BYBLOS
Revista de Bibliografía Histórico-Jurídica


El estudio del derecho. Libros de texto y planes de estudio en la universidad contemporánea
Manuel Martínez Neira
Dykinson, Madrid, 2001, 318 págs.


Como indica su título la obra recoge dos estudios centrados en el estudio del derecho en la Universidad contemporánea española: el primero de ellos versa sobre los libros de texto, el segundo sobre los planes de estudio. Ambos entran así de lleno en los contenidos de la enseñanza: qué asignaturas se impartían para la formación del jurista posrevolucionario –y también que peso tenía cada materia, de cuantos cursos constaba, en qué periodo de la carrera se situaba– y qué doctrinas jurídicas se explicaba en ellas.

Los libros de texto fueron una pieza esencial en el proyecto de reforma universitaria que emprendieron los ilustrados y asumieron los liberales (Manuel, Martínez Neira, «Lecturas antiguas, lecturas ilustradas. Una introducción a los primeros manuales jurídicos», Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija 1 (1998), pp. 143-209). Esta centralidad llevó a que en los planes de estudios que se dictaron desde el reinado de Carlos III apareciera el manual por el que se tenía que estudiar cada materia. La revolución liberal se debatió entre la libertad de cátedra y la uniformidad de la enseñanza. Las primeras intervenciones (1820, 1821) fueron continuista con el sistema ilustrado, es decir, en ellas prevaleció la uniformidad frente a la libertad. Hay que esperar a 1836 para encontrar un cambio radical, en el plan Rivas se decretó la libertad de textos. Con el plan Pidal de 1845 se quiso encontrar un equilibrio entre estas dos posturas extremas: la prescripción de un libro para cada materia y la libertad de elección. Se ensayó una libertad limitada que consistía en la aprobación por parte del gobierno de una lista de libros y la elección por parte de los profesores de uno de los libros aprobados. Así, desde esta fecha y hasta la revolución de 1868 –la ley Moyano de 1857 no fue sino la culminación de este sistema– se sucedieron las listas de libros textos aprobados para la enseñanza pública.

En total fueron quince las listas que vieron la luz. El autor nos cuenta con minuciosidad la génesis, regulación y desarrollo de estas listas, las transcribe en apéndice y reconstruye la biblioteca escolar, es decir, nos ofrece un listado ordenado alfabéticamente por el autor de todos los libros que aparecen en esas quince listas, con el nombre del autor normalizado, el título de la obra completo, las distintas ediciones que se hicieron en el periodo analizado y la indicación de en qué listas apareció cada libro. De esta manera podemos identificar con rapidez qué libros formaron a las generaciones de juristas de ese periodo (la biblioteca escolar), qué se enseñaba en cada materia (las listas que agrupan los libros por cada materia), qué incidencia tuvo cada libro (la referencia a las listas en que apareció cada libro, el número de ediciones).

La segunda parte del libro está dedicada a los planes de estudio jurídicos en la universidad contemporánea, desde el primero liberal de 1821 hasta el franquista de 1953. Se trata de analizar cómo se pensó el jurista liberal, cómo se le quería formar, cómo fueron apareciendo las distintas materias, qué importancia han ido teniendo…

Para ello se parte de un breve análisis de la enseñanza del derecho en el antiguo régimen, la enseñanza tradicional, basada en el derecho romano y el derecho canónico; se analiza la irrupción del derecho patrio en este orden antiguo, así como la novedad del derecho natural y en fin, la novedad del plan de 1807 que fue el primero que unificaba la enseñanza del derecho en las distintas universidades del reino.

Sobre esta introducción el autor recorre cómo se fue tejiendo el orden liberal a través de numerosas disposiciones, entre las que sobresale la ley Moyano de 1857, que son transcritas en apéndice. Un orden liberal de absoluta centralización y ausencia de autonomía que es criticado por los revolucionarios de 1868. Desde este momento se intentará de nuevo conseguir cierta autonomía, aunque ese camino sea largo y lleno de dificultades.

Finalmente, el autor intenta individualizar una serie de caracteres que le permiten definir una tipología de esos planes. Así, en cuanto a los aspectos formales señala la existencia de una única facultad para los estudios de derecho o la existencia de dos, una de leyes y otra de cánones; la unidad de la carrera o la existencia de secciones; la estructura de los estudios por ciclos y grados (bachiller y licenciado) o la única pervivencia del de doctor. En cuanto al contenido de los estudios, observa el cambio que se produce del predominio del derecho romano y canónico a su marginación, o el diferente papel desempeñado por el derecho natural. Existen también otros detalles que denomina pedagógicos, como la libertad en el orden de los estudios, la exigencia de los exámenes o la libertad de libro de texto. Teniendo en cuenta la manera en que estos caracteres aparecen combinados individualiza cuatro tipos de planes: ilustrados, revolucionarios, liberales y actuales.

Los ilustrados, el plan de 1824 y los anteriores carolinos, conservan la división de los estudios jurídicos en las facultades de leyes y cánones. En ellos se consigue la uniformidad de estos estudios frente a la diversidad anterior, uniformidad que abarca también al contenido de la enseñanza mediante la prescripción del libro de texto, y que era controlada a través de exámenes de curso, al margen de los de grado. Estos planes introducen el estudio del derecho patrio y del derecho natural, pero en ellos el derecho romano y el canónico sigue teniendo un peso enorme. Tras la orden de 1794 el derecho natural se sustituyó por la filosofía moral, que era un derecho natural conveniente a la monarquía y que se estudiaba de forma preliminar.

Los revolucionarios, el de 1821 y 1836, suprimen la facultad de cánones, dejando sólo una facultad para los estudios jurídicos llamada de jurisprudencia. En ellos ocupa un lugar central el estudio del derecho natural, por lo demás son muy parecidos a los ilustrados. El de 1836 declaraba la libertad de libros de textos.

Los liberales, desde el de 1842 en adelante consolidan la desaparición de la facultad de cánones –a pesar de la efímera existencia de una sección de cánones– y basan el estudio en el derecho positivo del Estado. Cabe hacer una diferenciación entre unos primeros y otros más tardíos –más maduros– o segundos. En los primeros (1842-1880) el derecho romano y el canónico siguen teniendo un protagonismo especial, que se traduce en dos cursos de cada materia, igual o más que el derecho civil. Las otras materias jurídicas van poco a poco individualizándose, pero –por ejemplo– en este periodo el derecho mercantil se estudia unido al penal. Además en éstos se establecía que el gobierno aprobaría unas listas de libros para la enseñanza.

En los segundos (1883-1900), el derecho romano y el canónico reducen su presencia a un solo curso, mientras que el derecho civil toma el relevo. El resto de las materias jurídicas aparecen mejor definidas: el penal se separa del mercantil, aparecen los derechos internacionales, una historia del derecho permite disminuir las introducciones de las distintas materias, frente a los prolegómenos se incluye un derecho natural, ya no revolucionario. En cuanto a los libros ahora se deja libertad.

Pero ambos, los primeros y los tardíos, coinciden en que la formación no es meramente técnica. Junto a las materias estrictamente jurídica aparecen otras de formación general: literatura, historia, filosofía… Detrás de esta opción seguramente se encontraba una idea sobre el jurista, que era concebido como algo más que un simple técnico del derecho, que se imaginaba como clase dominante en la burocracia y en la política, en la empresa y en el bufete. Era una sociedad elitista y la cultura señaba la superioridad de una clase rectora, y de alguna manera la legitimaba.

Llegamos, en fin, a los planes actuales (1921-1953), aquellos que se suceden en el siglo XX y que nacen en la crisis del sistema liberal. En ellos han desaparecido prácticamente todo rastro de formación letrada, sólo quedan las asignaturas jurídicas. Se trata, por decirlo de alguna forma, de una formación más positivista, donde el jurista es sólo un técnico. La clase dirigente tiene otra legitimación, y se quiere un jurista más maleable, quizás –como hoy– bajo la excusa de la profesionalidad. La única novedad se encuentra en la aparición del derecho del trabajo en el plan de 1944.

José Sánchez-Arcilla Bernal (arcilla@der.ucm.es)
Recensión efectuada el 25 de enero de 2002

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