REVESCO. Revista de Estudios Cooperativos

ISSN: 1885-8031

 

https://dx.doi.org/10.5209/REVE.69174

 

La contribución de la ley de economía social de Galicia al desarrollo territorial y a la mejora del empleo

María Bastida[1]; Alberto Vaquero[2] y Maite Cancelo[3]

Recibido: 7 de noviembre de 2019 / Aceptado: 11 de diciembre de 2019 / Publicado: 1 de junio de 2020

Resumen. En los últimos años, desde diferentes ámbitos institucionales y, de forma especial, en el seno de la Unión Europea (UE) se han realizado pronunciamientos recurrentes en relación con la necesidad de reconocer a la Economía Social (ES) como una realidad diferencial a la empresa, que prioriza una serie de resultados al margen de los económicos y financieros. Paralelamente, el reciente compromiso contraído por las Naciones Unidas (NU) en relación con la Agenda 2030, materializado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) ha atraído el foco de atención sobre este ámbito, por la alineación de los principios y valores que rigen las entidades de ES y dichos objetivos, y el consiguiente papel que éstas pueden tener en la consecución de los retos fijados.
En línea con estos planteamientos, la Comunidad Autónoma de Galicia ha sido la primera en contar con legislación propia en materia de ES, la Ley de Economía Social de Galicia (LESG) aprobada en 2016. Esta normativa hace hincapié en dos aspectos: la adscripción al territorio y el fomento del empleo. Precisamente lo anterior tiene una gran influencia sobre dos objetivos comunes a la ES y los ODS: el reparto equilibrado de la riqueza y el fomento del empleo de calidad. Igualmente, permite avanzar soluciones para alguno de los problemas más acuciantes del complejo contexto sociodemográfico gallego actual. En este trabajo se estudia el caso gallego como ejemplo de buenas prácticas para el fomento y consolidación del tejido de ES, que permite afrontar retos de diferente naturaleza a partir de la combinación de la actividad económica y la sostenibilidad.

Palabras clave: Economía Social; Cooperativismo; Objetivos Desarrollo Sostenible; Desarrollo Local; Reparto de riqueza; Calidad en el empleo.

Claves Econlit:B55; H70; J45.

[en] The contribution of the law on the social economy of Galicia to territorial development and the improvement of employment

Abstract: In recent years, from different institutional levels, and especially within the European Union (EU), there have been recurrent pronouncements regarding the need to accept Social Economy (SE) as a company distinguishing factor, which prioritizes a series of results other than the economic and financial ones. These statements have been accompanied by a recommendation to include this area of the economy in Member States legislation and government policies. At the same time, the recent commitment of the United Nations to the 2030 Agenda, embodied in the Sustainable Development Goals (SDGs), has drawn attention to this area, by aligning the principles and values governing entities. The Galician Autonomous Community was the first to have its own rules on SE. Based on Community and national references, Galicia has had its own legislation in this field since 2016. On the basis of the study of the Autonomous Community Regulation, it should be noted that the special emphasis on two expected results of the regulated institutional framework emerges in a differentiated way: the assignment to the territory and the development of employment. This has a major influence on two objectives common to the SE and the SDGs: the balanced distribution of wealth and the development of quality employment. It also provides solutions to some of the most pressing problems in the complex Galician socio-demographic context. In this paper we study the Galician case as an example of good practices for the promotion and consolidation of the SE fabric, which allows us to face different kind of challenges based on the combination of economic activity and sustainability.

Keywords:Social Economy; Cooperatives; Sustainable Development Goals; Local development Wealth Sharing; High Quality Employment.

Sumario. 1. Introducción. 2. El papel de la Economía Social en el desarrollo económico y social de un territorio. 3. La normativa gallega en materia de Economía Social: características diferenciales. 4.  El papel de la ES en Galicia con relación al desarrollo económico y social del territorio 5. Consideraciones finales. 6. Referencias bibliográficas.

Cómo citar. Bastida, M.; Vaquero, A.; Cancelo C. (2020) La contribución de la ley de economía social de Galicia al desarrollo territorial y a la mejora del empleo. REVESCO. Revista de Estudios Cooperativos, vol. 134, e69174. https://dx.doi.org/10.5209/reve.69174.

1. Introducción

La Comunidad Autónoma de Galicia, situada geográficamente en el noroeste de España, se encuentra incardinada en los últimos años en un proceso de transición demográfica y socioeconómica. Esta evolución, compartida con la mayor parte de los países de la UE y gran parte de las economías desarrolladas, se concreta en una población envejecida concentrada en áreas urbanas y municipios del litoral, a los que se une una alta fragmentación y dispersión de la población[4]. Por ende, las variaciones poblacionales evidencian que los procesos migratorios no son capaces de compensar las tasas negativas de crecimiento vegetativo, por lo que a la situación anterior se une un constante abandono de tierras y un aumento de núcleos poblacionales despoblados.

Estos cambios estructurales tienen importantes repercusiones a nivel humano, socioeconómico y medioambiental, representando uno de los mayores retos que debe afrontar la comunidad gallega y el resto de las naciones en los próximos años (Naciones Unidas 2015a; 2015b). A ello se une, además, el compromiso contraído por España – y con ella, por Galicia- para el cumplimiento de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas (NU), donde se determinan una serie de retos conocidos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Estos objetivos tienen como denominador común la necesidad de compatibilizar el crecimiento económico con la sostenibilidad del sistema (NU, 2019) y, entre ellos, destacan tres muy directamente relacionados con la reversión de la situación que se acaba de describir: (i) fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos (ODS 8); (ii) conseguir la igualdad de género (ODS 5) y (iii) reducir la desigualdad en y entre los países (ODS 10).

En este contexto, la Economía Social[5] (ES) se perfila como una alternativa válida para dar respuesta a estos retos. En los últimos años, diversos trabajos han resaltado el valor de las entidades de ES como vehículo para el fomento de tejido empresarial en zonas rurales, fomentando el desarrollo económico en dichos territorios (Mozas y Bernal, 2006). Paralelamente, también se ha destacado la particular alineación de la ES con los ODS (Mozas, 2019)[6], y en particular con la distribución y equilibrio territorial, el acceso de la ciudadanía a la actividad económica y la distribución de servicios en igualdad de condiciones (Bel, 2005; Tarazona y Albors, 2005; Coque, 2008; Morales, Martín y Lejarriaga, 2008; Clemente, Díaz y Marcuello, 2009; Poyatos y Gámez, 2009). Estos trabajos coinciden en que la ES, además de posibilitar el desarrollo de un amplio conjunto de actividades económicas y sociales, desempeña un papel fundamental en la generación de riqueza y empleo en el territorio en el que se inserta, posibilitando un importante volumen de beneficios, tanto de naturaleza económica como no económica. En consecuencia, es preciso poner en valor el estudio de la ES como agente vertebrador del territorio, tanto en lo que se refiere a la propia afectación de la ES al espacio donde se desarrolla, como en su papel como agente dinamizador en generación de empleo y valor añadido.

Este trabajo tiene como objetivo analizar cómo la aprobación de una normativa autonómica, sobre la base de la adaptación del marco legal estatal de la ES a las particularidades regionales, posibilita el desarrollo e impulso de estas entidades, consolidando un tejido económico cuya actividad y resultado puede favorecer la consecución de diferentes ODS. Para ello, en primer lugar, se analiza el papel de la ES en el desarrollo económico y social de un territorio, tanto a partir de sus funciones como de los resultados obtenidos por la actuación concreta de sus entidades en el territorio en que se asientan. A continuación, se identifican las características diferenciales de la normativa gallega en ES, incidiendo en aquellas variables que resultan especialmente ajustadas al contexto particular de esta comunidad. El siguiente apartado aborda la materialización de lo estipulado en el marco legal, sintetizado en la conformación de un ecosistema de triple hélice -legal, social y presupuestario- favorable a la ES gallega y su articulación transversal en la Estrategia Gallega de ES. En particular, se identifican las medidas implantadas para impulsar la generación de empleo a través de estas entidades, y el papel de las Comunidades y Mancomunidades de Montes Vecinales en Mano Común como motor de desarrollo del rural gallego. En cada caso, se establecerá su vinculación con la consecución de los ODS. A partir de este análisis, en el quinto apartado se realiza una primera evaluación de los resultados de este sistema de apoyo, sobre la base de la evolución de las sociedades cooperativas gallegas. Para finalizar, se presentan las principales conclusiones de este estudio, incluyendo un conjunto de sugerencias para la mejora de la efectividad del ecosistema de apoyo a la ES en Galicia.

 2. El papel de la Economía Social en el desarrollo económico y social de un territorio

El ámbito de la ES lo delimitan un conjunto de organizaciones privadas, creadas para fines sociales, que operan en el sector mercado o no mercado, cuyo funcionamiento pivota en torno a principios y valores como potenciar a las personas sobre los resultados financieros, la gobernanza democrática y participativa, la solidaridad, la sostenibilidad o el compromiso con el medio ambiente. La adscripción a las sociedades es libre, y el excedente que se genera (si existe) no puede ser apropiado por los agentes que las crean, controlan o financian (Monzón y Chaves, 2012; Bretos y Morandeira, 2016; Solórzano, Guzmán, Savall y Villajos, 2018; Chaves y Monzón, 2018; Chaves y Savall, 2019).  

De la conceptualización anterior se desprende que la ES incluye un conjunto de empresas y entidades que llevan implícita otra forma de generación de actividad económica, diferencial en cuanto a los principios de gobernanza y las prioridades demarcadas en las empresas guiadas de forma exclusiva por la necesidad de maximizar beneficios. La relevancia de esta vertiente económica se refleja explícitamente entre los requisitos exigidos a las entidades de ES en la LES, entre los que se hace referencia a la condición de entidad privada y al desarrollo de una actividad económica con criterios empresariales (Fajardo, 2018). En consecuencia, las entidades en el ámbito de la ES asumen principios y valores que permiten compatibilizar la vertiente económica y ambiental.

Sobre la base de esta dimensión de actividad económica de la ES, a partir de los primigenios trabajos realizados para España (Chaves y Monzón, 2001; Gómez y Román, 2005), es posible identificar una serie de funciones económicas y acciones de las entidades y organizaciones en este ámbito (Tabla 1).

Tabla. 1. Funciones económicas de la Economía Social e instrumentos para su consecución.

Fuente: Chaves y Monzón (2001); Gómez y Román (2005)

De las siete funciones recogidas, la última pone especialmente el énfasis en el desarrollo local, al posibilitar el fomento de iniciativas de desarrollo endógeno en áreas rurales y zonas industriales o espacios urbanos degradados. En efecto, la ES tiene un fuerte arraigo con el territorio donde se genera, realizando una importante labor en lo que se refiere al desarrollo local (Juste, Gómez y Fernández, 2011). Este vínculo se hace particularmente evidente en el caso de las sociedades cooperativas[7], que suelen establecerse en función a las necesidades territoriales y buscan socios en la zona en la que operan. De hecho, esta relación se hace expresa en uno de los principios que rigen estas entidades, en concreto el séptimo, “interés por la comunidad” (Mozas y Bernal, 2006). Según este principio, estas sociedades se preocupan por el fomento del desarrollo sostenible de la comunidad en que se ubican, generando riqueza sobre su entorno local (Poyatos y Gámez, 2009). Por una parte, estas organizaciones tienen como objetivo la realización de actividades que cubran las necesidades de sus diversos stakeholders, entre los que se encuentra su comunidad local. Por otra, por su naturaleza desarrollan estas actividades de forma responsable y sostenible, sin renunciar a su rentabilidad económica. Por tanto, estamos ante un doble compromiso, con la comunidad y el medioambiente (Carrasco, 2007).

Pese a que las sociedades cooperativas son la alternativa más habitual para el fomento del desarrollo local, no se debe obviar que hay otras organizaciones en el marco de la ES que también pueden contribuir a este proceso de transformación. Así, por ejemplo, las Sociedades Laborales (SL) comparten idéntico objetivo de atención a necesidades territoriales, y los Centros Especiales de Empleo (CEE) y las Empresas de Inserción Laboral (EIL) priorizan entre los suyos la mejora de la situación económica y social de las personas que vive en un determinado territorio. En conjunto, las entidades de ES, al aunar la percepción de que los retos compartidos son más factibles desde un enfoque colectivo y apostar por la inclusión de colectivos sociales, puede asumir un rol crítico en la consolidación de iniciativas empresariales que avancen un nuevo tejido productivo (Martínez del Arco et al., 2019).

El análisis centrado en la actuación económica de las entidades de ES permite visibilizar distintos efectos derivados de dicha actividad en el territorio en que estas organizaciones se ubican. En primer lugar, por medio de la reinversión de los beneficios generados en el territorio donde se desarrolla, posibilitando una retroalimentación de la iniciativa. En segundo lugar, mediante la utilización del potencial endógeno de la zona, al utilizar los recursos locales (naturales, humanos y económicos) para fortalecer la sociedad y su economía de “adentro hacia afuera”, generando efectos de arrastre (Calvo y González, 2011; Guzmán, Santos y Barroso, 2016). En tercer lugar, a través de la creación y extensión de una cultura y un tejido empresarial responsable con el medio ambiente. En cuarto lugar, por la localización de los socios y/o trabajadores, habitualmente residentes en el territorio, lo que minimiza el riesgo de deslocalización de la actividad. Finalmente, y gracias a la vinculación de la actividad económica con las necesidades sociales locales y el mantenimiento de las actividades productivas, la ES permite la supervivencia de actividades que pueden estar en riesgo de desaparición, por no alcanzar los objetivos de rentabilidad propios de grandes empresas o por una gestión no demasiado adecuada.

De esta forma, la ES desempeña un papel importante en aquellas áreas afectadas por procesos de desinversión y reconversión industrial, al permitir la creación de Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), especialmente cooperativas y sociedades laborales, muchas veces por parte de los antiguos trabajadores, al suponer una forma de reflotar una entidad que, en caso contrario, desaparecería (Juste et al., 2011).

Además, y tal y como fue señalado, el crecimiento local se basa en el desarrollo endógeno, sobre todo del capital humano, puesto que las entidades que conforman la ES no suelen ser intensivas en capital físico, sino fuertes demandantes de mano de obra. Precisamente lo anterior posibilita una mejora del capital humano, puesto que, uno de los pilares básicos y principio de funcionamiento de las entidades de ES potenciar la formación de sus socios y trabajadores, con lo que es habitual que se destine una parte de los beneficios a este objetivo. Asimismo, la ES potencia la vocación emprendedora local, sobre todo a través del autoempleo, permitiendo la reconversión de una entidad que pasa por serias dificultades económicas en una cooperativa o sociedad laboral. Precisamente es esta mejora de las oportunidades laborales lo que posibilita la fijación de la población en el territorio y, además, permite la creación de riqueza y de un empleo de naturaleza estable. Lo anterior se produce, además, aunque sea a costa de reducir los beneficios.

Además, no se puede obviar que la ES tiene una perspectiva a medio y sobre todo a largo plazo, puesto que pretende alcanzar un desarrollo sostenido del territorio y la obtención de importantes beneficios sociales en materia de empleo y bienestar social, dejando a un segundo plano la obtención de tradicional beneficio económico cortoplacista. Finalmente, la ES, a diferencia de otras actividades más mercantilizadas, tiene muy en cuenta el impacto medioambiental de sus actuaciones, buscando un desarrollo económico sostenible, que es la única forma de alcanzar una actividad socialmente responsable (Tabla 2).

Tabla. 2. Actuaciones de la Economía Social para el desarrollo local.

Fuente: Juste, Gómez y Fernández (2011)

Para conocer los efectos de la ES sobre el desarrollo local, no basta con realizar un ejercicio cualitativo, sino que resulta necesario señalar las cifras que maneja esta actividad. En el documento La economía social y solidaria: Balance provisional y perspectivas para España (2019) se señala como en España hay alrededor de 43.000 empresas de esta naturaleza, que generan algo más de 2,2 millones de trabajadores (12,5 % del empleo total). Por su parte, el volumen de recursos generados asciende a los 150.000 millones de euros (12 % del PIB). En consecuencia, las cifras anteriores permiten poner sobre la mesa el importante potencial de la ES sobre el desarrollo local.

3. La normativa gallega en materia de Economía Social: características diferenciales

Como se ha referido en el apartado anterior, las entidades de ES tienen capacidad potencial para el fomento del desarrollo local del territorio en que se asientan. Esta característica es particularmente importante en el caso de Galicia, por diferentes razones:

            Las características demográficas y socioeconómicas de esta comunidad -elevado envejecimiento, tasa de crecimiento vegetativo negativo, despoblación, escasa densidad demográfica, polarización en medio urbano- que hacen urgente una intervención para garantizar la sostenibilidad del territorio a largo plazo. En este sentido, Juliá y Marí (2002) destacan la capacidad del cooperativismo agrario para neutralizar los problemas del medio rural, el abandono de las tierras y la economía local, aportando vías de solución como el relevo generacional. Esta circunstancia es particularmente importante en la comunidad gallega, donde las explotaciones agroganaderas y lácteas tienen amplia tradición e importancia, pero están siendo seriamente perjudicadas por la migración de los jóvenes a zonas urbanas y la baja natalidad

            En este contexto, pese a la trascendencia del sector agrícola y ganadero para el mantenimiento del tejido productivo local, la comunidad gallega no es ajena al proceso general de terciarización de la economía. En esta línea, tal y como señalan Rico y Gómez (2009), para garantizar la viabilidad de las comunidades rurales resulta determinante la diversificación de actividades, fundamentalmente en el sector servicios, para responder a nuevas exigencias y necesidades.

            Por otra parte, también resulta de relevancia destacar la importancia que tiene la ES en la Comunidad gallega. El sector de la ES en Galicia, analizado desde la perspectiva de las cuatro familias con mayor actividad en la Comunidad Autónoma -cooperativas, sociedades laborales, empresas de inserción y centros especiales de empleo- aporta cerca del 4,67 % del PIB[8] de Galicia y supone algo más del 1,32 % de la población ocupada en 2018.

 

Como se ha señalado, la ES tiene potencial para responder a estos retos sin olvidar el compromiso contraído con la consecución de los ODS en relación con el crecimiento económico sostenible (ODS 8) y la reducción de las desigualdades (ODS 10). Abundando esta idea, se ha destacado que las sociedades cooperativas -y, por extensión, el resto de las entidades de ES- comparten los valores y principios del desarrollo sostenible (Ciruela, 2005). Esta relación podría concretarse en una triple acepción de sostenibilidad: medioambiental (uso de recursos endógenos y supervivencia a largo plazo), económica (viabilidad) y social (primacía de las personas y asunción de costes y beneficios compartidos).

Pese la relevancia de la ES a partir de los indicadores cualitativos y cuantitativos destacados, la regulación de este tipo de actividades resulta relativamente reciente. Así, a nivel estatal la Ley 5/2011 de 29 de marzo, de Economía Social (LES), marco de desarrollo del resto de disposiciones legales, tiene menos de una década de antigüedad. Además, a nivel regional tampoco abunda legislación específica en esta materia. Esta carencia es, si cabe, más llamativa, por cuanto el desarrollo local -endógeno, por tanto- requiere la combinación de una serie de estrategias bottom-up (de abajo a arriba), con la implicación de la sociedad local para la dinamización de la economía (Mozas y Bernal, 2006; Coll y Cuñat, 2007). Para ello, parece obvia la necesidad de adaptar el marco normativo e institucional a las características socioeconómicas particulares de cada contexto territorial, lo que pasa precisamente por la adaptación del marco legal estatal. En este contexto, Galicia es una excepción, gracias a la Ley 6/2016, de 4 de mayo, de la Economía Social de Galicia (LESG)[9]. Conviene insistir en que dotar a una unidad territorial de una normativa específica en ES adaptada a su casuística particular es un claro acierto a la hora de diseñar actuaciones desde la ES que fomenten el desarrollo territorial y la creación de empleo. En este sentido, Blanco (2017) hace notar que la creciente importancia de desarrollo regional del fomento de entidades de ES justifica la existencia de investigaciones sobre su impacto en los territorios. En consecuencia, resulta necesario poner en valor el esfuerzo que se viene haciendo en Galicia en los últimos años.

Galicia ha sido la primera (y hasta el momento, la única) Comunidad Autónoma en España en contar con normativa propia. La LESG adiciona dos principios a los incluidos en la LES que resultan de transcendencia sobre el desarrollo local: i) el compromiso con el territorio, frente a la despoblación y el envejecimiento en rural de Galicia, y ii) el fortalecimiento de la democracia institucional y económica por medio de la ES. El primero de estos dos principios trata de adaptar el marco regulatorio genérico estatal a la realidad socioeconómica de Galicia y, además, se convierte en el eje de desarrollo de todo el texto autonómico. En este sentido, se destacan dos características diferenciales que permiten abordar su análisis en relación con los efectos sobre el desarrollo territorial:

            En primer lugar, la LESG incluye en la lista de entidades en el ámbito de la ES a las comunidades de montes vecinales en mano común (reguladas por la Ley 13/1989, de 10 de octubre), pertenecientes a agrupaciones vecinales, con un aprovechamiento a través del régimen de comunidad.

            En segundo lugar, la LESG persigue que la ES genere empleo de calidad[10], siendo uno de los objetivos que persiguen las actividades que se hayan bajo el paraguas de la ES (Lejarriaga, Bel y Martín, 2013; Díaz y Marcuello, 2014; Chaves y Monzón, 2018; Chaves y Savall, 2019). Para ello la LESG establece una serie de disposiciones que buscan impulsar y dinamizar el autoempleo, el emprendimiento de base cooperativo y la colaboración empresarial, a través de proyectos e iniciativas en red. Esto es especialmente relevante en todo lo que rodea a las cooperativas, puesto que la LESG modifica la Ley 5/1998, de 18 de diciembre, de cooperativas de Galicia. Además, como novedad se crea la “cooperativa juvenil” que busca potenciar esta figura para la población de       menor edad: jóvenes comprendidos entre 16 y 29 años (ampliable a 35 años en ciertos casos).

 

En consecuencia, en la LESG pivota en torno a dos elementos clave para el desarrollo de la ES: la adscripción al territorio y el fomento del empleo. Ambas cuestiones son vitales para la consecución de sendos objetivos de la ES: el reparto equilibrado de la riqueza y el fomento del empleo de calidad.

4. El papel de la ES en Galicia con relación al desarrollo económico y social del territorio

Galicia es una Comunidad Autónoma claramente diferenciada en ES (Bastida, Vaquero y Cancelo, 2019). En primer lugar, y como se ha señalado, ha sido la primera autonomía española en aprobar su propia normativa en el campo de la ES. En segundo lugar, Galicia cuenta con amplia tradición en las políticas de apoyo y fomento de las entidades de ES, principalmente a partir de 2012, con la creación de la Red Eusumo[11]. Estas iniciativas cobran particular relevancia a la luz de las especiales circunstancias sociodemográficas de Galicia, que la convierten en marco privilegiado para todos los beneficios que supone la ES, e incluso en un “laboratorio de pruebas” para la ES. En relación concreta con el desarrollo territorial, el impulso a la ES gallega se concreta en dos aspectos: una palanca directa, con la inclusión en el ámbito de las comunidades y mancomunidades de montes en mano común; y otra indirecta, a través de un conjunto de acciones que persiguen generar un efecto sinérgico sobre el empleo, a través del desarrollo de entidades de ES.

4.1. El fomento del empleo a través de la ES

La Comunidad Autónoma de Galicia cuenta con amplia tradición en el fomento de la ES, en particular en el impulso al cooperativismo. No en vano, Galicia también fue una de las primeras comunidades en ejercer competencias propias en materia de regulación de sociedades cooperativas, con la Ley 5/1998, de 18 de diciembre, de cooperativas de Galicia (LECOGA)[12].

En la redacción de la LESG, de forma simultánea a la adaptación de la regulación en el ámbito de la ES al contexto socioeconómico gallego destaca como segundo hecho diferencial la relevancia que se da a este ámbito de actividad como generadora potencial de empleo. Este rol motor destaca entre los fines de la LESG, con un amplio desarrollo a través de un completo abanico de medidas de impulso y dinamización del empleo autónomo, del emprendimiento cooperativo y de la colaboración empresarial. Incluso la LESG modifica a la LECOGA para potenciar el autoempleo y mejorar las posibilidades de captación de recursos financieros. Así, se propone la creación de la cooperativa juvenil, nueva clase de cooperativa dirigida al fomento del desarrollo profesional de la juventud gallega. En concreto, se trata de una especialidad cooperativa, al estar limitada a la tipología de trabajo autónomo y explotación común de la tierra, restringida a personas entre 16 y 29 años que ponen en común su trabajo personal[13]. En estos casos, se flexibilizan los trámites de registro y constitución, y se facilita el acceso a la financiación, al rebajar el mínimo de capital social a 300 euros.

Esta tradición en el apoyo decidido a las cooperativas ha dado lugar, en los últimos años, a la conformación de un ecosistema favorable a estas entidades que puede caracterizarse como de triple hélice: legal, social y presupuestario. Fruto de esta combinación, se ha consolidado un espacio óptimo para la mejora de la competitividad, creación de empleo y sostenibilidad de las cooperativas gallegas (Bastida, Vaquero y Olveira, 2019a; Bastida, Vaquero y Olveira, 2019b). La LESG extiende estos ecosistemas al conjunto de entidades de ES, reforzando los tres ecosistemas antes definidos que actúan como palanca de la consolidación del sector.

            Con el ecosistema legal, se establecen las condiciones de operación y financiación de la actividad de las entidades de ES, determinando una serie de acciones destinadas a la mejora de las condiciones y resultados de estas entidades. La propia LESG es un ejemplo de este conjunto de acciones, que suceden a un amplio conjunto de disposiciones y normas en esta materia    principalmente en el ámbito cooperativo. Además, cabe destacar que todas estas acciones se diseñan con carácter sinérgico y transversal. Así, por ejemplo, la concreción de la tipología de las      cooperativas juveniles creadas por la LESG permite intuir la apuesta de la administración gallega por el rol motor de la ES como generador de empleo (trabajo autónomo), como también la apuesta por las potencialidades del sector primario -y, en concreto, el forestal (explotación común de la            tierra). Posteriormente, y como prueba de la flexibilidad del funcionamiento de este ecosistema legal, la Ley 5/2017, de 19 de octubre, de fomento de la implantación de iniciativas empresariales en Galicia modifica el apartado 1 del artículo 7 de la LECOGA, autorizando que las cooperativas de primer grado puedan formarse únicamente por dos personas, lo que abre la puerta a la figura de las micro cooperativas (Disposición Adicional Primera).

            En segundo lugar, se refuerza el rol interlocutor de las entidades de la ES. Desde la publicación de la LECOGA, el Consejo Gallego de Cooperativas (CGC) tiene un papel determinante en el diseño y determinación de acciones destinadas al fomento de estas entidades, como máximo órgano de promoción, difusión y representación del cooperativismo en Galicia. Paralelamente, se visibiliza la vertiente de estas entidades como agente económico en aquellos órganos e instituciones donde sea precisa la interlocución, como el Consejo Económico y Social de Galicia (CESG) o el Consejo Gallego de Relaciones Laborales (CGRL). Por otra parte, en el marco de las acciones de fomento se presta especial atención a todas aquellas que actúen en aras de la mejora del conocimiento y difusión de estas organizaciones. La LESG, nuevamente, actúa como refuerzo de este ecosistema social, ampliando el ámbito de aplicación al conjunto de entidades de ES y sentando las bases de dos líneas de actuación: (i) la creación del Consejo Gallego de Economía Social (CGES), con idénticas competencias y funciones que el de cooperativas; y (ii) reforzando las acciones de difusión y conocimiento de la ES, en la asunción de que a medida que aumenta el grado de conocimiento sobre la ES, su funcionamiento, principios, valores y resultados, aumenta la probabilidad de que los emprendedores se decanten por estas figuras. Paralelamente, se fomenta el asociacionismo y la interrelación entre las asociaciones, en la búsqueda de una mejor percepción de la ciudadanía hacia la ES.

            Finalmente, todas estas acciones encuentran reflejo en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma, donde cada ejercicio supone la consolidación de un ecosistema financiero que establece el marco presupuestario necesario para la implantación de las acciones antes señaladas. Cabe destacar, además, que la materialización concreta de cada línea o categoría de ayudas sigue un marco de flexibilidad, permitiendo dirigir los esfuerzos y priorizar acciones en cada marco temporal en función de distintos objetivos.

 

Además de reforzar de forma explícita este triple ecosistema, la LESG establece el marco institucional de integración de las políticas públicas de fomento de la ES, siempre con el objetivo último de la generación de empleo. Este marco reposa en dos pilares: (i) la Red Eusumo[14], una herramienta que busca el fomento y difusión de la ES y estimular el trabajo en red y colaborativo y (ii) la Estrategia gallega de ES.

La Red Eusumo desempeña un papel fundamental en el desarrollo de la ES en Galicia y permite comprender el interés de administración autonómica en este campo. Con la Red se persigue fomentar, difundir y divulgar el cooperativismo y la ES en Galicia, sobre todo en materia de creación y consolidación del empleo. Sus actividades se pueden agrupar en tres bloques: (i) información y sensibilización sobre el valor de la ES; (ii) apoyar al emprendimiento en el ámbito de la ES y (iii) visibilizar las entidades de ES, para fomentar su actividad.

Si bien esta Red está creada desde el año 2012, la LESG, en su artículo 15, refuerza la importancia de este instrumento como una herramienta centralizada en la planificación y gestión de todas las ayudas dirigidas a las entidades de ES, lo que supone una singularidad de la autonomía gallega. Periódicamente se convoca una orden de ayudas destinadas a la financiación de las acciones incluidas en el marco de actuación de la Red (Tabla 3).

Tabla. 3. Actividades de la Red Eusumo

Fuente: Decreto 225/2012 del 15 de noviembre, por el que se crea la Red Eusumo para el fomento del cooperativismo y la economía social y se regula su funcionamiento.

 

Como se ha referido anteriormente, cada convocatoria explicita las acciones susceptibles de subvención, lo que implica que la determinación de dichas actividades es susceptible de modificación periódica. De aquí se infieren dos características intrínsecas de la Red: (i) es un instrumento vivo, susceptible de revisión periódica en aras de una mejor adecuación y eficacia; y (ii) su gestión y dirección corresponde a la Xunta de Galicia, quien además decide las líneas concretas de actuación en cada convocatoria permitiendo priorizar determinadas acciones que indicen en el ámbito de actuación que se desee fomentar de forma específica. Por tanto, la administración autonómica ejerce un papel monitor decisivo en el impulso de la ES gallega.

El segundo gran pilar sobre el que se asientan las políticas públicas de fomento de la ES gallega se encuentra en el capítulo IV de la LESG, que remite a la Primera Estrategia Gallega de Economía Social (2019-2021). Consensuada con el sector, y dirigida a las cuatro familias de ES con mayor capacidad potencial para la generación de empleo -cooperativas, sociedades laborales, centros especiales de empleo y empresas de inserción- está dotada con un presupuesto cercano a los 73 millones de euros, articulada en 25 medidas, que pivotarán en torno a tres ejes (Tabla 4) encaminados a la mejora del número de entidades de ES, y de sus condiciones de funcionamiento, para favorecer la creación de empleo.

 

Tabla. 4. Objetivos de la Estrategia Gallega de ES (2019-2021)

Fuente: elaboración propia a partir de la Estrategia Gallega de Economía Social.

 

El primer bloque recoge una serie de actividades dirigidas al fomento del conocimiento de las entidades de ES -principalmente, a través de su incorporación en los curriculums académicos en diferentes niveles de formación- y al incremento del número de entidades, con incentivos directos para la creación de empresas en el ámbito de ES (en particular, cooperativas escolares y entidades de nueva creación basadas en las TICS y en la economía colaborativa y circular).

El segundo bloque supone el eje central de las actuaciones, con casi el 64 % de la dotación de fondos dirigidos a incentivar actuaciones que reviertan en la competitividad de las entidades de ES, bien sea con actuaciones de fomento de actividad empresarial (innovación, internacionalización, financiación, entre otras) o mediante cambios legislativos permitan la actuación de las organizaciones de a ES en igualdad de condiciones. Finalmente, el tercer bloque centraliza las actuaciones dirigidas a la mejora de la visibilidad y conocimiento de las actividades de las entidades de ES.

Estas acciones se plantean de forma conjunta, de manera que se puedan explotar las sinergias entre las respectivas categorías de actuaciones. Así, se pretende aumentar las entidades de ES de modo indirecto -a través de la mejora de su conocimiento- y directo, mediante incentivos explícitos para su creación. En segundo término, se diseñan actuaciones que pretenden mejorar las condiciones de actuación, la competitividad y los resultados de las entidades de este ámbito, lo que mejora sus opciones de consolidación y viabilidad. Para ello, se intenta incidir en distintos segmentos de la actividad empresarial, y se establece un marco regulatorio dinámico y flexible, ajustable a un entorno cambiante. Finalmente, se fomenta la agrupación y coordinación de las entidades, buscando paralelamente una mejor redistribución territorial. Como se infiere de lo anterior, las actuaciones se encaminan a mejorar el número de entidades y sus condiciones operativas, buscando mejorar tanto la eficacia como la eficiencia de las organizaciones y fomentando, así, la generación de empleos en el sector.  

La Figura 1 presenta un esquema del funcionamiento conjunto de estos instrumentos. Como se puede observar, el ecosistema financiero (asociado a las actividades y dotación presupuestaria para su implantación) y el ecosistema institucional pueden ser considerados factores pull en la conformación de entidades de ES, la mejora de sus condiciones de funcionamiento, su eficiencia y resultados. En este sentido, las líneas directas para la creación de organizaciones, el acceso a la condición de socios de las entidades, el asesoramiento técnico o el acompañamiento en la tramitación administrativa coexisten con un catálogo de medidas de mejora de las condiciones de actuación -compra pública, ayudas a la comercialización y distribución o fomento del uso de recursos endógenos- con el objetivo de mejorar las opciones de competitividad de las entidades. Paralelamente, se establece un conjunto de actuaciones de difusión y formación, sobre la base de que de la mejora del conocimiento sobre la ES contribuirá a que las entidades de dicho ámbito se configuren como una opción más en la decisión de emprender. En conjunto, combinado con el fomento del asociacionismo, se eleva el reconocimiento del ámbito de actuación y posibilidades de estas organizaciones, conformándose un ecosistema social que actúa como factor push al elevar el atractivo del sector.

Como resultado de la creación de nuevas entidades, y la mejora de la actuación de las ya existentes, cabe esperar un incremento del número de empleos en el sector. Un empleo, además, que tiene unas condiciones que le confieren mayor calidad y durabilidad que las predominantes en entidades centradas en la maximización de beneficios, inherente a la idiosincrasia de los principios y valores subyacentes a todas las organizaciones en el ámbito de la ES. Además, se prioriza la actuación en determinados segmentos objetivo de las diferentes entidades de ES (jóvenes, mujeres, personas con dificultad de incorporación al mercado laboral), y se fomenta específicamente la redistribución en el territorio, con actuaciones como los laboratorios cooperativos en el rural. Estos resultados están estrechamente vinculados con los ODS más vinculados con la actividad económica -ODS 8, ODS 10 y ODS 5, empleo de calidad, distribución territorial e igualdad, respectivamente-. Finalmente, estos objetivos sirven como vehículo para hacer frente a los problemas más acuciantes derivados de la situación sociodemográfica gallega previamente definidos.

Figura.1. Ecosistema gallego munificiente a la ES

Fuente: elaboración propia.

4.2. Las comunidades y mancomunidades de montes en mano común

En Galicia existe una estructura de propiedad de los montes muy diferente de otras CCAA. Una parte significativa de estos espacios pertenecen a comunidades y mancomunidades de montes vecinales de mano en común, figura recogida en el Derecho Civil de Galicia.

En el proceso de ajuste de la LES a la realidad contextual de Galicia, el capítulo segundo de la LESGA identifica las entidades que forman parte de la ES gallega, destacando la incorporación de las comunidades y mancomunidades de montes vecinales en mano en común[15] (artículo 6.1 i). Este modelo de organización se regula a nivel estatal por la Ley 55/1980, de 11 de noviembre y en Galicia por la Ley 13/1989 de 10 de octubre, de montes vecinales en mano común. Se trata de montes propiedad de agrupaciones vecinales, entendidas como grupos sociales, no como entidades administrativas. Su aprovechamiento es a través de un régimen de comunidad, no contemplando cuotas por parte de sus miembros, que lo son por vecindad. Las características más destacables son las siguientes:

 

            Son indivisibles, por cuanto las propiedades no son susceptibles de reparto entre los vecinos.

            Son inalienables, no sujetos la compraventa.

            Son inembargables.

            Están sujetas a gestión democrática.

 

La superficie forestal en Galicia es, fundamentalmente, de titularidad privada. En total, en la comunidad gallega hay únicamente 228 montes públicos, la mayor parte propiedad de los ayuntamientos o entidades locales menores (50,8 %). En correspondencia, cerca de 700.000 hectáreas de territorio gallego -casi el 25 % del total- corresponde a monte vecinal de mano en común. En 2018 se registran en territorio gallego 3.312 montes vecinales en mano común (MVMC), con una superficie total de 664.230 hectáreas (Tabla 5). El tamaño medio es de 201 hectáreas, oscilando entre las 92 hectáreas del distrito Miño-A Arnoia y las 429 hectáreas de Verín-Viana. Este distrito, además, es el que registra la mayor superficie total, de casi a 93.600 hectáreas. Este tamaño medio configura superficies que sugieren la potencialidad de desarrollo de aprovechamientos extensivos. La incorporación de estas entidades al marco de actuación de la ES supone poner el foco en el potencial económico y de desarrollo de esta capacidad forestal. Las cifras anteriormente referidas constatan la relevancia de esta estructura en el territorio rural gallego, y su capacidad de contribución al impulso de una economía sostenible y vertebradora del territorio a través de un adecuado desarrollo de la gestión del monte y aprovechamientos derivados.

Tabla. 5.  Montes vecinales en Mano Común en Galicia (2018)

Fuente: Anuario de Estadística Forestal de Galicia, Xunta de Galicia (2019)

Mención aparte merece la consideración de la distribución de estas unidades en el territorio gallego (Tabla 6). Así, se observa que las provincias con mayor número y superficie son Ourense y Lugo.


Tabla. 6. Distribución provincial de los montes vecinales en Mano Común en Galicia (2018)

 

Idéntica concentración relativa provincial se observa en el análisis de las casi 3.000 Comunidades de Montes Vecinales en mano común (CMVMC) que hay en Galicia. Ourense, con 1.137 agrupaciones, es la provincia con mayor presencia de estas unidades, mientras que A Coruña presenta la menor aportación al total, con poco más del 9 %. Las CMVMC tienen carácter abierto e inclusivo, y las personas que las conforman pueden variar en el tiempo. La participación en estas entidades está ligada a la residencia en el lugar donde se localice la propiedad del monte. Por lo tanto, las personas que trasladan su residencia a una localización que cuente con monte vecinal en mano común puede formar parte de la gestión colectiva, participando en la toma de decisiones, la gestión y los aprovechamientos de este.

Los comuneros, según se recoge en la Ley 2/2006, de 14 de junio, de Derecho Civil de Galicia, son las personas titulares de unidades económicas, productivas o de consumo, con casa abierta y residencia habitual independiente, dentro del área geográfica adscrita al aprovechamiento del monte. Además, cabe la posibilidad de establecer, estatutariamente, un plazo mínimo de residencia para adquirir la condición de comunero, pero, en ningún caso, podrá ser superior a un año. El Gráfico 1 presenta el porcentaje de concentración de CMCMC y comuneros en Galicia en 2018, distribuidos por provincias.

 

Gráfico.1.Distribución provincial de las CMVMC y comuneros por provincia en Galicia (2018)

Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario de Estadística Forestal de Galicia, Xunta de Galicia (2019)

Este análisis conjunto de las CMVMC y el número de comuneros de cada una de las provincias revela que las respectivas aportaciones provinciales no se corresponden exactamente. Así, para 2018, Pontevedra presenta la mayor concentración de comuneros, siendo la tercera provincia en función de la presencia relativa de CMVMC. Esto puede sugerir que la atomización de la propiedad en esta provincia es superior a la del resto, lo que podría actuar como freno a las potencialidades de generación de actividad económica de estos instrumentos.

La LESG también incluye en el catálogo de entidades de ES a las mancomunidades de montes vecinales en mano (MMVMC). En 2018 se registran 34 entidades de este tipo en Galicia (Tabla 7). En este caso, también se observa una relativa concentración provincial, aunque no en el mismo sentido que en las entidades anteriores. Así, se constata que más de la mitad de las MMVMC está en la provincia de Pontevedra, mientras que Ourense aporta el menor porcentaje de mancomunidades. Por otra parte, el 42,1 % de las que se encuentran en la provincia pontevedresa están en el distrito de Caldas-O Salnés, que en conjunto aporta el 23,5 % de las MMVMC de Galicia.

 


Tabla. 7. Mancomunidades de montes vecinales en mano común en Galicia (2018*)

(*) Se mantiene el nombre original en gallego.

Fuente: Anuario de Estadística Forestal de Galicia, Xunta de Galicia (2019)

La importancia de este conjunto de entidades diferenciales no reside tanto en su volumen, o importancia cuantitativa, sino en las potencialidades que presenta. Precisamente sus especiales características - propiedad de naturaleza privada y colectiva, en régimen de aprovechamiento vecinal- permiten aplicar técnicas de aprovechamiento colectivo, de las que no solo pueden beneficiarse los vecinos, sino toda la colectividad, como consecuencia de las importantes externalidades positivas generadas. Las cifras ponen en valor económico, social y ambiental este tipo de recursos, partiendo de la base de que el monte debe ser entendido como un elemento de creación de empleo y generación de riqueza. Los montes vecinales pueden así configurarse como uno de los principales motores de empleo a nivel local, puesto que las comunidades y las mancomunidades de montes vecinales pueden aprovechar estos recursos dirigiéndolos hacia una transformación industrial de su actividad más allá de su tradicional función extractiva. Estas potencialidades cobran, si cabe, mayor importancia a la vista de la relativa concentración de estas entidades en las provincias de Ourense y Lugo (excepción hecha del caso de las MMVMC), precisamente las provincias más lastradas por la crisis demográfica y de despoblación que sufre la comunidad gallega.

Así, se pueden señalar actuaciones de naturaleza directa del monte, como la mejora de la explotación forestal -obtención de madera- o la utilización de la biomasa -el combustible-; pero es que, además, este tipo de actividades son fácilmente compatibles con otros usos, como el aprovechamiento ganadero (abono y alimentación animal), producción de setas, castañas, nueces, resinas o plantas aromáticas. Una explotación adecuada y responsable del monte gallego también posibilita, entre otras, la potenciación de rutas recreativas o programas de conservación de los recursos naturales. Sin duda, los elementos anteriores facilitan la fijación en el rural de la población, sobre todo en las provincias de Ourense y Lugo las más castigadas por el comportamiento demográfico. Por lo tanto, el monte gallego tiene una elevada potencialidad para para introducir nuevas actividades que, además de garantizar una importante rentabilidad económica, también garantizan una significativa función social y medioambiental (Foro Económico de Galicia, 2019).

Por lo tanto, es necesario potenciar la utilización y aprovechamiento de los montes gallegos, si realmente se quieren obtener beneficios socioeconómicos. De hecho, los primeros pasos parecen que se están dando. En concreto la Ley 3/2018, de 28 de diciembre de medidas fiscales y administrativas de la Xunta de Galicia introduce, en el capítulo VII un conjunto de medidas en materia de medio rural que afectan las CMVMC:

 

            La primera modificación corresponde la Ley 13/1989, de 10 de octubre de montes vecinales en mano común, donde se introduce una nueva regulación del arrendamiento de los montes que busca garantizar una explotación rentable, a partir de las características de determinados cultivos y realiza una apuesta por la inversión, especialmente en aquellos espacios que están abandonados o en riesgo de abandono.

            La segunda implica cambios en la Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia. De esta forma, se plantea una amplia batería de medidas para evitar los riesgos del abandono de las parcelas forestales y se apuesta por el aprovechamiento sostenible y una mejora del régimen administrativo de los aprovechamientos. Además, hay que tener en cuenta los cambios que introduce el Decreto 32/2016, de 23 de marzo por el que se modifica el Decreto 52/2014, de 16 de abril, por el que se regulan las instrucciones generales de ordenación y de gestión de montes de Galicia, puesto que estas entidades deben ir más allá de la extracción de recursos, debiendo invertir parte de esos beneficios en el mantenimiento y mejora del monte.

 

Estas medidas complementarias suponen un ejemplo de la actitud proactiva de la administración gallega en relación con sus políticas de fomento y consolidación de la ES, diseñadas con un espíritu transversal en la búsqueda de efectos sinérgicos. El siguiente epígrafe permite detallar este sistema de apoyo.

4.3.  Impacto de la LESG sobre el cooperativismo gallego

En la valoración de los resultados de este sistema de fomento, debe tenerse presente que únicamente han transcurrido tres años desde la aplicación de la LESGA. Sin embargo, resulta conveniente realizar un primer análisis de sus efectos con el objeto de conocer su incidencia. Para ello, nos centraremos en el estudio de las sociedades cooperativas, consideradas el corazón de la ES (Chaves y Savall, 2019).

En este contexto, el número de entidades cooperativas ha venido aumentando de forma sostenida en los últimos años. Tal y como se aprecia en el Gráfico 2, salvo un ligero retroceso en el bienio 2016-2017, las nuevas cooperativas inscritas han aumentado anualmente en la última década. En concreto, las inscripciones de nuevas cooperativas en 2019 cuadruplican las existentes al principio de la década, dato particularmente interesante además teniendo en cuenta que los datos en este año únicamente comprenden hasta el mes de octubre. El análisis de la localización de las cooperativas gallegas revela que están presentes en 240 de los ayuntamientos gallegos (un 77 % del total de municipios en Galicia). En la comunidad gallega hay siete grandes ciudades de más de 50.000 habitantes, en cuya área de influencia se sitúan 391 de las 1.104 cooperativas activas en 2019. De este dato se infiere el potencial de redistribución de la actividad económica de esta fórmula societaria, con el 65 % de las actividades localizadas en espacios rurales.

Gráfico.2. Inscripciones de nuevas cooperativas en Galicia (2011-2019*).

Fuente: elaboración propia con datos del Inventario de Cooperativas Gallegas.

(*) Datos hasta noviembre de 2019.

Un análisis más pormenorizado de estas sociedades, basado en su tipología, permite constatar que casi el 87 % de las creadas desde 2011 son las que tienen un mayor potencial para los resultados previstos en este trabajo: la generación de empleo directo y la explotación sostenible de recursos endógenos (Tabla 8). Así, 379 de las entidades son cooperativas de trabajo asociado (78 %), mientras que algo más del 9 % son cooperativas agrarias (45 sociedades). 

 

Tabla.8. Evolución de las sociedades cooperativas en Galicia por tipo (2011-2018)

(*) Datos hasta noviembre de 2019

Fuente: elaboración propia con datos del Inventario de Cooperativas Gallegas.

En lo que se refiere al número de empleos directos, como se puede constatar en la Tabla 9 las cooperativas han generado casi 7.500 empleos entre socios y trabajadores por cuenta ajena. Como es obvio, estas cifras son muy dependientes del tipo concreto de sociedad cooperativa. Así, por ejemplo, la aparición de cooperativas de consumidores y usuarios aporta un número importante de socios. No obstante, abundando en lo anteriormente expuesto en relación con las cooperativas más vinculadas a los objetivos desarrollados en este trabajo, se observa que las cooperativas agrarias y las de trabajo asociado son las que cuentan con mayor potencial de generación de empleo. En concreto, ambas tipologías aportan el 52,25 % de los empleos directos generados por las sociedades cooperativas en lo que llevamos de década, participación que asciende hasta el 80 % si se excluyen las cooperativas de consumidores y usuarios.

Tabla. 9. Empleos directos en sociedades cooperativas en Galicia (2011-2018*).

S: socios; AS: trabajadores asalariados. (*) Los datos correspondientes a 2019 no están disponibles.

Fuente: elaboración propia con datos del Inventario de Cooperativas Gallegas.

 

Como se ha referido anteriormente, al amparo de la LESG se pretende incidir particularmente en el empleo en determinados segmentos de población. En este contexto, el análisis de las cooperativas creadas con posterioridad a la aprobación de dicha norma, en 2016, revela que se han constituido 15 sociedades cooperativas juveniles, de las cuales 14 son de trabajo asociado y la restante de explotación comunitaria de la tierra. En todos los casos se trata de entidades que prestan servicios: cinco de estas cooperativas (33,3 %) se corresponden con actividades profesionales, científicas y técnicas, repartiéndose el resto de idéntica forma entre las dedicadas a la agricultura, ganadería y pesca; información y comunicaciones; comercio y educación (2 cada sector de actividad). Las cooperativas de actividades artísticas y de otros servicios, por su parte, cuentan con una inscripción cada una. Debido al escaso período de análisis (2016-2018), no es posible señalar una tendencia definida en relación con su grado de implantación; no obstante, en 2018 es el año en que más cooperativas juveniles se han inscrito (casi el 50 % del total).

Las mujeres socias de cooperativas suponen, en total, más del 37 % y cerca del 44 % de las personas trabajadoras por cuenta ajena en las sociedades cooperativas (Tabla 10). Poniendo el foco en las sociedades antes destacadas, como entidades potencialmente generadoras de empleo, superan ampliamente la media tanto en el caso de las cooperativas agrarias como en las de trabajo asociado, en las que el número de socias supone el 42,9 % y 41,5 %, respectivamente. Este resultado es particularmente interesante habida cuenta de que entre las metas que figuran en el ODS  5 (igualdad de género) se encuentra asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública (meta 5.5); emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos y promover (meta 5.a) y promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres (meta 5.b).

Tabla.10. Participación de las mujeres en sociedades cooperativas en Galicia (2011-2018*).

S: socios; AS: trabajadores asalariados. (*) Los datos correspondientes a 2019 no están disponibles.

Fuente: elaboración propia con datos del Inventario de Cooperativas Gallegas.

Como dato de particular interés, se observa que el número medio de socios fundadores de las cooperativas se ha reducido a la mitad en los tres últimos años. Así, si en 2016 era de 8 personas, en 2019 es de poco más de 3. Este dato es particularmente llamativo, si se tienen en cuenta que del global del período la media de socios fundadores supera las 13 personas. Si se considera que, desde 2017, se ha autorizado la creación de microcooperativas con 2 socios, habrá que esperar resultados para detectar si esta reducción se consolida como tendencia. No obstante, dicha tendencia podría restar potencial de generación de empleo directamente vinculado a sociedades cooperativas, a la vez que facilitar su implantación. En consecuencia, en futuros ejercicios habrá que analizar la evolución de los datos de empleo asociado a estas microcooperativas, particularmente el empleo por cuenta ajena.

Finalmente, cabe señalar que se espera una mejora de los indicadores anteriores para los próximos años. Así, la Xunta de Galicia (2019) en la presentación de la primera Estrategia Gallega de Economía Social ha señalado que espera generar 3.000 empleos y 300 nuevas entidades. Para ello se buscará una mayor cohesión territorial y social. El objetivo final será incrementar en un 10 % las entidades de ES, llegando a las 3.300 y aumentar en un 20 % los empleos, hasta llegar a los 17.500. Además, se señala como reto potenciar la presencia femenina, de forma que la mitad de las personas que promuevan nuevas cooperativas y sociedades laborales sean mujeres.

5. Conclusiones

La ES presenta una fuerte implicación con el territorio en el que se desarrolla, especialmente en lo que se refiere a la generación de riqueza y empleo. En consecuencia, tiene un papel fundamental como agente vertebrador del territorio en que se asienta. Así, una de las funciones más importante de la ES es el desarrollo local, debiendo entenderse como el fomento de iniciativas de desarrollo endógeno en áreas rurales y zonas industriales o espacios urbanos degradados. La ES posibilita la reinversión de los beneficios generados en el territorio donde se desarrolla, permitiendo un proceso de retroalimentación de la iniciativa. Además, la ES utiliza los recursos locales para fortalecer la sociedad y su economía de “adentro hacia afuera”. La ES también permite la creación y extensión de una cultura y un tejido empresarial responsable con el medio ambiente. Finalmente, la ES posibilita la supervivencia de actividades en riesgo de desaparición.

En este contexto, resulta evidente que la adecuación de la normativa en materia de ES a la casuística particular del territorio debe ser requisito previo para maximizar los efectos de estas entidades en una perspectiva local, tal y como se ha puesto de manifiesto en trabajos previos (Blanco, 2017). La Comunidad Autónoma de Galicia, pionera en la aprobación de normativa propia en materia de ES, constituye un ejemplo de cómo la adecuación del esquema legal al contexto socioeconómico regional permite obtener resultados de la ES, a la vez que avanzar en el compromiso contraído en la Agenda 2030 y afrontar retos específicos de un territorio.

En este trabajo, por un lado, se proporciona una hoja de ruta de tal adecuación, guiada por la priorización de objetivos particularmente ajustados a Galicia y materializada en la conformación de un complejo sistema de apoyo que permita avanzar en la consecución de dichos objetivos. En segundo lugar, se realiza una primera evaluación de los resultados de la LESG, que permiten constatar la existencia de distintos avances:

 

            Se produce una integración y simplificación del marco regulatorio en materia de ES, sobre la base del carácter integrador de LESG. Conviene recordar que, hasta la aprobación de esta norma, en Galicia existía una elevada dispersión normativa en este ámbito.

            Se avanza en la aplicación de las Políticas Activas de Empleo y en la dinamización económica y social de Galicia, sobre todo por el trabajo desarrollado por las cooperativas y sociedades laborales, CEE y EIL.

            Se fomenta la coordinación de actuaciones entre las diferentes Administraciones Públicas y las entidades de ES, a través de una triada de actuaciones: impulso y dinamización del autoempleo, fomento del emprendimiento a través de las cooperativas y mejora de la colaboración empresarial.

            Se afrontan problemas básicos del sector productivo gallego: potenciar el desarrollo rural, prestación de servicios sociales, fomentar el emprendimiento económico y mejorar el proceso de integración social de toda la ES.

 

El análisis de la norma gallega, y más concretamente de su materialización en acciones y medidas concretas, revela que para el logro de resultados es imperativo el diseño de un sistema de fomento articulado sobre dos ejes: (i) la transversalidad, capilarizando actuaciones en materia legislativa, presupuestaria y social; y (ii) la focalización, coordinando las iniciativas en aras de objetivos concretos. La configuración de la Estrategia Gallega de ES proporciona un ejemplo de diseño de este sistema de apoyo. 

La evaluación preliminar de resultados a partir de la aprobación de la LESG constata que se ha mejorado la inscripción de cooperativas, en particular las de trabajo asociado, que son precisamente las que tienen mayor potencial para la generación de empleo. El 53 % de las nuevas cooperativas inscritas en lo que llevamos de década se han creado a partir de 2016, teniendo en cuenta además que este segundo período incluye un año menos. La media anual de inscripción de nuevas cooperativas ha pasado de 45,6 a 64,5. Este dato todavía es más relevante en el caso de las cooperativas de trabajo asociado, que han pasado de un promedio de 33,6 nuevas inscripciones anuales a 52,8. Se ha acelerado notablemente el ritmo medio anual de creación de cooperativas, pasando de un 13 % en la etapa previa a la aprobación de la LESG al actual 14,6%. Los datos referidos a la creación de empleo son menos optimistas, aunque debe destacarse que el volumen de empleo de la cooperativa agraria creada en 2011 (más de 1.150 empleos) y la de consumo de consumidores y usuarios (2.220) restan fiabilidad a las conclusiones que pudieran extraerse. No obstante, se observa en paralelo una disminución en la media de socios fundadores, que la reciente incorporación de las microcooperativas pudiera consolidar. Este aspecto constituye, sin duda, uno de los aspectos de mejora del sistema de apoyo diseñado a partir de la LESG, y que pudiera incluir alguna de las siguientes recomendaciones:

 

            Refuerzo de las líneas dirigidas a la incorporación de personas socias trabajadoras, para contrarrestar la tendencia a la atomización de la propiedad en el marco de las microcooperativas.

            Establecimiento de líneas de ayuda para los procesos de concentración de sociedades, y en particular la creación de cooperativas de segundo grado, habida cuenta de la importancia del tamaño para la mejora de la competitividad de las organizaciones.

            En el marco de la actuación en un contexto de economía global, diseño de líneas específicas de apoyo a la internacionalización de las entidades de ES.

            Como complemento a las acciones de difusión de la ES, y en aras del fomento de este modelo como vía de emprendimiento para los sectores más jóvenes de la sociedad, incorporación del ámbito de la ES a los estudios universitarios en Galicia.

            Mejora de la participación de las entidades representativas del sector en el diseño de las líneas de fomento y apoyo. En particular, dotación explícita de un presupuesto para el funcionamiento del COGAES.

 

Este trabajo presenta implicaciones desde un punto de vista académico, profesional. En relación con los primeros, avanza por primera vez el estudio de una normativa autonómica de ES, lo que puede inspirar estudios posteriores sobre la base de la conveniencia de adaptación de otros sistemas de apoyo regionales. Desde un punto de vista práctico, puede contribuir a resaltar el valor de la ES como un modelo de emprendimiento con resultados orientados a lo social, de acuerdo con el reciente proceso de convergencia sobre los conceptos de desarrollo sostenible y ES (Picciotti 2017). Finalmente, se proporcionan algunas recomendaciones que pueden tener implicaciones para las políticas públicas, tanto para otras administraciones autonómicas para replicar este modelo como para el gobierno gallego a fin de lograr mejor resultado de sus estrategias.

En conclusión, debemos ser conscientes de las importantes contribuciones de la ES a la sociedad, así como de su capacidad para crear un modelo de desarrollo económico y social sostenible y equilibrado, centrado en las personas y los beneficios para la comunidad, sobre cualquier otro tipo de rentabilidad.
Sin embargo, y sin querer restarle importancia al trabajo realizado, todavía queda un largo camino por recorrer en Galicia en este ámbito. Se requiere un esfuerzo particularmente importante en todos los asuntos relacionados con el empoderamiento de la ES, su visibilidad para la sociedad y el reconocimiento de las oportunidades de mejora generadas por este tipo de actividad. Sin lugar a dudas, la gran adaptabilidad de este sector, que ha resistido con éxito las últimas crisis económicas, convierte a la ES en una apuesta de futuro en un espacio donde cada vez es más necesario promover el autoempleo y caminar hacia un nuevo modelo que combine crecimiento y sostenibilidad, en la línea de los compromisos contraídos en el cumplimiento de los
ODS.

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Normativa

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Ley 3/2018, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas de la Xunta de Galicia. DOG núm. 247, de 28 de diciembre de 2018.

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[1]     Universidad de Santiago de Compostela, España.

       Dirección de correo electrónico: maria.bastida@usc.es.

[2]      GEN-Universidad de Vigo, España.

       Dirección de correo electrónico: vaquero@uvigo.es.

[3]      CECOOP-Universidad de Santiago de Compostela.

       Dirección de correo electrónico:  maite.cancelo@usc.es.

[4]      Galicia tiene 3.771 de las 4.907 entidades colectivas que hay en España, con más de 30.000 entidades singulares (más del 50 % de las entidades de este tipo en el conjunto del Estado).

[5]      Reconociendo la multiplicidad de acepciones que concurren en el término “Economía Social” (ver, a este respecto, la revisión realizada por  Monzón y Chaves, 2016) en este trabajo se adopta como tal "aquel   conjunto   de   empresas   privadas  creadas  para  satisfacer  las  necesidades  de  sus  socios  a  través  del mercado,  produciendo  bienes  y  servicios,  asegurando  o  financiando  y  en  las  que  la  distribución  del  beneficio  y  la  toma  de  decisiones  no  están  ligadas  directamente con el capital aportado por cada socio, correspondiendo un voto a cada uno de ellos. La Economía Social también incluye a las instituciones sin fines de lucro que son productores no de mercado privados, no controlados por las  Administraciones  Públicas  y  que  producen  servicios  no  destinados  a  la  venta   para   determinados   grupos   de   hogares,   procediendo   sus   recursos   principales  de  contribuciones  voluntarias  efectuadas  por  los  hogares  en  su  calidad  de  consumidores,  de  pagos  de  las  Administraciones  Públicas  y  de  rentas de la propiedad” (Chaves y Monzón, 2018). Esta definición es comúnmente aceptada por la comunidad científica al incorporar distintas aportaciones de investigadores en la materia (Chaves y Savall, 2019).

[6]      Hasta la fecha, la relación entre la ES y los ODS ha sido destacada principalmente desde un punto de vista institucional (Inter-Agency Task Force on Social and Solidarity Economy, 2014, 2015). Desde el ámbito académico, los estudios son más escasos, excepción hecha del reciente trabajo reseñado de Mozas (2019). No obstante, cabe destacar que existen estudios previos en la vinculación entre la ES y los denominados Objetivos del Milenio (OM), que pueden considerarse un precedente de los ODS.

[7]      Bel (2005) destaca el reconocimiento expreso del rol de las cooperativas como motor de desarrollo en el seno de la UE, desde un punto de vista social (por sus efectos en el mantenimiento de la población, favoreciendo la cohesión social) y económico, contribuyendo al desarrollo del tejido empresarial en la localidad en que se ubican. Este reconocimiento se materializa en distintos programas de apoyo, como el LEADER (desarrollo local). Este efecto, además, es independiente del contexto y el nivel de desarrollo del territorio (Buendía, Lins y Pires, 2000).

[8]      Es importante destacar que esta estimación se hace teniendo en cuenta exclusivamente la actividad de esas cuatro familias de la ES. Así, por ejemplo, si se incluye la actividad de las Cofradías de Pescadores (datos de resultados de 2017), la contribución de la ES al PIB de Galicia ascendería al 5,5 %.

[9]      Del resto de CCAA, únicamente Aragón tiene en 2019 un Anteproyecto de Ley de Economía Social. La lectura conjunta de este Anteproyecto y del Dictamen que sobre éste ha realizado el Consejo Económico y Social de Aragón revela la existencia de claras coincidencias con la LESG: por ejemplo, se incluyen idénticos principios adicionales (compromiso con el territorio y el desarrollo local y democracia institucional y económica); se prioriza la necesidad de adaptar la LES a un contexto regional y se establece la obligatoriedad de elaborar un registro de entidades de ES en idénticos términos que los recogidos por la ley gallega (art.7). Como conclusión general de la comparativa entre ambas regulaciones, se puede inferir que la LESG sirve como texto inspirador de los principios generales de la adaptación del marco regulatorio estatal a otro de carácter autonómico (Bastida, Vaquero y Cancelo, 2019).

[10]      Monzón (1991) señala el carácter anticíclico de la evolución de empleo en las cooperativas. El mismo resultado se obtiene en Díaz y Marcuello (2010) y Salinas y Osorio (2012), tras la crisis económica.

[11]      La Red Eusumo es una unidad específica de la administración gallega que centraliza las medidas de fomento y promoción de la ES en esta comunidad autónoma. Su creación es a través del Decreto 225/2012, de 15 de noviembre, por el que se crea la Red Eusumo para el fomento del Cooperativismo y la Economía Social y se regula su funcionamiento. La Red Eusumo se ocupa del fomento y ayuda a la consolidación de las entidades de ES, bien directamente o indirectamente, a través de otras entidades socias o de asesorías técnicas puntuales. Periódicamente se convoca una orden de ayudas que, bajo el formato de subvención, se destinan a la financiación de las acciones incluidas en el marco de actuación de la Red, que se cofinancian en una proporción del 80 % (Xunta de Galicia) y 20 % (entidades socias), lo que las convierte en una política de colaboración público-privada (Bastida, Cancelo y Olveira, 2019; Bastida, Vaquero y Cancelo, 2019; Bastida, Olveira y Savall, 2019).

[12]     En España, la Ley General de Cooperativas 3/1987, de 2 de abril, (sustituida por la vigente es la Ley 27/1999, de 16 de julio, de cooperativas) reconocía la competencia de las CCAA en materia de regulación y fomento de las sociedades cooperativas. A partir de la misma, todas las CCAA -con excepción de Canarias, que está actualmente tramitando dicha regulación- han asumido la competencia exclusiva en esta materia. El País Vasco fue pionero (la Ley 4/1993, de 24 de junio, de Cooperativas de Euskadi); seguido de Extremadura (Ley 2/1998, de 26 de marzo, de Sociedades de Cooperativas de Extremadura) y Galicia (Ley 5/1998, de Cooperativas de Galicia).

[13]     Este límite de edad se extiende hasta los 35 años para aquellos casos en que las personas presentan algún tipo de capacidad diferente.

[14]     Ver Bastida, Cancelo y Olveira (2019) o Bastida, Olveira y Savall (2019) para una descripción detallada de la Red Eusumo.

[15] Para un análisis en profundidad de las comunidades y mancomunidades de montes en mano común, ver Bastida, Vaquero y Olveira (2019a).