MAESTROS COMPLUTENSES DE HISTORIA DEL DERECHO   


       Respecto al segundo apartado -"el Derecho y sus fuentes"-, caben dos posibles enfoques: el estudio de las fuentes de conocimiento del derecho; o su estudio como fuentes del derecho. En el primer caso se tratará de "formar un catálogo de fuentes utilizables para conocer la historia de las instituciones; en el segundo se enfocan las fuentes como un aspecto más de la evolución jurídica". No obstante, en ambos casos de estudiarían las mismas cuestiones (causas de la formación, proceso de elaboración, autoridad, fuentes y forma de ser utilizadas, contenido, plan, estructura, lengua, manuscritos....), la diferencia radicaría en la forma de hacer dicho estudio. Mientras de la primera forma se presentaría la obra jurídica tal como ha llegado a nosotros y luego se van señalando sus distintas redacciones e interpolaciones, en la segundan se sigue el procedimiento contrario; es decir, se muestre la redacción más antigua, se señalan las otras y las interpolaciones posteriores, tratando de reproducir, en la medida que sea posible, el proceso de elaboración de la fuente. Este último criterio es, según García-Gallo, preferible en una exposición de conjunto porque además no impide que las fuentes puedan ser aprovechadas como fuentes de conocimiento[1]. Para salvar las dificultades que surgen como consecuencia se presentar las fuentes no jurídicas de interés para el derecho en una exposición total de la Historia del derecho, o bien se deben tratar todas las fuentes como de conocimiento del derecho, o bien ha de seguirse - como hace Chénon- un doble criterio: el de distinguir entre fuentes del derecho (leyes, costumbres, ordenanzas) y fuentes de conocimiento (documentos, literatura jurídica y fuentes no jurídicas). García-Gallo se inclina por este último criterio, entendiendo como fuentes del derecho las que se consideran de declaración, y como de conocimiento del derecho, las fuentes de manifestación[2].

        Y, finalmente, por lo que respecta al tercer apartado, es decir, a las instituciones, propugna el método de división cronológico para que cada sistema jurídico "cobre su plena personalidad". Todo ello "por la necesidad de que en la exposición de ese sistema se refleje fielmente la propia dogmática, lo cual supone a veces una alteración profunda de la nuestra". De esta manera se plantearía la cuestión "de si sería preferible arrostrar el peligro de que el derecho objeto de estudio no sea comprendido, o exponer éste bajo un plan más comprensible, sin perjuicio de hacer las oportunas referencias para dar a cada institución su verdadero valor". Lo que hay que evitar, para no trastornar la esencia de un sistema, apostilla García-Gallo, es "interpretar las instituciones dándolas un sentido que no tienen; si se salva esto el orden de exposición es secundario"[3].

         El último apartado de la "Memoria" de García-Gallo está dedicado a las consideraciones relativas a la enseñanza de la Historia del Derecho. En primer lugar se encuentra el tema de utilidad de nuestra disciplina. En la propia finalidad de la misma -conocer el pasado- radica su justificación, sin necesidad de ninguna otra. Pero si esta razón no fuera suficiente, se le podrían añadir "el afán de conocer la verdad en cualquiera de sus formas, de ver la repercusión del Derecho en la vida, destacar y fortalecer la personalidad de un pueblo acentuando lo general y lo peculiar que hay en su carácter y en su derecho". Pero, además, la Historia del derecho da una base de cultura sólida y a la vez, como todo estudio histórico, enseña a observar y a tener un criterio propio. "De una parte proporciona el sentido histórico que, obliga a apreciar cada época y cada institución con su propio criterio; de otra facilita el sentido jurídico que le fuerza a no dejarse arrastrar por semejanzas y a penetrar en el espíritu y en el contenido de cada institución". De la misma manera, la Historia del derecho es "la base indispensable para poder avanzar en la investigación de los principios filosóficos del derecho" y "presupuesto necesario a toda labor legislativa que aspire a arraigar"[4].     

        Y centrándose ya en la utilidad de la Historia del derecho en la Universidad, García-Gallo  insiste en el hecho de que nuestra disciplina es, junto a la Filosofía del derecho, la que de una forma insensible contribuye más la formación del jurista. Sin embargo, la realización de esta importante misión tropieza con diversas dificultades, unas debidas a la organización del plan de estudios, y otras a la escasa preparación de los estudiantes. En el primer orden de cosas, García-Gallo destaca como obstáculo a salvar el hecho de que al encontrarse la asignatura en el primer curso de la carrera, los estudiantes carecen de preparación jurídica. Pero si este problema puede ser soslayado, por el contrario sí resulta invencible del de la escasez de tiempo[5]. Para facilitar el estudio racional y consciente de la Historia del derecho, cree necesaria la utilización de un método teórico y práctico al mismo tiempo. El primero, mediante la exposición oral del programa; exposición que debe ser  breve ("debe consistir sencillamente en la exposición de un esquema o cuadro sinóptico", a la que "bastaría con dedicar dos días a la semana". Esta labor debe ser complementada con otra esencialmente práctica: la lectura y comentario de textos referentes a las materias explicadas teóricamente[6]. De este modo el estudiante adquiere "sentido histórico -sabe cuando se puede utilizar una fuente y de qué manera- y sentido jurídico -sabe distinguir unas instituciones de otras y qué es lo esencial en ellas-". En resumen, el estudiante "aparte de tener nociones claras de Historia del derecho aprendidas de una manera bastante más firme que confiadas buenamente a la memoria, adquiere una formación, dotes de observación y un criterio claro, con lo que el estudio de la Historia del derecho resulta verdaderamente útil"[7].

       La "Memoria" de García-Gallo es un buen exponente de la tendencia metodológica dominante en esos momentos en  Europa en la Historia del Derecho; es decir, de la dogmática jurídica entendida al modo de Brunner, von Schwerin, Besta o, entre nosotros, Torres López. Si hacemos un rápido repaso al aparato crítico utilizado para la realización de la "Memoria", podemos comprobar que entre los más de ciento cincuenta autores que aparecen mencionados, los más citados en los capítulos correspondientes al concepto y contenido de la Historia del Derecho, así como en el relativo al estudio de la Historia del Derecho son, precisamente, von Schwerin[8], Besta[9] y Brunner[10], entre los autores extranjeros, y Torres López[11] entre los españoles. Merecen igualmente mención especial por el número de veces que son citados en la "Memoria", Altamira[12] y Díez Canseco[13]. Y entre las obras dedicadas a la metodología de la Historia en general, el autor más utilizado es Bauer[14], quedando en segundo plano otros autores como Huizinga[15] o Berheim[16]. Es, por tanto, la bibliografía alemana la que predomina a lo largo de la "Memoria", no sólo en obras de carácter monográfico, sino también en visiones de conjunto. No obstante, respecto a éstas últimas, García-Gallo recoge prácticamente todas las más importantes que hasta ese momento se habían publicado en Italia, Francia y, desde luego, España.

         La práctica del segundo ejercicio tuvo lugar el día 26 de junio a las doce y media de la mañana y según reza el acta García-Gallo empleó cincuenta y cinco minutos en la exposición acerca del concepto, método, fuentes y programa de la asignatura. Y en cumpimiento de lo prevenido en el Reglamento de oposiciones, el Tribunal a continuación cambió impresiones con el opositor. Este "cambio de impresiones", obviamente no aparece reflejado en el acta de la oposición, pero sí el juicio unánime de sus miembros[17], quienes declarándole apto le convocaron para el día siguiente para la realización del tercer ejercicio.

        c. La "lección magistral" y la lección del programa.  El tercer ejercicio consistía en la "exposición, durante una hora como máximo, de una lección elegida por el opositor entre las de su programa, y cuya preparación habrá hecho libremente". Como "lección magistral" García-Gallo eligió la número 71 de su programa dedicada a la sucesión voluntaria: la libre disposición, el testamento y los contratos sucesorios. De la misma manera que en el acta anterior, se consignó que, en cumplimiento del art. 26 del Reglamento de oposiciones, el Tribunal, tras la disertación del opositor, "cambió impresiones sobre el ejercicio realizado" y por unanimidad emitió su juicio favorable[18].

        Al día siguiente, 28 de junio, se celebró el cuarto ejercicio. Este consistía, a tenor de lo dispuesto por el Reglamento de oposiciones, "en la exposición, durante una hora como máximo, de una lección elegida por el Tribunal de entre diez sacadas a la suerte del programa del opositor". Para la preparación de esta lección, añadía el Reglamento, se incomunicaría al opositor por un plazo máximo de seis horas; pero durante este tiempo podía utilizar los libros, notas y material que solicitara. Tras el correspondiente sorteo prescrito por el Reglamento, el Tribunal optó por la lección quinta, cuyos epígrafes eran: "Instituciones políticasa y jurídicas de los pueblos indígenas. El régimen de las colonizaciones". Una vez más, el acta, lacónicamente y con juicio muy breve[19] se limita a señalar que se le declaró apto para el ejercicio siguiente.

        d. El ejercicio práctico. Según el Reglamento de las oposiciones, el quinto y el sexto ejercicio debían ser de carácter práctico y de índole teórica respectivamente. E Tribunal, en el momento de su constitución hacía pública la reglamentación, según la naturaleza de la disciplina, la forma de realizar estos trabajos. A las once de la mañana del día 29 de junio se convocó al opositor para que realizara la primera parte del ejercicio "para lo cual se le entrega un documento medieval para su transcripción y comentario, dándole de tiempo hasta la una de la tarde para la realización de este ejercicio". De la misma manera se le convocaba nuevamente para las cinco de la tarde para verificar la segunda parte del ejercicio.

           En el expediente de la oposición no se conserva el documento que se le proporcionó a García-Gallo sólo la transcripción del mismo. Me parece necesario reproducirla para comprender mejor el comentario de D. Alfonso y el juicio del Tribunal.

           "Christus. Sub Christi nomine et individue Trinitatis Pater et Filius et Spiritus sancte. Amen. Ego Adefonsus imperator confirmo/  i[stos] foros que fecit meo auolo in ista kasa de Sancta Eugenia. Et ego corroboro et confirmo pro animabus nostris/  et homines qui ibi abitaverint orent pro nobis ad Deum et abet octoritate per infinita secula seculorum Amen. Et/  abet in foro que non pendrent in suo termino. Et si ibi pentraverint pectet in cocto sexaginta/  solidos de argento. Et abeat in foro, quale seniore voluerit, ipse abeat. Et si aliquis homo/  disrumpere quesierit vel quesiero, in primis descendat super illos iram in dignatione/ mortis, et abeant partem cum Iuda traditore ex inferno inferiore: et cum Datan/  et Abiron, et condempnatus fiat a corpus et a sanguinis Christi. Amen. Et pariet in/  cocto X.m. libras aurei a senior qui terra obtinuerit. Facta carta/  vel confirmacionis notum die. X Kalendas Marcii. Era Mª Cª septuagesima IIIIª /  Regnante Adefonsus imperator cum uxore sua Berengaria. Et ego imperator qui hanc cartam/  iussit et legentem audiui et de manu mea + roboraui. +++ coram multos testes Comes/  Rodericus Martinez, confirma. Comes Rodericus Gundisaluus conf. Osur Martinez, conf. Roia Fernandez, conf. Diaco Munium, conf./

 

        García-Gallo realizó, en primer lugar, el comentario diplomático y paleográfico.

        "Se trata de un diploma real -escribe en su ejercicio-  de Alfonso VII escrito en minúscula visigoda, de la usada en el siglo XII. Esta letra se emplea en la cancillería del Emperador desde 1135. El documento en cuestión, en perfecto estado de conservación, salvo una mancha en la primera palabra de la línea segunda, de la que sólo puede leerse una "i", por lo demás fácil de sustituir, consta de trece líneas.

 

         El documento, a diferencia de otros salidos de la misma cancillería, no es de carácter solemne. Esto se ve en la mayor sencillez de las fórmulas empleadas, en la no enumeración de todos los títulos del emperador, en la falta del signo habitual de Alfonso VII, en la no mención del notario que ha mandado a extender el documento ni del escriba que lo ha hecho. Falta además la confirmación de la curia regia que aparece en los documentos solemnes. Únicamente se mencionan como confirmantes cinco individuos, de los cuales dos ostentan el título de "comites" . Es muy extraño que en el documento, y más siendo real, no aparezca mencionado en la dirección el nombre del abad. Que la "kasa" de Santa Eugenia es un convento se deduce claramente de que se encargue a los que en ella habitan que recen por el alma del rey.  

        El documento está redactado el diez de las kalendas de marzo de la era de 1174, que corresponde al año 1136. Como este año es bisiesto, el día en que se otorga el documento será eñ 20 ó 21 de febrero, según el día no se añada a este mes o sí, pues en este punto, como ha señalado Jusué al publicar el cartulario de Santillana, no hay una regla fija".

 

       A continuación aparece el comentario interno del texto:

       "El contenido del documento es la confirmación hecha por Alfonso VII, en el mencionado año, al convento, "kasa" dice el documento, de Santa Eugenia, de los fueros que hizo a ella su abuelo Alfonso VI. En la data no se indica el lugar de otorgamiento, pero se deduce del texto mismo, línea 2, donde dice "in ista kasa". Es sabido que estos viajes del rey, necesarios para mantener en paz el reino, eran aprovechados por los abades de los monasterios donde se hospedaban para arrancarles privilegios nuevos o confirmaciones de otros antiguos. Recuérdese como obtuvo el abad de Sahagún de Alfonso VI el privilegio de acuñar moneda. Los reyes, este documento es un ejemplo más, cuidaban por su alma tanto entregando tierras como concediendo privilegios.

 

       La palabra "foros" se emplea en el documento en dos sentidos, ambos usuales en la época. En el sentido de no prendación, como privilegio (línea 4) y como documento o costumbre por la que se rige una comunidad (línea 5). Los "foros" concedidos por Alfonso VI y que aquí se confirman, son, al parecer, simplemente esta exención de prenda; pues caso de emplearse la palabra en el segundo sentido, no se explicaría ya el que el señor pueda conceder otro (línea 5).

 

       Con respecto a la cuestión que planteó Martínez Marina de ser facultad del rey conceder o autorizar la concesión del fuero y que sin ella éste no puede ser otorgado, no se cobra nueva luz mediante este texto: es verdad que el "senior" puede elegir un fuero (línea 5), pero a la vez se ve que esto es por concesión del monarca.

 

       Se habla en dos ocasiones del "senior", una de ellas como el que otorga el fuero, otra como aquél "qui terra obtinuerit" (línea 9). No puede decirse, con tan pocos datos, cual es la naturaleza de este "senior": si es el tenente real o si es un vasallo nombrado por el señor del señorío y del cual aquella "kasa" parece una simple dependencia.

                                                                                                                                                                                                             

        Otras dos veces se habla del "cocto" (líneas 4 y 7-8). La primera vez alude indudablemente al "banus" real. Como es sabido, esta última palabra, usada frecuentemente fuera de la Península y aún en ésta en Cataluña (Merêa recoge algún dato en sus "Estudos"), no se emplea en el NO. La paz, a que sin embargo se alude con esta palabra y que es sancionada entre los francos con la multa de sesenta sueldos, aparece también en distintos diplomas asturleoneses. En este caso la equivalencia entre el "cocto" y el "banus" aparece clara: el rey protege con él la estabiliad de un foro que confirma.

 

       La exención de prendación a que en este documento se hace referencia, aparece también con e mismo carácter en las fazañas que siguen como apéndice al fuero de Castrojeriz y en algunas de las de Palenzuela que ahora se han publicado".

 

      La segunda parte del ejercicio consistía en un comentario de un texto impreso. En concreto, el tribunal  eligió la ley única del libro I, título III del Fuero Real[20].  Reproducimos a continuación íntegramente el comentario dicho texto hecho por García-Gallo en  este ejercicio:

         

          "Se refiere este título, compuesto de una sola ley, a "la guarda de los fijos del rey". Desde luego, la palabra "guarda" tiene en este título, así como en el anterior, que se refiere a la guarda del rey, un sentido muy diferente del que quizá pudiera esperarse, sobre todo teniendo en cuenta que con un título algo parecido  -"de la guarda de los huérfanos, y de sus bienes (F. Real III, 7)- se trata de lo referente a la tutela. En el título que comentamos, ni siquiera se hace alusión a esta cuestión. Y eso que la infancia de los príncipes españoles no había estado desprovista de inquietudes que pudieran requerir medidas capaces de alejar todo peligro.

 

         La ley única del título a que nos referimos trata, en primer lugar y brevemente, de la lealtad que es necesario que todos guarden a los hijos del monarca. En realidad esta es la única parte que está de acuerdo, hasta cierto punto, con el enunciado del título. El resto nada tiene que ver con él. Así, se refiere inmediatamente y sin transición de ninguna clase a la obligación que tiene todo vasallo con respecto al príncipe alzado rey de prestarle el homenaje debido, señalando penas para los que no lo hicieren y las causas que pueden eximir de esta obligación. Esta última parte, como es fácil observar, nada tiene que ver con la guarda de los hijos del rey, pues este homenaje se le presta, no como a hijo, sino como a nuevo monarca.

 

         La importancia que esta ley tienen en la historia del derecho castellano que da comprobada al indicar que pasa a la Nueva Recopilación, donde queda en primer lugar dentro del título 3 del libro II consagrado a tratar  "De lo que el reino ha de hacer muerto el rei en la guarda de sus hijos, i quales oficios vacan por su muerte". Su inclusión bajo este enunciado general es bastante más feliz que en el Fuero real. Aun cambiando de lugar, al pasar a la Novísima Recopilación III, 1,1, conserva, sin embargo, una colocación bajo un enunciado general -"Del rey y de su real casa y corte"- mucho más justo que en el Fuero real.

 

         Con un enunciado parecido al de éste, dedican las Partidas el título 15 de la II, a tratar de "Qual deve ser el pueblo en guardar al Rey en sus fijos". Las dos primeras leyes pueden compararse con la del Fuero real; las otras cuatro restantes ya no tiene nada que ver con éste, aunque alguna de ellas, v.gr. la 3ª se refieren a la tutela del rey menor.

 

         La comparación de ambos texto resulta interesante.

 

         Uno y otro señalan una distinción, no siempre llevada hasta el final, entre el hijo que es heredero y los restantes hijos. Así, el Fuero real comienza refiriéndose, después del rey, "a su fijo o a su fija, que despues del debe reynar, e  despues deben amar e guardar a los otros sus fijos". Las Partidas II, 15, 1 se refieren también a los hijos en general, pero "mayormente aquel que debe ser rey". El Fuero real no saca de esta posición ninguna consecuencia, las Partidas sí, y esta consecuencia ofrece en la historia del derecho público castellano un interés extraordinario. Aquella mención primera del hijo que debe reinar en el Fuero real no tiene más alcance que destacarle por ser el futuro monarca y, por consiguiente, más digno de respeto. Pero en las Partidas, este hijo que debe reinar, es el primogénito. Su derecho de espera al otro pasa a sus herederos aun siendo tal derecho y sin ninguna conversión de él en realidad; de esta manera las Partidas admiten el derecho de sucesión por representación, que el Fuero real no admite. Por eso la distinción que en éste es entre el heredero y los demás hijos, es en aquélla entre el primogénito y sus hermanos menores.

 

       

        El Fuero real marca entre el heredero y los restantes hijos una diferencia no sólo de trato como hemos visto, sino también de naturaleza. La lealtad que el título que comentamos se dice que se debe al heredero en nada se diferencia de la que se debe al monarca. El texto se pronuncia claramente sobre este punto: "como..... los homes deben tener, y guardar lealtad al Rey, así son tenudos de guardar, e tener a su fijo o a su fija, que despues del debew reynar". Los restantes hijos reciben este respeto, no por sí mismos, sino por su padre: "como a fijos de su señor natural".

 

        Esta guarda de los hijos del rey supone un requisito: que los hijos a su vez permanezcan fieles al monarca: "ellos amando e obedesciendo a aquel que reynare". Aquí se alude indistintamente al padre o al hermano. Las Partidas precisan más: la situación privilegiada en este orden que ocupa el hijo mayor tiene un doble motivo: en consideración al padre y porque Dios ha querido que el primogénito, sea rey, por eso sus hermanos "le deven guardar a este assi como a su padre". " E quien fuesse contra el deve aver tal pena, como si al padre mesmo lo oviesse fecho". También éstas ponen como base de este respeto el que sean fieles al monarca y  -esto es una adición- también a la reina madre. El fundamento de esta guarda es en consideración al padre y a éste por ser vicario de Dios n la tierra.

 

      En otro aspecto, la ley se refiere al juramento que se ha de prestar al nuevo monarca. Según se deduce de este título, el hijo adquiere los derechos del rey difunto sin necesidad de un traspaso de posesión de la corona. El principio de que "el muerto hereda al vivo" -que en este caso de la sucesión real se manifiesta como anota Schwerin en la frase de "el rey ha muerto, viva el rey"- aparece recogido en esta disposición. Todos los que tienen cualquier cosa del señorío del rey, deben acudir a jurar a éste, a hacerle homenaje, sin necesidad de ser expresamente convocado. El incumplimiento de esta obligación supone la pérdida de todos sus bienes, que pasan al monarca, que puede hacer de ellos lo que quiera. Solo por dos motivos puede excusarse la comparecencia: por enfermedad y por guardar alguna cosa que pertenezca al señorío del rey; siempre debiendo comunicar al nuevo monarca su fidelidad incondicional"

 

                                                          Madrid 29 de junio de 1935.

                                           

            En el acta de dicho ejercicio quedó consignado el juicio del Tribunal respecto a  los comentarios del textos realizados por García-Gallo. Por lo que se refiere al primero de ellos -el diploma de Alfonso VII de 1136- según el Tribunal "el opositor ha transcrito el diploma sin falta y lo ha analizado paleográfica y diplomáticamente con acierto. En el comentario histórico jurídico ha apuntado las observaciones fundamentales que la lectura del texto sugiere. Un detenido estudio del mismo le hubiera llevado sin duda a destacar tres instituciones que asoman entra las líneas del diploma: una cierta forma de inmunidad, la encomienda y el tenente". Y acto seguida el propio Tribunal se apresura a infravalorar estos importantes lapsus de García-Gallo al decir que "la premura del tiempo y la angustia del momento justifica estos olvidos". Y por lo que respecta al segundo texto, el Tribunal señala que García-Gallo "si bien deja en silencio algún aspecto interesante -filiación de la disposición comentada- y no insiste lo suficiente en el valor jurídico del homenaje, abarca no obstante cuestiones de interés, en las que valora con justeza lo preceptuado relacionándolo en cuerpos legales posteriores".

        Respecto al primer documento, en mi opinión, García-Gallo sí destacó la figura del tenente en su comentario como se puede observar; incluso llega a plantearse si se tratan de un "tenens" real o si, por el contrario, era un vasallo del dueño del señorío. En cambio, respecto a la forma de inmunidad, no hubiera estado de más destacar que se trata de una inmunidad limitada exclusivamente a no realizar prendas y, en consecuencia, muy limitada, por lo que debemos pensar que los oficiales regios podían entrar en las tierras señoriales a realizar otras funciones.

        Y por lo que se refiere al texto del Fuero Real pienso que aquí sí García-Gallo pasó por alto algún punto muy importante. Por de pronto creo que García-Gallo tuvo que manejar alguna edición concordada del Fuero Real. Por muy bien que se conozcan las fuentes parece poco probable que García-Gallo las conociera hasta tal punto de saber con exactitud las concordancias del Fuero Real con Partidas (II, 15) y con la Novísima Recopilación (III,1,1). Es más, casi aseguraría que la edición que manejó García-Gallo en la realización de su comentario del texto fue la de los "Códigos Españoles" de la imprenta de la Publicidad, pues en  la mencionada ley del Fuero Real, en nota, se alude a la concordancia de dicha disposición con Partidas y Novísima Recopilación. Además García-Gallo manejó para la realización del comentario dichos cuerpos legales, según se puede inferir de las citas literales que se ellos incluyó en su comentario. De manera que para la realización del ejercicio se le proporcionaron también otros textos legales.

       García-Gallo enfocó el comentario relacionándolo principalmente con  Partidas II, 15, 1 y 2. Ello le lleva inmediatamente a suscitar el tema del derecho de representación recogido, como es sabido, en las Partidas y no así en el Fuero Real. Sin embargo, en mi opinión, García-Gallo pasó por alto una cuestión muy importante. En efecto, la ley comentada del Fuero Real dispone: mandamos que quando quie que venga finamiento del Rey, todos guarden el señorio, e los derechos del Rey a su fijo, o a la fija que reynare en su lugar. E los que alguna cosa tuvieren del Rey, que pertenece a su Señorio, luego que supieren quel Rey es finado, vengan a su fijo, o a su fija que reynare despues del, a obedescer, e facer todo su mandamiento; e todos comunmente sean tenidos de facer omenaje a él, o a quien mandare....".  Como se puede observar, esta disposición del Fuero Real está en realidad mandando dos cosas. Primero: que cuando el rey muera todos deben guardar el Señorío del rey y los derechos del rey a su hijo -o en su defecto a su hija- que debe reinar en su lugar. Segundo: todos aquellos "que alguna cosa tuvieren del Rey", una vez que supieran la muerte de éste, deben de acudir ante el nuevo monarca, "a obedescer, e facer todo su mandamiento; e todos comunmente sean tenidos de facer omenaje a él, o a quien él mandare". O dicho de otro modo: todos los vasallos reales -los que tienen algún beneficio del rey- son los que deben acudir a renovar el homenaje sin necesidad de una convocatoria expresa. De manera que, en mi opinión, el Fuero Real  se está refiriéndo, en primer lugar, a "todos" los súbditos en lo relativo a la guarda de los derechos del nuevo rey; en segundo lugar, a la obligación que tienen los vasallos reales de acudir a renovar el  homenaje. En caso de incumplimiento de esta obligación, sea cual fuere la condición social del súbdito, "él y todas sus cosas sean en poder del Rey, e faga del, y de sus cosas lo que quisiere".

         No puedo precisar si en el juicio del Tribunal consignado en el acta del ejercicio, cuando se dice que García-Gallo "no insiste lo suficiente en el valor jurídico del homenaje", los miembros del mismo  estaban  pensando en este matiz que acabo de señalar, pero pienso que así es. Por el contrario, me resulta más difícil dilucidar el tema de la "filiación de la disposición comentada" que, según el Tribunal, García-Gallo ha silenciado. En efecto, García-Gallo, aunque parece que utilizó una edición del Fuero Real anotada y concordada, no entra en el problema de los posibles antecedentes de la ley. El hecho que la edición de los "Códigos Españoles" no remita a disposiciones anteriores, corrobora mi tesis de que esta fue la edición utilizada por García-Gallo, que sí alude a las concordancias de Partidas y Novísima Recopilación  citadas por D. Alfonso.  Pero en la misma edición -y tomo- que se recoge el Fuero Juzgo, en el título I, ley 14 se hace la concordancia de dicha disposición con Partidas II, 15, Novísima Recopilación 3,1,1 y  con Fuero Real 1,3, ley única; es decir, la comentada por García-Gallo en el ejercicio.

         El Fuero Juzgo recoge cuatro disposiciones que hacen referencia a los hijos del rey. La ley 14 ("De gardar la salut del rey et de sos fillos"), la ley 15 ("Como devemos amar los fillos del rey"), la ley 16 ("Del guarnimiento de los fillos del rey") y la 17 ("Del guarnimiento de la muller del rey, et de sos fillos"). Pues bien, ni la primera de ellas -precisamente la concordada con el Fuero Real por los autores de la edición- ni las tres restantes tienen un contenido análogo a lo dispuesto en el Fuero Real, ya que el Fuero Juzgo se está refiriendo preferentemente a la guarda física y de los bienes de los hijos del rey, pero en ningún caso a la guarda o respeto de sus derechos como herederos del reino. Ello es perfectamente comprensible teniendo en cuenta que en la monarquía visigoda nunca se llegó a imponer el principio dinástico, prevaleciendo el sistema electivo hasta el final de la misma. La ley 14, título I del Fuero Juzgo, que es concordada con la del Fuero Real comentada, ni siquiera coincide en el colofón con la del Fuero Real; no así la ley 16, cuya semejanza es casi literal, pero su contenido no tiene nada que ver con la del Fuero Real. ¿Estaban pensando los miembros del Tribunal en estas disposiciones del Fuero Juzgo cuando aluden a la "filiación" de la ley del Fuero Real?  No lo sé; pero, en todo caso, no he encontrado una disposición análoga anterior que pueda relacionarse con el origen de dicho precepto del Fuero Real.

          Reunido el Tribunal, el 1 de julio de 1935, a las siete y media de la tarde, se procedió, a tenor de lo dispuesto por el art. 24 del Reglamento, a la lectura por parte del opositor de los dos ejercicios escritos. Leídos éstos, el Tribunal emitió por unanimidad su juicio favorable y convocó al opositor para el día siguiente a las dos de la tarde a fin de verificar el sexto y último ejercicio.

         e. El sexto ejercicio.  Como tuvimos ocasión de ver, el Tribunal en el momento de su constitución había optado por el sistema de un cuestionario secreto del que se sortearía un tema en día de la presentación -el 15 de junio- y que el opositor debería realizar a modo de trabajo como sexto ejercicio en el supuesto, claro está, de que superara con éxito las pruebas anteriores. Realizado el correspondiente sorteo, García-Gallo tuvo que elaborar un trabajo sobre la "Centralización administrativa en Castilla en la Baja Edad Media" que fue presentado para su lectura  el día 2 de julio. Sin embargo, antes de iniciarse la lectura, en el acta de la oposición quedó consignada una incidencia puesta de manifiesto por Torres López quien "por enfermedad gravísima de un familiar suyo" abandonó el Tribunal quedando, en consecuencia, sólo con cuatro jueces.

           El trabajo realizado por García-Gallo en apenas quince días consta de 73 cuartillas mecanografiadas -48 de texto y 25 de notas- y quedó adjunto al expediente de la oposición. Merece la pena que nos detengamos a analizar dicho estudio.

           Las primera páginas del trabajo están dedicadas a la fijación previa de algunos conceptos que se utilizan en el mismo con el fin de acotar el objeto del estudio. Mucho más aún cuando se emplean -dice García-Gallo- "expresiones técnicas modernas que, si bien reflejan una idea o un estado de tiempos anteriores, no han sido empleados en ellos"[21]. Por tanto, García-Gallo parte del supuesto de la utilización de ciertos anacronismos.

        En primer lugar se centra en el alcance que hay que darle a las palabras "centralización" y "administrativo". Respecto a la primera, aunque a primera vista ofrece un sentido claro, cuando se intenta darle una exacta significación, esta claridad se diluye. "Solo al hablar de la centralización administrativa se adquiere una idea más precisa". Y a continuación puntualiza: "Centralización administrativa será aquella que absorba en el Estado todas las funciones de la administración pública". Pero, precisa más al distinguir "la centralización propiamente dicha, consistente en anular o desconocer la personalidad y esfera propia de acción de los organismos territoriales y locales, y la centralización que, sin necesidad de desconocer esta personalidad, les priva del ejercicio de sus funciones en provecho de los organismos centrales"[22].  Sin embargo, aunque el problema de la centralización afecta esencialmente a la organización administrativa, "puede referirse a la teoría misma del Estado. Porque existe en efecto una centralización política que conduce a la organización unitaria del Estado y a la supresión de toda constitución apoyada en base federal o de Estados compuestos. Ambas formas de centralización no se dan paralelamente, sino que es posible que en un Estado federal se tienda a la centralización administrativa, como ocurre en la Baja Edad Media en la Corona de Aragón, o, al contrario, que un Estado unitario esté establecido sobre una base de descentralización administrativa, como se da  v. gr. en Castilla en el siglo XII". Según García-Gallo, en la Castilla bajomedieval "los dos aspectos de la centralización, el político y el administrativo, marchan paralelamente"[23]. En cualquier caso, hay que distinguir igualmente entre estas dos formas de centralización y la tendencia política al absolutismo. En ésta "aspira el monarca a convertirse en el único poder, eliminando para ello a todos cuantos le estorban: Cortes, nobleza, clero, ciudades, etc....... De esta manera el rey pretende centralizar -todo el poder- en sus manos. Pero esto puede conseguirse plenamente sin necesidad de pensar en un Estado unitario, centralizado políticamente, este es l caso, p. ej. de España en el siglo XVI. La diferencia entre la política absolutista y la centralización política queda mostrada con esto. Entre aquélla y la centralización administrativa la diferencia es de otra clase. En la tendencia absolutista se quiere suprimir la intervención, el carácter político de todos los organismos del Estado...... En la centralización administrativa se pretende solamente que las funciones no políticas, como son la dirección de la vida local o provincial, las judiciales, las financieras, las militares dejen de ser ejercidas por aquellos organismos del Estado, dotados algunos de carácter político, y lo sean por órganos dependientes del poder central...... La centralización administrativa no es más que un medio para llegar al poder absoluto"[24].   García-Gallo advierte, además, que la centralización administrativa no implica una uniformidad administrativa "puesto que es posible  el que el poder central llegue a intervenir todo lo eficazmente que se quiera sin necesidad de establecer un tipo único de organización". Finalmente indica que él toma el término "centralización administrativa en su sentido amplio, incluyendo por consiguiente, tanto la simple concentración de funciones como la centralización propiamente dicha".

         Para García-Gallo "la administración provincial en Castilla al acabar la Alta Edad Media era ya dependiente del poder central. Sus funcionarios, más o menos independientes según las épocas y los lugares, ocupaban su puesto por encargo expreso del monarca; no como jefes natos de un territorio con propia personalidad. Las ciudades, por contrario, gozaban de una personalidad propia, eran elemento integrante del Estado, siquiera su organización la recibieran ordinariamente del poder central. Pero, a pesar de esto, no eran organismos dependientes del monarca -más o menos fieles a su misión, como ocurría con los funcionarios provinciales-, sino cuerpos independientes que el rey se veía obligado a reconocer. Aquí se trata, no de concentrar en una sola mano las facultades que hasta entonces ella había delegado, como ocurre con los funcionarios provinciales, sino de centralizar poderes independientes"[25].

       En el siguiente apartado del trabajo García-Gallo aborda el estado de la cuestión. Señala que pese a su importancia es un tema que está sin estudiar "como en general ocurre con todas las instituciones de esta época". La bibliografía referente a Castilla es "escasa y de poco valor". Apenas se encuentran datos en la Teoría de las Cortes de Martínez Marina o en el Curso de Derecho político de Colmeiro. "Desde luego -apostilla- no hay que decir que El poder civil en España de Danvila carece en absoluto de todo valor". Dado que por entonces apenas había estudios dedicados a los diferentes reinados, García-Gallo se limita a citar el Sancho IV de Castilla de Mercedes Gaibrois, ya que los otros habidos hasta entonces "son de valor muy relativo". Se lamenta igualmente que de figuras de relieve, como Alfonso XI, no se haya escrito nada sobre ellas, aunque otras, como Alvaro de Luna sí han sido objeto de algunas monografías[26]. Algunos otros trabajos pueden servir para el tema en cuestión: el estudio de González Magro sobre las merindades[27]; el de Sacristán Martínez sobre los municipios de León y Castilla[28] y los de Gounon[29], Acosta Inglott[30], Tenorio y Cerrero[31], Díez Canseco y Carande, éstos dosl últimos publicados en el Anuario de Historia del Derecho español.  Y para cerrar el capítulo de bibliografía García-Gallo recoge algunos trabajos relativos a las relaciones entre el régimen municipal y el señorial; en concreto cita los estudios de López Peláez[32], Villa-Amil[33], Puyol y Alonso[34], Galindo y Romeo[35] y R. Carande[36].

         Además de la bibliografía, dado que el "tema está sin hacer y necesita ser hecho", es imprescindible el manejo de fuentes. En primer lugar, las crónicas medievales de los reyes de la época y las colecciones diplomáticas de éstos. Y al respecto García-Gallo recoge los apéndice a las Memorias de Fernando III publicadas por De Manuel; los dos primeros  volúmenes del Memorial Histórico Español que contienen documentos del reinado de Alfonso X; el volumen III de la obra de Mercedes Gaibrois dobre el reinado de Sancho IV; el volumen II preparado por Benavides de las Memorias de Fernando IV y el volumen II de las de Enrique IV publicadas por la Real Academia de la Historia. Son igualmente de imprescindible manejo las Cortes de los antiguos reinos de Ln y Castilla. Y en este punto García-Gallo aprovecha para destacar que el Ordenamiento de Montalvo "resulta inservible casi por completo, porque la falta de referencias al lugar de procedencia de cada ley, o su vaguedad, impiden averiguar la fecha de cada una. La Nueva y la Novísima Recopilación dan estas indicaciones, aunque no siempre exactas. Pero en éstas la mayor parte de las disposiciones que a nosotros nos interesan han desaparecido"[37].

         Complemento indispensable de las fuentes anteriores es la utilización de los archivos municipales. Obviamente, García-Gallo para la realización del trabajo se limitó a manejar las colecciones de documentos publicados hasta entonces: T. D. Palacio[38]; A. Pérez Chozas y E. Varela Hervias[39]; C. M. Vigil[40], T. González[41]; A. Martín Lázaro[42]; A. C. Floriano Cumbreño[43]; Alvarez Laviada[44]; A. Ballesteros[45] y A. López Ferreiro[46].  Habría que utilizar también las "colecciones de documentos referentes a reyes, familias nobles, órdenes militares, iglesias o monaterios, pero su enumeración nos llevaría muy lejos" García-Gallo  insiste en que  dada la premura de tiempo con que se ha realizado el trabajo "obligan a reducir este ensayo al planteamiento de unos cuantos puntos y a su fundamentación en un material a todas luces insuficiente".

        A partir de la página 14 comienza el trabajo propiamente dicho y parte de la tendencia manifiesta desde la Alta Edad Media de fortalecimiento del poder real. Dos son los factores que contribuyen a facilitar el arraigo de este ideal político. En primer lugar, la progresiva secularizacion del "Estado", patente en las Partidas, que hace de la Justicia la esencia y base de la teoría del poder. "La Justicia es medianera entre Dios y el mundo, y aporta a éste dos bienes fundamentales: la paz y la vedad". De esta manera, "el Estado existe por y para la Justicia" y, en consecuencia, "el rey es el Vicario de Dios en el reino para mantener la Justicia". Según García-Gallo, cuando las Partidas afirman que el rey es Cabeça del reyno y que por el mandamiento que nasce del Rey...... se deven mandar e guiar, e aver un acuerdo con el para obedescerle e amparar, e guardar e acrescentar el reyno, se está ya sentado la base de un poder absoluto -no arbitrario-, ya que todo los órganos del "Estado" equiparados a los miembros del cuerpo, deben obedecer al rey[47].

          El segundo factor viene dado por la recepción de los principios del Derecho romano justinianeo. "El emperador -escribe García-Gallo- poseía la plena soberanía, su voluntad era la ley; podía gobernar el reino a su antojo e incluso dominar a la Iglesia. El pueblo no debía sino obedescer". Pero este poder absoluto las Partidas se lo atribuyeron al rey. "El rompimiento de Alfonso X con el imperio de Alemania y sus pretensiones de convertirse en emperador de España, precisamente por los días que se redactaban las Partidas, debieron contribuir eficazmente a llegar a esta declaración terminante...". El choque de esta nueva concepción jurídica del "Estado" con la existente determinó que los reyes tendieran a sustituir ésta por aquélla y para conseguirlo pudieron en juego distintos medios jurídicos. No obstante, "esta política centralizadora no es obra de un momento, sino que se sigue con mayor o menor rigor -hay en ella altas y bajas- desde los primeros años del siglo XIII, cuando menos, y culmina en la Edad Moderna..... Para conseguir la centralización de la organización municipal y señorial, los reyes han empleado procedimientos comunes a los dos tipos o peculiares a cada uno"[48].

        Al desempeñar la Justicia un papel tan decisivo "en la teoría del Estado..... se comprende que los reyes pusiesen un exquisito cuidado en considerar la función judicial como exclusiva suya y considerar su ejercicio por funcionario o particulares como una simple delegación". Toda la justicia "se hace pública y queda articulada dentro del Estado". Este interés por la administración de justicia se pone de manifiesto en los continuos conflictos de jurisdicción, principalmente con la eclesiástica, "pero desde luego no se mantiene aquí una política uniforme y al intentar atraerse el apoyo del clero se le conceden privilegios en perjuicio de la jurisdicción real"[49]. De esta manera, el fortalecimiento de la jurisdicción real se opera por diversas vías. Por un lado, se priva a los jueces locales y señoriales de conocer determinados tipos de delitos -casos de corte- que se consideran exclusivos de los tribunales del rey y las causas excepcionales por las que se autorizaba a los delegados regios a entrar en los cotos señoriales se ven incrementadas en las Cortes de Zamora de 1274. Por otro lado, los monarcas procuraron intervenir activamente en la administración de justicia por vía de las apelaciones no sólo de las procedentes de los pueblos de realengo, sino también de los señoríos.

       En íntima relación con lo anterior -destaca García-Gallo- "estaba el propósito de los reyes de cortar toda libertad en la creación del derecho con el fin de centralizar esta función. Se muestra en la restricción de dar fazañas". Y "con relación a la centralización administrativa es mucho más importante la respuesta que da el rey a las peticiones de las cortes, o los ordenamientos de leyes dados en éstas. No se olvide que Alfonso XI antepone este derecho territorial emanado del monarca al derecho local popular"[50].

         Para una realización más eficaz de todas estas medidas era imprescindible una reorganización de la administración del territorio. Para ello "condes y tenentes comenzaron  a ser sustituidos por merinos"; "se tendió  a crear divisiones territoriales intermedias entre el poder central y estos distritos reducidos, al frente de los cuales se ponían merinos mayores"; en los territorios fronterizos del sur se situaron dos Adelantados mayores. "Estos funcionarios aparecen siempre como los ejecutores de la voluntad real. Los reyes, sin embargo, no siempre supieron aprovechar este instrumento eficaz y con frecuencia prohibieron a sus adelantados y merinos que entrasen en una villa para hacer justicia"[51].  Y para ejercer un control sobre estos nuevos oficiales se articuló el juicio de residencia, así como la supervisión personal del monarca sobre sus delegados territoriales y locales[52].

            Otro punto que aborda García-Gallo en su trabajo es el del fortalecimiento de las ciudades En primer lugar alude al problema de los términos municipales en relación con la política regia de favorecer la aparición de nuevas villas a costa de las ya existentes. Pero mucho más grave era el problema de la enajenación por parte de los monarcas de las villas del realengo en favor de los señoríos laicos o eclesiásticos. Las protestas de las Cortes le hicieron al rey declarar la inalienabilidad del señorío del rey a mediados del siglo XV. No obstante, "no fiándose las ciudades de estas promesas procuraron, ya desde antes, asegurar su término por otros procedimientos: ya haciéndoselo conceder en propiedad, en juro de heredad, ya  viendo la ineficacia del medio anterior, consiguiendo del rey que las inscribiese en el mayorazgo de la corona"[53]. Frente a esta política regia, las continuas y progresivas exenciones de tributos en favor de las ciudades iban en detrimento de la administración central, dado que las exenciones abarcaban no sólo el portazgo, sino que se extendían a otros pechos llegando, en ocasiones, los reyes a eximir a algunos municipios del pago de pedidos y servicios de moneda[54].

           Paralelamente, en la segunda mitad del siglo XIII, se operó un intensísimo movimiento de  descentralización como consecuencia del apogeo alcanzado por las ciudades. En efecto, la aparición de hermandades que actuaban al margen y/o en contra del poder regio determinó que Alfonso XI tuviera que oponerse a ellas de una forma clara. Y fue, precisamente, este monarca quien sentó las bases del intervencionismo regio en los municipios castellanos.  Previamente, a mediados del siglo XIII, Alfonso X por medio de una hábil política legislativa había intentado sustituir el derecho municipal tradicional por un nuevo derecho -el Fuero Real- de corte romanista y centralizador. El rechazo de dicho derecho por parte de los municipios castellanos obligó al rey a reconocer sus antiguos fueros. Estos vieron sus días contados desde que en las Cortes de Alcalá de Henares de 1348 se reconocía la primacía de los ordenamientos de cortes y, en definitiva, del derecho regio[55].

        En defensa del derecho regio, puesto frecuentemente en entredicho por ciudades y señores, los reyes iniciaron la práctica de enviar pesquisidores o, en otras ocasiones, nombrar jueces en las ciudades -jueces de salario- que sustituían o se superponían a los tradicionales jueces foreros. Alfonso XI, más decidido a centralizar el gobierno municipal, acudió a nuevos sistemas. Unas veces, mediante la concesión del Fuero Real, conseguía que la prerrogativa del nombramiento de jueces y alcaldes recayese exclusivamente en el rey; otras, mediante el nombramiento de unos jueces específicos -los corregidores- para cada ciudad dotados de amplias competencias jurisdiccionales. Por último, interviniendo en la designación de los individuos que integraban los consejos municipales que habían ido progresivamente sustituyendo al tradicional concejo abierto. Alfonso XI fomentó la creación de Regimientos en las principales ciudades de su reino. Pero, además, las intervención regia en el gobierno de las ciudades se pone de manifiesto en otras ocasiones, como en la necesidad de la autorización real para que el municipio tome algunos acuerdos o realice determinados actos[56].

        Toda esta política -escribe García-Gallo- "no se realizó sin resistencias, no ya por parte de la ciudad, sino de extraños"; es decir, los poderes señoriales. "Esta resistencia se manifestaba de tres maneras: o pretendiendo ejercer la jurisdicción de la ciudad, o atrayendo a sus tierras en perjuicio de las ciudades a sus moradores, o interviniendo por la fuerza en la vida municipal". En el primer supuesto, las disputas de jurisdicción entre una ciudad y señor radicaban bien en que en la ciudad vivían personas dependientes de él, bien porque en el término municipal se podía hallar sita alguna aldea señorial. En estas ocasiones, ambas partes pretendían extender sus derechos jurisdiccionales a costa de su oponente. En muchos casos los monarcas tuvieron que intervenir para resolver el conflicto. El segundo supuesto -la atracción de población al señorío- se detecta desde el siglo XIII. En algunos momentos el fenómeno es tan intenso y tiene tan fatales consecuencias para la vida concejil, que el rey tiene que intervenir obligando al obispo que no reciba como vasallos a los habitantes del término de una villa. Por último, las ciudades tuvieron que sufrir atropellos por parte de los poderosos; circunstancia que, ante la petición de ayuda, facilitó la intervención de los monarcas aunque éstos no siempre supieron aprovechar este medio de influencia[57].

         La última cuestión tratada por García-Gallo en su trabajo es el tema de los señoríos. En primer lugar señala cómo el desarrollo constante de las inmunidades había convertido al "Estado" en una serie de territorios gobernados con independencia de los "funcionarios reales". El número de los señoríos fue incrementándose desde Alfonso XI. El hecho de que muchas de estas concesiones llevaran implícita jurisdicción acabó por convertir el ejercicio de ésta en una regla, no en la excepción. En estas tierras eran los "funcionarios del señor" los únicos competentes. "Los jueces fueron nombrados, las justicia, algunos impuestos, el servicio militar exigidos por el señor con la plena eliminación de los oficios reales. El rey conservó intervención en el derecho de apelación y en la competencia de casos especiales, en la exigencia del servicio militar y de ciertos tributos, fonsadera y moneda, que en ocasiones renunció". Pero "el caso en que más intensamente se manifiesta la intervención del monarca en la vida de los señoríos es en el de las behetrías, a partir de mediados del siglo XIV", como tuvo lugar durante los reinados de Pedro I y Enrique IV[58].

        Como se ha podido observar por el sintético resumen que he recogido del trabajo del trabajo presentado a las oposiciones, García-Gallo planteó los problemas más importantes relacionados con el tema de la centralización administrativa en Castilla durante la Baja Edad Media. El aparato crítico -158 notas- sobre el que se sustenta el trabajo es fundamentalmente el que cita en el estado de la cuestión en lo referente a la bibliografía y a las fuentes legales. Entre éstas, las fuentes más citadas son los ordenamientos de cortes de los que obtuvo una treintena de datos. En siete ocasiones cita las Partidas, frente a sendas menciones del Espéculo y del Fuero Real. Buen conocedor del Derecho territorial castellano, no podían faltar referencias al Fuero Viejo de Castilla, al Fuero antiguo de Castilla, el Pseudo ordenamiento de León, el Pseudo ordenamiento de Nájera y al Libro de los Fueros de Castiella. Por el contrario son muy pocas las citas -cuatro- de fueros locales. Finalmente, aunque en el estado de la cuestión García-Gallo mencionaba todas las colecciones diplomáticas municipales publicadas hasta la fecha, para la realización de su trabajo en realidad se basó en las series documentales publicadas por Timoteo Palacio, y Pérez Chozas y Varela Hervias procedentes del Archivo general de la villa de Madrid, de donde proceden 28 citas. Otro "corpus" documental que sirvió de base al trabajo fue el Memorial Histórico español del que se citan 29 documentos. Entre las colecciones diplomáticas reales, la de Sancho IV -26 citas- fue la mas utilizada frente a los 8 documentos de la colección de Fernando IV. Resulta llamativa la casi ausencia de citas de las crónicas de los Reyes de Castilla y León, pero no debe perderse de vista que el trabajo se realizó apenas en quince días. Un mayor "vaciado" de datos de las crónicas, así como una visión comparada del problema estudiado a nivel de la Corona aragonesa o de otros reinos europeos era una labor inabordable en tan poco tiempo.

         El Tribunal, conocedor de estas dificultades, así lo consignó en su juicio unánime[59] y consideró que el trabajo era suficiente como para poder emitir un voto favorable en la persona de García-Gallo en este ejercicio. Finalizada la lectura, el Presidente manifestó que el acto de la votación tendría lugar el día 3 de ese mismo mes de julio, a las doce y media de la mañana.

          f. Los informes y la votación.  El artículo 26 del Reglamento preveía que antes de la votación cada uno de los jueces entregaría al Presidente un informe firmado acerca de los trabajos presentados por los opositores y el valor que, a su juicio, tenía cada uno de ellos. Pero en contra de lo dispuesto por este artículo en que claramente se dispone que "cada uno" de los jueces debía emitir un informe firmado acerca de los trabajos presentados por el opositor, el tribunal optó por distribuir esta tarea entre todos y, sin duda, hacer cada uno suyo el juicio emitido por el otro colega. Los informes, pues, no son individuales, sino que aparecen como dictaminados colectivamente y firmado por los cuatro miembros -recuérdese que Torres había abandonado el Tribunal- que restaban. El hecho de que estén escritos con distintas letras nos da pié a pensar que la tarea fue distribuida entre los tres vocales: Don Galo, Ramos y López Ortiz. Los informes son breves y por ello he creído oportuno reproducirlos íntegramente.

           Don Galo Sánchez hizo los informes de Una colección de fazañas castellanas del siglo XII y de los Textos de Derecho castellano.

            Textos de Derecho castellano.

      "Existe una serie de textos emparentados con el Fuero Viejo y aun inéditos que el  Sr. G.G. (sic) reproduce y colecciona. No son obras desconocidas pues a través del F.V. y de otras fuentes eran reconstruibles pero no se habían publicado en su forma original. Fuentes valiosas del antiguo derecho territorial castellano, valia la pena de editarlas no solo para consultar su texto directamente sino por ser aprovechables para una edición crítica del F.V., que es indispensable, Tales obras, de índole privada, a veces están provistas de títulos apócrifos para atribuirles carácter oficial.

 

      Son las siguientes: Fuero antiguo de Castilla, Devysas, Ordenamiento del rey Alfonso en las Cortes de León y Libro que fiso el rey D. Alfonso en las Cortes de Nájera".

 

           Una colección de fazañas castellanas del siglo XII.

    "El Sr. G.G. ha encontrado en un manuscrito del siglo XVI una colección de fazañas del siglo XII hasta ahora desconocida. En el manuescrito se colocan como apéndice del Fuero de Palenzuela. Las fazañas que la forman son aplicación de las disposiciones del Fuero a los correspondientes casos litigiosos. Son interesantes, ya que la mayor parte de las fazañas de que hasta ahora teníamos noticia parecen consecuencia de la aplicación del libre albedrío del juzgador, al contrario de las de Palenzuela, ajustada a una norma previa".

 

      Ramos Loscertales hizo el informe sobre el Avance de estudio sobre las Observancias aragonesas de Jacobo de Hospital y el Manual de Historia del Derecho español.

         Avance de estudio sobre las Observancias aragonesas de Jacobo de Hospìtal.

      "Después de una breve descripción de los cuatro manuscritos hoy conocidos de las Observancias de Jacobo de Hospital, el Sr. García Gallo en su Avance de estudio sobre las Observancias aragonesas de Jacobo de Hospital, plantea las principales cuestiones que se ofrecen al estudiar esta fuente del Derecho aragonés. Cuestiones de crítica textual deducidas de la comparación de las dos versiones recogidas en los códices; problemas presentados en la historia del texto a partir del tipo de redacción, hoy desconocido, hecho por Jiménez de Salanova, utilizado de forma no precisada por Hospital; el autor insinúa algunas conjeturas en relación  con la "Carta intimada" de Cerdán y aborda el procedimiento de utilización más las posibles addendas del segundo redactor conocido de las Observancias y cuestiones de derecho. Expresa la conveniencia de comparar la redacción de Hospital con la de Diez de Aux. Esta breve comunicación es prueba indiscutible de la capacitación del Sr. García Gallo para la ingrata tarea de publicación de textos jurídicos que requiere una finura de técnica que el autor acredita".

 

                                                    Madrid, 2 de julio de 1935

 

           Manual de Historia del Derecho español.

      "El Sr. García Gallo al construir su Manual de Historia del Derecho  español ha pensado en la necesidad de hacer un esquema el cual, a la vez que satisficiere el propio deseo de sintetizar el estado del conocimiento actual de las transformaciones del derecho español a lo largo de su historia, pudiera utilizarse para la enseñanza de esa disciplina. El Manual refleja exactamente las líneas generales de lo hoy conocido casi siempre con claridad. A veces el desmedido deseo de condensar en pocas palabras un hecho se hace a expensas de la claridad. El autor choca con un escollo inevitable: la escasa abundancia de tecnicismo histórico-jurídico, que salva la más de las veces discretamente, pero hay ocasiones en las que existiendo ese tecnicismo perfecto, acaso por la rapidez de la redacción, lo olvida; p. e. usa como sinónimos los términos "oppida" y "civitas", los cuales efectivamente lo fueron en el siglo II d.C. pero no en la época a la cual atribuye la sinonimia. Son pequeños defectos poco apreciables ciertamente de no ser dentro de un criterio excesivamente riguroso, pero que están compensados con la extensa labor y con la seguridad de que la magnífica capacidad de trabajo del autor irá subsanando y corrigiendo en sucesivas ediciones".

 

                                                Madrid, 2 de julio de 1935.

        Por último, a Fray José López Ortiz le correspondieron los informes sobre Textos de Historia del Derecho español para uso de las clases prácticas y el trabajo acerca de La aplicación de la doctrina española de la guerra.

          Textos de Historia del Derecho español para uso de las clases prácticas.

 

      "Se trata de una colección o antología, aún en proyecto, de la cual presenta el Sr. García Gallo la parte correspondiente a los períodos primitivo, romano y visigodo, y dentro de ellos solamente fragmentos de interés para la historia de las instituciones de Derecho público y la historia de las fuentes.

 

       La selección, dentro del criterio pedagógico que la anima, es en línea general acertada. Es también estimable la traducción castellana que ha hecho el Sr. García Gallo de los pasajes que no existe versión, o ésta no es aceptable.

 

        La publicación de esta antología puede prestar un servicio importante a la enseñanza universitaria de la Historia  del Derecho".

 

                                                                 Madrid, 2 de julio de 1935.

 

          La aplicación de la doctrina española de la guerra.

       "Enfoca el Sr. García Gallo un punto de vista bastante poco cultivado en el estudio de la doctrina de la escuela española de Derecho internacional. A la novedad del tema añade la aportación de un dato, si no desconocido, por lo menos poco tenido en cuenta, como es el informe Sobrecasas a consulta de Carlos II.

 

       Para situar estos datos acumula el Sr. García Gallo numerosas referencias a la política internacional española de los siglos XVI y XVII, que si bien no en absoluto imprescindibles, no dejan de ilustrar su tesis.

 

       En conjunto es uno de esos avances en el estudio de esta cuestión, que no por su concreta significación monográfica deja de ser mucho más útil que las generalizaciones un tanto declamatorias a que en estas materias estamos tan acostumbrados".

 

                                                                 Madrid 2 de julio de 1935.

      

            El acto formal de la votación tuvo lugar a la una de la trade del 2 de julio de 1935. Constituido el Tribunal en sesión pública, el Secretario dio lectura del artículo 27 del Reglamento[60].  El Sr. Presidente fue interrogando sucesivamente a los señores jueces que contestaron de la siguiente forma: "El Secretario, Sr. López Ortiz, votó a Don Algonso García Gallo; el vocal Sr. Ramos Loscertales, votó a Don Alfonso García Gallo; el vocal Sr. Sánchez y Sánchez, votó a Don Alfonso García Gallo y el Sr. Presidente votó a Don Alfonso García Gallo". En consecuencia, resultó propuesto por unanimidad para ocupar la Cátedra de Historia del Derecho, vacante en la Universidad de Murcia, el opositor Don Alfonso García Gallo. 

           D. Alfonso estuvo desempeñando su cátedra cuarenta y seis años, a los que habría que añadir los otros tres que fue Profesor Emérito del Departamento de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad Complutense. El nombre de García-Gallo ha quedado indefectiblemente unido al de nuestra disciplina y habrán de sucederse muchas generaciones de historiadores del Derecho para que los trabajos de García-Gallo dejen de utilizarse o queden superados. Todos los que le conocimos, sabemos que D. Alfonso dedicó su vida a la Historia del Derecho, porque la Historia del Derecho fue también toda su vida.
 

[1] Memoria, pgs. 88-89.
[2] Memoria, p. 89
[3] Memoria, p. 90.
[4] Memoria, pgs. 91-92.
[5] García-Gallo se lamenta de que a la Historia del Derecho el plan de estudios entonces vigente sólo le dedicaba cinco horas semanales ¡Qué diría hoy ante los nuevos planes de estudios que amenazan nuestras Facultades de Derecho!
[6] García-Gallo no explica cómo debe realizarse este trabajo: "Realizada esta tarea primero por el Profesor, debe ser hecha luego por los estudiantes bajo la dirección de éste. En ella deben manejarse textos variados, jurídicos y no jurídicos, y debe adiestrarse a los estudiantes a manejar unos y otros; no sólo a repetir con distintas palabras lo que dice el texto, sino a "hacerles hablar", es decir, sacar deducciones y consecuencias, relacionarlo con otros, hacer hipótesis y aceptar una o ninguna, sugerir constantemente nuevas dificultades y problemas, enfocar el texto en todos sus aspectos en particular en el jurídico, y discernir que es de esta clase y qué de otra. Este trabajo atrae desde el primer momento la atención del estudiante. Al principio la intervención del Profesor ha de ser constante, pues este es un esfuerzo al que el estudiante no está acostumbrado, por lo que conviene también no cansarle. Pero muy pronto se adiestra y él mismo se plantea todas estas cuestiones con lo cual se obtienen provechosos resultados" (Memoria, p. 95.)
[7] Memoria, p. 96.
[8]  En concreto, cita en doce ocasiones su Einfürung in das Studium der germanischen Rechtsgeschichte und ihrer Teilgebiete, Friburgo de Brisgovia 1922, y en cinco ocasiones Grudzüge der deutschen Rechtsgeschichte, Munich 1934.
[9]  El Avviamento allo studio della Storia del Diritto italiano, Padua 1926, es citado en trece notas.
[10]  Las citas de Brunner proceden, cinco de su Deutsche Rechtsgeschichte, Leipzig 1906, y una de su Forschungen zur geschichte der deutschen und französischen Rechts, 1894.
[11]  Las Lecciones de Historia del Derecho español, 2 vols., Salamanca 1935, son citadas en dieciséis ocasiones.
[12] Los trabajos de Altamira más utilizados -en once ocasiones- por García-Gallo son los recopilados en su Historia del Derecho. Cuestiones preliminares, Madrid 1903, aunque también son citados algunos de los contenidos en sus Cuestiones de Historia del Derecho y de legislación comparada, Madrid 1914, en concreto El método positivo en el Derecho civil (pgs. 202-242), Sobre el estado actual de los estudios de Historia jurídica española (pgs. 11-45) y  Los vacíos en la historia del Derecho romano en España (pgs. 48-82).
[13] Los Apuntes de Historia general del Derecho español, según las explicaciones del catedrático de la asignatura, Madrid 1911, son citados en diez ocasiones, así como un trabajo -que no he podido localizar- que García-Gallo cita en La lectura, 1903, vol. 3 -sin páginas- cuyo título y contenido desconozco.
[14]  En trece ocasiones es citado su Einfürung in das Studium der Geschichte, Tubinga 1928
[15]  El estado actual de la ciencia histórica,  aparece citado en seis notas.
[16]  Lehrbuch der historichen Methode und der Geschichtsphilosophie. Mit Nachweis der wichtigren Quellen und Hilfsmittel zum Studium der Geschichte, Leipzig 1908, citado en tres ocasiones.
[17] El juicio fue el siguiente: "El opositor, glosando ideas contenida en la Memoria, cuya exposición es objeto de este segundo ejercicio, ha enfocado con claridad y precisión los problemas fundamentales del concepto de la ciencia histórica y del estudio histórico del Derecho. Ha delimitado el ámbito de lo español y sentado directrices para sistematizar la materia cronológicamente a base de una periodificación suficientemente elástica. Finalmente ha desarrollado su programa pedagógico, de íntima colaboración con los alumnos, imponiendo como mínimo de conocimientos exigibles a los efectos del sistema vigente de exámenes, un cuestionario sucinto y lógicamente desarrollado. La visión total de los problemas y las orientaciones pedagógicas del opositor son suficientes a juicio del Tribunal para acreditar en él la especial capacitación que con este segundo ejercicio se trata de comprobar si existe en el que aspira a la docencia de esta disciplina. Procede en consecuencia declararle apto para que continúe realizando los restantes ejercicios".
[18]  "El Sr. opositor elige un atractivo tema de derecho privado: la sucesión voluntaria y las formas a través de las cuales se encauzó a lo largo  de la primera Edad Media española. Señala exactamente los fundamentos visigótico del derecho de libre disposición a través de las fuentes legales y diplomáticas, destacando los momentos más salientes de las transformaciones experimentadas. Fijada esta base, inicia y desarrolla la continuación de la dogmática jurídica sucesoria de la primera Edad Media posterior a la invasión musulmana discurriendo sobre fuentes diplomáticas aquello que permite del derecho de libre disposición de la época anterior, de aquello que se transforma o crea. El mismo tipo de construcción persevera al tratar de las formas sucesorias dentro del marco de la sucesión voluntaria. Las líneas generales del proceso histórico de la institución jurídica se perciben bien marcadas y firmes. El dato concreto discretamente situado no perturba la visión general. En la clara y precisa exposición realizada por el Sr. opositor se manifiestan estimables dotes de personalidad y conocimiento detallado del material al tratar de un tema  al que le falta toda previa elaboración bibliográfica".
[19] "El opositor expone las líneas generales de la evolución jurídica primitiva española; se plantea el problema de la gentilitas como básico para el estudiar las posibles relaciones jurídicas de tipo público existentes antes de la conquista romana. Estudia el régimen familiar de la propiedad. Los problemas son planteados con claridad y precisión. Las soluciones son las que dentro de los datos conocidos y el estado de la investigación pueden proponerse como más admisibles. El estilo expositivo es sencillo y apto para la labor docente".
[20]  Reproduzco el texto de dicha ley para seguir mejor el comentario: Fuero Real I, 3 "De la guarda de los fijos del Rey.  Como sobre todas cosas del mundo los homes deben tener, y guardar lealtad al Rey, asi son tenudos de la guardar e tener a su fijo, o a su fija, que despues dél debe reynar, e despues deben amar, e guardar a los otros sus fijos, como a fijos de su señor natural: ellos amanado e obedesciendo a aquel que reynare: e porque esto es complimiento e guarda de lealtad: mandamos que quando quier que venga finamiento del Rey, todos guarden el Señorio e los derechos del Rey a su fijo, o a la fija que reynare en su lugar. E los que alguna cosa tuvieren del Rey, que pertenece a su Señorio, luego que supieren quel Rey es finado, vengan a su fijo, o a su fija que reynare despues  del a obedescer e facer todo su mandamiento; e todos comunmente sean tenidos de facer omenaje a él,. o a quien él mandare. E si alguno esto no cumpliere, quier sea persona de gran guisa, quier no, y esto no quisiere cumplir, o alguna cosa dellas errare, él y todas sus cosas sean en poder del Rey, e faga dél y de sus cosas lo que quisiere. E si por aventura alguno de aquellos que deben venir al Rey, no vino (asi como sobredicho es) e no pudiere veni por enfermedad, o por guarda de alguna cosa que pertenezca al Señorio del Rey, e no en otro engaño; mas entendiendo que es mas pro del Rey, o de la Reyna, e que por eso finca; no haya la pena desta ley: pero faciendolo saber al que reynare por qual razon finca que no vino, y que esta presto para facer su mandado; y el que en esta guisa fincare, no haya la pena sobredicha".
[21]  La centralización administrativa en Castilla...... p. 1.
[22]  "En el primer caso -dice García-Gallo- se forma un solo organismo, amplio, que abarque todas las ruedas de la vida pública, y que reciba su impulso del poder central, quien se cuida de todas las atenciones de la vida pública. En el segundo se tropieza con la existencia de varios organismos, más o menos independientes y a lo único que se aspira es a que funcionen todos en la dirección señalada por el organismo central, para lo cual es éste último en que hace funcionar todos los resortes" ( La centralización administrativa en Castilla..... pgs. 1-2).
[23]  La centralización administrativa en Castilla...... pgs. 3-4.
[24]  La centralización administrativa en Castilla...... pgs. 4-5.
[25]  La centralización administrativa en Castilla...... pgs. 6-7.
[26]  García-Gallo cita en concreto el libro de J. Rizzo, Juicio crítico y significación política de D. Alvaro de Luna, Madrid 1865, y L. del Corral,  Don Alvaro de Luna, Valladolid 1915.
[27]  Merindades y señoríos de Castilla, en la Revista de Filología española, I (1914).
[28]  Municipalidades de Castilla y León, Madrid 1877.
[29]  Essais sur l´administration de la Castille au XVIe siècle, Paris 1860.
[30]  El municipio de Oviedo, Oviedo 1916
[31]  El concejo de Sevilla. Estudio sobre la organización político social de la ciudad desde su reconquista hasta el reinado de Alfonso XI (1284-1312), Madrid 1901
[32]  El señorío temporal de los obispos de Lugo, La Coruña 1897.
[33]  Estudio histórico acerca del señorío temporal de los obispos de Lugo en sus relaciones con el municipio en la Edad Media, Lugo 1897
[34]  El abadengo de Sahagún (Contribución al estudio del feudalismo en España), Madrid  1915.
[35]  Tuy en la Baja Edad Media, Zaragoza 1923.
[36]  El Obispo, el concejo y los regidores de Palencia (1352-1422). Aportación documental sobre el gobierno de una ciudad en la Edad Media, en el  Boletín de la Biblioteca, Archivo y Museo del Ayuntamiento de Madrid, IX (1932).
[37]  La centralización administrativa en Castilla....... pgs. 11-12.
[38]  Documentos del Archivo general de la Villa de Madrid, I, 1888; II, 1906; III, 1907.
[39]  Documentos del Archivo general de la Villa de Madrid, segunda serie, I, Madrid 1932
[40]  Colección diplomática del Ayuntamiento de Oviedo, Oviedo 1889
[41]  Colección de documentos...... de Simancas, Madrd V, 1830 y VI, 1833.
[42]  Documentos para la historia de Béjar, en la Revista de Ciencias jurídicas y sociales, VI y IX, y Colección diplomática municipal de la ciudad de Béjar, en la misma Revista, n. IV
[43]  Documentación histórica del Archivo Municipal de Cáceres, I, Cáceres 1934.
[44]   Chinchón histórico y diplomático hasta finalizar el siglo XV. Estudio crítico sobre el municipio medieval castellano, Madrid 1931.
[45]  Sevilla en el siglo XIII, Madrid 1913.
[46]  Fueros municipales de Santiago y de su tierra, Santiago I, 1895; II, 1896.
[47]  La centralización administrativa en Castilla....... pgs. 15-16.
[48]  La centralización administrativa en Castilla.......  pgs. 17-18.
[49]  La centralización administrativa en Castilla.......  pgs. 19-20.
[50]  La centralización administrativa en Castilla.......  pgs. 21-22.
[51]  La centralización administrativa en Castilla.......  pgs. 22-24.
[52]  La centralización administrativa en Castilla.......  pgs. 24-26.
[53]   La centralización administrativa en Castilla....... pgs. 27-29.
[54]   La centralización administrativa en Castilla....... pgs. 30-31.
[55]   La centralización administrativa en Castilla....... pgs. 32-34.
[56]   La centralización administrativa en Castilla....... pgs. 34-41.
[57]   La centralización administrativa en Castilla....... pgs. 41-44.
[58]   La centralización administrativa en Castilla....... pgs. 45-48.
[59]
   "La centralización administrativa en Castilla en la Baja Edad  Media es el tema que el Sr. García-Gallo ha desarrollado para el ejercicio final de las oposiciones. Ateniéndose a las condiciones reglamentarias bien poco propicias para la investigación, que rigen dicho ejercicio, ha redactado unas cuartillas que dan una idea del tema a base en buena parte de una utilización directa de las fuentes. Después de fijar los conceptos fundamentales para la exposición del tema, el autor aporta una noticia bibliográfica sobre el mismo y describe el carácter de la centralización, los procedimientos generales de ella, el fortalecimiento de las ciudades, la intervención real en el municipio, la resistencia de terceros a la centralización municipal y por último los señorios: cuestiones que si no agotan el tema dan ocasión para que el autor nos ofrezca un bosquejo apreciable del mismo. No se trata, pues, de una exposición completa y definitiva del tema, cosa imposible de realizar en las condiciones en que se efectua; pero tal como es nos da una idea favorable del dominio por parte del autor de los métodos de investigación propios de la historia del derecho y de su preparación cultural en la materia".
[60]
  Art. 27. "La votación será pública y nominal y se necesitarán tres votos conformes para que haya propuesta, cualquiera que sea el número de votantes. Si ninguno de los opositores obtuviere dicho número, se procederá a la segunda y tercera votación entre los que hayan alcanzado más votos, y si tampoco en ésta los lograse ninguno, se declarará no haber lugar a la provisión de la Cátedra o Cátedras y el Gobierno volverá a anunciar su provisión en el turno que reglamentariamente corresponda".

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