REVESCO. Revista de Estudios Cooperativos

ISSN: 1885-8031

 

http://dx.doi.org/10.5209/REVE.54923

 

Las relaciones entre los valores y principios cooperativos y los principios de la normativa cooperativa

Juan Luis Moreno Fontela[1]

A Hannah, in memoriam.

Recibido: 16 de abril de 2015 / Aceptado: 28 de diciembre de 2016

Resumen. Este trabajo propone un marco conceptual para entender las relaciones entre valores y principios cooperativos, por un lado, y también entre estos y los principios jurídicos de la normativa cooperativa. La Declaración Sobre la Identidad Cooperativa permite vislumbrar la postura de la Alianza Cooperativa Internacional sobre los valores. Los valores que proclama son valores éticos concebidos desde una postura utilitarista en la que los principios cooperativos son guías de conducta para la consecución de tales valores. Estos valores y principios éticos se relacionan con la normativa cooperativa a través de los principios jurídicos. Cuando son reconocidos en normas, los principios cooperativos generan principios jurídicos explícitos. Cuando son reconocidos por jueces, se reconocen como principios jurídicos implícitos. Sin embargo, ambas categorías presentan ciertos problemas de interpretación y alcance de sus mandatos que los diferencian de los principios cooperativos contemplados desde el plano ético.

Palabras clave: Valores cooperativos; Principios cooperativos; Utilitarismo; Principios Jurídicos; Alianza Cooperativa Internacional.

Claves Econlit: A13; J54; M14; P13.

[en] The connections between cooperative values and principles and the legal principles of co-operative law

Abstract. This article proposes a conceptual framework to understand the relations between co operative values and principles, and also between them and the legal principles of co operative law. The Statement on the Co operative Identity makes possible to grasp the view of the International Co operative Alliance on values. The values recognized are ethical values understood from a utilitarian perspective, where co operative principles are guides for conduct oriented towards the realization of such values. Those ethical values and principles connect with the co operative legislation through legal principles. When co operative principles are recognized as norms, they generate explicit legal principles. When they are recognized by judges, they qualify as implicit legal principles. Nevertheless, both categories show certain problems as far as interpretation and the reach of their commands are concerned, problems that separate them from co operative principles seen from an ethical perspective.

Keywords: Co-operative values; Co-operative principles; Utilitarianism; Legal Principles; International Cooperative Alliance.

Sumario. 1. Introducción. 2. Los valores cooperativos como valores éticos utilitaristas. 3. Principios cooperativos como guías de conducta de una ética utilitarista. 4. La problemática de los principios jurídicos. 5. Principios jurídicos cooperativos reconocidos expresamente. 6. El reconocimiento de los principios jurídicos implícitos en las normas cooperativas. 7. Conclusiones. 8. Referencias bibliográficas.

Cómo citar: Moreno, J.L. (2017) Las relaciones entre los valores y principios cooperativos y los principios de la normativa cooperativa. REVESCO. Revista de Estudios Cooperativos, Nº 124, pp. 114-127. DOI: 10.5209/REVE.54923.

1. Introducción

En octubre de 2015 se celebraron los 20 años de la adopción de la Declaración Sobre la Identidad Cooperativa por la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) en su Congreso de Manchester de 1995.

La Declaración Sobre la Identidad Cooperativa produjo un vuelco en el sistema de fuentes normativas no jurídicas de las cooperativas. Hasta entonces, los principios cooperativos eran los protagonistas del cooperativismo. Los principios habían estado presentes ya en algunas de las entidades consideradas precedentes de la figura cooperativa, por ejemplo en la Rochdale Equitable Pioneers Society de cuyos estatutos (en sus diferentes versiones de 1844, 1845 y 1854) se pueden extraer los llamados principios cooperativos de Rochdale (Divar, 2012: 154-156; Kaplan de Drimer y Drimer, 1981: 108 y 229–239; Mercer, 1931). Después, a lo largo del siglo XX la ACI se erigió en la organización responsable de difundir el concepto de principios cooperativos como forma de afianzar la identidad común del llamado movimiento cooperativo. Para ello, la ACI elaboró tres sucesivas declaraciones de principios cooperativos en 1936, 1966 y 1995.

Sin embargo, frente a esta tradición principialista, el Congreso de 1995 introdujo formalmente en la cosmología cooperativa el concepto de valores cooperativos (Juliá Igual y Gallego Sevilla, 2000: 126–127; Martínez Charterina, 1995: 35–36), concepto que hasta la fecha solo había estado presente en trabajos preparatorios de la ACI. En los años 80 y 90, los informes elaborados por Michael P. Trunov, Alex F. Laidlaw, Lars Marcus y Sven Ake Böok por indicación de la Alianza explicitaron la importancia de los valores como fundamento de los principios cooperativos. Fruto de tales estudios, la Declaración Sobre la Identidad Cooperativa de 1995 plasmó la importancia de los valores en relación con los principios cooperativos y reconoció en la Declaración que los valores constituyen el sustrato de los principios y los dotan de contenido. La ACI condensa esta relación afirmando que los principios son “pautas mediante las cuales las cooperativas ponen en práctica sus valores” (Alianza Cooperativa Internacional, 1995).

En los últimos años existe un creciente interés en el estudio de la identidad cooperativa y, a tales efectos, en los principios y valores cooperativos. En el plano institucional, diversos organismos de la Organización de las Naciones Unidas ha mostrado su voluntad de fomentar las cooperativas. Prueba de ello son la Guía de 2001 de la Asamblea General y del Consejo Económico y Social para promover un entorno favorable a las cooperativas (Consejo Económico y Social y Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, 2001) y la Resolución número 193 de 2002 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la promoción de las cooperativas (Organización Internacional del Trabajo, 2002). Asimismo, la propia Alianza Cooperativa Internacional lo ha destacado en el Plan para una Década Cooperativa (Alianza Cooperativa Internacional, 2013).

Este interés no ha permanecido solo en el ámbito institucional. La doctrina jurídica se ha hecho eco del mismo, lo cual ha generado la publicación reciente de estudios sobre los principios cooperativos. Algunos de estos trabajos han enfocado su análisis la legislación europea, como los trabajos del Grupo de Estudio sobre Legislación Cooperativa Europea (SGECOL en sus siglas en inglés) que ha emprendido la elaboración de los Principios de la Legislación Cooperativa Europea (al respecto ver Fajardo, Fici, Henrÿ, Hiez, Münkner y Snaith, 2013). Otros estudios, por el contrario, ha primado el aspecto nacional (respecto de España ver Alfonso Sánchez 2015 y Santos Domínguez 2015). Todos los trabajos anteriores comparten una metodología fundamentalmente inductivista. En ellos se analiza la normativa nacional para hallar elementos comunes a las diversas normas jurídicas, y con tales elementos comunes se trata de construir principios jurídicos entendidos como normas jurídicas más generales que aglutinen tales elementos comunes. Este tipo de principios facilitan la exposición y comprensión de las características generales de las legislación cooperativa y contribuyen a su mejor sistematización y desarrollo normativo. No obstante, la metodología y finalidad de este artículo son diferentes, de manera que más que ser continuación de los trabajos mencionados, se puede entender como un planteamiento alternativo y complementario a los mismos.

Este trabajo propone un marco conceptual general para entender las relaciones entre los valores cooperativos y los principios cooperativos. Este marco se elabora con un método deductivista que parte primordialmente de consideraciones generales sobre valores ético y principios jurídicos. Además, en este artículo también se examina la relación entre los valores y principios cooperativos y los principios jurídicos que forman parte del las normas jurídicas aplicables a las cooperativas, tanto los principios explícitos como los  siempre más problemáticos  principios implícitos. La estructura del trabajo es la siguiente: En el apartado II se examinan los valores cooperativos como valores éticos dentro de una ética utilitarista. En el apartado III se relaciona esta concepción de los valores con el examen de los principios cooperativos, y se plantea entender los principios cooperativos como guías de conducta utilitaristas, también de carácter ético. Una vez examinados estos dos conceptos cooperativos como conceptos éticos, se relacionan con los principios jurídicos. A tal fin, el apartado IV realiza una breve introducción a la problemática de los principios jurídicos. Una vez contextualizado el debate, se analiza por separado la relación entre los conceptos cooperativos con los principios jurídicos explícitos (apartado V) y con los principios jurídicos implícitos (VI). Las conclusiones a todo este examen siguen en el apartado VII.

2. Los valores cooperativos como valores éticos utilitaristas

En este apartado se argumentará a favor de dos tesis. La primera es que los valores cooperativos son valores éticos que no se pueden entender como valores de carácter “técnico”, es decir, valores solo propios de las cooperativas. La segunda es que la ACI concibe los valores cooperativos desde una perspectiva utilitarista.

2.1. Valores cooperativos como valores éticos

La Declaración Sobre la Identidad Cooperativa de 1995 incluye un Informe sobre la declaración que cita como soportes conceptuales de la Declaración dos trabajos preparatorios, el informe Cooperative Values in a Changing World de Sven Ake Böök (Böök, 1992) y el estudio de Watkins, Cooperative Principles: Today and Tomorrow (Watkins, 1986).

El informe Cooperative Values in a Changing World describe los valores cooperativos como las concepciones de los cooperativistas sobre lo que es bueno, deseable y merece ser perseguido para mejorar las condiciones de vida humana. De acuerdo con esta concepción, todos los valores cooperativos a los que se refiere la ACI en la Declaración Sobre la Identidad Cooperativa son valores éticos (tanto los que la Declaración denomina solo valores cooperativos, como los que califica expresamente como valores éticos), en tanto que todos ellos son valores relacionados con el desarrollo personal de los seres humanos[2].

Sin embargo, el concepto de valor es un concepto difícil. Por ejemplo, en cuanto al valor bueno se puede afirmar que algo es bueno en general “la salud es buena”; que es bueno haber hecho algo “es bueno que hayas venido”; que algo es bueno para alguien “dejar de fumar es bueno para ti”; y que algo se considera bueno dentro de la categoría a la que pertenece “este coche es bueno” (Schroeder, 2012). Estos ejemplos se podrían adaptar a un lenguaje cooperativo para decir que algo es bueno desde el punto de vista cooperativo. Sin embargo, los diferentes usos de bueno podrían generar la duda de si se refiere a bueno desde un punto de vista ético, es decir, a bueno en relación con los criterios normativos de corrección y desarrollo personal de los seres humanos, o bueno en relación con unas reglas técnicas de las cooperativas (es decir, que hacen que una cooperativa sea buena en tanto que cooperativa). Esta segunda afirmación equivaldría a afirmar, si se hablara de un deporte, que alguien “Es una buena jugadora de X”. Esta afirmación no contendría una valoración ética de la jugadora, sino que solo se referiría a su forma de desempeñarse en la disciplina X de acuerdo con las reglas técnicas de dicha actividad.

Esta última concepción de valor técnico es problemática si se aplica a las cooperativas. Es posible argumentar que la existencia de cooperativas en la sociedad es deseable porque tales entidades son portadoras de valores socialmente queridos y que la existencia de estas entidades introduce tales valores queridos en la sociedad. Sin embargo, este argumento no se puede sostener desde una concepción técnica de los valores cooperativos. Por ejemplo, es posible imaginar un tipo de competición en el que la finalidad es vencer por la fuerza al contrincante sin tener en cuenta para nada su integridad física. Un practicante de esta competición podría vencer sistemáticamente a sus contrincantes y ser considerado bueno desde el punto de vista técnico. Sin embargo, no por ello se podría defender que es bueno que los valores de este tipo de práctica se introduzcan en la sociedad, en tanto que promoverían el desprecio por la integridad física de otras personas. Los valores técnicos de la práctica no podrían ser extrapolados y considerarse valores éticos deseables en la sociedad.

En la misma medida que en el ejemplo, para argumentar que las cooperativas son positivas para la sociedad, es preciso considerar que los valores cooperativos son valores éticos. Cuando los valores en relación con los cuales se formulan juicios sobre una cooperativa se entienden como valores éticos, es posible usar esos valores para juicios sobre la sociedad que exceden el ámbito cooperativo (por ejemplo, que es deseable que un valor esté presente en la sociedad). Por el contrario, si dichos valores son juicios técnicos solo relativos a la práctica cooperativa, no se pueden emplear para juicios sobre la sociedad. Así, las cooperativas serían adecuadas para introducir valores éticos deseables en la sociedad, valores que actúan como criterios normativos de la actividad y desarrollo humanos y no al cumplimiento de los criterios de una práctica.

2.2. La concepción utilitarista de los valores

La Declaración Sobre la Identidad Cooperativa asume, por remisión al informe Cooperative Values in a Changing World, que los valores cooperativos son valores éticos entendidos como concepciones de los cooperativistas sobre lo que es bueno, deseable y merece ser perseguido para mejorar las condiciones de vida humana. Por lo tanto, para la ACI el valor ético cooperativo último son las condiciones óptimas de vida humana a cuya consecución deben dirigirse las acciones de los cooperativistas. Ello conlleva que para la ACI los valores cooperativos son valores instrumentales para alcanzar este valor ético último de las condiciones óptimas de vida humana (Moreno, 2014).

Esta concepción permite afirmar que la ACI sostiene una postura ética utilitarista. El utilitarismo es una postura ética de tipo consecuencialista, esto es, que atiende a la bondad o maldad de un acto en función de las consecuencias de dicho acto, no de sus cualidades intrínsecas (Sinnott-Armstrong, 2014). Por ejemplo, en el utilitarismo clásico de Bentham y Stuart Mill el bienestar era la consecuencia a perseguir por los actos humanos éticamente buenos. Sin entrar en las numerosas divisiones y problemas que plantea el utilitarismo, el utilitarismo plantea que la corrección de un acto desde el punto de vista ético “está determinada por la contribución de sus consecuencias a la felicidad (entendida como suma de placeres, o satisfacción de deseos o intereses, etc.) de todos quienes están afectados por tales consecuencias” [3].

Dentro del utilitarismo en general, el llamado utilitarismo de actos considera que los actos deben ser evaluados de acuerdo con sus consecuencias, de manera que no es adecuado evaluar un acto como bueno solo por cumplir con una regla (como haría el utilitarismo de reglas). Sin embargo, esto plantea uno de los problemas del utilitarismo de actos: el cálculo consecuencial o cálculo constante de las consecuencias de todos y cada uno de los actos que se llevan a cabo. Aunque los utilitarismos no son teorías sobre la deliberación sino sobre la evaluación ética, la adopción de una ética consecuencialista conllevaría un cierto cálculo consecuencial, lo que entorpecería los actos encaminados a promover los valores. Por ello, se considera que los seguidores del utilitarismo de actos deberían adoptar guías o principios de conducta en la práctica que les eviten tener que valorar individualmente de antemano todas las acciones realizadas. Esta postura es conocida como consecuencialismo restrictivo (Pettit, 1993: 235–237).

3. Principios cooperativos como guías de conducta de una ética utilitarista

La configuración de los valores cooperativos como valores éticos dentro de una concepción utilitarista permite aproximarse a los principios cooperativos y a su relación con los valores cooperativos desde una nueva perspectiva.

Según se indicó, la Declaración de 1995 afirma que los principios son “pautas mediante las cuales las cooperativas ponen en práctica sus valores”. Los principios actúan así como guías de conducta inherentemente prácticas para la consecución de los valores cooperativos. El informe analítico sobre la Declaración añade dos precisiones adicionales que permiten comprender mejor la relación entre principios y valores cooperativos. En primer lugar, los principios deben interpretarse conjuntamente y de acuerdo con su espíritu. Si los principios ponen en práctica los valores, es razonable entender que el espíritu de los principios son los propios valores cooperativos, valores a los cuales debe atenderse al interpretar los principios cooperativos. En segundo lugar, el informe sobre la Declaración afirma que si bien los principios proporcionan guías de evaluación que permiten impedir unas acciones y promover otras, son criterios para evaluar conductas y llevar a cabo decisiones (Alianza Cooperativa Internacional, 1995: Informe, “Principles An introductory comment”, parrs. 1-3).

La configuración de los principios en el informe analítico permite defender que los principios son guías de conducta de una ética consecuencialista restrictiva. En virtud de esta consideración, la finalidad de los principios cooperativos sería guiar la conducta para orientarla hacia la consecución de los valores cooperativos y servir como criterio para evaluar la bondad o maldad de las acciones. Es decir, los principios cooperativos serían principios de carácter ético, encaminados a orientar la conducta en pos de la consecución de las condiciones óptimas de vida humana. Sin embargo, podría plantearse una duda: ¿son los principios cooperativos guías de conducta en un utilitarismo de actos restrictivo, o tienen un papel más fuerte y actúan como normas utilitaristas cuyo cumplimiento es suficiente para calificar la bondad de las acciones que las cumplen? Es decir, ¿sigue la ACI un utilitarismo de actos restrictivo o de reglas?

Esta pregunta se puede responder de acuerdo con una de las afirmaciones del informe analítico sobre la Declaración. Como se señaló, la ACI afirma que los principios cooperativos sirven para poner en práctica los valores. Además, reconoce que los principios cooperativos son normas de conducta y de evaluación. Ambas afirmaciones podrían llevar a concluir que el utilitarismo de la ACI es un utilitarismo de reglas. Es decir, que es suficiente con cumplir los principios cooperativos para que la conducta que los cumple se entienda como éticamente adecuada según la ética utilitarista de la ACI.

Esta conclusión sería errónea. La ACI afirma que los principios cooperativos deben ser interpretados en su conjunto y en atención a su espíritu. Este espíritu, adelanté, no es otro que los valores cooperativos. La alusión a los valores en la interpretación de los principios marca una gran diferencia, en tanto que la ACI subraya que no es suficiente con cumplir el texto de los principios cooperativos (que serían entendidos en ese caso como reglas), sino que hay que cumplir su espíritu o, lo que es lo mismo, los valores que subyacen a los principios (que serían entendidos en este otro caso como guías de conducta para ahorrar el cálculo consecuencialista).

Por lo tanto, debe entenderse que la ACI suscribe una ética utilitarista de actos de carácter restrictivo. Esta postura se manifiesta a través de los valores cooperativos, valores que buscan alcanzar las condiciones óptimas de vida humana. Dentro de esta ética utilitarista, la ACI propone también una serie de guías de conducta, los principios cooperativos, que evitan a las cooperativas (o a los cooperativistas) la obligación de realizar constantemente el cálculo de las consecuencias de sus actos en relación con el fin último de alcanzar las condiciones óptimas de vida humana. En todo caso, la ACI no da por cumplidos los valores cooperativos solo con cumplir los principios cooperativos entendidos como reglas, por lo tanto los principios cooperativos son guías, no reglas. En consecuencia, los principios cooperativos deben interpretarse en atención a su espíritu, en atención a los valores éticos cooperativos que los informan. Así, en definitiva, incluso si se cumplen los principios cooperativos, las cooperativas deberán tener en cuenta con sus actos la consecución de las condiciones óptimas de vida humana.

4. La problemática de los principios jurídicos

En los apartados anteriores se ha delimitado el carácter ético de los valores y principios cooperativos. Ahora bien, las cooperativas son entidades con un marco jurídico particular y por lo tanto es razonable entender que este marco se ve influido por los valores y principios cooperativos de la ACI. En este sentido, es preciso considerar cómo se ve afectado este marco jurídico por los requisitos éticos que establecen los valores y principios cooperativos. Esta relación entre la ética y el derecho nos lleva necesariamente a examinar el papel de los principios jurídicos, considerados por ciertos autores como la clase de normas que permiten introducir la ética en el derecho (Dworkin, 1978: 22).

Los principios jurídicos se consideran la forma más adecuada para introducir en el ordenamiento jurídico los principios cooperativos que inicialmente tienen un carácter meramente ético y, por lo tanto, carente de fuerza jurídica vinculante directa. Por ejemplo, la Guía para la Legislación Cooperativa de la OIT elaborada por Hagen Henrÿ (cuya última edición data de 2012) aconseja la trasposición de los principios cooperativos no como reglas sino como principios para evitar que pierdan su flexibilidad y para no restringir la posibilidad de emplearlos como pautas generales (Henrÿ y Organización Internacional del Trabajo 2012: 65–67). Ello no obstante, es necesario examinar los efectos que tendría el reconocimiento de los principios cooperativos como principios jurídicos.

A lo largo del siglo XX las posturas positivistas del derecho establecieron una separación fuerte entre derecho y ética. Autores como Austin, Kelsen o Hart desarrollaron diferentes teorías que establecían un límite entre el reino de lo jurídico y el de la ética. Este límite se situaba en la voluntad del soberano según Austin, en una norma jurídica fundamental que operaba como presupuesto lógico de validez de las normas del ordenamiento según Kelsen, o en la llamada regla de reconocimiento, entendida como práctica  particularmente judicial  por la que según Hart se identificaba el derecho aplicable sin necesidad de acudir a la ética (para la exposición somera de estas diferentes posturas, ver Nino, 1980).

Sin embargo, el positivismo sufrió las críticas de Dworkin, quien en su trabajo de 1967 The Model of Rules (después incluido en Dworkin, 1978) consideró que el derecho está formado por dos tipos de normas: principios y reglas. De estas dos normas, los principios no emanaban de las llamadas fuentes sociales del derecho, sino que emanaban de la ética social. Además, ambos tipos de normas tenían características y usos diferentes en la práctica y razonamiento jurídicos. Sobre esta distinción, es muy influyente el análisis posterior realizado por Robert Alexy sobre las características propias de los principios jurídicos. Para Alexy los principios jurídicos son mandatos de optimización, es decir, normas “que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible, dentro de las posibilidades jurídicas y reales existentes”, por lo que “pueden cumplirse en diferentes grados” frente a las reglas, que solo pueden ser cumplidas o no (Alexy, 2000, 1993). Esta característica de los principios, ya anticipada por Dworkin, tiene importantes consecuencias en la práctica. Los principios no operan como razón definitiva para una decisión, sino como razón a favor de una decisión, pero dentro del marco de las circunstancias fácticas y normativas.

5. Principios jurídicos cooperativos reconocidos expresamente

El reconocimiento de los principios cooperativos como principios jurídicos explícitos dota a los principios cooperativos de fuerza normativa como principio jurídico. Una vez realizado su reconocimiento, los principios cooperativos pasan a ser finalidades jurídicamente protegidas a cuya consecución se deberá tender teniendo en cuenta las circunstancias fácticas y normativas concurrentes.

La opción de reconocimiento normativo  directo o por remisión  es la escogida por las legislaciones de Bulgaria, Chipre, Eslovenia, Finlandia, Francia, Italia, Noruega y Polonia (para su análisis, ver Fici 2013) o, en Latinoamérica, por la Ley General de Cooperativas de Uruguay, Ley 18.407, y la Ley de Cooperativas de Trabajo de Brasil Nº12690/2012. El estatuto europeo sobre la cooperativa europea (Reglamento CE nº 1435/2003 de 22 de julio de 2003, del Consejo relativo al estatuto de la sociedad cooperativa europea) también menciona los principios cooperativos, pero en su exposición de motivos  considerando 10 , lo cual genera problemas de juridicidad. En España, el artículo 1 de la Ley de Cooperativas (Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas) alude a los principios de la ACI “en los términos resultantes de la presente ley” (Juliá Igual y Gallego Sevilla, 2000) y la mayoría de las normas autonómicas remiten a los principios cooperativos de la ACI o incluso incluyen su propio catálogo de principios, como el art. 4 de la Ley de cooperativas andaluzas (Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas), el art. 3 de la Ley de cooperativas de Baleares (Ley 1/2003 de 20 de marzo, de cooperativas de las Illes Balears) y el art. 2.3 de la Ley de cooperativas de Murcia (Ley 8/2006, de 16 de noviembre, de Sociedades Cooperativas, de la Región de Murcia)[4].

En todo caso, es muy diferente establecer principios jurídicos explícitos que reconocen los principios cooperativos (que, según indicado, tienen naturaleza ética)  a proclamar solamente dichos principios ético cooperativos considerados como guías de conducta para la consecución de las condiciones óptimas de vida humana y otros principios mediatos. Estas diferencias se manifiestan en cómo se interpretan y en la extensión de sus mandatos.

En primer lugar, varía la interpretación de los principios entendidos como principios de naturaleza jurídica o como principios cooperativos de naturaleza ética. En el caso de un principio jurídico explícito la finalidad protegida por el principio se configura como finalidad última en función de las circunstancias fácticas y normativas[5]. Por el contrario, los principios cooperativos como valores éticos utilitaristas son guías de conducta para valores éticos mediatos que, a su vez, tienen como finalidad última procurar las condiciones óptimas de vida humana. Esto plantea una diferencia de objetivos. El principio cooperativo ético exige ser interpretado según su espíritu, es decir, el valor para el que sirve de guía de conducta.

Desde este punto de vista, un principio cooperativo (por ejemplo, el primer principio de puertas abiertas) serviría como guía de conducta y debería ser interpretado según ciertos valores (así, democracia, igualdad y solidaridad) y a la vista del conjunto de principios y valores cooperativos. Sin embargo, el principio cooperativo de puertas abiertas como principio jurídico explícito debería ser interpretado solo como finalidad protegida en si misma, sin necesidad de tener en cuenta valores como la democracia, igualdad y solidaridad a menos que también estuvieran también protegidos por el ordenamiento (como circunstancia normativa concurrente). Por lo tanto, si bien la democracia y la igualdad deberían tenerse en cuenta en la interpretación del principio jurídico de puertas abiertas cuando democracia e igualdad sean principios jurídicos constitucionales  (por ejemplo, en España, democracia e igualdad se reconocen constitucionalmente en los arts. 1.1, 9.2 y 14 CE), no existiría obligación de tener en cuenta la solidaridad por no estar reconocida normativamente.

En segundo lugar, la diferencia entre los principios cooperativos como principios éticos o como principios jurídicos afecta a la amplitud de los mandatos[6]  que ambas clases establecen. Esto es, los principios cooperativos tendrán diferente alcance según sean considerados principios jurídicos explícitos o principios éticos cooperativos. Ya se ha indicado que los principios jurídicos entendidos como mandatos de optimización obligan a tender a un cierto estado de cosas siempre que lo permitan las condiciones fácticas o jurídicas concurrentes. Por lo tanto, de acuerdo con este concepto es posible limitar el alcance de un principio jurídico cuando dadas las circunstancias materiales sea imposible materialmente procurar su satisfacción plena y cuando el marco normativo no permita un mayor alcance. Esto equivale a afirmar que los principios jurídicos no operan como razones perentorias en el razonamiento basado en normas, sino simplemente son razones coadyuvantes (Atienza y Ruiz Manero 1996: 13). Por ejemplo, el principio jurídico de control democrático y participación de los miembros en las cooperativas se deberá entender limitado por las normas que configuren los procedimientos de votación y participación de los miembros y por las condiciones de aplicación (así, la mención en la Ley 27/1999 al reconocimiento de los principios “en los términos resultantes de la presente ley”).

Por el contrario, el principio de democracia y participación entendido como un principio ético cooperativo que establece una guía de conducta para lograr ciertos valores éticos mediatos (democracia, igualdad, honestidad o transparencia) y finales (condiciones óptimas de vida humana) no configura una limitación ética a la consecución de dichos valores. La ACI no sigue un utilitarismo de reglas, sino de actos. Por tanto, los actos siempre se evaluarán éticamente según su relación con los valores mediatos y finales, y no según el cumplimiento o no de los principios cooperativos como guías de conducta. De esta manera, mientras que una actuación podría considerarse adecuada con el mandato de un principio jurídico en atención a las limitaciones fácticas y normativas, esa misma actuación podría ser inadecuada si se evalúa a la luz de los valores mediatos y finales a los que debe tender.

6. El reconocimiento de los principios jurídicos implícitos en las normas cooperativas

Por último, también hay autores que consideran que los principios cooperativos son principios jurídicos implícitos en las normas que regulan las cooperativas, de manera que las finalidades de los principios ético cooperativos ya se encuentran jurídicamente protegidas por el ordenamiento (al menos, en cuanto a los principios considerados en sí mismos) en tanto que principios generales del derecho. Por ejemplo, Henrÿ y Fici acogen esta postura con base en la Recomendación 193 de la OIT (Fici, 2013: 40 y 63; Henrÿ y Organización Internacional del Trabajo, 2012: 47–51).

Sin embargo, los principios jurídicos implícitos son una categoría problemática, puesto que no queda clara su pertenencia completa al ordenamiento jurídico o si su carácter es al menos parcialmente ajeno al sistema legal. En este sentido, la doctrina atribuye a los principios implícitos ciertas características particulares además de las características propias de los principios frente a las reglas. Por ejemplo, Prieto reconoce que la selección de los aspectos relevantes para la inducción de principios implícitos conllevaría necesariamente “elecciones u opciones valorativas”, es decir, “ingredientes extrasistemáticos” (Prieto Sanchís, 1992: 141 143). Una reflexión parecida hacen Atienza y Ruiz Manero, para los cuales los principios implícitos están conectados, al menos en ocasiones, con la prevalencia encubierta en el ordenamiento jurídico de intereses o valores (Atienza y Ruiz Manero 1996: 18–19).

La presencia de aspectos extrasistemáticos en los principios implícitos exige un mecanismo por el que se reconozca dichos principios en el ordenamiento. Es obvio que el reconocimiento legislativo no es uno de estos mecanismos, porque al reconocerse un principio mediante una norma, este principio pasa a ser un principio explícito. Por lo tanto, parece que al menos uno de los caminos para el reconocimiento de principios jurídicos implícitos sería su reconocimiento judicial, lo que permitirá que los principios reconocidos puedan ser utilizados en la interpretación jurídica (con independencia de la naturaleza que se quiera atribuir a tales principios[7]).

Al respecto, desde un punto de vista descriptivo, toda afirmación de que los principios cooperativos constituyen principios jurídicos implícitos se puede interpretar como una argumentación a favor de su reconocimiento judicial. Entre tanto dicho reconocimiento no se hubiera producido, la pretensión de su existencia como principios implícitos sería una posición doctrinal que no tendría carácter descriptivo, sino que establecería un criterio normativo de corrección al que se debería ajustar la actividad judicial. Además, en el caso de que se reconociesen los principios cooperativos como principios jurídicos implícitos, las consideraciones realizadas respecto de la interpretación y el alcance de los mandatos de los principios explícitos se aplicarían a los principios implícitos.

7. Conclusiones

Los valores y principios cooperativos enunciados por la ACI tienen una naturaleza diferente a los principios jurídicos de la normativa cooperativa. Mientras que la ACI tiene una autoridad moral dentro del cooperativismo para formular valores éticos y guías para actuar en pos de la consecución de dichos valores, estos valores y guías de conducta no se convierten automáticamente en principios del ordenamiento jurídico. Esto genera un complejo de relaciones entre los valores y principios cooperativos y, a su vez, entre estos y los principios de la normativa que rige las cooperativas.

En el plano ético, los valores cooperativos introducidos por la Declaración Sobre la Identidad Cooperativa de 1995 sirvieron también para mostrar la postura utilitarista de la ACI y su visión de que los principios cooperativos son solo guías de conducta subordinadas a los valores que persiguen. La apreciación de la corrección o no de una conducta debe ser hecha, por tanto, de acuerdo con los valores cooperativos y no con los principios. El espíritu de los principios son los valores, de modo que entre ambos se establece una clara relación jerárquica a favor de los valores.

Por otra parte, ya en el plano jurídico, los principios jurídicos tampoco son normas que permitan a la ley expresar su intención de la forma más taxativa. Los principios indican a qué estado del mundo se debe atender en la aplicación de las reglas que componen el ordenamiento, pero no especifican los pormenores de cómo tender a dicha consecución y, además, por su estructura se reconoce que la situación material o el marco jurídico pueden restringir su eficacia. Incluso si los principios cooperativos se reconocen como principios jurídicos, su papel en el razonamiento para la acción está limitado y no constituyen razones perentorias para la acción. Asimismo, las argumentaciones a favor del reconocimiento de los principios cooperativos como principios jurídicos no solucionan el problema. La naturaleza de los principios jurídicos implícitos como elementos del sistema normativo no es clara. Por lo tanto, mientras no se produzca su aceptación judicial, los principios cooperativos permanecerán en su ámbito ético, sin impacto directo en el plano jurídico. Por otro lado, los principios implícitos adolecen de las mismas limitaciones que los principios explícitos, y por tanto solo aportan argumentos a favor de ciertas soluciones normativas, pero no son la última razón.

De cualquier modo, la doctrina cooperativista ha avanzado mucho desde la Declaración Sobre la Identidad Cooperativa de la ACI, y ahora es posible formular un marco general que delimite de forma clara la naturaleza de los valores y principios cooperativos y de sus efectos sobre la normativa cooperativa en vigor. En este sentido, la intención de este trabajo es aportar algo de claridad al complejo marco conceptual que representan las intersecciones entre principios de diferentes naturalezas en torno a las entidades decanas de la economía social.

7. Referencias bibliográficas

Alexy, R. (1993) Teoría de los Derechos Fundamentales. 1ª ed. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales. El Derecho y la Justicia. ISBN 84-259-0939-2.

Alexy, R. (2000) On the Structure of Legal Principles. Ratio Juris. Vol. 13, Nº 3, pp. 294-304.

Alfonso Sánchez, R. (2015) Los Principios Cooperativos como Principios Configuradores de la Forma Social Cooperativa. CIRIEC-España. Revista Jurídica de Economía Social y Cooperativa. [online] 2015. Nº 27. [Acceso 15 de junio de 2016].

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[1]     Universidad de Buenos Aires

Dirección de correo electrónico: juan.luis.moreno.fontela@gmail.com

[2]     Para un estudio pormenorizado, ver Moreno (2014).

[3]     Puede verse: Nino (1980: 391 y ss.).

[4]     Las remisiones a los principios cooperativos se encuentran en la Ley 4/1993, de 24 de junio, de Cooperativas de Euskadi, art. 1.2; Ley 2/1998, de 26 de marzo, de Sociedades Cooperativas de Extremadura, art. 2; Ley 5/1998, de 18 de diciembre, de cooperativas de Galicia, art. 1.4; Ley 4/1999, de 30 de marzo, de Cooperativas de la Comunidad de Madrid, art. 1.2; Ley 4/2001, de 2 de julio, de Cooperativas de La Rioja, art. 1.2; Ley 4/2002, de 11 de abril, de Cooperativas de la Comunidad de Castilla y León, art. 1.1; Ley de Cataluña 18/2002, de 5 de julio, de cooperativas, art. 1.2; Ley 8/2003, de 24 de marzo, de Cooperativas de la Comunidad Valenciana, art. 3; art. 1.4; Ley Foral 14/2006, de 11 de diciembre, de Cooperativas de Navarra, art. 2; Ley del Principado de Asturias 4/2010, de 29 de junio, de Cooperativas, art. 13.2 (i) (aunque esta mención solo ubica los principios cooperativos como un límite a la libertad estatutaria de pacto); Ley 11/2010, de 4 de noviembre, de Cooperativas de Castilla-La Mancha, art. 2.2; y Decreto Legislativo 2/2014, de 29 de agosto, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Cooperativas de Aragón, art. 2.2.

[5]     La protección de los valores sí estaría comprendida dentro de la aplicación de los principios jurídicos cooperativos cuando una norma jurídica menciona expresamente los valores cooperativos como hace, por ejemplo, el art. 1.2 de la Ley 4/1999 de Cooperativas de la Comunidad de Madrid.

[6]     Entendido como mandato en general, sea mandato ético o jurídico.

[7]     En este sentido, algunos autores considerarían que la incorporación de elementos extrasistemáticos constituye un ejercicio de discreción judicial, mientras que otros autores considerarían que se está revelando el derecho correctamente interpretado.