BYBLOS
Revista de Bibliografía Histórico-Jurídica
ISSN 1885-3129


La politización de la Justicia: la designación de los magistrados del Tribunal Supremo (1836-1881)
Braulio Díaz Sampedro
Madrid, Editorial Dykinson, 2005, 556 págs.


            En los últimos años la Historia del Derecho en España ha llevado a cabo una profunda renovación en lo que a la temática de investigación se refiere. Parece que los “clásicos” temas del derecho medieval han pasado a un segundo plano y en su lugar las instituciones modernas y contemporáneas se han convertido en el centro de atención de los investigadores.

            El Departamento de Historia del Derecho de la Universidad Complutense no ha sido ajeno a ese proceso de renovación y en él se han realizado importantes trabajos. Baste recordar ahora las investigaciones de P. Ortego sobre la Diputación provincial decimonónica; de F. Fontes sobre el Consejo de Estado en el reinado de Fernando VII; de L. Moreno sobre los orígenes del Tribunal Supremo; el reciente libro de R. Medina sobre las Cortes del Trienio Liberal y los diversos estudios de J. Mª Puyol (El Consejo de Castilla en el reinado de Fernando VII, el Consejo Reunido de España e Indias, las Juntas contenciosas en el reinado de José I, etc.).

            Siempre he pensado que la Historia del Derecho debe cumplir la misión para la que fue creada: formar juristas. No hay nada más lejos de mi intención entrar en este momento en el debate sobre si el derecho medieval es más o menos formativo que el de otras épocas más recientes. Como medievalista, no tengo la menor duda de que para la formación de un profesor en el ámbito de nuestra disciplina no hay nada más formativo que realizar una tesis centrada en la Edad Media, ya sea de instituciones de derecho público, ya sea de instituciones de derecho privado. En este sentido, debo reconocer que tenía razón mi maestro García-Gallo cuando decía que el que es capaz de hacer una investigación de la Edad Media, puede luego abordar el estudio de cualquier otro periodo; y no a la inversa.

Se ha publicado recientemente la obra del profesor Díaz Sampedro de la U. Complutense de Madrid en la editorial Dykinson (Madrid, 2005, 556 págs). El profesor Díaz Sampedro es un medievalista que ha analizado en este libro una cuestión de extraordinaria actualidad: la politización de la justicia. Si bien, en este caso, el profesor Díaz Sampedro ha centrado su investigación en la máxima instancia jurisdiccional, es decir, en el Tribunal Supremo, como órgano, y en sus magistrados como protagonistas y ejecutores de sus actuaciones.

Esta obra puede considerarse como pionera en esta materia, pues en las bibliografías generales histórico-jurídicas, así como en las particulares, no se han tratado este tipo de materias de manera monográfica. Es cierto que contábamos con la importante aportación del profesor Moreno Pastor sobre los orígenes del Tribunal Supremo, pero las fuentes conservadas para el periodo estudiado por Moreno Pastor, así como la fecha elegida para la finalización de su trabajo, impidieron que el citado profesor pudiera entrar en el análisis de este interesante problema. En este sentido, el libro del profesor Díaz Sampedro se puede decir que en muchos aspectos en la continuación de la obra de Moreno Pastor y, en consecuencia, viene a rellenar otra importante laguna acerca de la Historia de nuestra más alto Tribunal.

  La obra se estructura en dos grandes capítulos: el primero se orienta a la politización de la justicia en el Tribunal Supremo incidiendo en los cambios que se producen en los nombramientos y en los ceses de sus magistrados con su afección ideológica y partidista; el segundo en el desarrollo legislativo que modifica la estructura y las funciones de dicho órgano jurisdiccional, entre las que se puede analizar -el autor lo realiza exhaustivamente- el importante recurso de casación en el seno del tribunal con una sala específica que lo admite a trámite y otra que lo resuelve.

Estos dos grandes capítulos son precedidos muy oportunamente por unos comentarios previos del estado de la investigación en materia de administración de la justicia desde el proceso constitucionalista de Cádiz hasta finales del siglo XIX. Es precisamente en la redacción constitucional de 1812, donde se pusieron las bases de la organización del estado moderno español asentado en los tradicionales pilares de los tres poderes, si bien en el terreno conceptual no quedaba duda de la división de funciones, sí constituyó en la práctica un verdadero problema enajenar las competencias gubernativas de las estrictamente jurisdiccionales y encajarlas en un nuevo modelo de estado. La creación del Tribunal Supremo que heredaba antiguas funciones, del Consejo de Castilla, entre ellas las judiciales, empezó a desarrollar sus verdaderas tareas en 1834, con su antigua denominación de Supremo Tribunal de España e Indias. El autor explica de este modo el espacio cronológico, en absoluto arbitrario, en el que abunda su investigación (1836-1881) para desentrañar los inicios competenciales del alto Tribunal a través de los decretos, órdenes y en su caso leyes que alumbraron sus trabajos y el tortuoso camino, jalonado por sobresaltos coyunturales de la política de la época (se sucedieron hasta 62 gobiernos distintos en los 45 años que comprende el trabajo del autor), hasta llegar a la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1870 que estabilizó de manera sólida la administración de la justicia como un verdadero poder independiente y autónomo.

El profesor Díaz Sampedro prolonga su investigación, creo que muy acertadamente, hasta 1881, con la intención bastante saludable, de observar el respeto a la ley que tuvieron los gobiernos siguientes responsables de su ejecución tanto de signos liberales como conservadores.

Las fuentes utilizadas proceden fundamentalmente de la Colección de Decretos, Colección Legislativa y del Archivo General de la Comisión de Codificación para organizar todo el aparato legislativo histórico-jurídico dentro de la cronología ya comentada Todo este material sirve al autor para el análisis, no sólo de la legislación referida al Tribunal Supremo, sino de los proyectos legislativos que no vieron la luz y se quedaron por el camino, pero que son esenciales para aclarar el posicionamiento de sus protagonistas en razón de sus propias convicciones ideológicas progresistas o moderadas –siempre dentro del liberalismo imperante- o que obedecían a puntos de vista estrictamente técnicos y profesionales.

 También los Diarios de Sesiones del Congreso y del Senado han sido revisados pormenorizadamente en esos años y de ellos se da cuenta en algunos intensos y acalorados debates, como es el caso de la incorporación como sala propia la de admisión del recurso de casación y su oportunidad o no de la misma.

 Las informaciones referidas a los magistrados que pertenecieron al alto Tribunal en esos años proceden en gran parte de sus propios expedientes personales consultados por el autor en el Archivo Histórico Nacional, así como los que se conservan en el Archivo del Ministerio de Justicia que, por razones ciertamente no muy afortunadas, como es sabido se dividieron en 1994 y que, al entender del autor, no queda debidamente justificada ni por método ni por eficacia para el investigador. El profesor Díaz Sampedro ha tenido la ocasión de consultar más de 200 expedientes personales de los que da cumplida cuenta en el capítulo VII con la confección de una ficha para cada magistrado en la que se incluyen datos de interés jurídico y político y que son la base para confeccionar las conclusiones que son la materia específica de interés para los historiadores y juristas que se acerquen a la lectura de esta obra. Hay que destacar la riqueza de datos de toda índole que se nos ofrecen, y que son fruto de horas reposadas de lectura frente a expedientes algunos de ellos maltrechos por la humedad y por el paso del tiempo o por una mala custodia de los mismos. Algún expediente, hoy desaparecido, el autor lo ha tenido que reconstruir mediante datos indirectos procedentes de otras fuentes de la época entre las que cabe destacar el Faro Nacional o la Guía de Forasteros.

Señalar también que la Revista General de Legislación y Jurisprudencia ha contribuido a dar luz a través de la literatura jurídica de su conveniencia y oportunidad dentro del momento político que se vivía, en apartados esenciales para el devenir temporal de la estructura interna orgánica del Tribunal y que en algunos casos no estaban debidamente informados a través de los textos legales. En este sentido mencionar de igual manera la Gaceta de Madrid.

 Las grandes aportaciones del trabajo se contienen a mi entender en los capítulos IV, V y VI donde el profesor Díaz Sampedro establece interesantes parámetros, a la luz de sus cotejos en los expedientes, con gráficos que visualizan perfectamente sus conclusiones, a veces con datos contrastados, y en otros casos, a falta de documentación que lo avale, con análisis muy personales y fundamentados en otros elementos no menos importantes de actuaciones políticas que posicionan al magistrado en cuestión en la órbita ideológica que el autor presupone. Los impactos de cambios en el Tribunal confeccionados en comparativas que se visualizan en gráficos muy pedagógicos son una buena herramienta de uso para las ciencias sociales y jurídicas escasamente utilizadas y que son muy de agradecer pues agilizan páginas de extraordinario interés tras densas y rigurosas lecturas de los capítulos anteriores que quizás se hagan inevitables.

 Las conclusiones, plasmadas por el autor en gráficos de barras, las orienta en dos órdenes:

a)                           las que se refieren a la politización de los magistrados y en la que se constata una evidente acción de intervenciones e injerencias por parte de todos los gobiernos, fueran del signo que fueran (progresistas y moderados) y en todos los momentos hasta 1870. Cabe destacar que de los 186 magistrados que compusieron el alto tribunal durante esos 45 años, hasta 121 fueron militantes de partidos políticos (95 fueron diputados y 86 senadores; 60 de ellos compatibilizaron las dos condiciones) quebrando el principio de independencia exigible a este cuerpo de la administración publica y que no fue contemplado por una legislación dura y severa sobre temas de incompatibilidades.

b)                          Aunque fue evidente que en todos los períodos estudiados existió politización, fueron en las fases progresistas donde el grado de imposición de magistrados nombrados afectos a sus postulados fue más exagerada, coincidiendo con los momentos de mayor efervescencia revolucionaria: 1840-1843, 1854-1856.

c)                           El sexenio revolucionario (1868-1874) a pesar de sus inicios fue el que a través de la LOPJ de 1870 consolidó el estamento judicial desde parámetros de objetividad y consolidando una verdadera carrera judicial no sometida a veleidades de coyuntura política.

d)                          La Restauración mantuvo, como bien analiza el autor en su trabajo, las líneas generales establecidas por la LOPJ, aunque existieron inercias de algún gobierno de la época de designar magistrados con independencia de lo estipulado legalmente.

Muy interesante parece la investigación que sobre los ceses de los magistrados se produjeron en este período y que alcanzaron la cifra de 200. Algunos de ellos están debidamente documentados en los respectivos expedientes personales pero otros han tenido que ser desentrañados por averiguaciones colaterales y subliminales que nunca pusieron de manifiesto estos hechos. Las razones que se invocaban y que se detallan como dimisiones por motivos personales o por motivos de enfermedad, encubrían en la mayoría de los casos una contestación al poder establecido y una ausencia total de identificación con las tesis políticas predominantes en ese momento.

 Las conclusiones en el orden normativo que parecen de interés están en consonancia con la permanencia en el tiempo de los distintos gobiernos. Estos intentan, en vano, el desarrollo de los principios constitucionales emanados de Cádiz y que son la independencia judicial que conlleva a la inamovilidad y a la responsabilidad de los jueces. Principios exaltados e igualmente incumplidos a veces por notoria voluntad y otras veces por la falta de instrumentos técnico-legales que facilitaran tales objetivos.

 El trabajo se detiene en un aspecto de extraordinario interés como fue la jurisdicción contencioso-administrativa –comentada como jurisdicción retenida- que facilitó la separación definitiva entre lo gubernativo y lo jurisdiccional a favor del poder judicial y en detrimento del poder ejecutivo y que pese a algunas tentativas fallidas no prosperó hasta el decreto de 16 de octubre de 1868 como sala específica dependiente del Tribunal Supremo. Como se ha indicado anteriormente parece oportuno el tratamiento que de la Ley Orgánica del Poder Judicial se hace a los efectos que interesan propiamente a este trabajo de investigación.

En resumen estamos ante un libro que aporta datos extraordinariamente interesantes sobre la evolución histórica del Tribunal Supremo en cuanto a su estructura orgánica desde su creación así como, en este sentido pionero en su materia, el estudio de sus propios protagonistas que fueron los magistrados que lo compusieron y su implicación en el momento político que les tocó vivir, relación ésta no fácil de encontrar en los archivos así como sus identificaciones ideológicas que fueron salvaguarda para la pertenencia al alto tribunal en la mayoría de los casos que aquí se tratan.

 El profesor Díaz Sampedro con este tema  abre un panorama de investigación en los temas histórico-jurídicos que seguro serán continuados por otros autores dado el interés que cobran estos temas. La metodología, el momento histórico escogido así como las aportaciones logradas por el autor en el rescate de documentos perdidos o poco analizados y otras fuentes que en este trabajo se ponen de manifiesto hacen de lectura obligada esta obra para historiadores y juristas interesados en la administración de justicia o en otras facetas institucionales de la historia contemporánea.

José Sánchez-Arcilla Bernalz
Departamento de Historia del Derecho
Universidad Complutense de Madrid
arcilla@der.ucm.es
Recensión efectuada el 1 de diciembre de 2005

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