar al consejo del INI en la primavera de 1951, Suanzes remitió a Carrero Blanco un ejemplar del Plan de Red Frigorífica Nacional que había sido ultimado por Beltrán el trimestre anterior. Así pues hubieron de transcurrir 32 meses para que el Instituto cumpliera con lo ordenado por el decreto de setiembre de 1948. Para justificar tamaña demora, los rectores del INI alegaron que habían pretendido plasmar las ideas vertidas por los organismos encuestados en 1948. Como he mostrado, el argumento carecía de base real. En el preámbulo al Plan, el propio Beltrán señaló la coincidencia "casi en su totalidad y en los puntos importantes con todos los informes recibidos". Parece claro que si el DIA hubiera asumido realmente las críticas de los agentes económicos encuestados, el plan frigorífico quizá nunca habría visto la luz.

En este apartado, mostraré en qué medida la nueva coyuntura surgida a comienzos de los años 1950, explica un cambio de rumbo en la actitud del INI con respecto al frío industrial. Por ende, argumentaré que el Plan de 1951 rompió con las directrices que habían inspirado el anteproyecto. Tras enumerar las modificaciones más significativas, analizaré, por último, cuál fue la reacción que suscitó el Plan en diversos ámbitos. De especial interés, será conocer la forma en que se dirimió el contencioso que enfrentó a los empresarios gallegos del ramo de la carne con la dirección del INI.

5.1 Un ejemplo temprano de planificación sectorial

El tono del escrito que acompañó al Plan, desvela un cambio de actitud entre los dirigentes del INI. Con un estilo directo y técnico, el escrito evitó reproducir la intención tutelar a ejercer por el INI que había sugerido el anteproyecto. En 1951, Suanzes insistió en el deseo de contribuir a unificar normas "a fin de orientar a la iniciativa privada", que sería la encargada de acometer - en su totalidad - la financiación de los frigoríficos, a excepción de las dos plantas ya en ejecución por el INI. No mencionó tampoco la pretendida colaboración entre el capital privado y el público. Para no ahuyentar a los empresarios e incluso para animarlos a secundar el Plan, Suanzes dió garantías sobre el marco de aplicación del frío en la economía española. A ese respecto, lo circunscribió a los excedentes alimentarios, una vez deducidos de la producción el consumo en fresco y el de la industria conservera. Con ese apunte, rompió con la indefinición del anteproyecto que nunca aclaró si el frío afectaría a la producción en términos brutos o netos. De igual forma, hizo hincapié en el compromiso de respetar las instalaciones ya existentes a la hora de estimar el déficit frigorífico. Como complemento a esos dos avales, los rectores del INI revalorizaron la tasa de beneficio que depararía la inversión de capital en el sector del frío industrial. Pero en contrapartida, incrementaron el esfuerzo inversor anual al suprimir dos de las cinco etapas para la ejecución de las obras.

¿ Qué razones indujeron a los gestores del INI a modificar su actitud ? Está claro que la polvareda que levantó el proyecto de 1948 en círculos sindicales y empresariales no fue el detonante. Los responsables del INI fueron inmunes a la fuerza de los argumentos empleados. Ni las llamadas de atención sobre las complicaciones que entrañaba la estrechez del mercado por carecer las familias españolas de neveras, ni las restricciones eléctricas, ni la inadecuación de los medios de transporte y ni siquiera la escasez de alimentos susceptibles de ser congelados, les hicieron revisar sus ideas. No era frecuente que los gestores alterasen sus planes industriales bajo presión externa.

En vista de ello, la explicación a su cambio de conducta ha de vincularse a los factores exógenos que habían predispuesto al INI en favor del frío industrial en 1947/48; esos mismos factores que se vieron potenciados por la política española en materia industrial. Su alteración quebrantó indefectiblemente los términos de la relación que estableció el INI con el frío. Junto al fracaso del proyecto de Perón de convertir a España en un gran almacen para los alimentos argentinos en ruta hacia el mercado europeo, el otorgamiento del empréstito norteamericano hizo tambien mella en la postura del INI ante el empleo de los frigoríficos. Téngase en cuenta que el crédito gestionado por el EXIMBANK significó un éxito parcial que respondió en mayor medida a los nuevos parámetros de la situación política internacional que a los méritos de los negociadores españoles. En realidad, Suanzes fue incapaz de rebatir los profundos recelos que despertaban sus ideas en temas económicos en los círculos financieros norteamericanos. A ello contribuyó su renuencia a aceptar una liberalización de la economía española. Así lo muestra la siguiente advertencia que lanzó en el mes de abril de 1951 con la intención de reafirmar su compromiso hacia una de las directirces de su política económica:

"Las intervenciones, siempre parciales y limitadas, no durarán, por tanto, ni un día más de lo preciso, pero tampoco un día menos".

En el plano interior, le quedó al Instituto como legado del trienio 1948/50 una participación mayoritaria en dos empresas mixtas - IGFISA y FRIGSA - que eran, cada una en su campo, la llave de la red frigorífica nacional. Jamás sintió el INI excesivo apego por esas dos sociedades; lo avala la parquedad de la inversión que efectuó en ellas. Se podría decir que la congelación acabó por afectar a la inversión misma. Como último factor explicativo, cabe añadir el proyecto en ciernes de las conservas Gaspar, un método más barato a la par que exento de los inconvenientes del frío industrial.

Libre de ataduras exteriores, el frío industrial perdió relevancia a ojos de los gestores públicos. Era una actividad que escapaba a su esfera de actuación habitual. Al perder la gran oportunidad que le brindó la coyuntura de 1947/50, el frío retornó a una condición de rango inferior sin la entidad necesaria para ser depositario de los recursos financieros que requerían los planes faraónicos trazados por Beltrán. En efecto, el presupuesto del INI de 1951 castigó con dureza a las actividades conectadas con la alimentación que obtuvieron sólo diez millones de pesetas, un tercio de lo solicitado. El responsable del DIA se apresuró a señalar que la penuria financiera haría peligrar el cumplimiento del plan industrial trazado por el Ministerio para el bienio 1951/52 en lo tocante a estaciones frigoríficas. Pero, más grave aún, aquella asignación presupuestaria golpeó con particular dureza a FRIGSA, el buque insignia de la presencia del INI en el sector alimentario. Ante el recorte presupuestario, Beltrán hubo de contentarse con la presidencia del Centro Experimental del Frío Industrial que quedó integrado en el Patronato Juan de la Cierva. Este Centro que sería el embrión del actual Instituto del Frío, nació con el propósito de fijar unas normas sobre tratamiento, conservación y transporte de productos tratados por el frío.

A resultas de todas estas carambolas, el Plan de Red Frigorífica Nacional nació inmaculado, sin el cariz político que le habría permitido viciar el cometido de ordenar el sector del frío industrial. Gracias a ello, el Plan se convirtió en una de las primeras aplicaciones de la planificación sectorial en España. Fue pionero en el estudio de las corrientes de tráfico de productos perecederos. Por su trascendencia para la industria española de la alimentación, interesa exponer sus parecidos y tambien sus diferencias con el anteproyecto de 1948.

En relación con los puntos de encuentro, Beltrán no alteró su vieja propuesta de aplicar el frío industrial en sus dos modalidades (congelación y refrigeración) a una extensa gama de alimentos. De hecho, amplió la lista a frutas, verduras y hortalizas, patatas, huevos, productos chacinados, derivados lácteos, volatería y caza, además de carne y pescado. Hizo pues oídos sordos a la SOES quien había recomendado un empleo más restrictivo del frío. En segundo lugar, destaca la similitud de los objetivos perseguidos en 1947 y 1951. Con la intención de optimizar los recursos alimentarios, el Plan pretendió eliminar mermas, mejorar la calidad, regularizar los mercados y revalorizar los productos. Para alcanzar esa meta, estableció cinco clases de instalaciones: (a) pequeñas cámaras "rurales" para conservar cosechas a corto plazo; (b) grandes frigoríficos en "zonas productoras" destinados a la congelación de carnes y pescado y a la refrigeración de frutas; (c) frigoríficos "comerciales" para uso exclusivo de los intercambios con el exterior; (d) frigoríficos de "distribución a consumo" en los grandes núcleos de población para almacenamiento de largo plazo y (e) "cámaras de consumo" para refrigeración de productos perecederos a muy corto plazo.

Veamos a continuación algunos de los cambios más notables que se filtraron en la redacción definitiva del Plan. En el capítulo de las carnes, una modificación sustancial consistió en ampliar la congelación a las canales de lanar, en claro contraste con el anteproyecto que la había limitado a los cuartos de vacuno. Segundo, la distribución espacial de las estaciones frigoríficas tambien sufrió alteraciones. Quedó descartada definitivamente la idea de crear cuatro mataderos industriales en el noroeste, optándose por tres plantas congeladoras, una en Monforte de Lemos, otra en Mérida y una tercera en Córdoba con una capacidad conjunta para tratar 15.300 toneladas de carne. Como complemento a esa red primaria, se previó establecer ocho plantas refrigeradoras con una capacidad acumulada de 57.600 Tms en las localidades de Monforte, León, Mérida, Ciudad Real, La Roda (Albacete), Córdoba, Huércal-Overa (Almería) y, por último Zaragoza. Con 11 mil toneladas de congelación y 23.100 toneladas de refrigeración que equivalían a un 72 y un 40 por 100 respectivamente del total previsto para toda la península, la estación gallega de Monforte de Lemos se alzó como la planta más ambiciosa de toda la red dedicada a la carne.

Por lo que se refiere al tratamiento del pescado, las novedades más importantes afectaron a las estaciones congeladoras. Si bien se conservó inalterado el proyecto de habilitar una planta en Pasajes, Vigo y Huelva, la nueva redacción del Plan incorporó otras tres estaciones. Por supuesto, una de ellas correspondió a las instalaciones de IGFISA en Cádiz que, tras el fracaso de la ayuda argentina, fueron reconvertidas hacia el tratamiento exclusivo de la pesca procedente de los caladeros del sur-atlántico. De menor entidad, otras dos plantas fueron reservadas para Algeciras y Málaga. En total, las seis plantas dispondrían de una capacidad de congelación superior a 30.300 Tms. Al igual que ocurría con las carnes, el grado de concentración fue elevado; a Cádiz (7.500 Tms), Pasajes (9.000 Tms) y Vigo (10.000 Tms) se les asignó un 88 por 100 del total. Por lo que atañe a la red secundaria de refrigeración de pescado, se previó el montaje de 42 estaciones repartidas por todo el litoral peninsular con una capacidad para tratar 49.250 Tms.

A la vista de lo expuesto, se deduce que el principio fundamental de ceñir el tratamiento congelador de carnes y pescados a las áreas de producción quedó revalidado por el Plan. Ello perpetuó, por tanto, la estructura periférica de la red congeladora con la única salvedad de que la configuración de 1951 mejoró de forma sensible la dotación andaluza al completarla con varias plantas no previstas en el anteproyecto. Sin embargo, el desequilibrio a favor de la periferia quedó parcialmente corregido por la red de refrigeración de frutas y verduras. Sobre un total de 24 estaciones diseminadas por todo el país con una capacidad para tratar casi un millón de toneladas, 14 estaciones (un 58 por 100) estarían situadas en puntos del interior peninsular.

En virtud de las modificaciones recién comentadas, se registró una expansión de la capacidad frigorífica total en comparación con la proyección que se efectuó en 1947. Como puede comprobarse por las cifras del cuadro 4, la variación más espectacular respondió justamente a la inclusión de una red para la refrigeración de frutas y verduras. Esta modalidad absorbió un 90 por 100 de la capacidad total. Por el contrario, los mataderos industriales perdieron un millar de toneladas de capacidad de congelación. En cambio, las plantas congeladoras de pescado aumentaron su cupo en 11.330 Tms gracias a la estación de IGFISA en el puerto de Cádiz.

Cuadro 4: Comparación de la capacidad frigorífica prevista

en 1947 y 1951 (Tms)

ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÑÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÑÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»

º ³ Congelación ³ Refrigeración º

º ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄĶ

º ³ 1947 ³ 1951 ³ 1947 ³ 1951 º

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º ³ ³ ³ ³ º

º Carne ³ 16.350 ³ 15.300 ³ - ³ 57.600 º

ÇÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄĶ

º ³ ³ ³ ³ º

º Pescado ³ 19.000 ³ 30.330 ³ - ³ 49.030 º

ÇÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄĶ

º ³ ³ ³ ³ º

º Frutas & etc³ - ³ - ³ 132.440 ³ 943.480 º

ÇÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄĶ

º ³ ³ ³ ³ º

º Total ³ 35.350 ³ 45.630 ³ 132.440 ³1.050.110 º

º ³ ³ ³ ³ º

ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÏÍÍÍÍÍÍÍÍÍÏÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÏÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÏÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ

Fuente: INI (1951) Estado núm. VI-1. Para las cifras de 1948

'Anteproyecto de la Red Nacional ...' (Julio, 1947), INI leg. 200.28 '1947-48' exp. 3. Para deducir la capacidad refrigeradora, he aplicado un coeficiente 0,4 Tms por

metro cúbico de cámara según consta en el citado anteproyecto.

Otra novedad del Plan de 1951 afectó al programa de obras anuales. Si, por un lado, se ganó en precisión respecto de 1947, por otro, se realizó un esfuerzo por armonizar al máximo las obras a ejecutar en cada etapa, así como por evitar posibles tensiones en el suministro de materiales (corriente eléctrica, cemento y maquinaria, en particular). Por lo demás, se intentó acelerar la ejecución de la red, para lo cual se distinguieron tres etapas. Con un escalonamiento de dos años y con una duración máxima de cuatro para cada etapa, se planteó la posibilidad de completar la red en 1960, es decir en un plazo de nueve años. En cuanto a las obras a realizar en cada peldaño del Plan, los porcentajes del cuadro 5 indican que la red congeladora volvió a ser prioritaria. En efecto, el montaje

Cuadro 5: Ejecución de la Red Frigorífica (% de ejecución)

ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÑÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÑÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»

º ³ ³ º

º ³ Congelación ³ Refrigeración º

ÇÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄĶ

º ETAPA ³ 1ª ³ 2ª ³ 3ª ³ 1ª ³ 2ª ³ 3ª º

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º ³ ³ ³ ³ ³ ³ º

º Carne ³ 85 ³ 15 ³ - ³ 50 ³ 30 ³ 20 º

ÇÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄĶ

º ³ ³ ³ ³ ³ ³ º

º Pescado ³ 62 ³ 38 ³ - ³ 51 ³ 36 ³ 13 º

ÇÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄĶ

º ³ ³ ³ ³ ³ ³ º

º Fruta ³ - ³ - ³ - ³ 22 ³ 39 ³ 39 º

ÇÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄĶ

º ³ ³ ³ ³ ³ ³ º

º TOTAL ³ 63 ³ 37 ³ - ³ 25 ³ 39 ³ 36 º

º ³ ³ ³ ³ ³ ³ º

ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÏÍÍÍÍÍÍÏÍÍÍÍÍÍÏÍÍÍÍÍÍÏÍÍÍÍÍÍÍÏÍÍÍÍÍÍÍÏÍÍÍÍÍͼ

Fuente: INI (1951) Estado núm. VII-5

de las plantas destinadas a carne y pescado debía ser una realidad al término de la segunda etapa. Por el contrario, se proyectó ejecutar la red de refrigeración con un mayor equilibrio, si bien se produciría una intensificación en la última etapa.

Y para acabar con este repaso a las novedades que introdujo el Plan de 1951, se requiere un apunte acerca de los aspectos económicos. Beltrán evaluó que se alcanzaría una cifra de 1.686 millones de pesetas de beneficios sociales en cada año de funcionamiento de la red del frío. Dicha estimación se situó a corta distancia de los 1.845 millones de pesetas en que valoró la inversión de primer establecimiento. Sin embargo, la ausencia de información sobre los costes fijos o variables no permite deducir una tasa de rentabilidad. Pero la minuciosidad de los datos manejados por Beltrán sí permite en cambio indagar sobre el origen de los beneficios. Por una parte, de los cinco agregados en que se descomponen los beneficios en destino, los componentes más destacables serían la recuperación de mermas (un 31 por 100 del total), la estabilización de los precios de producción (31.7 por 100) y la regulación de los precios de consumo (27.3 por 100). A la revalorización producida por esos tres conceptos, hay que añadir a fuerte distancia el aprovechamiento de subproductos (8 por 100) y el ahorro en material de transporte gracias a la conducción de canales en vez de reses en vivo (2 por 100). Por otra parte, una clasificación basada en la naturaleza de los alimentos objeto de tratamiento por frío, muestra que las mayores economías se obtendrían en las frutas (30 por 100), hortalizas (22 por 100) y huevos (19 por 100) mientras que carnes (10 por 100) y pescados (7 por 100) ocuparían una posición secundaria. Este último resultado que no mereció comentario alguno por parte de Beltrán, no debe ser pasado por alto. De hecho, invalidó en cierta medida los esfuerzos desplegados por el INI a partir de 1947 para potenciar el tratamiento de carnes y pescados por el frío, áreas en las que se concentró su acción con la constitución de FRIGSA e IGFISA.

En resumen, el Plan de Red Frigorífica Nacional que el INI sometió a dictamen en 1951 constituyó un documento mucho más redondo y mejor trabado que el anteproyecto de 1947. Aunque no incorporó ninguna de las sugerencias efectuadas desde instancias externas, el Instituto le confirió, a modo de compensación, un carácter técnico, pragmático, cercano a lo que cabía esperar de un plan con proyección nacional. Al sentar como directriz la unificación de los criterios a seguir en futuras acciones en el sector, el INI contribuyó de forma positiva al desarrollo de la industria frigorífica española. Sin embargo, el texto adoleció de algunas lagunas sorprendentes. No hizo, por ejemplo, referencia a la cuestión del transporte. Tampoco mencionó la capacidad de la industria española para fabricar maquinaria frigorífica, no planteó la cuestión de las divisas ni afloró, por último, la relación a establecer entre el sector público y el sector privado en pos de la consecución del Plan.

5.2 David contra Goliath

En prueba del interés decreciente que despertaba el Plan de Red Frigorífica Nacional en medios oficiales, la Presidencia del Gobierno ordenó la apertura de una información pública con más de un año de retraso. Sin embargo, las primeras reacciones se produjeron al poco de publicarse el Plan en 1951. Distinguiré tres clases de manifestaciones en ese período anterior a la información pública.

El primero en levantar su voz en contra de la propuesta fue Don José Mª López Valencia que representaba al Alto Estado Mayor en el consejo del INI. Al cumplirse un mes del paso del Plan por el consejo de administración, López Valencia remitió a Sirvent un voto particular. En su crítica, oradó, por un lado, los cimientos del proyecto del organismo paraestatal. Argumentó que congelar alimentos representaba una actividad inútil por ser contraria a la realidad económica de España, en particular a la falta de excedentes y a la dispersión de las fuentes de producción. De ahí que, en su opinión, bastara con refrigerar alimentos perecederos. De no procederse así, entendía que el minifundismo de la producción obligaría a crear un gran oligopolio estatal, único medio de gestionar el Plan, que entrañaría unos gastos de administración inabarcables. Por otro lado, López Valencia criticó el olvido de la cuestión del transporte e instó a aprovechar los varios millares de metros cúbicos de cámaras frigoríficas propiedad de empresas particulares que se hallaban distribuídos por todo el país.

A la prensa especializada, la propuesta del INI le valió un juicio más favorable. La gran mayoría de los articulistas valoró positivamente las ventajas inherentes a planificar el desarrollo del frío industrial. Por regla general, se ensalzó la conveniencia de acometer el montaje de las instalaciones a la mayor brevedad posible. Incluso hubo quien atribuyó a la red frigorífica la capacidad de promover la recuperación económica del país. A pesar de las loas, se resaltó lo indispensable de habilitar una buena infraestrutura de transporte para enlazar los centros de producción con las cámaras frigoríficas situadas en los grandes núcleos de población. Pero, a modo de velada advertencia a los gestores públicos del INI, se recordó que existían empresas privadas con la suficiente solvencia económica y técnica para acometer el montaje de la maquinaria frigorífica que precisaba el Plan. Por supuesto, los sindicatos verticales no escondieron su recelo ante lo que, en su opinión, constituía una nueva muestra del intrusismo del INI en un ámbito de su competencia. Amén de deplorar la no inclusión de las fábricas de hielo en el Plan, se reclamó para la iniciativa privada un mayor protagonismo en pos del fortalecimiento de la industria del frío. Con la intención de recuperar una parte del liderazgo que habían perdido en favor del INI, el Sindicato Vertical de Industrias Químicas acabaría por crear en 1954 un Grupo Nacional de Frío Industrial. Con su iniciativa, pretendió aglutinar en torno a ese organismo el núcleo de la política sindical del frío.

En esta primera etapa que antecede a la Información Pública de 1952, Don Antonio Abella se convirtió otra vez en el más beligerante de los críticos de la actuación del Instituto. Como se recordará, Abella regentaba un matadero en la ciudad de Lugo. Con las acciones que acometió en defensa de su industria, el empresario gallego puso en tela de juicio a la política que el INI pretendió impulsar con el Plan de 1951.

En sucesivos escritos envíados al ministro Suanzes, al vicepresidente del INI, Don Joaquín Planell, y a Carrero Blanco, todos fechados en el mes de abril de 1951, el consejero delegado de INDUSTRIAS ABELLA salió al paso de un rumor según el cual se habría decidido trasladar a la ciudad de Lugo el matadero frigorífico que estaba previsto instalar en Monforte de Lemos. Dos notas convirtieron aquel caso en apariencia anodino en un episodio ilustrativo de unos manejos a cargo de los gestores del INI que fueron más propios de los años 1940 que de la nueva etapa que pretendidamente se estrenó en 1951. Por un lado, sorprende el grado de autonomía con el que actuó Rufino Beltrán. Como presidente de FRIGSA, se le debe imputar la responsabilidad de una decisión que no fue conocida por el consejo del INI hasta casi tres meses despues. Cuando al fin se produjo la ratificación por los consejeros, Sirvent acudió a dudosas razones de tipo sanitario para justificar el cambio de emplazamiento. Por otro lado, el traslado resultó sumamente oneroso para FRIGSA. En efecto, acuciado por los recortes presupuestarios a los que he aludido anteriormente, Beltrán había previsto ahorrar costes de establecimiento gracias a la donación de unos terrenos por la corporación municipal de Monforte. Amén de los factores señalados, el traslado del matadero a Lugo vulneró el espíritu del Plan de 1951. En particular, porque representó una violación de la norma de respeto hacia las instalaciones existentes según lo manifestado por Suanzes. Atendiendo a sus declaraciones, el INI las tomaría en consideración a la hora de calcular los déficit locales en materia frigorífica. A ese olvido, se refirió repetidas veces Abella señalando que "se trata[ba] de resolver un problema que ya está resuelto por la economía privada" y que "no era misión del INI anular a la iniciativa privada". Es más, sentenció que no era "justo que el Instituto Nacional de Industria mont[as]e una planta sobre el cadáver de otra".

La crítica de Abella al proyecto de establecer un macro matadero para Galicia en la ciudad de Lugo estaba fundamentada sobre un triple razonamiento. En primer lugar, aludió a la posibilidad de ahorrar gastos de transporte por acortarse los recorridos con la creación de varias plantas de sacrificio. En segundo lugar, esgrimió como argumento el afán de reducir los costes fijos medios debido a la modesta capacidad de exportación de ganado vacuno de Galicia, menor de lo estimado por el DIA. Y, por último, se refirió a la falta de mercado para la carne congelada. Esos factores le llevaron a defender la conveniencia de cuatro mataderos pequeños, alternativa que, a su juicio, depararía en el largo plazo mayores ventajas que un sólo matadero. Se reiteró convencido de que era posible utilizar las instalaciones de las empresas privadas que operaban en Galicia.

En opinión de Manuel Ocharán, el Director Técnico del Instituto, la actitud de Abella obedecía únicamente al hecho de que el proyecto del INI había de "herir intereses" creados. Sin embargo, el tono acalorado y a la defensiva que adquirió la respuesta dada por los gestores del INI a las diatribas de Abella, sugiere la existencia de una mezcolanza de factores, difíciles de desenmarañar, que se dieron cita en aquel litigio. Por supuesto, también se personó el Ayuntamiento de Monforte de Lemos. Al fin y al cabo, era otro de los agraviados por la decisión de Beltrán. Así lo manifestó su alcalde quien reclamó la nulidad del acuerdo tomado por el consejo de FRIGSA ya que estaba desautorizado por el propio Plan. Reproduzco seguidamente una parte de su queja porque resume de forma impecable la situación tan sorprendente a la que se había llegado:

"Es tan grande la anomalía de que con fondos del INI se esté ejecutando una obra en contra del mismo INI, que hemos creído un deber señalar ese paradójico hecho a VE [Carrero] por si estima señalar la paralización de dichas obras, hasta tanto el Plan sea aprobado por el Gobierno".

Ocharán estaba probablemente en lo cierto al imputar a intereses creados una de las causas de las protestas contra el Plan. Al desplazar el centro de gravedad de la producción de carne de abasto hacia las regiones productoras de ganado vacuno, la propuesta del INI suscitó oposición por parte de dos clases de empresas. Por un lado, las que, perteneciendo a la región gallega, temieron no poder resistir la competencia de FRIGSA a la hora de adquirir ganado de abasto. En este grupo cabe integrar al matadero de ABELLA y a las industrias chacineras de Ginzo de Limia o de Porriño. Por otro, las empresas que, por estar emplazadas cerca de los mataderos de las grandes plazas de consumo, se dedicaban a la industrialización de subproductos. A esta segunda clase pertenecía, por ejemplo, la sociedad SEBERIA Y PELETERIA GUIPUZCOANA, entidad que agrupaba a carniceros y cortadores de San Sebastián. Dicha empresa que transformaba cueros, sebos y tripas, denunció de forma airada la concentración del sacrificio en origen por considerarlo un atentado a la iniciativa privada.

En los términos de la denuncia lanzada por Abella, pueden descubrirse otros elementos; por ejemplo, el temor a una competencia desleal por parte de FRIGSA. En efecto, caso de que hubiera sido cierta la falta de ganado para satisfacer la demanda de los mataderos gallegos, se habría corrido el riesgo de que la planta del INI acudiese en busca de la protección del Estado para garantizarse el aprovisionamiento. Ello equivaldría a la creación de un monopolio. El argumento fue rebatido con vehemencia por Ocharán quien replicó que

"ni es necesario ni conveniente que existiese legislación especial para la nueva empresa, que no la precisa para desarrollar su función social con eficiencia y en beneficio propio, sino de la economía de la carne".

Esgrimiendo parecidos argumentos, Suanzes alegó a su vez que,

"la planta industrial de [FRIGSA] no pretende ejercer ni un monopolio legal ni un monopolio de hecho, sino actuar en régimen de concurrencia, como se demuestra en el hecho de que no se opuso, hasta el momento, a la existencia de otros mataderos generales que ya existían en Galicia. FRIGSA está dispuesta a competir con todos ellos en régimen de libertad y no de monopolio al que se llegaría sin ningun género de dudas con los cuatro

mataderos de Galicia en una sola empresa que defiende el Sr Abella".

Un último factor a considerar que fue, de hecho, aflorado por Abella, sería la toma de posiciones por parte de los grupos más poderosos de la industria cárnica española en ámbitos distintos a los de sus mercados naturales. De acuerdo con esta hipótesis, la estrategia seguida para expandir el radio de influencia a costa de empresas más débiles estaría aprovechando caudales públicos por medio de alianzas concertadas con el INI. Aunque la información disposible no permite confirmarlo, ese habría sido el móvil que impulsó a Don José Fernández, arrendador del Matadero de Mérida, a entrar en el capital de FRIGSA.

Hasta aquí las razones esgrimidas en su denuncia por las empresas privadas. Veamos a continuación los argumentos que empleó el artífice del litigio, Don Rufino Beltrán, como presidente de FRIGSA, para defender la creación de un único matadero. Para ello, se escudó en la decisión del Gobierno que "actúa", afirmó

"en cumplimiento de unas directrices económicas que le impulsaron a la creación de una empresa para construir una estación frigorífica en el noroeste de España, no señalándose la necesidad de construir cuatro plantas, lo que bien demuestra el deseo del legislador",

olvidando que el proyecto de decreto-ley para la constitución de la sociedad mixta FRIGSA había sido redactado por él. Repitió tan peregrina argumentación para justificar la elección de Lugo como emplazamiento del matadero:

"Si la voluntad del legislador hubiera sido emplazar en Monforte la estación frigorífica, el decreto de 17 de noviembre lo habría manifestado expresamente".

Pero, como novedad, añadió un verdadero decálogo de razones que, por su aparente coherencia, impiden entender por qué la decisión primera benefició a Monforte y no a Lugo. Destacó, en particular, la centralidad de la capital en pleno corazón de una región rica en ganado de carne, con buenas comunicaciones e infraestructura sanitaria, el apoyo de los organismos locales y las posibilidades industriales de la ciudad. Arremetió contra las condiciones de salubridad de los establecimientos ABELLA que tildó de anticuados. A su parecer, era imposible entablar competencia con ABELLA porque ésta empresa desarrollaba su actividad en un sector distinto, el de productos cárnicos. De ahí que fuera indispensable establecer un matadero moderno con instalaciones frigoríficas que, a su juicio, no necesitarían "trato de favor alguno".

En definitiva, Beltrán concluyó que "no puede ser de discusión la necesidad de una empresa que fue creada por un decreto de la Presidencia". Para, acto seguido, instar a Suanzes a recabar un informe del Ministerio de la Gobernación con vistas a efectuar "la oportuna revisión de las causas de la O.M. de 15-2-1944 que autorizó a INDUSTRIAS ABELLA a sacrificar ganado y transportar sus canales a los puntos de consumo". Es decir, Beltrán replicó a los ataques de Abella con la contundencia que solían gastarse los gestores del INI para con las empresas privadas que amenazaban sus proyectos. A pesar de la desproporción clara que existía entre la empresa pública y la privada, la sugerencia fue bien recibida por Suanzes quien se apresuró a hacerla suya. En un escrito a Carrero, manifestó que

"no debo ocultar, a la vista de la actuación de INDUSTRIAS ABELLA, mis sospechas de que esta sociedad trata de entorpecer muchas veces sin reparar en medios, la misión que a este Instituto encomendó el decreto de 17-11-1950. Y como al parecer INDUSTRIAS ABELLA justifica la insistencia en su oposición en la supuesta identidad entre lo que es INDUSTRIAS ABELLA y lo que FRIGSA proyecta, podría solicitarse un informa amplio y detallado sobre la realidad actual de dicha industria, del que es muy posible se dedujese la conveniencia de revisar las causas que motivaron la orden que ... autorizó a ABELLA para sacrificar ganado de abasto".

Por fortuna para INDUSTRIAS ABELLA, el INI de Suanzes carecía de apoyos en otras esferas de la administración española. Ello impidió un informe en la línea que hubieran deseado Beltrán y Suanzes, como lo prueba la siguiente respuesta:

"La Dirección General de Sanidad ha venido manteniendo la autorización ... habida cuenta de que las características sanitarias y capacidad de sus instalaciones corresponden cumplidamente a las disposiciones vigentes emanadas del Ministerio de la Gobernación".

Varios organismos empresariales participaron en la Información Pública abierta en el verano de 1952. En comparación con la encuesta del otoño de 1948, sorprende el corto número de informantes, hecho que puede tener su explicación en el escaso eco que hallaron en el INI sus anteriores comentarios. A excepción de la Cámara jienense de Comercio e Industria que elogió sin reservas los beneficios que reportaría el frío industrial a la economía española, a los restantes informantes coincidieron en su discrepancia con respecto a los contenidos del Plan de Red Frigorífica Nacional. Las críticas más acerbas denunciaron una probable suplantación de la iniciativa privada por la pública como resultado de la puesta en marcha del Plan. De ahí que se reclamase que el INI, como brazo del Estado en lo industrial, limitara su acción a una labor de apoyo económico y técnico a una iniciativa privada que había sido capaz de impulsar el frío en un medio adverso. Por tanto, era urgente evitar la creación de un monopolio estatal que se vería "abrumado por gastos excesivos y embotado por la esclerosis administrativa". A la preocupación por las consecuencias de alterar los flujos tradicionales de ganado, otros antepusieron, en cambio, su disconformidad con el ritmo acelerado que el legislador quiso imprimir a las obras.

* * *

La preferencia del consumidor español por la carne fresca, unida a la lentitud y deficiencia de los medios de transporte terrestre, contribuyeron a preservar más allá del siglo XIX el modelo tradicional en el sacrificio del ganado de carne. Continuó realizándose en los mataderos municipales próximos a los grandes núcleos de consumo. Tan sólo a partir del decenio de 1970, los progresos efectuados en el transporte frigorífico permitieron trasladar el sacrificio a las áreas de producción. En 1955, el número de mataderos municipales existentes en España superaba ampliamente al número de mataderos frigoríficos. Con una ratio de 173:1, era patente que el sacrificio se realizaba en las zonas de consumo. Sin embargo, en el transcurso de los treinta años siguientes, esa hegemonía se ha ido disipando paulatinamente. El traslado del sacrificio hacia las áreas de producción de reses vacunas ha respondido a dos fuerzas complementarias: la proliferación de mataderos frigoríficos y la tendencia a construir plantas de mayor tamaño. Al tiempo que el número de mataderos municipales se estancó en torno a dos millares, los frigoríficos, por su parte, se han multiplicado por un factor de 18. Además, la mayor capacidad instalada de los mataderos frigoríficos - 13.000 Tms anuales frente a un promedio de 8.100 Tms en los municipales -, les ha permitido compensar su inferioridad numérica. A resultas de esa evolución dispar, un porcentaje sustancial del ganado bovino ha sido sacrificado en los mataderos frigoríficos. Para el período 1974/77, contribuyeron con un 42 por 100 del total nacional.

A la vista de los cambios recién descritos, la irrupción del INI en el sector agroalimentario español debe situarse a caballo de los dos modelos que han caracterizado a la producción de carne en el último medio siglo. El principal fruto que deparó su presencia en el sector - el Plan de Red Frigorífica Nacional - se adelantó en casi veinte años al cambio de modelo en el subsector cárnico. De ahí que una de las conclusiones que se han alcanzado en este trabajo, haya sido la de mostrar el carácter precursor de las ideas de los técnicos del INI, con Rufino Beltrán a la cabeza. Desde la dirección del Departamento de Industrias de la Alimentación, Beltrán apostó por una transformación radical de las pautas de producción y consumo de alimentos perecederos en España y, en especial, en lo relativo a la carne. En su afán por maximizar los recursos alimenticios, Beltrán se esforzó por eliminar mermas y regular los precios interiores. Intentó erradicar prácticas ancestrales que regían en la compra-venta de ganado a la par que generalizar el consumo de alimentos congelados en sustitución de los frescos.

Cuanto de innovador ofreció su Plan debe ser pues valorado como una aportación positiva a la modernización de la industria agroalimentaria española. Sin embargo, un balance global no puede deparar un juicio tan favorable por dos motivos principales. En primer lugar, el plan diseñado por Beltrán excluyó la búsqueda de una solución al principal escollo que se oponía al traslado de la industria de sacrificio a los centros de producción: el transporte terrestre. En 1962, el parque de vehículos para el transporte de alimentos refrigerados era claramente exiguo para atender las enormes necesidades que comportaba el Plan. Se ha comprobado que el INI nunca acometió una modernización de los medios de transporte de alimentos en régimen de frío en el quinquenio 1947/51. Y ello a pesar de las muchas advertencias en ese sentido que le hicieron interlocutores tan diversos como la Presidencia del Gobierno o las organizaciones empresariales. En segundo lugar, la acción planificadora del INI se vió lastrada por la dificultad experimentada por sus gestores para sacudirse su innata beligerancia hacia el capital privado. Aquí residió, de hecho, la clave de la actuación del INI en el sector del frío industrial en el período analizado. El profundo recelo que sentían sus máximos dirigentes hacia la empresa privada les impidió ejecutar una política de tipo aséptico. A la postre, consideraciones de índole extra-económica acabaron por primar sobre los factores económicos, técnicos e incluso sobre el oportunismo de sacar provecho a unas circunstancias puramente coyunturales, factores todos ellos que dieron forma a las directrices del Plan.

La controversia que se generó en torno al matadero de Lugo constituyó una muestra perfecta de esa colisión de fuerzas que se repitió en otros muchos ámbitos de la actuación del INI en tiempos de la presidencia de Don Juan A. Suanzes. Bajo el conflicto que enfrentó a Abella con el Instituto, se escondió en realidad un problema de gran envergadura: la credibilidad del organismo paraestatal para ejecutar una política con menores tintes de intervención que le era insistentemente reclamada desde el interior por el capital privado y desde el exterior por los gobiernos aliados. Desde esa óptica, la prueba vivida entre 1947 y 1951 en el sector del frío industrial resultó un verdadero fiasco. Los gestores del Instituto no supieron ajustarse a las nuevas reglas de comportamiento que ellos mismos inculcaron al Plan de 1951.

Los entresijos de esa operación fracasada se hallan en la protesta de un accionista minoritario, Don Francisco Martínez, con sillón en el consejo de FRIGSA en representación de los tratantes gallegos de ganado. Este consejero era propietario del matadero general sito en la localidad orensana de Ginzo de Limia. Por lo tanto, se trataba de un buen conocedor del sector gallego de la carne de bovino.

Martínez denunció, en primer lugar, el engaño de que había sido objeto cuando Beltrán se presentó ante los industriales gallegos invocando el nombre de Franco para recabar su apoyo a los planes del INI:

"La invocación del nombre del Caudillo ... ha tenido la virtud de volcarnos materialmente en la empresa con el mayor entusiasmo, sin reparar gran cosa en la memoria plagada de errores técnicos y de cálculo y de ingenuidades que el Servicio de la Alimentación del INI nos facilitó ... Olvidamos incluso los torpes agravios que se nos infería a los negociantes en ganado de Galicia".

Gracias a su alegato, es posible conocer la estrategia empleada por Beltrán para conseguir el apoyo financiero que requería el proyecto de FRIGSA. En los primeros encuentros mantenidos con los representantes del sector cárnico, Beltrán les invitó a participar en una empresa con un capital social que fijó en 40 millones de pesetas. Una vez convenida su colaboración, elevó la cifra en otros veinte millones. Y, en el momento de constituirse la sociedad, lo volvió a incrementar en cuarenta millones hasta situarlo en la cifra definitiva de cien millones de pesetas. A la vista de esa progresión, es fácil entender que Martínez Rodríguez se sintiera "un poco asustado ante esta inflación ya que los proyectos no han sido variados y sí, tan sólo, el emplazamiento de la Factoría".

En tercer lugar, Martínez retornó sobre un aspecto sobre el que giraba buena parte de la controversia entre el INI y los empresarios del sector, esto es sobre el volumen real de los excedentes pecuarios gallegos a comienzos del decenio de 1950. A ese respecto, el consejero de FRIGSA coincidió con Abella en señalar la escasa verosimilitud de las cifras que había manejado Beltrán. En su opinión, esas cifras estaban exageradas por lo que la única solución para el funcionamiento de la planta de FRIGSA obligaba a yugular a las empresas privadas. En cuanto al recurso de buscar ganado en otras regiones limítrofes como Asturias y Zamora, lo calificó como una solución "irreal y antieconómica". En la raíz del problema, colocó a la progresión ascendente de la ganadería de leche al tiempo que el ganado de abasto estaba en plena decadencia.

La contundencia de los argumentos esgrimidos por Francisco Martínez alcanzó cotas de insospechada dureza al cuestionar, en cuarto lugar, la ubicación del matadero de FRIGSA. Como "único acierto de la memoria del INI", calificó a la decisión de emplazarlo en Monforte en preferencia a Lugo y Orense, decisión que se habría alcanzado tras "meticulosos cálculos". En ese punto hubo acuerdo unánime entre todos los accionistas particulares de FRIGSA. De ahí la sorpresa general cuando, en una decisión inesperada, Beltrán optó por Lugo. En tono categórico, sentenció que las razones para el cambio no fueron "ni técnicas, ni geográficas ni económicas". El traslado de sede no agradó a los accionistas particulares que expresaron mayor disgusto incluso al conocer sus implicaciones económicas. Mientras que la intención primera de la corporación lucense había sido la de emular a su homóloga de Monforte concediendo terrenos gratuitos, la falta de recursos financieros le obligó a solicitar un crédito de seis millones de pesetas a la propia FRIGSA. De ahí que la expropiación y la explanación fueran acometidas a "ritmo vertiginoso" con cargo a los presupuestos de la empresa mixta. El consejero de FRIGSA reveló, por último, que el acuerdo de la corporación había sido impugnado con el consiguiente riesgo de que ello pudiera causar un quebranto financiero por idéntico importe de seis millones de pesetas. A la vista de todo ello, Martínez acabó preguntándose "¿ por qué esta celeridad para un proyecto que no disfruta todavía de la aprobación definitiva ?", en alusión al hecho de que el Plan se hallaba aún en fase de información pública.

¿ Qué motivó tan airada protesta de un consejero y socio de FRIGSA ? En su origen, hallamos las mismas razones que despertaron las iras de Abella y de otros empresarios del frío industrial: la competencia que les plantearon unas empresas impulsadas por el INI en un sector en el que existían índices de sobrecapacidad. En efecto, tal como intuyó Abella, la viabilidad de FRIGSA dependía de la exclusión de otras empresas. Esto fue lo que ocurrió con los mataderos de Ginzo de Limia y de Betanzos.

"No parece sino que lo que pretende FRIGSA es constituir un trust con la natural eliminación de todo aquello que pueda restar dividendos a la empresa".

APENDICE A

Solicitudes de instalación (ampliación) de cámaras frigoríficas (A)(a), fábricas de hielo (B)(b), otros (C)(c), matadero (M), empleo (D carne, E pesca, F frutas, G huevos, H otros, L leche); Lugar: en myas capital, en minúsculas provincia y referencia INI (Todos 200.28, año, exp. por ej: 48-62 leg. 200.28 '1948' exp. 62)

Nº RAZON SOCIAL LUGAR TIPO EMPLEO REFERENCIA

1 MAESTU, SA Valencia A F 48-62

2 IRIARTE y CIA San Sebastián A E 48-39

3 NAVES INDUSTRIALES Madrid A H 47-06

4 COPASA Vcia/Sevilla A F 48-17

5 Puig Negre, R. Zaragoza Ab 49-01

6 Cabrera García, M La Coruña A F 49-03

7 Olmedo Roig, F. Valencia b 49-17

8 Cofradía Mareantes Vizcaya B E 49-30

9 Rojas Jimenez, A. Toledo B 49-31

10 Pérez Accino, R. SEVILLA A 49-32

11 Saro Posada, F. Asturias A 49-37

12 MEIPI Guipúzcoa Ab E 49-40

13 Escuer Brussau, J Asturias A H 49-50

14 Ayto de Murcia MURCIA A 49-70

15 IPASA Pto de la Luz A E 49-72

16 FRIGOs del NORTE Vizcaya ab 49-74

17 Serrats Urquiza Guipuzcoa A 49-76

18 MARSA Vigo AB 49-86

19 Cofradía PescadoresLugo A 49-87

20 FRIGOs de VIGO, SA Vigo b 49-88

21 Diego Betancor, SA SEVILLA a F 49-107

22 Pesca MARSA Vigo A E 49-113

23 Cerezo Muñoz, T. Cartagena A 49-119

24 Frigola Palol, F. Barcelona A 49-132

25 Ayto de El Grove El Grove AB 49-135

26 NAVES INDUSTRIALES Santurce A 49-140

27 NAVES INDUSTRILAES La Coruña A 49-141

28 Rodríguez idem, J. Asturias A F 49-171

29 SM Colonizadora Ap.MADRID A 49/183

30 Josa Ariza, A. ZARAGOZA A F 49/187

31 HIELO MADRID, SA Madrid B 49/191

32 FRIGOs DELICIAS, SAMadrid A 49/192

33 Martín Mendicute Madrid AB 49/197

34 IPASA Las Palmas b E 50/2

35 Frigos Málaga MALAGA A E 50/4

36 Naves Industriales MADRID A 50/10

37 Martín Mendicute Madrid B 50/15

38 FRIDESA MADRID A 50/24

39 SA WEIL CEUTA A 50/25

40 A. Montón Buj Madrid B 50/27

41 F. Gª Noceda Asturias A F 50/34

42 E. Suárez Rezola Guipúzcoa A 50/47

43 Frigos del Sur SEVILLA a 50/63

44 González Tornavijo SEGOVIA A 50/74

45 Miyares González Asturias A F 50/75

46 Cuervo Jaén, L. Madrid A 50/82

47 Cabrera Díaz, S. Gran Canaria A E 50/97

48 Frigos Delicias Madrid b 50/120

49 MARSA Pontevedra A E 51/14

50 Rebollo Puerta, F. SEVILLA A 51/18

51 Padró Sentís, A. Coruña A 51/19

52 Remacha, I. Navarra A F 51/20

53 Martínez Canteli Asturias A F 51/26

54 Villanueva Reta, V Navarra A D 51/34

55 Echevarría Naveira Coruña A D 51/40

56 Cienfuegos Barberá OVIEDO A F 51/42

57 Sierra, S. Coruña M D 51/50

58 Marqués Alonso, M León M D 51/54

59 López Pardo, J. ZARAGOZA A 51/60

60 Muerza, J. Navarra a 51/61

61 Corrales Vicente MADRID a L 51/74

62 Angel Ojeda, SA Canarias B 51/81

63 López Socas, R Canarias B 51/82

64 FRIGOs Norte ZARAGOZA A G 51/83

65 Santiago, H. Navarra AB F 51/84

66 Armadores PesquerosCanarias B F 51/88

67 FHARPES Canarias B 51/96

68 Alonso Morán, M. Canarias a E 51/99

69 Zulaita Arregui, L Alicante ab 51/107

70 Ayto de Palma PALMA AB 51/112

71 IPASA Canarias b E 51/116

72 Lizasoain, M. MADRID a H 51/128

73 FRIGOs de HUELVA Huelva A 51/129

74 Sainz Herranz, M. Canarias a 51/131

75 Gª Penasco, J. Canarias B 52/9

76 Rdez Berrocal, E. Madrid AB L 52/10

77 Comercial Vigo, SA Canarias b 52/12

78 Valle, Ballina Asturias a F 52/20

79 Polo Ramos, J. Sevilla Ab H 52/36

80 Sánchez Valle, J. Asturias A 52/37

81 Ramos Moro, L. Asturias A G 52/38

82 Florez Pérez, A. MADRID AB 52/43

83 Sampedro Peñeiro Asturias A G 52/44

84 Angel Ojeda, SL Canarias b E 52/62

85 Fraga Alvarez, D. Madrid A 52/66

86 Goizueta Díaz, N. MADRID A F 52/75

87 Hernández-Mora, P. MADRID A F 52/76

88 Mompó Aliño, L. VALENCIA A 52/78

89 Tessier Martín, A. Asturias A G 52/175

90 Sebería GuipuzcoanaGuipuzcoa a H 52/179

91 Tessier Martín, E. Asturias A G 53/1

92 Cía Gral Carbones HUELVA A E 53/2

93 AFRUSA MADRID A F 53/3

94 Villalobos Cuesta Asturias A G 53/8

95 Alfaro Fernández Sevilla A D 53/9

96 Castejón, G. OVIEDO A D 53/22

97 Medina Villalonga Sevilla A 53/24

98 Zalacain & Manent BARCELONA A 53/26

99 FRIGOs de VIGO Pontevedra a 53/27

100 Feria Ponce, J. SEVILLA A DE 53/38

101 Hos Palma González Sevilla A 53/44

102 Cabrera Díaz, L. Canarias A E 53/50

APENDICE B

Informes sobre instalación (ampliación) de cámaras frigoríficas (A)(a), de hielo (B)(b), otros (C)(c), - Empleo (D carne, E pesca, F frutas, G huevos, H otros, L leche) - Apéndice A núm. de orden - Dictamen (S) conformidad (N) disconformidad; clase DIA Departamento de Industrias de Alimentación - DT Dirección Técnica - G Gerencia - Referencia INI (Todos 200.28, año, exp. por ej: 48-62 leg. 200.28 '1948' exp. 62).

APEND A TIPO EMPLEO DICTAMEN REFERENCIA

DIA DT G

1 A F S N 48-62

2 A E N 48-69

3 A H N N 47-07/10

4 A F N N 48/18

5 Ab S S 49-01/08

6 A F - 49-12

7 b - S 49-18

8 B E - - S 49-38

49-45/62

9 B S S 49-39

10 A ? N N 49-42/61

11 A F S S 49-41/60

12 Ab E N N 49-40

13 A H S S 49-64/78

14 A F S 49-70/97

15 A DE S S S 49-80/83

16 ab S 49-89

20 b E S S S 49-99

49-100/143

18/22 a E S S S 49-116/125

21 ab F S S 49-121/128

23 A - 49-122

24 A N/S S 49-139/153

25 AB E S 49-144

26 A N S 49-140

27 A N/S S 49-142/150

28 A F S S 49/172/179

29 A S 49/196

30 A F S S 49/195/198

31 b S 49/201

31b b N N 50/81/89

32 A S/N 49/202

34 b E S 50/3

35 A E S S 50/4

37 B S S 50/16/21

38 A S S 50/30/39

39 b S 50/33

40 B S S 50/40/46

41 A FG S S 50/43/45

42 A DEF S/N S/N 50/54/61

43 a S S 50/66/72

44 A EF S S 50/80/85

45 AB F S S 50/90/92

46 A S 50/103

47 A E S S 50/104

50/109

48 b S N 50/125

51/4

49 A E S S 51/15

50 A S S 51/21/23

51 A S S 51/22/25

52 A EF S 51/28

53 A F S S 51/29/36

54 A D S S 51/41/52

55 A D N N 51/43/51

56 A FG S S 51/59/62

57 D N 51/50

58 M D N N 51/58/63

59 A DE S S 51/66/71

60 a F S S 51/73/77

61 a L S 51/76

62 B E S ? 51/85/108

63 B E S 51/86

64 A FG S 51/91

65 A F S S 51/87/92

66 aB E S 51/110/118

67 B S 51/97

68 a E S 51/113

69 b DEF N N 51/120/125

69bis b E S S 52/25/30

70 AB DEF S S 51/121/126

71 b E S 51/122

72 A H S S 52/2/6

73 A S S 52/3/8

74 a S 52/1

75 B S S 52/11/14

76 AB L S S 52/22/29

77 b E S S 52/13/17

78 A F S S 52/24/28

79 Ab H S S 52/42/53

80 A G S S 52/42/45

81 A G S S 52/46/52

82 AB F S S 52/56/61

83 A G S S 52/55/60

84 b E S S 52/65/68

85 A F S 52/80

86 A F S S 52/86/93

87 A F S S 52/85/89

88 AB S S 52/84/91

91 A G S S 53/6/13

92 A E S S 53/7/14

93 A F N S 53/5/11/25

94 A G S S 53/46/49

95 A D S S 53/18/21

96 A DEF S S 53/31/34

97 A F S S 53/30/36

98 A S S 53/29/35

100 A DE S S 53/40/42

101 A ? 53/45

Bibliografía y Fuentes

A.- Fuentes primarias

Las fuentes primarias consultadas para la preparación de este documento de trabajo proceden del Archivo Histórico del INI, en concreto los legajos pertenecientes a la signatura 200.28 comprendidos entre los años 1947 y 1952; Archivo de la Presidencia del Gobierno (APG) y Archivo de Don Juan A. Suanzes (AS). Agradezco la asistencia que me han prestado Luisa Auñón, Ignacio Ruiz Alcaín y Ana Sisniega para su consulta.

B.- Bibliografía citada

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________ (1994b), "Del matadero a la tenería: producción y consumo de cueros y pieles en España (1900-1933)" en Nadal (1994) pp. 267/94.

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Viñas, A. et al (1979), Política Comercial Exterior de España (1931-1975), Madrid, 2 vols.

Indice de Abreviaturas

AEE Anuario Estadístico de España

APG Archivo de la Presidencia del Gobierno

AS Archivo Suanzes

CGCG Comisión Gestora de Conservas Gaspar

COPASA Conservación de Productos Alimenticios, SA

CSIC Consejo Superior de Investigaciones Científicas

DIA Departamento de Industrias de la Alimentación

DT Dirección Técnica

ENCASO Empresa Nacional Calvo Sotelo de Combustibles y Lubricantes

ENFISA Empresa Nacional del Frío Industrial

FRIGSA Frigoríficos Industriales de Galicia, SA

IFESA Industrias Frigoríficas Extremeñas, SA

IGFISA Industrias Gaditanas del Frío, SA

IPASA Industrias Pesqueras Africanas, SA

INI Instituto Nacional de Industria

RTC Rio Tinto Company

SEAT Sociedad Española de Automóviles de Turismo

SEMATSA Sociedad de Estudios y Explotación de Material de Transportes

SOES Secretaría General para la Ordenación Económico- Social

Serie

"La Industria en la España de Franco, 1939-1959"

1. A. Gómez Mendoza, El INI y la Minería de la Pirita (1941-1963), nº 9436.

2. E. San Román López (ed.), Fuentes Documentales para el Estudio de la Industria en la España de Franco, (1995).

3. A. Gómez Mendoza, Hacia una Economía del Frío: el Plan de Red Frigorífica Nacional, (1995).

Fecha de actualización: 07/08/98