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Sin castigar

Antonio Poveda 12 de Mayo de 2011 a las 09:31 h

Desde el jueves pasado a medianoche tenemos entre nosotros a un grupo de personas (agrupadas bajo protectoras siglas) que optan a que les tomemos tanto "cariño" que lleguemos a levantarnos el próximo domingo día 22 con la intención de acercarnos a un colegio, entrar en él, buscar sus nombres impresos en papeletas, meterlas en un sobre y éste a su vez en una determinada urna. Es decir, "Habemus" elecciones...

Tendremos políticos por la calle, en los periódicos, en los mercados, en los cafés, en los parques, en San Isidro con una gorra comiendo "listas" y "tontas",  tirados por el suelo jugando con nuestros niños, nos los toparemos de repente en sitios que ellos no volverán a pisar en cuatro años, tiempo que transcurre hasta que vuelven a necesitar que los queramos de nuevo.

Una vez elegidos, se meten en el ayuntamiento, y de ahí al coche oficial con lunas tintadas para que cuando los veamos pasar a toda velocidad por la calle especulemos con el "gracioso" que viaja en el cochazo que nos ha empapado de agua a toda velocidad.

Esperemos (casi nos convencen siempre) que esta vez, los "ocupantes" sean honrados en su quehacer político, que no "metan mano" en las arcas mas de lo que deben, ni en los Planes Urbanísticos que les toque firmar. La mayoría lo son, que conste. Pero en un cesto tan grande siempre hay manzanas....mas "pasaillas" que otras.

Aunque si hacemos caso al estudio que se ha publicado en Fundación Alternativas, mas o menos da lo mismo que un alcalde o concejal sea corrupto, o este imputado (o aun sólo denunciado). El castigo en las urnas es mínimo o inexistente. Al menos en poblaciones costeras con mayor población que la media y amplias "eras" de suelo susceptible de enladrillar (cuanto mas cerca de la playa, mejor), y sobre todo si perteneces a uno de los dos "grandes".

Dos profesores de la Universidad de Nueva York, Gonzalo Rivero y Pablo Fernández-Vázquez constatan en un informe que los políticos inmersos en acusaciones de corrupción, apenas sufren castigo electoral en las ciudades donde vuelven a presentar su candidatura. Sólo han estudiado casos en Andalucía y Valencia, las dos comunidades con más voluntarios al bandolerismo consistorial, pero suponemos que podemos extrapolarlo al resto del país.

"Las consecuencias electorales de los escándalos de corrupción municipal, 2003-2007" es un estudio de la Fundación Alternativas.

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