BYBLOS
Revista de Bibliografía Histórico-Jurídica


La pena de minas: los forzados de Almadén, 1646-1699.
Prior Cabanillas, Julián Antonio
Universidad de Castilla-La Mancha, Ciudad Real, 2003, 126 pp.


 Los estudios sobre la Historia del Derecho Criminal han experimentado en España una saludable vitalidad en los últimos años. Desde que Tomás y Valiente crease una suerte de modelo común en su conocida obra sobre el Derecho Penal en la Monarquía Absoluta, trabajo hoy sometido a profunda revisión y realizado con una marcada intencionalidad política (pues, toda Historia es Historia contemporánea como decía Benedetto Croce), se han sucedido toda una gama variada de escritos, libros y artículos en los que se ha tratado de examinar la forja de la realidad criminal desde la perspectiva histórico-jurídica, abordando el estudio de conductas delictivas en particular (basta citar, entre otros muchos, los trabajos de Sánchez-Arcilla, Montanos Ferrín, García Marín, Manuel Torres o Aniceto Masferrer), exámenes detallados sobre las cuantificaciones de la penalidad, o la forma de actuar de los diferentes tribunales del Antiguo Régimen. Junto a los crímenes y al comportamiento de los órganos jurisdiccionales, la penología, el estudio del significado y función de las sanciones previstas en la legislación y su materialización práctica, han ocupado un grueso conjunto de reflexiones, entre las que destacan, por su rigor, las realizadas por el profesor Ortego Gil, de la Universidad de Santiago de Compostela, a propósito de la práctica de la Real Audiencia de Galicia, en las cuales se desmontan muchos de los argumentos que hablaban de una realidad jurídico-criminal instalada en el mayor de los rigores y de las arbitrariedades posibles, todo ello auspiciado por un ingente aparato documental tomado del Archivo del Reino de Galicia que permite surcar las procelosas aguas de una investigación iushistórica “plena”, que aúna lo normativo, lo doctrinal y lo práctico.

 El Derecho Criminal ha sido visto tradicionalmente como el Derecho de la represión, del castigo, esto es, de la imposición. Frente a otros sectores del orden jurídico, en donde el diálogo, el intercambio, las recíprocas concesiones, han tomado carta de naturaleza, como sucede en el orden civil o en el mercantil, lo penal supone la intervención de una sujeto poderoso, al margen de cualquier consideración igualitaria, que asume ese derecho al castigo o ius puniendi como propia exigencia de su subsistencia y del cumplimiento de los fines a los que está llamado. Pero no solamente ésa es su misión. Es evidente que el Estado castiga para conservarse a sí mismo, para sostener el orden social, político y económico sobre el que se ha erigido. Esto es indiscutible. Mas no se debe dejar de observar la posibilidad que aquél tiene de conformar el Derecho Penal como un instrumento a su servicio, con unos perfiles netamente económicos. Queremos decir con esto que la pena ha de verse siempre como castigo o punición (nuevamente la concepción del orden criminal como orden represivo o bien como orden preventivo, pero en todo caso no benévolo), si bien es preciso ir más allá de las consecuencias materiales directas que de la misma se pueden inferir y buscar (y, con ello, hallar o estar en posibilidades de hallar) el resultado último que por medio de la variada tipología de penas se podría conseguir. La consolidación de una nueva forma de ejercicio del poder político desde finales del siglo XV (hablemos, pues, de Estado, aunque sea término peligroso) comportó, entre otros muchos cambios, la preocupación decidida por la materia económica por parte de un poder que anteriormente se había centrado simple y llanamente en nutrirse, subsistir y obtener recursos a medio o a corto plazo. El nuevo Estado asume ahora preocupaciones conscientes sobre la planificación económica, sobre la necesaria prosecución de objetivos a medio o a largo plazo más allá del horizonte inmediato. El Estado construye un modelo económico en donde hay poco espacio a la improvisación. Frente a la fiscalidad bajomedieval, basada en la persistencia de regalías y en los tributos pactados en el seno de las Cortes (moneda forera, pedidos, servicios, etc.), el descubrimiento de América supuso la aparición de toda una gama nueva de recursos, entre los que destacan, sobre todo, los metales preciosos, los cuales debía ser trasformados por el correspondiente proceso físico-químico. Se avanza hacia un Fisco moderno. Y esa economía moderna se articuló precisamente en torno a la realidad indiana y el tratamiento del oro y de la plata implicó una articulación decidida de todo el sistema, en su más amplia acepción, de cara a la consolidación del aparato económico estatal. Ese nuevo Estado era máquina económica y máquina de guerra, dos elementos que se necesitaban de forma indiscutible. Porque la obtención de recursos para la gestión de una Monarquía Universal, como la que crean Carlos I y Felipe II, era presupuesto lógico para la defensa de la misma. Y la efectiva defensa traía aparejada como consecuencia la llegada de las riquezas de cada una de las partes de ese riquísimo mosaico de territorios dominados. Todos los mecanismos se pusieron al servicio de ese ideario y el Derecho Penal no fue una excepción. ¿Cómo se vertebró esta realidad? El trabajo del joven investigador de la Universidad Complutense, Julián A. Prior Cabanillas nos da una respuesta parcial al estudiar el caso concreto de la pena de reclusión en minas y, en concreto, la situación de los forzados de Almadén en el período 1646-1699.

 La mina de Almadén, después de muchas vicisitudes relacionadas con ese proceso de superación de la “patrimonialización” de la Corona que inician los Reyes Católicos, había sido recuperada de manos particulares en el siglo XVII. Los Fugger la habían recibido como pago de los numerosos préstamos con los que se había contribuido a la mayor gloria de la Monarquía. El motivo de esa reintegración no era otro que el producto que de allí se extraía: el mercurio, indispensable para amalgamar la plata americana. La interdependencia América-Europa cobra así tintes claros. Tras presentar un estado de la cuestión, el autor plantea las hipótesis, a las que va a ir respondiendo en las páginas sucesivas de su obra (pp.14-15), así como la justificación del espacio acotado: 1646 es el año en la que la Corona recupera la explotación directa de la mina, y 1699, para agotar el siglo XVII, momento cronológico fruto de una elección voluntaria auspiciada por la realidad documental: esos cincuenta años muestran un considerable número de expedientes, hoy radicados en el Archivo Histórico Nacional, tras muchas vicisitudes como se refiere en pp. 15 y ss.

 El desarrollo de la pena de minas está directamente relacionado con el entramado institucional y económico que antes hemos referido. Desde Carlos I y Felipe II (no deja de ser significativo que precisamente los dos monarcas que consiguen la dominación del continente americano, sean los que auspicien la conmutación en galeras de las penas legales contra ladrones, vagabundos y rufianes, con amplio margen para el arbitrio judicial), se estatuye una clara vinculación entre el orden económico y el orden criminal. Penas sí, pero al servicio de la Corona. Dado que la explotación exige mano de obra, barata eso sí, el sistema criminal se orienta hacia ese destino, hacia esa finalidad, por un simple motivo: los trabajadores libres eran más costosos para el establecimiento que los forzados y los esclavos (p. 27). El trabajo en minas es un anillo más en la cadena productiva americana, desde los orígenes de ese metal precioso, que, en expresión de Quevedo, nacía en América y acababa falleciendo en Génova por la ineficacia y falta de visión macroeconómica de los gobernantes hispánicos. El número de forzados fue variando con el tiempo (entre los treinta inicialmente previstos en 1566 hasta los cerca de ochenta de 1623), a lo que se deben sumar los esclavos a quienes se encomendaban las tareas más difíciles y peligrosas. Porque, este dato no es baladí, a la dureza de toda reclusión y de todo trabajo físico, debemos sumar el riesgo (materializado en muchas ocasiones) de enfermedades físicas relacionadas con el contacto de los productos extraídos de la mina.

 El manejo de los archivos realizado por el autor permite reconstruir el trabajo, las enfermedades, el alimento y hasta el vestido de los condenados (pp. 31-40), el número de los mismos (pp. 40-46), su edad y procedencia, destacando la presencia de gitanos en número bastante alto (pp. 47-49), los órganos jurisdiccionales que establecían las sanciones, con predominio de los próximos al enclave minero por cuestiones económicas y físicas (p. 50: el propio superintendente de la mina de Almadén, justicias de las actuales provincias de Córdoba, Badajoz, Cáceres y Toledo), aunque no se excluye la llegada de otros sujetos condenados en Madrid o provenientes de la “Caja” de Toledo (en cuyo caso, se organizaban las famosas cadenas de galeotes, a las que se refiere Cervantes en un episodio del Quijote), con el consiguiente predominio de los llamados “comarcanos”, esto es, los delincuentes locales. Los delitos por los que imponía esta sanción son diversos (pp. 62 y ss.) y nada hace pensar en la gravedad o peligrosidad de la conducta como elemento determinante de la sanción respectiva: se castigan al trabajo en minas a calumniadores, blasfemos, falsificadores, adúlteros, ladrones, presos fugados, vagabundos, etc., tal y como acredita el gráfico de la p. 66. Este “atroz castigo” no conocía distingos por razón del crimen. Y a esa variedad acompaña la variedad en el tiempo de la condena (pp. 70 y ss.), oscilante entre los dos años mínimos y los diez máximos que se acaban imponiendo, con variaciones dependiendo del tipo de delito y de las propias decisiones judiciales (de nuevo, el arbitrio, losa del Antiguo Régimen). La terminación de la condena muestra la realidad descarnada (pp. 79 y ss.): cumplimiento en el 49% de los supuestos, pero en muchos casos la muerte ponía fin a los sufrimientos (39%), junto a la fuga, y otros ejemplos menos habituales (revocación de la condena, entrega de esclavo en lugar del condenado o indulto del monarca). A ello sumamos las penas accesorias (pp. 100-102), bajo la forma de azotes, vergüenza pública o, en menor medida, penas pecuniarias, para poner de manifiesto el régimen extremadamente severo que se vivía en este caso concreto de Almadén. El libro concluye con las reflexiones personales, a modo de recapitulación (pp. 105-111), y las referencias bibliográficas y documentales manejadas (pp. 117-126), con el intercalado a lo largo de sus páginas de ilustraciones de época y de fotografías recientes debidas a la propia mano del autor, que ayudan a imaginar el descarnado ambiente que se vivía en este penal encubierto, “joya de mayor aprecio y utilidad de la Corona y patrimonio real”, en palabras de Carlos II, “la más rica para el Estado, la más instructiva en su labor, la más curiosa para la historia natural y la más antigua que se conoce en el mundo”, según testimonio de W. Bowles, que se había acabado erigiendo en expresión de una pena utilitaria “establecida con la finalidad de mejorar el rendimiento de un establecimiento clave en la economía de los siglos modernos debido al mineral que producía, el mercurio” (p. 111). Su aplicación, concluye el autor, es una muestra más de la arbitrariedad y severidad de la justicia penal de la Monarquía Absoluta. Desde aquí no resta más que felicitar al joven autor por una monografía seria, rigurosa y bien documentada, y esperar que en el futuro nos pueda seguir brindando colaboraciones que acrediten su madurez científica, que ya podemos intuir en las páginas del trabajo comentado.

Faustino Martínez Martínez
Departamento de Historia del Derecho
Facultad de Derecho de la UCM
Recensión efectuada el 15 de octubre de 2004

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