La educación es un derecho que todos los ciudadanos tenemos, así lo afirma la Constitución española de 1978. Sin embargo, las escuelas públicas encuentran reducida su capacidad de actuación para proporcionar el derecho a una educación digna y de calidad debido a los recortes de presupuestos, medios, materiales y recursos que se vienen realizando en nuestra sociedad española.