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En el Bicentenario de la Constitución de Cádiz. El posicionamiento del clero.

Isabel Corullón Paredes 12 de Noviembre de 2012 a las 17:00 h

De los 305 diputados que participaron en  las cortes constituyentes, 94 pertenecían al clero, lo que supone un tercio del total. Una parte de este grupo de diputados eclesiásticos tenía una ideología reformista, con una clara conciencia de la necesidad de introducir cambios profundos en la Iglesia hispana. Los diputados liberales optaron por aliarse con los eclesiásticos reformistas, como medio de lograr la acción del estado liberal sobre la Iglesia. Resultado de esta alianza fue el decreto de libertad de imprenta de 1810, que mantenía la censura en los libros de religión. En la redacción de la Constitución los liberales tuvieron que sacrificar la libertad religiosa, aceptando el polémico artículo que establecía el culto católico como el único verdadero y prohibía cualquier otro. Pero tras la promulgación de la Constitución, los liberales endurecieron su política eclesiástica, y promovieron reformas para acabar con  los privilegios. [Seguir leyendo]

  

A medida que el programa revolucionario se fue aplicando, la mayor parte del clero se desplazó hacia posiciones inmovilistas, de resistencia al liberalismo. A través de cuatro publicaciones conservadas en la BH, nos va a ser posible observar la evolución de este posicionamiento y sus características. El primero de ellos es el opúsculo anónimo Vindicación de la Inquisición y relación exacta de su modo de enjuiciar y proceder (BH FG 2102) publicado en el contexto del debate acerca del futuro del Santo Oficio. El Tribunal de la Inquisición llevaba años sin funcionar. En la España ocupada había sido suprimido por Napoleón en 1808, mientras que en el resto del país estaba prácticamente extinguido. Este opúsculo sería escrito para publicarse en un periódico, como se dice en el texto. Su autor es un claro exponente del clero reformista, y en esta obrita muestra el clima de entendimiento con los diputados liberales. Dice partir de la razón y la justicia para tratar con imparcialidad un  tema tan controvertido. Respeta a los que opinan que el Santo Oficio es poco acorde con la Constitución, pero trata de responder a las calumnias, sátiras e invectivas extendidas por el "reprobable partido" que se había formado contra la Inquisición. Defiende la justicia y rectitud de los procedimientos inquisitoriales de aquel momento, y la benignidad de los procesos, en comparación con los de la justicia ordinaria. A diferencia de éstos, en que los tormentos perduraron hasta que fueron abolidos por las Cortes, en la Inquisición, "el más recto y celoso de todos los tribunales" habían desaparecido hacía más de un siglo. Afirma la utilidad de ésta y previene de los graves inconvenientes que tendría su abolición. Confía su autor en que las Cortes se encargarán de reformar aquello que encontraran contrario a la Constitución, de modo que la Inquisición pueda seguir su curso, libre ya de toda asechanza e invectiva.

 

El debate sobre el Santo Oficio se había abordado en las Cortes a finales de 1812. Pero finalmente, al ser considerado incompatible con la Constitución, sería abolido en 1813.  En la Biblioteca Histórica se conserva un interesente documento que informa de la tensión que hubo en torno a la extinción de la Inquisición. Se trata del número del noticiario liberal El tribuno del pueblo español, [BH MED 5944(7)]correspondiente a Mayo de 1813, que publica la carta que el Cardenal Luis de Borbón, Arzobispo de Toledo y miembro de la Regencia, envía a los prelados y cabildos en la que informa que el Cabildo de Cádiz, y los párrocos ordinarios y castrenses de esta ciudad, "pretextando la defensa de la Religion y deseo de no comprometer su conciencia, se opusieron á que se publicase en las parroquias el Decreto y  Manifiesto de las Cortes sobre el establecimiento de tribunales protectores de la Fé, en vez de la Inquisición extinguida" y denuncia la existencia de una carta que tenía en su poder dicho Cabildo del Nuncio Papal en España, dirigida al Dean y Cabildo de la Iglesia de Málaga, exortando a que se dilatase e incluso se resistiese el cumplimiento de dicho Decreto de las Cortes.

 

La abolición del Santo Oficio desató una campaña antiliberal dentro y fuera de las Cortes a cargo del clero. Afloró con toda su fuerza el pensamiento reaccionario que se había desarrollado en los últimos años del siglo precedente en respuesta a la Revolución Francesa, y se caracterizaba por el patriotismo antirrevolucionario y su defensa a ultranza de monarquía y la religión católica. Los reaccionarios consideraban por igual a los liberales que a los afrancesados, identificables con los jacobinos, ateos y francmasones. En este contexto se sitúa la edición de la obra del jesuíta ultramontano francés Agustin Berruel, Compendio de las memorias para servir a la historia del jacobinismo, traducida, según informa la portada, para dar a conocer a la nación española la conspiración de los filósofos, franc-masones, é iluminados contra la religión, el trono y la sociedad (BH FLL 36657). Los ultramontanos defendían los derechos de la Santa Sede frente a las políticas anticlericales que se llevaban adelante en Francia, Alemania y en otros países, a cargo de gobiernos liberales. Resulta curioso como se transformó el pensamiento reaccionario español, que comenzó identificando como pernicioso todo lo que procedía de Francia y terminaría aliándose con el clero galo ultramontano.

 

Consecuencia de la alarma producida por la deriva de los debates de las Cortes, fueron también las llamadas Cartas del Filósofo Rancio. Bajo este seudónimo se escondía el agustino Francisco Alvarado. El título completo de la obra informa bien de su intención: La maza de Fraga sobre los filosofastros liberales del día o Cartas críticas del Filósofo Rancio (BH FLL 37418). Nacido en 1756 en una familia campesina, frecuentó de niño el colegio de los jesuitas en Marchena y a los quince años ingresó en el convento dominico de San Pablo de Sevilla. Cursó estudios de filosofía y teología. Al llegar los soldados franceses a Sevilla, en 1810, marchó a Portugal. Entre agosto de 1810 y febrero de 1811 escribió un tomo de once Cartas inéditas, publicado póstumamente en 1846; en ellas expone los proyectos de reforma de España  para ser tratados en las nuevas Cortes reunidas en Cádiz. Francisco Alvarado estaba próximo al grupo de los diputados institucionalistas, abiertos a las nuevas ideas y partidarios de un programa amplio de reformas, pero siempre acordes con la realidad del Antiguo Régimen. Pronto, sin embargo, al observar la deriva de las discusiones, se dedicará a combatir a los progresistas, en las llamadas Cartas críticas del filósofo rancio, casi medio centenar de cartas publicadas desde 1812. En estas cartas Alvarado se muestra acérrimo adversario de cualquier innovación filosófica o política procedente de afrancesados, jansenistas, masones y librepensadores. Atacó a Bartolomé José Gallardo y a Agustín Argüelles. El volumen conservado en la Biblioteca Histórica corresponde a la Carta I, y en el que anuncia la publicación de sucesivas cartas. En esta primera el padre Alvarado impugna el discurso de Argüelles sobre la contribución de los diezmos, por considerar que iba contra la integridad de los bienes de la Iglesia. Alvarado fue uno de los libelistas reaccionarios más destacados.

 

La mayor parte de la jerarquía católica optó por el absolutismo, cerrando el camino a un posible catolicismo liberal. Muchos serían premiados por Fernando VII, Francisco Alvarado entre ellos, nombrado miembro del Consejo de la Inquisición.

 

 

Bibliografía

  • España 1808-1814 : de súbditos a ciudadanos, [S.l.], 2008

 

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