BYBLOS
Revista de Bibliografía Histórico-Jurídica


La vía de fuerza. La práctica en la Real Audiencia del Reino de Galicia. Siglos XVII-XVIII
Mª. Teresa Bouzada Gil (Prólogo de Manuel Fraga Iribarne, Presidente de la Xunta de Galicia)
Xunta de Galicia. Consellería de Cultura, Santiago de Compostela, 2001, 855 pp.


La producción bibliográfica en materias propias de nuestro Derecho histórico procesal se ha venido incrementando en los últimos años, aun cuando está muy lejos de ser un campo lo suficientemente cultivado. Desde el punto de vista de la Historia del Derecho, igualmente han sufrido considerable abandono, con sobresalientes pero limitadas excepciones, las materias canónicas, lo cual no deja de ser una lamentable indiferencia si consideramos que parece haber un acuerdo general en la idea de que el elemento cristiano es esencial en la conformación de nuestro Derecho. Por otro lado, y desde una perspectiva metodológica, tampoco son muy abundantes los trabajos en los que se conjugan los enfoques normativo, doctrinal y práctico, permitiendo así al posible lector un acercamiento real al Derecho de las diversas épocas históricas.

El libro de María Teresa Bouzada Gil que nos ocupa responde a estas carencias y limitaciones. Para ello, intenta llenar un importante hueco en la historiografía jurídica hispana --con la salvedad de la habitual referencia del trabajo de Maldonado publicado en el Anuario de Historia del Derecho Español-- mediante la elección como tema de estudio de la vía de fuerza llevado a cabo a partir de un riguroso trabajo de consulta de fuentes tanto legales como doctrinales y jurisprudenciales. Los ámbitos territorial y temporal de la investigación quedan establecidos ya en las páginas iniciales del trabajo: territorialmente, la vía de fuerza es una figura propia de la Corona de Castilla, extendida a los territorios aragoneses en el siglo XVIII por razones de todos conocidas; temporalmente, y en palabras Bouzada Gil, la vía de fuerza «es una "figura moderna", impensable en el omnipresente ambiente religioso medieval e innecesaria en el liberal mundo decimonónico» (p. 21).

Para desentrañar todo su contenido, el libro se estructura, tras las páginas de introducción dedicadas al estado de la cuestión (pp. 15-37), en tres capítulos destinados, respectivamente, a las relaciones entre los poderes temporal y espiritual en España, con especial mención al regalismo hispano (pp. 39-105); a la sistemática jurídica de la vía de fuerza (pp. 107-536); y, por último, al desarrollo de la vía de fuerza en el marco de la Real Audiencia de Galicia (pp. 537-711). A estos capítulos sigue un epílogo en el que detalla los rasgos esenciales de la evolución de la vía de fuerza hasta su desaparición (pp. 713-730). A las necesarias conclusiones (pp. 731-748) sigue la bibliografía utilizada y la relación de fuentes documentales empleadas (pp. 749-823) para finalizar con una serie de gráficos y formularios (pp. 831-855).

El recorrido que hace la autora parte, por lo tanto, del marco general de las relaciones entre los citados poderes, temporal y eclesiástico, desde la época romana bajoimperial hasta el siglo XVIII (pp. 39-105). La autora nos invita a adentrarnos en unas relaciones que gravitaron secularmente en torno a la colaboración y al enfrentamiento, deteniéndose de manera más pormenorizada a partir de la etapa bajomedieval desde de la cual se advierte una mayor intervención de la autoridad regia en los asuntos eclesiásticos con independencia de la estrecha relación existente entre lo político y lo religioso. Todo lo cual tuvo su ineludible reflejo en la Corona de Castilla y se vio favorecido por la tendencia regalista de sus monarcas, de manera singular a partir de los Reyes Católicos, quienes inician un intenso control político de la Iglesia en diferentes ámbitos, directa o indirectamente. La situación religiosa europea propició el asentamiento de esta política intervencionista, lo cual fomentó pugnas frecuentes con los Pontífices, presentándose los reinados de Felipe II, Felipe IV y de la Dinastía borbónica como los puntos álgidos de tales enfrentamientos. El desencuentro definitivo de ambas posturas permitirá que a lo largo del siglo XVIII se desarrollara un amplio y profundo debate acerca de la historia, los fundamentos doctrinales y jurídicos de la vía de fuerza, que son tratados minuciosamente por Bouzada Gil y permiten al lector --especialista o no-- comprender los intereses políticos "de altura" que favorecieron un instrumento jurídico al alcance, sobre todo, de las capas sociales inferiores.

Fijado el marco de las principales líneas políticas se adentra la autora en un segundo capítulo lleno de interés y riguroso tratamiento de las fuentes, de ágil lectura, que nos conduce directamente al modelo sistemático de la vía de fuerza (pp. 107-536). Parte de la evolución misma del concepto de fuerza, desde la etapa imperial a la de la Monarquía hispana, desde su primigenia naturaleza criminal --que nace para el Derecho en las Leyes Julias de Vi Publica y Vi Privata (D. 48,6 y D. 48,7), por otro lado, nunca desaparecida del todo-- a la que interesa, la procesal. En el desarrollo evolutivo que hace se detiene, por la trascendencia posterior, en el tratamiento dado por Partidas a la fuerza (P. 7,10), particularmente en Partida 7, 10, 4, donde, en opinión de la autora, ya se plasma una fuerza procedimental cuando se sanciona al juez que impide la defensa del forzado. Con posterioridad, si esta fuerza, en el sentido de violencia procesal, se comete por los jueces eclesiásticos se desemboca en la fuerza eclesiástica. Tal configuración se propició, además, con el argumento de la mengua de la jurisdicción real (argumento político-jurídico), y a través de la recepción de la simple querella canónica en la corona castellana (argumento jurídico) y las habituales excomuniones dictadas por las autoridades diocesanas junto con la denegación de apelaciones en la jurisdicción canónica (argumento prácticos), propuestas que examina con detalle (pp. 126-132). De esta manera llegamos a algunos de los hitos cruciales en esta evolución que da lugar a que la fuerza se identifique tan sólo con la ejercida por los jueces eclesiásticos contra otros de su misma condición o contra legos en el desarrollo de un procedimiento canónico o que presumiblemente lo es.

Pero la existencia de conceptos jurídicamente concomitantes al de "fuerza eclesiástica" es razón suficiente para que Bouzada Gil nos vaya delimitando el alcance de cada uno de ellos, desde la protección (pp. 136-165) hasta el patronato real (pp. 178-184) o la retención de bulas (pp. 165-175), la semejanzas y diferencias de la fuerza eclesiástica con la injusticia notoria (pp. 185-190) y con el atentado (pp. 190-191). De esta forma, va concretando aspectos esenciales de la institución objeto del estudio.

Las distinciones anteriores permiten descubrir que en el fondo de todos ellos están latentes los conflictos entre jurisdicciones a los que hubo de darse respuestas desde las instancias políticas, no siempre satisfactorias por la clara indeterminación de competencias entre los jueces eclesiásticos y los reales en un gran número de asuntos. Y para permitir una más fácil comprensión de cómo surgen estos conflictos, la autora detalla a lo largo de algunas páginas lo que da en llamar "la causa mediata del origen de las fuerzas eclesiásticas" (pp. 193-269), es decir, la atribución y asunción por parte de las autoridades eclesiásticas de potestades jurisdiccionales, a partir de la época romana, acrecentadas durante las monarquías visigoda y altomedievales, lo cual generaría durante las Cortes medievales las quejas de los procuradores, que no eran ajenos a los abusos cometidos por parte de la jurisdicción eclesiástica. Éste y otros variados argumentos condujeron a tratar de delimitar los respectivos ámbitos jurisdiccionales a partir del reinado de los Reyes Católicos y que Bouzada Gil va enumerando por menor con su particular y profundo conocimiento jurídico de estas materias procesales.

Asentados semánticamente los conceptos esenciales que ayudan a la comprensión de lo que fueron las fuerzas eclesiásticas y determinados los motivos de los conflictos jurisdiccionales que se plantearon como consecuencia de la falta de concreción y separación precisa de las competencias judiciales, se pasa al estudio de los remedios que fueron establecidos por el poder real. De este modo, concibe la vía de fuerza como la concreción procedimental del auxilio real de la fuerza que es el medio que permitirá alzar la fuerza. Nuevos aspectos que son tratados con rigor por parte de la autora para conducirnos hasta las primeras medidas que permitirán materializar la vía de fuerza como un procedimiento puesto por los monarcas a disposición de sus súbditos para hacer frente a la permanente injerencia de la jurisdicción eclesiástica. Los orígenes legislativos se buscaron en el canon 12 del XIII Concilio de Toledo y en la ya citada Partida 7, 10, 4, aunque se va asentando el proceso institucional como quedará reflejado, entre otras disposiciones, en las Ordenanzas Reales 2, 1, 5, los Capítulos de Corregidores de 1500 y las Ordenanzas de la Audiencia y Chancillería de Ciudad Real de 1494. Hubo que esperar a la promulgación por parte de Carlos I de la Real Cédula de 11 de agosto de 1525 para que se regulara, por primera vez, el llamado "recurso de fuerza en no otorgar apelación", lo cual confirmaba la práctica anterior de los tribunales reales de defensa de la jurisdicción real frente a los atentados de la eclesiástica. Para la vía de fuerza en conocer y proceder hubo de esperar algunos años más, ya que no se plasmaría en las normas regias hasta las Ordenanzas de la Audiencia canaria de 1553 de donde pasó a las de Sevilla del año siguiente. Práctica en los tribunales y amparada legislativamente, los sucesores del Emperador fueron completando, con mucha parquedad, algunos aspectos normativos dejando que los juristas, en sus obras o en sus actuaciones procesales, hicieran el resto.

Llegamos de este modo a un punto crucial de la obra y donde Bouzada Gil, con sus dotes de hábil historiadora del Derecho y su agudeza de jurista con amplia formación, aporta una nueva perspectiva acerca de la naturaleza jurídica de la vía de fuerza (pp. 327-364). Ya lo había detallado en el título y ahora tenemos la oportunidad de comprender por qué no emplea la expresión "recurso de fuerza" y sí el de "vía de fuerza". Aquí comienza precisamente uno de los problemas sustanciales y que la autora sabe solucionar con notable brillantez: ¿era el llamado recurso de fuerza un verdadero recurso o era una vía jurídica diferente? En este sentido, ha sido tradicional mantener afirmaciones históricas durante largo tiempo sin determinar la veracidad de las mismas, aceptando sin conciencia crítica las opiniones establecidas por autores predecentes, sin, por supuesto, plantearse problemas más de fondo sobre la naturaleza jurídica de las instituciones sobre las que tales aseveraciones, que devinieron en incontestadas, recaían. Una institución que se va desarrollando, por vía jurisprudencial, en el seno de los organismos centrales de la Monarquía castellana de un modo tan lento, ajeno a la normativa positiva, dio lugar a inevitables vacilaciones terminológicas, máxime cuando se trata de un procedimiento que pasa de una jurisdicción a otra. Se aludió así a vía de fuerza, remedio de fuerza, auxilio (real) de la fuerza... Fueron interesados presupuestos políticos, que no los jurídicos, los que fomentaron, desde las posturas regalistas, la idea de que, realmente, estábamos en presencia de un recurso; postura insostenible en buena teoría jurídica. El recurso implica la existencia de jerarquía jurisdiccional. Los tribunales y curias diocesanas no son ni superiores ni inferiores a los tribunales regios, son distintos. No puede haber recurso de unos a otros. La Iglesia había establecido severas censuras en la célebre Bula de la Cena para el caso de que se interfiriese de algún modo en su jurisdicción, lo que obligó a los tratadistas regalistas de una primera época (Salgado de Somoza, por ejemplo) a favorecer una configuración de la vía de fuerza como una defensa extrajudicial. No obstante, al fin, "recurso de fuerza" fue la terminología triunfante y la que ha llegado hasta nuestros días. En la posición defendida por Bouzada, la vía de fuerza fue una vía, quizás, en origen una vía de expediente que lentamente se especializa en el seno del Consejo de Castilla en materia de fuerza eclesiástica. Una vía, por lo tanto, entendida como un procedimiento capaz de resolver con celeridad y sin figura de juicio un conflicto un supuesto de fuerza eclesiástica, dando, tal vez, lugar a una fase judicial o extrajudicial según los casos, y concluyendo en una resolución que reviste forma gubernativa.

Estas facetas esenciales de su naturaleza le dan pie para diferenciar la vía de fuerza propia de la Corona castellana de las instituciones que, con fines similares, fueron adoptadas en la Corona de Aragón (caso de la Concordia de 1372), en Francia (Appel comme d’abus) y en los territorios italianos (Appello per abuso), bajo un epígrafe titulado "Figuras Afines a la vía de fuerza castellana" (pp. 365-385).

La resolución de las fuerzas eclesiásticas se diversificó en diferentes modos procedimentales para conseguir el mismo objetivo de protección desde la justicia regia. Estas modalidades fueron la vía de fuerza en no otorgar la apelación, en conocer y proceder y en cómo se conoce y procede (vulgarmente llamados recursos de fuerza en el modo). En este apartado, la autora desentraña con admirable detenimiento y profundidad cada uno de sus requisitos, materias sobre las que versaba y otras características de los mismos. Elabora una completa exposición donde se entremezclan las referencias normativas con las pertinentes de la literatura jurídica, consiguiendo una clasificación objetiva detallada en un punto en el que los juristas de otras épocas no se pusieron de acuerdo. Y, a pesar de que la propia autora se ampara en que toda clasificación es de por sí criticable, resuelve el problema con una admirable sistemática que agradecerán los estudiosos. Variantes y posibilidades de cada uno de los procedimientos enumerados de forma comprensible.

Al no existir un procedimiento sin partes, con la misma capacidad expositiva con que ha detallado las modalidades de la vía de fuerza, estudia María Teresa Bouzada los elementos personales que intervienen: desde los litigantes de la causa eclesiástica que originará la fuerza --con interesantes informaciones acerca de quiénes eran y los casos particulares que podían surgir--, los procuradores y abogados; los sujetos que denomina pasivos de la querella de fuerza, distinguiéndolos según que su presencia fuera necesaria o no, con especial detenimiento en obispos y provisores; el tribunal resolutorio de la fuerza, donde estudia los conflictos aparecidos entre la Audiencia y el Consejo Real, y cómo se atribuyeron con posterioridad a cada una de las Audiencias y Chancillerías su conocimiento y la delimitación competencial que se hizo con respecto al citado sínodo, dedicando una especial atención a la Real Audiencia de Galicia. Con este apartado se cierra el capítulo segundo y queda completada la visión genérica de la institución, considerada en su abstracción jurídica pero pendiente de su concreción práctica en la vida judicial de la época estudiada.

No debe olvidarse que las leyes se dictan para que sean cumplidas y un estudio limitado a las normas positivas de cualquier época histórica tan sólo nos permitía acceder a un conocimiento parcial y cercenado de esa realidad jurídica. Error más grave aun cuando, además, afortunadamente, podemos contar con fuentes propias de lo que, en la terminología acuñada por García-Gallo, se denominan niveles de conocimiento y aplicación del Derecho culto y práctico. En la vía de fuerza resulta del todo imprescindible el acudir a tales fuentes, ya que en la evolución de esta institución son muy escasas las disposiciones promulgadas por los monarcas, por lo cual resulta obligado el prestar singular atención a las elaboraciones doctrinales, amparadas desde la posición eclesial o desde la regalista, así como a la visión práctica de tales construcciones. De ahí, la frecuente utilización para la elaboración de este trabajo de las obras de Francisco Salgado de Somoza (Tractatus de Regia Protectione, en particular, pero también el Tractatus de supplicatione ad sanctissimum a literis et bulis apostolicis), José de Covarrubias (Máximas de los recursos de fuerza y protección con el método de introducirlos en los Tribunales) y de Juan Rico Acedo, Conde de la Cañada, (Observaciones prácticas sobre los recursos de fuerza), entre los regalistas. Así como las referencias a las posiciones de la Iglesia defendidas por Chumacero y Pimentel (Memorial dado a S.M. Urbano VI) o por Agustín Barbosa (De iure ecclesiastico universi), entre otros. Sobre toda esta aportación doctrinal la autora hace una imprescindible crítica de acuerdo con las circunstancias en las que fueron elaboradas. Pero no era suficiente. Resultaba necesario manejar también otras obras doctrinales de corte procesal que permitiesen ofrecer una panorámica más cercana a la realidad jurídica de los tribunales modernos (así, es recurrente la cita a Álvarez Posadilla, Castillo de Bobadilla, Suárez de Paz, Juan Francisco de Castro, Hevia Bolaños, Elizondo, Monterroso, Villadiego, Ortiz de Salcedo, Escolano de Arrieta, entre otros).

El bagaje jurídico de estas aportaciones doctrinales, a las que acude la autora, sobre todo, en los dos primeros capítulos, sin embargo, no bastan para ofrecer una visión completa de la vía de fuerza. Los juzgadores de la Edad Moderna, que no desconocerían el contenido de las mencionadas obras doctrinales y prácticas procesales, tuvieron, en sede de fuerzas eclesiásticas, una trascendental labor en la configuración de estilos forenses capaces de solucionar los conflictos particulares que se amparaban en esta vía jurídica. Era absolutamente necesario realizar una labor de archivo.

A este último aspecto y, desde luego, no menos interesante que los anteriores está dedicado el capítulo tercero y último (pp. 537-711). Los estudios histórico-jurídicos dependen, en gran medida, de la existencia de fuentes de diferente procedencia y naturaleza. Y en gran número de ocasiones el historiador del Derecho se aparta, cuando no desprecia, la documentación de archivo, perdiendo la perspectiva realmente vivida de tal institución. Frente a esta frecuente limitación metodológica, el trabajo de Bouzada Gil sobre la vía de fuerza colma, con amplitud, tal deficiencia. Los imprescindibles estudios positivo y doctrinal llenan el capítulo segundo, mientras el archivístico colma este tercero. La consecuencia es poder tener y una visión dogmática y empírica de lo que representó la vía de fuerza.

En Galicia, tierra donde el dominio eclesiástico era desde antiguo muy importante, la utilización de la vía de fuerza pudo ser relevante, como razona la autora, por las continuas desavenencias entre las jurisdicciones implicadas. A ello cabe añadir el interés político por facilitar el real auxilio a unos súbditos sometidos al poder temporal de la Iglesia, facilitando por esta vía la posibilidad de socavarlo. En esta tarea la Real Audiencia jugaría un papel crucial.

La actividad de tan alto tribunal se vería reforzada como consecuencia de la escasa regulación normativa de la vía de fuerza, puesto que le correspondió llenar las lagunas existentes. Pero, al mismo tiempo, introdujo variantes al procedimiento fijado en el ordenamiento jurídico, levantando los obstáculos o impedimentos que en este Reino se podían presentar a los vasallos del rey para poder utilizar este medio contra las autoridades eclesiásticas.

El abundante material conservado en el Archivo del Reino estudiado por Bouzada Gil le ha permitido reconstruir el que sería un procedimiento ideal de la vía de fuerza. Ideal porque la mayor parte de los autos conservados son incompletos y, como ella misma reconoce, porque la falta de previas orientaciones doctrinales le llevó a optar por una dogmática cercana a la actual para facilitar su exposición. Con tal fin distingue lo que, en su opinión y con los matices que ella misma introduce, son los tiempos en su tramitación: preparación, fase preliminar desde la interposición del libelo de fuerza hasta la notificación de la real provisión ordinaria a las partes, un tiempo tercero referido a la posible vista ante los alcaldes mayores y, por último, una fase decisoria caracterizada por la emisión del auto definitivo concediendo o denegando la fuerza. En cada uno de los momentos procedimentales va señalando, como es obvio, las peculiaridades de cada una de las tres modalidades más arriba señaladas -en conocer y proceder, no otorgar y en el modo-. Da cuenta con gran precisión de detalles de los querellantes, de los querellados, las razones que los gallegos argumentaban como razones para acudir a esta vía y un largo etcétera que invita al lector a adentrarse en su realidad jurídica. Aspectos todos ellos extraídos de la numerosa documentación manejada que es estudiada con minuciosidad para obtener de ella toda la información posible. De este modo, la autora recorre un sin fin de detalles que permiten comprender, gracias a su magnífica exposición, la realidad de la institución en el marco territorial de Galicia. Intenta, cuando le es posible, establecer la comparación con lo que sucedía en los trámites de fuerza eclesiástica en el seno del Consejo de Castilla.

Al alcanzar este punto es cuando se abren nuevas perspectivas ya que, si contáramos con estudios similares de otros altos tribunales de la Monarquía hispana, sería posible tener un cuadro comparado de su actuación, peculiaridades procedimentales, actores implicados, desviaciones jurisdiccionales que motivaron su presentación, datos porcentuales de las resoluciones favorables a su concesión, etc. El camino se ha iniciado convendría que tuviera continuidad con el estudio de las fuerzas a partir de la documentación conservada de otras Audiencias y Chancillerías.

Para terminar su labor expositiva y antes de las habituales conclusiones y apéndices, Teresa Bouzada inserta un epílogo conciso y lleno de interés sobre los pasos que se fueron dando, con mejor o peor fortuna, hasta la desaparición de la vía de fuerza, repasando concordatos y leyes de enjuiciamiento.

En definitiva, un libro cuya compleja materia ha sido abordada en su plenitud jurídica, alejándose así de habituales líneas investigadoras centradas exclusivamente en los aspectos jurídico-positivos, que desdeñan las interpretaciones de los juristas de cada época sobre la materia objeto de estudio y que huyen de presentar el nivel de aplicación del Derecho. Aquí estamos ante una obra completa, con una línea metodológica impecable, con unos aportes personales que demuestran una gran formación histórica y jurídica --que esperamos poder descubrir en nuevas investigaciones-- y con un manejo de fuentes de diversa índole que dan como resultado un estudio sobre la vía de fuerza que se convertirá en necesario punto de referencia para futuros estudios sobre esta institución u otras de instituciones históricas de Derecho procesal.

José Sánchez-Arcilla Bernal (arcilla@der.ucm.es)
Recensión efectuada el 25 de enero de 2002

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