REVESCO. Revista de Estudios Cooperativos

ISSN: 1885-8031

 

http://dx.doi.org/10.5209/REVE.63565

 

La doble dimensión de la autogestión: organización y trabajo en las cooperativas cartoneras de la ciudad de Buenos Aires

Johanna Maldovan Bonelli[1]

Recibido: 2 de octubre de 2018 / Aceptado: 27 de febrero de 2019

Resumen. Este artículo busca aportar herramientas conceptuales para la comprensión de las modalidades organizativas de las experiencias de trabajo asociado, a partir del análisis de las prácticas de autogestión de las cooperativas de cartoneros de la Ciudad de Buenos Aires. Para ello se propone un esquema analítico que contempla a la autogestión en dos dimensiones. Una dimensión económico-organizacional, que refiere al gerenciamiento de los recursos que las organizaciones movilizan, a la construcción de vínculos con los actores que garantizan su acceso y afluencia, la delimitación de formas de organización del trabajo y el desarrollo de estrategias para consolidar los colectivos asociados. Y una dimensión política, que comprende a las formas de gestión de las decisiones, la construcción de espacios de encuentro y negociación y el fomento de la participación y del compromiso de los asociados. Bajo este esquema se analizan las estrategias, obstáculos y tensiones que han atravesado al desarrollo de la Cooperativa Recuperando Futuro en el marco de los cambios de la política ambiental de la ciudad. Las reflexiones aquí presentadas surgen de una investigación llevada a cabo en cooperativas cartoneras del Área Metropolitana de Buenos Aires en el período 2007-2016. Desde un diseño metodológico cualitativo basado en un estudio de caso, se recurrió a la triangulación de datos y fuentes para la construcción y análisis de la información recabada.

Palabras clave: Asociatividad; Reciclaje; Cooperativismo; Economía Social; Gestión.

Claves Econlit: J54; 017; 035.

[en] The double dimension of self-management: organization and work in waste pickers´ cooperatives of Buenos Aires

Abstract. This article aims to provide conceptual tools for the understanding of the organizational modalities of associated work experiences in Argentina, from the self-management practices analysis in the Buenos Aires City cartoneros´ cooperatives. To this end, it is proposed an analytical scheme that considers self-management in two dimensions. An economic-organizational dimension, which refers to the management of the resources mobilized by organizations, to the construction of links with the actors that guarantee their access and inflow, the delimitation of forms of work organization and the development of strategies to consolidate the collectives associates. And a political dimension, which includes the forms of decision-making, the construction of meeting and negotiation spaces and the promotion of the participation and commitment of the associates. Under this scheme, this article focus on the strategies, obstacles and tensions that cross the development of Recuperando Futuro Cooperative, in the context of the city's environmental policy changes. The results presented arise from a research carried out in cartoneros´ cooperatives of the Metropolitan Area of Buenos Aires (AMBA) in the period 2007-2016, from a qualitative methodological design based on a case study. Triangulation of data and sources was used for the construction and analysis of the information collected.

Keywords: Associativism; Recycling; Cooperativism; Social Economy; Managment.

Sumario. 1. Introducción. 2. Las dimensiones de la autogestión: economía, organización y política 3. Las cooperativas de cartoneros en Buenos Aires 4. Reflexiones finales 5. Referencias bibliográficas.

Cómo citar: Maldovan Bonelli, J. (2019) La doble dimensión de la autogestión: organización y trabajo en las cooperativas cartoneras de la ciudad de Buenos Aires. REVESCO. Revista de Estudios Cooperativos, Segundo Cuatrimestre, Nº 131, pp. 86-102. DOI: 10.5209/REVE.63565.

1. Introducción

Las reflexiones en torno a las prácticas y organizaciones de carácter autogestionado han sido objeto de interés en ámbitos tanto políticos como académicos, desde hace poco más de un siglo. Sin embargo, estos debates han cobrado un nuevo impulso hacia finales de los años ´80, tras el fortalecimiento de nuevo paradigma en los modelos productivos -centrados en la especialización flexible, la subcontratación y la deslocalización- y, en paralelo a ello, la emergencia de nuevas formas laborales y organizativas encarnadas por los sectores populares para hacer frente a las consecuencias que comenzaba a generar la implementación de políticas neoliberales en la región sudamericana.

En el caso argentino, dichas consecuencias se plasmaron en la transformación del mercado de trabajo y su estructura ocupacional, signada de allí en más por la consolidación de un núcleo de trabajadores informales, el aumento del cuentapropismo de subsistencia y diversas formas de precariedad en el empleo. Y ello al punto que, a principios del siglo XXI, la suma de los desocupados, los trabajadores sin protección social y aquellos que percibían subsidios por desempleo constituían casi la mitad de la población económicamente activa (Palomino y Dalle, 2012).

El período de crecimiento económico y mejora de los diversos indicadores ocupacionales y sociales que caracterizó a los gobiernos kirchneristas durante el período 2003-2015 permitió revertir la tendencia negativa sufrida en los años anteriores, a partir del crecimiento del trabajo asalariado formal, el incremento de las negociaciones colectivas y la mejora sustancial del poder adquisitivo de los salarios y los ingresos de los trabajadores no asalariados que también se vieron beneficiados por distintas políticas económicas y sociales, como la asignación universal por hijo, el subsidio al transporte y los servicios energéticos y distintas medidas que apuntaban a fortalecer el consumo en el mercado interno (Santarcangelo y Perrone, 2013; Trujillo y Retamozo, 2017). Sin embargo, estos avances no significaron una universalización en el acceso a derechos laborales y sociales y un amplio sector de la población continuó por fuera del acceso al trabajo asalariado y a las distintas prestaciones de la seguridad social.

En este marco, se consolidó un sector cuyas estrategias laborales estuvieron centradas en diversas ocupaciones autónomas -como pequeños emprendimientos familiares o distintos tipos de changas[2]-, el ejercicio de nuevos oficios y la conformación de organizaciones de carácter asociativo y autogestionado, entre otras. Este conjunto heterogéneo de prácticas laborales no asalariadas se presentó como una alternativa de los sectores populares al empobrecimiento y precarización de sus condiciones de vida para acceder -ya sea de manera individual o colectiva- a recursos de diversa índole (monetarios y no monetarios). A su vez, a lo largo de los últimos años, un sector de estos trabajadores logró cierto grado de institucionalización a través de la conformación de organizaciones autogestionadas que tomaron a la figura del cooperativismo como vía para formalizar su actividad.

El caso de los cartoneros resulta uno de los más emblemáticos de estos procesos. En primer lugar, porque a finales del siglo pasado el cartoneo se constituyó como uno de los “oficios” que más creció durante la crisis en los grandes centros urbanos, siendo la Ciudad de Buenos Aires (CABA) uno de sus principales epicentros; en segundo lugar, porque su crecimiento fue de la mano del despliegue de un amplio abanico de recursos distribuidos por la política local; en tercer lugar por el alto grado de institucionalización que logró el sector, a partir de la articulación con diversos actores sociales y su formalización bajo el formato cooperativo y, vinculado a ello; por la importante capacidad de movilización que alcanzó el sector en los últimos quince años, lo que fortaleció su capacidad de disputa y posicionamiento en el sistema de recolección y gestión de residuos sólidos urbanos (RSU) de la ciudad.

A partir de aquí, este artículo busca aportar algunas herramientas para la comprensión de las modalidades organizativas de las experiencias de trabajo asociado de la Argentina reciente a partir de la reflexión sobre las características que adquieren las prácticas de autogestión en su doble dimensión -organizacional y política- en este sector de trabajadores. Sin pretender generalizar los alcances de los resultados obtenidos en esta investigación, nos proponemos brindar herramientas para pensar las dificultades, obstáculos y tensiones que se presentan en las organizaciones asociativas de los trabajadores de los sectores populares, tomando como caso de análisis el de Recuperando Futuro[3], una de las cooperativas cartoneras de la ciudad.

Las reflexiones aquí presentadas surgen de una investigación llevada a cabo en cooperativas cartoneras del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en el período 2007-2016. Desde un diseño metodológico cualitativo basado en un estudio de caso, se recurrió a la triangulación de datos y fuentes para la construcción y análisis de la información recabada. En un primer momento, hemos relevado diez organizaciones del AMBA, a partir de la aplicación de un cuestionario y de entrevistas en profundidad a sus referentes y asociados, a fin de caracterizar el proceso de trabajo, las vinculaciones establecidas con el Estado y otras organizaciones cartoneras y no cartoneras y sus modalidades de organización y gestión cotidiana de la producción y las decisiones. A partir de los hallazgos obtenidos en esta primera instancia, hemos llevado a cabo un estudio en profundidad de tres organizaciones cartoneras de la CABA. En este marco, hemos realizado: un relevamiento de aspectos sociodemográficos y laborales de la población vinculada a las cooperativas a partir de un cuestionario con preguntas cerradas y abiertas que se aplicó a 78 cartoneros y cartoneras; 39 entrevistas en profundidad con los asociados vinculados a las organizaciones y sus referentes (delegados e integrantes del consejo de administración), empleados y funcionarios públicos, representantes de organizaciones no gubernamentales, compradores de materiales y otros informantes clave; y observaciones de las actividades laborales cotidianas en los espacios de trabajo de las organizaciones -la “calle” y las “plantas”- a fin de identificar tareas, actividades, modos de establecimiento y reconocimiento de saberes y jerarquías, instancias de deliberación política y de interacción con organizaciones sindicales y políticas. Asimismo, y en cuanto a las fuentes secundarias se analizaron informes, notas periodísticas, artículos y tesis que han estudiado los conflictos identificados como centrales en la conformación del campo de fuerzas estudiado.

2. Las dimensiones de la autogestión: economía, organización y política

Desde sus orígenes las prácticas autogestionarias en el trabajo estuvieron relacionadas a las luchas de los trabajadores y principalmente del movimiento obrero. Si bien su formulación y utilización reconoce un origen relativamente reciente, inscripta en estas tradiciones la práctica de autogestión puede rastrearse bastante más atrás en el tiempo y se remonta hacia el siglo XIX, momento en el que surgieron las primeras organizaciones de libre-productores. La expansión de la revolución industrial, el afianzamiento de la economía de mercado y la consolidación de la subsunción del trabajo al capital (Polanyi, 2000) fueron el marco bajo el cual se desplegaron las primeras organizaciones de trabajadores autogestionados. La organización autogestionada de trabajadores marcó desde aquel entonces una nueva modalidad de producción centrada en “el ensayo de formas de organización asociativas basadas en relaciones sociales sin explotación, donde trabajo manual e intelectual, en principio, no se encuentran escindidos como premisa organizativa” (Ciolli, 2013:14). De ahí que, desde una visión ampliada el concepto de autogestión refiere a la gestión de los trabajadores de una unidad productiva en la cual se prescinde de la presencia de capitalistas y gerentes y son los trabajadores quienes imponen colectivamente las normas que regulan la producción, la organización del proceso de trabajo, el uso de los excedentes y la relación con el resto de la economía y la sociedad (Ruggeri, 2010).

       Los debates en torno a la utilización del concepto se han diversificado y ampliado en las últimas décadas porque –entre otras cuestiones- la utilización de nuevas tecnologías, la emergencia de nuevas ocupaciones, el cambio en los modelos productivos y el aumento de los niveles de desempleo, informalidad y pobreza, tanto en Latinoamérica como en varios países centrales, conllevó la emergencia de nuevas formas de trabajo “atípicas” (De la Garza Toledo, 2011) que dieron paso a una nueva morfología en el mundo laboral (Antunes, 1995). En este marco una primera acepción del concepto nos lleva a considerar al menos tres sentidos, referidos a la dimensión económica y organizacional de la autogestión:

            Uno vinculado a la “capacidad autónoma de emprender por parte del trabajo como principal factor productivo (…) para llevar adelante un negocio o actividad laboral como una alternativa al trabajo asalariado o en relación de dependencia” (Guerra 2013: 99). De ahí que esta acepción relaciona a las prácticas de autogestión con el trabajo individual o familiar de los sectores populares que buscan garantizar la satisfacción de sus necesidades básicas –materiales e inmateriales- a través de la utilización de su fuerza de trabajo y de los recursos disponibles y que, en su gran mayoría, conforman la base de la economía popular (Sarria Icaza y Tiribia, 2004).

            El otro, refiere a la “capacidad colectiva de emprender, teniendo al trabajo y factor c como principales factores productivos” (Guerra 2013: 99), por lo cual, pone el foco principalmente en las prácticas de autogestión de los diversos colectivos asociados basados en relaciones de solidaridad, reciprocidad y cooperación y cuyos formatos organizativos y vinculares se diferencian de aquellos basados en la relación capital-trabajo.

            Finalmente, la autogestión de organizaciones productivas también ha sido promovida en el marco de las nuevas formas de gestión del trabajo basadas en los modelos toyotistas de flexibilización de la producción (Coriat, 2000; Sennett y Najmías, 2000), que han conllevado altos niveles de precarización laboral en las últimas dos décadas.

 

En lo que respecta a su dimensión política en los últimos años es posible diferenciar al menos dos perspectivas -dentro de las más relevantes- que han propuesto la construcción de organizaciones autogestionadas con miras a paliar las situaciones de creciente exclusión económica y social que genera el capitalismo financiero. La primera es aquella que -desde los organismos multilaterales de crédito- ha retomado la noción de autogestión proponiendo el “empoderamiento” de los sectores populares como vía para combatir la pobreza y la exclusión social. En este caso, el énfasis se coloca en la necesidad de construcción de autonomía, fundamentalmente en relación a su dependencia del Estado, pero también de otras instancias de gerenciamiento y financiamiento, propiciando -en última instancia- una política de contención social en la cual los sectores empobrecidos deberían ser responsables de su propio destino, aun cuando las causas que los llevaron a esta situación se encuentren por fuera de sí mismos. La segunda, se inscribe en las corrientes de “economía social y solidaria” y aboga por la construcción de nuevas formas de producción, distribución y consumo que tengan al ser humano como eje de la economía. Estas miradas parten de una idea democrática y solidaria de cómo deberían ser las relaciones económicas, sociales y políticas en una sociedad no capitalista o en procesos de gestión económica cuyo objetivo es el final de las relaciones de producción capitalista, o al menos la construcción de caminos alternativos de organización económica y social  (Coraggio, 2004; Gaiger, 2008; Razeto Migliaro, 2002; Singer y Souza, 2000). De ahí que los sentidos otorgados a la autogestión -tanto en su dimensión económica como política- se encuentran en disputa variando de acuerdo a los sectores e intereses creados alrededor de su utilización (Ruggeri, 2012).

       En este caso, y siguiendo a Albuquerque (2004), considero que la autogestión no referencia solo a un conjunto de acciones que sistematizan el control de actividades de una organización o a un modelo de gerenciamiento referente a la asignación de recursos y de responsabilidades, sino a un conjunto de prácticas sociales que se construyen y legitiman en una ubicación y fecha histórica concreta. De ahí que si bien el término fue acuñado para dar cuenta de la experiencia yugoslava en los debates franceses de la década del ´60, mi interés es pensar cómo estas prácticas pueden explicarse en un caso asociativo particular como son las cooperativas de cartoneros. Para ello, parto de un esquema analítico centrado en la doble dimensión de las prácticas de autogestión–económico-organizacional y política-, que comprende:

a.           En relación a la dimensión económico-organizacional, me refiero al gerenciamiento de los recursos que las organizaciones movilizan y para la cual es preciso establecer formas de apropiación y distribución entre los asociados, así como la construcción de vínculos con los actores que garantizan su acceso y afluencia, la construcción de consensos para la organización y división del trabajo y el desarrollo de estrategias para consolidar los colectivos asociados.

b.          En relación a la dimensión política, ésta comprende las formas de gestión de las decisiones y la potencialidad implícita que éstas conllevan para activar prácticas democráticas a través de las cuales los asociados acceden a tomar decisiones respecto al desarrollo cotidiano de las organizaciones que conforman. Para ello la creación de espacios de encuentro y negociación, tales como la realización de asambleas y el fomento de la participación y el compromiso de los asociados, son cuestiones sumamente relevantes.

 

De aquí en más me centraré en el análisis de cómo se entablan las prácticas de autogestión en su doble dimensión en una de las cooperativas de cartoneros de la Ciudad de Buenos Aires, partiendo de una caracterización general del sector, para luego adentrarme en las especificidades del caso estudiado.

3. Las cooperativas de cartoneros en Buenos Aires

Las primeras organizaciones cartoneras de la CABA surgieron hacia finales de la década del ´90, acompañando el crecimiento del desempleo que cada vez más aquejaba a la población argentina. Por aquellos años, los grandes centros urbanos vieron emerger miles de trabajadores que al anochecer acarreaban bolsones a pie –o a caballo- y hurgaban entre los residuos en busca de recursos para subsistir. Aquellos que décadas atrás habían sido bautizados como “cirujas” comenzaron a ser llamados “cartoneros” y esta figura emergió como uno de los principales emblemas de la crisis por la que atravesó el país durante su ingreso al siglo XXI (Schamber y Suárez 2011).  El crecimiento de la actividad estuvo impulsado también por una creciente demanda de insumos por parte de algunas industrias que encontraron en el reciclado una vía para reducir los costos destinados a los insumos utilizados en su producción. Asimismo, la repentina recuperación de miles de toneladas anuales de residuos –que de otra manera hubieran sido destinados a entierro- puso en agenda la crisis ambiental que aquejaba a la ciudad de Buenos Aires y su cordón urbano. En este marco, distintas voces –con objetivos y miradas dispares- comenzaron a reclamar la necesidad de “ordenar” el trabajo de los cartoneros, sea para disciplinar el “caos y la inseguridad de la ciudad” (expresado por algunos vecinos), para reconocer y garantizar los derechos de estos trabajadores (que comenzaban a ser defendidos por ONGs, agrupaciones barriales y sindicatos) o bien para salvaguardar los intereses económicos de las empresas recolectoras de residuos (cuyos ingresos se habían visto afectados por la menor cantidad de residuos recolectados[4]).

La conjunción de estas problemáticas dio paso al armado de un nuevo esquema regulatorio y organizativo del trabajo cartonero que incluyó la sanción y reglamentación de una nueva legislación[5], la creación de áreas de gobierno específicas, el impulso a la formalización de los cartoneros a través de cooperativas y la distribución de un paquete de recursos destinado a los recuperadores organizados, entre las principales modificaciones.

La formalización de acuerdos entre las organizaciones cartoneras y el gobierno local se cristalizó en la sanción de un pliego de recolección de residuos sólidos secos en el año 2013, al cual únicamente podían acceder como licitantes las cooperativas que ya se encontraban trabajando en la ciudad y contribuyó a delimitar y moldear las prácticas asociativas de estos grupos y junto a ello, a las modalidades de autogestión en sus dimensiones organizacional, económica y política. Los principales ejes del pliego consistieron en la distribución de recursos provenientes del Estado tales como espacios físicos para el acopio, clasificación y comercialización de los RSU; un servicio de logística para el transporte de los materiales recuperados y de los asociados; y prestaciones individuales a los cartoneros cooperativizados que incluyen uniformes de trabajo, credenciales habilitantes y un incentivo monetario mensual que estarían bajo la gestión de las organizaciones. Un punto importante aparece aquí: la habilitación y fomento estatal a la actividad cartonera se encuentran condicionados a la observación de reglas que hacen a la organización del trabajo de estas cooperativas, al comportamiento de los asociados durante la recolección y a la interacción con otros cartoneros no vinculados a cooperativas, tales como respetar ciertos horarios de trabajo, no consumir drogas ni alcohol durante la recolección y asistir al menos tres veces por semana a trabajar en la ciudad. Actualmente son trece las organizaciones que funcionan bajo este esquema y comprenden alrededor de cinco mil cartoneros cooperativizados.

       Esta distribución de derechos y obligaciones sitúa a estos trabajadores asociados en un tipo particular de vinculación con el Estado que requiere del despliegue de un conjunto de prácticas orientadas a dos cuestiones centrales: la gestión de los recursos provenientes de la política estatal, así como aquellos obtenidos por cada trabajador en su trabajo cotidiano; y la construcción de espacios de decisión y encuentro, así como la designación de roles, tareas y responsabilidades que habiliten la consolidación de un colectivo de trabajo y garanticen la observancia de normas impuestas y de ahí, la sostenibilidad organizacional (Maldovan Bonelli, 2018). La forma en la cual cada cooperativa ha diseñado estrategias para autogestionar sus recursos y delinear formatos organizativos y de participación ha estado atravesada por las mismas regulaciones externas, por lo cual tienen entre sí algunos puntos en común. Sin embargo, ésta ha estado también signada -entre otras cuestiones- por la propia trayectoria de sus integrantes, los capitales con los que cuentan, la cantidad de asociados que las componen y los vínculos que han establecido a lo largo de los años con otras organizaciones e instituciones. En base a estas consideraciones, en las próximas páginas me centraré en el análisis del caso de la Cooperativa Recuperando Futuro, buscando dar cuenta de las prácticas, estrategias y tensiones que delimitaron el camino recorrido por esta organización en la construcción de un colectivo autogestionado.

3.1. “No quería ser una cartonera y nada más”: Los orígenes de la asociatividad en Recuperando Futuro

El caso de la cooperativa Recuperando Futuro (RF) es similar al de otras cooperativas cartoneras en sus orígenes, no obstante, es una de las que menos ha crecido numéricamente, lo cual marca algunas particularidades en el proceso de construcción asociativa. El grupo que formó la cooperativa proviene del barrio de Las Lomas, en la zona sur de la Provincia de Buenos Aires, y utilizaba el servicio de la línea Roca del tren Metropolitano[6] para acceder a la Ciudad, junto a otros 250 cartoneros que viajaban diariamente hacia la capital. Más allá de las vicisitudes e inclemencias que conllevaba el viaje en el furgón, debido a los conflictos con otros pasajeros y a los reiterados abusos policiales, Jorge[7] (uno de los socios fundadores de la cooperativa) me cuenta que fue en ese “viajar juntos” donde comenzó a construirse un “nosotros” a partir de verse “todos los días” y “compartir tiempo tomando mate o jugando a las cartas”. Entonces, aunque todos vinieran de lugares diferentes y trabajaran en zonas distintas y de manera individual, el viaje a la ciudad operó como un lugar de socialización en el que se gestaron los primeros intentos de organización que luego serían la base sobre la que se estructurarían gran parte de las nuevas cooperativas de la CABA.

El primer intento de formalizar al grupo fue impulsado por Alicia -su actual presidenta- junto a siete compañero/as en el año 2005:

No quería ser una cartonera y nada más que cartonera y sin pasar a ser lo que el otro tenía. Yo soy de eso, yo quería tener una cooperativa (…) yo quería conformar una cooperativa porque tenía una idea rara de lo que es la cooperativa. Yo pensé que me iban a dar una casa o un lugar donde acopiar mis cosas, que iba a tener todo servido por parte del Estado, no tenía experiencia de nada. Y bueno lo único que junté fue una pieza llena de promesas y acá estoy, empecé de nuevo (Alicia, presidenta RF, 2012).

 

La posibilidad de traspasar la barrera de “ser una cartonera y nada más que cartonera” para Alicia -como para tantos otros trabajadores del sector- vino dada por la convergencia de intereses y perspectivas diversas que habilitaron una nueva modalidad organizativa en la Ciudad, como son las cooperativas de cartoneros. Ésta se inscribe a su vez en un contexto en el cual el cooperativismo comenzó a afianzarse a nivel nacional como uno de los ejes centrales de la política social, orientada a solventar los problemas de empleo e ingresos de las poblaciones consideradas “inempleables” (Grassi, 2012)[8].

De ahí que el deseo de Alicia de “conformar una cooperativa” se inscribe en un contexto en el cual “tener una cooperativa” (es decir, una empresa propia) aparece dentro del horizonte de lo posible (Bourdieu y Wacquant, 2005) para estos trabajadores. Ahora bien, la materialización de este proyecto no ha sido un camino sencillo dado que, como veremos, requiere de la adquisición de nuevos saberes y capacidades técnicas y sociales en un sector que tradicionalmente ha llevado a cabo su trabajo de manera autónoma y -como menciona Alicia- “no tenía experiencia” en la gestión colectiva.

3.2. “Construir con otros”: reconocimiento y el acceso a derechos

Los contactos con los trabajadores del Gobierno de la CABA comenzaron también por esos años, en el marco de las inscripciones y capacitaciones brindadas para la entrega de credenciales a cargo de los trabajadores de la Dirección General de Reciclado (DGREC):

¿Y en ese momento sobre qué eran las capacitaciones?

Sobre cómo ser un cartonero. Estaba dentro de la ley. Tus derechos. Eran las primeras capacitaciones que daban. Después, bueno, surgió la idea de conformar la cooperativa y, o sea, era como otro paso pero sin saber nada. Y ahí empezamos, la DGREC, nosotros. Hay cosas que entendíamos y otras cosas que no entendíamos. Y ahí aparece Gonzalo que como que sabe más términos legales porque vos tenés que entender un poco donde te estás metiendo. Y bueno, empezamos a hacerlo así y creo que en eso me ayudo bastante, más que bastante, mucho. A dónde teníamos que ir, a dónde teníamos que llevar los papeles, qué significaba. Era como que te explicaba mucho más profundo, no era un repaso, cuáles son tus derechos. Porque antes nos juntábamos todos en la placita y hablamos siempre lo mismo, era siempre lo mismo. Como no teníamos idea… (Alicia, presidenta RF, 2012).

El testimonio de Alicia permite ampliar la comprensión acerca del papel que tuvo la vinculación de estos trabajadores con otros trabajadores. Se puede apreciar cómo el encuentro entre cartoneros y un sector de trabajadores del Estado amplió las posibilidades de organización de estos grupos a través del apoyo y el acompañamiento que éstos realizaron. Así, Alicia cuenta cómo la posibilidad de materializar la “idea de conformar una cooperativa” requería de “entender” de qué se trataba este proceso. Es decir, no solamente saber o conocer “sus derechos” como cartonera, sino también entender cómo ejercerlos, comprender en mayor profundidad cómo negociar con el gobierno, cuáles son los tiempos y momentos para ello, cómo realizar la gestión legal para formalizar la cooperativa, etc.

La posibilidad de traspasar ese “siempre lo mismo” vino dada entonces de la convergencia de intereses y perspectivas diversas que habilitaron una nueva modalidad organizativa en la Ciudad, como son las cooperativas de cartoneros. Sin embargo, la masividad que había adquirido la actividad, esto es, la presencia estimada de nueve mil recolectores informales trabajando en las calles implicaba que las organizaciones no sólo debían diseñar estrategias para sumar asociados -y de esta manera acrecentar su capital político-, sino también crear formas de gestión y establecer espacios de vinculación en un sector que hasta el momento se encontraba ampliamente fragmentado y en el cual, como decía uno de los trabajadores de la DGREC, “nadie creía para qué era una cooperativa, viste el fantasma de me van a sacar la plata, me van a sacar el material, si me anoto me van a dar de baja el plan social” (Gonzalo, trabajador de la DGREC, 2013). Sumado a ello, el no tener un espacio común de trabajo y, por ende, de interacción cotidiana entre todos los integrantes de cada cooperativa, implica que estas organizaciones necesitan desplegar estrategias para construir los grupos y establecer reglas comunes de funcionamiento.

3.3. Formalización y gestión de recursos

La falta de recursos limitaba las posibilidades de crecimiento de la organización marcando una inestabilidad en las formas de recolección y principalmente, de comercialización de los materiales. En un primer momento este grupo de trabajadores alternaba entre la venta en las cercanías de Plaza Constitución y en los galpones del barrio de residencia. En este segundo caso, la venta en el barrio posibilitaba el acopio de materiales y una venta a mayor escala, sin embargo, para realizarla requerían de acceder al tren como medio de transporte y para ello era necesario encontrar mecanismos para saldar la conflictividad creciente entre la empresa y los recolectores. Este hecho marcó la necesidad de dar un salto cualitativo en la formalización de los cartoneros y llevó al establecimiento de un primer nivel de organización basado en la elección de delegados por furgón que devinieron en los representantes legítimos para negociar con la empresa.  Alicia comentaba al respecto:

Nosotros en un momento el metropolitano dijo hay que buscar un delegado porque la verdad que vienen todos despelotados y para darle un margen más. Buscó a dos cartoneros y los puso de seguridad del tren porque nos conocía y sabía quién era chorro, quién el que podía robar, el que pagaba el boleto y eso. Eso fue lo que hizo el metropolitano. Nosotros nos subimos un día arriba y les dijimos nuestros derechos. Porque ellos querían un delegado. Nosotros nos pusimos de delegados del tren, con Poeta en ese momento. (Alicia, presidenta RF, 2012).

 

A partir de la disputa entre el Metropolitano que buscaba ordenar ese “vienen todos despelotados” y los cartoneros que buscaban defender sus “derechos” se logró un primer nivel de acuerdo en el cual, si la empresa promovía la organización “desde arriba” (“ellos querían un delegado” comenta Alicia), fueron los propios trabajadores quienes decidieron quiénes ocuparían ese rol. La empresa entonces determina la necesidad de organizarse, pero son los propios cartoneros quienes se colocan como representantes.

Pocos años después, el cierre definitivo de los furgones cartoneros de las distintas líneas ferroviarias llevó a un conflicto abierto que duró varios meses y que culminó con la mediación del gobierno porteño y su responsabilización en garantizar el derecho a la ciudad para estos trabajadores. Los nuevos acuerdos recuperaron el formato organizativo previo y se basaron en la distribución de un conjunto de recursos que garantizaban el traslado de los trabajadores y sus materiales (mediante un servicio de camiones), un ingreso mínimo que reconocía su labor ambiental en el marco de un servicio público, uniformes de trabajo, bolsones para la recolección y distintas prestaciones orientadas a garantizar el funcionamiento de espacios de clasificación, acopio y venta de los materiales recuperados. 

En este caso, las trayectorias previas de los asociados junto a los distintos capitales con los que contaban al inicio de las experiencias muestran cómo, si bien para todos ellos el trabajo con los residuos significaba una manera de “sacar algo para vivir” y así “llevar el pan” a sus casas, las formas de vinculación con éstos varían en relación a los esquemas construidos por unos y otros en torno a cuáles son las posibilidades de acción ante una situación dada, para lo cual las historias individuales y colectivas juegan un rol de importancia. Asimismo, la posesión de distintos capitales previos, tales como espacios de acopio, trayectos compartidos o redes con vecinos que se suman a la separación en origen, incidieron también en las posibilidades organizativas de estas primeras cooperativas.

Las redes que se tejen en los barrios, a partir de vínculos con conocidos, son lo que habilitaron en este caso el acceso a un galpón para el funcionamiento de la cooperativa que les permitió el acopio de materiales y de ahí la venta en mayor escala, lo cual elevó los precios de venta mejorando los ingresos de la organización. A su vez, ello motivó a los trabajadores a realizar una inversión para mejorar la comercialización -a través del alquiler de un transporte-, aunque ello, como menciona Alicia

…no funcionó porque nos dimos cuenta que el hombre se llevaba la plata del gasoil, se llevaba todo, puso un chofer y después ya no quería ser chofer… más vale si la plata le daba para eso, nosotros trabajábamos para ellos. Después nos dimos cuenta que no resultó, asique volvimos a pata y a carro (Alicia, presidenta RF, 2012).

 

Este relato permite ejemplificar una situación que sucede regularmente en las cooperativas cartoneras, pero también en otras experiencias similares: el acceso a mayores recursos habilita al ejercicio de nuevas prácticas, permite delinear nuevos horizontes de aquello considerado como posible –como pasar a ser una “empresa”- pero muchas veces se ve obstaculizado por una carencia de herramientas y saberes técnicos –como el cálculo de costos- que permitan construir una planificación y gestión de los recursos adecuada. Ante estas adversidades las organizaciones requieren redireccionar sus prácticas a fin de sostener a la cooperativa ya que, si ello no se logra, lo más probable es que el grupo se disuelva. Por ende, sostener un equilibrio en esta tensión que se establece entre las necesidades económicas y sociales de los emprendimientos es una constante en este tipo de experiencias.

3.4. La organización del trabajo y la toma de decisiones

En relación a la forma de organizar el trabajo en esta cooperativa, las tareas se distribuyen entre la recolección que cada cartonero realiza de manera individual en la calle y las tareas en el predio en el cual se acopian y clasifican los materiales recolectados. En este caso, cada uno se encarga de clasificar sus materiales y aquellos que venden en mayor cantidad, como cartones y papeles, los comercializan de manera conjunta. Es decir, luego de la recolección, el camión los lleva hasta el predio y allí cada uno pesa los materiales que recolectó. Posteriormente, una vez por semana se realiza la venta de los materiales de todos, alcanzando así un mayor volumen y mejores precios, y luego se dividen los ingresos en función del aporte que cada uno haya realizado.

En el galpón trabajan cinco asociados, que se encargan de pesar la mercadería de los compañeros y de llevar la contabilidad de lo que se comercializa. Para las tareas de carga y descarga de los camiones, y la venta de materiales no hay un puesto fijo, por lo que se espera que todos los compañeros participen de esta tarea, o al menos se roten para ello. Las tareas que se realizan en el galpón se limitan entonces únicamente al pesaje y acopio de materiales. Actualmente esta organización tiene cincuenta asociados, de los cuales veinte participan de las ventas colectivas. Sin embargo, es la presidenta, quien se encarga habitualmente de la comercialización, entablando las negociaciones para la venta, los acuerdos con los galponeros, o bien determinando quién se encargará de esas cuestiones en cada ocasión. Así las responsabilidades principales están en manos de Alicia, lo que me decía, representa una “sobrecarga de trabajo” para ella. 

Al respecto me comentaba que en diversas ocasiones intentó que los otros asociados fueran “a vender solos, para que se hagan responsables” lo cual en sus términos implica “comprometerse con la organización y sus objetivos”. Para ello, “manda” a quienes nunca han realizado la tarea separados en grupos: 

La primera vez los mandé al Alberto, Paulo y Mauricio. Le regalaron 600 kilos al galpón y no les dieron 2800 pesos por ejemplo y ellos se vinieron contentos. Y yo fui a la esquina, les hice la cuenta y le faltaban 2800 pesos. Ellos nunca se dieron cuenta de la plata que les faltaba. Entonces llamé al de la papelera y me dijo sí, ya sé te falta plata. Entonces es como que siempre vos tenés que ir. Están más pillos en algunas cosas, pero en otras cosas es como que exigen tu presencia sí o sí ahí. Ese es el problema que tengo. Piensan que yo les voy a resolver todo y la cooperativa es nuestra, somos todos ahí. Tenemos que tirar todos para que salga adelante no para que le resuelva los problemas… (Alicia, presidenta RF, 2012).

 

Este testimonio ejemplifica que la cuestión de participar en las ventas es una de las prácticas mediante las cuales se busca incrementar el compromiso de los cartoneros con la cooperativa, su “responsabilidad”, lo cual resulta indispensable para atenuar el peso que recae sobre los referentes en términos de sostener la cooperativa. Acercarse a vender, asegurarse de que el monto de dinero obtenido sea el correcto, que sean “pillos” para defender lo que es de todos –y no solo lo propio- son pasos que se van dando en dirección a un formato organizativo menos dependiente de la figura del líder y en el cual todos “tiran para que salga adelante”.

Este aprendizaje, además, se encamina a fortalecer las capacidades de los cartoneros como tales. El testimonio de Alicia muestra cómo la gestión eficaz de los recursos no se produce de manera espontánea, sino que requiere de un aprendizaje sobre cómo gestionarlos. Las características intrínsecas de los actores que integran la cadena del reciclado implica también aprender a negociar y controlar los posibles engaños que se dan entre partes que carecen de regulaciones formales entre sí. Es probable que los asociados que realizaron la venta hayan confiado en la palabra de su comprador, intuyendo que los acuerdos establecidos por su presidenta garantizarían sortear las suspicacias mutuas que generalmente se producen en el momento de la venta, por lo cual “nunca se dieron cuenta de la plata que les faltaba”. Alicia entiende estos obstáculos como un problema que se expresa en la necesidad de su presencia constante, requerida para que la organización funcione. Las nuevas formas de organización requieren entonces el despliegue de nuevas capacidades o la reformulación de las capacidades adquiridas para adaptarlas ahora a una construcción asociativa.

En este caso, los problemas no surgen en “la calle”, porque el trabajo allí es el conocido, “lo saben todos por los años de experiencia que tienen”, dice Alicia. La expertise del oficio no es puesta en cuestión ni modificada por la organización cooperativa: cada uno continúa juntando los mismos materiales -en función de su conocimiento y los vaivenes del mercado-, con su carro y con sus clientes. Sin embargo, lo que se modifica es “la convivencia”, es decir, la construcción de nuevas modalidades colectivas de organización y decisión. Como dice Susana, otra de las asociadas de RF:

…antes no había la responsabilidad que hay ahora como cooperativa (…) ahora hay cosas que vos podés hacer como cooperativista y hay cosas que vos no podés hacer. Por ejemplo, de juntar los materiales eso fue lo más fácil porque casi todos veníamos de juntar juntos, no nos peleábamos porque la plata se repartía parejo. Pero ahora hay que arreglar el predio porque vendría a ser como tu segunda casa, estar cumpliendo un horario que también es difícil (Susana, asociada RF, 2012)

 

Este cambio a la venta en conjunto habilitado por la autogestión que los cartoneros realizan de un recurso como los camiones o “el predio” permitió una mejora en los ingresos de algunos grupos de asociados. El “vender juntos” requiere de nuevas formas de consenso y cooperación dado que compartir el momento de la venta implica, por ejemplo, acordar los días y horarios de venta, decidir quién será el encargado de hacer la transacción y elegir también un mismo comprador[9]. Es decir, una delimitación de los derechos y obligaciones de los asociados que en este caso se realizó a través de la votación en asamblea de un “reglamento interno”.  Así lo explica nuestra entrevistada:

Hoy los veinte que estamos en la cooperativa juntamos en capital y después lo llevamos al predio y vendemos todo junto. Todo en conjunto por ende el trabajo nos corresponde a todos (…) Tenemos un reglamento interno así como que se juntaron los veinte y dijeron, “-¿quién trabaja los días, feriados? -todos”, “¿-Quién trabaja los días de lluvia? -todos”, “-¿quién es el que…? -todos, todos, todos”. Y no pensaron en que si llovía mucho se mojaban, se podían enfermar y el dinero no les alcanzaba. Y yo se los decía “no digan todos”. Y hoy cuando llueve se dieron cuenta que no van. “No, yo no voy”. Entonces los otros cinco que sí van porque tienen un lugar, una parada y no se van a mojar le exigen a los otros, “eh si votamos todos”. Sí, pero yo camino en la calle y me mojo todo. Y que me importa si vos votaste igual. Hubieran dicho no. (Susana, asociada RF, 2012).

 

En este fragmente se observa con claridad uno de los desafíos más importantes que atraviesa a estas organizaciones: la tensión que radica entre la construcción de reglas colectivas y su efectiva interiorización que permita garantizar su cumplimiento. Y a ello remite la necesidad de delinear estrategias para conseguir que todos los trabajadores construyan una relativa autonomía que de paso a sentir las necesidades del colectivo como algo que “les corresponde a todos”. Si el trabajo se realiza en conjunto es necesario que el aporte sea colectivo. Aquí es donde se entrecruzan las dos dimensiones de la autogestión a la que hacía referencia en el apartado anterior. Por un lado, la autogestión refiere a la movilización de los recursos adquiridos que en este caso se materializan en los RSU recuperados por cada trabajador, así como en una eficaz organización del trabajo en el predio que permita capitalizar en buena medida los acuerdos entablados para la comercialización. Por otro, y en relación a la dimensión política de la autogestión, la garantía de una gestión eficaz de los recursos movilizados por la asociatividad requiere del fortalecimiento de los colectivos, al menos en términos de que ello permita dar un cumplimiento efectivo de aquello que se acuerda y consensua. El respeto por las reglas requiere que sea realizado por todos. Si ello no sucede se produce una tensión en los acuerdos y ello podría llevar a una ruptura del grupo de trabajo.

De ahí que el crecimiento de las organizaciones (en términos de número de asociados o de recursos movilizados) conlleva nuevos desafíos que continuamente requieren el aggiornamento de la dinámica organizativa. A mayor formalización se requiere mayor cumplimiento de regulaciones y por ende diversas estrategias para llevar ello a cabo que impliquen una articulación entre la dimensión económica y política de la autogestión en este tipo de experiencias. 

4. Reflexiones finales

El crecimiento de organizaciones de trabajo asociado en la última década en Argentina ha contribuido a revitalizar antiguos debates en torno al papel de la autogestión como práctica que habilitaría la construcción de formas diferentes de organizar la producción, la distribución y el consumo. Las primeras organizaciones de este tipo se inscriben en el contexto de la revolución industrial y los impactos que ello tuvo en las condiciones de trabajo y de vida de las clases trabajadoras; no obstante ello, la extensión de nuevas formas de precarización en el mundo del trabajo dadas como consecuencia de los nuevos patrones que rigen el modelo de acumulación global actual han llevado al reverdecer de experiencias de trabajo asociado y de autogestión de diversa índole. De ahí que ha sido la emergencia de una nueva cuestión social lo que ha dado paso a la creación de formas novedosas de organización popular, cuyo eje ha estado centrado en la promoción de prácticas solidarias y cooperativas en defensa del trabajo.

El caso de las cooperativas de recuperadores urbanos se inscribe en este contexto y se caracteriza a su vez por algunas dimensiones distintivas en relación a otro tipo de organizaciones. En primer lugar, para quienes las impulsan ésta es, en la mayor parte de los casos, su primera experiencia en una práctica asociativa y de autogestión, lo cual conlleva afrontar un amplio conjunto de desafíos y aprendizajes en torno al trabajo colectivo. En segundo lugar, la cooperativización de estas organizaciones emergió como una estrategia de formalización –impulsada en ocasiones por el Estado y en otras por los propios asociados- que permitió a estos trabajadores acceder a un cúmulo de recursos que de otra manera les hubieran sido negados. En tercer lugar, su accionar se encuentra en estrecha vinculación con las normativas y regulaciones impuestas desde organismos externos con los cuales deben interactuar cotidianamente para garantizar la afluencia de recursos; por lo cual el conjunto de acciones posibles a ser llevadas a cabo reconoce ciertas limitaciones –al menos en términos formales- en las disposiciones externas que regulan la actividad. En cuarto lugar –y vinculado a lo anterior- la garantía del acceso a los recursos requiere de la construcción de modalidades específicas de gestión del trabajo que habiliten un funcionamiento eficaz de la organización. La construcción de nuevas modalidades de trabajo, así como el despliegue de mecanismos de gestión de los recursos movilizados por la asociatividad no ha sido ni es un proceso exento de tensiones y conflictos. Por el contrario, en este camino esta organización –así como otros casos similares- se enfrenta cotidianamente a diversos desafíos que ponen en riesgo su continuidad y que se encuentran vinculados a las contingencias de su hacer cotidiano en un contexto signado por importantes cambios en las regulaciones externas, que limitan y habilitan sus posibilidades de acción.  Asimismo, los cambios en las formas de organizar el trabajo requirieron del despliegue de nuevas formas de vinculación y espacios de cooperación (entre los asociados pero también con otros actores) que permitieran superar las tensiones provenientes del paso del trabajo individual al trabajo colectivo.

La ampliación de los recursos obtenidos junto a las nuevas responsabilidades que las organizaciones cooperativas de la Ciudad adquirieron tras la licitación de los últimos pliegos de gestión de RSU secos, supusieron también una actualización de las dinámicas organizativas, necesaria para garantizar una gestión eficaz de los emprendimientos, como es posible observar en el caso de Recuperando Futuro. Para ello fue central también la construcción de relaciones basadas en la confianza así como la legitimación de los referentes y del proceso organizacional.

En tal sentido, las dimensiones organizacional y política de la autogestión en estas organizaciones se encuentran vinculadas al diseño de estrategias relacionadas a varias cuestiones, entre las cuales se destacan: sumar asociados para acrecentar el capital político de las cooperativas y disputar por una mayor cantidad de recursos; establecer reglas comunes que garanticen el cumplimiento de los acuerdos establecidos y la continuidad de las organizaciones y ligado a ello, crear mecanismos de control y sanción; construir identificaciones comunes que permitan consolidar los grupos de trabajo; generar espacios y formas de participación que habiliten un mayor compromiso de los asociados con el colectivo al mismo tiempo que; construir y legitimar referentes que articulen las demandas en las organizaciones y que sean capaces de negociar tanto con el Estado como con el mercado. En suma, la construcción de modalidades de trabajo y de gestión en estas organizaciones forma parte de las estrategias desplegadas por sus asociados para propiciar un equilibrio entre las necesidades impuestas desde otros actores y los propios desafíos que deben enfrentar para sostener el grupo de trabajo y la legitimidad del colectivo autogestionado en tanto tal.

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[1]      Centro de Innovación de los Trabajadores – CITRA (CONICET/UMET), Argentina

Dirección de correo electrónico: johannamaldovan@gmail.com

[2]      La expresión changas se utiliza de manera informal en Argentina y significa trabajo temporal, es decir, un empleo que tiene una duración definida, generalmente de corto plazo.

[3]      Tanto el nombre de la organización, del barrio en el que se desarrolla, como de los entrevistados citados en este artículo han sido modificados a fin de preservar su privacidad.

[4]      Hasta el momento, las empresas privadas licitantes del servicio de recolección de residuos de la ciudad cobraban a través del concepto de tonelada recuperada y enviada a relleno sanitario. La extensión del cartoneo llevó a una importante reducción de las cantidades de residuos disponibles en la vía pública conllevando una correspondiente reducción en los ingresos de dichas empresas. A partir de los reclamos entablados y como vía para garantizar su rentabilidad, el GCABA cambió el criterio de pago por el de “área limpia” en el año 2003. 

[5]      Con ello me refiero a: la Ley 992 que habilita a la recuperación de RSU en la vía pública y reconoce a los cartoneros entendidos como “recuperadores urbanos” como actores legítimos en el sistema integral de gestión de RSU de la Ciudad; la ley 1854 de “Basura Cero”, la cual promueve la disminución de los materiales reciclables enviados a entierro vía relleno sanitario, dando un mayor impulso a su recuperación y reconociendo a su vez a las cooperativas como actores de importancia en estas acciones; finalmente a los contratos firmados entre organizaciones cartoneras y el GCABA en los cuales se establecen los derechos y obligaciones de las partes en el marco de la gestión de los Residuos Secos, bajo la órbita exclusiva de las cooperativas.

[6]      El tren Roca parte desde la estación Constitución en la ciudad de Buenos Aires y recorre gran parte de la zona sur del conurbano bonaerense, llegando a estaciones terminales como Temperley, Ezeiza, La Plata, Alejandro Korn, Glew entre otras.

[7]      Jorge, asociado y socio fundador de RF, 2012.

[8]      En este marco surgieron, desde el ámbito estatal, líneas de subsidios, créditos y asesoramiento destinados a cooperativas y trabajadores autogestionados que dieron paso a la creación de nuevas cooperativas al mismo tiempo que resultaron un apoyo relativamente importante para las experiencias surgidas durante la crisis de principios de siglo, como las empresas recuperadas o las propias cooperativas cartoneras (Rebón y Salgado 2008).

[9]      Cabe aclarar que ello no implica una distribución igualitaria de beneficios por lo que la práctica de vender en conjunto refiere a juntar el material y vender en un mismo momento, para luego dividir los ingresos de la venta en función de la cantidad de materiales que cada uno haya aportado.