BYBLOS
Revista de Historiografía Histórico-Jurídica
ISSN 1885-3129


La conflictividad judicial ordinaria en la Galicia Atlántica (1670-1820). Bouzas y otros juzgados gallegos del siglo XVIII
Juan Miguel González Fernández
Instituto de Estudios Vigueses, Vigo, 1997, 262 pgs.


Hace ahora medio siglo, Alfonso García-Gallo, el gran maestro de los historiadores del derecho, se planteaba la crisis en la que se hallaba inmersa nuestra disciplina como consecuencia de su indefinición metodológica: era "historia" para los juristas y "derecho" para los historiadores. De esta manera, la Historia del Derecho navegaba por un mar de nadie con un rumbo totalmente incierto. En aquel momento, García-Gallo consideró que los males de la Historia del Derecho tendrían su fin reconduciendo los estudios histórico-jurídicos hacia a la ciencia del Derecho, de la que, en su origen, habían surgido. Pero la crisis, en mi opinión, no se debía a un simple problema de catalogación científica de nuestra disciplina, sino a que la Historia del Derecho se había quedado anquilosada en cuanto a su método de trabajo y en cuanto a la temática de investigación. En efecto, mientras en el campo de la Historia general en todo el mundo triunfaban los postulados de la orientación de los Annales, los historiadores del derecho españoles –con García-Gallo a la cabeza- seguían cultivando una historia institucional y de las fuentes jurídicas extremadamente formalista y circunscrita a la Edad Media, de manera que se situaba en las antípodas de lo que los historiadores "generalistas" estaban haciendo. De la misma manera, esa predilección por las fuentes e instituciones medievales, era lo que hacía poco seductora e inútil la Historia del Derecho para los juristas, quienes buscaban en dicha materia una explicación más inmediata de los fenómenos jurídicos.

Tampoco la ampliación cronológica del campo temático de investigación puso fin a nuestros males. En la década de los sesenta y de los setenta el horizonte del medievalismo empezó a quedar superado por toda una generación de historiadores del derecho que centraron sus esfuerzos en la Edad Moderna. No hace falta citar sus nombres, porque están en la mente de todos. Pero a pesar de que la riqueza de las fuentes de la Edad Moderna ofrecían infinitas posibilidades en relación a los fueros, crónicas y documentos medievales, el peso de la orientación "institucional", propugnada por García-Gallo, o de la "historicista" –cuyo más genuino representante puede ser Tomás y Valiente- no permitieron una auténtica renovación metodológica de los estudios histórico-jurídicos. Es cierto que no faltaron autores que intentaron aplicar los postulados del materialismo histórico a nuestra disciplina, pero salvo en los aspectos terminológicos, no se consiguieron aportaciones importantes.

No es este el momento de entrar a valorar la situación en la que se encuentra hoy, en las puertas del siglo XXI, nuestra disciplina. De ello me estoy ocupando en un artículo que verá próximamente la luz. Pero todas estas reflexiones se me presentaban una y otra vez a medida que iba leyendo el libro de Juan Miguel González Fernández sobre la conflictividad judicial en Galicia que ahora recensionamos.

Sería injusto silenciar que, en los últimos años, en el campo de la Historia general se ha producido un importante cataclismo metodológico. Los "generalistas" también han tenido su derrumbamiento del muro de Berlín. Ello ha significado una reorientación de los estudios históricos hacia nuevos horizontes (historia de género, historial oral, etc.) o reencontrarse con la historia de las instituciones, dejando a un lado los temas de índole económica. Las instituciones locales, la hacienda o la administración de justicia vuelven a ser objeto de atención, circunstancia que, como historiador del derecho y de las instituciones, me congratula. Sin embargo, cuando tenemos la ocasión de leer los estudios que sobre la instituciones realizan los "generalistas", no podemos más que reconocer la enorme distancia que, desde el punto de vista metodológico, hay entre sus trabajos y los nuestros, los de los historiadores del derecho. Mientras que los primeros han ido progresando al hilo de las renovaciones metodológicas que se han producido en el campo de la Historia, los segundos siguen anclados en una historia institucional formalista, descriptiva y totalmente al margen de la realidad social. No le interesa ni a los juristas ni a los historiadores. No hemos salido de la crisis -que denunciaba García-Gallo- en la que se encontraba la Historia del Derecho hace cincuenta años. Seguimos donde estábamos. Pero vayamos al libro de González Fernández.

Es una pena que en el libro de González Fernández sólo se haya podido recoger uno de los tres capítulos que componían su tesis doctoral originaria, pero debemos suponer que las prioridades editoriales jugaron una vez más en contra del investigador. Desconozco el resto de la obra, pero es probable que alguno de los interrogantes que se aprecian en el libro se encuentren perfectamente solucionados en el trabajo originario. Desde estas líneas sugiero al Doctor González Fernández a que publique a modo de artículo las partes que quedaron fuera del libro, si es que no lo ha hecho ya.

El tema, en mi opinión, es fundamental. Desde hace años he sentido especial preocupación por la administración de justicia, no sólo en Castilla, sino también en Indias y conozco perfectamente la problemática de su estudio. La historiografía se ha ocupado en los últimos años de los grandes temas –no todos- y, sobre todo, de los órganos superiores (Audiencias, Consejos, corregidores, adelantados….), pero la justicia inferior –real y señorial, no podemos olvidar la importancia de ésta última- ha sido la gran olvidada. Recientemente he insistido en este problema en un artículo publicado en los Cuadernos de Historia del Derecho del Departamento de Historia del Derecho de la Universidad Complutense y, por ello, en la actualidad, se están realizando algunas tesis doctorales dentro de esta línea de investigación

En este tema, una vez más, se pone de manifiesto el atraso que nuestra Historia del Derecho arrastra frente a lo que se está haciendo en Inglaterra, Francia o en Italia principalmente de la mano de los historiadores "modernistas" quienes, primero, con el Criminal Justice Bulletin y, después, con la revista Crime, History and Societies están dando salida a importantes trabajos. Ciertamente, hay que reconocer, que el estudio de la administración de la justicia inferior se encuentra con la enorme dificultad de lo escasa y fragmentaria que es la documentación judicial de esta naturaleza y muy especialmente la criminal. Esto supone un verdadero reto para el investigador que se ve obligado a acudir a fuentes indirectas (índices de escrituras, protocolos notariales, etc.) para dar visión completa del fenómeno.

El libro del Doctor González Fernández se encuentra dividido en diez capítulos, prólogo –del profesor Pegerto Saavedra-, presentación, conclusiones, fuentes y bibliografía.

El capítulo primero está dedicado al análisis de las fuentes. En él se destaca la escasez del volumen de los fondos judiciales gallegos de primera instancia frente a las series más ricas que se han conservado de la Real Audiencia de Galicia. Se trata, fundamentalmente, de pleitos civiles que corresponden cronológicamente al siglo XVIII. El autor pone de manifiesto la relación existente entre la conflictividad judicial y la evolución de la coyuntura agraria de dicho siglo, a la vista de que la mayor parte de la documentación por él consultada procede del ámbito rural. De ello, concluye que "cuando la coyuntura económica es positiva, el volumen de los litigios es bajo y sólo se altera moderadamente con el efecto de alguna gran crisis de subsistencia. Por el contrario, cuando la situación se degrada, prolongándose durante varios decenios, afectará a todos los sectores sociales, pero en especial a los más desfavorecidos, quienes no pueden hacer frente a los pagos de la renta de la tierra o al alquiler de las viviendas urbanas, se muestran inflexibles en las partijas y en los derechos comunales, intentan oponerse o beneficiarse de los bienes en disputa, etc. siempre bajo la presión de los dueños de la riqueza, los cuales también verán mermados sus ingresos, justo cuando necesitarían incrementarlos para seguir manteniendo su elevado tren de vida" (p. 22). Pero destaca González Fernández que la influencia de la situación económica no se manifiesta del mismo modo en otros tribunales reales, como la Audiencia de Galicia, debido a que el elevado coste de la justicia la hacía prácticamente inaccesible a los pleiteantes de escasa condición económica.

Respecto a las causas criminales, aunque las fuentes directas, nos dice el autor, son más escasas, gracias a los recuentos de presos de la cárcel pública y seglar de Santiago, puede establecer una relación entre el aumento de la delincuencia y la crisis económica de la década central del siglo XVIII (p. 24). Del análisis de los procesos conservados del juzgado de Bouzas queda claro "que existe una relación entre las nuevas cosechas y el aumento de las demandas judiciales" (p. 31).

En el capítulo segundo se estudia el origen de las relaciones de vecindad de los litigantes y la procedencia geográfica de las partes en litigio para el juzgado del Asistente de Santiago. A éste acudían preferentemente –un 90%- pleiteantes pertenecientes a distintas partes del señorío del Arzobispo, mientras que el modesto juzgado de Bouzas, por razones obvias, se nutría de vecinos y algunos domiciliados en jurisdicciones vecinas.

El estudio de la duración de los pleitos es objeto de atención en el capítulo tercero. Se trata de un aspecto importante del trabajo, ya que uno de los tópicos más repetidos acerca de la administración de justicia del Antiguo Régimen radica, precisamente, en la lentitud de la misma. Por de pronto hay que señalar el elevado número de causas que quedaban inconclusas. Así, por ejemplo, señala González Fernández, que en el juzgado del Asistente de Santiago, las causas civiles, "dos de cada tres quedan sin sentenciar, elevándose a la mitad las de igual naturaleza entre las de Bouzas"(p. 46). Es interesante comprobar que en materia civil –mucho más lenta que la criminal por el excesivo formalismo del proceso-, en el tribunal del Asistente de Santiago, una tercera parte de las causas se solventaban antes de seis meses; otro tercio no superaba el año y, finalmente, el tercio restante podían prolongarse entre dos y cuatro años. Del análisis de los procesos de Bouzas se desprenden análogas conclusiones (pgs.47-48).

En el capítulo cuarto se aborda otro de los temas poco estudiados hasta el momento. Se refiere al precio de la justicia ¿Era caro pleitear durante el Antiguo Régimen? Tradicionalmente y ligada a la convicción anterior de la larga duración de los procesos se venía afirmando que la justicia implicaba un alto coste para las partes. El problema principal deriva del hecho de que no siempre en las causas aparecen reflejas las costas, pero ello no ha impedido al Doctor González Fernández establecer, con los pocos datos que se han conservado, la manera en la que se distribuían las costas entre los oficiales que intervenían en las causas del juzgado de Bouzas (pgs. 56-59). El coste de un litigio, evidentemente, varía en función del conjunto de actuaciones judiciales. Por término medio, mientras que en el tribunal del Asistente de Santiago una causa de menos de veinte hojas no solía superar los 100 reales, en Bouzas esta cantidad se reducía a la mitad. Pero las siguientes diez hojas podían triplicar el costo, llegándose a los 300 reales. No es de extrañar, pues, que si la causa se alargaba las partes acudieran a convenios de avenencia ante el peligro que el pleito superara el precio del objeto en litigio. Un proceso un poco extenso "suponía desembolsar el equivalente a un buen trozo de propiedad campesina" (p. 63). En conclusión, se puede afirmar que la justicia era bastante gravosa para las economías más débiles, circunstancia que no está reñida con el tradicional apego a litigar de los gallegos. Ello se explicaría, según el autor, a que Galicia es "un mundo de pequeños propietarios rurales, cuya subsistencia se debate en un estrecho margen de equilibrio, de ahí que cualquier amenaza contra sus bienes o contra los usos y derecho adquiridos, suponga un grave peligro que requiere una respuesta decidida. Por otro lado –añade González Fernández- esa afirmación no es estrictamente cierta, pues muchas veces la actividad judicial se rompe con el extendido recurso al apartamiento por acuerdo mutuo y en otras se recurre a estrategias de contraataque, caso de las no menos pródigas "requerellas", con las que se intentaba involucrar al actor como copartícipe del delito" (p. 64).

Las circunstancias personales de las partes son objeto de atención en el capítulo quinto. Al igual que en los capítulos anteriores, mediante el uso de tablas, el autor nos refleja la composición por edades de los pleiteantes civiles que asistieron al juzgado del Asistente de Santiago, así como en las causas civiles y criminales en el tribunal de Bouzas. El Doctor González Fernández hace especial hincapié en la participación de la mujeres, especialmente en los pleitos de índole criminal. Otro aspecto analizado igualmente en este capítulo es la tipología de causas tanto civiles como criminales en las que se enfrentaron familiares directos o colaterales. Es ciertamente significativo que al menos uno de cada cinco litigio civiles que se ventilaron ante el juzgado de Bouzas enfrentaron a miembros de una misma familia en diverso grado. Obviamente, los motivos de la disputa se centró en bienes hereditarios, deudas y posesión de tierras. Y una proporción análoga se detecta también ante el tribunal del Alcalde mayor o Asistente de Santiago.

Muy relacionado con el capítulo anterior se encuentra el dedicado a la participación de los grupos sociales en los litigios. El hecho de que en los expedientes judiciales no suele recoger la profesión de las partes dificulta la elaboración de unas tablas precisas, pero el autor, gracias a los datos suministrados por el Catastro de Ensenada, ha solventado el problema, con lo que ha podido identificar a muchos de los pleiteantes y reconstruir con cierto grado de fiabilidad la cuota de participación de los principales grupos sociales. En el foro compostelano no es de extrañar que el mayor índice de participación corresponde a los artesanos (25,9 %), seguido de los mercaderes (20,7 %), seguidos a distancia de labradores (11,6 %), oficiales de la administración y personas dedicadas a la enseñanza (11,6 %). Queda de manifiesto que estos grupos socio-profesionales tienden a litigar entre ellos y mediante una tabla (p. 82), el autor del libro recoge de una forma muy expresiva la relación existente entre estos grupos sociales y la temática de los asuntos que les llevaban ante la justicia. Este mismo análisis se realiza con la documentación judicial de Bouzas, haciendo especial hincapié en las clases privilegiadas (hidalgos, rentistas y clero) tanto en las causas civiles como criminales (pgs.86-92).

El capítulo séptimo –el más largo del libro- se centra en el estudio de la temática de las causas judiciales estudiadas por el autor. Siguiendo la sistemática que ha utilizado en los capítulos anterior, González Fernández, establece una diferencia entre pleitos civiles y criminales, y, dentro de ellos, analiza por separado los procedentes del tribunal urbano del Asistente de Santiago y los que proceden del juzgado rural de Bouzas.

Como es sabido, el Asistente de Santiago hacía las funciones de un alcalde mayor señorial que conocía en primera instancia de todas aquellas causas que se suscitaban en la ciudad compostelana, así como de las jurisdicciones dependientes de la Sede arzobispal. De la misma manera, podía conocer en grado de apelación los fallos dictados por las justicias inferiores del señorío. Del estudio de la documentación conservada del tribunal del Asistente, el autor puede comprobar que en dicho señorío sus habitantes vivían fuertemente endeudados dado que sus recursos resultaban insuficientes para hacer frente a las obligaciones contractuales adquiridas, especialmente en épocas de mala coyuntura económica. Un 47,6 % de las causas civiles conservadas se refieren a impagos o deudas (de rentas, de géneros, dinerarias, de servicios o de dotes). Pero el panorama que nos ofrece la documentación del juzgado de Bouzas no dista mucho del compostelano: las causas civiles entabladas por motivos de impagos o deudas asciende al 37, 9 %. No cabe duda que se trata de un fenómeno generalizado como lo ratifica la tabla confeccionada con los poderes notariales para pleitear procedentes del corregimiento de Bayona (p. 114).

A la hora de estudiar las causas criminales, González Fernández destaca el hecho de que en un mismo pleito se consignan dos e, incluso algunas veces, tres delitos. Así, por ejemplo, es frecuente encontrar las lesiones unidas a las injurias. En el juzgado de Bouzas predominan los "malos tratos de palabra y obra", que el autor identifica con lesiones, injurias y calumnias (p. 115).

Al igual que en el análisis de las causas civiles, mediante tablas se nos presentan los porcentajes de la tipología criminal que se ha encontrado en los pleitos del juzgado de Bouzas y en los Indices del escribano Araujo Troncoso, que son oportunamente comparados con los confeccionados con las causas criminales de Pontevedra. De esta manera se trata de hallar un contrapunto entre la documentación eminentemente rural de Bouzas frente a la delincuencia urbana de Pontevedra. Apenas difieren una y otra, por lo que "se deduce que el juzgado ordinario de Pontevedra era un punto de encuentro entre el mundo rural y el urbano" (p. 117). En efecto, "cualquier semejanza que se pretenda establecer con la delincuencia de otras ciudades españolas, caso de Málaga o Sevilla, italianas, como Siena, y también francesas: París Anjou o Angulema será totalmente ilusoria, pues frente al burgo tradicional y en decadencia como Pontevedra, las urbes citadas muestran un carácter dinámico y cosmopolita, producto del cual es la difusión y primaciía de los delitos contra la propiedad –hurto y robo-, así como también encuentran un lugar destacado aquellos que van contra la moral o la libertad sexual y contra la vida o la integridad física de las personas, que alcanzan su máximum en el asesinato" (p. 118). Frente a lo que Tomás y Valiente afirmó en su día (El Derecho penal de la Monarquía absoluta, p. 74), que el honor propio de las élites se fue extendiendo al estado llano, nuestro autor, más acorde con lo que señaló Castan en Francia, en la documentación de Bouzas se detecta que detrás de las querellas rurales existe un componente económico, ya sea por servidumbres de aguas, impagos de deudas o herencias.

Mucho más problemática es la evaluación de las relaciones extra-conyugales ya que tanto la Iglesia como la justicia secular poco podían hacer frente a la arraigada permisividad social que se detecta en los siglos XVII y XVIII. Las relaciones ilegítimas quedaban encuadradas en cinco posibles situaciones: la violación; las relaciones esporádicas; las protagonizadas por las mujeres desamparadas, marcadas por la miseria material o espiritual; las parejas estables que por impedimentos legales o por decisión propia no sacralizaban su unión; y las que tienen por protagonistas a las mujeres que carecían de dote suficiente o no ser del gusto de la otra familia, quienes buscaban un matrimonio forzoso procreando un hijo que les asegurara la supervivencia en el futuro.

Otra de las cuestiones tratadas por González Fernández en este capítulo es la de "delincuencia organizada", aunque los juzgados ordinarios estaban ajenos a este tipo de delitos para los que era competente la Real Audiencia. Recuérdese que, precisamente, las Real Audiencia de Galicia nació para poner fin al clima de violencia que vivía el Reino de Galicia durante el reinado de los Reyes Católicos. Pero gracias a algunos datos aislados, el autor da constancia de una actividad criminal de cierta importancia que, en la ciudad de Santiago, llegó a adquirir tintes alarmantes por ser el punto de convergencia de miles de peregrinos. Las actividades de las bandas de salteadores en el Reino de Galicia se pueden constatar durante el siglo XVIII y, sobre todo, a partir de la Guerra de la Independencia.

Junto al bandolerismo, otro de los problemas endémicos del Reino galaico lo constituía, por razones obvias, el contrabando. Este tuvo efectos muy perniciosos para algunos sectores de la economía gallega, principalmente desde el final de las guerras napoleónicas. A pesar de los esfuerzos por parte del Estado –creación de los cuerpos de carabineros y guardacostas- el contrabando no pudo ser desarraigado de Galicia al convertirse en uno de los medios de vida de un sector importante de la población gallega.

El capítulo octavo –otro de los más extensos del libro- tiene por objeto el estudio de las sentencias y de los asesores letrados. La intervención de éstos últimos, como es sabido, era imprescindible en todas aquellas causas en las que el juez competente no era letrado, circunstancia muy frecuente en las instancias inferiores de la administración de justicia.

Aunque, en principio, la determinación del asesor letrado se hacía por acuerdo de las partes en los pleitos civiles, en caso de no llegar a un entendimiento era el juez quien lo nombraba de oficio. Ante las numerosas recusaciones, desde la segunda mitad del siglo XVIII era la Real Audiencia quien designaba un letrado coruñés. De esta manera la justicia sufrió un considerable encarecimiento a causa de las tasas que debían devengarse en concepto de "espórtulas" o traslado del expediente desde la jurisdicción de origen a la ciudad de La Coruña. Se llegó así al absurdo de pagarse más por las espórtulas que por la asesoría propiamente dicha.

En el juzgado de Bouzas, lo mismo que en otras jurisdicciones, se aprecia una tendencia a remitir los expedientes de las causas a un determinado número de letrados, hasta el punto que entre tres y seis abogados llegaron a dictar cerca del 70 % de los pleitos (p. 161).

La carestía de la justicia fue, sin duda, una de las causas que propiciaron con frecuencia acuerdos extrajudiciales. Así queda de manifiesto en el libro de González Fernández, principalmente en las causas criminales dada la naturaleza de éstas (lesiones, injurias y calumnias). También eran frecuentes los acuerdos en las causas civiles relativas a servidumbres y compraventas, sobre todo cuando el valor del objeto en litigio era pequeño. En contraste con lo que sucedía en la jurisdicción boucense en donde, incluso, los asesores incentivaban la práctica de llegar a concordias extrajudiciales, en el juzgado del Asistente arzobispal "no se estilaba la práctica del apartamiento por ajuste y convenio".

Al contrario de los que sucede en Francia, el autor constata el bajísimo porcentaje de convenios extrajudiciales consignados en los protocolos notariales. Estos se pueden dividir en dos grupos; uno que corresponde a los que se estipulaban al margen de cualquier reivindicación judicial, con lo que estaríamos más bien ante unos convenios de carácter preventivo y no tener que recurrir a los tribunales; y otro grupo está integrado por aquellos acuerdos que se susbcribían una vez iniciado el expediente judicial. En todo caso significan "un número ridículo comparado con las concordias que se ajustan por esa u otras vías en el conjunto de los pleitos, de modo que los pactos ante notario representan un porcentaje muy pequeño dentro del total de los arreglos concertados" (p. 171).

En contenido de los convenios, como es obvio, varía en función de la materia que haya suscitado la disputa. En los pleitos civiles se intenta buscar una solución satisfactoria para ambas partes, mientras que en los criminales –dada la levedad del delito- junto a las costas procesales, se suelen incluir los gastos de curación, indemnizaciones por días de trabajo perdidos y los "gastos particulares". En Bouzas, los convenios de las causas civiles eran automáticamente ratificados ente el juez de la causa, pero en las querellas y causas de oficio criminales, con muy pocas excepciones, se remitían los autos al asesor letrado para que éste se pronunciase a la vista de ellos. No obstante, en la década final del XVIII, esta labor quedó en manos del juez que incoaba la causa, que acabaría por imponerse en los primeros años del siglo XIX.

Un tema, en mi opinión, de gran importancia abordado por el Doctor González Fernández es el de la posible parcialidad de los jueces a la hora de sentenciar, favoreciendo de alguna manera a los socialmente privilegiados. En otras palabras: si la justicia era corrupta o no. Señala con acierto el autor que conviene tener presente que "la propiedad de los bienes y de los servicios casi siempre está en sus manos [de los privilegiados], de ahí que resulte lógico que en muchos casos la razón tenga que estar de su parte" (p. 181). Por ello, en el juzgado de Bouzas, si parte de este grupo la iniciativa del pleito, las sentencias les fueron favorables en un 90 %, mientras que cuando han sido colocados en la posición de demandados, es la parte contraria la que resulta mayoritariamente beneficiada. Del mismo modo, en el tribunal del Asistente de Santiago –donde hay una mayor heterogeneidad socioprofesional- el juez se inclinará casi siempre dándole la razón a las capas sociales más altas (hidalgos, clero catedralicio o parroquial) "de modo que tan sólo cuando el interés de lo disputado era reducido saldrán airosos los humildes". "La realidad –nos dice el autor- en estas dos esferas judiciales bien distintas del siglo XVIII –la prevalencia de las élites- contrasta con lo que sucede en la Chancillería de Valladolid durante los siglos precedentes, en la que como demandantes los privilegiados alcanzan a ganar en sólo un 40,2 % de los litigios, aunque en posición contraria lleguen al 71,8 %, lo que ha dado a pensar, al menos en ciertas causas célebres, que los oidores estuviesen deseosos de mostrar su imparcialidad, revocando a favor de los modestos la decisión de la justicia ordinaria, o quizás simplemente se tratase de un posicionamiento en el sordo impulso por el poder que mantenían el rey y los señores" (p. 182). Es una lástima que no haya profundizado más González Fernández en este punto y nos haya explicado este contraste entre los juzgados estudiados por él y la Chancillería de Valladolid. Tradicionalmente se ha venido acusando de corrupta a la justicia del Antiguo Régimen, cuando, en mi opinión, el tema todavía no ha sido estudiado en profundidad. Estos porcentajes obtenidos de los juzgados de Bouzas y del Asistente de Santiago pueden ocasionarle a una lector poco conocedor del tema una impresión de corrupción más menos generalizada en la que el privilegiado solía salir triunfante en los litigios. Es preciso insistir que en un amplio porcentaje los jueces –reales y señoriales- se veían obligados a acudir al asesor letrado. Es éste, y no el juez, quien en realidad dictamina los pleitos, de manera que, en última instancia, la trama de la corrupción debe dirigirse hacia ellos y no hacia los jueces. Merecería la pena hacer un estudio más detenido de este tema.

Por lo que respecta al capítulo de sanciones, "la cárcel fue la sanción privativa de libertad más ampliamente recurrida, aplicándose por periodos cortos en casos de delitos leves" (p. 189). De esta manera, la prisión preventiva –acompañaba a menudo del embargo de los bienes del reo- se fue convirtiendo en la pena más sufrida antes de dictar la sentencia, de aquí que en muchas ocasiones ya se consideraba castigo suficiente. Señala el autor cómo a partir de 1770 se observa una reducción de los días de cárcel impuestos, reduciéndose los quince de costumbre a sólo ocho, sin que tampoco falten algunas condenaciones a tres o cuatro días de cárcel. De la misma manera, en el juzgado de Bouzas, las multas pecuniarias fueron frecuentes, pero prácticamente desaparecieron en la década de los ochenta del siglo XVIII. Es ciertamente curioso cómo los ingresos en concepto de penas de Cámara, que habían sido considerables en el siglo XVI, durante el setecientos la importancia sería mínima (p. 191).

En el capítulo noveno González Fernández trata el rema de la ejecución de las penas en donde se nos describe el régimen carcelario del señorío compostelano. Por su parte, el capítulo décimo está dedicado a los recursos e impugnaciones. Previamente, González Fernández no hace un sintético bosquejo de la organización de la administración de justicia del señorío arzobispal, pero, en mi opinión, para un lector poco conocedor del tema –a pesar del cuadro realizado por el autor- no quedan claros algunos aspectos, como la jurisdicción recurrente entre el Juez de la Quintana y el Asistente. Tal vez hubiera sido deseable una breve evolución institucional de ambas figuras y matizar cuándo el Asistente actuaba como juez de primera instancia y cuándo lo hacía como juez de apelaciones.

Por encima de todas las jurisdicciones del Reino de Galicia estaba, como es sabido, la Real Audiencia. Por los datos manejados por el autor del libro, sólo una pequeña proporción de pleitos –no llegan al diez por ciento- eran apelados ante la Audiencia. Estos eran, principalmente, relativos a impagos de deudas y, en menor medida, sobre posesión y propiedad de bienes. Dentro de las causas que llegaron en apelación ante la Real Audiencia ocupan un lugar proptagonista los litigios en los que intervenían hidalgos. A pesar de las supuestas irregularidades en las que pudieran incurrir los oidores gallegos, lo cierto es que la Real Audiencia representaba, al menos a priori, una justicia fuera del alcance de los intereses localistas.

El libro del Doctor González Fernández finaliza con un capítulo dedicado a las conclusiones de su estudio. En entre ellas, podemos destacar las siguientes:

1º La Galicia de la Edad Moderna era un "gran feudo señorial". Sin embargo, la distribución del poder señorial distaba mucho de ser homogénea. La nobleza titulada conservaba la potestad jurisdiccional sobre la mitad de los habitantes del Reino gallego. También el señorío eclesiástico secular tenía una implantación muy desigual: los cabildos catedralicios compartían la potestad señorial con sus obispos, mientras que los grandes monasterios –otrora muy poderosos- durante este periodo han pasado a un papel secundario. En definitiva, señala el autor, una decena de nobles titulados, el obispo de Tuy y el monasterio de Celanova pueden ser considerados como grandes señores, "mientras que tan sólo el Conde de Lemos y el Arzobispo de Santiago llegaron a ser auténticos magnates" (p. 220).

2º La instauración de la Audiencia de Galicia trajo estabilidad política al Reino. Durante el quinientos se produjo la consolidación del marco jurisdiccional. "Es seguro que la Real Audiencia no era un tribunal de intachable reputación y que amparaba las prerrogativas de clase, pero sí había bastante de cierto en que estuvo por encima de los mezquinos intereses locales que empañaban los juzgados ordinarios, además de posicionarse siempre en la línea de preservar la legalidad vigente, por eso gozaba de firme credibilidad entre algunos paisanos, los cuales ante una injusticia no dudaban en recurrir a ella" (p. 232.). El entramado jurisdiccional se caracteriza por su complejidad "a causa de la proliferación e indefinición de ámbitos jurídicos paralelos o jerárquicos (justicia real, justicia señorial, justicia eclesiástica, Santo Oficio, etc.). A él vino a sumarse, en la segunda mitad del siglo XVIII, la Intendencia y sus subdelegados. Los juristas gallegos de la Ilustración vienen a coincidir que la justicia gallega se encontraba en un estado lamentable, en manos de unos "jueces ignorantes y carentes de dotación asignada y, sobre todo, unos escribanos ambiciosos y manipuladores" (p. 224).

3º La fama de litigantes de los gallegos "tiene en términos absolutos su rigurosa constatación en la práctica judicial cotidiana, si bien carece de datos sobre otras áreas con los que contrastar", no obstante hay que tener presente el elevado número de convenios y abandonos.

4º A pesar que los contemporáneos se quejaban de la prolongada duración de los pleitos, los juzgados analizados en el libro ponen de manifiesto que, sin ser expeditivos, no tardaban demasiado en solventar los expedientes. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que el motivo de los litigios en ellos incoados eran de escasa cuantía, lo que implicaba una brevedad procesal que contrasta con otras causas en las que se ventilaban grandes patrimonios.

5º Por lo que respecta al coste de la justicia, éste variaba, obviamente, en función de las actuaciones realizadas y, a veces, de la concurrencia de compensaciones y multas. En líneas generales cualquier litigio suponía una pesada carga para las economías más débiles, pero aún así, los cultivadores se veían obligados a acudir a la justicia cuando sus intereses estaban amenazados. "Para el hombre corriente de la Galicia Moderna los pleitos resultaban largos y costosos, de ahí que la mitad más o menos de los litigios acabaran con un ajuste o convenio entre los implicados…. La firma de concordias se veía incentivada por la marcha procesal, al mediar una contraofensiva o "requerella", la amenaza de un embargo, o de una apelación". "La justicia gallega de base no se podría entender sin la pródiga concurrencia de estos convenios, muy próximos a aquellos que se estipulan extrajudicialmente ante notario" (p. 230).

6º En materia civil, ocupan un lugar preponderante las causas por impagos de rentas, préstamos, géneros y compraventas, mientras que a bastante distancia se encuentran las disputas por la propiedad y posesión de bienes. En materia criminal, son las agresiones violentas , bien por maltrato físico, bien por medio de expresiones verbales, las que de forma aplastante encabezan las estadísticas de los juzgados estudiados en el libro. Con proporciones mucho más modestas se hallan los delitos contra la moral sexual, algunos daños y los delitos contra la propiedad. Aunque la delincuencia profesional existió siempre en Galicia, se constata que hasta principios del siglo XIX no se generalizó en aquel Reino como consecuencia de la crisis y desajustes sociales provocados por la Guerra de la Independencia.

7º En las causas civiles, no se detecta una clara parcialidad de los jueces a favor de los socialmente privilegiados, "puesto que ellos controlaban la mayoría de la riqueza, es lógico que la razón casi siempre estuviera de su parte; debido a esto las gentes modestas no dudaban en hacer gala de la astucia o picaresca popular" (p. 230). No obstante, los recursos y apelaciones, tanto para ante el Asistente como para ante la Audiencia significan un porcentaje muy pequeño dentro de las causas estudiadas por el autor.

Una vez hecha, a grandes rasgos, la descripción del libro de González Fernández, llega el momento de hacer una valoración del mismo. En mi opinión, nos encontramos ante un magnífico trabajo en el que el autor no ha escatimado esfuerzos para hacer frente a los numerosos problemas que plantea la administración de justicia del Antiguo Régimen con unas fuentes, como son los pleitos, cuya información en ocasiones es muy parca. Fernández González no se limita a describir, sino que construye e interpreta. Y cuando la información no le permite llegar a conclusiones, sabe ser honesto y señala la provisionalidad de sus resultados.

Desde mi perspectiva, de historiador del derecho, no obstante echo en falta algunas cosas. En el tribunal ante el que se defendió esta tesis doctoral había, según reza en la presentación, "especialistas de Historia del Derecho y de las Instituciones". No se especifica el nombre de mi colega que juzgo este trabajo. Es probable que algunas de las observaciones que ya he realizado en la descripción del libro, como las que voy a hacer a continuación, se la hiciera en su momento dicho especialista, pero pienso que ahora, en la reseña del libro, no deben ser pasadas por alto.

En primer lugar, desde un punto de vista formal, pienso que debía haberse expuesto al principio del estudio la, o las, hipótesis de trabajo que constituyen el punto de partida de la investigación. Este es un defecto que con frecuencia se percibe en las tesis doctorales. Pienso que González Fernández debía de habernos planteado previamente su hipótesis y habernos descrito su método de trabajo. Bien es cierto que éste se halla en parte contenido en el capítulo que le dedica a la descripción de las fuentes, pero considero que estas partes deben quedar perfectamente diferenciadas en un trabajo de investigación. Sólo conociendo la hipótesis podemos saber qué era lo que pretendía el autor, si ha sabido utilizar correctamente las fuentes y si su método era el idóneo para tal empresa. Por último, sabríamos si los resultados llegan a un feliz puerto corroborando –o no- la hipótesis que fue tomada como punto de partida de la investigación.

Dentro de este mismo apartado, pienso que debía haberse incluido un epígrafe para hacer una estado de la cuestión referente a los estudios sobre la administración de justicia en la España del Antiguo Régimen. Y cuando digo un "estado de la cuestión" no me refiero a una relación de trabajos –en alguna manera se hace en el Prólogo del profesor Saavedra- sino a una valoración de los mismos, para lo bueno y para lo malo. González Fernández, por ejemplo, utiliza con profusión el libro de Tomás y Valiente sobre El Derecho Penal de la Monarquía absoluta. Pues bien, de lo que yo he podido extraer de su magnífico trabajo, muchos de los tópicos que se recogen en el libro del profesor Tomás y Valiente, se vienen abajo con la investigación de Gonzalez Fernández. En mi opinión, uno de los aspectos más valiosos del libro del Doctor González Fernández es que, precisamente, ha hecho lo que ni se le pasó por la mente a Tomás y Valiente; entre otras cosas porque ha hecho una labor de archivo y de análisis de las fuentes que se encuentra a años luz de lo que hiciera en su día nuestro malogrado historiador del derecho.

González Fernández es buen conocedor de la bibliografía extranjera sobre el tema, pero, en cambio, apenas alude a trabajos de autores españoles que han tratado de manera más o menos directa aspectos del derecho criminal del Antiguo Régimen. Por ejemplo, no hubiera estado de más haber manejado el estudio de Rodríguez Mourullo sobre la distinción robo y hurto en el derecho español, recogido en el Anuario de Historia del Derecho Español. Debía igualmente haber manejado –aunque sólo hubiera sido para criticarlo con dureza- el libro que hicimos en colaboración la profesora Emma Montanos -Catedrática de Historia del Derecho de La Coruña- y yo. En ese libro, que recoge una serie de trabajos sobre derecho criminal, la profesora Montanos mantiene una tesis acerca de la inexistencia de las circunstancias agravantes en nuestro derecho histórico que tal vez la documentación de los juzgados de Bouzas y del Asistente de Santiago hubieran podido confirmarla o rebatirla. Y por lo que se refiere a los estudios realizados por mí en ese libro -¡pecado de juventud!- son todo un modelo de lo que al principio de esta recensión decía que no debe hacerse en la actualidad.

Como historiador del derecho, echo en falta un capítulo institucional sobre los juzgados que se estudian en el libro. Ese complejo entramado jurisdiccional del que se nos habla, habría que haberlo intentado explicar y describir, para que el lector su ubicara mejor. De la misma manera, pienso que hubiera sido interesante una comparación entre los que dice la literatura jurídica y la práctica forense que tan bien se recoge en el libro. Durante el siglo XVIII se publicaron varias "prácticas" civiles y criminales; pues bien, un análisis de lo que dicen los juristas teóricos y su comparación con el día a día de la justicia, le hubieran dado al libro una perspectiva muy interesante que, por ejemplo, Tomás y Valiente, en el libro antes citado, tampoco hizo. Por último, no hubiera estado de más un análisis del tema del arbitrio judicial a la luz de los pleitos manejados, así como un estudio comparativo del proceso en el juzgado del Asistente y el del tribunal rural de Bouzas.

Insisto que estos aspectos, que sin duda hubieran enriquecido el libro, no desmerecen en lo más mínimo el magnifico trabajo del Doctor González Fernández que para mí ha sido muy enriquecedor y que, desde estás páginas, recomiendo su lectura a mis colegas historiadores del derecho interesados en estos temas. Nuestra disciplina no debe quedarse encerrada en sí misma pues, de lo contrario, está destinada a sucumbir.

José Sánchez-Arcilla Bernal (arcilla@der.ucm.es)
Recensión efectuada el 26 de marzo de 2001

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