Documentos de Trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
	Biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. UCM.

Autor(es): A. Gómez de Mendoza

ABREVIATURAS ...................................... ii

1. INTRODUCCION ................................... 1

2. EL 'PROBLEMA DEL NITROGENO'..................... 5

3. EL ESTADO Y LOS NITROGENADOS.................... 16

4. EL INI Y LA PRODUCCION DE NITROGENADOS ......... 32

(a) Participación en el capital social de SIN. 33

(b) Los proyectos de ENCASO................... 41

5. THE ODD COUPLE (1942-51) ....................... 46

(a) 1942/48 .................................. 47

(b) 1948/51 .................................. 55

6. EN BUSCA DE LA AUTOSUFICIENCIA EN NITROGENO

(1952/61) ...................................... 74

(a) Una versión renovada del Plan del Nitrógeno 77

(b) El INI en la industria del nitrógeno ...... 81

(c) La contra ofensiva de la industria privada. 91

7. EPILOGO .........................................107

APENDICES .....................................118

A-1 Importaciones de abonos nitrogenados

A-2 Producción española de abonos nitrogenados

A-3 El Mercado de los Abonos Nitrogenados

A-4 Esquemas de fabricación

BIBLIOGRAFIA CITADA ...........................122

ABREVIATURAS

AHV ........... Altos Hornos de Vizcaya

AZOE .......... Sociedad Ibérica del Azoe

CEN ........... Comercial Española del Nitrógeno

CSIC .......... Consejo Superior de Investigaciones

Científicas

EIA ........... Energía e Industrias Aragonesas

ENCASO ........ Empresa Nacional Calvo Sotelo

ENCLI ......... Empresa Nacional de Carburantes Líquidos

ENIRA ......... Empresa Nacional de Industrialización de

Residuos Agrícolas

ENSIDESA ...... Empresa Nacional Siderúrgica, S.A.

EXIMBANK ...... Export-Import Bank

FENCE ......... Fabricación Nacional de Colorantes y

Explosivos

FERLEVAN ...... Fertilizantes del Levante, S.A.

IEME .......... Instituto Español de Moneda Extranjera

IG FARBEN ..... Interessen-Gemeinschaft der Farben Industrie

INI ........... Instituto Nacional de Industria

MIC ........... Ministerio de Industria y Comercio

NICAS ......... Nitratos de Castilla, S.A.

OECE .......... Organización Económica para la Cooperación

Europea

PESA .......... Piritas Españolas, S.A.

REPESA ........ Refinería de Petróleos, S.A.

SEFANITRO ..... Sociedad Española de Fabricaciones

Nitrogenadas

SIN ........... Sociedad Ibérica del Nitrógeno

SNIQ .......... Sindicato Vertical de Industrias Químicas

UEE ........... Unión Española de Explosivos

URQUIJO ....... Banco Urquijo

INDICE

1. INTRODUCCION

No es necesario ponderar aquí la importancia de los fertilizantes nitrogenados para la agricultura. Baste con señalar que un quintal de abono con un contenido en nitrógeno del 20 por ciento permite aumentar el trigo cosechado en 334 Kgs, el arroz en medio millar de Kgs, la remolacha azucarera en 1,74 Tms y la patata en 1,8 Tms. Tres fueron las características de la agricultura española en lo referente al consumo de nitrogenados en el período que abarca este trabajo. En primer lugar, llama la atención lo ínfimo de los niveles consumidos. Con 6,7 Kgs de nitrógeno por hectárea cultivada, el consumo español quedaba fuertemente rezagado en un contexto internacional. En 1954/55, los países de la OECE consumieron 14,6 Kgs en promedio y países con una agricultura similar a la nuestra como Grecia, Italia o Portugal, 12,2, 14 y 9,6 Kgs respectivamente. A pesar de que el consumo español aumentó en un 76 por ciento en la campaña 1960/61, apenas si lo hizo en términos comparativos. Una segunda característica que se acentuó con el paso del tiempo, fue la preponderancia de los nitrogenados amoniacales (sulfato amónico) sobre los nítricos (nitratos de Chile y de cal), progresión que se considera habitualmente como un signo de modernización. Y, por último, como tercer rasgo distintivo señalaré que, en vísperas de la guerra civil, la importación satisfizo la práctica totalidad del consumo de abonos nitrogenados. Este último rasgo no desapareció hasta 1961.

Por sus conexiones con la industria de explosivos, la escasa capacidad de las fábricas españolas para producir ácido nítrico creó serios problemas a los ejércitos durante la guerra civil. A su término, las autoridades industriales, animadas muy probablemente por los militares, se emplearon para establecer los cimientos de un Plan del Nitrógeno cuyo propósito era el de nacionalizar la producción. Contando con el apoyo del sector privado, se pretendió impulsar una rápida sustitución de importaciones en un sector de la química industrial que era crucial para elevar los rendimientos agrícolas.

A los pocos meses de la constitución del INSTITUTO NACIONAL DE INDUSTRIA, sus gestores se sintieron llamados a intervenir en el problema del nitrógeno. De ahí que impusieran su presencia en un plan que había sido diseñado por el Ministerio de Industria y de Comercio, sin contemplar la participación de empresas de titularidad pública. La intromisión del INI lesionó los intereses de las empresas privadas. Unas se vieron arrinconadas y abandonaron sus planes. Otras, en cambio, acabaron por dar forma a trancas y barrancas a sus proyectos. De entre estas últimas, una fue obligada a dar entrada al INI en su capital social. Este episodio constituyó uno de los pocos casos en que se dió esta circunstancia en la juventud del Instituto. Por lo demás, con el telón de fondo del problema del nitrógeno, se dirimieron no pocas escaramuzas entre actores tan variopintos como dos ministerios - Agricultura e Industria -, el INI, la organización sindical y la empresa privada. A este respecto, pondré especial énfasis en mostrar cómo se barajaron criterios contrapuestos para plasmar en una realidad la industrialización que fue pregonada desde varios ámbitos del Nuevo Estado.

Lo acontecido en el período que abarca este trabajo, demostró que la actitud de los gestores del INI en 1942 fue bastante embarullada. La ausencia de ideas claras sobre la línea a seguir no les impidió, en aquel trance, una toma de posiciones, de índole más estratégica que racional, que resultó lesiva para el sector privado. Nunca sintieron un deseo genuino por cooperar a resolver el problema del nitrógeno. En realidad, les ganó un ansia por extender el radio de acción del Instituto lo más lejos posible. A medida que fueron tomando cuerpo los planes de industrialización diseñados por Suanzes y por sus colaboradores más cercanos, aquel interés acabó por esfumarse. A la postre, se comprobó que había sido excesivamente etéreo. La explicación a ese comportamiento radica en el hecho de que el nitrógeno no encontró fácil ajuste en los planes de los gestores del INI por sus excesivos vínculos con la agricultura. Una prueba del escaso empeño que pusieron en la tarea la encontramos en el hecho de que el INI no inició la producción de nitrogenados hasta 1959, es decir con una veintena de años de retraso sobre el calendario que había sido trazado por el Ministerio de Industria. Además, hubo que esperar otro quinquenio para que las fábricas del INI consiguieran rebasar el nivel de producción que reclamó para sí en 1942, arrebatándoselo en aquel momento al sector privado.

Este trabajo consta de cuatro grandes apartados. En el primero, analizo los antecedentes del "problema del nitrógeno" por lo que examinaremos las características del mercado interior en el período de entreguerras. Para expandir la producción de este sector que fue considerado como clave para el éxito de la autarquía económica, el Ministerio de Industria y Comercio recabó, como se ha dicho, la colaboración del sector privado. El segundo apartado está dedicado a los cambios introducidos en el Plan del Nitrógeno bajo presión del INI. A continuación, analizaré la actuación de sus mandatarios en dos áreas. Por un lado, la adquisición de un paquete de acciones en el capital de la SOCIEDAD IBERICA DEL NITROGENO (SIN), una empresa que utilizaba como materia prima el gas de coquería. Y por otro, el aprovechamiento de carbones inferiores con escaso valor económico. En el epígrafe que cierra ester tercer apartado, examino los resultados de la cohabitación del capital privado con el público en la gestión de la SOCIEDAD IBERICA DEL NITROGENO. En el cuarto apartado, estudio los avatares de la industria del nitrógeno entre 1951 y 1961, diez años cruciales en los que se asistió a una fuerte expansión de la capacidad instalada en fábricas privadas y públicas. Todo ello se desarrolló en un clima en el que se agudizó la competencia de la industria química internacional, exigiendo creciente protección por parte de los poderes públicos. En el epílogo, retomo algunas de las cuestiones abordadas en el trabajo, en particular la relación entre empresas privadas y públicas, la gestación de la política industrial en el seno del gobierno del General Franco o la actitud del INI siempre llena de complejidades. Se valorarán igualmente cuestiones de índole más general; por ejemplo, la conveniencia de abordar una sustitución de importaciones en el campo del nitrógeno. En los veinte años que cubre este trabajo, no faltaron quienes cuestionaron desde ámbitos gubernamentales y privados la bondad de una política de este tipo. Se argumentó que la economía española carecía de ventajas comparativas para la producción de nitrógeno a pesar de que no existía restricción alguna en el suministro de materias primas. Sin embargo, la dependencia técnica respecto del exterior junto a la mala calidad de los gases procedentes de la coqueficación así como el elevado precio de la energía eléctrica restaron competitividad a la industria española. Cuando el mercado internacional recuperó su normalidad a comienzos del decenio de 1950, las nuevas factorías privadas apenas comenzaban su andadura. A las fábricas públicas, el turno les llegó en plena coincidencia con el Plan de Estabilización. Para asegurar su supervivencia, unas y otras requirieron de una intensa protección, a resultas de la cual los agricultores hubieron de pagar un precio crecido por el nitrógeno.

2. EL "PROBLEMA DEL NITROGENO"

Las autoridades económicas del Nuevo Estado manifestaron no poca preocupación por dar solución al "problema del nitrógeno" en los diversos planes de industrialización que trazaron en las postrimerías de la guerra civil. Mediante esta expresión, aludieron a la tarea urgente de impulsar la fabricación de compuestos nitrogenados por vía sintética. Se pretendía así aliviar el déficit que arrastraba la economía española desde comienzos de siglo XX. En 1935, las necesidades en fertilizantes nitrogenados fueron cubiertas en un 95 por ciento por importaciones. Su valor ascendió a 65 millones de pesetas-oro, un importe que fue superado únicamente por las compras en el extranjero de algodón en rama (93 millones). Excedió, en cambio, a las importaciones de automóviles (59 millones).

Semejante desigualdad entre producción y consumo contribuyó a alimentar la obsesión que sintieron las máximas autoridades de la jefatura económica, obsesión que compartiría Suanzes, por restablecer el equilibrio de la balanza comercial española. Para lograrlo, quien ocupó la cartera de Industria y Comercio en el primer gobierno del general Franco, abogó, entre otras actuaciones, por intervenir las industrias del nitrógeno y de sus derivados. Interesa puntualizar que Suanzes albergaba, a comienzos de 1939, la idea de dar una solución conjunta al problema de los hidrocarburos y del nitrógeno. Esa solución enlazaba, a su vez, con una perseguida autosuficiencia en pólvoras y otras materias explosivas. Ese último aspecto que otorgaba un barniz castrense al problema del nitrógeno, sumergiéndolo en cuestiones vinculadas a la defensa nacional, no era un pensamiento original suyo. En efecto, tal como se mostrará más adelante, enraizaba con la tradición emanada de los militares despues de la Primera Guerra Mundial.

La relevancia que Suanzes concedió a una pronta resolución del problema del nitrógeno, fue compartida por Alarcón de la Lastra, su sucesor al frente del ministerio. En el otoño de ese mismo año de 1939, la Dirección General de Industria reiteró que la solución del problema del nitrógeno no admitía

"más demoras porque se puede afirmar que, en dicha solución, estriba el resurgimiento económico de nuestra Patria".

José Mª de Areilza, que ocupaba esa jefatura a la sazón, se mostró convencido de que el porvenir económico de España dependía de ello. De ahí que no viese inconveniente alguno en conceder el carácter de industria de interés nacional a la fabricación de abonos nitrogenados. Quedaron así colocados los cimientos de un plan ministerial para impulsar la fabricación de 124.500 Tms de nitrógeno, equivalentes a unas 600.000 Tms de sulfato amónico.

¿ Qué factores alzaron al nitrógeno a esa posición preeminente en el panorama industrial español de la posguerra ? Para comprenderlo, es preciso considerar la cuestión desde una triple óptica, agrícola, militar y comercial. Si, por un lado, el nitrógeno era indispensable para mejorar los rendimientos de los terrenos de cultivo, por otro, constituía un insumo imprescindible para fabricar munición y explosivos, aspecto éste último que se había exacerbado durante la guerra. Por lo demás, ambos factores se entrelazaban íntimamente pues las continuas levas obligaban a compensar la falta de brazos en los campos mediante un mayor abonado de los suelos.

A ese doble considerando, añadiré, en tercer lugar, la evolución del mercado interior de nitrógeno en el transcurso del primer tercio de siglo. Por sus connotaciones, esa evolución despertó idénticas dosis de indignación en fabricantes y gobernantes. Todos ellos culparon a la política arancelaria vigente en el período anterior de haber permitido que los fertilizantes nitrogenados venidos del extranjero -naturales y sintéticos- se apoderasen casi por completo del mercado español. Unos derechos de diez céntimos de peseta-oro por Tm, lo que equivalía a un 1 por 100 sobre su precio en puerto español, permitieron que se produjera una avalancha de importaciones. Con relación a otras partidas de un arancel marcadamente proteccionista, esa tarifa constituyó, sin duda, una excepción. Permitió a los proveedores foráneos vender por debajo de sus costos de producción. Se trató de un dumping que, al decir de los gestores públicos, fue

"tan violento como no se ha conocido otro en España pues, en numerosas ocasiones, se llegó a la caida casi vertical de los precios".

Un buen conocedor de la cuestión como Francisco Bustelo denunció que los precios del sulfato amónico en el mercado español fueron prácticamente la mitad de los vigentes en Alemania, Francia o Italia en el bienio 1933/34. En efecto, los precios españoles experimentaron una fuerte caída en el período de entreguerras, pasando de 308 Ptas/Tm en 1923 a 92,5 Ptas/Tm diez años más tarde.

Amén de la ausencia de protección arancelaria, otras tres circunstancias concurrieron a explicar el bajo nivel de los precios españoles. En primer lugar, la competencia fratricida que se desató entre los proveedores del salitre chileno, esto es guano, y los fabricantes europeos de nitrógeno sintético en violenta pugna por conseguir la supremacía del mercado mundial. Los principales fabricantes alemanes, británicos, franceses e italianos se coaligaron en 1932 formando la "Convention de l'Industrie de l'Azote" para defender sus intereses. En segundo lugar, la oposición férrea de los fabricantes europeos a permitir el establecimiento de nuevas plantas de síntesis en países que, como España, eran importadores tradicionales. Se trató de un recurso para paliar el coste que entrañaba el exceso de capacidad a que obligaba la doble función de las fábricas como productoras de fertilizantes y explosivos. De no haber sido así, los productores habrían soportado unos costes fijos difícilmente tolerables por tiempo de paz. A tenor de las cifras que manejó Bustelo, el exceso de capacidad de la industria mundial de nitrogenados rondó un millón de toneladas en vísperas de la gran depresión. Y, por último, el deseo de "supeditar a [España] en su defensa nacional ... y en su economía a aquellos otros países de potencialidad industrial superior". Los vencedores de la contienda civil se mostraron particularmente sensibles a cuanto pudiera insinuar una "servidumbre" frente al exterior, estado que fue, por supuesto, mucho más ficticio que real. Para combartir ese "vasallaje", se valieron de políticas autárquicas orientadas a lograr una rápida sustitución de importaciones.

Las coordenadas comerciales del período de entreguerras colocaron a los dos únicos fabricantes españoles de nitrogenados sintéticos en una situación difícil. Incapaz de afrontar la tendencia decreciente de unos precios situados por debajo de sus costes, SIN suspendió la producción de nitrato amónico en 1932 al tiempo que ENERGIA E INDUSTRIAS ARAGONESAS (EIA) se atrincheró en volúmenes diminutos de producción. SIN había sido fundada en 1923 para aprovechar mediante el procedimiento 'Claude' los gases de las baterías de hornos de coque de la SOCIEDAD METALURGICA DURO-FELGUERA en la Felguera (Asturias) (véase Apéndice A-4). Desde un principio, contó con la colaboración técnica de dos empresas francesas - L'AIR LIQUIDE y la SOCIETE CHIMIQUE de la GRANDE PAROISSE -. Al Banco URQUIJO correspondió el mérito de rescatar un proyecto anterior que había sido desarrollado al término de la primera guerra mundial por la SOCIEDAD IBERICA DEL AZOE. La instalación de una planta piloto en Flix para utilizar el hidrógeno sobrante de la electrolisis no había alcanzado el éxito que desearon sus promotores. En 1923, el URQUIJO invitó a otras instituciones financieras a participar en el nuevo proyecto. Fue ese mismo banco quien había participado, junto a un grupo de industriales franceses, en la constitución de EIA en 1918. En Sabiñánigo (Huesca), se instaló una planta para la obtención de amoníaco sintético y de abonos nitrogenados por el procedimiento Cassale (véase Apéndice A-4).

No fueron, sin embargo, SIN y EIA los dos únicos intentos por desarrollar en España una industria del nitrógeno sintético, aunque sí los más intensivos en capital. Este último rasgo merece ser destacado pues contradecía la cantilena de los gestores del INSTITUTO NACIONAL DE INDUSTRIA (INI) que justificaban a menudo su intervención en la industria española con el pretexto de compensar la apatía y pasividad del capital privado. En el ramo del nitrógeno por síntesis, existían varias instalaciones privadas con anterioridad a 1939 en las que estaban comprometidos importantes capitales. Así lo subrayó Bustelo que rechazó con fuerza el tópico de una falta de "espíritu de empresa" o de "iniciativas" por parte de los empresarios españoles. "Este tópico" afirmó,

"tan falto de fundamento como manoseado por los que rehuyen adentrarse en un auténtico análisis de los problemas económicos de nuestro país, queda total y definitivamente rechazado con ... la historia de la industria nacional del nitrógeno".

En suma, la libertad arancelaria vigente en el período anterior a la guerra civil para los abonos nitrogenados, benefició a los agricultores españoles que mejoraron los rendimientos de sus cosechas sin, por ello, gravar su cuenta de resultados. El consumo de abonos nitrogenados se duplicó prácticamente entre 1928 y 1935, año en que se alcanzó un nivel máximo de 400.000 Tms, equivalentes a 65.000 Tms de nitrógeno. En el pasivo de la política arancelaria, encontramos a los fabricantes españoles de nitrogenados sintéticos, víctimas del fuego cruzado entre los grandes productores europeos en su afán por arrebatarse mercados exteriores los unos a los otros. Para repartir su primer dividendo, la SIN hubo de esperar veinticinco años hasta 1947 mientras que EIA lo consiguió en 1940. Esa situación que desalentó la inversión, no respondió a una mala gestión empresarial. Mientras reinó la normalidad en el mercado internacional, la agricultura española se abasteció con regularidad a precios por debajo de coste. Este último factor resulta crucial para explicar el importante cambio estructural que experimentó la economía en el período de entreguerras, inducido por la buena marcha del sector primario. Era comprensible que los sindicatos del campo se opusieran a los intentos por estabilizar los precios de los nitrogenados en el mercado interior.

Tal ocurrió en 1928 cuando el gobierno de la Dictadura creó una Comisión Mixta del Nitrógeno con el objeto de implantar, conservar y desarrollar la industria de fijación del nitrógeno con vistas a alcanzar una independencia en materia de defensa militar y de fertilizantes. Don César Serrano y don Antonio Mayorga fueron comisionados para viajar a Alemania para estudiar in situ la fabricación de nitrogenados sintéticos a base de lignitos por el sistema aplicado por el consorcio químico de la Interessen-Gemeinschaft der Farben Industrie (I.G. FARBEN) en su fábrica de Leuna. Mientras que Serrano viajó en representación del Consejo de Economía Nacional, Mayorga lo hizo en nombre de la Fabricación Nacional de Colorantes y Explosivos (FENCE). Bajo esta razón social constituida en 1922, se hallaba un conglomerado formado por las cinco principales empresas españolas de productos derivados de la hulla. En 1926, el gobierno autorizó a la I.G. FARBEN a tomar un 50 por 100 del capital de FENCE, sin perder por ello su condición de industria protegida de interés nacional. En ese mismo año, FENCE firmó un convenio con la sociedad ELECTROQUIMICA DE FLIX, lo que le permitió controlar la sección de colorantes.

Interesa abrir aquí un paréntesis para examinar con detalle algunas de las propuestas que realizaron los comisionados a su regreso de Alemania. Por los muchos puntos de encuentro, hay razones para pensar que las opiniones esgrimidas por Juan Antonio Suanzes sobre la fabricación de nitrógeno sintético despues de acceder a la presidencia del INI, se nutrieron de la experiencia acumulada por Serrano y Mayorga. Destacaré siete aspectos del informe de éstos últimos.

Hay que resaltar, en primer lugar, que los informantes se decantaron sin ambages por un procedimiento basado en el aprovechamiento de lignitos y otros carbones inferiores en preferencia a la utilización del gas de coquería o a la vía electrolítica para obtener derivados nitrogenados. Basaron su rechazo en el carácter embrionario de la siderurgia española a la que achacaron un retraso de cuarenta años con relación a la europea y en el alto coste de la hidroelectricidad. No ahorraron epítetos, en segundo lugar, para ensalzar la riqueza de los yacimientos españoles de lignitos. A ese respecto, dudaron de la verosimilitud de los cálculos que cifraban la extracción factible en 4.500.000 Tms con una esperanza de vida de doscientos años. De entre todas las cuencas de lignitos, Serrano y Mayorga destacaron la de Utrillas por su importancia y, dentro de esta cuenca, los yacimientos de Mequinenza. Aquel "tesoro" que reportaría un valor añadido de 490 Ptas por tonelada extraida sobre un coste a bocamina de 10 Ptas, permitiría, en tercer lugar, nivelar la balanza de pagos:

"Nuestras enormes reservas de carbón inferior, en lugar de ser un lastre en nuestra economía, se traducirán en fuente de riqueza y por el surgimiento de industrias auxiliares a que darán lugar, bien pronto sustraerían unos centenares de millones de pesetas de nuestro déficit del comercio exterior".

Para lograr tan lisonjeras perspectivas, los comisionados abogaron, en cuarto lugar, por la consecución de acuerdos en materia tecnológica con la I.G. FARBEN. De ser así, España estaría entonces en disposición de implantar los procedimientos industriales que habían sido ensayados con éxito en la fábrica de Leuna. No ocultaron su admiración sin límites por la técnica alemana, en particular en el campo de la moderna química orgánica. De "proeza" tildaron a los "esfuerzos titánicos" alemanes realizados durante la primera guerra mundial en pos de un programa de sustitución de importaciones. De ahí que una "utilización científica" del "enorme potencial de [los] criaderos de carbones inferiores" permitiría alcanzar el objetivo primordial de obtener abonos nitrogenados e hidrocarburos sin necesidad de recurrir al mercado exterior. Se trataba, a su juicio, de abordar una vía industrial inédita susceptible de producir unos réditos superiores a los que cabía esperar de una mera intensificación o movilización de los recursos existentes. Sin justicarla, cifraron la inversión necesaria en un máximo de 200 millones de pesetas oro. En lo tocante a nitrogenados, abogaron por el establecimiento de una factoría con capacidad para producir 50 toneladas diarias de azoe. Justificaron la elección de éste último en preferencia al sulfato amónico por la necesidad de satisfacer el consumo de explosivos militares. Una vez planteada la propuesta, les restó precisar su acomodo en un sector en el que existía un buen número de empresas privadas dedicadas a la industria del nitrógeno. A ese respecto, Serrano y Mayorga se mostraron partidarios de contar con ellas, limitando el Estado su acción a un papel regulador de la actividad particular. Otorgaron prioridad a las empresas que fueran propietarias de yacimientos de carbones inferiores en las cercanías de recursos hidráulicos por satisfacer mejor los pormenores de su propuesta. Sin embargo, no aclararon el papel que debería desempeñar el Estado para prestar su "máxima cooperación".

En definitiva, el plan de Serrano y Mayorga rezumaba de aquellos elementos a los que se mostraría especialmente sensible Juan Antonio Suanzes: solución conjunta al problema del nitrógeno y de los carburantes en busca de una autosuficiencia, nivelación de la balanza comercial, dualidad entre industria civil y defensa, colaboración técnica con Alemania, riqueza mineral aún oculta y, en muchos casos, por descubrir. Eran, en efecto, aspectos que entroncaban con el nacionalismo económico, germen del credo autárquico que abrazó Suanzes en plena contienda civil.

Deseo insistir en el interés que demostró el ejército por encontrar una solución al problema del nitrógeno. Dicho interés tuvo su origen en los trabajos de las Comisiones de Movilización de Industrias Civiles, en las que don César Serrano participó de forma activa. Fueron esas comisiones quienes pusieron el acento por vez primera sobre los riesgos inherentes a depender de la importación de derivados del nitrógeno para el abastecimiento de las fábricas de explosivos y munición. En particular, el general Gómez Núñez había criticado en fecha temprana - 1923 - la falta de apoyos públicos para evitar esa dependencia. En ese mismo año, se había elaborado un ambicioso plan "SEITE" con claras finalidades autárquicas como lo sugiere la siguiente afirmación: "El funcionamiento de las industrias se establecera con entera independencia de la importación extranjera". Se pretendió un aprovechamiento integral de varios minerales: lignitos, piritas cupríferas, minerales de hierro, calizas y salinas, entre otros. En particular, una de las propuestas hizo referencia a las cuencas lignitíferas de Cuenca y Teruel con ánimo de producir electricidad y, por destilación, amoníaco, alquitrán y benzol. Así mismo, se proyectó fabricar abonos por medio de la fijación de nitrógeno atmosférico.

Este rosario de propuestas formado por las iniciativas de la SEITE, FENCE así como los comentarios que dedicó el estamento militar a estas cuestiones, crearon un estado de opinión favorable a la destilación de lignitos para fabricar nitrógeno en el que habían de beber los futuros gestores militares del INI. En efecto, el vínculo que se estableció entre el ejército y la industria del nitrógeno se convertió en una pieza clave de la actuación posterior del Instituto a partir de 1942. Por lo demás, esa unión entre ambos fenómenos permite retrotraer sus acciones a un pasado inmediato - el período de entreguerras -, tal como lo ha mostrado recientemente Elena San Román. De ahí que la actuación del INI en el período autárquico en materia de abonos nitrogenados pierda cualquier connotación de originalidad. Esta afirmación contradice lo insinuado por algunos autores que han querido ver en la actuación del INI una respuesta a unos problemas que se acrecentaron por causa de la guerra mundial.

3. EL ESTADO Y LOS NITROGENADOS

En circunstancias anómalas, - léase en plena conflagración europea -, la vulnerabilidad de la economía española a una interrupción de los envíos de nitrogenados era, sin duda, grande. Según estimación de Bustelo, el consumo de estos abonos se redujo en cinco millones de toneladas en el período 1936/49, equivalentes a 900.000 Tms de nitrógeno, lo que ocasionó una reducción de nueve millones de toneladas en las cosechas. Bustelo valoró esa pérdida en diez mil millones de pesetas o lo que era lo mismo, veinte veces el ahorro que habían conseguido los agricultores en el período de entreguerras. A juicio de los fabricantes, urgía un apoyo del Estado a la industria de fijación del nitrógeno, apoyo que debía concretarse en un giro de 180º en la política arancelaria. Por esa razón, el futuro consejero delegado de la SIN aplaudió la declaración de interés nacional para el sector en febrero de 1940. La medida abrió unas "perspectivas más satisfactorias que los recuerdos del pasado", catalizando nuevas iniciativas lo que demostró, en sus propias palabras, la existencia de un "espíritu industrial y de una iniciativa que no vacila en acometer las más difíciles empresas". Sus opiniones fueron publicadas por la revista ION, hecho que no debe ser pasado por alto. En efecto, esa revista que era el órgano del Sindicato Vertical de Industrias Químicas, dispensó una buena acogida en los años 1940 a las empresas privadas que se esforzaron por resolver el problema del nitrógeno. Al otorgar su respaldo, el comportamiento del sindicato vertical contrastó con la actitud que desplegó el INI.

En el apartado anterior, se ha visto que existían tres vías para producir abonos nitrogenados: empleo de gases de las coquerías; destilación de lignitos y otros carbones bajos y por último, el sistema electrolítico. Para solucionar el problema del nitrógeno, el Ministerio de Industria y Comercio esbozó en 1941 un Plan que, concediendo prioridad al primer procedimiento, invitaba igualmente a aprovechar los yacimientos de lignito y a instalar fábricas de hidrógeno electrolítico en las regiones desprovistas de carbón fósil pero ricas en recursos hidráulicos. Sus pormenores fueron negociados por el Ministerio con representantes de las finanzas y de la gran industria.

El Plan del Nitrógeno inauguró una serie de iniciativas que emprendió el Ministerio de Industria y Comercio para fomentar la fabricación de fibras textiles y de automóviles, y para revalorizar recursos naturales. Se llegaron a elaborar cuatro planes con el propósito declarado de

"regular las actividades espontáneas de la iniciativa privada... señal[ándole] cauces ... siempre convenientes en todo régimen de economía disciplinada".

Como prioridad fundamental, las autoridades ministeriales buscaban el conseguir un ahorro de materias primas en un período de acusada escasez. Para llevarlo a cabo, desplegaron una política que pretendió encauzar a la industria privada, concediéndole estímulos según los términos fijados por la ley de 24 de octubre de 1940 sobre industrias de interés nacional. En 1942, Robert que, a la sazón, estaba adscrito a la Dirección General de Industria, se vanaglorió de que esta legislación hubiera "generado una verdadera floración de proyectos e iniciativas". Bajo el rimbombante título de La Política Industrial en la Nueva España, el Ministerio eludió cualquier mención a un INSTITUTO NACIONAL DE INDUSTRIA que había escapado a su control pues, como es sabido, había sido colocado in extremis bajo la tutela de la Presidencia del Gobierno.

Para calibrar el recibimiento que le dispensaron a la iniciativa ministerial los productores privados de nitrogenados, me detendré en dos manifestaciones. Quiero hacer notar que un avezado conocedor de estas cuestiones como Francisco Bustelo, reconoció en 1940 que la solución al problema del nitrógeno se encontraba en el aprovechamiento de los gases de las coquerías o, en su defecto, de la energía eléctrica. A similares conclusiones llegaron los promotores vascos de una fábrica que pretendían instalar en las proximidades de Valladolid. Aún sin descartar ninguno de los tres sistemas técnicos disponibles, estas personas apostaron por el empleo de los recursos hidroeléctricos del Duero. Estaban convencidos de que la fábrica ahorraría a los labradores castellanos pagar el recargo del transporte para los abonos fabricados a base del lignito de Teruel. En cambio, se opusieron a la idea de convocar un concurso para seleccionar las mejores propuestas con el argumento de que las capacidades a instalar eran inferiores al consumo español. De ahí que, en su opinión, "el concurso [estuviera justificado] si sirve para elegir entre la superabundancia". Les preocupaba que una demora en la resolución del concurso pudiera encarecer el costo de la maquinaria de importación, siempre que ésta última fuera posible pues era grave la escasez de divisas. Por esa doble razón, apelaron al gobierno por entender que era "urgentísimo ... que estimule y facilite cuanto esté de su parte para la inmediata implantación de las industrias [propuestas]".

No carecía de fundamento aquel temor manifestado por los industriales vascos. De acuerdo con la legislación de 1939, las propuestas para montar fábricas acogiéndose a los beneficios reconocidos a las industrias declaradas de interés nacional, habían de contar con el visto bueno de numerosas instancias oficiales. A ese respecto, un escollo a salvar era el recién creado INI. Existía un antecedente peligroso para los intereses privados proclives, como se ha dicho, al empleo de electricidad. En efecto, el procedimiento electrolítico que estaba contemplado en el proyecto elaborado por la Dirección General de Industria había sido fuertemente criticado por un informante desconocido. Argumentó que la energía eléctrica era cara y escasa en España. Esta misma persona no expresó tampoco excesiva confianza hacia los métodos empleados por SIN o por EIA, métodos que tachó de "anticuados". Acusó a estas empresas de "haber perdido dinero" al ser filiales de una casa alemana que intentaba con su actitud desalentar a potenciales competidores. Por último, se alineó con las tesis de los partidarios de destilar lignitos por ser

"de verdadera importancia para España pues no solamente pone en actividad una riqueza que lleva oculta todo el tiempo transcurrido hasta la fecha ... resolviendo al propio tiempo parte del problema del carburante líquido, grasas y aumentar la riqueza eléctrica y a precio muy reducido".

Están claras, a mi juicio, las similitudes entre dicho informe y las tesis defendidas por Serrano y Mayorga por lo que cabe aventurar que su procedencia fue próxima a círculos castrenses. Uno y otro establecieron, en efecto, un vínculo entre nitrogenados y combustibles líquidos. Tambien coincidieron en su crítica a la gestión desarrollada por SIN.

Ese ataque frontal al sistema electrolítico encontró algun eco en la propia Dirección General de Industria quien no ocultó la dificultad implícita en sustituir el consumo de nitrogenados de importación mediante el recurso exclusivo a este procedimiento. Según sus cálculos, conseguirlo habría obligado a disponer de 2.160 millones de Kwh, una cifra inalcanzable a comienzos del decenio de 1940. Sin embargo, a pesar de sus inconvenientes, existían razones de índole estratégica para ubicar una factoría de nitrogenados en la zona central de la península. Se le destinaría una cincuentena de millones de pesetas, un 12 por ciento de la inversión global que ascendía a una cantidad comprendida entre 360 y 480 millones de pesetas.

Por lo que atañe a la destilación de los lignitos de Teruel, la inversión a acometer ascendía 115 millones de pesetas. Otros 50 millones serían necesarios para adecuar las coquerías siderúrgicas. Si a ello sumamos unas importaciones de maquinaria valoradas en 160 millones de pesetas, la cifra global que manejaron los responsables ministeriales, rondaba 375 millones de pesetas, cantidad muy superior a la que habían estimado diez años atrás Serrano y Mayorga.

Llama la atención el mucho optimismo que emanaba de los planteamientos del Ministerio. A pesar de lo adverso de la coyuntura en el plano interior y exterior, se previeron sólo cinco años para "librarse del yugo extranjero" en lo concerniente a nitrogenados y a explosivos. De estallar una guerra, la mitad de la capacidad instalada sería movilizada para este último fin.

Por consiguiente, la Dirección General de Industria fue partidaria de aplicar con carácter inmediato un plan que basó en tres líneas maestras de actuación: Primero, declarar industria de interés nacional a la fabricación de nitrógeno sintético en cumplimiento de lo establecido en el artículo 8º de la ley de 24 de octubre de 1939. Segundo, convocar un concurso para implantar nuevas industrias atendiendo a la distribución espacial que aparece en el Cuadro 1 y en el Mapa 1. Y por último, ampliar las fábricas existentes en 8.500 Tms de sulfato amónico a base del gas de coquerías producido en la Felguera y en otras 5.000 Tms partiendo de hidrógeno electrolítico.

Los datos que aparecen en el Cuadro 1, merecen varios comentarios. Por un lado, sorprende la fe ciega exhibida por las autoridades ministeriales que se mostraron convencidas de rubricar en un plazo relativamente breve una autosuficiencia en abonos nitrogenados con una inversión que, de acuerdo con sus estimaciones, sería prácticamente amortizada en un sólo ejercicio. Por otro lado, el Ministerio apostó, con una única excepción, por una localización periférica de las futuras fábricas de nitrogenados. Como ha quedado dicho, en la ubicación central de la fábrica exceptuada pesaron en mayor grado criterios militares que consideraciones económicas. Por último, la Dirección General de Industria evitó cualquier mención explícita a la destilación de lignitos como procedimiento para producir el nitrógeno. Su falta de interés por este sistema de fabricación fue compartido por varios altos

CUADRO 1: EL PLAN DEL NITROGENO (1939)

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º ZONA ³ NITROGENO ³ PRODUCCION ³ SISTEMA º

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º ³ ³ ³ H electro- º

º 1. Centro ³ 10.000 ³ nitrato ³ º

º ³ ³ ³ lítico º

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º ³ ³3/4 sulfato ³ º

º 2. Levante ³ 40.000 ³ + ³ s/e º

º ³ ³1/4 nitrato ³ º

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º ³ ³2/3 sulfato ³ º

º 3. Sur ³ 30.000 ³ + ³ s/e º

º ³ ³1/3 nitrato ³ º

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º 4. Norte ³ 20.000 ³ s/e ³ Gas horno º

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º ³ ³ ³ H electro- º

º 5. Norte ³ 10.000 ³ sulfato ³ º

º ³ ³ ³ º

º ³ ³ ³ lítico º

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Fuente y notas:

s/e sin especificar. Columna 2: Producción de nitrógeno en toneladas métricas. Columna 3: Producción de sulfato amónico y nitrato de cal según proporciones. Columna 4: Procedimiento técnico empleado. MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (1939), APG JE leg. 50 exp. 4.1

cargos del Ministerio. Dos años más tarde, Robert le expuso a Suanzes que la destilación de los carbones de la cuenca de Peñarroya carecía de interés industrial.

Alentadas por el plan del nitrógeno, diversas empresas privadas enviaron las propuestas de instalación de fábricas de amoníaco sintético que aparecen en el Cuadro 2. Con una producción prevista de 113.750 Tms de nitrógeno, los proyectos de siete sociedades químicas se acomodaron en tres grandes grupos, uno por cada procedimiento técnico. La tercera columna muestra que las propuestas realizadas por las compañías del AZOE, EBRO y NITROGENADOS DEL LEVANTE fueron desestimadas. Mientras que la primera pretendía hacer uso de un salto de agua en Murcia, las dos siguientes plantearon la destilación de lignitos.

CUADRO 2: EL CONCURSO DEL NITROGENO (1940/42)

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³ (i) Gas de coquerías ³ Proyecto ³ Autorizado ³

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³ ³ ³ ³

³ SEFANITRO ³ 24.000 ³ 24.000 ³

³ ³ ³ ³

³ SIN ³ 9.000 ³ 9.000 ³

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³ (ii) H electrolítico ³ ³ ³

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³ ³ ³ ³

³ NICASA ³ 10.000 ³ 10.000 ³

³ ³ ³ ³

³ HIDRONITRO ³ 8.250 ³ 8.250 ³

³ ³ ³ ³

³ CAE del AZOE ³ 37.500 ³ NO ³

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³(iii) Destilación de lignito ³ ³ ³

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³ ³ ³ ³

³ EBRO ³ 10.000 ³ NO ³

³ ³ ³ ³

³ NITROGENADOS DE LEVANTE ³ 15.000 ³ NO ³

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³ TOTAL ³ 113.750 ³ 51.250 ³

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Fuente y notas:

Volúmenes de producción proyectados y autorizados en toneladas métricas según consta en MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (1942).

He expuesto anteriormente que el MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO no había expresado excesivo apego por fabricar nitrógeno a partir de esta materia prima. Sin embargo, como se verá en los párrafos siguientes, no fue esa la razón por la que las dos empresas que optaron por esta vía quedasen excluidas. De la comparación de los cuadros 1 y 2, se infiere que las dos propuestas cumplían el doble requisito espacial y de capacidad.

A caballo entre la convocatoria del concurso en los meses finales de 1939 y su resolución en 1942, fue creado, en el mes de setiembre de 1941, el INSTITUTO NACIONAL DE INDUSTRIA. En las famosas Notas que Suanzes distribuyó a los miembros del consejo de administración con ocasión de su primera reunión celebrada a fines de diciembre, colocó en un sexto lugar a las

"industrias importantes de carácter autárquico en las que circunstancias especiales de aspecto nacional aconsejan adoptar diferentes soluciones con distintos precios de productos y la imposición de éstos últimos al mercado es la que garantiza la viabilidad del negocio".

A ese grupo pertenecían las industrias del nitrógeno en las que era aconsejable, según opinión de su primer presidente, la intervención del INI por tratarse de industrias

"creadas y sostenidas por una razón de Estado y que, en una forma o en otra, se constituyen o pueden llegar a constituirse en monopolio o cartell (sic), aunque sea [la intervención] en forma minoritaria para frenar y suavizar la acción monopolizadora y como garantía - ante el Estado o sus delegados - de otros intereses, que resultarán seguramente afectados".

Entre las primeras actuaciones a emprender por el Instituto, Suanzes destacó la participación en empresas de carácter "importante y autárquico" creadas con anterioridad al mes de setiembre de 1941, entre ellas figuraban todas las vinculadas a la fabricación de nitrogenados: S.E. de FABRICACIONES NITROGENADAS (grupo ALTOS HORNOS); SIN; NICASA e HIDRO NITRO ESPAÑOLA. Sobre una inversión total de 900 millones de Ptas (estimada en primera instancia en 800 millones), el consejo de administración aprobó en marzo de 1942 que el Instituto participase con 150 millones de Ptas lo que significó un claro recorte con relación a los 480 millones que incialmente previeron los gestores. Dicha participación se escalonaría en dos cuatrienios, correspondiendo cien millones de pesetas a 1942/45 y los cincuenta restantes a 1946/49.

Para ejecutar el plan, Suanzes desplegó su actuación en un doble frente: Por un lado, utilizó sus prerrogativas ante el Ministerio para excluir a las empresas que, en razón de sus actividades futuras, podían inmiscuirse en sus planes, léase destilación de lignitos y de pizarras bituminosas. Por otro, se aprestó a participar en el capital social de empresas como SIN que, por utilizar como insumo el gas de coquerías, escapaban a su ámbito de actividad inmediata. En fechas tan tempranas, el INI carecía de los altos hornos y de los saltos de agua que le hubieran permitido producir nitrógeno por los dos sistemas ya establecidos en España.

El hostigamiento que el INI deparó a la compañía del AZOE merece nuestra atención. En su origen, se encuentra el vínculo, ya comentado, establecido por Suanzes entre combustibles líquidos y nitrogenados, el cual, a su vez, se había inspirado en los escritos de Serrano y Mayorga quienes exigieron dar una solución conjunta a estos dos problemas. Fue éste último aspecto lo que indujo al INI a rechazar la propuesta de la compañía del AZOE de establecer una fábrica de nitrógeno electrolítico en la región murciana. Se valió para ello de la intención de esa misma compañía de destilar las pizarras bituminosas de la cuenca de Puertollano para obtener combustibles líquidos.

Tras informar sobre un viaje a Sagunto en el que visitó las instalaciones previstas por la empresa siderúrgica ALTOS HORNOS DE VIZCAYA en febrero de 1942, Suanzes encontró apoyo entre los restantes consejeros para lo que denominaré la doctrina del INI en materia de nitrogenados:

"Las iniciativas particulares sobre asuntos relacionados con la explotación de estos lignitos son varias pero orientadas todas con el pie forzado de determinadas minas o ferrocarriles y hacia la obtención de sulfato amónico sin destilación previa ... siendo necesario detener estas iniciativas absolutamente dependientes de una autorización y protección del Estado y que afectan a otros intereses, para estudiar y resolver de una manera unitaria y racional como lo está intentando el Instituto, el problema de obtención de carburantes, abonos y electricidad, atendiendo tanto a los factores económicos como a las necesidades ineludibles de la autarquía...".

En aplicación de esa doctrina, Suanzes combatió las dos propuestas de la compañía del AZOE con armas distintas. Por lo que atañe a la fábrica de nitrogenados de Murcia, ejerció una doble presión, directa sobre la empresa e indirecta a través del Ministerio. En el primer caso, se entrevistó con consejeros del AZOE, provocando en ellos la "natural desilusión en lo referente al control y forma de capitalización". Aunque ignoro los pormenores exactos del encuentro, es probable que Suanzes les transmitiera su propósito de reclamar del gobierno la expropiación de la fábrica, dándoles opción a convertir sus acciones en obligaciones preferentes en aplicación del artículo 8º de la ley fundacional del INI. En el segundo caso, expuso a la Dirección General de Industria que era intención del INI montar una gran fábrica de abonos nitrogenados a base de los lignitos de la cuenca turolense de Fayón-Mequinenza. De llevarse a efecto ese proyecto, el volumen de producción que había solicitado la compañía del AZOE, sería entonces rebajado a una cuarta parte. Nótese que esa factoría nunca vió la luz. En su informe, Serrano y Mayorga mencionaron la existencia de un proyecto que había elaborado la SAC MINAS DE MEQUINENZA para montar una central termo-eléctrica destinada a la fijación del nitrógeno atmosférico. Su coto de 800 hectáreas en la confluencia de los ríos Ebro y Segre disponía de unos depósitos de 50 millones de toneladas de carbón con una calidad superior a los lignitos alemanes empleados por la I.G. FARBEN. Ese cúmulo de factores concedió especial atractivo a la cuenca de Mequinenza.

En cuanto a la explotación de la cuenca de Puertollano, el Consejo Técnico de Carburantes Líquidos que se reunió en las mismas fechas bajo la presidencia de Suanzes, decidió por unanimidad crear una sociedad anónima con esa misma finalidad social, reservándose un 60 por 100, como mínimo, de las acciones. A los obligacionistas de la compañía del AZOE, se les reconocería la capacidad de canjear sus títulos por acciones de la sociedad hasta el 40 por ciento restante. El hostigamiento del INI a la CAE del AZOE no acabó en este lance. A principios de 1942, Suanzes reclamó de la Presidencia del Gobierno exclusividad para explotar los yacimientos de pizarras bituminosas por cuenta del Instituto. Salía así al paso de la solicitud del AZOE para que fuera declarado de interés nacional su proyecto de instalar una destilería de pizarras. Amén de invocar que el asunto había sido analizado en profundida por el INI, Suanzes se apresuró a establecer los dos vínculos que ligaban, por un lado, la obtención de carburantes líquidos a los nitrogenados y, por otro, la autarquía económica a la defensa del país. Iniciando lo que se convertiría en una práctica usual en el futuro, remitió a Carrero Blanco un borrador del anteproyecto de ley que encomendaba al INI - o quizá sería más adecuado afirmar por el que se autoencomendó - la organización de una empresa pública para lograr ese doble objetivo.

Se requieren algunos comentarios sobre la redacción de ese decreto. En primer lugar, Suanzes hizo especial hincapié en la conveniencia de aplicar un criterio unitario que, "evitando una dispersión de iniciativas, ... perjudique la finalidad principal". Acto seguido, recomendó la intervención del INI "por lo menos en la fase y período de tiempo necesario para desarrollar y estabilizar estas esenciales actividades". Nótese lo contradictorio de esta afirmación sobre el carácter transitorio de la acción del INI con la demanda de exclusividad para sus actuaciones. En esa misma línea, Suanzes abrió un portillo a una colaboración futura de la iniciativa pública con el interés privado (Art. 9º), quizá porque no desconocía que altos cargos ministeriales habían expresado su inclinación a limitar la intervención del Estado en la industria española. Por último, Suanzes reclamó carta blanca para elegir métodos, productos y sistemas que hicieran posible acometer en el futuro instalaciones de tipo complementario tales como las de hidrogenación (Art. 5º).

Carrero modificó sustancialmente la redacción final del decreto. En particular, eliminó las reiteradas alusiones a que la destilación de pizarras bituminosas constituía la "solución más inmediata, sencilla, económica, práctica y viable".

El pecado original de la CAE del AZOE no fue otro que, en respuesta a la convocatoria ministerial de 1939, realizar una doble propuesta que entró en colisión con los planes de futuro de una empresa aún no constituida, la E.N. de CARBURANTES LIQUIDOS, ENCLI. Téngase presente que, si bien Suanzes aludió en su escrito a Carrero a la existencia de un análisis completo, lo cierto es que el informe económico y técnico de los proyectos a desarrollar por ENCLI, rebautizada posteriormente como E.N. CALVO SOTELO, no vió la luz hasta año y medio más tarde. A comienzos de 1942, Suanzes sólo contaba en realidad con un vago apoyo de Robert a la decisión de ubicar en Puertollano una fábrica de nitrogenados capaz de abastecer a toda la submeseta sur, a la bética interior y a Extremadura. Recuérdese que el Plan del Nitrógeno sólo contemplaba una fábrica en la zona centro, requisito ya satisfecho por la factoría de NICAS que debía instalarse en Valladolid.

Al cerrar el paso a un aprovechamiento de las pizarras por la iniciativa privada, el INI de Suanzes se inmiscuyó en el problema del nitrógeno que, como he mostrado, era dos años más joven que el propio Instituto. La irrupción del INI no atendió a un plan premeditado. Antes bien, las decisiones adoptadas con respecto a la explotación de las pizarras denotaron una fuerte improvisación. Al convertir a los nitrogenados en un subproducto de la destilación de las pizarras bituminosas, el INI alteró de forma significativa las directrices marcadas por el Ministerio para dar solución al problema del nitrógeno.

Una vez que el Instituto se hubo lanzado en esa dirección, fueron inevitables otras acciones complementarias que giraron en torno a dos grupos de medidas: (a) alcanzar la exclusividad en lo referente al aprovechamiento de lignitos y carbones inferiores y (b) entrar, como socio minoritario, en sociedades de compuestos nitrogenados que utilizasen el gas de coquería, medida que será analizada en el apartado siguiente.

La propuesta del INI de instalar una gran fábrica de nitrogenados que explotase los lignitos de Fayón-Mequinenza contó con el apoyo de Robert quien, en carta particular a Suanzes, ensalzó el acierto del emplazamiento elegido por ser cercano a regiones agrícolas de fuerte consumo en abonos. Se previó para esa factoría una capacidad de 35.000 Tms de nitrógeno, lo que obligaba, no obstante, a impedir la instalación de las plantas de EBRO (10.000 Tms) y PRODUCTOS DEL NITROGENO (15.000 Tms). Por su parte, la fábrica murciana del AZOE no podría rebasar una capacidad de 10.000 Tms. Con los lignitos, Suanzes intentó repetir la misma fórmula que siguó con las pizarras, esto es decretar la exclusividad del Instituto en el aprovechamiento de los yacimientos turolenses en cuanto concernía a la producción de nitrogenados, carburantes y electricidad. En esta ocasión, sin embargo, no contó con la acquiescencia del consejo del INI. Arburua, Granell y Roa argumentaron en contra de esta medida, por creerla precipitada mientras que no se contase con los resultados de las pruebas a realizar en Alemania a partir de los lignitos de estas cuencas. Como se comprobará a continuación, no requirió Suanzes de ese decreto pues tenía a su alcance otro artificio legal tan eficiente como aquel: establecer la reserva estatal de los yacimientos.

PRODUCTOS DEL NITROGENO era una pequeña empresa valenciana que se constituyó en 1916 con el propósito de colmar el déficit energético provocado por la interrupción de las importaciones de hulla británica en los mercados levantinos. Con ese fin, la sociedad registró varias pertenencias mineras en la cuenca turolense. No escapó a sus gestores que el negocio precisaba de la ocurrencia de unas condiciones especiales para ser rentable. Eran conscientes del hecho de que los carburantes obtenidos a partir de la destilación de estos carbones excedían en precio a los derivados del petróleo. Por esa razón, en 1942 reclamaron, en los términos siguientes, una intervención del Estado con vistas a mejorar el transporte en aquella accidentada región:

"¿ Qué de sacrificios económicos no se harían ahora con tal de disponer de unos miles de toneladas de carburantes, aún cuando éstos resultasen a precios superiores a los normales, con tal de regularizar, aunque fuese en parte el servicio de transportes cuya deficiencia afecta en gran cuantía a la economía general ?".

Aquel era, sin duda, un argumento que no podía pasar inadvertido en los despachos del INI. Sin embargo, el error de PRODUCTOS DEL NITROGENO o, para el caso, de EBRO consistió en trazar unos planes con muchos parecidos con los proyectos que la ENCLI se había fijado para producir combustibles líquidos. A pesar de la presión ejercida por un INI que, por su ley fundacional, había recibido capacidad de vetar cualquier iniciativa industrial, Suanzes se presentó tambien en esta ocasión como un valedor de la iniciativa privada. El presidente del Instituto aceptó que la reserva estatal de la cuenca turolense que fue decretada en noviembre de 1942, no ejerciera efectos retroactivos sobre las pertenencias mineras de PRODUCTOS DEL NITROGENO. Fue una concesión generosa una vez que se había decidido negarle la preceptiva autorización para instalar una planta de sulfato amónico.

Sobre un total de casi 120.000 Tms de nitrógeno fijado en el plan que había trazado Antonio Robert, se concedieron autorizaciones a las empresas SIN (9.000 Tms), SEFANITRO (24.000 Tms), HIDRONITRO (8.250 Tms) y NICAS (10.000 Tms) para emprender una producción global de 51.250 Tms, menos de la mitad de aquel volumen. Quedaron pues en tramitación proyectos por un total de 72.000 Tms de nitrógeno. En el Mapa 1, se puede comprobar que, una vez rechazada la propuesta de la compañía del AZOE, reinó la indefinición en torno a la ubicación precisa de la fábrica que se encargaría de abastecer en abonos nitrogenados a la mitad sur peninsular. Tal como lo sugieren las dos flechas que enmarcan al círculo, a mediados de 1942 no existía certeza alguna sobre el emplazamiento definitivo que ocuparía la fábrica del INI.

4. EL INI Y LA PRODUCCION DE NITROGENADOS

Una vez eliminado cualquier viso de colisión entre la iniciativa privada y unos planes aún por trazar, los gestores del INI desplegaron su política de nitrogenados con un doble horizonte temporal. En lo más inmediato, el INI tomó posiciones en la industria del nitrógeno mediante la suscripción de un paquete accionarial en SIN que era la empresa privada que le ofreció las mejores perspectivas de desarrollo. En un plazo más dilatado que nos situa en el segundo lustro de los años 1950, el INI acometió la construcción de sus propias factorías de nitrogenados que, para ese entonces, adquirieron la categoría de actividad residual de otras producciones prioritarias: hidrocarburos sintéticos a partir de pizarras bituminosas o de lignitos, refino de petróleos y acerías.

(a) Participación en el capital social de SIN

El INI sostuvo que su entrada en el accionariado de SIN respondía a una petición de auxilio por parte de la empresa química. Sin embargo, varios hechos ocurridos en el transcurso de los años 1940 restan verosimilitud a esa pretensión. En efecto, ¿ Cómo explicar entonces que el INI hiciera oidos sordos a peticiones idénticas que le fueron planteadas por otras empresas del ramo ? O, ¿ Cómo explicar el afán de los principales accionistas de SIN por recuperar una parte importante de las acciones que habían sido suscritas por el INI en 1942, llegando a pagar por ellas un 200 por ciento de su valor nominal ? Cuando el INI arrebató por segunda vez consecutiva al Banco URQUIJO el convenio que éste había negociado con FIAT para montar en España una fábrica de automóviles, los banqueros le reclamaron la cesión de 20.000 acciones en "reconocimiento a la buena disposición" que habían mostrado. Una vez aprobada la venta por el consejo del INI, Suanzes solicitó a la Presidencia del Gobierno la autorización pertinente para enajenar las acciones argumentando que la cesión no implicaba la pérdida del sillón que ocupaba el INI en el consejo de SIN. Hechos como los descritos me inducen a pensar que el INI ejerció presión para entrar en el accionariado de SIN. La operación fue aceptada con resignación por el URQUIJO como un mal menor. No estuvo exenta, sin embargo, de algunas ventajas con especial atractivo en un momento coyuntural tan difícil como el vivido por la industria española en los años 1940.

MAPA 1: EL PLAN DEL NITROGENO

En los prolegómenos de la negociación, los administradores de SIN reservaron al organismo público un paquete de acciones por valor superior a veinte millones de pesetas, un tercio de la ampliación de capital que previeron necesaria para ampliar sus instalaciones y eregir una nueva factoría en Barros, localidad cercana a La Felguera. Sesenta millones de pesetas fue, en efecto, el presupuesto que elaboraron los técnicos alemanes e italianos pertenecientes a las sociedades I.G. FARBEN y MONTECATINI. Con una inversión de 42 millones, se destinó la mayor partida a la adquisición de maquinaria que debía encargarse por mitades a casas españolas y extranjeras. Tres razones indujeron a los gestores de la SIN a renovar sus instalaciones. Primero, estaban convencidos de que el gobierno daría un giro a la anterior política industrial que fue calificada de "suicida", visto el descalabro sufrido por los rendimientos agrícolas. Segundo, quisieron tomar la delantera a potenciales competidores tan pronto el nitrógeno fue ascendido a la categoría de industria "básica y vital" para el país. En concreto, fue motivo de preocupación la constitución por el grupo de ALTOS HORNOS de la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FABRICACIONES NITROGENADAS (SEFANITRO) con el propósito de captar una cuota de mercado de un 25 por ciento para su fábrica de Baracaldo. Tercero y último, confiaron en que había desaparecido el riesgo de una repetición del dumping vivido en los años 1930 porque la legislación sobre industrias de interés nacional garantizaba a priori un consumo obligatorio de nitrogenados de fabricación española al precio "remunerador" de 474 Ptas/Tm. Con las ventajas fiscales otorgadas a las fábricas de interés nacional, los gestores de SIN apostaron por la posibilidad de recortar los costos medios hasta 316 Ptas. Aplicar esa diferencia de 158 pesetas que consideraron, no obstante, como un límite inferior a una producción de 55.000 Tms de sulfato amónico, les deparaba una tasa de beneficio de un 10,13 por ciento.

Mediado el mes de enero de 1942, Suanzes sometió el asunto a los consejeros del Instituto. A la espera de un dictamen del Consejo Técnico Económico sobre una memoria remitida por don Antonio Lucio Villegas, consejero delegado de la sociedad metalúrgica DURO FELGUERA, el consejo del INI acordó suscribir veinte millones de pesetas en acciones privilegiadas. A comienzos de junio, sin embargo, la gerencia de SIN comunicó a Suanzes que, ante la necesidad de atender las peticiones de "importantes grupos industriales", reservaba al INI 30.000 acciones con un valor nominal de quince millones de pesetas. Sólo restaba el preceptivo permiso del Ministerio de Hacienda quien debía habilitar los fondos necesarios, y el nombramiento de un consejero en representación del INI. Este último asunto suscitó fricciones entre los futuros socios. Por boca de su consejero delegado, José Arvilla, SIN sugirió que el nombramiento recayera en Joaquín Planell. La respuesta del vicepresidente del INI, Mario Herrán, fue buen botón de muestra del talante autoritario de los gestores públicos que no gustaron nunca de intromisiones en sus asuntos internos:

"Le fue comunicado que el Instituto acertará con toda seguridad en el nombramiento que se haga en ese período inicial, como en los que posteriormente se lleven a cabo. La razón es evidente: la defensa de intereses ligados por el mismo propósito".

El primer representante del INI en el consejo de administación de SIN fue el general de artillería Juan Izquierdo Croselles que, a la sazón, ocupaba la jefatura de la Dirección General de Industria y Material del Ministerio del Ejército. El nombramiento de un militar con mando no sólo ratificó la intensa presencia de artilleros en puestos claves del organigrama del Instituto, aspecto que ha sido estudiado por Elena San Román, sino que, además, ratificó esa ambivalencia civil y militar que se le había otorgado desde los medios oficiales a la industria del nitrógeno.

Tras analizar el proceso que llevó al INI a tomar una participación minoritaria en una empresa privada, interesa debatir sobre las ventajas que les reportó a ambos esa curiosa asociación. Desde la óptica de SIN, dar entrada en su capital a un socio tan incómodo como el INI resultó compensado por dos clases de beneficios. Por un lado, un beneficio financiero propio de una inyección de capital en un momento crucial para ampliar su negocio y satisfacer las exigencias del Plan del Nitrógeno. Por otro, un beneficio administrativo implícito en los servicios que le podría proporcionar el INI para negociar licencias de importación, suministros de materiales intervenidos o incluso precios de tasa.

Convertirse en socio minoritario de una empresa privada fue un hecho pintoresco que no se prodigó en la primera etapa de vida del INI. Pareció dar visos de realidad al pretendido papel de impulsor de la industria que le reconocía su ley fundacional de 1941. Indagar acerca de las razones que llevaron a sus gestores a entrar en el capital de SIN equivale a explicar los motivos que les hicieron desistir de repetir la operación con HIDRO-NITRO o SEFANITRO. Estas dos sociedades creadas ellas tambien al amparo del Plan del Nitrógeno, cursaron peticiones similares a la realizada por SIN. En 1942, SEFANITRO ofreció al INI acciones por importe de cinco millones de pesetas. Al año siguiente, HIDRO-NITRO recabó su respaldo financiero para cubrir una emisión de acciones por un nominal de 35 millones de pesetas con la intención de sufragar las obras del pantano hoscense de Barasona. En 1945, SEFANITRO renovó su ofrecimiento de acciones en cartera, pero elevándolo, en esta ocasión, a 25 millones, con el propósito de dar un impulso definitivo a las obras de su fábrica de Baracaldo. Amén de apelar a los conocidos argumentos en pro del interés nacional, ambas sociedades hicieron alusión, para reforzar su petición, al precedente de la entrada en el capital de SIN.

¿ Por qué estas empresas carecieron del filtro de SIN para seducir al INI ? ¿ Por qué los directores del INI se inclinaron por una empresa de tamaño modesto cuya gestión había sido vilipendiada en el pasado por observadores del estamento militar afines a sus ideas ? El caso de SEFANITRO resulta más chocante pues se dió la circunstancia de que, por tres veces, su ofrecimiento contó con el beneplácito de personas relevantes en el INI. En la primera ocasión, algunos consejeros barajaron incluso la idea de utilizar a SEFANITRO para absorber las instalaciones de SIN con el propósito de "dar a la nueva empresa una base experimental en que apoyarse". La propuesta no cuajó, decidiéndose aplazar la participación del INI en tanto en cuanto el capital inicial de SEFANITRO no hubiera sido plenamente desembolsado. En la segunda ocasión, la Sección del Plan emitió un informe favorable a la propuesta argumentando sobre la importancia de entrar en su consejo con la intención de

"establecer unas normas de coordinación, que redundarán en beneficio del plan de conjunto, velando a la vez por el establecimiento de una política de precios que favorezca en lo posible a la agricultura y garantice la satisfacción de las necesidades de las industrias de explosivos tan relacionadas con la industria nacional".

A pesar de estas razones a las que se añadieron unas buenas perspectivas merced a la solidez financiera de sus promotores y a su elevada solvencia técnica avalada por la mismísima I.G. FARBEN, el consejo del INI volvió a declinar el ofrecimiento. Pesaron más las opiniones del Director Técnico que cuestionó si la ampliación de capital sería suficiente para adquirir una maquinaria que nunca llegó de Alemania por causa de la guerra. Así mismo surgieron dudas de última hora sobre los costes de fabricación y por ende sobre la rentabilidad de la inversión. En 1948, se cambiaron las tornas. La negativa llegó por el lado de la empresa vasca. Fue Suanzes quien suscitó en esta tercera ocasión la conveniencia de entrar en SEFANITRO so pretexto de no "privarle del apoyo moral que merece por su actuación a todo riesgo en beneficio del país".

Por lo que respecta a HIDRO-NITRO, recuérdese el juicio negativo que albergaban los gestores del INI sobre la síntesis electrolítica del nitrógeno. De hecho, la petición de ayuda respondió a la insuficiente capacidad de los saltos de los ríos hoscenses y, por consiguiente, a la necesidad de habilitar una central eléctrica a pie del pantano de Barasona.

Por encima de las razones apuntadas, la principal causa que llevó al INI a negar su apoyo financiero a HIDRO-NITRO y a SEFANITRO consistió en que ninguna de las dos empresas era una realidad en 1942 y ni siquiera lo sería en 1945. La maquinaria alemana encargada por SEFANITRO se hallaba en paradero desconocido al término de la guerra mundial. Un informe interno del propio INI se hizo eco del asunto en los siguientes términos:

"El problema planteado es de envergadura por cuanto las posibilidades de localizar y trasladar a Suiza la maquinaria existente en las fábricas alemanas en el momento de la ocupación militar por los aliados, no ofrece perspectivas optimistas".

Además de haber sufrido por este motivo un quebranto económico importante de 3,5 millones de pesetas, SEFANITRO se vió abocada, a comienzos de 1946, a dar una nueva orientación a sus instalaciones buscando, en el mercado norteamericano, la maquinaria que le faltaba.

Por contra, SIN ofrecía veinte años de experiencia en el sector del nitrógeno y unas aceptables perspectivas de futuro. Aunque sus instalaciones habían quedado algo anticuadas por tener paralizada su actividad industrial, lo cierto es que estaban bien cuidadas como lo comprobó el propio Suanzes en una visita girada a la fábrica de La Felguera a comienzos de 1942. Participando en el capital de esta sociedad, el INI adquiría de forma inmediata un relativo control sobre producciones muy relacionadas con la fabricación de explosivos de guerra. Así lo expresó Suanzes a Carrero:

"La obtención de la representación que el Instituto ostenta en dicha Sociedad y no la cuantía de su aportación fue la causa determinante de que entrara a participar en ella".

Pueden citarse otros dos motivos. Participar en el capital de una sociedad anónima privada era un carta relativamente barata que Suanzes podría jugar más adelante. En dos ocasiones, aquella operación sirvió para atemperar los ánimos que suscitaba la beligerancia del INI hacia la empresa privada. En el primer caso, que coincidió con la negociación de ayuda norteamericana, Suanzes la aprovechó para intentar convencer a sus interlocutores acerca de los buenos propósitos que albergaba su INI hacia la iniciativa privada. En el segundo caso, la política del INI volvió a ser cuestionada en pleno afán reformador del bienio 1957-59. Aquella "colaboración con la iniciativa privada" fue presentada entonces como prueba inequívoca de la sincera preocupación que sintió el Instituto por dar solución al Plan del Nitrógeno.

A las razones recien apuntadas, añadiré, por último, una connotación de tipo psicológico que, sin duda, hubo de agradar a Suanzes. Al entrar en el consejo de administración de una empresa de la órbita del Banco URQUIJO, el INI accedía a información de primera mano sobre uno de los principales grupos industriales del país con estrechas vinculaciones en el ámbito metalúrgico (DURO FELGUERA) y químico (EIA y UNION ESPAÑOLA DE EXPLOSIVOS).

(b) Los proyectos de ENCASO

En el otoño de 1943, Joaquín Planell culminó un informe sobre los proyectos de la E.N. CALVO SOTELO en lo concerniente a la obtención de combustibles líquidos. Se trataba de un plan complejo que distinguía cuatro vertientes de actuación: (i) Proyecto "Puertollano"; (ii) Proyecto "Teruel"; (iii) Proyecto "Puentes de García Rodríguez" y (iv) Refinería de Cartagena. En los párrafos que siguen, analizaré exclusivamente los aspectos relacionados con los nitrogenados que pertenecían a una segunda fase de los proyectos a desarrollar en Puertollano y Teruel.

Llama la atención, en primer lugar, la parsimonia con la que el INI abordó la búsqueda de una solución propia al problema del nitrógeno, en especial si se recuerda la precipitación con la que actuó para vetar a la iniciativa privada en 1942. Sin embargo, Planell anunció que

"El INI tiene entre sus más trascendentales cometidos, el de contribuir a la nacionalización urgente de la producción de abonos nitrogenados y, como secuela, la de producir ácido nítrico concentrado y nitrato de amonio en cantidades suficientes para asegurar en todo tiempo la plena producción de nuestras fábricas de pólvora y explosivos".

Pero, a pesar de haber transcurrido casi dieciocho meses y de vivirse en política exterior una situación de neutralidad beligerante, el presidente de ENCASO reconoció que su informe tenía un carácter meramente orientativo, sin otro objeto que el de facilitar a sus superiores una elección sobre el tratamiento a seguir para destilar pizarras. Fruto de esa indecisión, sólo el proyecto de Cartagena había entrado en fase de obras en 1943. Los demás no habían traspasado aún el umbral de reconocimientos, experimentos semi-industriales y solicitud de licencias.

En segundo lugar, recuérdese que la producción de abonos nitrogenados no constituía un fin en sí misma, sino que era un subproducto de la fabricación de carburantes y lubricantes. En el fondo, los nitrogenados sirvieron para compensar lo antieconómico de utilizar unos carbones de ínfima calidad por tener una naturaleza emborrascada y un elevado porcentaje de cenizas (33 por ciento). "En circunstancias normales", aseveró Planell, "la colocación de estos carbones en el mercado es difícil". Es decir, reconoció que, de no ser por la autarquía económica, aquellos carbones carecían por completo de interés. Sin embargo, se dieron otras circunstancias que aconsejaban su empleo, siempre según Planell. La estrategia militar recomendaba, en efecto, ubicar una factoría de carburantes y lubricantes en un emplazamiento como Puertollano, libre de la amenaza de bombardeos destructivos. Allí concurrían además otras ventajas que interesa señalar. La existencia de piedra caliza en grandes cantidades en la localidad cercana de Argamasilla de Calatrava convertía a Puertollano en un lugar adecuado para fabricar nitratos y ácido nítrico, productos con los que se podría abastecer a las fábricas de munición de Murcia, Granada, Sevilla y La Torerera.

Por consiguiente, el grueso de la producción de abonos nitrogenados de ENCASO se obtendría en las instalaciones de hidrogenación de Puertollano. Tal como se desprende del Cuadro 3, se contempló fabricar 64.500 Tms de nitrocal-amón, 4.600 Tms de ácido nítrico concentrado y 22.800 Tms de nitrato amónico, éstos dos últimos destinados a la fabricación de explosivos de guerra e industriales. Ese volumen de producción equivalía a un 10 por ciento del consumo español. Para ello, se evaluó una inversión de capital fijo cercana a 120 millones de pesetas de los cuales 53 millones correspondían a maquinaria alemana. Para obtener los precios que aparecen en el cuadro, Planell procedió a la inversa de lo habitual, partiendo de una tasa de rentabilidad de un 7 por ciento que aplicó a los costes totales.

CUADRO 3: EL PROYECTO PUERTOLLANO Y LA FABRICACION DE

NITROGENADOS

Fuente y notas:

Importe: en millones de Ptas; % C: porcentaje sobre el consumo interior. 'Informe Técnico-Económico de los Proyectos de la E.N. CALVO SOTELO' (Setiembre-Octubre 1943), INI Fondo Planell leg. 3.

Por lo que respecta al Proyecto Teruel que, como se recordará, estaba basado en el aprovechamiento de lignitos, la existencia de abundantes reservas de yeso en las comarcas ribereñas del Ebro invitaba a fabricar allí sulfato amónico. Se esperaba alcanzar un volumen de 110.000 Tms pero quedaba aún lejano ese día. En buena medida, las demoras que se arrastraban para poner en marcha el proyecto respondieron a la falta de acuerdo entre el INI y los concesionarios de minas de las cuencas de Ariño, Andorra y Alloza. Temía Planell que los mineros aprovechasen la libertad de precios del lignito para exigir a ENCASO un precio exagerado. Por esa razón, rechazó con vehemencia un arreglo basado en la adquisición a un precio fijado por el mercado o, en su alternativa, en un arriendo de larga duración. "Siempre había entendido", afirmó, que

"la primordial y casi única materia prima debe estar bajo su control absoluto y que la gran revalorización que las concesiones han de experimentar con la realización de los proyectos [de ENCASO], debe redundar principalmente en beneficio de ella misma, es decir del Estado pues de lo contrario unos pocos propietarios saldrían muy beneficiados a costa, en el futuro, del consumidor que tendría que pagar más caros los productos".

Por eso, deploró la decisión del consejo del INI cuando rechazó la promulgación de un decreto que habría otorgado a ENCASO exclusividad en el uso de los lignitos. De haber obrado de esa forma, Planell habría dispuesto de la "fuerza moral y legal" para negociar con los mineros con una cierta ventaja. Esos pensamientos le impelieron a enviar a Suanzes un nuevo borrador de decreto que restringía al mínimo el aprovechamiento de lignitos por empresas privadas al tiempo que garantizaba a ENCASO la rentabilidad fijada a priori de un 7 por ciento. Véanse si no las dos muestras siguientes. En su artículo 3º, el decreto estableció que

"las iniciativas privadas que ... puedan existir o producirse ... serán canalizadas a través del INI para que éste decida sobre la compatibilidad del proyecto con sus propios planes o actividades y sobre la conveniencia de modificar el proceso industrial...",

reservándose entonces ENCASO la discrecionalidad de participar en la industria proyectada. En cuanto a la rentabilidad del negocio futuro, el artículo 6º sancionó que

"los productos obtenidos serán impuestos al mercado nacional en la forma, condiciones y precio que el Gobierno determine para hacer satisfactoriamente viable el desenvolvimiento económico y de todo orden de las instalaciones que han de crearse...".

Sin embargo, ni aquella restricción a ultranza de la competencia ni éste abandono de las prácticas del mercado fueron suficientes para agradar al Presidente de ENCASO. En el fondo, desconfió de la bondad de la vía legal. En su opinión, la única forma de resolver con rapidez cualquier contencioso susceptible de producirse, sería la de

"expropiar las concesiones en condiciones generosas, respetando las actuales explotaciones durante un número de años suficiente para que sus instalaciones puedan ser amortizadas".

Evaluó la inversión a realizar en la planta de sulfato amónico en 147 millones de pesetas, 2/3 de ese importe en maquinaria fabricada en España. Aplicando la tasa de rentabilidad del 7 por ciento a los costos totales, obtuvo un precio de venta del sulfato amónico cercano a 488 Ptas/Tm. Si bien excedía en casi un 12 por ciento al precio del nitrocal-amón obtenido en Puertollano, su contenido de nitrógeno era tambien superior. En comparación con lo estimado por SIN, este precio estaba en el mismo orden de magnitud. Por supuesto, las cifras manejadas por Planell carecían de significado puesto que la solución propuesta al problema del nitrógeno rompía con los mecanismos de mercado.

5. THE ODD COUPLE (1942-51)

En este quinto epígrafe, me propongo analizar los aspectos más sobresalientes de la gestión de SIN en el período 1942/51. A este respecto, dividiré el período en dos etapas: 1942/48 y 1948/51. 1948 constituye una divisoria obligada por varias razones. Por un lado, el principal accionista de la empresa química - el URQUIJO - recuperó un paquete de acciones hasta entonces en poder del INI. Por lo demás, en ese año concluyó la primera fase de la ampliación de la fábrica de Vega y se abordó un segundo plan de obras que afectó a la fábrica de Barros. Por otro, 1948 fue un año significativo para la historia económica del período pues se asistió a una suavización pasajera del hostigamiento oficial hacia la empresa privada. En ese año comenzó la negociación de un préstamo norteamericano en un intento por quebrar el aislamiento del régimen y aliviar la difícil situación económica interna. Por último, coincidiendo con el nuevo decenio, se introdujeron cambios tímidos en las coordenadas económicas, lo que llevó a modelar un nuevo concierto para el sector de la química industrial. Con ese telón de fondo, empezó a tomar cuerpo el divorcio de SIN con el INI. Mientras que la primera se alineó con otras sociedades privadas las cuales, al fin y al cabo, eran sus aliados naturales, un INI cada vez más aislado se entregó a la tarea de dar por fin forma a su programa del nitrógeno.

Los problemas suscitados en el día a día de la gestión de una empresa que exhibió el raro atractivo de una cohabitación entre capital privado y público, permitirán analizar las tensiones provocadas en la industria del nitrógeno por la ausencia de una política industrial con un único centro de decisión. Dedicaré especial atención a estudiar si la cuenta de resultados de SIN se vió afectada por la entrada del INI en su capital. Intentaré, por último, desentrañar las consecuencias de tan extraño maridaje para la empresa química.

(a) 1942/48:

La nota más sobresaliente de este primer período fue la escasez acuciante de fertilizantes nitrogenados que padeció la agricultura española. Si, en el quinquenio 1931/35, la importación media de nitrogenados ascendió a 480.000 Tms, en 1940/46 apenas se consiguió revalidar 1/5 de ese volumen, es decir unas 85.000 Tms. Si se tiene en cuenta el crecimiento demográfico, las necesidades anuales de nitrogenados rondaron unas 550.000 Tms anuales, lo que da buena prueba del tremendo déficit que se generó en estos años. Tal como traducen las cifras del Apéndice A-1, todas las clases de nitrogenados corrieron idéntica suerte siendo el sulfato y el nitrato amónico los más afectados y el nitrato de Chile el que menos. Al término de la guerra mundial, la importación española quedó sujeta al dictado del International Emergency Food Council que, con sede en Washington, se ocupó de distribuir buena parte de las disponibilidades de nitrogenados. Desde España, se criticó con vehemencia la supuesta parcialidad con que operó este organismo que, según se dijo, se habría dejado arrastrar por consideraciones políticas. En concreto, se le criticó por autorizar remesas para cubrir 1/4 de las necesidades españolas, proporción que contrastaba con las 4/5 que les reconoció a otros países deficitarios.

En el primer quinquenio de los años 1940, el superar el contingente de nitrogenados logrado en la campaña anterior se convirtió en motivo de júbilo para las autoridades sindicales; loas a la "infatigable labor" de los organismos competentes o a la "firme voluntad" del Ministro de Industria y Comercio al facilitar la concesión de licencias de importación, salpicaron con frecuencia las páginas de las publicaciones adictas a la causa falangista. El Sindicato de Industrias Químicas (SNIQ), en colaboración con la Dirección General de Agricultura, quedó encargado de distribuir los fertilizantes en dos contingentes. A la agricultura, le correspondió la parte del león con un 80 por ciento de las entregas, siendo los más beneficiados los cultivos intensivos y, de modo particular, arroz, cítricos y leguminosas. El 20 por ciento restante fue destinado a fines industriales.

Ese tipo de actuaciones induce a pensar que las ansias por reducir la dependencia exterior en materia de nitrogenados, finalidad primordial del Plan del Nitrógeno, cayeron en el olvido. ¿ Renuncia a una política industrial abrazada a bombo y platillo al término de la guerra civil por la propaganda oficial o, por el contrario, realismo ante la adversidad ? Sin embargo, la guerra mundial con su secuela de destrucción de la capacidad productiva en los países contendientes y de distorsión de los sistemas de distribución proporcionó una oportunidad de oro para impulsar la política autárquica en el ramo del nitrógeno. Mas, como indica el Cuadro 4, la producción española de sulfato amónico permaneció anclada en una horquilla estrecha que se movió en torno a las 18.000 Tms de nitrógeno fijado.

CUADRO 4: PRODUCCION DE SULFATO AMONICO (1942/48)

Fuentes y notas:

Para España, ORTIZ DE MENDIVIL (1944; 1945; 1946; 1947); para SIN, Memorias (varios años).

La falta de respuesta de la industria española del nitrógeno preocupó en círculos sindicales. En el III Consejo Sindical Industrial celebrado en 1945, Bustelo que ejerció de ponente de la sesión dedicada a las industrias químicas, criticó de forma velada la debilidad de los estímulos brindados por el gobierno. En concreto, solicitó que el apoyo estatal fuera orientado preferentemente a promover instalaciones por gasificación y, en una segunda etapa, fábricas que utilizasen gas de agua, es decir la materia prima que proyectaban emplear las plantas del INI. Instó igualmente al gobierno a cooperar en pos de la adquisición de maquinaria extranjera, a reformar el sistema de precios y, por último, a hacer reversible la Caja de Compensación en beneficio de la industria española. Por consiguiente, una de arena pero dos de cal. Por un lado, Bustelo suscribió las tesis autárquicas de aprovechamiento del gas de agua a partir de carbones pobres de Puertollano que, por

"carecer de valor en venta, su aprovechamiento para este fin parece el más adecuado, pues los revalorizaría permitiendo aprovechar estos yacimientos hoy en día casi sin explotar por falta de mercado".

Es posible que, en este respaldo a los planteamientos del INI, existiera una intención oculta. En efecto, por tratarse de un procedimiento altamente ineficiente, Bustelo sabía que sería preciso establecer precios elevados que podrían aprovechar los restantes fabricantes mucho mejor situados. Por otro lado, arremetió con dureza contra las instalaciones basadas en el hidrógeno electrolítico por lo elevado de su consumo de energía eléctrica que cifró en 14 a 16 kwh por kg de nitrógeno fijado.

Al año siguiente, ION, el órgano del sindicato vertical de industrias químicas, invitó a fabricantes y consumidores de abonos nitrogenados a dar su opinión sobre los problemas que aquejaban al sector. Los primeros destacaron dos causas principales, aunque relacionadas entre sí, para explicar el abatimiento de la industria: una dependencia técnica completa respecto del exterior y una escasez de divisas para adquirir bienes de equipo. Así lo reconoció Ortiz de Mendívil, Secretario del Sector de Abonos del SNIQ, al afirmar que

"Por razones ajenas a los mejores deseos, los proyectos no han cristalizado en realidades ... siendo causa de ello las dificultades surgidas como consecuencia del curso de los acontecimientos internacionales en orden a las patentes y a la adquisición de maquinaria".

Los fabricantes lamentaron la falta absoluta de estímulos y apoyos por parte del Estado. En concreto, se refirieron a la fijación de un precio de tasa para el sulfato amónico nacional inferior al de importación, al elevado coste de la energía eléctrica, a las dificultades para importar piezas de repuesto y a la fiscalidad. En su opinión, la industria del nitrógeno se hallaba en 1946 en un momento crítico. Por ello, reclamaron seguridades para dar forma a los proyectos trazados al amparo del Plan del Nitrógeno de 1940. Para Bustelo, el déficit de la producción mundial de nitrogenados no permitía albergar otra solución si se quería evitar el hundimiento de los rendimientos agrícolas españoles, que implantar una industria autóctona del nitrógeno:

"España tiene que producir por sus propios medios una gran parte de sus necesidades en abonos nitrogenados y ello no por un deseo trasnochado de autarquía, sino porque lo exigen de un modo perentorio las disponibilidades previsibles en medios de pago".

Si las palabras de Bustelo daban vida al sentir de los fabricantes, hubo quien criticó un excesivo intervencionismo estatal y reclamó libertad para la iniciativa privada:

"Son tantas y tantas las ligaduras que nos atan, que paralizan cuanto suponga iniciativa y dinamismo. He perdido la cuenta del número y del nombre de las autoridades y organismos de que dependemos, y que en todo momento pueden regular, intervenir e interferir nuestras actividades. Las disposiciones emanadas de esos centros son profusas y contradictorias... Como las disposiciones no se derogan, ni se sabe cuando caen en desuso y son tantas y tantas, destruyen lo que es nervio y motor de la economía privada, hasta convertir el comercio en una actividad burocrática".

Quien así se atrevía a cuestionar el intervencionismo autárquico desde las páginas de ION, el órgano del SNIQ, era Andrés Garrido, gerente de la S.A. ABONOS MEDEM, una filial de la firma catalana CROS. Con sus palabras, puso el dedo sobre la llaga de un aspecto de la economía franquista que ha sido soslayado por los estudiosos: no existió unidad de acción en la política económica sino una multiplicidad de organismos con competencias a menudo enfrentadas que emanaban de planteamientos doctrinarios antagónicos. De ahí que, a mi juicio, resulte impropio hablar de una política económica. En lo que atañe a los nitrogenados, la situación que se alcanzó en 1946 era singular: Existía, por un lado, un ministerio que, en su vertiente industrial, había propugnado unos años atrás un plan de autosuficiencia por medio de ayudas fiscales. En su vertiente comercial, ese mismo ministerio otorgaba facilidades a los importadores los cuales, por lo demás, se aprovechaban de un tipo de cambio irreal que sobrevaloraba la peseta y de unos derechos arancelarios irrisorios. Existía una fortísima intervención del mercado interior con fijación de precios a cargo de las autoridades falangistas sindicales aquejadas ellas tambien de esa misma esquizofrenia pues intentaron agradar por igual a fabricantes y consumidores. Por lo demás, la distribución se realizaba por medio de cupos, sistema que era orquestado por el Ministerio de Agricultura.

Sin embargo, Garrido no sólo instó para que se concediese una mayor libertad de acción a la empresa privada, aspecto en el que, sin duda, habría conseguido aunar el apoyo de los fabricantes sino que suscribió las tesis de los agraristas. Estos últimos, por boca de las Cámaras Agrícolas y demás sindicatos agrarios, se mostraron proclives a consumir exclusivamente nitrogenados de importación. Al término de la guerra, las perspectivas de un pronto restablecimiento de la normalidad en el mercado mundial hicieron concebir la esperanza de que se podría adquirir una vez más fertilizantes a bajo precio como en los tiempos del dumping de entreguerras. Para el gerente de AGRISA, Fernando Meseguer, era improbable que las gentes del campo dispensasen una buena acogida al sulfato amónico español por no resultar competitivo. El dilema fue de consideración. El sueño autárquico requería de la importación de una maquinaria extranjera que debía ser pagada con cargo a unas divisas obtenidas merced a la exportación de unos productos agrícolas que eran, a su vez, intensivos en unos abonos nitrogenados que presumiblemente, una vez desaparecidas las circunstancias extraordinarias de la contienda mundial, serían más baratos en el mercado exterior. Para colmo, las exportaciones agrícolas padecían los efectos de una peseta cara.

En suma, se retornó a las pugnas que antaño enfrentaron a fabricantes y consumidores de nitrogenados, a detractores de la protección y a sus partidarios lo que no dejaba de ser un hecho insólito en un régimen autoritario que abrazó con entusiasmo la autarquía económica. Aquella falta de unidad en la instrumentación de la política económica a la que había aludido Andrés Garrido, dió paso a un período repleto de titubeos. Y ello a pesar de que nunca una sola persona aglutinó tanto poder económico como ocurrió con Juan A. Suanzes entre 1945 y 1951. En efecto, se dieron algunas muestras de una indecisión sobre el rumbo a seguir, ensayándose incluso vías alternativas para elevar los maltrechos niveles de vida de la población española.

En lo tocante a la industria del nitrógeno, se alcanzó, tal como lo sugirieron algunos de sus capitanes, un momento especialmente delicado caracterizado por paralizaciones, demoras e incluso abandono de proyectos. En 1948, los programas de NICAS y de SEFANITRO se hallaban en vía muerta por faltar la maquinaria que precisaban; EIA estaba pendiente de la construcción de nuevos saltos de agua. La peor parte correspondió a HIDRO-NITRO, lo que llevó a sus administradores a desistir temporalmente del proyecto. En ese panorama repleto de dificultades, SIN fue la única empresa del sector que consiguió culminar una parte de su programa de ampliación. En los párrafos siguientes, mostraré que la empresa química asturiana no escapó a ninguno de los factores que afectaron tan adversamente a sus colegas. Por ello, la excepcionalidad de su caso hubo de responder necesariamente a la asistencia que le prestó el INI.

El proyecto de ampliar las instalaciones de SIN aprobado por el Ministerio de Industria y Comercio en 1941 contempló una doble actuación en La Felguera: Por un lado, ampliar la fábrica de Vega para producir 10 toneladas diarias de amoníaco y, por otro, levantar una nueva fábrica en Barros con una capacidad de 35 toneladas al día. Para ejecutar sendas fases del programa, SIN requería de una asistencia técnica extranjera para el montaje y puesta en marcha de las instalaciones así como de una inyección de liquidez en pesetas y en divisas. En esos dos ámbitos, la participación del INI fue notoria.

(i) En el caso de Vega, SIN cursó pedidos de maquinaria a las sociedades francesas de L´AIR LIQUIDE y de LA SOCIETE CHIMIQUE DE LA GRANDE PAROISSE con las que mantenía una larga relación comercial. En dos contratos fechados en 1923 y 1928, estas sociedades le concedieron permiso para explotar varias patentes para obtener amoníaco por el método Claude. Para Barros, se recurrió a la técnica italiana, siendo aceptada la propuesta elaborada por MONTECATINI. A cambio de una minuta de cuatro millones de liras, la firma italiana se avino a prestar una colaboración técnica para asegurar el buen funcionamiento de la fábrica de Barros, mostrándose dispuesta a participar en SIN por seis millones de liras, una cantidad similar al importe de la maquinaria que había de suministrar. Aunque el INI dió su visto bueno a estos contratos, no se inmiscuyó en su tramitación. Sí prestó, en cambio, su apoyo para facilitar la llegada de la maquinaria procedente de París a Asturias. A comienzos de 1944, Suanzes solicitó del agregado comercial alemán en Madrid su colaboración para agilizar los trámites de exportación. Argumentó su petición con una alusión al carácter necesario y urgente de la fabricación de nitrógeno para la economía española. Dos meses más tarde, toda la maquinaria a excepción de unos compresores y una bomba que fueron requisados por las autoridades alemanas por ser de utilidad para fines militares viajaban por vía férrea hacia la frontera española. La influencia de Suanzes volvió a ser crucial para garantizar la presencia en La Felguera de los técnicos franceses encargados del montaje y de la puesta en marcha de los equipos.

(ii) Una vez adquirida la participación minoritaria en SIN, el INI cumplió fielmente con sus obligaciones sociales. A este respecto, hizo frente a tres dividendos pasivos de un 10 por ciento cada uno en 1942, 1943 y 1947. Ese respaldo financiero permitió a SIN desarrollar una parte de su programa. En los últimos meses de 1945, comenzaron las obras de ampliación de la fábrica de Vega, lo que permitió vislumbrar la posibilidad de producir 12.000 toneladas de sulfato amónico en un corto plazo. Peor suerte les cupo a las instalaciones de sulfato amónico y ácido sulfúrico de la fábrica de Barros pues las circunstancias internacionales impidieron a MONTECATINI cumplir su contrato. Por esa razón, se iniciaron gestiones en Estados Unidos, Canadá y Francia. Sin embargo, la imposibilidad de disponer de dólares obligó a renunciar a la mejor oferta procedente de la CHEMICAL CONSTRUCTION Co de Nueva York. Fue por consiguiente necesario distribuir el pedido entre varios países europeos para suavizar el problema de la moneda extranjera, solución que contó con el beneplácito del INI.

No todo fue miel sobre hojuelas en la marcha de la empresa química en estos años. Padeció de forma reiterada restricciones energéticas. Así, por ejemplo, en 1945 la fábrica de Vega permaneció parada 115 días a causa de los cortes eléctricos, el equivalente a un 31 por ciento de su capacidad de producción. Por otra parte, el encarecimiento del precio de sus principales insumos (mano de obra, carbón, electricidad) no se vió correspondido por una revisión del precio del sulfato amónico. La escasez de vagones de ferrocarril dificultó los embarques de ácido nítrico, mientras que el resto de los abonos sufrió una falta de envases. Aquellas desventuras fueron algo habitual en los años 1940 y afectaron a toda la industria española por igual.

Puede parecer sorprendente que las relaciones entre SIN y el INI se desarrollasen con bastante normalidad. Si los resultados de la cohabitación fueron moderadamente aceptables en esos primeros años de rodaje, respondió en buena medida a la sintonía que se estableció entre sus respectivos dirigentes. Izquierdo Croselles que ocupó la vicepresidencia de SIN, desempeñó un papel relativamente discreto. El protagonismo fue asumido por Francisco Bustelo que relevó a Arvilla en el cargo de consejero delegado en 1943. Su gestión al frente de la empresa química ayudó a limar las asperezas que presidían a las relaciones de Suanzes con el Banco URQUIJO. Ingeniero de Caminos con una sólida formación en el campo de la química industrial que le venía de sus años en EIA, prolífico publicista, a Bustelo le unía una buena amistad con Juan Antonio Suanzes.

(b) 1948/51:

Tal como he anunciado en la introducción a este apartado, los tres años siguientes a 1948 estuvieron marcados por la negociación de un préstamo en los Estados Unidos. Para facilitar este objetivo, Suanzes se apresuró a modificar su política industrial en el doble ámbito del Ministerio y del INI. Con alguna excepción sonada - SEAT -, suavizó, por un lado, su hostigamiento a la empresa privada, sustituyéndolo por una colaboración pasajera. Un buen ejemplo de este viraje fue la decisión de condonar una elevada multa a dos empresas mineras británicas. Otro ejemplo lo constituye justamente el caso que analizamos aquí. Por otro lado, Suanzes se esforzó para transmitir la idea de que las cuestiones de calado social eran una prioridad de su ministerio. Exponente de esa política tan ajena en principio a su ideario industrializador fue el intento por implantar una red frigorífica en España. Estas y otras medidas fueron simples artificios utilizados por Suanzes para combatir la opinión negativa que había despertado el INI en círculos influyentes de la administración norteamericana. Deben ser encuadradas en el marco general de la "política de gestos" a la que se entregó en este período el Régimen de Franco.

A finales de 1947, Suanzes transmitió al encargado de negocios norteamericano en Madrid, Culbertson, que las necesidades españolas de divisas para actividades de producción y transporte ascendían a 676 millones de dólares a lo que añadió otros 600 millones para satisfacer las necesidades mas perentorias de bienes de consumo. Sobre ese total de casi 1.300 millones de dólares, 75 millones se destinarían a la adquisición de 150.000 Tms de fertilizantes. Lo irónico del caso es que aquella súbita preocupación por lo social produjo en Suanzes tal obcecación que planteó de forma reiterada a sus interlocutores norteamericanos la necesidad de destinar una elevada proporción del crédito a bienes de consumo. O ¿ Fue acaso un nuevo artificio de Suanzes para liberar divisas en provecho del INI ?

En los primeros contactos con los emisarios españoles, la administración norteamericana dejó claro que los importes manejados y el destino que se les pretendía dar, estaban fuera de la realidad. Tanto el EXIMBANK como el Departamento de Estado señalaron que el crédito oscilaría entre 50 y 60 millones de dólares. La política del banco era favorecer actividades productivas con objeto de fomentar una mayor integración comercial en el área del dólar. Quedaba pues excluida la adquisición de bienes de consumo con la salvedad de abonos, algodón y trigo. Por lo demás, el préstamo tenía por destinatarios a empresas españolas de propiedad privada, concediéndose los créditos sobre la base de proyectos individuales. A la vista de estos requisitos, su concesión quedó sujeta a ciertas garantías del gobierno español en el sentido de modificar los cambios especiales, dar facilidades al capital extranjero y restringir las actividades del INI. A juicio de la Oficina de Asuntos de la Europa Occidental, la influencia del Instituto y su pugna con las empresas privadas constituían dos obstáculos de primer orden para normalizar las relaciones económicas entre Estados Unidos y España. Esa opinión era compartida por el presidente del EXIMBANK. Al decir del marqués de Marsal,

"Es poca la simpatía del Departamento de Estado y del EXPORT-IMPORT BANK hacia nuestro Instituto Nacional de Industria. Ellos lo conocían mal ... Les discutí su criterio, manifestándoles que ... no podía admitir la posibilidad de que este Organismo, el primero en la reconstrucción nacional, fuese excluido o tratado en forma distinta en sus peticiones de crédito".

Los tres aspectos apuntados (empresas del INI, bienes de consumo e importe del crédito) afectaron, por una vía u otra, a la industria del nitrógeno española. En efecto, la preferencia expresada por los administradores del EXIMBANK por favorecer a empresas privadas en detrimento de las públicas indujo a Suanzes a presentar a SIN como un ejemplo de la labor del INI en aras de la reconstrucción de la economía española. No escatimó energías para apoyar al llamado "proyecto de Bustelo" por el que SIN solicitó 700.000 dólares para ampliar sus instalaciones de La Felguera. Para ello puso el asunto en manos de agentes partidarios de la "cuestión española" con influencia en los círculos de Washington. A juicio de uno de ellos, la solicitud de la empresa química asturiana era una de las dos peticiones que podían "mantenerse sobre sus propios pies". Gracias a los buenos oficios de Bustelo y de los agentes de Suanzes, se consiguió que SIN fuera tomada como "piedra de toque" o banco de pruebas que mereció el visto bueno del EXIMBANK. Fue, de hecho, una de las primeras solicitudes aceptadas en el verano de 1950. La escueta referencia oficial a la concesión del crédito norteamericano que se difundió en febrero de 1951 (¡ con tres meses de demora !), mencionó exclusivamente el proyecto de SIN. Fue tambien la única empresa que Suanzes citó por su nombre en una detallada exposición al consejo de ministros.

A cambio de jugar la baza de SIN, Suanzes insistió en solicitar dólares para las empresas estatales bajo su jurisdicción. Haciendo oidos sordos a las advertencias en sentido contrario que le lanzó la embajada americana en Madrid, el Departamento de Estado y el propio EXIMBANK, encargó a Planell una estimación de las inversiones en dólares a acometer por el INI. Según dichos cálculos, se requerían 32 millones de dólares, de los cuales ocho serían absorbidos por la fábrica de Escatrón con capacidad para producir 140.000 Tms de fertilizantes. La documentación no aclara por qué razón los gestores del INI limitaron su petición a un único crédito para Escatrón, omitiendo cualquier referencia a los proyectos de Puertollano o de Puentes de García Rodríguez. En su afán por combatir el supuesto carácter discriminatorio de la política del EXIMBANK hacia el INI, Suñer no dudó en señalar que

"Escatrón es de trascendental importancia para la economía española y está más adelantado que el de ALTOS HORNOS",

lo que equivalía a utilizar un argumento basado justamente en lo que era objeto de crítica por parte del banco. De haber sido aceptado semejante razonamiento, una empresa privada habría quedado entonces postergada en beneficio de una empresa estatal. Frente a los 8 millones de dólares de ENCASO, la factoría de Sagunto con una capacidad proyectada de 60.000 Tms de sulfato amónico había solicitado 4.5 millones. A pesar de la queja del banco en el sentido de que había tratado de "evitar la sumisión del proyecto de Escatrón", Suanzes siguió, en la primavera de 1951, anclado en sus trece. No contento con señalar que consideraba "poco grato" el criterio de favorecer a empresas privadas, no sintió excesivos remilgos a la hora de volver a incluir a Escatrón en la distribución del crédito e incluso de superar el importe global de 62,5 millones de dólares que había sido concedido. Por lo demás, sorprende lo etéreo del pensamiento de Suanzes en estas primeras semanas de 1951 pues incurrió en notables contradicciones. Así, por ejemplo, la asignación correspondiente a Escatrón fue incrementada a 12,15 millones de dólares en el mes de marzo, reducida a 11,75 millones en mayo a pesar de haber instruido a Lequerica en marzo que, a la hora de distribuir el crédito, otorgase prioridad a Sagunto a costa de Escatrón. Tamaños vaivenes no fueron sino los estertores de una negociación en su recta final. Enrabietado ante la "actitud limosnera" del EXIMBANK, Suanzes escribió en los siguientes términos a Lequerica:

"Emplean los americanos en España la ley del embudo y aunque yo estoy bien convencido de que debemos mostrar una enorme paciencia y tenacidad, ésta no debe ser óbice para que nos expresemos con perfecta claridad sin aceptar sofismas. La defensiva no es la mejor táctica y entiendo debemos estar a la ofensiva en todo momento".

Incluso sopesó la conveniencia de romper relaciones con el banco.

Esa dignidad postrera de Suanzes traslucía, en realidad, el enfado de quien vio frustrarse sus expectativas. No sólo el monto del crédito resultaba desproporcionado frente a las sumas que había ansiado sino que, en su distribución, quedaron definitivamente apartadas las empresas del INI.

Ante el cariz de los acontecimientos en lo relativo a la factoría de Escatrón, Suanzes instó al marqués de Triano, como presidente de ALTOS HORNOS, en una entrevista celebrada a comienzos de 1951 a imprimir rapidez al proyecto de una factoría de nitrogenados a base del gas de coquería de Sagunto. Incluso le espetó que la demora en la ejecución del proyecto era atribuible a una falta de decisión por parte de ALTOS HORNOS. Tal afirmación indignó al presidente de AHV por ser conocedor de que la administración norteamericana exigía, para acceder a un préstamo a su empresa, que las instalaciones de Sagunto gozaran de preferencia por parte del gobierno español. A ese respecto, Eduardo Merelló, a la sazón Subsecretario de Industria pero que había desempeñado por muchos años la dirección general de la empresa siderúrgica, confirmó que "las preferencias se inclinaban a otras atenciones más urgentes". Por consiguiente, privados de apoyo por parte del gobierno español, las gestiones realizadas en Estados Unidos por AHV se vieron truncadas y el proyecto aplazado mientras no se dispusieran de los medios económicos. Así lo confirmó el representante del Ministerio de Industria en el consejo de administración de AHV:

"Mi impresión es que este grupo no creyó que había de llegar el momento de la posible aplicación de dólares a la nueva fábrica ... y ahora, ante una realidad que exige resoluciones de urgencia, se encuentran con cierta desorientación".

En vista de la situación financiera de la compañía con una deuda pendiente con sus bancos y filiales de 240 millones de pesetas, el consejo de AHV condicionó la inversión de 500 millones en Sagunto a la promesa de Suanzes de "hacer cuanto estuviera en su mano para ayudar económicamente". Para concretar esa asistencia, AHV barajó dos alternativas. Una primera fórmula consistió en obtener un crédito del BANCO DE ESPAÑA por el equivalente en pesetas de los seis millones de dólares solicitados al EXIMBANK y en las mismas condiciones. En la alternativa, el INI suscribiría cien millones en el capital de una nueva sociedad formada por AHV conjuntamente con los bancos BILBAO, URQUIJO y VIZCAYA para explotar la fábrica de fertilizantes.

En suma, las maniobras que desplegó Juan Antonio Suanzes para captar dólares en provecho del INI o, en su alternativa, para adquirir bienes de consumo que liberasen divisas para ese mismo fin, estuvieron abocadas al fracaso. Por lo que respecta a los nitrogenados, SIN fue, una vez más, la empresa más beneficiada por el apoyo que se le prestó desde el Ministerio. Indirecta y tardíamente, tambien lo fue SEFANITRO aunque, como se ha visto, no había figurado ese respaldo en los planes iniciales trazados por Suanzes.

A pesar de los beneficios que le deparó a SIN su alianza con el INI en lo tocante al crédito americano, en el trienio 1948/51 se inició un gradual distanciamiento entre los dos socios. Aunque no llegó a producirse una ruptura de relaciones, las áreas de desacuerdo acabaron por primar sobre los puntos de encuentro. En efecto, subió el tono de la crítica a las paradas por fallos en el suministro eléctrico, al sistema de fijación de precios y a la excesiva intervención oficial en la distribución de los abonos. En buena medida, el enfado respondió a que el nuevo precio de tasa del sulfato amónico que fue fijado en el verano de 1948, lejos de anular el encarecimiento de los costes, era apenas 1/3 del precio libre. Por lo demás, la falta de salidas, que se imputó a la rigidez del sistema oficial de distribución y a la escasez de vagones de ferrocarril acabó por llenar los almacenes, obligando a parar la producción a comienzos de 1951.

Aquel contratiempo fue, sin duda, la gota que colmó la paciencia de los administradores de SIN, empujándoles a establecer contactos regulares con las otras dos empresas del ramo con la vista puesta en un cambio de calado en el mercado del nitrógeno. Así nació en el otoño de 1950 el proyecto de crear una central de ventas con el respaldo de NICAS, SEFANITRO y SIN que pretendió ser el germen de un futuro cártel del nitrógeno, COMERCIAL ESPAÑOLA DEL NITROGENO, SA (CEN). Por medio de esta asociación, los fabricantes privados reclamaron que se liberalizase el sector sin por ello mermar la protección frente al exterior. Fue, por lo demás, un primer intento de autodefensa de sus intereses comunes ante la perspectiva de que el INI pudiera retomar en el corto plazo su programa de instalaciones químicas. En efecto, lo consideraron un "arma imprescindible en las luchas comerciales" que previeron en un futuro inmediato. El acuerdo para constituir CEN se produjo poco después de la puesta en funcionamiento de las nuevas instalaciones. En octubre de 1949, la segunda ampliación de la factoría de Vega fue inaugurada por Franco y sus ministros; en marzo de 1950, hizo lo propio con la factoría del Pisuerga perteneciente a NICAS; en cuanto a la factoría de Baracaldo, tras nueve años de obras, se vislumbró por fin su conclusión.

Sobre el papel, el objeto social de CEN era francamente aséptico: el ejercicio del comercio de fertilizantes y el estudio y propaganda relativa al empleo de nitrogenados (Art. 3º). Cuidaron los fundadores de evitar todo secretismo, comprometiéndose a informar sobre la actuación de la nueva sociedad a los consejeros delegados del Ministerio de Industria y Comercio. Sin embargo, CEN era algo más que un simple servicio de estudios. Sus socios pactaron una serie de competencias adicionales de las que destacaré las más sobresalientes: Primero, CEN recibió el encargo de realizar una representación conjunta ante las autoridades competentes en cuestiones como precios y distribución de fertilizantes. Segundo, fue convertida en una central de ventas, encargada de distribuir los pedidos con el propósito de reducir los gastos de intermediación. Tercero, CEN debía acudir a los concursos para importación de nitrogenados. Cuarto, la entrada de nuevos socios fue restringida a fabricantes con una capacidad instalada superior a 5.000 Tms de nitrógeno fijado, comprometiéndose a facilitar los servicios de CEN a los restantes. Quinto y último, estos acuerdos se establecieron con una duración de cinco años.

Es comprensible que la propuesta de constituir CEN no agradase en absoluto a los gestores del INI. Con la CEN, adujo el Director Técnico, los fabricantes privados

"controlarían gran parte del mercado y mediante el monopolio parcial que representa esta sociedad, en su día estaría en concurrencia con las empresas del INI, cosa que creemos señalar por lo que pudiera afectar".

Esa afirmación prueba que la presión externa ejercida por la administración norteamericana no consiguió alterar la letra del guión. El INI permaneció temeroso de cuanto pudiera representar una amenaza velada a sus intereses presentes y futuros, circunstancia que vivió por vez primera en lo que atañe al nitrógeno en 1940, un año antes de su creación.

En lo que se puede considerar como primera actuación de una CEN aún no constituida formalmente, la plana mayor de las casas fundadoras - Conde de Arteche, Conde de Gamazo y Marqués de Triano en representación de NICAS, SIN y SEFANITRO - entregaron a Suanzes un detallado memorándum con una lista de demandas que esperaban fueran satisfechas por el Ministerio de Industria. Centraron sus críticas en los aspectos que fueron objeto de debate en el pasado: (i) política de precios, (ii) sistema de distribución y (iii) protección a industrias de interés nacional, tres áreas de confrontación que aderezaron con la preocupación que sentían por la hostilidad de los intereses agrarios hacia su industria.

(i) Calificaron a los precios como "el problema más importante" de cuantos les atañían. Solicitaron que el sistema de fijación fuera sustituido por una revisión automática a tenor del coste de las materias primas entendiéndose además que los precios nunca serían inferiores a los de importación. A su juicio, el carácter de industria naciente con rendimientos bajos y costes altos exigía la supresión del fondo de compensación que consideraron como una "subvención a la competencia extranjera". Mientras el Ministerio atendía aquellas demandas, le instaron a conceder un aumento del precio del sulfato amónico que, como puede observarse en el Cuadro 6, permanecía fijado en 1.700 Ptas por tonelada sin envases.

(ii) En opinión de los fabricantes de nitrogenados, el sistema de distribución había quedado obsoleto porque fue diseñado en 1936 para combatir los estragos de la escasez. Les obligaba a vender a través de minoristas y mayoristas designados por el SNIQ con intervención de un sinfin de organismos. Con objeto de ilustrar mejor lo aberrante del sistema, reproduzco en su integridad el siguiente pasaje:

"La Dirección General de Agricultura, 'conocidas' (sic) las necesidades de abono a través de los Sindicatos Verticales, distribuye las partidas disponibles por provincias y cultivo que se lleva a efecto en cada provincia a través de la Cámara Oficial Agraria, previo conocimiento de las Jefaturas Agronómicas, habiéndose concedido a la Vicesecretaría Provincial de Ordenación Económica facultades para inspeccionar y fijar el porcentaje que corresponde a los comerciantes encuadrados en el ciclo de comercio del Sindicato Vertical de Industrias Químicas, y a las Cooperativas del Campo".

Para mayor escarnio de los fabricantes, muchos de esos comerciantes estaban ligados a las grandes empresas internacionales de nitrogenados como la noruega NORSK HYDRO´S HANDELSSELKAP o la belga COMPAÑÍA PENINSULAR DE COMERCIO. De ahí que los socios de CEN solicitasen un régimen de plena libertad que les permitiera organizar sus ventas con suficiente agilidad en los tiempos de abundancia que presagiaban para el futuro. En espera de ese momento, los socios de CEN se mostraron dispuestos a aceptar una libertad parcial de carácter provisional, que les permitiera disponer de un 60 por ciento de la producción.

(iii) En su opinión, se incumplió gravemente lo legislado sobre industrias de interés nacional en dos

CUADRO 5: PRECIO DE TASA DEL SULFATO AMONICO (Ptas/Tm)

Fuentes y notas:

Se trata de precios de tasa sobre vagón a pié de fábrica con envase (c/e), O.M. de 19-7-1948; 26-3-1950; 12-4-1951; 18-2-1953; 7-12-1954; 9-8-1957; 21-3-1959.

extremos: Por un lado, en lo relativo a la imposición de los productos al mercado interior a precios remuneradores y por otro, en cuanto a la ausencia de una protección frente a la competencia exterior. Recordando que la industria privada había invertido casi mil millones de pesetas al amparo de esas promesas, exigieron unos derechos a la importación equiparables a los vigentes en otros sectores.

En definitiva, las tres principales empresas del ramo del nitrógeno reclamaron una libertad de precios y de ventas sui generis con garantías reforzadas frente a la competencia extranjera que presumían debía intensificarse en el decenio de 1950. Como ya ocurriera en el pasado, su petición encontró el respaldo del SNIQ quien arremetió con dureza contra las "incomodidades y desventajas" del sistema intervencionista impuesto por el Ministerio de Industria y Comercio, reclamando la libertad de precios para la industria química por concertar

"el interés público con los intereses privados, las conveniencias de los industriales con la conveniencia nacional".

Tambien encontraron apoyo y comprensión en el Subsecretario de Industria, Eduardo Merelló, el cual en razón de su pasado en AHV suscribió plenamente todas las peticiones planteadas por sus antiguos colegas. Por el contrario, el recibimiento que se deparó al memorándum de los fabricantes fue mucho más comedido en otros ámbitos ministeriales. Aún compartiendo muchos de los argumentos allí planteados, tanto el Director General como el Secretario General Técnico del Ministerio aconsejaron obrar con prudencia. Así por ejemplo, abogaron por no reformar el arancel de los nitrogenados mientras subsistiera el régimen de cambios especiales. Tampoco creyeron conveniente suprimir el fondo de compensación aunque sí reducirlo. Con ánimo de "producir reacciones de confianza y estímulo" entre los fabricantes, accedieron a introducir fórmulas paramétricas de revisión de los precios con una periodicidad anual. Se avinieron así mismo a autorizar la creación de la central de ventas pero siempre que sus funciones quedasen limitadas a las de asesoría e información.

El que no necesitó asesoramiento fue Suanzes quien, con su proverbial inclinación a tomar decisiones sin evacuar consultas, transmitió a los presidentes de NICAS, SEFANITRO y SIN su oposición a una libertad de precios y de distribución, aunque en éste último caso de forma más atenuada. Sin embargo, aceptó que cada fabricante organizase sus ventas siempre que se acoplase al sistema entonces vigente. Por otra parte, se apresuró a restar competencias a la futura CEN negándole, por un lado, el reconocimiento de cupos de importaciones y apropiándose, por otro, del proyecto de crear un Instituto de Investigación en favor del CSIC.

A poco de comenzar 1951, Suanzes abrió un portillo a un acuerdo con los fabricantes, comprometiéndose a flexibilizar su postura inicial. En efecto, se les reconoció la posibilidad de actuar como mayoristas de sus productos, lo que, en la práctica, les representó un margen comercial de 52 Ptas por tonelada de sulfato amónico. Significó un primer paso hacia la plena libertad de comercio y distribución de los nitrogenados españoles e importados que acabó por decretarse en el verano de 1952. Como contrapartida, el triunvirato formado por NICAS, SEFANITRO y SIN aceptó aplazar la constitución de la CEN, sin por ello suspender los contactos que se habían establecido entre las entidades. De ahí que las dos primeras acordasen explotar en común los almacenes situados en los principales centros de consumo dentro del radio de acción de sus factorías. En razón de su menor producción, SIN alcanzó un acuerdo con la UEE para utilizar la extensa red comercial de esta compañía química.

A punto de culminar el trienio 1948/51, los almacenes de SIN estaban abarrotados de abonos por el pésimo funcionamiento de los transportes. Según estimación de Bustelo, la producción de la fábrica asturiana no superó siquiera una mitad de su capacidad en el primer trimestre de 1951. Este revés no alteró los planes de ampliación trazados por sus administradores para levantar una planta de óleum con una capacidad de 120 toneladas diarias. Una vez más, el respaldo activo de Suanzes resultó imprescindible para agilizar los trámites en el Ministerio de Hacienda. No menos importante fue su intervención ante el EXIMBANK que autorizó a la empresa química a realizar compras en el mercado europeo con cargo al crédito de 700.000 dólares. El Ministerio fue eficaz colaborador de SIN y de los demás fabricantes en otras tres áreas. Primero, elevó el precio del sulfato amónico en un 24 por ciento en las ventas con envase y en un 41 por ciento sin él. Segundo, autorizó a los fabricantes españoles a participar en un concurso para importar nitrogenados alemanes. En tercer y último lugar, se comprometió con SIN a facilitarle chapa de acero de procedencia española o extranjera con el fin de evitarle retrasos en la edificación de sus nuevas instalaciones.

Los avances logrados por los fabricantes en el ejercicio de 1951 en materia de precios y distribución les animó a replantear la conveniencia de establecer una oficina común de ventas encargada de centralizar las gestiones oficiales, de preparar estadísticas y de realizar campañas de publicidad, entre otros cometidos. Por supuesto, ese cambio de actitud provocó una nueva alarma en el INI.

6. EN BUSCA DE LA AUTOSUFICIENCIA EN NITROGENO (1952/61)

Para resumir lo sucedido en el sector del nitrógeno en el transcurso del decenio 1952/61, basta con comparar el tono radicalmente distinto de dos afirmaciones pronunciadas por funcionarios del INI a principios y finales de ese período. La primera discurría en los siguientes términos:

"... Resultaría inoportuna cualquier objeción que pudiera retrasar la puesta en marcha de los proyectos de FERLEVAN de indudable interés nacional...".

Quién así se expresaba en 1952 fue Ortíz de Landázuri, presidente de PIRITAS ESPAÑOLAS y miembro del Departamento de Industrias Químicas del INI, al informar una solicitud de interés nacional para la factoría que SEFANITRO proyectaba instalar en Sagunto a través de su filial FERLEVAN. Sus palabras estuvieron en línea con la concordia hacia las empresas privadas que estrenó el INI en 1948 a punto de comenzar la negociación del crédito americano. Los buenos propósitos del Instituto hacia la empresa química vasca no acabaron allí. A instancias de su presidente interino, Joaquín Planell, se barajó incluso la posibilidad de explotar de forma conjunta una fábrica de sulfato amónico al pie de la gran planta que PESA proyectaba establecer en Sagunto para producir 150.000 Tms de ácido sulfúrico. No obstante, el proyecto fracasó por el retraso de ENCASO para poner en marcha la sede de Escatrón y por una "resistencia pasiva" de algunos consejeros de ALTOS HORNOS los cuales, al decir de los gestores del INI, se envalentonaron con la concesión del crédito del EXIMBANK.

Frente a la condescendencia que se demostró en aquella ocasión, valórese en contraste la dureza de las palabras del gerente de ENCASO en un texto de 1962:

"Ni en conjunto ni separadamente se dan en la petición los presupuestos necesarios exigidos por la Ley. El primer presupuesto, necesidad para la economía nacional del establecimiento de la industria, no existe".

Así de tajante se expresó el gerente para desautorizar la solicitud de interés nacional que había tramitado FERTILIZANTES DEL EBRO ante el Ministerio de Industria".

¿ Qué explicó ese cambio de actitud en el INI hacia la empresa privada ? Dos acontecimientos ocurridos en el mercado español del nitrógeno entre 1952 y 1961 ayudan a entender lo que significó una vuelta a unos modos de actuar cargados de antagonismo. Primero, una revisión del Plan del Nitrógeno que pecaba de ambiciosa, vaticinó que la ansiada autosuficiencia del mercado interior sería una realidad en 1956. Segundo, en el ínterin varias empresas del INI iniciaron el estudio de plantas de nitrogenados, dando forma a unos planes que fueron trazados por primera vez en 1943. Todo ello vino aderezado por una coyuntura muy distinta a la vivida en los años 1940 pues el mercado internacional dió muestras cada vez más firmes de volver a una normalidad que, en el pasado, se caracterizó por una tendencia de los precios del nitrógeno a la baja. Y, por supuesto, aderazado también por el fracaso de la opción autárquica abrazada con tanto entusiasmo por el régimen de Franco lo que obligó a abordar esa reforma de calado que se concretó en el Plan de Estabilización de 1959. Ese giro de política se acompañó de un relevo generacional que dió entrada en puestos clave de la administración a personas con ideas renovadas sobre el fondo y las formas de la política económica. Hubo tambien bastante oportunismo por parte de algunos como fue el caso de Planell, el titular de Industria, que atemperaron sus ideas a los nuevos tiempos. Otros, en cambio, se resistieron al cambio y permanecieron atrincherados en las coordenadas autarquizantes de antaño. A este último grupo pertenecía Suanzes. Sin embargo, hizo buen uso, una vez más, de su habilidad camaleónica para disfrazar con un velo liberal unas ideas económicas que conservaba prácticamente intocadas. En efecto, el presidente del INI saludó él también con moderado entusiasmo a la nueva política económica. Aplaudió la "próxima incorporación a los movimientos de integración económica que se manifiestan en forma tan acusada en Europa". Sentenció que la "fase interventora [estaba] prácticamente agotada" y no sintió excesivo pudor al afirmar que las empresas del INI respondían a "concepciones y realizaciones de tipo europeo avanzado". Señalaré, por último, que arremetió contra el amplio entramado de medidas económicas interventoras, omitiendo, entre otros extremos, que fue él quien lo ayudó a levantar.

Lo sucedido en la industria del nitrógeno en el período comprendido entre 1952 y 1961 constituye por muchas razones un excelente botón de muestra para ilustrar algunos de esos cambios. Nos permitirá, en particular, rastrear el divorcio que, poco a poco, se fraguó entre el INI y el Ministerio de Industria, en buena parte a causa de la incapacidad de los gestores del Instituto para acomodarse a las nuevas orientaciones de la política económica. Ante su reiterada discrepancia, Suanzes recurrió por enésima vez al ardid de presentar su dimisión al Caudillo. Como novedad de ese lance, Franco se la aceptó. El nitrógeno nos ilustrará así mismo sobre las artimañas - pues de artimañas se trató -que emplearon los gestores del INI para conseguir el beneplácito del gobierno al montaje de nuevas factorías de nitrogenados. Por último, nos permitirá conocer el realineamiento de la industria privada ante la llegada de nuevos competidores en el doble plano interior y exterior.

(a) Una versión renovada del Plan del Nitrógeno:

Coincidiendo con la presentación del Plan Nacional de Industrialización para el bienio 1950-51, Suanzes auguró la pronta culminación del Programa Nacional de Fertilizantes que situaría la producción de nitrogenados en 600.000 toneladas de acuerdo con las proyecciones establecidas en el Plan del Nitrógeno de 1940. Aprovechó la inauguración de la factoría vallisoletana de NICAS para declarar que la tardanza del INI en desarrollar su propio programa de 62.000 Tms de nitrógeno respondió a una voluntad de "no restar actividad y sobre todo divisas" a las tres empresas privadas del sector. Con tan solícitas manifestaciones que situaban a la empresa privada en el centro de sus preocupaciones, quiso sin duda agradar a los funcionarios de la embajada norteamericana; aún quedaban flecos por atar en el asunto del crédito del EXIMBANK.

Pasados dos años, el Ministerio de Industria corrigió las cifras manejadas por Suanzes en la ocasión recién relatada. Se incorporaron otras 100.000 Tms de nitrógeno que correspondían a una planta de sulfato amónico que proyectaba instalar ENSIDESA en Avilés. Debido a la magnitud de ese volumen de producción, la estructura de la industria del nitrógeno prevista por el Plan de 1940 quedó completamente trastocada. Frente a un porcentaje de un 46,8 por ciento asignado en aquel plan a ENCASO, las empresas del INI pasaron de un plumazo a representar casi un 71 por ciento de todo el nitrógeno de fabricación española (columna 4 del Cuadro 6). El aumento de capacidad previsto por las fábricas privadas durante el quinquenio 1951/56 era insuficiente para limar esa preponderancia. En efecto, el desequilibrio a favor de las empresas estatales estaba llamado a ser definitivo. En 1956, las estimaciones apuntaban a un 56,4 por ciento de la producción prevista (columna 6).

CUADRO 6: EL NUEVO PLAN DEL NITRÓGENO (miles de Tms y porcentajes)

Fuente y notas:

Fila (1). Fábricas privadas declaradas de interés nacional: HIDRO-NITRO, NICAS, SEFANITRO y SIN.

Fila (2): Idem sin ser declaradas de interés nacional; en concreto UNQUINESA y AHV (Sagunto).

Fila (3): ENCASO y ENSIDESA.

MINISTERIO DE INDUSTRIA (1952) pp. 20, 24-25.

Según la previsión efectuada por el Ministerio, se lograría una autosuficiencia en nitrogenados en 1957. Dos notas prueban que las viejas consignas del período autárquico seguían aún plenamente vigentes, al menos en lo que atañe al nitrógeno. No satisfecha con imponer una red de instalaciones públicas para complementar el plan de fábricas privadas, la Dirección General de Industria siguió fiel al sonsonete de ahorrar divisas por medio de una sustitución de importaciones. Despues de aminorar el ahorro bruto en divisas en el importe de la maquinaria extranjera que se proyectó adquirir en el quinquenio 1951/56, restaba un ahorro neto de 87 millones de dólares. A los gestores públicos, se les antojó que esa suma era un objetivo prioritario. Al plantear la cuestión en esos términos, lo que supuso una repetición ad infinitum de la manida tesis de Suanzes de equilibrar la balanza de pagos a través de la importación, el Ministerio desoyó las recomendaciones de las asociaciones de labradores. Estas últimas defendieron a capa y espada su derecho a consumir fertilizantes baratos de importación para impulsar sus exportaciones y, por ende, para generar un mayor volumen de divisas. En una coyuntura agobiante por la escasez de moneda extranjera como la que se padeció en el segundo lustro de los años 1950, el descarte de esa política comercial cobró especial significado. Por esa razón, no debe ser pasada por alto la avidez en divisas que mostraron las empresas públicas en su afán por llevar a término el Plan del Nitrógeno. En efecto, sus peticiones triplicaron el importe en divisas que fue solicitado por las empresas privadas. Así lo demuestran las cifras del Cuadro 7. Confirman que las empresas del INI se reservaron la parte del león de las disponibilidades en moneda extranjera para sus compras de maquinaria en los Estados Unidos y en Europa.

En los diez años siguientes a 1952, se desató una verdadera guerra de cifras sobre la fecha en que se alcanzaría la ansiada autosuficiencia en nitrogenados. Los diferentes agentes (INI, empresas privadas y ministerios de Agricultura e Industria) las manejaron a su antojo. La existencia de un centro unificado del poder económico habría ayudado sin duda a facilitar las cosas. Sin embargo, la realidad era bien distinta. Para ejecutar sus planes, el INI requería de un acuerdo del Consejo de Ministros a instancia de la Presidencia del Gobierno. Por su parte, las fábricas privadas tramitaban sus expedientes en el Ministerio de

CUADRO 7: Programa de inversiones en maquinaria (1952/57)

Fuente y notas:

Col. (1): En millones de pesetas.

Col. (2) y (3): En millones de dólares.

MINISTERIO DE INDUSTRIA (1952) Cuadro 14.

Industria. Por esa razón, bastó que circulasen distintas proyecciones sobre la tendencia del consumo de nitrogenados, para que se suscitasen innumerables tensiones entre unos y otros organismos. A modo de ejemplo, la estimación del consumo de nitrógeno para 1962 realizada por el INI superó en un 26,6 por ciento a la previsión de Agricultura y en un 6 por ciento a la de Industria. El desacuerdo sobre la fecha en que se saturaría el mercado interior dió alas para solicitar permisos de nuevas plantas. Unas fueron admitidas, otras rechazadas por las autoridades con total discrecionalidad. Por ende, la revisión del Plan del Nitrógeno efectuada en 1952 se convirtió en papel mojado casi inmediatamente porque los diversos agentes otorgaron escasa credibilidad a las proyecciones en que se basó. Los hechos dieron la razón a todos puesto que se incumplió el objetivo de autoabastecer el mercado. En 1959, la importación representó casi un 96,7 por ciento del consumo. Sin embargo, la producción española de nitrógeno se había multiplicado por un factor de 7 en el período 1951/59, lo que equivalía a un crecimiento del 27,5 por ciento anual. En algunos años, se registraron tasas extraordinariamente rápidas, destacando, en particular, un 142 por ciento logrado en 1951/52. Si no se logró el objetivo propuesto, fue porque se infravaloró la expansión del consumo que creció a una tasa de un 16 por ciento animado por la expansión del regadío, por la concentración parcelaria y por la introducción de nuevos cultivos así como de semillas seleccionadas. En esa coyuntura, los gestores del INI vieron justificado revisar los planes trazados diez años antes. Sin embargo, renunciaron a elaborar un nuevo programa del nitrógeno, limitándose a improvisar a remolque de las decisiones adoptadas por sus principales empresas vinculadas con la química industrial (ENCASO, ENSIDESA y REPESA). A esas cuestiones, dedico las páginas siguientes.

(b) El INI en la industria del nitrógeno:

Como se recordará, el programa originario del nitrógeno encomendado por el INI a ENCASO contempló una doble actuación para producir sulfato amónico en Escatrón y nitrato calamón en Puertollano. Con posterioridad a 1952, aquel plan diseñado con mimo por Planell sufrió tales alteraciones que quedó irreconocible. Por un lado, le fue amputada la fábrica de Escatrón; en compensación, le incorporaron tres nuevas fábricas de sulfato amónico a ubicar una en Avilés, otra en Puertollano y una tercera en el Valle de Escombreras.

* La renuncia a producir nitrogenados en la cuenca de lignitos de Mequinenza respondió a su escasa rentabilidad, un hecho que fue reconocido por los administradores de ENCASO. Con la vuelta a la normalidad en los mercados exteriores - léase abundancia y, por ende, cotizaciones a la baja del nitrógeno -, esa decisión intentó favorecer a las plantas del INI con costes inferiores. Con este abandono, se esfumó el último sueño de destilar lignitos, un sueño acariciado por varias entidades. EBRO, NITROGENADOS DEL LEVANTE y el INI con los planes faraónicos que trazó Suanzes para la cuenca de Mequinenza, lo compartieron. ¿ Quiere ello decir que se instaló por fin la cordura económica en los despachos del INI ? A esa conclusión podría llegarse si comparamos los costes de producir amoniaco según fuera la materia prima (véase el Cuadro 8). A la vista de esas cifras, queda patente la ventaja de coste de las plantas que utilizaban gas de refinería con una gran riqueza en hidrógeno en comparación con las que empleaban carbón. Dicha ventaja se acrecienta aún más si la comparación se establece con carbones de ínfima calidad, como el lignito turolense.

CUADRO 8: COSTES COMPARATIVOS DEL AMONIACO

Fuente y notas:

Se trata de índices relativos correspondientes a los costes del amoniaco en instalaciones con una capacidad de 111 Tms/día tomando como base el índice más bajo que se corresponde con el gas de refinería con una riqueza del 93 por ciento en hidrógeno. 'Depto de Industrias Químicas a Dirección Técnica' (29-3-1957), INI leg. 274.2 exp. 5.

Ese aparente respeto por los parámetros económicos que subyacía en el rechazo de un procedimiento que encarecía en más de un 55 por ciento los costes de producción, quedó circunscrito a cuanto afectó exclusivamente a la economía interior del INI. Distó de trascender al resto de la economía española lo que evidenció una vez más que el INI era un estado dentro del Estado para sus gestores. Como se verá más adelante, éstos últimos convirtieron su decisión en un sacrificio que debía ser compensado por una serie de concesiones a favor del Instituto por parte del Ministerio de Industria. Dichas concesiones fueron contrarias a los intereses del sector privado.

* La planta de sulfato amónico que ENSIDESA proyectó instalar en Avilés para utilizar los gases de sus coquerías, no estaba aún montada en 1962, aunque había sido autorizada. Esa segunda frustración merece tambien nuestra atención porque sirvió para escenificar la pretendida colaboración del INI con la industria privada. El gerente de ENSIDESA, Aranguren, invitó en 1952 a dos entidades privadas a aportar 4/5 de los 1.580 millones de pesetas que se precisaban para fabricar 250.000 Tms de sulfato amónico y 100.000 Tms de azufre en Avilés. Aunque esa proporción fue rebajada con posterioridad a un 60 por ciento, las entidades privadas rechazaron un ofrecimiento que amenazaba sus propios negocios. La fábrica avilesina de productos nitrogenados formaba parte del sueño de Suanzes de aprovechar de forma íntegra la pirita de la cuenca onubense. Con esa finalidad, se constituyó en 1951 una gestora - PIRITAS ESPAÑOLAS - que estableció un convenio con ENSIDESA a fines de 1954. La indecisión respecto de la técnica más adecuada para tostar la pirita obligó a paralizar los proyectos de tostación, de obtención de ácido sulfúrico y de tratamiento de las cenizas de pirita al cabo de tres años.

* En el verano de 1956, ENCASO modificó radicalmente su programa de nitrogenados. Contempló entonces la fabricación de 301.000 Tms anuales de sulfato amónico, fertilizante que fue excluido por una reforma de sus planes efectuada en 1952. Producir sulfato amónico exigía un aprovisionamiento en ácido sulfúrico, otra producción que fue descartada en el pasado porque no era rentable. ¿ Qué razones confesadas motivaron un giro de 180º grados en la política de la empresa pública con una inversión de 1.627 millones de pesetas? Por lo que respecta a los nitrogenados, sus gestores justificaron su decisión por las demandas de nuevo cuño creadas por los planes Badajoz y Jaén y por los regadíos de Ciudad Real. En cuanto al ácido, apelaron a dos razones de entidad que merecen ser señaladas. En primer lugar, argumentaron a favor de un autoabastecimiento interno a ENCASO por sus ventajas frente a la adquisición a terceros. En segundo lugar, destacaron la elevada rentabilidad financiera de la operación que situaron en un 37 por ciento, con un ahorro anual para la empresa de 39 millones de pesetas. Si la primera explicación nos devuelve a la autarquía del propio INI, un rasgo tan querido para sus máximos dirigentes, la segunda no puede menos que suscitar sorpresa. ¿ Cómo es posible que una fabricación que fue rechazada por la empresa por considerarla ruinosa en 1951, fuera súbitamente tan rentable en 1956 ? La explicación es sencilla: se manipuló deliberadamente el precio del ácido sulfúrico, asignando ese precio al grueso de la producción final. En efecto, se valoró la tonelada de ácido a 1.310 pesetas a pesar de que el precio oficial fue fijado por el Ministerio de Industria en 1.000 pesetas. A juicio de los gestores de ENCASO, el precio de tasa debía ser entendido a pié de fábrica en Sevilla, por hallarse en la ciudad hispalense la fábrica de sulfúrico más cercana a Puertollano. No dudaron en incrementarlo en 310 Ptas/Tm en razón del coste del transporte. No contentos con esa burda maniobra contable, capaz de hacer rentable una fábrica en cualquier emplazamiento del mundo con un total desprecio hacia sus desventajas absolutas, los gestores de ENCASO aplicaron ese precio a la producción destinada al autoconsumo. Según cálculos de la empresa, el coste total medio ascendía a 866 Ptas/Tm para una producción máxima técnica, 902 Ptas/Tm para una producción máxima nominal y 1.333 Ptas/Tm para una producción mínima. Así pues, gracias a esas artimañas, el nivel medio de producción rendía un beneficio de 408 Ptas por tonelada fabricada, lo que justificaba sobradamente "desde el punto de vista de la economía de la Empresa (sic)" una inversión de 107,3 millones de pesetas.

Hasta aquí un breve resumen de las argumentaciones de ENCASO con motivo de solicitar autorización para fabricar sulfato amónico en Puertollano. Se silenció, en cambio, su coincidencia en el tiempo con el proyecto de la UNION ESPAÑOLA DE EXPLOSIVOS con la participación de SIN, para establecer una gran factoría de abonos complejos en Sevilla bajo la razón social de ABONOS SEVILLA, SA. Esas dos empresas cursaron en el mes de abril de 1956 una solicitud para que la fábrica fuera declarada de interés nacional, es decir con dos meses de antelación sobre la iniciativa de ENCASO para Puertollano. Ortíz de Landázuri advirtió a sus superiores que la puesta en marcha de ABONOS SEVILLA con una capacidad de 120.000 Tms de abonos complejos "afectaría notablemente" a ENCASO. Tal como se indica en el último apartado, esa advertencia no cayó en saco roto puesto que animó a los dirigentes del INI a orquestar una tremenda campaña para obstaculizar su andadura. Lo que nunca fue reconocido oficialmente es que esta fábrica contaba con ventajas espaciales sobre Puertollano para abastecer a sus clientes tanto en Badajoz como en Jaén e incluso en Linares, población que debía albergar una fábrica de ENIRA para el aprovechamiento de residuos agrícolas. Amén de esta desventaja espacial de Puertollano, concurría otro tema espinoso para los planes de futuro de ENCASO sobre el que sus gestores pasaron de puntillas: En 1956, el mercado español de ácido sulfúrico sufría una grave sobreproducción. Se reconoció, de hecho, que la industria química disponía de capacidad suficiente para cubrir las necesidades presentes y futuras de Puertollano. Ninguno de estos inconvenientes impidió a Suanzes aprobar la propuesta efectuada por ENCASO en el verano de 1957.

* En la primavera de 1958, se ultimó el proyecto de una planta con capacidad para fijar 88.000 Tms de nitrógeno en el Valle de Escombreras, planta que fue calificada como "interesantísima para la industria nacional". Fabricar este tipo de fertilizantes significó para REPESA entrar de lleno en el mundo de la petroquímica. De ahí que lo primero que hemos de aclarar es por qué una empresa dedicada al refino de hidrocarburos se decidió por una actividad que era ajena por completo a su objeto social.

Para respaldar su petición, los gestores de la empresa petrolífera aludieron a factores de tipo técnico, geográfico y económico. En primer lugar, hicieron ver que concurrían razones técnicas para emplazar una fábrica química en las cercanías de la refinería de Escombreras. Tal como se comprobó en el Cuadro 8, los gases procedentes del refino de hidrocarburos constituían el procedimiento más barato para obtener nitrógeno. Sin embargo, por su carácter vanguardista esta técnica obligó a estrechar lazos con una firma americana - TEXACO -. En segundo lugar, hicieron ver que el emplazamiento de la fábrica era idóneo por darse la circunstancia de que la agricultura levantina con sus arrozales y sus terrenos alcalinos constituía un mercado natural para los fertilizantes de Escombreras. En tercer lugar, insinuaron que la fábrica estaría en condiciones de competir en el mercado exterior, con la consiguiente aportación de divisas a la maltrecha balanza de pagos española. Semejante alegato no podía pasar desapercibido en un panorama industrial desolador en el que imperaban elevados costes y baja productividad. ¿ Acaso se trataba de una de esas fábricas que respondía a "concepciones y realizaciones de tipo europeo avanzado", tal como afirmó Suanzes en 1959 ? Nada más lejano a la realidad; no hubo sino otro amaño contable equiparable al empleado por ENCASO. En esta ocasión, el artificio consistió en aplicar precios libres a los hidrocarburos, lo que redujo sustancialmente el coste medio de producción. Para los gestores de REPESA, dicho mecanismo era la única forma de competir con la industria internacional. En cambio, de valorarse el petróleo a precios CAMPSA,

"... por partir de una concepción, a nuestro juicio, errónea del concepto del Monopolio de Petróleos, se grava a las materias primas con impuestos que no soporta la industria extranjera".

Proceder en esa forma entrañaría una elevación de los costes medios suficiente para quitar competitividad a la planta de REPESA. No escapó este matiz a la gerencia del INI que recomendó a Suanzes acometer la producción de nitrogenados directamente por REPESA en vez de constituir una empresa filial. Se evitó de esa forma solicitar la declaración de industria de interés nacional para la nueva sociedad. En su defecto, REPESA pudo aprovechar los privilegios que le fueron concedidos para refinar petróleo. En cambio, si el Ministerio de Hacienda

"intentase imponer cánones o gravámenes a las materias primas a utilizar, será más fácil la defensa que si estas materias primas se cediesen a otra sociedad para su empleo",

argumentó el gerente. Suanzes se empleó a fondo para justificar la conveniencia de establecer una factoría en Escombreras, utilizando a ese fin abundante información cuantitativa. A su parecer, dicha fábrica constituía la solución definitiva al problema del nitrógeno puesto que permitía acabar con el déficit en un plazo de dos a tres años. Si se le denegaba la petición a REPESA, el déficit crecería hasta alcanzar unas 380.000 Tms de nitrógeno en 1972.

Sorprende la celeridad con la que se tramitó el expediente de REPESA. Tres meses después de ser enviado al INI, el Consejo de Ministros dio su visto bueno al proyecto, autorizando al Instituto a participar con 182 millones de pesetas en la ampliación de capital y a avalar la petición de créditos por otros 129,5 millones. ¿ Fue informado el Consejo de Ministros acerca de que la elevada rentabilidad económica y social del proyecto descansaba sobre una circunstancia tan anómala como el quedar al margen de la legislación sobre la competencia del Monopolio de Petróleos ? La escasa información disponible sugiere que esta cuestión fue soslayada en las deliberaciones. Si bien Sirvent le aconsejó a Suanzes que el asunto fuera mencionado en el proyecto de decreto remitido a la Jefatura del Estado, el Presidente del INI lo omitió deliberadamente. Desde REPESA se instó repetidamente al INI a conseguir un decreto que autorizase la exención. De hecho, un decreto-ley de abril de 1957 autorizaba al Gobierno a conceder a entidades públicas o privadas licencia para importar y manipular petróleo, inclusive sus derivados en estado gaseoso, como excepción a la competencia del Monopolio. Conocedor de las repercusiones negativas que semejante medida podría acarrear para el INI si ese trato de privilegio hubiese aparecido en el Boletín Oficial, Sirvent sugirió que era preferible un "simple acuerdo" con el Ministerio de Comercio. En efecto, fue motivo de honda preocupación en el INI y en sus empresas que ABONOS SEVILLA pudiera hacerse acreedora de ese mismo privilegio.

Las dos características recién apuntadas - elevada capacidad de producción y novedad técnica - inflaron los costes presupuestados por los técnicos para gastos de primer establecimiento de la factoría de REPESA. Como rasgo adicional, cabe destacar la inversión a realizar en moneda extranjera: 20,8 millones de dólares. Al cambio oficial, ese importe situó la inversión total a acometer en la factoría de Escombreras en 1.214 millones de pesetas, por lo que las compras en el extranjero pasaron a representar casi 3/4 del monto global. A pesar de lo abultado de esas cifras, el gerente de REPESA se mostró convencido de la posibilidad de recuperar la inversión en dólares en un plazo brevísimo de 1,23 años. Su optimismo no fue compartido en el INI. En la Plaza del Marqués de Salamanca, se consideró excesivo no sólo el gasto en divisas sino tambien el porcentaje de materiales a importar del extranjero (94 por ciento). Por el contrario, se aplaudió la decisión de producir urea junto con el sulfato amónico y el amoniaco, dos productos que eran habituales en esa clase de instalaciones. Por su elevado contenido en nitrógeno (45 por ciento), la urea era un fertilizante de gozaba de una creciente aceptación en el mundo entero.

(c) La contra ofensiva de la industria privada:

La concesión del crédito del EXIMBANK, el desdoblamiento del Ministerio de Industria y Comercio en dos mitades autónomas junto con el relevo de Juan A. Suanzes al frente de la cartera de Industria por Joaquín Planell contribuyeron a encauzar lo sucedido a partir de 1952 por derroteros más respetuosos con la historia. Quedó claro, en efecto, que la preocupación expresada por los dirigentes del INI para resolver los problemas de la industria privada del nitrógeno durante el cuatrienio 1948/51 fue un espejismo contra natura. A partir de 1952, cada uno de los actores de esta historia redefinió su estrategia. El INI, como lo acabamos de ver, lo hizo sentando los cimientos de una actuación de calado que le llevaría a imponer su presencia en la industria del nitrógeno en 1959. La irrupción de empresas públicas animó a las privadas a adoptar medidas defensivas que se concretaron en tres áreas principales de actuación: cambio de alianzas; ampliación de instalaciones y petición reiterada de una mayor protección. Por último, el Ministerio de Industria como tercer actor en discordia, abandonó los planteamientos intervencionistas del INI tan pronto la ordenación económica fue modificada en el bienio 1957/59.

En un momento en el que el mercado internacional del nitrógeno recuperó gradualmente su normalidad, la presencia de empresas públicas tuvo, no obstante, un componente tranquilizador para las entidades privadas. Estas últimas confiaron en que las autoridades económicas prestarían apoyo a las factorías estatales por medio de precios interiores y de derechos arancelarios más elevados. Con vistas a aprovechar esa circunstancia, las fábricas privadas se plantearon una doble estrategia. En un primer momento, optaron por ampliar sus instalaciones. Más tarde, con el cambio de rumbo de la política económica y con la entrada en los ministerios económicos de personas menos antagónicas a sus intereses, se lanzaron a una carrera para montar plantas fuera de sus mercados naturales. Además, espoleadas por los grandes grupos bancarios que les respaldaban, redefinieron sus alianzas dentro del sector químico. En los párrafos que siguen, mi intención es analizar, en orden inverso, cada uno de estos aspectos sirviéndome, como vengo haciéndolo en este trabajo, de la experiencia de SIN.

(i) Tras el episodio de SEAT que significó para el INI asumir una función de convidado de piedra en el accionariado de SIN, el interés de los gestores públicos por la empresa química asturiana entró en barrena. Ese cambio dió pie a una serie de actuaciones que paso a enumerar. Primero, el INI cumplió, no sin cierta resignación, con sus obligaciones estaturias en lo relativo al pago de dividendos pasivos. Pocos lances más expresivos a ese respecto que la renuencia a participar en la ampliación que permitió a SIN suscribir un 25 por ciento del capital de ABONOS SEVILLA. Segundo, el INI renunció a su papel de intermediario en dos áreas clave para el futuro de SIN: Por un lado, en todo lo referente a la moneda extranjera y por otro, en lo relativo a las peticiones de protección al sector del nitrógeno. A ese respecto, bajo órdenes expresas de Sirvent, se desatendió una petición de tres millones de dólares en que evaluó Bustelo las necesidades de divisas para afrontar un plan de ampliación de las fábricas de Barros y de Vega en 1955. Como pretexto a esa actuación, se sugirió que las peticiones de divisas por parte del INI sólo debían abarcar a las empresas bajo su estricto control. A pesar de ello, SIN resultó agraciada con 727.000 dólares que fueron puestos a su disposición por el Ministerio de Industria.

Coincidiendo con un distanciamiento respecto de sus socios públicos, SIN redefinió sus alianzas en el período 1952 a 1961. En la primavera del primer año, el INI informó, no sin cierto alivio, sobre una supuesta ruptura del frente que formaron las tres principales empresas españolas del nitrógeno con la constitución de la CEN. Nunca llegó a fraguarse totalmente esa ruptura pues siguió existiendo una intensa colaboración en las gestiones desarrolladas ante el gobierno. Sí ocurrió, en cambio, que los socios de antaño buscaron apoyos particulares para afrontar una etapa que se auguraba de mayor competencia. NICAS y SEFANITRO dieron crecientes muestras de su deseo de armonizar su política de ventas entre sí. Por un lado, acordaron utilizar la red comercial de CROS y MEDEM. Por otro, discreparon con SIN respecto de establecer un sistema de zonas de preferencia sobre la base del menor coste del transporte, organización que se le antojó a Bustelo primordial para dar una mayor tranquilidad a las fábricas.

Bajo los auspicios del Banco URQUIJO, se intentó coordinar las acciones de las fábricas pertenecientes a la química industrial. Fue así como SIN selló una alianza de largo alcance impulsada por Ignacio Herrero Garralda con la UEE. De inmediato, se le solicitaron desde la Plaza del Marqués de Salamanca informes a Camilleri "por lo que pudiera afectar al grupo de empresas químicas del INI". La estrecha colaboración que se estableció entre Bustelo y Herrero rindió importantes frutos. Me detendré en dos de ellos. Por un lado, se persiguió por ambas entidades un reforzamiento de su política de ventas estableciendo a ese fin una oficina común. Amén de reducir los gastos, el atractivo de esta medida consistía en vender en un mismo punto tres clases de fertilizantes (nitrogenados, fosfóricos y potásicos).

Por otro, en lo que se convirtió en el proyecto más ambicioso acometido por las dos empresas, se acordó en 1956 montar una gran factoría en Sevilla para obtener 75.000 Tms de superfosfatos, 30.000 Tms de sales potásicas, 120.000 Tms de abonos complejos granulados y, por último, 30.000 Tms de urea. Con una inversión prevista de 900 millones de pesetas, se estimaron unas ventas anuales de 545 millones lo que reportaría una tasa de beneficio bruto de un 29,1 por ciento y un dividendo de un 10 por ciento. Con el misterio aún por desvelar respecto a la actitud que adoptaría el INI, SIN acordó, no obstante, suscribir 1/4 del capital de ABONOS SEVILLA. Para fabricar abonos complejos, Sevilla aventajaba a La Felguera en lo concerniente al transporte, al aprovisionamiento en materias primas y a su proximidad al mercado de abonos con mayor potencial de España. La factoría significó una amenaza a los intereses de ENCASO y REPESA en los mercados meridionales. Por esa razón debe entenderse la invitación cursada al INI para participar en el proyecto como un ardid para acelerar el trámite del expediente en círculos próximos al gobierno. Sin embargo, la estrategia no rindió los frutos deseados. Como se verá más adelante, el INI no escatimó esfuerzos para entorpecer la solicitud que habían cursado UEE y SIN. Aunque consiguieron rápidamente terrenos en el Puerto de Sevilla, la autorización ministerial para instalar la factoría se demoró hasta el primer trimestre de 1959, es decir por espacio de casi tres años. La penuria en divisas que vivía España en aquellos tiempos llevó a Herrero Garralda a solicitar un crédito en dólares en el EXIMBANK. El hecho de tratarse de un negocio promovido enteramente por intereses privados imprimió celeridad a la gestión en un primer momento. No obstante, aquel ímpetu inicial se vió truncado por una postrera intromisión del gobierno español. Por suerte para UEE y SIN, el crédito fue autorizado en el verano de 1959.

Amén de estas iniciativas de índole comercial e industrial, SIN acometió en el verano de 1955 un nuevo plan para ampliar sus dos fábricas de Barros y Vega justo cuando su programa de instalaciones de 1949 tocaba a su fin. Su propósito fue doble: Atender, por un lado, la fuerte demanda del mercado interior y por otro, realizar economías de escala para reducir los costes medios de fabricación pues sufría el encarecimiento de sus principales insumos (mano de obra, electricidad y piritas). Con un presupuesto de 180 millones de pesetas, el plan contemplaba aumentar la producción de amoníaco en la fábrica de Vega en cinco toneladas diarias y duplicar la producción de ácido nítrico en Barros. Gestionado directamente por Bustelo ante trece centros oficiales sin la colaboración del INI, el plan de SIN encontró una buena acogida en los ministerios económicos. Así se lo hicieron saber los subsecretarios de Comercio e Industria que ofrecieron su "apoyo más decidido a la ampliación por considerarla del máximo interés nacional". Sin embargo, no pudieron mantener su palabra ante el rápido deterioro de la posición exterior de la economía española, lo que paralizó la concesión de licencias y de divisas a partir de 1956. En ese clima de tan aguda escasez, cobraron mayor relevancia las peticiones de divisas que realizaron las empresas del INI en clara competencia con el sector privado del nitrógeno. Ese cambio de coyuntura obligó a Bustelo a idear fórmulas nuevas para conseguir fuera de España las divisas que se le negaban dentro de sus fronteras. Con el apoyo de la SOCIETE CHIMIQUE GRANDE PAROISSE, el consejero delegado de SIN gestionó con entidades financieras francesas un plan de pagos aplazados con cargo al protocolo franco-español.

(ii) A falta de lograr un aumento de productividad capaz de neutralizar el encarecimiento de las materias primas, Bustelo se empleó a fondo para obtener de los responsables ministeriales un reforzamiento de la protección. Para ello, contó siempre con la colaboración de los otros fabricantes. Con la formación de un frente común que no presentó fisuras, le exigieron al gobierno una mayor ayuda para el sector mediante en cambios legislativos en tres grandes áreas: liberalización de las ventas, revisión de precios y reforma arancelaria.

En el mes de agosto de 1952, el Ministerio de Agricultura decretó la libertad de comercio y distribución de los abonos nitrogenados tanto de producción nacional como de importación. Esta disposición que puso fin a la intervención establecida en 1940 (Art. 10º), instauró, sin embargo, una libertad condicionada pués las ventas siguieron sujetas a los precios oficiales fijados por Industria (Art. 2º). A juicio de Bustelo, tan súbita relajación de la intervención produjo desorientación entre fabricantes e importadores. La sorpresa causada por la disposición provocó en un primer momento una caída de precios en los mercados levantinos. La nueva ordenación legal exigió una modificación de la política de ventas de los fabricantes. SIN entabló contactos con almacenistas especializados en otras clases de fertilizantes, con especial atención a las provincias gallegas y castellanas de León y Salamanca.

En los meses siguientes, Bustelo multiplicó sus visitas a los responsables de Agricultura, Comercio, Industria e IEME en demanda de medidas tendentes a combatir la confusión suscitada en el mercado. En unión de sus colegas O'Shea, Ribed y Colás que representaron a SEFANITRO, NICAS y EIA, reclamó cambios en el régimen de precios y en las normas de protección a la industria del nitrógeno. En efecto, le esperaban a ésta última tiempos difíciles. La aplicación de un tipo de cambio favorable a las divisas destinadas a la compra de nitrogenados provocó una avalancha de importaciones de sulfato amónico. Con los mercados saturados, se vislumbró a fines de 1952 la posibilidad de paralizar algunas fábricas.

En el nuevo año, la ausencia de soluciones reforzó la cohesión entre los fabricantes nacionales y la de éstos con los fabricantes extranjeros. A nadie interesaba, en efecto, la prolongación de una situación caótica que amenazó con colapsar al mercado interior de abonos nitrogenados. Por esa razón, la reforma del régimen de importaciones que amplió las competencias del fondo de regulación fue recibida por los fabricantes como una respuesta incompleta a sus planteamientos. En realidad, la disposición complicó aún más el sistema que regulaba la venta de abonos nitrogenados a pesar, no obstante, de que reafirmó el régimen de pseuda libertad instaurado en 1952 (Art. 1º). Sin abordar una reforma en profundida del arancel, creó un llamado "Fondo de Retorno" que se nutría con los derechos de entrada de los abonos de importación a su llegada a la Península. Ese fondo que era administrado por el Ministerio de Comercio debía a su vez, alimentar al "Fondo de Regulación de Abonos" que gestionaba el Ministerio de Industria para bonificar a los fabricantes españoles por tonelada vendida (Art. 4º y 5º).

Esas medidas no lograron corregir los malos presagios que albergaban los fabricantes acerca de la evolución en el medio plazo del mercado. Tampoco lo consiguió una nueva elevación del precio del sulfato amónico que quedó fijado en 2.750 Ptas/Tm. En opinión de Bustelo, sólo la escasez de divisas sería capaz de evitar otra llegada masiva de nitrogenados a precios cada vez más bajos. De ahí que se produjera otro rosario de visitas a las autoridades económicas en busca de una rectificación del cambio oficial aplicado a la importación de abonos.

Para los fabricantes, ese parcheado de la ley llegaba con cuenta gotas. Expresaron una vez más su temor a que pudiera repetirse la secuencia vivida en el período de entreguerras cuando el dumping ejercido por las grandes fábricas europeas obligó a abandonar la producción autóctona. Afortunadamente para sus intereses, las aguas no llegaron al río. En 1953, el volumen de ventas de SIN revalidó el nivel alcanzado en el ejercicio anterior. Esta entidad encontró, en cambio, una mayor resistencia para colocar sus nitratos por el aumento de la importación procedente de Chile y Noruega. A comienzos de 1954, la situación se agravó por un nuevo encarecimiento de las materias primas (carbón, electricidad y mano de obra, entre otras). En esas circunstancias, Bustelo reiteró la urgencia de modificar los precios de los abonos, medida ésta última que el Ministerio vinculó a una reforma de los tipos de cambio. Solicitó así mismo un régimen de libertad vigilada de precios para el nitrato amónico.

En cambio, el Ministerio no accedió a la petición de nuevos precios ya que el mercado español de nitrogenados dió un giro inesperado. En efecto, entró en una fase de aguda escasez originada por un aumento del consumo de casi un 20 por ciento con respecto a 1953. En esa coyuntura, los fabricantes solicitaron un aumento de la importación, abandonando la postura que habían mantenido meses atrás. Con su actitud mucho más conciliadora, ofrecieron una cooperación "cordial y sincera" para restablecer la normalidad del mercado a la mayor brevedad posible. Por su parte, las autoridades ministeriales agrícolas vieron justificado el reintroducir antiguas medidas para regular la distribución y los precios de venta a los consumidores. A ese respecto, la Dirección General de Agricultura se reservó capacidad para distribuir los abonos a través de organizaciones del campo. Estableció así mismo la igualdad de precios de los abonos importados con los de producción española. Quizá existiera excesivo temor gubernativo a las consecuencias de la complicada situación internacional en un momento en que las existencias de nitrogenados mermaban por culpa de la presión de la demanda interior. Ese retorno a un pasado no demasiado lejano, generó no poco nerviosismo entre los fabricantes que vieron cómo se paralizaban las ventas a principios de 1955. No debe extrañar que en esas circunstancias buscasen el respaldo de las autoridades sindicales del SNIQ. Una vez más, la presión de la patronal obligó a las autoridades ministeriales a suavizar la intervención y a elevar los precios de los nitrogenados de importación.

Al igual que ocurriera en otras ocasiones, la tregua fue corta. Tres hechos impulsaron a los fabricantes a emprender nuevas diligencias ante los ministerios de Agricultura e Industria. Primero, la importación de nitrogenados se mostró firme hasta la conclusión de 1955 elevando el listón a 690 mil Tms, todo un récord. Segundo, circularon en medios solventes rumores acerca de una próxima liberalización del comercio de fertilizantes en los países pertenecientes a la OECE. Y, por último, se empezó a debatir una posible unificación de los tipos de cambio de la peseta. En suma, fueron tres razones con la suficiente entidad como para solicitar una protección de amplio espectro que debía afectar al régimen de precios, al fondo de retorno, a las compensaciones y a las primas a la producción.

El gobierno desatendió la solicitud de los fabricantes. Lejos de acceder a sus peticiones, decretó una reducción a la mitad de la prima de producción del sulfato amónico con cargo al fondo de compensación de abonos. Los efectos de esta medida se vieron parcialmente mitigados por la firmeza del mercado que situó a las ventas de SIN en un nuevo máximo histórico en la primavera de 1956. Sin embargo, un elemento inesperado enturbió la cuenta de resultados de las fábricas. A partir del verano, alzas sucesivas en los precios del combustible, de la electricidad y de las restantes materias primas junto con un aumento de la fiscalidad incrementaron los costes medios. Las fábricas reaccionaron de inmediato solicitando a los tres ministerios competentes autorización para traspasar esos aumentos a los consumidores. Si bien el encarecimiento de las materias primas prosiguió a buen ritmo en 1957, el Ministerio de Industria no revisó los precios de los nitrogenados hasta el verano de ese año. Por su parte, el Ministerio de Agricultura fijó él tambien nuevos precios para los abonos de importación, superiores a los de fabricación española.

Las manifestaciones más sobresalientes del mercado de nitrogenados durante 1958 consistieron en la intervención oficial y en la reducción de los beneficios empresariales por el doble juego de los precios que tendieron a la baja y de los costos medios que lo hicieron al alza. A comienzos de año, SIN manifestó que existía una creciente "inquietud" en el sector comercial por la asignación directa de abonos a asociaciones de labradores por el Ministerio de Agricultura. Mientras eso ocurría, los costos eléctricos aumentaron otro 10 por ciento. Para colmo, el fondo de regulación que administraba el Ministerio de Comercio, amenazó con agotarse. Todo ello impelió a los fabricantes españoles a intensificar su presión ante los organismos pertinentes para forzar un aumento de las primas, de los precios y de los derechos arancelarios. Les sabió a poco la concesión de un aumento de las primas lo que tacharon de solución "transitoria". Cuando Agricultura señaló nuevos precios para los nitrogenados de importación, redoblaron sus peticiones en favor de una equiparación de precios.

Al encarecimiento de costes, se añadió un aumento de la importación que superó en casi un 51 por ciento su nivel de 1957. Privados de divisas con las que habrían podido mejorar sus instalaciones, las fábricas vieron disminuir su rentabilidad: los resultados financieros de SIN ni siquiera llegaron a la mitad del ejercicio de 1957. En esas circunstancias, Bustelo se despachó con una retahíla de críticas a la intervención de precios. De su estado de ánimo, da fe el siguiente pasaje:

"La ciencia económica ha progresado lo suficiente para que hoy nadie pueda dudar de que los precios de mercado, no intervenidos, tienen un extraordinario valor como elemento regularizador de la economía y que cuando los precios libres no resultan posibles por razones de orden político o social y hay que recurrir, como mal menor, a los precios marcados por organismos oficiales, estos precios han de corresponder a un cálculo hecho sobre bases adecuadas".

Las buenas impresiones hacia el sector del nitrógeno recogidas en el transcurso de una nueva visita a los responsables de Industria en febrero de 1959, se vieron confirmadas poco después por una revisión de precios. Lejos de apaciguar los ánimos de los fabricantes, aquel aumento de un 5 por ciento sobre el precio del sulfato amónico en 1957, los redobló. Mientras insistieron en reclamar "soluciones de mayor equidad" - léase precios más elevados -, los fabricantes se vieron sorprendidos por las medidas estabilizadoras del verano. La nueva ordenación económica alteró por completo el marco en que se desenvolvía su negocio.

Una consecuencia de inmediata aplicación del Plan de Estabilización fue la liberalización de los precios de venta así como de la importación de los abonos nitrogenados. Bustelo fijó el precio del sulfato amónico a pié de fábrica de La Felguera en 3.125 Ptas/Tm, lo que representó un aumento de casi 13 puntos sobre el anterior precio oficial para los abonos de fabricación española. Se mostró convencido de que los importadores lo respetarían. Subestimó, no obstante, los estragos de la competencia internacional, la cual hundió el precio del nitrógeno hasta la cota de 2.800 Ptas/Tm, lo que representó una rebaja de un 12 por ciento sobre el precio elegido. Es más, en círculos cercanos a la industria española, se auguraron nuevas rebajas tan pronto llegó noticia de que los precios en los mercados asiáticos regían por debajo de los costes de producción. A ese nivel, el precio eliminó al arancel pues un derecho de 2,39 Ptas por quintal de sulfato amónico importado representaba 1 por ciento de su precio en puerto español. Es comprensible pues que la importación se disparase en los siete primeros meses de 1959 hasta 800.000 Tms de nitrogenados, un volumen que superó en un 60 por ciento a la realizada en el mismo período de 1958. A final de año, se alcanzó una cifra récord de 1.240.000 Tms, lo que representaba un aumento de un 44 por ciento sobre el ejercicio anterior.

Enfrentadas a un empeoramiento de su cuenta de resultados por el doble efecto de la reducción de las ventas y del aumento de los costes medios, las fábricas españolas se coaligaron una vez más para reclamar una reforma del régimen arancelario. Dicha reforma se produjo en tres etapas. En la primera, fue derogada la rebaja que había sido introducida en el mes de julio con carácter transitorio. La modificación del arancel no consiguió desanimar a los importadores, hecho que fue denunciado con pesar por un Bustelo que reclamó la introducción de medidas más contundentes. En unión de las restantes casas, propuso que se establecieran dos derechos, uno con carácter compensatorio y otro dirigido a combatir el dumping de los exportadores internacionales. Su ruego fue satisfecho de inmediato por las autoridades comerciales. En el mes de abril de 1960, los nitrogenados de importación quedaron sujetos a la aplicación de un derecho ad valorem de un 15 por ciento. En el corto plazo, la tónica no se alteró debido a la enorme acumulación de existencias. Sus efectos se hicieron sentir en el medio plazo con la cancelación de órdenes de compra de abonos extranjeros. En la tercera etapa, se instauró un derecho específico de 420 Ptas/Tm que anuló prácticamente la importación. Al tiempo que tenía lugar este proceso, las ventas de las fábricas españolas mejoraban. En el otoño, se dió por concluida la crisis de la industria española del nitrógeno. La importación se contrajo hasta 640.000 Tms, casi la mitad del volumen importado en 1959. Y, lo que resultó aún más llamativo, por primera vez la ratio importación:producción española se situó por debajo de 1,5. Ello hizo concebir a los fabricantes buenas perspectivas para su negocio en 1961. Previeron la posibilidad de satisfacer la mitad del consumo. Aunque los hechos no resultaron tan halagüeños, lo cierto es que la producción española de nitrogenados superó la barrera de 600.000 Tms, es decir la cota que se marcó como objetivo el Plan del Nitrógeno veinte años antes.

7. EPILOGO

Con el trasfondo del Plan del Nitrógeno, se ventilaron en los dos decenios flanqueados por 1941 y 1961 una larga serie de asuntos que reprodujeron fielmente la más pura esencia de la economía española en la primera etapa del régimen franquista. A modo de resumen, es mi intención destacar aquí cuatro cuestiones que han sido abordadas en este trabajo.

* La obsesión de los dirigentes económicos del régimen por emprender una vía semi autárquica con el propósito de ahorrar divisas a fuerza de sustituir importaciones y de lograr una independencia en explosivos de guerra, alumbró al Plan del Nitrógeno. Con esa decisión, se dió carpetazo a la política del período de entreguerras que, bajo presión de las asociaciones del campo, había favorecido la importación de abonos nitrogenados a gran escala. Dicha opción vino refrendada por la posibilidad de aprovechar unos precios por debajo de coste debido a que los grandes fabricantes europeos de nitrógeno de síntesis arrastraron fuertes excesos de capacidad. Llegados a este punto, es importante señalar que la política del nitrógeno fue anterior al inicio de la Segunda Guerra Mundial. No hubo, por consiguiente, ningún vínculo entre la interrupción de la importación por causa del conflicto y el giro de la política en ese área industrial. Por esa razón, nunca se planteó esperar a la conclusión de las hostilidades para recuperar entonces los niveles de importación de la preguerra.

* Una vez que se decidió el acometer una sustitución de importaciones de nitrogenados, se abrieron dos posibilidades: (i) recurrir en exclusiva a la iniciativa privada; (ii) imponer una solución mixta con diversos grados de intervención estatal. El Ministerio de Industria cuyo titular en 1941 era un falangista bien relacionado con el sector privado, acudió a la primera opción que fue aderezada con el auxilio del Estado según estaba previsto por la legislación del otoño de 1939. Sin embargo, finalmente se impuso una vía de tipo mixto, siendo una de sus notas más destacables la presencia de empresas públicas que no habían sido aún creadas. El cambio de orientación fue forzado por Suanzes al poco de constituirse el INI. Significó un revés para el Ministerio, contribuyendo a ahondar las diferencias que existían entre sus respectivos dirigentes. Aquella falta de entendimiento se repitió en otras dos áreas del nitrógeno.

Por un lado, tampoco hubo acuerdo en lo concerniente a las materias primas a utilizar. En esta cuestión, el Ministerio mostró cierta cordura por ser partidario de emplear el gas de coquería. Por el contrario, los gestores del INI, cautivados por la ilusión autárquica de explotar unas materias primas de difícil aprovechamiento salvo en condiciones extremas, hicieron valer su preferencia por la gasificación de pizarras y de carbones de ínfima calidad. Por otro lado, hubo una cierta contradicción entre la sustitución de importaciones emprendida por el INI a través de SIN y los esfuerzos desplegados por el Ministerio para aumentar la importación de nitrogenados. En el fondo, esas pequeñas escaramuzas no fueron sino reflejo de los reinos de taifas que se constituyeron en el área económica del régimen. Ni siquiera el desempeño de la cartera de Industria y Comercio por Juan A. Suanzes entre 1945 y 1951 consiguió atajar la autonomía de que disfrutaron innumerables instancias gubernativas para instrumentar la ley en sus respectivas parcelas de poder.

* Una vez entrometido el INI en unos planes de industrialización que fueron trazados sin contar con su presencia, el organismo presidido por Suanzes aplicó una política de hostilidad hacia las empresas privadas que revistió múltiples formas. Para ello, se sirvió de cuantos resortes le brindó una legislación profundamente adversa a los intereses del sector privado, sin renunciar, por lo demás, a las prerrogativas que le confirió la concentración de poder económico en la persona de Suanzes. A continuación, pasaré revista a varios ejemplos de esa actitud.

Un área determinante en la que el fiel de la balanza basculó claramente en favor de la empresa pública, fue la relativa a la concesión de moneda extranjera. Con la salvedad del trienio 1948/51, el IEME favoreció con impunidad a las empresas del INI que fueron agraciadas con la parte del león de las divisas disponibles para fines industriales. El lance más notable a este respecto lo constituyó la insistencia del INI por acaparar dólares del EXIMBANK en favor de una de sus factorías (Escatrón), la cual nunca llegó a edificarse debido a su escasísima rentabilidad. Tampoco existió el mismo rasero en lo que atañó a la duración de los trámites que debían salvar los expedientes. El caso más espectacular a este respecto lo constituyó ABONOS SEVILLA que hubo de esperar tres años para conseguir las ventajas fiscales inherentes a las industrias de interés nacional. Mejor suerte le cupo a REPESA que lo consiguió en sólo tres meses. Sin duda, buena parte de la explicación a estas demoras respondió a la oposición que encontraron las solicitudes de permisos efectuadas por entidades privadas en los despachos del INI. ABONOS SEVILLA, FERTIBERIA y FERTILIZANTES DEL EBRO constituyeron tres casos que merecen ser apuntados.

Por lo que atañe a la factoría sevillana de UEE y SIN para fabricar abonos complejos, el INI orquestó una formidable campaña en contra de ese proyecto. A quien cupo el honor de abrir fuego fue al representante del INI en el consejo de SIN. Cumpliendo órdenes emanadas de Sirvent, Arturo Camilleri advirtió a los gestores de SIN que no les cabría la posibilidad de utilizar gases naturales o, en su defecto, gases de refinería como materia prima. Ambos quedaron reservados para uso exclusivo de las instalaciones que el INI proyectaba establecer en la submeseta sur. No se hizo esperar mucho tiempo la reacción de ENCASO, empresa que basó su oposición a la fábrica de Sevilla en varios argumentos. Por su interés, destacaré dos en particular. Por un lado, sus gestores advirtieron sobre un excedente de producción de nitrógeno fijado en un plazo de cinco años:

"... Podrían suscitarse algunas dudas sobre la posibilidad de que en un futuro próximo pudiera llegarse a una superproducción de abonos nitrogenados, aspecto que interesa particularmente al INI".

Por otro, rechazaron la utilización de gas natural o de fuel-oil por parte de la empresa privada. Su argumentación rezó así: el uso de fuel sólo sería rentable a precios internacionales sin intervención de CAMPSA; sin embargo, de ocurrir tal extremo, se estaría gestando una competencia

"ilícita para las empresas que fabrican el amoniaco a partir de la gasificación del carbón [ENCASO]... puesto que sería consecuencia de un trato más favorable a las instalaciones así proyectadas [ABONOS SEVILLA] y equivaldría a un combustible primado, sustraído de la renta de petróleos y objeto de verdadera excepción respecto a la utilización del fuel-oil en todo el ámbito nacional".

Quizá olvidaron los gestores de ENCASO el embrollo ocasionado por la solicitud de REPESA para ser excluida de los precios del Monopolio o bien - lo que parece harto más probable -, entendieron que las empresas del INI eran ajenas a los dictados de la legislación. Por último, mencionaron que la decisión de abandonar el proyecto de Escatrón había sido tomada en aras de no entorpecer los planes de REPESA, razón por la que no se debería penalizar por segunda vez a ENCASO con la factoría de Sevilla de UEE.

Carlos Rein, presidente de ENIRA, fue el tercero en entrar en polémica con durísimos alegatos contra la factoría. Advirtió acerca de una segura contaminación de las aguas del Guadalquivir por el vertido de cloruro cálcico. No dudó en sentenciar que el establecimiento de la citada fábrica

"entraña un peligro tan grave para [la] nuestra, que de no exigirse a UEE determinadas condiciones hará incompatible la coexistencia de ambas...".

Al hilo de la protesta de Rein, caben dos comentarios. Por un lado, aquel desastre ecológico no fue apreciado por ELCANO, una empresa del INI que administraba unos astilleros en un terreno colindante. Por otro, quizá sea menester señalar que las instalaciones de ENIRA a las que hizo alusión Rein eran todavía un mero proyecto a finales de 1957. De hecho, nunca llegaron a ver la luz. Si se frustraron los planes de ENIRA, desde luego no fue por culpa de ABONOS SEVILLA.

Tras la arremetida de Rein, les llegó el turno a diversas secciones del INI. Resulta sorprendente la escasa coordinación que mostraron a la hora de combatir la solicitud de UEE, lo que les llevó a veces a deslices notables. A ese respecto, el Departamento de Industrias Químicas sugirió que existía amplio margen para establecer nuevas fábricas, desautorizando la tesis de ENCASO. A idéntica conclusión llegó Ortíz de Landázuri quien, no contento con ello, insinuó además la ventaja de coordinar las acciones de REPESA, UEE y SIN con vistas a la creación de empresas filiales mixtas. Quien, sin embargo, tuvo las ideas mucho más claras fue Sirvent. En un memorándum a Suanzes, negó al Ministerio de Industria competencias para otorgar a UEE/SIN autorización para utilizar gas natural - por supuesto, caso de ser encontrado -, gas de refinería de REPESA o gas de coquería de ENSIDESA sin el consentimiento previo del INI. De ser fuel-oil la materia prima elegida, recordó al Ministerio que su empleo sólo debería ser autorizado en

"régimen fiscal normal a fin de que no resulten beneficiadas las empresas solicitantes en relación con las condiciones económicas en que fabrican el amoníaco otros fabricantes nacionales".

Y, por último, en escrito remitido a la Dirección General de Industria a comienzos de 1958, Sirvent señaló que ENCASO junto con REPESA y ENSIDESA deberían gozar de prioridad antes de que le fuera concedido a UEE autorización para aprovechar gases de refinería. En definitiva, el INI negó a UEE/SIN aquéllo que reclamó con insistencia para sí.

Lejos de abandonar su hostilidad hacia la empresa privada, el INI continuó impertérrito en esa línea a pesar del cambio de aires que significó la entrada en vigor del Plan de Estabilización. Dos episodios del verano de 1962 muestran que los máximos responsables del Instituto no consiguieron asimilar el giro emprendido en el fondo y en la forma de la política económica.

Un informe sobre la solicitud de industria de interés nacional cursada por FERTILIZANTES DEL EBRO desencadenó una nueva manifestación de la obstinación del INI a admitir la libre concurrencia. Para el gerente de ENCASO, Eduardo Angulo, era preciso denegar la petición por no concurrir ninguno de los requisitos establecidos por la legislación: ausencia de necesidad para la economía española y existencia de un superávit de producción que cifró en un 100 por ciento. No sintió rubor a la hora de justificar su impugnación a la autorización de la nueva fábrica por responder a la

"necesaria política de protección de nuestras propias instalaciones que, en parte, se encuentran afectadas por la presión de las necesidades de orden nacional a las que, en su día, hubimos de acudir".

Es decir, la intromisión del INI en un plan para el que no había sido llamado por las autoridades ministeriales se convirtió casi un cuarto de siglo más tarde en la mejor arma arrojadiza para apartar a potenciales competidores de una factoría, la de Escatrón, que ni siquiera fue edificada.

No obstante, la animadversión de los dirigentes del INI hacia la iniciativa privada alcanzó cotas inauditas de dureza con ocasión de los planes trazados por FERTIBERIA para instalar complejos industriales en La Coruña, Huelva y Castellón. El Ministerio de Industria le concedió a esta empresa autorización sin solicitar el preceptivo informe al INI. Ese descuido quizás deliberado le brindó a Suanzes una excusa para lanzar una formidable diatriba contra el que fuera su delfín en el pasado, Joaquín Planell.

Convencido de que FERTIBERIA estaba participada por la COMPAÑIA IBÉRICA DE PETROLEOS, sociedad con capital público a un 50 por ciento, Suanzes articuló su escrito de tono vehemente en torno a varios puntos de interés. Dedicaré alguna atención a su protesta porque reproduce el estado de ánimo de quién era totalmente incapaz de comprender los cambios que se habían operado a su alrededor.

Anclado en su querida idea de que el INI era un "organismo autónomo", Suanzes lamentó, en primer lugar, que la acción del Ministerio al no solicitar informe hubiese generado una pérdida de

"unidad de procedimiento y actuación que ha permitido a lo largo de muchos años una acción difícil y trascendente".

Es decir, se mostró reacio a aceptar una pérdida de capacidad decisoria en materia industrial a favor del Ministerio. Por la misma razón, no estaba dispuesto a dar su bendición a la constitución de empresas con capital público fuera del ámbito de su Instituto. Una vez planteadas a esas dos cuestiones de principio, Suanzes arremetió contra el montaje de nuevas plantas de nitrogenados. A ese respecto, retomó el argumento de la crisis de sobreproducción que afectaría a "los que han sido pioneros ... y al INI en primer término". Sin embargo, caso de autorizarse nuevas plantas, estableció un orden de prelación a favor de las empresas en funcionamiento con la intención de recortar sus costos medios y, de modo particular, de aquéllas que utilizasen materias primas nacionales. "Debo referirme, de manera muy especial" escribió a las que,

"utilizando como materia prima en bocamina, carbón ... como es el caso de CALVO SOTELO en Puertollano y en Puentes de García Rodríguez, emplean además carbón de muy baja calidad, ahorrando divisas y transportes, estimulando, por otra parte, la creación de riqueza y la elevación de los niveles de vida en zonas muy atrasadas o subdesarrolladas y siguiendo en todo caso las directrices y los propósitos del Gobierno".

No contento con ese trasnochado lenguaje autárquico, Suanzes acudió al ejemplo de las térmicas británicas para mostrar la preferencia de consumir materias primas de orígen doméstico sobre fuel-oil de importación, omitiendo la muy distinta calidad que atesoraban las hullas inglesas frente a los lignitos españoles. En cualquier caso, si "por razones competitivas" se decidiese emplear naftas de importación para rebajar costes, ENCASO o REPESA gozarían de preferencia, recibiendo así una "cierta compensación, por el esfuerzo hecho, en la ocasión y en las circunstancias más difíciles". No sería en efecto justo, en opinión de Suanzes, que,

"por razón precisamente de precios, pudieran ser batidas, desplazadas o arruinadas - muy especialmente Puentes - por otras nuevas empresas que utilizan lo que aquéllas no hubieran podido utilizar en su día y en el momento oportuno, porque no se las hubiera autorizado".

Resulta difícil concebir mayores dotes de cinismo por parte de quien fue el padre de la autarquía española en materia económica. Por lo demás, Suanzes estaba claramente en lo cierto. Una vez perdido el privilegio de vender su producción en el mercado interior al precio que fuera, las fábricas de ENCASO eran incapaces de sostener la competencia de plantas más modernas basadas en el gas de refinería o incluso, en el gas de coquería. Si el mercado hubiera operado libremente, se habrían visto abocadas al cierre. En su afán por evitar ese desenlace, Suanzes criticó el empleo de crudos derivados de petróleos de importación mientras "existan, como existen, carbones nacionales y gases de refinerías y altos hornos nacionales". No olvidó siquiera el presidente del INI romper una lanza en favor de las empresas privadas del ramo del nitrógeno, recordando los perjuicios que les ocasionaría el complejo industrial de FERTIBERIA. Por último, jugó una baza sentimental pues, al cargar las tintas sobre el futuro de ENCASO, estaba seguro de que Planell no podría dañar a su antigua empresa. De ahí que reclamase el empleo en exclusiva de los gases de la refinería de la COMPAÑIA IBÉRICA REFINADORA DE PETROLEOS para la factoría de Puentes de García Rodríguez.

En su contestación a Suanzes, Planell acudió a múltiples estadísticas para rechazar el riesgo de una sobreproducción en el mercado español del nitrógeno. En contra de lo sostenido por aquél, el Ministro abogó por la existencia de un déficit de 45.000 Tms de nitrógeno fijado en 1967. Habida cuenta de que las fábricas funcionaban a un 73 por ciento de su capacidad, ese déficit sólo podría ser absorbido mediante la producción de FERTIBERIA y de ABONOS SEVILLA. Desautorizó así mismo a su antiguo superior en el INI en lo relativo al futuro de las instalaciones de ENCASO en Puentes y Puertollano. A su juicio, no existían motivos de alarma que justificasen un "criterio pesimista" ni siquiera en la factoría gallega la cual, llegado el caso, podría modernizar sus instalaciones para utilizar naftas.

* Y, por último, a pesar de lo inhóspito del medio en que se cerraban los negocios en la España del General Franco y de la existencia de múltiples trabas a la iniciativa empresarial, fueron varias las entidades privadas que lograron asentarse en la industria del nitrógeno de síntesis. Pieza clave de su éxito fue la habilidad de sus gestores para bandearse en un ambiente hostil, sacando a los conflictos internos del régimen el máximo provecho en favor de sus empresas. Personas como Juan Lladó, Ignacio Herrero Garralda, Andrés Moreno, Antonio Lucio Villegas o Francisco Bustelo, omnipresente éste último en todas las negociaciones con el INI, con los ministerios de Agricultura, Hacienda o Industria, con los sindicatos o con sus afines en el mundo privado, consiguieron con su empeño abrir puertas allí donde la terquedad del Régimen las cerraba. Su participación resultó igualmente vital para preservar un mínimo de asistencia exterior en los momentos más duros del aislamiento internacional. Respondieron con prestancia a los planes del gobierno de impulsar una nacionalización del consumo de nitrogenados sólo posible a precios superiores a los internacionales; situación ésta última agravada ante la irrupción de empresas públicas que les arrebataron una cuota sustancial de mercado, impidiéndoles realizar economías de escala. Al producir por debajo de los niveles óptimos de capacidad instalada, sólo cupo proteger el mercado interior lo que, por supuesto, afectó negativamente a la agricultura de exportación.

* * *

APENDICES

A-1 : Importaciones de abonos nitrogenados, 1940/1961 (000'Tms)

Fuente y notas:

'Nitratos' incluye nitrato sódico y nitrato amónico.

'Total' como suma de las columnas (1) y (2) y la importación de cianamida cálcica y cloruro amónico.

OYARZABAL Y VELARDE (1955) p. 858; LORENZO YEPES (1955) pp. 888-89; La Industria Química en España (1961) pp. 407 y sgtes; FENINA (1961).

A-2 : Producción española de abonos nitrogenados, 1940/1961 (000'Tms)

Fuente y notas:

'Nitrato' se refiere a nitrato amónico cálcico; 'Sulfato' a sulfato amónico y 'Cianamida' a cianamida cálcica.

La Industria Química en España (1962) p. 402.

A-3 El Mercado de los Abonos Nitrogenados, 1951/61 (000'Tms)

Fuente y notas:

Col. (1): Existencias en almacenes a 1º de Enero.

Col. (2): Producción nacional.

Col. (3): Importaciones.

Col. (4): Consumo real.

Col. (5): Existencias en almacenes a 31 de Diciembre.

FENINA (1962).

A-4 Esquemas de fabricación

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Fecha de actualización: 11/08/98