Documentos de Trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
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Índice

Presentación

1. La economía mundial actual: "globalización" de las políticas de ajuste como respuesta a la crisis

2. El ajuste en la UE: el acuerdo de Maastricht

3. El papel de las privatizaciones en el ajuste

4. Un sector paradigmático: las pensiones

5. Conclusiones

Referencias bibliográficas

Presentación

Encuadrado en una investigación más amplia, el objeto del presente trabajo es el análisis de los procesos de privatización en los países de la Unión Europea (UE). No se trata, sin embargo, de describir o cuantificar dichos procesos sino de intentar avanzar en la comprensión de su significado. Especialmente, en lo que hace relación a su contextualización en la economía mundial actual caracterizada por la persistencia de la crisis, por su creciente transnacionalización y parasitismo así como por la aplicación a escala global de políticas de ajuste y regresión social (las políticas "fondomonetaristas") como respuesta del capital a la crisis. Es decir, no estudiándolos de forma aislada sino situados en el marco en que tienen lugar y particularizando su estudio para la Unión Europea (UE) y para un caso específico del "Estado del Bienestar": las pensiones.

La estructura del texto es la siguiente. Comenzamos caracterizando el período actual -en su inserción en la evolución histórica de la economía mundial- como crisis estructural ante la que el capital responde con la aplicación generalizada de las políticas de ajuste, en las cuales las privatizaciones desempeñan un papel central (1). A partir de esto, abordamos directamente el estudio de las privatizaciones: su conceptualización, causas, consecuencias y significado (2). Dedicamos los dos apartados siguientes a aplicar la discusión planteada a un área concreta, la UE (3) y a un sector específico, la previsión (4). Cerramos el texto con un apartado de conclusiones y perspectivas en el que incorporamos también algunos aspectos políticos de especial relevancia en el tema (5).

1. La economía mundial actual: "globalización" de las políticas de ajuste como respuesta a la crisis

La caracterización de la economía mundial actual es fundamental para poder contextualizar en ella los distintos fenómenos y en particular nuestro objeto de estudio, la política de privatizaciones. Para llevar a cabo adecuadamente dicha caracterización es necesario insertarla en la evolución histórica que ha tomado como tal (como economía mundial) bajo el modo de producción que la consolidó y que la sigue rigiendo, el capitalista.

Sin embargo, la pregunta acerca de en qué estadio histórico del capitalismo estamos ha sido recurrentemente hurtada al debate. En efecto, desde los años cincuenta y sesenta el análisis convencional intensifica los intentos de desterrar de la discusión el comportamiento irregular de las economías capitalistas fruto de sus contradicciones. Incluso cuando en los primeros setenta estalla brutalmente la crisis estructural -que venía latiendo desde mucho antes- mayoritariamente es atribuida de forma exclusiva a factores coyunturales. Dicho de otro modo, para dicho análisis los períodos de auge se deben a la lógica del capitalismo (eufemísticamente llamado "economía de mercado") funcionando sin distorsiones y los de recesión a cuestiones puramente puntuales.

A pesar de la persistencia de la situación crónica y estructural de crisis, trata de sustituir su discusión por fórmulas cómodas y demagógicas como la del "fin de la historia" de Fukuyama o la utilización sistemática del término genérico "globalización" o "mundialización" para designar todos los distintos tipos de procesos que caracterizan la situación actual. De manera que se prescinde del que, desde nuestro punto de vista, constituye uno de los rasgos básicos del método de análisis de las sociedades: su carácter histórico.

En los últimos años, desde muchos ámbitos se conceptualiza la etapa actual de la economía mundial como "globalización". A continuación, discutiendo esta conceptualización, plantearemos nuestra visión del tema.

La utilización más simplista del término "globalización" -muy extendida, especialmente en los medios de comunicación- es la que se formula a modo de "cajón de sastre" en el que se incluyen todo tipo de fenómenos: entre otros, de relaciones internacionales -caída de los regímenes estalinistas de la Europa del Este y otras partes del mundo-; tecnológicos -expansión y consolidación de nuevas técnicas informáticas, de comunicación, etcétera-; económicos -mayores grados de internacionalización y transnacionalización de la economía mundial- y políticos -debilitamiento y crisis de las corrientes "oficiales" de la izquierda: socialdemocracia y estalinismo-. Esta acepción, a pesar de partir de fenómenos efectivamente existentes, no tiene ninguna validez desde el punto de vista teórico por la mezcolanza de elementos que plantea sin ninguna ordenación "lógica" entre ellos, así como por los factores claves que directamente esconde.

Cuando se trata de precisar más, desde el punto de vista específicamente económico se plantean otros contenidos para el concepto "globalización". Fundamentalmente, en relación a dos aspectos: a una expansión de las relaciones de producción capitalistas a escala mundial y a una mayor interdependencia de los mercados internacionales.

Aunque en menor número de ocasiones se formula como tal, la clave está en el primero de estos planteamientos porque su análisis nos lleva directamente al elemento crucial de la discusión. Un análisis superficial hace aparecer como real la extensión o propagación del capitalismo. Sin embargo, profundizando en el tema la cuestión cambia radicalmente.

En efecto, en la etapa actual de la economía mundial no se produce una extensión del capitalismo. Lo que tiene lugar es la profundización de su carácter imperialista en el que la lógica de funcionamiento refuerza el predominio del capital financiero. Capital que busca sus fuentes de apropiación de ganancia (que no creación) en el plano especulativo, lo que se traduce en la necesidad de reducir drásticamente los recursos destinados a usos productivos, destruyendo masivamente fuerzas productivas (particularmente a través del abaratamiento del costo del trabajo como con la reducción de gastos sociales). De ahí el carácter parasitario y marcadamente regresivo del capitalismo actual.

Es cierto que la población mundial que vive bajo relaciones de producción capitalistas actualmente es mayor que en otros períodos. Sin embargo, no es cierto que esto se dé de la forma "clásica". La forma que toman actualmente las relaciones capitalistas de producción a escala mundial (con mayores niveles de desempleo y subempleo, con desinversión productiva, con liquidación de sectores prácticamente completos -procesos de desindustrialización-, con la especulación coronándolo todo) requiere tener en cuenta el carácter peculiar de la etapa actual del capitalismo: la profundización en los rasgos típicos de su configuración imperialista característica de todo el siglo XX.

Si no se puede caracterizar la actual etapa del capitalismo como "globalización" en este sentido, de igual manera ocurre con la que la interpreta como aumento en la interdependencia económica internacional. Es indudable que actualmente existe una elevada interdependencia de los mercados internacionales. Pero, incluso si se considera de mayor grado que en ningún otro período histórico -lo cual habría de ser contrastado-, ¿acaso sería éste el rasgo central de la etapa actual del capitalismo? Estudiémoslo.

En todo caso, aun concediendo una importancia crucial a este proceso, lo que resulta fundamental es: i) explicarlo de acuerdo a su condición de fruto de la lógica de funcionamiento capitalista que persiguiendo la mayor apropiación de ganancia hace prevalecer los ámbitos financiero-especulativos (para lo que se impulsa la desreglamentación a escala mundial), y ii) que ese proceso de interdependencia internacional, vale decir internacionalización, no es novedoso ni peculiar del período actual sino que viene de lejos. Dicho de otro modo, la elevada interdependencia no es el rasgo clave de la etapa actual ni original de ella, sino consecuencia histórica del carácter de dicha etapa.

Ciertamente, el punto de partida debe ser la consideración de la economía mundial como tal. Esto no es en absoluto original de los últimos años, dado que por lo menos todo el siglo XX se ha caracterizado precisamente por esto: la existencia de una única estructura económica mundial. De carácter capitalista, con independencia de que en una parte del siglo existieran economías nacionales no capitalistas.

De hecho, ya en 1916 Lenin escribía

"hace ya mucho que el capitalismo ha creado un mercado mundial".

Y significativamente ya entonces los "economistas burgueses" hablaban de "globalización" aunque la denominaban "´entrelazamiento´, ´ausencia de aislamiento´, etcétera" a lo que él respondía con una frase perfectamente aplicable a la actualidad:

"¿Qué significa, pues, la palabra ´entrelazamiento´? Expresa únicamente el rasgo más acusado del proceso que se está produciendo ante nosotros; muestra que el observador cuenta los árboles y no ve el bosque, que copia servilmente lo exterior, lo accidental, lo caótico; indica que el observador es un hombre abrumado por los datos en bruto y que no comprende nada de su sentido y de su significación".

Sustítuyase el término "entrelazamiento" por "globalización" y tendremos una excelente aporte a nuestra discusión.

Un factor explicativo importante de la existencia de diferentes interpretaciones del carácter de la economía actual radica en la consideración del desempeño económico en las dos décadas y media posteriores a la Segunda Guerra Mundial. La clave se encuentra al observar cómo la crisis que estalla en los primeros setenta no es ni cíclica ni coyuntural.

En efecto, el alcance de la crisis es aún mayor del que se expresa en los datos porque la quiebra del crecimiento de posguerra es la quiebra del intento de revertir la situación de crisis crónica subyacente a lo largo de todo el siglo XX que sólo pudo ser aparcada a partir de las condiciones excepcionales de posguerra y de la utilización de medios artificiales. Por eso, cuando hablamos de crisis crónica y estructural nos referimos a la persistencia en la imposibilidad por parte del capital de dotarse de espacios productivos en los que generar un crecimiento sostenido y con carácter generalizado. En definitiva, su incapacidad de mejorar las condiciones de vida de la población (cuestión claramente ejemplificada cuando autoridades económicas hablan de reactivación ... ¡con mayor desempleo! o cuando las recesiones no afectan a los beneficios).

De manera que la quiebra de aquel período de crecimiento pone de manifiesto la gran inestabilidad de las bases sobre las que se asentaba, es decir, su enlace con la crisis del período de entreguerras. La crisis que estalla en los primeros setenta consiste en las dificultades de mantenimiento de una tasa de ganancia apropiada crecientemente en la esfera de la circulación y en el predominio del capital financiero y oligopólico a escala mundial (fundamentado en la preponderancia de la exportación de capitales sobre la de productos; en la relativa autonomía de los circuitos financieros respecto a los de producción de mercancías; en las rentas de monopolio; en las relaciones de dominación entre Estados y en el componente especulativo por sobre el componente productivo). La crisis es, en definitiva, el fracaso en el mito de tener superadas las contradicciones del capitalismo: es la crisis del imperialismo.

Por eso, el elemento central de la situación actual no es la extensión de las relaciones de producción capitalistas en el sentido de crecimiento o expansión, sino la intensificación de las relaciones de explotación a escala mundial (abaratamiento del costo de trabajo con destrucción de fuerzas productivas) como respuesta a la masiva apropiación de plusvalía por el capital especulativo, es decir, como respuesta al parasitismo característico de la etapa actual. En concreto, la explosión del paro en el mundo muestra que los enormes beneficios generados por la especulación se obtienen al precio de una desindustrialización generalizada. O, dicho de otro modo, que los fenómenos como la desindustrialización o el desempleo no son sino la otra cara de la especulación.

Es en este contexto en el que se puede comprender cabalmente el porqué de las políticas de ajuste: para hacer viable ese abaratamiento del costo de trabajo que pueda seguir nutriendo la apropiación de ganancia por parte de los capitales especulativos. Por lo tanto sí hay un sentido en el que hablar de globalización de forma inequívoca: se trata de la globalización de la aplicación de políticas de ajuste a escala mundial. Luego veremos que la privatización es uno de los ejes principales de estos planes.

2. El papel de las privatizaciones en el ajuste

Como hemos apuntado, el estadio actual de la economía mundial se sitúa en el marco de la crisis crónica y estructural. Frente a ello, el capital, de acuerdo a su lógica de funcionamiento, busca los medios de incrementar o al menos mantener su tasa de ganancia. Especialmente considerando la apropiación creciente de ella que se hace en el ámbito especulativo.

Para ello se aplican políticas de ajuste que tratan de lograrlo a través de distintos mecanismos: i) apertura exterior (desreglamentación) como mecanismo de ampliación de la base de extracción de plusvalía para el capital transnacional, especialmente en el ámbito financiero (es decir, de nuevo, más que extracción, apropiación); ii) desregulación/precarización del mercado de trabajo como forma de abaratar el costo del trabajo para aumentar la tasa de plusvalía e impulsar al alza la de ganancia, y iii) privatizaciones (con un componente central, en muchos casos, de camuflaje de procesos de cierre de empresas/sectores, es decir, de destrucción de fuerzas productivas). A continuación nos centraremos en el análisis de los procesos de privatización.

Crítica del análisis económico convencional

La inmensa mayoría de los análisis sobre el tema incurren en carencias de fondo que impiden comprender el significado profundo de estas políticas. Entre estas carencias destacan dos: i) se analizan parcialmente, aislándolas de la realidad social global y obviando su verdadera dimensión como eje central de las políticas de ajuste, y ii) se abordan ahistóricamente, es decir, sin tomar en consideración el contexto histórico en que tienen lugar.

Por todo ello, entendemos que es imprescindible tomar como punto de partida un enfoque de economía política y no de hacienda pública, de política económica o de teoría económica. Este enfoque (si se prefiere, de crítica del análisis económico convencional) parte de un elemento obvio y central: en las sociedades capitalistas la lógica de funcionamiento radica en la búsqueda de maximización de la tasa de ganancia del capital, para lo cual se pretende la mayor plusvalía (o explotación), el menor salario. Por eso, el salario no es una categoría economicista ni individual sino que es, esencialmente, una relación social.

El otro requisito para abordar las políticas de privatización es la consideración del referido contexto histórico actual de la economía mundial caracterizado por la crisis crónica y estructural que lleva aparejada un marcado proceso de putrefacción de las relaciones económicas con destrucción masiva de fuerzas productivas (desempleo, desinversión, etcétera).

Los procesos de privatización no son simplemente un cambio de titularidad de determinadas empresas que pasan de ser públicas a privadas. Ese planteamiento esconde la esencia del fenómeno impidiendo una adecuada caracterización del mismo. Entendemos por privatización el proceso económico, político y social de reestructuración que (a través de la transformación jurídica del carácter de pública al de privada de la propiedad de una empresa, de un sector o de una actividad económica), abre nuevos espacios a la acumulación y ganancia privada, a costa de una aún mayor destrucción de fuerzas productivas y de regresión social.

¿Por qué se privatiza?

Conceptualizado el fenómeno, nos interesa una cuestión fundamental: ¿por qué la privatización es una política central de todos los gobiernos? La explicación "oficial" plantea que el Estado interviene demasiado lo que, alterando el "libre" funcionamiento del mercado, impide la óptima asignación de recursos y la mayor eficiencia así como, con ello, el equilibrio, el crecimiento, la estabilidad e incluso la mejora de las condiciones de vida de la población. De manera que el Estado debe reducir su participación únicamente a aquellos aspectos que el mercado no puede cubrir (los llamados "fallos del mercado"). Esta idea, típicamente neoclásica o neoliberal, no aporta nada al análisis (de hecho, es discutible incluso que efectivamente el Estado intervenga cuantitativa y cualitativamente menos ahora de lo que lo hacía veinticinco años atrás: lo hace de distinta manera). Al fin y al cabo, el recurso a este enfoque no es sino la justificación pseudoteórica de la aplicación de políticas acordes a determinados intereses.

¿Por qué entonces estas políticas? Como ya hemos dicho, en primer lugar se debe considerar el contexto histórico actual de crisis. En ella, la dificultad del capital para disponer de espacios de valorización o ganancia (debido a la destrucción de aquellos sectores en los que el capital basó su expansión) hace imprescindible la búsqueda de nuevos espacios y de ensanchamiento de la ganancia en todos.

Para lo primero se privatizan aquellos sectores o segmentos (rentables) previamente reservados al sector público (sanidad, educación, telecomunicaciones, pensiones, etcétera) y para lo segundo se busca reducir los salarios reales. En la realidad ambos fenómenos no se dan de forma aislada sino profundamente interrelacionados lo que conforma la base de los planes de ajuste.

Consecuencias de la privatización

Evidentemente, los procesos de privatización tienen importantes efectos económicos y sociales. No nos detendremos mucho en el estudio de sus efectos sobre la eficiencia y sobre las cuentas fiscales. Sí nos detendremos más en analizar sus impactos sobre el crecimiento y la distribución del ingreso.

En cuanto a la eficiencia -de la que no existe una gran evidencia empírica en ningún sentido-, únicamente queremos apuntar dos cosas: i) que ésta no puede ser medida exclusivamente desde el punto de vista monetario-financiero sino que hay que incluir su eficiencia o rentabilidad "social", y ii) que el dogma tan profusamente repetido de que "las empresas privadas siempre son más eficientes que las públicas" se tiende a convertir en una suerte de profecía autocumplida por cuanto que las que se privatizan son las empresas o actividades más rentables (y cuando no es así, su saneamiento previo -reestructuración y desmantelamiento/destrucción- asegura la rentabilidad posterior).

Respecto a los cuentas fiscales, solamente una visión absolutamente miope por "cortoplacista" podría sustentar que vender activos rentables sea positivo para una entidad. En efecto, de las privatizaciones, en el mejor de los casos puede resultar un ingreso neto en el corto plazo. Los ingresos nominales que para las cuentas fiscales suponen la venta de una empresa pública presentan la contrapartida de la pérdida de participación en sus beneficios, lo que más tarde o más temprano acaba convirtiendo la operación en desventajosa para el Estado.

Nos interesa más detenernos en los efectos sobre el crecimiento y la distribución del ingreso. En relación al primero, las políticas de privatización no tienen el efecto expansivo que se les atribuye en la teoría convencional. En efecto, las consecuencias sobre el crecimiento son diferentes si se las analiza desde un punto de vista nominal o real. Desde el primero es posible que se dé un cierto nivel de crecimiento por el incremento de precios. Sin embargo, desde un punto de vista real el resultado tiende a ser negativo por el cierre de todos aquellos segmentos de la producción no rentables, o de menor rentabilidad, así como por las disminuciones de plantillas. Es decir, por la destrucción de fuerzas productivas que conlleva.

Veamos el impacto de las privatizaciones sobre la distribución del ingreso. Acabamos de citar la tendencia a la reducción de empleo tras cada proceso privatizador (tanto por el cierre de actividades como por la búsqueda de una mayor rentabilidad del trabajo ocupado). Directamente, esta tendencia a mayores niveles de desempleo presiona a la baja los niveles salariales a través del mecanismo clásico del "ejército industrial de reserva".

Pero no es éste el único mecanismo. Anteriormente hablamos de la consideración del salario como una relación social. En efecto, el salario real no es sólo el salario individual corregido por la inflación sino que ha de incluir también todos los distintos tipos de remuneraciones, directas o indirectas, presentes o futuras, de que disponen los trabajadores en una sociedad.

Por eso, dentro del salario hay que incluir el salario "indirecto" y el salario "diferido". El "indirecto" consiste en el suministro de una serie de bienes y servicios por parte del Estado a precios inferiores al mercado. Una de las medidas que toman los nuevos gestores de una empresa tras su privatización (inmediata o posteriormente según el grado de competencia) afecta a su estructura tarifaria en sentido alcista (por lo que el salario se reduce). El "diferido" es la parte de salario cuyo cobro se aplaza hasta la jubilación. La privatización de su gestión -como bajo la dictadura en Chile- redunda, entre otras cosas, en una reducción del salario por este concepto. Así, tenemos que las políticas de privatización se traducen en disminuciones salariales por las diferentes vías comentadas.

Añadidamente, las reestructuraciones que preceden a la privatización de aquellas empresas no rentables refuerzan el contenido redistributivo fuertemente regresivo de estas políticas por la transferencia de recursos del Estado al capital privado que suponen.

Por tanto, la propia esencia de la privatización, que es la transferencia de recursos efectivos y/o potenciales del Estado al capital privado, supone, en sí misma, una redistribución de la participación en el ingreso de las distintas clases sociales. Esta redistribución se da fundamentalmente entre el capital y el trabajo, de forma netamente desfavorable para éste por los mecanismos apuntados. Pero también tiene lugar al interior de la esfera del capital. Efectivamente, en ella, aquellos sectores vinculados a los grandes grupos transnacionales (que operan de forma oligopólica por la tendencia a la concentración y centralización de la propiedad del capital), sobre todo financieros, refuerzan su posición dejando cada vez menos espacios para las pequeñas y medianas empresas, especialmente para aquellas que realizan su actividad en el sector industrial.

El significado de la privatización

Como ya hemos apuntado, su primer sentido se centra en la apertura de nuevos espacios para la valorización del capital. Así, hoy día el capital privado hace negocio en sectores como las telecomunicaciones o los transportes pero también en la enseñanza, la sanidad, las pensiones y hasta el desempleo (con las agencias privadas de colocación). Pero además, a estos procesos les es inherente otro rasgo: naturalmente, tras una privatización la empresa no lleva a cabo su actividad de la misma manera que lo hacía previamente. Esto se materializa -entre otras cuestiones como los cambios tarifarios- en que la empresa privada liquida todos los segmentos de actividad que no son rentables desde su lógica de actuación. Por ello, de forma generalizada los procesos de privatización suelen llevar aparejados un fuerte componente de destrucción de fuerzas productivas, con desinversión, desempleo, etcétera. Es el caso, a modo de ilustración, de la privatización de transportes que de forma prácticamente automática (salvo restricciones legales, generalmente transitorias) se traduce en la eliminación de las líneas u horarios menos rentables.

Por lo tanto, el significado básico de las privatizaciones no es sino la transferencia de un importante volumen de recursos efectivos o potenciales del Estado al capital. Más específicamente a determinados segmentos: aquellos dirigidos por el transnacional y enlazados con el financiero-especulativo (más directamente parasitarios). Su otra cara es, obviamente, la pérdida de participación en el ingreso del resto de la población (directa e indirectamente) y por ende en su consumo. Es decir, un empeoramiento de sus condiciones de vida. Aparentemente, visto así, sólo podrían darse problemas en el plano político o social.

Sin embargo, incluso desde la propia lógica del capital se plantean otros problemas. Máxime si lo miramos desde una perspectiva más amplia y general.

En efecto, lo que se propone como un medio para la generación de nuevos -y también mayores- espacios de acumulación capitalista, dado el estadio histórico de crisis estructural en que la evolución del capitalismo se encuentra, solamente redunda en la profundización de las contradicciones: entre otras, la preeminencia absoluta de los ámbitos financieros que viven de parasitar de los productivos, las graves escaseces de demanda (por los altos niveles de desempleo/subempleo y los reducidos salarios reales) y los nuevos impulsos a la ya desaforada concentración del capital.

Todo lo expuesto hasta el momento refuerza la idea ya apuntada de que las privatizaciones no son una cuestión meramente técnica sino que fundamentalmente constituyen un fenómeno político. Y tal es la importancia actual del tema que, de hecho, se constituye en una de las principales líneas de fractura.

Con las privatizaciones ocurre lo mismo que con las "reestructuraciones" de plantillas en las que, bajo fórmulas como "jubilaciones anticipadas", "despidos incentivados" u otras, se pretende esconder su significado. Dicho de otro modo, no existen privatizaciones positivas para los trabajadores. Ya sean directas o indirectas, graduales o repentinas, "transparentes" o "clandestinas", toda privatización supone, en sí misma, una agresión para la clase trabajadora.

Precisamente por su carácter de agresión a los trabajadores se requiere para su aplicación de constantes falsificaciones de la realidad (pretendidamente científicas) y de la colaboración de dirigentes de organizaciones de trabajadores, lo que abordaremos en el último epígrafe.

3. El ajuste en la UE: el acuerdo de Maastricht

Como hemos señalado anteriormente, las políticas de ajuste -y dentro de ellas las de privatización- se aplican de forma generalizada en todo el mundo. Las excusas para su aplicación varían en los distintos casos. Por ejemplo, en los países subdesarrollados el instrumento para exigir su aplicación es la cláusula de condicionalidad que los organismos internacionales (FMI-BM, OCDE, etcétera) imponen a los países en los procesos de renegociación de su deuda externa (cuyo origen así como su crisis derivan directamente de la propia crisis mundial). En los países en que el capital fue expropiado, la "necesidad de un acelerado tránsito al mercado", es decir, la "restauración del capitalismo". En los países de la OCDE, el "argumento" suele ser la necesidad de mantener o aumentar la competitividad.

En los países de la UE, a este último argumento se le encuadra en el proceso de "convergencia" que teóricamente debe conducir en enero de 1999 al "euro" como moneda única. Es decir, el cumplimiento de los criterios fijados en el Tratado de la Unión Europea acordado por todos los gobiernos en 1991 en Maastricht. Estos criterios -sobre tipos de cambio, déficit público, deuda pública, tasas de interés e índice de inflación- aseguran la aplicación del ajuste. En relación a las privatizaciones, el elemento clave reside especialmente en los requisitos de déficit y deuda (topes respectivos de 3% y 60% respecto al PIB). La búsqueda de estos objetivos se traduce de forma predominante en fuertes recortes de los gastos públicos (básicamente en los relativos a la protección social) y en la liquidación de la propiedad pública en muchas empresas y sectores. Esto no obedece -como algunos sectores han tratado de presentar- a la negativa aplicación que se hace en el Estado español de Maastricht, sino a la esencia misma de lo acordado en la ciudad holandesa.

En relación con esto es importante distinguir entre los aspectos macroeconómicos (inflación, déficit, etcétera) y el objetivo latente de todo ello que permite comprender su sentido último. Este no es otro que la búsqueda por parte del capital de mantener su tasa de ganancia en el contexto actual de crisis. Para lo cual se requiere: 1) incorporar nuevos espacios de valorización (en los segmentos rentables de sanidad, educación, telecomunicaciones, transportes colectivos, pensiones, etcétera); 2) abaratamiento del costo de la mano de obra; 3) facilidad de acceso a espacios de valorización extranacionales. Y para ello, se recurre a privatizar los sectores rentables y a liquidar los no rentables (para el requerimiento citado como 3)-, a desmantelar el llamado "Estado del Bienestar" (para el 1 y el 2), a desregular y precarizar el mercado de trabajo (para el 2) y a la apertura externa incondicional, funcional al capital financiero transnacional (para el 3). Por eso los criterios elegidos son solamente monetarios y financieros, porque son esos los segmentos que se buscan privilegiar para hacer posible situar al espacio europeo como un espacio atractivo de valorización y ganancia para dicho capital financiero transnacional.

Este último aspecto alude a una discusión bastante extendida: ¿hay contradicción entre la tendencia a un mayor grado de mundialización o transnacionalización y la acelerada conformación de importantes bloques comerciales y económicos como la propia UE? Como ocurre siempre en formaciones sociales capitalistas, depende de para qué clase o fracción de clase. Desde el punto de vista del trabajo no existe ninguna contradicción: la forma en que se dan ambos procesos prepara el terreno para el ajuste, es decir, para la aplicación de políticas que empeoran sus condiciones de vida y trabajo. Desde la perspectiva del capital sí hay diferencias. El pequeño y mediano capital productivo nacional trata de forzar la contradicción buscando que el bloque comercial en el que se integra le reserve una cuota de mercado o le asegure un ingreso mínimo vía subsidio. El gran capital, las grandes corporaciones transnacionales, entienden la relación entre ambos procesos, globalización y regionalización, como procesos complementarios para extender y aumentar su proceso de valorización dado que en ambos casos se produce la "globalización del ajuste".

Esto a su vez plantea otra cuestión importante: la relación entre competitividad y protección social (o el llamado "Estado del Bienestar"). Una excusa recurrentemente utilizada para tratar de justificar las agresiones a la protección social -especialmente en Europa- es la de que el exceso de cobertura deteriora la competitividad. Es decir, que los países europeos no tendrán capacidad de competir en los mercados internacionales si no rebajan sustancialmente su "Estado del Bienestar". Este tipo de argumentos sitúa la competencia entre países cuando quienes realmente compiten no son los países sino las empresas. Por eso, los intentos de reducción de la protección social europea -algunos de los cuales los analizaremos en el siguiente epígrafe- a lo que realmente obedecen es a un doble objetivo: aumentar los espacios de ganancia (con la sanidad, pensiones, etcétera) y reducir los salarios (a través de la disminución del salario indirecto).

En definitiva, la prueba más fehaciente de que la plasmación del ajuste como respuesta a la crisis en la UE es el acuerdo de Maastricht nos la suministra la observación del carácter generalizado, sistemático y sostenido en el tiempo de políticas de privatización-destrucción, de apertura o desreglamentación exterior y de desregulación y precarización del trabajo al amparo de la llamada "convergencia". Veamos un caso concreto.

4. Un sector paradigmático: las pensiones

En la actualidad, el futuro de las pensiones está en el centro del debate económico y político. No sólo en la UE sino en prácticamente todo el mundo. La explicación se encuentra en que dependiendo de ellas las condiciones de vida presentes o futuras de la mayoría de la población, el capital financiero ha puesto sus objetivos en poder hacer negocio con ellas y tender a liquidar las que desde su lógica no sean rentables.

En el contexto actual resulta un lugar bastante común hablar de la imposibilidad financiera de sustentar los sistemas de pensiones públicos y de "reparto", entre regímenes y entre generaciones. Se alude principalmente a factores demográficos obviando por "inevitables" el elevadísimo desempleo y los reducidos salarios. Pero se habla de imposibilidad incluso en el caso español, en el que según datos oficiales los ingresos por cotizaciones sociales son superiores al total de prestaciones contributivas.

A expensas de ello, también resulta un lugar común plantear la necesidad de "reestructurar" los sistemas de pensiones. Tras este eufemismo se esconden propuestas de políticas que abren la vía para su gradual desmantelamiento y privatización. Naturalmente, la cuestión no es técnica sino política. No debemos olvidar que las pensiones son una parte del salario de los trabajadores (diferido o aplazado).

En este marco, el sistema de pensiones de capitalización privada instaurado en Chile por la dictadura de Pinochet suele ponerse de ejemplo. Por otra parte, en distintos países de la UE se intenta cambiar el marco regulador de las pensiones como en el Estado español con la aprobación por el Congreso del llamado "Pacto de Toledo". A continuación analizaremos en qué medida ambos modelos son antagónicos o si éste es un paso en dirección a aquel.

El modelo de referencia: el sistema de previsión privado chileno

En Chile, la dictadura privatizó el sistema de pensiones en 1980/81. Su principal característica es la capitalización individual con contribuciones definidas -sólo de los trabajadores- a financieras privadas (llamadas Administradoras de Fondos de Pensiones, AFPs) y con pensiones variables según el saldo acumulado por cada trabajador.

Esta privatización constituye uno de los pilares del "éxito" macroeconómico chileno basado en la precariedad de las condiciones de vida y trabajo de la mayoría de población. Por eso las patronales y los organismos intergubernamentales elogian la economía chilena y especialmente su modelo de pensiones.

Lo primero que resalta en este modelo es que su rentabilidad se ha sustentado en la modalidad de cambio de sistema (obligatorio para los nuevos trabajadores y voluntario pero incentivado para el resto). Supone unas condiciones muy ventajosas para el capital dado que las prestaciones (los gastos) sigue cubriéndolas el Estado mientras las cotizaciones (los ingresos) ya las reciben las AFPs.

Además, no es cierto que la rentabilidad del sistema derive directamente en mejoras de las pensiones. En primer lugar, por el cambio de sistema que implica una muy importante transferencia al capital (con su correspondiente efecto redistribuidor regresivo). En segundo lugar, por la incertidumbre que supone. Aunque estos últimos años la expansión ha permitido una rentabilidad muy elevada, en 1995 ya ha sido negativa. En tercer lugar, por sus impactos regresivos vía infravaloración de los bonos de reconocimiento, efecto de la comisión fija y desigual rentabilidad según niveles de renta (superior al 40%).

Un ejemplo ilustrativo de su significado es el diferente trato recibido por mujeres y hombres. En efecto, en igualdad de cotización, la mujer tiene una pensión mensual inferior a la del hombre por su mayor esperanza de vida que le hace "tocar" a menos cada mes. Auténtica aberración pero absolutamente coherente con la lógica de este sistema: búsqueda de ganancia para el capital con la gestión privada de los salarios diferidos.

Una buena prueba de la dudosa bondad del sistema es que a las AFPs sólo están afiliados un 3,5% de trabajadores independientes (que pueden elegir) quienes, sin embargo, representan un 30% de toda la fuerza laboral. O que los propios militares decidieran monolíticamente permanecer en su antigua caja de previsión.

Además, en consonancia con la esencia de las privatizaciones, la nueva lógica de gestión lleva a la liquidación de los segmentos no rentables. En efecto, en Chile más de la mitad de los trabajadores afiliados a AFPs no son cotizantes (concretamente el 50,8% en 1994). Es decir, no acumulan fondos para su jubilación porque están desempleados, porque trabajan en la economía sumergida o porque los patronos, ilegalmente, no ingresan en las AFPs las cantidades que descuentan a los trabajadores.

Y también lleva a una elevadísima concentración económica: sólo 3 AFPs (controladas por consorcios transnacionales) tienen más del 50% de los fondos. De manera que una enorme magnitud de recursos (equivalentes a casi el 45% del PIB) quedan en manos privadas y, en muchos casos, extranjeras.

Lo expuesto, mero esbozo, muestra claramente el significado de un sistema de este tipo. En la Unión Europea, casi nadie se declara abiertamente partidario de él. Sin embargo, los hechos distan mucho de las declaraciones y el "Pacto de Toledo" en el Estado español como el "Plan Juppé" en Francia o el "Pacto por el Trabajo" en Alemania abren la vía en esa dirección. Véamoslo.

Los ataques a las pensiones en la UE

En todos los países de la UE se diseñan políticas que apuntan al desmantelamiento y paulatina privatización de los sistemas públicos de pensiones, cuya traducción inmediata es la pérdida de su poder adquisitivo. Naturalmente, esto no es casual sino que, como ya hemos explicado, se deriva de forma directa de los acuerdos de Maastricht.

La forma que toma en cada país es específica pero siempre con los mismos lineamientos básicos. Por ejemplo, en Francia la forma concreta que adoptó fue el conocido como "Plan Juppé". Este Plan consistía en, entre otras cosas, una ampliación de los años de cotización necesarios para poder acceder al cobro de una pensión, un impuesto general del 0,5% para la financiación del déficit de la Seguridad Social y la liquidación de los regímenes especiales de algunos colectivos de trabajadores como los ferroviarios. El significado de estas medidas es la reducción de las pensiones -del salario- así como la redistribución más regresiva del ingreso con la implantación del impuesto comentado.

En Alemania, el "Pacto por el Trabajo" acordado por sindicatos y patronal en el pasado mes de enero -finalmente no firmado- recoge medidas similares. Entre ellas, la elevación de la edad de jubilación o la reducción de las cotizaciones a la seguridad social.

Como se ve, en todas partes las políticas son las mismas. Se busca reducir todas las formas de salario para mantener o aumentar la ganancia. Como ello genera una fuerte oposición en los trabajadores, tratan de hacer corresponsables a los sindicatos.

El "Pacto de Toledo"

En el Estado español, a iniciativa de CiU, una Ponencia del Congreso de los Diputados elaboró el "Informe para el análisis de los problemas estructurales del sistema de la seguridad social y de las principales reformas que deberán acometerse" (el "Pacto de Toledo") que fue votado favorablemente por todos los grupos parlamentarios (incluidos PSOE e IU).

Tras varios preámbulos, en el apartado IX se exponen quince recomendaciones. Destacan las siguientes. En la octava, se plantea directamente "la reducción de las cotizaciones sociales [patronales], como elemento dinamizador del empleo". En la novena, que "a partir de 1996 las prestaciones guarden una mayor proporcionalidad con el esfuerzo de cotización realizado (...)". En la décima, que "resultaría muy aconsejable, en términos financieros y sociales, facilitar la prolongación voluntaria de la vida activa de quienes libremente lo deseen". Y en la decimocuarta, que "el sistema público de la Seguridad Social puede complementarse, voluntariamente, por sistemas de ahorro y protección social, externos a la Seguridad Social (...) por ello, se recomienda la ordenación de la previsión social complementaria, potenciándola (...)".

Lo primero que destaca del Pacto es su coherencia interna. De aplicarse, se reduciría la contribución patronal. Como además se aumentaría el número de años sobre el que se calcula la pensión, el resultado global sería una pensión final mucho más reducida. Y por tanto, a los trabajadores no les quedaría más remedio que elevar su edad de jubilación ("voluntariamente"). Y para quien tenga capacidad económica, se incentivan las pensiones privadas.

Intentando nuevamente que "una mentira repetida mil veces acabe pareciendo una verdad", se presenta al "Pacto de Toledo" como la garantía de viabilidad del sistema público de pensiones y, con ello, como antagónico al "modelo chileno". Sin embargo, su análisis en detalle no ofrece dudas sobre su sentido último: globalmente prepara el desmantelamiento progresivo del sistema público de pensiones, acompañado de la privatización de aquellos de sus apartados que sean rentables desde la lógica privada. Dicho de otro modo, la idea de "Pacto de Toledo" versus modelo chileno sólo es tal tomando el término "versus" no a la anglosajona (como "contra") sino a la latina (como "hacia").

¿Por qué el Pacto? La actual situación de crisis a escala mundial hace que el capital necesite nuevos espacios de negocio e incrementar la tasa de ganancia mediante el abaratamiento del costo del trabajo. El "Pacto de Toledo" -coherente con las recomendaciones del FMI y los acuerdos de Maastricht- da respuesta en ambas direcciones: promueve espacios de negocio con las pensiones ("sistemas externos a la Seguridad Social": fondos privados) y reduce el costo del trabajo (mediante disminuciones en el salario diferido). Por eso sus firmantes lo silencian en los períodos electorales. Si este pacto asegurara el actual sistema público, entonces, ¿por qué habría que acordar silencio sobre él?

Por todo lo expuesto, la discusión no es entre este pacto o la privatización puesto que aquel es el camino hacia ésta. De ahí las sospechosas afirmaciones de quienes defienden el "Pacto de Toledo" enfrentándolo al "modelo chileno", cuando ambos coinciden en lo esencial: a través de distintas vías y con diferentes ritmos, proseguir abriendo espacios de negocio y reduciendo los salarios.

Unos y otros están de acuerdo en esto: por eso presentan demagógicamente las cuestiones demográficas, eluden considerar la baja cotización (por los reducidos salarios y el elevado desempleo) y obvian la función social del sistema público. Entre quienes dicen que este pacto es suficiente (FMI) y quienes dicen que es insuficiente (OCDE) la única diferencia es formal y radica en su ritmo de aplicación por la respuesta social que pueden provocar.

Finalmente, debemos recordar una cuestión clave. En Chile se privatizó la gestión del sistema de pensiones en plena dictadura (por cierto, Piñera, el tan nombrado experto en el tema -al que determinados medios citan constantemente-, debería aclarar públicamente cómo pudo conciliar su "amor a la libertad" e interés en "hacer el bien" -EL PAÍS, 26/11/95- con ser ministro de Pinochet durante tanto tiempo). Es decir, con poca capacidad real de oposición por parte de los trabajadores. Sin embargo, como ilustra el reciente ejemplo francés, en otros contextos políticos los intentos de aplicación de medidas que deterioren las pensiones (es decir, los salarios) como las que recoge el "Pacto de Toledo" se encontrarán con una fuerte oposición social, incluso si se acuerdan "pactos de silencio" para tratar de ocultar su significado e incluso si se intentan enmarcar en pactos más amplios como el "Pacto por el Trabajo" en Alemania o como la reedición de los "Pactos de la Moncloa" que algunos proponen.

5. Conclusiones

1. La economía mundial actual -el capitalismo actual- se caracteriza por la profundización de la crisis crónica y estructural. Entendida como la persistencia en la imposibilidad por parte del capital de dotarse de espacios productivos en los que generar un crecimiento sostenido y con carácter generalizado. En definitiva, como su incapacidad para mejorar las condiciones de vida de la población. En este contexto es en el que se inserta la aplicación sistemática de las políticas de ajuste: la globalización del ajuste a escala mundial.

2. La política de privatizaciones juega un papel central en las políticas de ajuste tratando de atenuar la dificultad del capital para disponer de espacios de valorización o ganancia (buscando nuevos espacios y ensanchando la ganancia en todos). Por esta política entendemos el proceso económico, político y social de reestructuración que (a través de la transformación jurídica del carácter de pública al de privada de la propiedad de una empresa, de un sector o de una actividad económica), abre nuevos espacios a la acumulación y ganancia privada, a costa de una aún mayor destrucción de fuerzas productivas y regresión social.

3. En la UE, la forma concreta que toma este proceso es su encuadramiento en el proceso de "convergencia" que teóricamente debe conducir en enero de 1999 al "euro" como moneda a partir del cumplimiento de los criterios fijados en el Tratado de la Unión Europea acordado por todos los gobiernos en 1991 en Maastricht. De acuerdo a ellos, se persigue incorporar nuevos espacios de valorización (privatizando los segmentos rentables de sanidad, educación, telecomunicaciones, transportes colectivos, pensiones, etcétera y tendiendo al desmantelamiento de los no rentables), abaratar el costo de la mano de obra (desregulando y precarizando el mercado de trabajo) y facilitar el acceso a espacios de valorización extranacionales (con la apertura/desreglamentación exterior).

4. Por todo ello, no estamos de acuerdo con la idea de crisis del "Estado del Bienestar". La crisis es del sistema económico en su conjunto. Y es precisamente la respuesta que desde el capital se trata de dar a la crisis la que lleva al desmantelamiento de las conquistas sociales. Un ejemplo claro lo encontramos en los sistemas públicos de pensiones. ¿Están en crisis? ¿Están en crisis las pensiones contributivas en el caso español cuando siguen presentando superávit? En todo caso, el problema viene por el lado del agravamiento del desempleo y del estancamiento de los salarios, es decir, de la respuesta a la crisis.

5. La importancia de las privatizaciones es tal que se constituyen en líneas de fractura. Sus implicaciones sociales son tan fuertes que para aplicarlas, para "hacerlas pasar" se requiere la colaboración de las direcciones de organizaciones de trabajadores. Quienes lo hacen -apoyando, avalando o justificando, directa o indirectamente- quedan en relación a esa línea de fractura del lado de quienes las aplican. Es el caso de quienes firman o apoyan el "Pacto de Toledo" que, presentado como forma de mantener el sistema público, lo que realmente hace es abrir la vía para su desmantelamiento y privatización.

6. La pregunta clave que resta es la siguiente: dado que la adopción de estas políticas se hace en respuesta a la crisis, ¿son exitosas en este sentido? En la práctica, hasta el momento solamente se logra la profundización de las contradicciones. Entre otras, la preeminencia absoluta de los ámbitos financieros que viven de parasitar de los productivos, las graves escaseces de demanda (por los altos niveles de desempleo/subempleo y los reducidos salarios reales) y los nuevos impulsos a la ya desaforada concentración del capital.

7. Para cerrar este texto, vamos a sintetizar algunas ideas en respuesta a las preguntas "premeditadamente extremadas" del coordinador del área, Koldo Unceta. La alternativa a la globalización de las políticas de ajuste no puede ser dada en el plano meramente teórico. Lo que sí es indudable es que dicha globalización tiene consecuencias negativas para la inmensa mayoría de la población mundial por lo que las rechazamos. Y en el caso concreto de su plasmación en la UE, Maastricht, las políticas enmarcadas en esta orientación tienen consecuencias negativas para la inmensa mayoría de la población comunitaria. Esto no significa que estemos a favor del reforzamiento de los marcos nacionales. La discusión al respecto se subordina a la discusión sobre las políticas fondomonetaristas. Pensamos que la UE es negativa para la mayoría de su población en tanto que su propia esencia supone una plasmación específica de las políticas de desreglamentación que se aplican en todo el mundo, orientadas a mantener el entramado financiero-especulativo a partir de la búsqueda constante del abaratamiento de la fuerza de trabajo. Pero no situamos la alternativa en "defender los marcos nacionales", sino en defender las conquistas sociales, el empleo, los sistemas públicos de pensiones, el salario, a escala local, estatal y mundial.

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Fecha de actualización: 10/08/98