BYBLOS
Revista de Bibliografía Histórico-Jurídica
ISSN 1885-3129


Revisionismo jurídico en las constituciones eclesiásticas del siglo XIX
Braulio Díaz Sampedro
Fundación Universitaria Española, Madrid, 2008. 145 pp.


            Siempre he sido de la idea de que la ciencia debe generar conocimiento. Ese conocimiento se puede manifestar de múltiples formas: teorías, hipótesis, conceptos, datos… Existen, pues, muchas formas de conocimiento. El conocimiento científico es aquél que ha sido rigurosamente probado, ya que la ciencia persigue, ante todo, situarse en el mayor grado de objetividad posible o, al menos, ésa debe ser la meta del verdadero científico. Hace algunos años ya manifesté mi opinión acerca de la construcción de un conocimiento científico en el campo del Derecho y más concretamente en el de la Historia del Derecho, por lo que no voy ahora a repetir mi planteamiento (1). No obstante, pienso que todo profesor universitario, cuando emprende la elaboración de un trabajo de investigación, debe reflexionar acerca del método que va a utilizar y, desde luego, si el resultado de su esfuerzo se va a traducir en un conocimiento científico, o dicho de otro modo: útil para la comunidad científica. Esa manifestación de la mente humana es algo que está en continua construcción: se genera y se comunica; se revisa y se vuelve a regenerar o a interpretar…

            Muchas de las transformaciones que ha experimentado la Universidad española en los últimos años han sido consecuencia de los vicios y corrupciones introducidos a raíz de la promulgación de la Ley de Reforma Universitaria de 1983. La consagración de la endogamia como sistema de selección del profesorado universitario propició, por un lado, que muchas asignaturas cayeran en manos de “caciquillos”, quienes encontraron en el sistema de la LRU el instrumento perfecto para campar a sus anchas y conceder auténticos “beneficios” vasalláticos a costa de los presupuestos generales del Estado. Si a ello añadimos, por otro lado, que las pruebas de selección del profesorado no permitían a los miembros de las comisiones juzgadoras calibrar el conocimiento exacto de la materia que tenía cada uno de los aspirantes, se comprenderá ahora mucho mejor el estado actual en el que se encuentra nuestra asignatura en lo que respecta a su nivel científico. Una prueba más de ello la tenemos en el libro que hoy reseñamos.

            Es cierto que la Ley Orgánica de Universidades de 2001 intentó paliar esta situación modificando el sistema de pruebas al establecer -sólo para profesores titulares- un ejercicio consistente en explicar una lección del programa. Pero he aquí, que al perder las elecciones el partido impulsor de la LOU, su antagonista político, ahora en el gobierno, se apresuró a modificar nuevamente el sistema. Es evidente, a la vista de la última reforma de la LOU, que el Partido Socialista Obrero Español es alérgico a la calidad científica y al profesor competente y bien preparado. Las modificaciones introducidas en el sistema de selección de profesorado universitario tanto en la LRU como en sus reformas de la LOU, en lugar de buscar la objetividad y la calidad nos han conducido al oscurantismo y, lo que es mucho peor, a la vulgaridad académica.

            En efecto, ahora, el aspirante a una plaza de docente en la Universidad en lugar de procurarse una formación integral en su materia, debe centrar todos sus esfuerzos en construir un curriculum con el que se llenen el mayor número de “ítems” de las plantillas de las Agencias de Calidad de ámbito autonómico o nacional. Y otro tanto podemos decir de los célebres “sexenios de investigación”. Como las comisiones encargadas de conceder los sexenios no siempre están integradas por especialistas de todas las asignaturas y, además, dichas comisiones  deben de actuar con directrices muy concretas, nos encontramos con que “publicar” se ha convertido en la máxima preocupación del profesorado, sin atender a los más mínimos criterios de calidad científica.

            Y se preguntará el lector ¿Y qué tiene que ver todo esto con el libro del Sr. Díaz Sampedro? Espero poder responderle a esta pregunta a lo largo de esta reseña.

            El que suscribe, que lleva más de 35 años dedicado a esto de la Historia del Derecho, siempre ha tenido gran curiosidad por todo aquello que desconoce; entre otras cosas, por la vergüenza académica de que si algún día un alumno me hace una pregunta referente a la materia, le pueda dar siempre una respuesta adecuada.

            Llega a mis manos el libro titulado Revisionismo jurídico en las constituciones eclesiásticas del siglo XIX. ¡Caray -me dije-, qué bien suena ese título! Debo confesar que siempre he tenido interés por el Derecho Canónico, no en balde es uno de los grandes elementos formativos de la cultura jurídica occidental; pero por el Derecho Canónico de verdad: el del Decreto de Graciano, las Decretales, los concilios… No por ese sucedáneo que se han inventado ahora bajo la denominación de “Derecho Eclesiástico del Estado”. Jamás había oído hablar del revisionismo jurídico en las constituciones eclesiásticas durante el siglo XIX. Debe ser -pensé- algo muy importante. En los últimos años he estado trabajando bastante en el siglo XIX, pero nunca había leído nada sobre el “revisionismo jurídico”; pongámonos, pues, a recibir “conocimiento”.

            Al comenzar a leer la Introducción del libro (p.9) la perplejidad se apoderó de mí. En efecto, si por “revisionismo” debemos entender, según el Diccionario de la Real Academia, la “tendencia a someter a revisión metódica, doctrinas, interpretaciones o prácticas establecidas con la pretensión de actualizarlas”, resulta que ahora el A. nos dice que lo que pretende en el libro no es estudiar el “revisionismo”, sino “analizar la evolución histórico jurídica de algunas constituciones eclesiásticas referidas a hermandades y corporaciones canónicas de Málaga desde su creación hasta el s. XIX”. ¿En qué quedamos? ¿Qué tiene que ver esto con el “revisionismo”? A la sombra de este ampuloso y rimbombante título el lector piensa que va a conocer las causas que propiciaron la aparición de una tendencia sistemática a revisar las constituciones eclesiásticas durante el siglo XIX, pero, en realidad, lo que el A. nos va a contar es el proceso de evolución histórico-jurídica “de algunas constituciones eclesiásticas referidas a las hermandades y corporaciones canónicas de Málaga”.

Durante muchos años, en el programa de Doctorado de nuestro Departamento impartí curso titulado “Cómo se debe hacer un trabajo de investigación”. Una de las primeras consideraciones que hacía a mis alumnos iba dirigida a que el título de una tesis o de un trabajo de investigación tiene que hacer referencia al contenido del estudio. Es evidente que el libro que estamos recensionando no ha seguido dicha regla y, por consiguiente, induce a confusión al lector en la medida de que el título no obedece a lo que se encuentra en el interior del libro.

Pero es que el A., después de haber hecho esa declaración de intenciones (“analizar la evolución histórico-jurídica de algunas constituciones eclesiásticas referidas a las hermandades y corporaciones canónicas de Málaga”), nos dice más abajo: “El estudio y reflexión de sus estatutos y reglas fundacionales se centran en la evolución jurídica y en la comparación de los cambios que se suscitaron en el siglo XIX con motivo de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Novísima Recopilación y proceder a la adaptación y actualización de las corporaciones erigidas en el pasado bajo la supervisión, no sólo de las autoridades eclesiásticas sino de las civiles y gubernativas” (pp. 9-10). Creo que este párrafo debe ser objeto de análisis. Vayamos por partes.

            Del mencionado párrafo se infieren dos cosas:

1º. Que el objeto del libro es, como se acaba de decir, el estudio y reflexión de “la evolución jurídica de sus estatutos y reglas fundacionales” [de las Hermandades malagueñas] y  “la comparación de los cambios que se suscitaron en el siglo XIX con motivo de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Novísima Recopilación…”. A primera vista, de la redacción se extrae la conclusión que los cambios que suscitaron la evolución jurídica que dice haber estudiado y reflexionado el A., es consecuencia de una disposición de la Novísima Recopilación de Castilla (1805).

2º. Que consecuencia, igualmente, de lo dispuesto por la Novísima fue “la adaptación y actualización de las corporaciones erigidas en el pasado bajo la supervisión, no sólo de las autoridades eclesiásticas sino de las civiles y gubernativas”.

A tenor de dicho párrafo, por consiguiente, todo parece indicar que una disposición de la Novísima Recopilación fue la desencadenante de unos cambios en las “corporaciones”, lo que acarreó, obviamente, una “evolución jurídica”. Que esa misma disposición impuso el proceso de “adaptación y actualización de las corporaciones erigidas en el pasado bajo la supervisión, no sólo de las autoridades eclesiásticas sino de las civiles y gubernativas”.

Como el A. da por supuesto que los pocos -eso espero- lectores de su libro debemos de saber de memoria todas las disposiciones de la Novísima Recopilación, no ha tenido la consideración de consignar ni en el texto ni a pié de página cuál es esa ley que determinó la adaptación y actualización de las corporaciones eclesiásticas malagueñas.

Son dos las disposiciones que pueden tener incidencia en el tema que nos ocupa. La primera de ellas (Nov. Recop. 12, 12, 12 = N. Recop. 8, 14, 3) tiene sus orígenes en sendas peticiones que se remontan el reinado de Enrique IV de Castilla (Cortes de Toledo de 1462 y Cortes de Santa María de Nieva de 1473). Posteriormente, la misma petición le fue elevada a Carlos I en las Cortes de Madrid de 1534.

Para comprender la disposición es preciso tener presente la grave situación política que atravesaba el reinado de Enrique IV. Dicha situación aparece reflejada en la misma petición de los procuradores, quienes denunciaron al monarca la creación de cofradías que, tomando la advocación de algún santo, tenían en realidad como verdadero fin ejecutar “malquerencias”, “grandes escándalos y bollicios”, y “otros males y daños”. En consecuencia, el rey decidió “revocar todas e qualesquier cofradias e cabildos que desde el año 64 [1464] acá se han hecho en qualesquier ciudades y villas, y lugares de nuestros Reynos, salvo las que han sido hechas, y después aca se hubieren hecho solamente para causas pias y espirituales, y precediendo nuestra licencia y autoridad del prelado; y que de aquí adelante no se hagan otras, salvo en la manera suso dicha. So grandes penas”. Con esta disposición Enrique IV se estaba reservando la autorización, mediante su “licencia”, de la creación de cualquier cofradía, aunque fuesen con el fin de “causas pias y espirituales”. En definitiva, se trataba de un grave problema de orden público y para evitar nuevos incidentes el rey decidió cortar por lo sano.

El control regio sobre la constitución de cofradías se reiteró -además de en 1534 por Carlos I- en 1783, en tiempos de Carlos III (Nov. Recop. 1, 2, 6), al disponerse que “las cofradías erigidas sin autoridad real ni eclesiásticas queden también abolidas por defecto de autoridad legítima en su fundación, según lo prevenido en la ley 12 del mismo título y libro…”.  Por el contrario, aquéllas que estaban “aprobadas por la jurisdicción real y eclesiástica sobre materias o cosas espirituales o piadosas” podían subsisitir “reformando los excesos, gastos superfluos y qualesquiera otro desorden, y prescribiendo nuevas ordenanzas, que se remitan al Consejo para su examen y aprobación”. En esta misma situación quedaban las cofradías sacramentales, las cuales debían remitir al Consejo sus ordenanzas, si no se hallaban previamente aprobadas por aquél (2).

Obsérvese que ambas disposiciones -no sabemos a cuál de ellas se está refiriendo el A. en su libro- coinciden fundamentalmente en lo mismo: son ilícitas las cofradías que carecían de la licencia regia y eclesiástica. Ninguna de las disposiciones prescribía, como parece insinuarse en el libro reseñado, que todas las cofradías debían proceder a la “adaptación y actualización” (¿de sus Estatutos?). Únicamente -entiendo yo- aquellas cofradías que carecían de dichas licencias (real y eclesiástica) debían de regularizar su situación so pena de incurrir en ilegalidad (3). A la vista de lo expuesto, es evidente que nuestro A. no ha comprendido el sentido de las disposiciones recogidas en la Novísima Recopilación.

Según se expresa en la Introducción del libro, el objeto del trabajo, como se ha dicho más arriba, no es otro que “analizar la evolución histórico jurídica de algunas constituciones eclesiásticas referidas a hermandades y corporaciones canónicas de Málaga” y “el estudio y reflexión de los estatutos y reglas fundacionales” así como la “comparación de los cambios que se suscitaron en el siglo XIX con motivo de dar cumplimiento a los dispuesto en la Novísima Recopilación”, lo que condujo a la “adaptación y actualización de las corporaciones… bajo la supervisión no sólo de las autoridades eclesiásticas sino de las civiles y gubernativas”. Pues bien, querido lector, no sé si al ejemplar de esta obra que ha adquirido nuestro Departamento de la UCM le faltan algunas páginas, ya que por más que he buscado y rebuscado en el libro, no he encontrado ni el “estudio”, ni la “reflexión”, ni la “comparación de los cambios”, ni la explicación a la “adaptación y actualización de las corporaciones” para dar cumplimiento a los dispuesto en la Novísima Recopilación.

Antes aludía al curso de Doctorado que durante varios años impartí en nuestro Departamento. En él les decía también a mis alumnos que todo trabajo científico tenía que partir de una “hipótesis”. Una investigación científica debe formular siempre explícitamente una hipótesis, con independencia de que a lo largo de la investigación pueden surgir hipótesis secundarias

La formulación de una hipótesis científica a veces no resulta fácil. En primer lugar, porque la hipótesis debe estar apoyada en conocimientos comprobados previamente, lo que implica conocer muy bien la disciplina en la que uno trabaja. En segundo lugar, porque el investigador debe intentar dar a priori una explicación de los hechos. En tercer lugar, porque el estudioso debe delimitar o fijar con precisión las conclusiones que pretende explicar. En cuarto lugar, porque la hipótesis debe guardar relación con el sistema de conocimientos de la materia en cuestión. Por último, porque las consecuencias previstas por la hipótesis deben de ser verificables: una hipótesis cuyas predicciones no son verificables carece de valor científico. La hipótesis tiene, pues, que incluir los hechos no explicados -sobre los que se hacen las predicciones-, los cuales deben finalmente enlazar con la explicación de los hechos conocidos.

Una vez formulada la hipótesis, a continuación, la investigación se inicia con el proceso de recopilación de los datos, ya sean procedentes de fuentes historiográficas, ya sean de fuentes archivísticas. A partir de los datos recopilados, el investigador obtiene los resultados. Finalmente, mediante los resultados se procede a verificar la certidumbre o falsedad de la hipótesis propuesta.

Todo este proceso es lo que constituye el método científico o, dicho de otro modo, el camino que se debe seguir hasta llegar a construir una verdad científica. Lo más grave y preocupante del libro que comentamos no es que el autor desconozca lo que significa plantear una hipótesis y aplicar un método científico riguroso, sino es que tampoco ha sido capaz ni siquiera de acudir al socorrido “descripcionismo” sobre el que se han construido la mayor parte de los trabajos en nuestra disciplina en los últimos años.

La superficialidad e irreflexión del A. queda manifiesta en el siguiente dato: los expedientes gubernativos que se publican en el libro corresponden a los años 1864 (Hermandad de Nuestra Señora del Traspaso y Soledad de Viñeros), 1865 (Hermandad de Nuestra Señora de la Concepción Dolorosa) y 1866 (Hermandad de Jesús la Puente). Pues bien, los cambios introducidos en los estatutos publicados en el libro vinieron suscitados, como nos dice el A. (p. 9), con motivo de dar cumplimiento a los dispuesto en la Novísima Recopilación, promulgada, como sabemos, en 1805. Si eso fue así, al Sr. Díaz Sampedro no se le ha ocurrido plantearse por qué dichas Hermandades tardaron sesenta años en “proceder a la adaptación y actualización”. Ésta y otras muchas preguntas más podrían, desde luego, haber constituido una hipótesis del trabajo, pero que, como digo, en este libro cualquier tipo de reflexión brilla por su ausencia.

Pero no sólo se trata de la carencia de una formación científica, sino también de la incapacidad para saber buscar o localizar información. Eso que el “proceso de Bolonia” denomina proporcionar a los alumnos “competencias, destrezas y capacidades”. En este sentido, la Memoria para la obtención del título de graduado en Derecho que la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense ha presentado recientemente a la ANECA, se especifica como una de las competencias específicas de dicho grado “demostrar la capacidad para identificar y aplicar todas las fuentes jurídicas de relevancia en una cuestión concreta (Competencia específica nº 5, en lo sucesivo CE). Dicha competencia se halla directamente relacionada con la competencia general o CG nº 4: “Desarrollar la capacidad de gestión de la información”. Pero, bajemos al problema concreto.

El A., después de comenzar el libro diciéndonos que pretende (y nunca mejor utilizado dicho verbo) analizar la evolución histórico-jurídica de algunas “constituciones eclesiásticas”, resulta que no sólo no hace dicho análisis, sino que ha pasado por alto algunas disposiciones importantes; habría, pues, incumplido la CE5 (“capacidad para identificar y aplicar todas las fuentes jurídicas de relevancia en una cuestión concreta”) La descripción -que no la explicación- de la evolución referida durante el siglo XIX la realiza de manera somera en su primer libro (4), entremezclándola, por cierto, con el problema de la desamortización de los bienes eclesiásticos.

            Así, en este sentido, en aquél libro afirmaba: “Ya en pleno siglo XIX, en la legislación analizada encontramos la Real Orden [se recoge el texto en nota a pié de página] que se dio en pleno periodo revolucionario (sic), concretamente en 1842, siendo Ministros de Gracia y Justicia, José Alonso, y que tendía a la supresión de las cofradías, siempre respetando la legalidad vigente en esos momentos…" (5) (el subrayado es mío).

            La Real Orden a la que se refiere el A. no es otra que la de 8 de febrero de 1842 en la que el Gobierno reconocía su incapacidad de poder revisar los estatutos y constituciones de las “innumerables cofradías fundadas” y “mucho menos conocer la inmediata utilidad que la conservación de algunas puede traer a las poblaciones”; en consecuencia, Espartero, Regente del Reino a la sazón, dispuso que los “prelados diocesanos, de acuerdo con los jefes políticos de las respectivas provincias” propusieran al Ministerio las cofradías que debían suprimirse, “teniendo en consideración que únicamente se han de conservar aquellas que sean conformes a las disposiciones canónicas y civiles que rigen en la materia, pudiendo entretanto ambas autoridades permitir la continuación de aquellas que estimen necesarias y convenientes por su institución y piadosos objetos, y que no sean contrarias a lo dispuesto en uno y otro derecho”. Lo que el A. del libro recensionado pasó por alto es el nada desdeñable detalle que unos meses antes el Regente del Reino, en Orden de 18 de noviembre de 1841, había suprimido “todas las cofradías y cualesquiera otras asociaciones religiosas, ya originarias de España o ya del extranjero, que no hubiesen obtenido autorización del gobierno”. Esta Orden se encuentra recogida en la Colección Legislativa, t, 27, p. 795. Del mismo modo, nuestro experto en cofradías malagueñas “olvidó” la Real Orden de 13 de noviembre de 1854 en la que se reconoce que, a pesar de la Real Orden de 17 de abril de ese mismo año (ésta si ha sido recopilada por el A.), en muchos pueblos continuaban funcionando congregaciones religiosas sin los requisitos exigidos. Pero claro, este “lapsus” puede justificarse debido a que dicha Real Orden se encuentra recogida en una obra de tan difícil acceso y consulta para el investigador como el Diccionario de la Administración Española de M. Martínez Alcubilla del que, por cierto, en el Departamento de Historia del Derecho de la Universidad Complutense -del cual el autor es miembro- hay un ejemplar.

            Nos dice el Sr. Díaz Sampedro que en el libro (p. 10) “se recoge minuciosamente el itinerario de legalidad que hubieron de seguir las hermandades para obtener su definitiva aprobación”. El término “itinerario de legalidad” nos abre paso al capítulo de “despropósitos jurídicos”.

            Ciertamente hay que felicitar al A. en este punto, pues hace falta tener mucha imaginación para denominar “itinerario de legalidad” a un simple expediente administrativo. La expresión suena, al mismo tiempo, tan cursi como poética. Es preciso señalar que el Sr. Díaz Sampedro también utiliza otras expresiones como “procesos legales” (p. 10) y “procesos de legalidad” (p. 11) para referirse a los mismos expedientes administrativos. Ahora ya no sólo nos encontramos con la carencia de la CE5 del grado de Derecho, sino que saltan a la luz otras “incompetencias”, como la CE2 (“Demostrar la capacidad para leer, interpretar y redactar textos y escritos de naturaleza jurídica”), la CE3 (“Llegar a conocer y comprender las principales instituciones públicas y privadas de nuestro ordenamiento jurídico en su génesis, en su individualidad y en su conjunto”) y la CE4 (“Demostrar capacidad para el manejo de las fuentes jurídicas”).

Estos son los problemas derivados de carecer de formación jurídica. Esta deficiencia la podría haber subsanado o bien consultando con alguien que supiera algo de derecho -cosa que, desde luego, no ha hecho-, o bien habiéndose leído los expedientes que él mismo publica en su libro. Así, por ejemplo, en el “auto de aprobación” de los Estatutos de la Hermandad de Jesús de la Puente se lee: “para lo cual se facilite testimonio en sucinta relación de este expediente…” (p. 57). Y más adelante, en el apartado denominado por el A. “Documentos de legalidad y aprobación definitiva” se puede leer: “y remitiendo el expediente a la Cancillería de este Ministerio…” (p. 71). Otro tanto encontramos en los Estatutos de la Hermandad de Nuestra Señora del Traspaso y Soledad de Viñeros: “y con mi presencia se ha instruido expediente…” (p. 73); “en sucinta relación de este referido expediente” (p. 103). Y, finalmente, en los Estatutos de la Hermandad de Nuestra Señora de la Concepción Dolorosa se consigna: “El Fiscal en nueva vista de este expediente…” (p. 134); “Lo que se notificó a las partes según que lo referido más por menor consta y parece del expediente” (p. 137). Es evidente, a la vista de estos datos, que nuestro autor carece de la CE2 y la CE3.

            Esta misma carencia y desconocimiento de la terminología jurídica la encontramos en los que el A. califica de “Documentos de legalidad”. Para el Sr. Díaz Sampedro todos los documentos que obran en los expedientes por él publicados son simples “escritos”, que, al parecer, se diferencian únicamente por la fecha de emisión en unos casos y, en otros, porque en ellos aparecen también el remitente y destinatario (ausencia de CE2). Aunque la tesis doctoral del A. está situada cronológicamente el siglo XIX, a la vista del presente libro podemos comprobar que es incapaz de distinguir lo que es un simple oficio, un informe de una de las Secciones del Consejo de Estado (¡ah! por cierto, Consejo de Estado de escribe siempre con mayúsculas) o una Real Orden del gobierno. Si antes ponía en duda que el A. se había leído los documentos que publicaba, el hecho de que para él todos ellos sean simples “escritos” me hace ratificarme en esa idea. Una lectura atenta de los expedientes le podrían haber sacado de este jardín, ya que en muchos de ellos, en el propio texto del documento se alude a la naturaleza jurídica del mismo, como es el caso, por ejemplo, de las Reales Órdenes (pp. 66, 69, 72 passim).

            En el Derecho es importante la terminología; la correcta utilización de los conceptos jurídicos. Acabamos de ver que esto del Derecho no es precisamente un punto fuerte del A., si es que tiene alguno. En el título nos habla de “constituciones eclesiásticas”. Prima facie, alguien que se maneje en el Derecho Canónico decimonónico puede ser conducido a error por el título del libro. En efecto, en el siglo XIX el término “constitución” los canonistas lo reservaban a las disposiciones dictadas por el Pontífice (“constituciones apostólicas”). Así puede verse en cualquiera de los manuales de Derecho Canónico de dicha centuria, con independencia de que dentro del término “constitutio” se distinguieran, por razón de la forma y el contenido, entre “bulas” y “breves”.

            Al autor el término “constituciones” le sonaba muy bien. Es preciso señalar, no obstante, que el sustantivo “constitución” en los siglos XVII y XVIII era utilizado con frecuencia para denominar las ordenanzas o reglamentos de corporaciones públicas o privadas. Sin ir más lejos, en el fragmento de un documento de 1655 reproducido por el A. en su libro (por cierto, no refleja la procedencia del mismo y nos quiere hacer creer que es aportación suya), los miembros de la Hermandad de Jesús de la Puente se reunieron y “dispusieron ciertas constituciones…” (p. 16.). Un poco más adelante se insiste en que “quieren observar las dichas constituciones…” (págs. 16-17). Esa misma Hermandad, en 1675, se dotó nuevamente de “constituciones” (p. 16). Es evidente que el término “constitución” se utilizaba para referirse a las reglas internas de las cofradías o hermandades. Dicha denominación llegó a filtrarse como reminiscencia, incluso, durante el siglo XIX en algún documento. Así sucede en los Estatutos de la Hermandad de Nuestra Señora del Traspaso y Soledad de Viñeros -publicados en el libro reseñado- en los que en una ocasión se alude a ellos como “estas constituciones” (p. 77).

            Sin embargo, desde mediados del siglo XIX, el término “constitución” se tiende a reservar casi exclusivamente para la “constitución política” o, como hemos dicho, en el campo del Derecho Canónico, para las constituciones apostólicas del Pontífice. Si el A. se hubiera molestado en precisar la naturaleza jurídica -ya sé que estoy pidiendo peras al olmo- de los textos que publica en su libro, habría comprobado que los textos recogidos en los expedientes son “Estatutos” de Hermandad. El término “constituciones” ya ha sido sustituido por el de “estatutos”. Así, en la p. 23 podemos leer: “Testimonio literal de los nuevos Estatutos formados para régimen y gobierno de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Puente…” Pero es que en el dicho texto se alude a los mismos como “estatutos” en las páginas, 23, 24, 25, 35, 37, 41, 47, 54, 55, 56, 57, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 69 y 70. Pero si pasamos al texto de la Hermandad de Nuestra Señora del Traspaso y Soledad de Viñeros nos encontramos con lo mismo. Son autodenominados como “estatutos” en las páginas 73, 74, 80, 81, 90, 94, 102, 103, 105, 106, 107, 108 y 109. Y otro tanto podemos decir de la Hermandad de Nuestra Señora de la Concepción Dolorosa: páginas 112, 113, 115, 117, 120, 121, 123, 125, 134, 135, 136, 139, 140, 141, 142, 143, 144 y 145. ¿Son “constituciones” o “estatutos”? Frente a una ocasión – que procede, por cierto, de los estatutos anteriores- en que se utiliza el término “constitución”, en más de medio centenar de veces los textos se autodenominan como “estatutos” (ausencia de CE7: “comprender las distintas formas de creación del Derecho en su evolución histórica y en su realidad actual). Pienso, por consiguiente, que es este término -“estatuto”- el más apropiado y correcto.

            Si el A. hubiera asistido a mi curso de Doctorado al que antes me referí -además de haber oído hablar de lo que es una hipótesis- estoy seguro de que hubiera seguido la regla de la adecuación del título al contenido del trabajo; entonces el Sr. Díaz Sampedro hubiera tenido que titular su libro de la siguiente manera: “Publicación de tres expedientes administrativos de aprobación de reformas de los Estatutos de Hermandades malagueñas a mediados del siglo XIX”. No suena tan bonito, pero este es el título que se ajusta al verdadero contenido del libro. ¿Por qué -pensará el curioso lector-  el Sr. Díaz Sampedro no puso un título más ajustado al contenido del libro? Muy fácil: la publicación de documentos no son valorados por la comisiones encargadas de evaluar los sexenios de investigación. De este modo, con el altisonante título que el A. ha puesto a su libro lo único que pretende es engañar a comisión de los sexenios.

            El autor nos habla de “revisionismo jurídico”, pero en ningún momento nos explica a qué se debe ese “revisionismo”, ni quien lo promueve, ni el alcance del mismo en el seno de cada cofradía, ni si fue un fenómeno circunscrito a la diócesis malagueña o que afectó a toda España… Puede situar aquí el lector todas las preguntas que se le ocurran, porque ninguna de ellas se las ha planteado el Sr. Díaz Sampedro. Nos encontramos aquí ante una nueva carencia, en este caso, de las competencias generales del título de Graduado en Derecho; concretamente la CG2 (“Demostrar la capacidad de razonamiento crítico”).

            Pero, sin lugar a dudas, en donde nuestro “especialista” en cofradías malagueñas hace mayor gala de su frivolidad investigadora y de su profunda agnosia histórico-jurídica es cuando, tras elucubrar sobre el destino de algunos de los expedientes publicados en su libro, concluye: “por lo que considero que no es extraño que algunos documentos se hayan podido extraviar en los secretariados del Gobierno civil o del obispado o incluso las propias corporaciones no recogieron sus Cédulas de confirmación de la Cancillería de Granada” (p. 13). ¡Ahí queda eso! ¿Cómo un teórico conocedor de la administración de justicia decimonónica puede decir semejante barbaridad?

            La finalización del expediente de aprobación de las reformas de los Estatutos de las Hermandades tenía lugar con la expedición de una Real Cédula en la que el monarca daba por buenos los estatutos que le habían sido presentados para su aprobación. Y, en efecto, en los tres expedientes publicados por el A. en su libro podemos leer: “y remitiendo el expediente a la Cancillería de este Ministerio para la extensión de la Real Cédula” (p. 71); “… quienes deberán recoger de la Cancillería de este Ministerio la oportuna Real Cédula” (p. 72); “… a fin de que concurran a la Cancillería de este Ministerio a proveerse de la oportuna Real Cédula sin cuyo requisito no será válida esta concesión” (p. 107); “…debiendo la misma acudir dentro del término de la ley a la Cancillería de este Ministerio a proveerse de la oportuna Real Cédula sin cuyo requisito no podrá estimarse válida esta concesión de Real Orden” (p. 108); “… a quienes prevendrá que manden a la Cancillería de este Ministerio a proveerse de la correspondiente Real Cédula…”(p. 145).

            Estará conmigo el interesado lector cuando he afirmado antes que el A. no se ha leído los documentos que publica; y si los ha leído, entonces mucho peor, pues nos encontraríamos ante un grave problema de dislexia, en cuyo caso merece atención médica inmediata. En todas las ocasiones, en los mismos textos publicados por el Sr. Díaz Sampedro se puede leer de manera diáfana: “la Cancillería de este Ministerio”. Dicha “Cancillería” es la que el Sr. Díaz Sampedro identifica con la “Cancillería de Granada” en la página 13. El autor no se percató de que algo no encajaba: o las dependencias del Ministerio de Gracia y Justicia se habían trasladado desde la capital del Reino a Granada; o la Cancillería de Granada había sufrido una transposición al Ministerio de Gracia y Justicia en Madrid (ausencia de la CE2). Pero no crea el lector que para resolver este dilema el A. tenía que emprender una nueva investigación en la que debía invertir varias semanas o meses. No…

Un conocedor de la administración de justicia española del siglo XIX debería de saber que el Real Decreto de 26 de enero de 1834 estableció que “todos los tribunales superiores de las provincias tendrían en nombre de Reales Audiencias de las respectivas capitales en que están situadas”; luego, las Reales Audiencias y Chancillerías de Valladolid y Granada quedaron reducidas a simples “Reales Audiencias” perdiendo su condición de “Chancillerías”. En este mismo sentido, el Reglamento provisional para la administración de justicia de 26 de septiembre de 1835, en su artículo 57 se ratificaba la equiparación entre todas las Audiencias: “Todas las Audiencias son iguales en facultades, e independientes unas de otras. Todas tendrán en aquellas instancias que le correspondan, igual conocimiento respecto a las causas civiles y criminales de su territorio pertenecientes al fuero ordinario…”(6). Y por si fuera poco, las Ordenanzas de Audiencias de 13 de diciembre de 1835 ratificaron dicha igualdad e independencia entre todas las Reales Audiencias del Reino. Dichas Ordenanzas (art. 146) regularon la figura del “canciller-registrador”, pero únicamente debía “registrar y sellar las reales cartas, despachos y provisiones que mande despachar la Audiencia o cualquiera de sus salas”. Por consiguiente, en ningún caso estaba dentro de las competencias de la Audiencia el libramiento de las Reales Cédulas que aprobaban los estatutos de las Hermandades. Dichas Reales Cédulas únicamente podían ser expedidas por la Cancillería del Ministerio de Gracia y Justicia.

            Un lector poco exigente y riguroso podría esgrimir a favor del A. de que, en definitiva, se trata de un pequeño error sin importancia. Pero dicho error queda magnificado desde el momento en que el Sr. Díaz Sampedro, como ya se dijo, hizo su tesis sobre un tema de la administración de justicia del siglo XIX. Y, por si fuera poco, la mayor parte de los datos y disposiciones citadas más arriba, se encuentran recogidas en mi manual de Historia del Derecho y de las Instituciones en donde se puede leer: “El Reglamento de las Audiencias y juzgados de primera instancia de 9 de octubre de 1812 dispuso  que todas las Audiencias eran iguales en facultades e independientes…. De esta manera se ponía fin a la jerarquía de Audiencias que existía en el periodo anterior entre las Audiencias y Chancillerías de Valladolid y Granada y las restantes Audiencias… Esos mismos criterios sirvieron de inspiración al Reglamento provisional para la administración de justicia de 1835 y las Ordenanzas de Audiencias de 19 de diciembre de ese mismo año”(7). ¿Cómo se va a formular una hipótesis de investigación si se desconocen los conocimientos básicos y elementales de la disciplina?

Sin embargo, no todo queda ahí. Por un momento admitamos que el A. ha podido tener una laguna o un despiste y no ha recordado estos datos fundamentales recogidos en los manuales al uso de la asignatura. Lo que no se puede “perdonar” es que no le llamaran la atención las sucesivas y repetidas referencias a la “Cancillería de este Ministerio”. Si hubiera leído atentamente sus documentos se hubiera dado cuenta de que había una incongruencia (ausencia de CE2, CE3 y CE4). Entonces, un investigador riguroso se hubiera tratado de informar (ausencia de CG2). Le hubiera sido suficiente acudir a la Colección de Decretos. El Real Decreto de 10 de junio de 1851 reorganizó el Ministerio de Gracia y Justicia en 5 secciones; la última de ellas, la de “Indiferente general”, incluía la “Cancillería” del Ministerio. Tan sólo dos años después, el Real Decreto de 2 de noviembre de 1853, en su artículo 8º, de nuevo aludía a dicha Cancillería. Por último, y sólo por citar las disposiciones cercanas a los expedientes publicados por el A., el Real Decreto de 12 de diciembre de 1856 desarrollaba la organización de la Cancillería del Ministerio.

El Sr. Díaz Sampedro me recuerda lo que decía el desaparecido profesor Tomás y Valiente respecto de otro prolífico catedrático de nuestra asignatura que publicaba un libro cada tres meses: “El problema de R. -decía Tomás y Valiente- no es que no se entera; es que no se entera que no se entera”. Lo patético -no encuentro otro calificativo, paciente lector- de todo esto es que el Sr. Díaz Sampedro está plenamente convencido de que así se hace la ciencia; que así se hace un trabajo de investigación.

Y no hablemos de la elección del tema. Siempre he sido de la opinión de que el investigador tiene total libertad para elegir sus temas de estudio. Respeto, incluso, a aquellos colegas a quienes denomino “los hacedores de listas” (listas de alcaldes mayores, de consejeros o de doctores de una Universidad). Otra cosa es que no comparta el interés que sus “trabajos” proporcionan a nuestra disciplina; máxime cuando de esas listas interminables nunca se extrae conclusión alguna. No me cabe la menor duda de que los huesos de Savigny, Brunner, von Schwerin, Hinojosa, Sánchez-Albornoz, García-Gallo y de tantos y tantos historiadores del Derecho habrán tenido que removerse en sus tumbas con el libro que reseñamos. ¿Cómo después de haber dedicado sus vidas enteramente a la Historia del Derecho no se percataron de que uno de los temas fundamentales de nuestra asignatura eran los expedientes gubernativos de aprobación de los estatutos de las Hermandades malagueñas del siglo XIX? El libro que hoy recensionamos, atento lector, se va a constituir muy pronto, no lo dude, en un hito de la historiografía histórico-jurídica. A partir de ahora la Historia del Derecho se estudiará en dos grandes etapas: antes y después del “revisionismo jurídico” del Sr. Díaz Sampedro.

Pero… ¿quién tiene en realidad la culpa? ¿El autor? Ese pobre que ingenuamente piensa que está haciendo “ciencia” ¿O el que le publica semejante despropósito? ¿Se entiende ahora el por qué al principio de esta reseña aludí al sistema de selección del profesorado?

Pasemos ahora al apartado de “fraude académico”. Para corroborar esta afirmación, en las páginas siguientes me he molestado en poner a doble columna, por un lado, la obra del padre Llordén y Souvirón (8). y por otro, las palabras del Sr. Díaz Sampedro. Cuando las correspondencias son literales, las señalo en negrita. Las correspondencias de sentido están marcadas en cursiva.

 El apartado primero del libro está dedicado a la Hermandad de Jesús de la Puente:

 

Llordén y Souvirón (p. 436)

 

Otro interesante documento hallado en el Archivo Notarial de Protocolos nos informa de las constituciones redactadas en 1655, tal vez las primeras de esta Hermandad, porque ninguna otra anterior a este año hemos registrado. Por el texto de la presente escritura, ciertamente muy conciso, podemos fijar con precisión la fecha exacta en que la Hermandad de la Puente del Cedrón adquiere su independencia de la Cofradía del Santo Cristo de la Columna.

 

[Al final de la reproducción del documento se señala la correspondiente nota]

(2). A. de P. Escribanía de Juan Hidalgo; fols. 1503-1504; 1655

Díaz Sampedro (p. 15)

 

  

La primera referencia de redacción de estatutos que conocemos pudo ser la que se hizo en 1655 (1) y que tal vez fue la primera de la Hermandad y que fija, a pesar de su concesión (sic), la separación e independencia respecto a la hermandad vinculada al Santo Cristo de la Columna y cuyo tenor era el siguiente..

  

 

Nota (1). Archivo Notarial de Protocolos de Málaga.

 

A la vista de este texto, es evidente que el A. nos quiere inducir a pensar que él ha consultado y extraído del Archivo de Protocolos de Málaga el documento que a continuación reproduce. Sin embargo, cualquier investigador que haya pisado un archivo de protocolos sabe que una cita para un trabajo científico no se hace con esa imprecisión, sino que se deben especificar la escribanía, el protocolo, el año y los folios (si se hallan foliados los protocolos).

El documento que el A. transcribe a continuación en su libro (pp. 15-16) está copiado literalmente del libro de Llordén y Souvirón (pp. 436-437), pero, como en el caso del párrafo anterior, el Sr. Díaz Sampedro no cita a dichos autores. Es más, puesto a dar el pego al ingenuo lector, no se percató que Llordén y Souvirón, al final del dicho documento, recogen en la nota 2 (p. 437) la cita exacta de procedencia del mismo: Archivo de Protocolos. Escribanía de Juan Hidalgo; fols. 1503-1504; 1655 (p. 450).

Por cierto, el A. confunde la “concisión” de las constituciones, con la “concesión” de las mismas (¿Otra vez dilexia?). No hace falta decir nuevamente que el A., a pesar de que nos dice al principio de su libro que va a analizar la evolución de las “constituciones eclesiásticas” de las Hermandades en cuestión, de estas primeras de 1655 de Jesús de la Puente no dice absolutamente nada. Pero esto es un común denominador en todos los textos reproducidos en su libro.

A continuación de reproducir las “Constituciones” de 1655, acude nuevamente a resumir en cuatro líneas las palabras de Llordén y Souvirón (p. 437), desde luego, sin citarlos. Dichos autores, reproducen en su libro (pp. 438-442) las “Constituciones” de 1675. Nuestro A. hace lo propio, es decir, transcribir el texto -no fielmente- de Llordén y Souvirón, y acude a la misma técnica engañosa, pues al final del mismo nos dice en nota: “Archivos de la Hermandad de la Puente, primeras constituciones. La aprobación vino dada por Antonio Vergado, Provisor del obispado y siendo obispo de la ciudad Fray Alonso de Santo Tomás (p. 22, nota 2). Si acudimos a la nota correspondiente de Llordén y Souvirón, podemos leer: “Archivo de la Hermandad de la Puente. Primer libro de Constituciones” (p. 450). Pero es que la información complementaria de los nombres del Provisor y del Obispo, también la encontramos en Llordén y Souviron: “Una vez aprobadas las constituciones por el Provisor del obispado doctor don Antonio Vergado en el mes de marzo del mismo año, siendo obispo de Málaga Fray Alonso de Santo Tomás” (p. 441). Aquí, como podrá ver nuestro lector, el arduo trabajo investigador consistió en tomar el dato en cuestión de Llordén (que si manejó el archivo de la Hermandad) y reproducirlo al final de la nota.

Y prosigue nuestro experto en cofradías con su peculiar “evolución”. Pero dejemos que hablen los textos:

 

Llordén y Souvirón (p. 441).

 

En el año 1724 se reformaron por primera vez las constituciones. Es entonces hermano mayor don Juan Carlos Swert y Guerrero, teniente coronel de las Milicias de esta ciudad y regidor perpetuo. Las principales reformas que se hacen en las primitivas constituciones son: aumentar el número de los hermanos hasta setenta y dos; en memoria de los setenta y dos discípulos de Cristo. Se constituye el cargo de padre de almas por el de clavero y se dictan normas para conservar en arcas los bienes de la Hermandad, así como la forma de llevar los libros de cuentas, a los que no se hacía referencia en las primeras constituciones.

 

Díaz Sampedro (p. 22)

 

 Siendo hermano mayor Juan Carlos Swert y Guerrero en 1724 se reformaron, en lo que podríamos decir por primera vez, las constituciones en lo concerniente a aumentar el número de hermanos a setenta y dos,

 

           se elimina el cargo de padre de almas, denominación singular de esta corporación, por la de clavero y se dicta­ron normas para la conservación de las arcas de los bienes de la Hermandad, así como la forma de llevar los libros de cuentas, a los que no se hacía referencia en las primeras constituciones…

 

Dejando a un lado las coincidencias de sentido entre ambos párrafos que dejo a consideración de lector perspicaz, los problemas de lectura y comprensión del Sr. Díaz Sampedro son, como ya hemos dicho, ciertamente graves. Obsérvese que Llordén y Souvirón dicen expresamente que en la reforma de 1724 “se constituye el cargo de pa­dre de almas”. Nuestro A. cambia el verbo “constituir” por “eliminar”: “se elimina -dice- el cargo de padre de almas”. Pero aún hay más. Llordén y Souvirón afirman que se dictaron normas “para conservar en las arcas los bienes de la Hermandad”. El Sr. Díaz Sampedro, por su parte, las normas para la conservación de los bienes las ha transformado en “normas para la conservación de las arcas de los bienes”. Sin comentarios.

El buen agustino Andrés Llordén y Sebastián Souvirón continúan en las páginas siguientes de su libro (pp. 441-447) haciendo la historia de la cofradía durante el siglo XVIII, pero el A. da un salto en el vacío y se presenta ya en 1866 ¿No iba a estudiar la evolución de las cofradías a través de sus estatutos? No obstante, en su nota 3 (p. 23), nos dice: “La primera mitad del siglo XIX supuso un decaimiento de esta Hermandad. Del año 1831 tenemos una referencia siendo albacea de la Cofradía Antonio Fernández en cuanto se hicieron nuevos nichos en el panteón de la Hermandad” ¡Cuánta sabiduría! Exclamará un lector poco avezado en lides de cofradías. No obstante, si acudimos al libro de Llordén y Souvirón podemos encontrar el siguiente párrafo: “A través del siglo XIX la Hermandad pasa por unos largos periodos de tiempo en los que su importancia decae; sobre todo en lo que se refiere concretamente a la primera mitad. Del año 1831 hay una referencia en el Archivo Municipal, siendo albacea de la Cofradía de la Puente don Antonio Fernández. Se dice en esta referencia que la Hermandad labró nuevos nichos en el panteón de su propiedad” (p. 448). No busque el lector ninguna referencia o cita del libro de los autores mencionados.

No sucede, en cambio, en la nota 4 de la página 23. Ahora es cuando por primera vez, cita a Llordén y a Souvirón haciendo un resumen de las páginas 435 y 436 de mencionado libro. Sin venir a cuento, el A. nos pone ahora en nota una serie de referencias a la historia de la Hermandad, que remontan a 1647 y que debían de haber iniciado el capítulo. Por cierto, tampoco cita correctamente el título del libro de Llordén y Souvirón.

Sin embargo, la cita de la fuente primigenia no pasa de ser un mero espejismo. En efecto, cuando el Sr. Díaz Sampedro se pone a transcribir los estatutos que se recogen en el expediente de 1866, en el capítulo segundo de los mismos (p. 31), al hilo de la administración de la cofradía y más concretamente cuando se regula la obligación de tener un libro en el que se consignen las entradas y salidas de los fondos, el A. vuelve a entrar a saco en el libro de Llordén y Souvirón, además con clara intención de engañar al lector:

 

Llordén y Souvirón (pp. 442-443).

 

Fuente riquísima para la historia de esta Cofradía la constituye un curioso libro de cuentas de la Hermandad que comprende los ingresos, gastos, inventarios y reuniones de los años 1735 a 1784... Hoy se encuentra en el Archivo Municipal malagueño registrado bajo en número 9.313. Está forrado en pergamino…: “Libro en que se ha de llevar la cuenta por los mayordomos de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Puente de lo que se juntare de limosna y demás gastos. Se hizo siendo mayordomos los hermanos Manuel Guerrero y Faustino Rubio, fiscal Bernardo Rodríguez y clavero Bartolomé Rodríguez. Año de 1735.

La primera cuenta que figura en sus páginas es la de la cal y ladrillos que juntó de limosna el mayordomo don Fernando de Montes para la obra de la capilla que se hizo en este año. Viene a continuación el importe de dicha obra, que ascendió a 615 reales de vellón, incluyendo algunos materiales que hubo que comprar, los jornales pagados, los carros que transportaron los mismos y algunos refrescos que se dieron “a la gente que trabajó y otras menudencias”.

Díaz Sampedro (p. 31, nota 5).

 

 

Se halla el primer libro de cuentas de la cofradía en el Archivo Municipal de Málaga con el nº. 9313 y comprende los ingresos, gastos, inventarios y reuniones de los años de 1735 a 1784. “Libro en que se ha de llevar la cuenta por los mayordomos de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Puente de lo que se juntare de limosna y demás gastos. Se hizo siendo ma­yordomos los hermanos Manuel Guerrero y Faustino Rubio, fiscal Bernardo Rodríguez y clavero Bartolomé Rodríguez”.

La primera cuenta que está registrada se refiere a una obra de la cal y ladrillos para la obra de la capilla que se hizo en este año. Esta obra tuvo un gasto que ascendió a 615 reales de vellón, incluyendo algunos materiales que hubo que comprar, los jornales pagados, los carros que transporta­ron los mismos y algunos refrescos que se dieron a la gente que trabajó y “otras menudencias”.

           

Y decimos que con intención de engañar al lector no sólo porque no cita en ningún momento su fuente de información, copiándola a veces de manera literal -en negrita cursiva-, sino también porque induce a pensar que ha estado manejando el libro de cuentas en el Archivo municipal malagueño. Su afán por alardear de una erudición “tomada de prestado” le llevan a cometer algunos errores. Así, por ejemplo, a continua­ción del párrafo transcrito en la columna anterior, el Sr. Díaz Sampedro escribe: “En 1768 s arregló la bóveda de la capilla rehaciendo toda la labor de ladrillería con un coste de 600 reales” (p. 31, nota 5). No se alarme querido lector pensado que este dato es de cosecha del Sr. Díaz Sampedro. En Llordén y Souvirón, en la p. 446, podemos leer: “También en 1768 fue arreglada la bóveda de la capilla, teniendo que rehacer toda la obra de ladrillería, lo que importó cerca de setecientos reales”. Una vez más, nuestro A. vuelve a fusilar a buen padre Andrés Llordén y a Souvirón, convirtiendo, además, en un enésimo error de lectura los 700 reales del coste de la obra, en tan sólo 600. Pero lo más grave no se encuentra aquí -ya sabemos que la lectura no es tampoco uno de los puntos fuertes del Sr. Sampedro-, sino que a continuación prosigue:

 

Díaz Sampedro (nota 5, pp. 31-32)

 

El principal gasto de ese año fue aparte de los normales de la música de la procesión que costó cincuenta reales la cera (sic). El agasajo a los que llevaron el palio, a los sacerdotes que acompañaron a la imagen uno extraordinario de gran valor histórico por referirse a una Hermandad de la que apenas poseemos datos. Se trata de un trono que se compró ese año por la Hermandad de Jesús el Pobre y que siendo de segunda mano costó quinientos reales pagándose trescientos al año siguiente y los otros doscientos se adelantaron a dos hermanos a los que se le debían.

 

Llordén y Souvirón (p. 443).

 

El principal gasto de ese año fue, aparte de los normales de la música de la proce­sión que costó cincuenta reales, la cera, el agasajo a los que llevaron el palio, a los sacerdotes que acompañaron a la imagen, etc., uno extraordinario de gran valor histórico por referirse a una Hermandad de la que apenas poseemos datos. Se trata de un trono que este año compra la Hermandad de la Puente a la de Jesús el Pobre y que costó -ya de segunda mano- quinientos reales. Trescientos de ellos dio la Hermandad al año siguiente a la de Jesús “el Pobre” y los primeros doscientos reales habían sido adelantados por dos hermanos a los que se les debían.

 

Ya no nos deben sorprender ni la literalidad (marcada en negrita cursiva), ni los errores de puntuación. El error radica está en que como el Sr. Díaz Sampedro ha previamente intercalado un párrafo referente al año 1768 -el relativo al arreglo de la bóveda de la capilla- cuando se lee la frase “El principal gasto de ese año…” el lector piensa que se trata de 1768, cuando, en realidad, el trono que compró la Hermandad a su homónima de Jesús “el Pobre” fue en 1735, como bien señalan Llordén y Souvirón.

No creo que sea necesario proseguir con el cotejo de la nota nº 5 y aburrir al lector con lo que ya sabemos: toda ella, sin excepción, es un resumen de las páginas (pp. 444-446) de Llordén y Souvirón. No hay ni un solo dato aportado como novedad por el A. del libro que reseñamos.

En la nota 6 (p. 44) sigue se sigue la misma tónica que en la anterior: presumir de conocimiento a costa de Llordén y Souvirón, siempre silenciados. Veámoslo:

 

Llordén y Souvirón (p.441-442)

 

El 4 de julio de 1725 se solicita del obispado la construcción de un altar y retablo a costa de la Cofradía, dentro de la capilla mayor, en una de las esquinas, ya que en la capilla, donde se veneraba, había falta de espacio. Después de que la solicitud fue favorablemente informada, en el sentido de que dentro de la capilla mayor no iba a estorbar la colocación del altar del Cristo, se dio la licencia eclesiástica para los tra­bajos.

 

 Nueve años después, también se consiguen permiso del obispado para la cons­trucción de una bóveda de enterramientos, pero ésta ya, no por cuenta de ellos, sino del obispado. En 1761 la imagen del Cristo de la Puente es trasladada al altar de San José para que “pudiera recibir la insignia mejor culto con decencia y en altares más proporcionados”.

 

La restauración de la capilla, iniciada con el arreglo del retablo, se terminó en 1778 en que fue colocada una verja de hierro que costó a la Hermandad 700 reales (p. 448).

Díaz Sampedro (nota 6, p. 44).

 

El 4 de julio de 1725 se solicitó del obispado la construcción de un altar y retablo a costa de la Cofradía, dentro de la capilla mayor, en una de las esquinas, ya que en la capilla, donde se veneraba, había falta de espacio. Se les trasladó permiso fa­vorable y se entendió que dentro de la capilla mayor no iba a estorbar la colo­cación del altar del Cristo, se dio la licen­cia eclesiástica para los trabajos en esta zona de la iglesia.

 

En 1734 el obispado concedió permiso para la construcción de una bóveda de enterramientos, pero ésta ya, no por cuenta de ellos, sino del obispado. En 1761 la imagen del Cristo de la Puente es trasladada al altar de San José para que “pudiera recibir la insignia mejor culto con decencia y en altares más proporcio­nados”.

 

En 1778 se procedió a la restauración de la capilla y se colocó una verja de hierro cuyo coste fue de 700 reales.

 

 

            Y la nota 7 (pp. 45-46) es fruto de una refundición de datos procedentes de las páginas 442, 447, 448 y 449 del tantas veces mencionado libro del padre Llordén y de Souvirón. Aplíquese lo mismo a la nota 8 (p. 49), tomada de la página 446 de citado libro y al nota 10 (p. 59), cuya fuente es la página 449. La nota 9 (p. 50) es un nuevo atraco:

 

Llordén y Souvirón (p. 442).

 

La primera referencia hallada sobre los enterramientos de los hermanos del Cristo de la Puente lo ha sido en el Archivo de Protocolos Notariales: Data del año 1682. Es el testamento otorgado por Juan de Silva, vecino de esta ciudad, ante el escribano Bernabé Ruiz, en el que manda que su cuerpo sea vestido con una túnica de lienzo de la Hermandad de la Puente del Cedrón, de la que es hermano, y enterrado en la iglesia parroquial de los Santos Mártires, de donde es parroquiano. Hace referencia a sus derechos como hermano de la Puente del Cedrón en lo referente a las misas de cuerpo presente y a las setenta y dos misas de que hablan los estatutos.

Díaz Sampedro (nota 9, p. 50).

 

La primera referencia hallada so­bre los enterramientos de los her­manos del Cristo de la Puente lo ha sido en el Archivo de Protocolos Notariales y es del año 1682 documen­tado en testamento otorgado por Juan de Silva ante escribano y en el que manda que su cuerpo sea vestido con una túnica de lienzo de la Hermandad de la Puente del Cedrón, de la que es hermano, y enterrado en la iglesia parroquial de los Santos Mártires, de donde es parroquiano, en dicho documento se hace referencia a sus derechos como hermano en lo concerniente a las setenta y dos misas de que hablan los estatutos.

 

Si en el caso de la Hermandad de la Puente del Cedrón el A. intenta en el texto, siempre sobre la base del libro de Llordén y Souvirón, hacer un bosquejo la evolución de sus estatutos, en el caso de la Hermandad de Nuestra Señora del Traspaso y Soledad de Viñeros (pp.73-110) cualquier intento de reconstrucción histórica brilla por su ausencia. En efecto, el Sr. Díaz Sampedro opta por reproducir directamente el expediente administrativo que publica y lo adereza con notas -¡Cómo no!- procedentes del consabido libro de Llordén y Souvirón.

En este sentido, las notas 11 y 12 (p. 73) proceden ambas casi literalmente de la página 667. Y claro, cuando en las notas 13 y 14 (p. 74) el A. reproduce un documento y unos datos publicados por Llordén, y expresa su procedencia, no hace más que confirmar nuestras sospechas. Un superficial lector supone, a sensu contrario, que todas aquellas notas en las que no aparecen fuentes consignadas son debidas a la sabiduría del Sr. Díaz Sampedro. Nada más erróneo, como hemos podido demostrar.

Pero este arranque de honestidad académica no es más que la excepción que confirma la regla: en la nota 15 se reproduce un documento de 1698 publicado por Llordén y Souvirón (pp. 666-667); el Sr. Díaz Sampedro no sólo silencia a los mencionados autores, sino que se atreve a poner su procedencia archivística (“Escribanía de García Calderón en Archivo de Protocolos”), para que creamos que él ha sido el descubridor del citado documento. Sin embargo, dice el refrán, antes se coge a un mentiroso que a un cojo. Y, además, en este caso, un mentiroso torpe. Como ya señalé anteriormente, cualquiera que haya consultado un archivo de protocolos sabe perfectamente cómo se han de citar los protocolos notariales. Y decimos que es torpe porque Llordén y Souvirón recogen en su libro en una nota la cita correcta: “Archivo de Protocolos. Escribanía de Francisco García Calderón; fols. 239-44. Año 1698”.

La nota 16 reproduce casi literalmente la p. 668 de la Historia documental de las Cofradías y Hermandades de Pasión de los consabidos autores y, como en el caso anterior, nos quiere engañar al citar su fuente de procedencia: el Archivo Municipal de Málaga, sección cementerios. Sr. Díaz Sampedro: los Archivos municipales tienen sus secciones en las que los documentos se hallan agrupados en legajos; y dentro de los legajos, los documentos se encuentran generalmente recogidos en expedientes. Llordén y Souvirón citan, al menos, el legajo del que han sacado esa información que usted nos quiere vender como suya.

Llegamos, finalmente, al último expediente publicado por el A. que contiene los estatutos de la Hermandad de Nuestra Señora de la Concepción Dolorosa (pp. 111-145). Al igual que en el caso de la cofradía anterior, tampoco encontramos ese análisis de la evolución histórico-jurídica de sus constituciones. Ello se debe a que como Llordén y Souvirón únicamente reproducen fragmentos de los estatutos de esta Hermandad, no es posible tal análisis, por consiguiente la técnica utilizada por el A. es la misma: transcripción del expediente y fusilamiento en las notas del libro de Llordén. Así, la nota 19, procede de la página 197; la nota 20, de la página 199; y en la larga nota 21, se trata -una vez más- de engañar al lector, citando el Archivo de Protocolos de Málaga cuando, en realidad, quienes rescataron el documento transcrito fueron el padre Llordén y Souvirón y lo publican en las páginas 198-199 de su libro. ¿Para qué continuar?

            Recapitulando, de lo dicho en las páginas anteriores podemos señalar:

            1º. Que lo que el Sr. Díaz Sampedro denomina “revisionismo jurídico” no pasa de ser el simple propósito de algunas Hermandades malagueñas de reformar sus antiguos estatutos. El caso más claro es, sin duda, el de la Hermandad de Nuestra Señora del Traspaso y la Soledad de Viñeros en cuyo preámbulo se consigna expresamente: “Considerando que los estatutos por que se rige y gobierna esta cofradía actualmente no están en armonía con las novaciones que el tiempo reclama ni pueden hacerse valer legalmente por carecer de los requisitos que exige la ley…” (p. 75); o los de la Hermandad de Nuestra Señora de la Concepción Dolorosa que elabora “unos estatutos adicionales” (p. 113) que se añadieron a los ya existentes ya que “algunas de sus cláusulas no guardan consonancias con las que se observan en el día por todas las corporaciones siendo indispensable arreglarse a ellas por medio de una reforma que no varía en esencia la creación de nuestra voluntad…” (p. 114).

            2º. Que dichas reformas no vienen provocadas -como nos dice el A.- por la normativa de las Novísima Recopilación. Dicho texto legal únicamente imponía el requisito obligatorio de solicitar una autorización gubernativa cuando se elaboraran nuevos estatutos de las Hermandades o se procediera a la reforma o adición de los mismos. Por consiguiente, cuando una cofradía quería reformar, adicionar o hacer unos estatutos nuevos, éstos debían superar el trámite de la aprobación por parte tanto de la autoridad civil como de la eclesiástica, so pena de convertirse en asociaciones ilícitas, perseguidas en el Código Penal de 1848. Esto era lo que prescribía la Novísima Recopilación, ratificada por algunos Decretos posteriores como ya hemos señalado. Si la Hermandad consideraba que no era necesario introducir reforma en los Estatutos ya existentes -y éstos habían sido previamente autorizados- no era preciso solicitar nuevamente la licencia gubernativa. No existe, pues, ninguna tendencia general a someter a revisión metódica, doctrinas, interpretaciones o prácticas establecidas con la pretensión de actualizarlas, es decir, lo que sería propiamente el “revisionismo jurídico”.

            3º. No encontrará el lector en el libro ningún análisis de la evolución histórico-jurídica de los estatutos que el A. pretende hacer (y que no hace). Como tampoco se hace un estudio comparativo en el que se analicen los cambios que se introducen en los nuevos estatutos en relación a los antiguos. Y mucho menos se verifica un cotejo entre los estatutos publicados para señalar sus coincidencias y diferencias. El Sr. Díaz Sampedro, en definitiva, se limita a transcribir los documentos sin aportación personal alguna.

            4º. El libro, como era de esperar, está plagado de imprecisiones y carece de toda terminología jurídica; se desconoce la naturaleza jurídica de los documentos que se publican; no se sabe lo que es un expediente administrativo (bautizado como “itinerario de legalidad”); no se comprende lo que dicen los documentos y se leen incorrectamente; se ignoran fuentes importantes; se confunde la Chancillería de Granada con la Cancillería del Ministerio de Gracia y Justicia…

            5º. En sede aportaciones, el libro que nos ocupa bien podría calificarse de “tomadura de pelo” académica por cuanto que todos los datos históricos referentes a las Hermandades recogidas en la obra proceden, sin excepción, del libro de Llordén y Souvirón. Sólo en tres ocasiones se citan en nota a los mencionados autores, con lo que un mal informado lector puede llegar a pensar de que se encuentra ante un investigador de gran prestigio que ha vertido toda su erudición en el libro: nada más lejos de la realidad.

            6º. El A. desconoce cuáles son las reglas metodológicas más elementales de elaboración de un trabajo de investigación: el libro carece de hipótesis, los resultados son irrelevantes y, por consiguiente, no hay conclusiones; el título no obedece al contenido del libro; no se conocen las pautas de citas bibliográficas y archivísticas, ni siquiera las del Archivo del Ministerio de Justicia de donde proceden los expedientes publicados de los cuales no recoge su referencia; se desconocen la reglas de transcripción de los documentos…

Libros como que el ahora recensionamos no hacen otra cosa que desprestigiar a la Fundación Universitaria Española. Dicha institución es la única que pierde credibilidad con publicaciones de tan paupérrimo nivel, ya que el autor –hemos podido comprobar la altura de prestigio científico y académico- en realidad nada tiene que perder. Nunca el A. podía haber llegado tan alto ni la FUE a tan bajo.

            Ciertamente nuestra disciplina, la Historia del Derecho, es una materia marginal de la no es fácil encontrar especialistas. Es evidente -a los hechos me remito- que la Fundación Universitaria Española carece de personas capacitadas para emitir un dictamen objetivo y razonado sobre un tema histórico-jurídico; de lo contrario no se entiende que una institución tan prestigiosa haya invertido sus fondos en publicar semejante libro. Precisamente para eso existen los asesores externos o “referees”. Una institución como la FUE no puede publicar un manuscrito del primer “junta-palabras” o “dominguero iushistórico” que pasa por allí. Se ha dado forma de libro a un texto que no merece ni el calificativo de “trabajo”, pues apenas se limita a transcribir tres expedientes del archivo del Ministerio de Justicia. Si pasamos el texto de este libro a una letra convencional de ordenador -concretamente la New Times Roman 11-, lo que la FUE ha publicado con la apariencia de un libro, apenas alcanza 41 páginas; es decir, un simple artículo de revista. De estas 41 páginas, únicamente el 4,9 % de las mismas son aportación del autor; el resto, la transcripción de los expedientes y los datos, copiados unas veces, refundidos otras, procedentes del libro de Llordén y Souvirón. Desde esta perspectiva, el libro del Sr. Díaz Sampedro puede considerarse como una estafa académica; es el resultado de intentar ser lo que no se es: un investigador universitario. El hecho de que la LRU y la LOU hayan conferido a los profesores de Universidad la plena capacidad docente e investigadora, no convierte en trabajos científicos todo aquello que se publique.

            No cabe la menor duda que el Sr. Díaz Sampedro ha sabido muy bien engañar -además en dos ocasiones- al responsable de las publicaciones de la FUE. Es probable, igualmente, que consiga engañar a los miembros integrantes de la comisión de sexenios, quienes evalúan los curricula, como sabemos, sin ver los trabajos de los aspirantes. Del mismo modo, habrá podido “dar el pego” en el círculo del sindicato y a algún que otro ingenuo presidente de asociación estudiantil de la Facultad de Derecho. Tampoco me atrevo a dudar de que después de esta publicación le harán hermano honorario de la cofradía Nuestra Señora del Traspaso y Soledad de Viñeros; pero de lo que sí estoy seguro es de que el Sr. Díaz Sampedro jamás podrá engañar con trabajos de esta miserable calidad a los verdaderos integrantes de la comunidad científica histórico-jurídica.                      


 

(1) Vid.  Jacobus, id quod ego. Los caminos de la ciencia jurídica, Madrid 2003, pp. 366 y ss.

(2) Años antes, por Real resolución a consulta del Consejo de Castilla de 9 de mayo de 1778, se había establecido que las cofradías “en el caso de no estar fundadas conforme a la citada ley (N. Recop. 8, 14, 3), como cuerpos ilícitos, a la autoridad pública pertenece abolirlas….” (XVIII).

(3) No deja tampoco de sorprender la afirmación final del párrafo comentado cuando el A. alude a las “autoridades eclesiásticas” y a las “civiles y gubernativas” ¿Qué diferencia hay entre las autoridades civiles y las autoridades gubernativas? Del texto se infiere que para el A. son diferentes. Esta distinción nos sitúa dentro del apartado de “despropósitos jurídicos” que encontramos por doquier en el libro comentado. Pero sobre este tema volveremos más adelante.

(4) B. Díaz Sampedro, Derecho y legalidad de las cofradías de Málaga en el siglo XIX, Madrid 2007, pp. 21-27. No se pierda el lector la aguda reseña de este libro publicada por el Dr. F. Martínez Martínez en esta misma revista Byblos

(5) Derecho y legalidad… p. 21

(6) En realidad, dicho Reglamente provisional no hacía otra cosa que restablecer las líneas maestras recogidas en el Reglamento de las Audiencias y Juzgados de primera instancia promulgado en el Decreto de las Cortes de Cádiz de 9 de octubre de 1812.

(7) J.  Sánchez-Arcilla Bernal, Historia del Derecho y de las Instituciones, 3 vols. Madrid 1991, vol. III, pp. 396 y 407. También en mi Manual de Historia del Derecho, Madrid 2004, p. 667.

(8) A. Llordén y S. Souvirón, Historia documental de las Cofradías y Hermandades de Pasión de la ciudad de Málaga. Excmo. Ayuntamiento de Málaga, Málaga 1969. Por cierto, que nuestro A. cita de manera incompleta el título de este libro en el que se basan todos los datos históricos de su obra, ya que omite la palabra “y Hermandades”. Vid. p. 23, nota 4 in fine.

 

José Sánchez-Arcilla Bernal
Departamento de Historia del Derecho
Facultad de Derecho de la UCM
Recensión efectuada el 30 de junio de 2009
arcilla@der.ucm.es

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