BYBLOS
Revista de Bibliografía Histórico-Jurídica
ISSN 1885-3129


Rafael de Ureña y Smenjaud y sus Observaciones acerca del desenvolvimiento de los estudios de Historia del Derecho español (Cien años de la primera historiografía jurídica española).
Alejandro Martínez Dhier
Editorial de la Universidad de Granada, Colección Biblioteca de Ciencia Jurídica, Granada, 2007, 221 págs.


       Calificaba Octavio Paz al romanticismo español del siglo XIX, con una cierta dureza, de la que muy pocos escritores podían salvarse, como epidérmico, declamatorio, patriótico y sentimental, copia de ínfima calidad del francés, en todo caso nada comparable ni remotamente a la potencia, intensidad y creatividad que fue mostrada por el mismo movimiento en otros lares de la vieja Europa. Debemos comenzar por el hecho de que nuestro romanticismo fue tardío, acaso por la ausencia de estímulos que motivasen su surgimiento. Eso puede explicar el marasmo sentimental e intelectual de la España del XIX, herencia directa del pasado inmediato. Y parece que tal definición del romanticismo puede ser aplicable a otros sectores donde hallamos el mismo páramo, la misma confusión e idéntico intento de imitación de lo extranjero. Por lo que ahora nos interesa, los cuatro epítetos pueden ser perfectamente extrapolables al campo de la investigación jurídica de esa centuria y, con mayor exactitud, a los titubeantes inicios de la Historia del Derecho como disciplina científica, que tarda en llegar y tarda en cuajar dentro del esquema general de la Ciencia Jurídica. Nuestro Derecho decimonónico y aquellos que lo cultivan se singularizan por el predominio de la declamación, y, por ello, por lo superficial, por lo epidérmico, por la oralidad y los discursos llenos de buenas intenciones, afectados todos ellos de un claro sentimentalismo edulcorado y de un exacerbado patriotismo que les hacían perder las necesarias objetividad, imparcialidad y pluralidad. España era distinta. Nuestra Ciencia Jurídica se encontró con un siglo XIX en el que todo estaba por hacer, comenzando por la renovación del Derecho mediante el proceso codificador y terminando por la creación de una auténtica Ciencia equiparable a la europea, con todas sus virtudes y todos sus defectos. La modernidad jurídica requería de lo primero para lo segundo y viceversa. Era la nuestra una Ciencia anclada en el Antiguo Régimen, con la cita de textos romano-canónicos y doctrinas de los autores, que se presentaba más como un estilo retórico que como un auténtico método científico. Lo que los juristas profesaban era un universo de topoi, de lugares comunes, donde la repetición, la memorización y el recurso a la autoridad seguían siendo las típicas notas de escuela, donde la reflexión y creación propias cedían ante la tradición. El complejo siglo XIX, lleno de luchas, guerras civiles, episodios colonialistas, tímidos regímenes liberales domeñados por el espadón de turno, siglo monárquico y católico, se muestra como un período convulso, como una mala época para la reflexión y para la quietud de que toda Ciencia precisa. La construcción del nuevo Estado liberal tardó mucho en ser culminada y el acumulado normativo que con él se presentó (con sus avances y retrocesos tanto progresistas como moderados) fue objeto de simples exégesis y comentarios escolares que distaban mucho de la auténtica construcción de una verdadera dogmática. Se describía el Derecho, pero no se trataba de comprender el mismo. Los juristas del siglo XIX son, sobre todo, comentaristas del nuevo Derecho que emana del parlamento y del gobierno, en la línea de la exégesis francesa maravillada por la perfección del Código, con la salvedad de que en España ese Código inexistente, como lo denominó el profesor Petit, brillaba por su ausencia. Hubo juristas de relieve, servidores del Estado y de su administración, que intercambiaban en sus currículos profesionales la vida universitaria, la docencia y la investigación, con oficios varios, puestos de responsabilidad en lo judicial y en lo gubernativo, presidentes del gobierno, ministros, diputados y senadores, pero no existieron auténticos titanes del Derecho, que pensasen y reflexionasen sobre el mismo, como acontecía más allá de nuestras fronteras. Carecimos de juristas que pudiesen ser situados en lugar parejo a los gigantes europeos. Así, por citar dos ejemplos, no tenemos grandes romanistas, ni grandes filósofos del Derecho en todo el siglo XIX, lo cual resulta un poco vergonzante si miramos a Alemania o a Italia, a Inglaterra o a Francia, donde la lista de unos y otros es innúmera. Remedo de lo primero fue cierto acercamiento desde el campo de la Historia y por parte de los historiadores, como Hinojosa, al Derecho romano; de lo segundo, el krausismo pudo cumplir un papel muy reducido, por la propia oposición universitaria oficial, su reducción al campo de la Institución Libre de Enseñanza y por la propia calidad y categoría del pensamiento de Krause, un filósofo secundario en el mundo alemán. El Derecho en su vertiente práctica acabó por poblar las aulas, los tratados, la docencia, la universidad, el foro. Tampoco la Historia pudo ser cultivada con regularidad, ni la Pandectística, campos en los cuales Europa mostraba un extraordinario florecimiento. Es más: la incidencia de una y otro en España no deja de ser tímida y focalizada. La inexistencia de un movimiento racionalista en la España del Antiguo Régimen, por culpa de un peso indiscutible del pensamiento católico, cercenador de todo impulso intelectual más allá del dogma, más allá de la ortodoxia,  tuvo sus lógicas consecuencias en la inexistencia de una reacción contra aquél, a diferencia de lo que había acontecido en Europa. No hubo adoración a la razón y no se tuvo que reaccionar contra ella. Descartes, Leibniz y compañía son los responsables últimos de Savigny y su Escuela. Los primeros no tuvieron excesivo predicamento en nuestras universidades, ni en nuestros pensadores. Por tal motivo, no llegó a apuntar modos en el solar hispánico una suerte de Escuela Histórica del Derecho, más que avanzado el siglo y solamente en algunos territorios de marcada identidad cultural. Faltando el culto a la razón no cabía, pues, una reacción contra la misma, con los perfiles que el romanticismo alemán planteaba. Incapaces de concebir históricamente el Derecho, los juristas se vieron abocados a ignorar la Historia del mismo, entre otras cosas porque tal Historia, entendida como pasado, no existía. Más que antihistórico, su pensamiento era ahistórico: colocaban al Derecho fuera de la Historia porque la Historia del Derecho no existía realmente. Todo el Derecho conocido era Derecho vigente y aplicable con ciertos esfuerzos interpretativos. Se perdía la ocasión de profundizar en su esencia y, sobre todo, en su rasgo característico: la historicidad. Los trabajos histórico-jurídicos son reducidos y los pocos que hay apenas tienen calidad y rigor mínimos. Nada de lo acontecido en Europa se dio en nuestra tierra y nos vimos forzados a movernos a lo largo de toda la centuria entre códigos antiguos, leyes medievales y modernas, ordenamientos plurales, fueros y demás productos normativos ancianos, con una doctrina que no hacía más que repetir lo que se llevaba enseñando desde hacía siglos. El Derecho llamado histórico era el Derecho cotidiano, el de todos los días, el que bebía de los textos medievales y modernos en Castilla (Fuero Juzgo, Fuero Real, Partidas, Alcalá, Toro, Recopilaciones, etc.), pero también en Navarra o en los territorios de la Corona de Aragón, que habían conservado, a pesar del impulso unificador de los Decretos de Nueva Planta borbónicos, buena parte de sus respectivos ordenamientos jurídicos. El Tribunal Supremo y su jurisprudencia lo acreditan a la perfección y solamente cuando comienza a triunfar la codificación la acción de jueces y magistrados comienza a cambiar los antiguos derroteros. El panorama diseñado era un claro tributo al pasado, ciertamente marcado por las notas de respeto cuasi-sagrado y devoción absoluta a ese Derecho heredado, que lo hacía en cierta forma inmodificable. El pasado se confundía con el presente y se seguía proyectando hacia el futuro. Era un misterio, un sacro arcano, al que se debía veneración, pensando, como se pensaba, en su perfección intrínseca, en su eternidad y en su carácter inamovible. No extraña así que en el pensamiento ilustrado del siglo XVIII o en el predominante dentro de los diputados de las Cortes de Cádiz, se hablase de Código en su acepción histórica convencional, como libro jurídico sin mayores especialidades, dotado de cierta unidad en cuanto al autor y con una precaria homogeneidad, y que hubiese un asentimiento generalizado en la célebre “Consulta al País” respecto a la conservación, con algunas correcciones formales, de los principales cuerpos legislativos de la patria, tan sabios, prudentes y acertados. El Derecho pasado era contemplado como Derecho concebido como obra vinculada a la tradición, en cierta medida como obra divina, sobre la cual el hombre no podía posar sus corrompidas manos. Era necesaria la ruptura, más o menos marcada, más o menos acentuada, que supuso la Constitución de Cádiz de 1812 (a pesar de que sus redactores la presentan como una reformulación de las tradicionales leyes fundamentales de la monarquía hispánica), la consolidación del Estado liberal a partir de 1833 y el arranque del proceso codificador con el famoso artículo 258 del texto gaditano. A medida que la Codificación va dejando hitos significativos y realizaciones concretas en el camino (1822, 1829, 1848, 1850, 1855), el antiguo Derecho va perdiendo de modo sucesivo su vigencia, va tomando cuerpo en el nuevo Derecho, bajo formulaciones renacidas y comienza a configurarse como material histórico con y sobre el que se puede trabajar conforme a métodos y principios nuevos. Existían modelos, fuertemente ideologizados, como los más prestigiosos que proporcionaban Martínez Marina o Sempere, cuyas obras van a ser repetidas, resumidas y extractadas a lo largo de todo el siglo XIX, pero faltaba una apertura hacia Europa, hacia esa Europa que desde 1814 estaba cuestionándose la esencia del Derecho, sus orígenes, el papel del creador, del legislador, del pueblo, de la realidad previa a todo orden jurídico, el papel del Código y de la razón. Savigny y su Escuela, en las diferentes direcciones (romanística, germanística, canonística) habían avanzado en la construcción de un nuevo discurso jurídico que, sin postergar el objetivo del Código como fin perfecto último de todo ordenamiento completo, lo supeditaba a una amplia y primera reflexión general sobre el Derecho y su Historia. Muy poco o casi nada se sabía aquí de esta tendencia historicista que había recorrido Europa y había encontrada asiento en Italia, en Francia o en Portugal, salvo lo que nos había esbozado Pedro José Pidal en el Ateneo de Madrid, durante el bienio 1841-1842. Pocos seguidores se contaban y los que así lo hacía eran tributarios más de la filosofía nacionalista que impregnaba la doctrina savigniana que su reflexión científica acerca de la Historia del Derecho (así sucedió en Cataluña a partir de 1850). Eso sucedía, porque como hemos señalado, ni hubo racionalismo codificador legalista en el siglo XVIII contra el que oponer un romanticismo idealista y consuetudinario, ni hubo unidad jurídica, ni hubo realmente Derecho histórico sino hasta que los Códigos fueron tomando cuerpo y forjando un Derecho realmente novedoso en su presentación y en algunos aspectos de su contenido. El proceso codificador está íntimamente relacionado con esta temática, sobre todo, aquella codificación más compleja por partir de un punto de arranque plural, como era la codificación civil (menos resistencias –que las hubo- suscitó la mercantil, la penal o la procesal), dado que fueron razones históricas las que impidieron su consolidación final en 1889, por medio de un parcial y relativo Código Civil español, que ni fue Código, ni fue Civil, ni fue español, y que, por tanto, no sirvió más que para proporcionar Historia al antiguo Derecho de Castilla, conservando “de momento” y “por ahora”, en toda su integridad los llamados Derechos forales especiales, no comunes y no castellanos. La emergencia de las conciencias nacionalistas (son los tiempos del Rexurdimento gallego y, sobre todo, de la Renaixença catalana), el torpe centralismo unificador, ejemplificado en el proyecto de García Goyena, el apoyo del pensamiento jurídico-historicista, sobre todo, en juristas catalanes como Durán i Bas, Brocá, Amell o Permanyer, razones políticas y concesiones de todo signo (recuérdese la finalización de la Guerra Carlista en 1876 y la situación en la que quedan las Provincias Vascongadas) enturbiaron un proceso que no pudo concluir al estilo francés unificando por medio del Código, sino con un resultado situado en las antípodas: codificar conservando la diversidad, erigiendo como común un Derecho, de raigambre castellana y también gala, que no era común en buena parte del territorio peninsular. Con un precario Código Civil, que solamente convierte en objeto de investigación histórica, en auténtico pasado, al Derecho castellano, poco se podía hacer, aunque serán los territorios forales donde con mayor pasión se desarrollen los estudios sobre orígenes, pervivencias y conservaciones de sus características instituciones, porque de ese estudio dependía su propia supervivencia.

 

       La aparición de los sucesivos Códigos convirtió muchas ramas del Derecho en material de primera mano para la investigación histórica. Arrumbado el Derecho tradicional y reemplazado por los Códigos respectivos, quedaba todo un amplio cuerpo normativo al servicio del investigador que estuviese dispuesto a leerlo, interpretarlo, comprenderlo. Ello explica que en el año 1883 una nueva asignatura dedicada a la Historia General del Derecho español comenzase su andadura en las Facultades de Leyes, una asignatura que nace de la necesidad de conocer el pasado tradicional para comprender el presente codificado, máxime si tenemos en cuenta la importancia que tendría la interpretación de signo histórico en los primeros momentos de los Códigos por la proximidad al viejo Derecho. El conglomerado normativo que mereciese tal calificativo, histórico, había surgido de modo paralelo a la aparición del nuevo Derecho; estaban, pues, muy ligados y se consideraba exigencia de primer orden el conocimiento de ese Derecho del pasado para comprender y acceder al Derecho del presente, para situarlo y afrontarlo, dado que no había surgido de la nada, sino de moldes ancianos revisitados. Hasta el último tercio del siglo XIX, la vida de nuestra disciplina –si es que puede afirmarse que existiese como tal: había eruditos, pero no propiamente historiadores del Derecho- pasa sin pena, ni gloria, con publicaciones relevantes y de indudable calidad, pero sin un nexo común, sin continuidad, con autores aislados, que palidecen si los parangonamos a las figuras europeas del momento, tanto en el campo jurídico como meramente histórico. Hay nombres que evidentemente merecen ser citados como Muñoz y Romero, Pérez Puyol, Costa, Cárdenas, Marichalar y Manrique, Ortiz de Zúñiga, García de la Madrid, Rodríguez de Zepeda, Montalbán y Antequera, y los civilistas que dedicaban numerosas páginas iniciales de sus tratados a la evolución histórica del Derecho (Gómez de la Serna, Montalbán, Del Viso, Morató, Falcón, etc.), pero eran en su mayoría tributarios, en buena y justa medida, de las obras preliminares de Martínez Marina y de Sempere, libradas de distorsiones acentuadamente liberales, carentes de empuje y sensibilidad históricas, reiterativos, amigos de la erudición vacua, partidarios del saber más que del comprender, del acumular datos y conocimientos antes que de la presentación ordenada y sistemática de aquellos. Como sucedía en otros campos, eran, sobre todo, impulsos individuales (España nunca ha tenido ciencia, sino científicos, mal que le pese a la ministra del ramo), seres pacientes y aislados, sin financiación o ayudas públicas de ninguna clase, solitarios trabajadores de biblioteca y archivo, exclusivamente hispánicos en su temática y en su difusión. En este contexto difícil, de temática española exclusiva y excluyente, aparecerá la primera de las figuras que vincula nuestra Ciencia jurídica con la mejor, más selecta y relevante que se cultiva en la Europa del momento. Nos referimos a Eduardo de Hinojosa, padre moderno de la disciplina, nacida a efectos académicos en ese año 1883, en los mismos tiempos en que comenzaba su fructífero magisterio y su amplia labor de investigación. Con Hinojosa, España se conecta con Alemania, faro jurídico de referencia en el campo de la Historia jurídica. Su viaje a tierras germánicas a finales de la década de 1870 y su contacto con los más relevantes miembros de la Escuela Histórica suponen insuflar aires nuevos en el contexto científico depauperado que vivía la España de la Restauración. Hinojosa no solamente traduce gran número de obras procedentes de tales ámbitos, sino que inicia una fulgurante trayectoria científica, que le lleva a publicar numerosos artículos, un tratado general de Derecho romano en dos volúmenes y un incompleto manual de Historia del Derecho español, que se detiene en la época visigoda. El siglo XX ve como su estrella declina debido a la asunción de cargos públicos (gobernador civil, senador) que le apartan de su verdadera vocación, con gran dolor de sus contemporáneos, y su producción científica en consecuencia decae en número. Ha dejado Hinojosa huella imborrable (todos somos sus herederos), una sólida obra científica, criticable en muchos aspectos (su exagerado germanismo, por ejemplo, resultado directo de su estancia alemana, se entiende hoy comúnmente superado), pero que sigue siendo punto de partida inexcusable para el estudio del Derecho medieval con agudos ensayos sobre las más variadas instituciones públicas y privadas (régimen señorial, clases sociales, etc.), y una constante línea de trabajo y de actuación que continuarán sus sucesores, la llamada Escuela de Hinojosa (entre los que hay que destacar, en un primer momento, a Sánchez-Albornoz, Ramos Loscertales y Galo Sánchez, y más adelante a Prieto Bances, Segura Soriano, Ots Capdequí y Carande, de donde arrancan posteriormente López Ortiz, Lacarra, Valdeavellano, Beneyto, Torres López, Rubio Sacristán y García-Gallo). Es, pues, el primero que supera el solipsismo científico y, por medio del Centro de Investigaciones Históricas, creado en 1910, aglutina a su alrededor a un grupo de jóvenes muy preparados y formados, que van a recoger su testigo y a mejorar su legado, subiéndose a sus hombros conceptuales para divisar nuevos horizontes más amplios y extensos. El papel absolutamente protagónico de Hinojosa ha dejado en la sombra a sus coetáneos, cuya obra científica no va a la zaga de la que el insigne granadino realizó. Son los ejemplos de Altamira, acaso de mayor calado intelectual que el propio Hinojosa; de Minguijón, autor de excelente manualística; o de un casi ágrafo Díez Canseco, quien con su arrolladora personalidad desempeña el papel de cohesionador de los discípulos en el Centro y en el Anuario una vez fallecido el maestro. Pero quizás el ejemplo más sangrante de ese ocultamiento, que gracias a publicaciones, como las del profesor Petit (primero en 1995; luego en 2003) o ésta del profesor Martínez Dhier, comienza a ser superado, es el que se puede predicar de la enorme figura de Rafael de Ureña y Smenjaud, nacido el mismo año que Hinojosa (1852), entre quienes hubo recíproca admiración y consideración distinguida. Catedrático de varias disciplinas y en varias universidades (al amparo de la curiosa y, en cierto punto caótica, legislación de la época), investigador de las fuentes, del Derecho consuetudinario, del legado jurídico musulmán y judío, editor de obras de juristas y de fueros, impulsor de la renovación pedagógica e investigadora, es a día de hoy una figura de primer orden en los nacientes momentos de nuestra disciplina, cuyas obras pueden seguir leyéndose con provecho y cierto goce, con admiración y con orgullo. Debemos al profesor Petit un gran trabajo sobre la vida y obra de Ureña, al amparo de la reedición de una de sus más grandes obras sobre el Derecho visigodo, que conectaba, aún más que en el caso de Hinojosa, a España con toda la Europa jurídica. Petit ofreció en su momento un estudio que él tituló “biobibliografía”, o sea, la vida de Ureña a partir de la formación de su biblioteca y de las lecturas que ilustraron las varias etapas de su vida. La publicación que ahora presentamos, más modesta en cuanto a sus intereses y propósitos, pero no por ello menor, viene a completar parcialmente el trabajo del profesor sevillano. Se procede a la reedición de un texto importante dentro de la bibliografía profesional de Ureña, un texto de naturaleza historiográfica y nacido para ocasión solemne, sus Observaciones acerca del desenvolvimiento de los estudios de Historia del Derecho español, discurso que el autor presenta en la inauguración del curso académico 1906-1907 en la Universidad Central de Madrid, en donde realiza un síntesis completa y crítica de la historiografía del Derecho en España y de la concreta situación de la historiografía jurídica hispana a comienzos del siglo XX, con amplias referencias a Europa, casi un siglo después de las primeras grandes obras de Martínez Marina y Sempere. Y decimos completa porque Ureña maneja con soltura, la que le proporcionaba su experiencia docente e investigadora centradas en la Historia de la Literatura Jurídica española (cátedra que profesaba en Madrid), toda la bibliografía conocida en su época, tanto la publicada en libros y revistas, nacionales y extranjeros, como la que se conservaba en museos, archivos y bibliotecas (el catálogo de manuscritos que cita es exhaustivo, minucioso, casi infalible). Y también crítica porque Ureña no simplemente se limita a ubicar en el espacio y el tiempo a cada protagonista de su relato, sino que valora, enjuicia y define lo bueno y lo malo de lo escrito, lo aprovechable y lo desechable, los avances conseguidos y los objetivos por conseguir, al mismo tiempo que denuncia la situación de la disciplina con intención clara de propugnar su renovación y, con ella, su consolidación. Palabras duras que dirige a esa Ciencia balbuciente, todavía en pañales, en la que todo estaba por hacer y muy pocas cosas podían salvarse de ese su diagnóstico. Solamente un ser dotado de la capacidad de trabajo, de la sabiduría, de la formación y de la intuición que tuvo Ureña podía sentar los pilares de este edificio a construir.

 

      Inicia el volumen el profesor López Nevot, quien elabora un pequeño y cuidado prólogo (pp. 13-18), donde se resumen el pensamiento de Ureña y los caracteres de su forma de ver, entender y comprender la Historia del Derecho, así como las razones de su postergación en círculos oficiales, explicable en función de la conjunción de varios factores, desde su ideología republicana (de todo punto incompatible con aquella que triunfa tras la contienda civil), su dedicación tardía a la Historia, el efecto demoledor y silenciador de la Escuela de Hinojosa, sobre todo a raíz de la reinterpretación que hace del mismo García-Gallo a partir de 1940, o su condición de revolucionario pedagogo, que casaban muy mal en el ambiente conservador que atenazaba la España de la primera mitad del siglo XX y, más en concreto, la universidad. Sumemos a eso la ausencia de discípulos (solamente Riaza pudo tener esa filiación) para poder dar respuesta al silencio que se cernía sobre su figura. De Ureña dice López Nevot que es crítico con el estado de la disciplina, sobre la que se proyectan las sombras y efectos de la postergación, la pereza y el descuido de los españoles, su tendencia antihistórica y la irreflexiva imitación de los modelos jurídicos foráneos; es, en suma, esta Historia (la de la Historia del Derecho) la Historia de una gran frustración porque, a pesar de las egregias figuras que desfilan por sus páginas desde el siglo XVI e incluso antes, la joven disciplina no dejaba de estar a esas alturas del siglo XX en un estado embrionario, in fieri, reducido, secundario, atenazado por los propios defectos de una jurisprudencia española poco atenta y mucho menos sensible a la Historia. Ureña es poco hispánico en este sentido. Nuestro carácter tiende siempre a la destrucción, sin propuestas alternativas. Ureña nos sorprende con muestras de superación de este tradicional defecto ibérico y alumbra soluciones, dirige proclamas, recomendaciones, ideas. Es también reformador, defendiendo un plan de estudios general, unitario y crítico, de reconstrucción, y una ruptura con el modelo tradicional de enseñanza, como hará años más tarde en Madrid. Ureña es, finalmente, receptor de varias tendencias y posiciones metodológicas, que funde y amalgama con maestría y genialidad, desde el evolucionismo spenceriano (la Historia del Derecho como conocimiento de la evolución jurídica y de los elementos que la integran) a la adoración por el Derecho consuetudinario en la línea de Joaquín Costa, de raíces celtibéricas, o la defensa del legado musulmán y judío en la conformación de un Derecho nacional, sobre todo en el Medievo. Une lo universal y lo particular. Fue ya el profesor Gibert quien postuló la recuperación de su figura hace tiempo y la publicación de un trabajo de este jaez no haen más que confirmar la necesidad de conocer y reconocer a ese maestro infatigable trabajador, en ocasiones farragoso, de amplia y honrada erudición, preocupado por la Historia de las fuentes y propulsor de planes científicos extensos y reformistas, como dijo de él su discípulo Román Riaza. Los trabajos citados de Petit, la biografía de su descendiente Rosa Ureña Francés y ahora este pequeño trabajo de Martínez Dhier permiten observar a este historiador como lo que realmente fue: un gigante que vivió y convivió con el otro gran gigante de finales del XIX, Hinojosa, quien acabó por silenciarlo y dejarlo en un discreto segundo plano. El profesor López Nevot concluye dedicando elogiosas palabras al autor, el joven profesor Alejandro Martínez Dhier, que, quien esto escribe, puede perfectamente suscribir: su trabajo no ha sido una simple reedición, sino una adaptación a los tiempos modernos de las ideas formadas sobre Ureña, insertándolo en el tiempo que vivió y aprovechando para trazar una reflexión sobre el destino de la Historia del Derecho, reflexión próxima a las palabras pesimistas que el propio Ureña incorporó a su discurso de 1906-1907. Porque nuestra situación actual acaso guarda paralelismo con esa lucha por la supervivencia que se intuye en las palabras críticas y realistas de don Rafael. Aunque nuestra disciplina tiene ya amplio bagaje y madurez contrastada, los negros augurios que sobre ella se ciernen pueden provocar un desandar el camino andado, pueden lograr que se desmonte todo lo que hasta ahora conseguido. La crisis obedece a otros motivos, internos en su mayor parte, de todos conocidos sobradamente, pero también al triunfo de esa pedagogía de la nada, a esa palabrería vacía, que es o va a ser Bolonia, que se ha aceptado como verdad revelada sin respuesta o contestación alguna.

 

      Tras el prólogo, sigue la sucesión de capítulos que el profesor Martínez Dhier elabora para encuadrar a Ureña en el tiempo y en el espacio. Una breve introducción explica la razón de ser del libro (pp. 19-22), justificado por la reciente recuperación y valoración positiva entre los historiadores del Derecho de las obras de Ureña, de lo que da buena cuenta la bibliografía allí citada, y también por su actitud vital en el seno de la universidad de comienzos del siglo XX para con la Historia del Derecho. El estudio preliminar se divide sucesivamente en una biografía (pp. 25-35), una bibliografía de Ureña con citas de las reseñas y recensiones más interesantes de sus obras (pp. 37-47),  una ubicación-clasificación de Ureña dentro de la historiografía jurídica española conforme al tratamiento que de él han hecho la manualística al uso y algunos artículos de investigación (pp. 49-54) y un ensayo más extenso sobre la obra reeditada (pp. 55-83), donde se explaya Martínez Dhier, con el pretexto de las Observaciones, en una reflexión más general acerca de la Historia del Derecho, con una amplitud que evoca las antiguas memorias de oposición: Historia de la disciplina desde su creación en 1883, posturas metodológicas en relación a la misma y cierta esterilidad de tal debate, posición actual en los planes de estudio, el incierto futuro boloñés que nos aguarda, y ya la descripción del libro propuesto, su estructura, sus propósitos. Tras unas indicaciones acerca del criterio seguido en la edición (pp. 85-86), aparece Ureña con toda su fuerza.

 

      Llegamos finalmente al libro reeditado, a las agudas y certeras observaciones que trazan el panorama historiográfico español, desde Espinosa hasta los albores del siglo XX. Cada autor va siendo presentado con sus obras más significativas y con juicios certeros acerca de sus aportaciones, que demuestran la capacidad de estudio y de síntesis de Ureña, su minuciosidad en el trabajo, máxime si tenemos en cuenta que se trataba no de un libro o de un artículo, sino de un discurso inaugural, solemne, eso sí, pero quizás no necesitado de tan contundente aparato crítico. Un primer dato pesimista preside el discurso: la Historia de nuestro Derecho está por hacer, dice en p. 97, y lo explica por la responsabilidad directa de los juristas, por su ausencia de sensibilidad histórica y por su ignorancia en algunos campos (con citas a algunas obras merecedoras de figurar en la antología del disparate, pero respecto de las cuales Ureña, por caballerosidad, silencia nombres). Por sus páginas van desfilando (pp. 104 ss.), en primer lugar, en los siglos XVI y XVII, Francisco de Espinosa, autor del primer texto que traza una síntesis histórico-jurídica de Castilla, lo que le da pie para trazar un breve compendio histórico de la jurisprudencia castellana medieval (Roldán, Martínez de Zamora, Jacobo de las Leyes, el Doctor Infante, Gonzalo González de Bustamante, Arias de Balboa, Montalvo, etc.) y también de otros reinos peninsulares, destacando sobremanera la obra de Lorenzo Matheu y Sanz, para el reino de Valencia, y la de Juan Luis López, marqués del Risco, para Aragón, como tratados más completos de los respectivos ordenamientos jurídicos de los citados reinos. Sigue la labor de Antonio Agustín, de los hermanos Covarrubias y Alfonso de Villadiego, irregular y con una acentuada preocupación, sobre todo en el primero de ellos, por el Derecho romano y el Derecho canónico, anómalos juristas cultos en una España que prefería a los juristas retóricos del mos italicus y rechazaba el humanismo de corte francés. En el siglo XVII, surge el primer gran texto general de Historia de todo el Derecho hispánico (y no solamente castellano), obra de Juan Lucas Cortés, aunque publicado, como es sabido, por un diplomático danés a comienzos del siglo XVIII, si bien restituida la paternidad al abogado español gracias al esfuerzo de numerosos eruditos, entre los que hay que citar a Mayáns. En el siglo XVIII, el impulso que se da a Historia, con creación de bibliotecas y academias, renovación metodológica y dinámica renovadora francesa, se traduce en una ingente lista de hombres sabios que se preocupan por la Historia de nuestro Derecho, que todavía no era pretérito: el citado Mayáns, Burriel, Floranes, Asso, De Manuel, y, como remate preparado por todos estos, Martínez Marina y Sempere, ya en el primer cuarto del siglo XIX. Hay figuras menores o menos conocidas, pero todas son citadas y enjuiciadas con espíritu crítico: Finestres, Fernández de Retes, Ramos del Manzano, Bermúdez, Fernández Prieto y Sotelo, Fernández de Mesa, Juan Francisco de Castro, Cornejo (autor, dice Ureña, de un deficientísimo Diccionario histórico), Cortines y Andrade (cuya obra tilda de insustancial y ligera) o Juan de la Reguera Valdelomar (del que afirma que toda su obra tiene gravísimos defectos y falta de crítica). Otro pilar lo constituyen los políticos ilustrados como Macanaz, Campomanes, Jovellanos o Villarroya, quienes se valieron en su práctica política de sus conocimientos histórico-jurídicos, mostrando la utilidad pragmática del conocimiento del pasado, y brindaron algunas obras de relieve donde siempre está presente el componente histórico. Concluye el XVIII Capmani, centrado en la Historia del Derecho mercantil mediterráneo, y los canonistas agrupados entorno a Francisco Antonio González, en el empeño de publicar la colección canónica de la Iglesia hispánica. Al arranque del siglo XIX, pertenecen las dos grandes figuras de Francisco Martínez Marina y Juan Sempere Guarinos, objeto de tratamiento detallado con consideraciones también críticas (pp. 155-164), para dar paso después al desierto de lo que restó de siglo XIX, cuyos representantes más sobresalientes cita en pp. 168-169, hasta llegar a sus coetáneos Hinojosa y Altamira, tratados con palabras de respeto y admiración, momento en que se detiene el fluir temporal de las Observaciones. Paralelamente, Ureña presenta el panorama en el ámbito de los Derechos históricos no castellanos (pp. 171 ss.), comenzando por las Provincias Vascongadas y Navarra (Landazuri, Llorente, Salcedo, García González, Angulo, Fabié, Zuaznávar, Yanguas), y continuando por la Corona de Aragón (Danvila, De la Fuente, Savall y Penen, Bofarrull, Ibarra, Oliver, Balari, Permanyer, Coroleu y Pella, Ribelles, Boix, Chabás, Quadrado, etc.), donde se reivindica la importancia del Derecho consuetudinario, en la línea de Costa y también de Altamira, en un tímido intento de reivindicar los postulados de la Escuela Histórica, pasada por el tamiz hispánico. Además de los estudios generales, se hacen menciones  a otros autores que de modo tangencial se ocuparon de la Historia jurídica española, como son los casos de Colmeiro, Cárdenas, Azcárate, Sánchez Román, Rodríguez Berlanga o el siempre presente Joaquín Costa, y también a los autores extranjeros que se han preocupado de la misma, citados profusamente en pp. 187-194, lo que acredita, al menos por parte del propio Ureña, la superación del aislacionismo de antaño. Recopila finalmente el estado de publicación de las fuentes de ese Derecho histórico y concluye con una suerte de plan para el estudio de la “transformación evolutiva de nuestro Derecho nacional” (p. 195), que tendrá que valorar los elementos celtibérico, romano, cristiano, germánico, semita y extranjero, en variadas proporciones e intensidades. El instrumento de esa necesaria renovación pedagógica bien pudiera ser el Museo-Laboratorio, creado en la Universidad Central por el propio Ureña, que permitirá salir de la estricta letra de la ley y avanzar en el conocimiento de disciplinas como la Geografía jurídica, la Epigrafía jurídica o la Antropología criminal, caminos amplios, nuevos, renovados que darían pie a una mayor riqueza de perspectivas para examinar el fenómeno jurídico y todo cuanto está a su alrededor. Renovación que tuvo su vehículo de expresión en la Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales, impulsada por el propio Ureña. Un breve índice onomástico (pp. 215-220) pone fin a esta edición.

 

      Concluye así un libro necesario porque en los tiempos que corren, de gángsters que se dicen maestros de grandes escuelas y luego no hacen más que repetir la misma lección durante treinta o cuarenta años, de tribunales corruptos sin el más mínimo rubor que dicen votar en conciencia y cuya conciencia debe tener más suciedad que un cementerio nuclear, de analfabetos y analfabetas ocupando cátedras y difundiendo su ignorancia a los cuatro vientos, y demás desmanes tan usuales en la universidad y más en nuestra disciplina, en estos tiempos de tribulación, siempre hay que volver la vista a los clásicos, a esos libros que, envejecidos, siguen conservando un poco de utilidad, de sabiduría, de buen hacer, que todavía siguen siendo elementos de referencia para poder saber un poco en que consistía la Historia del Derecho español en aquellos difíciles tiempos de comienzos del siglo XX. Ahora, en el siglo XXI, puede que nos hallemos, con la boloñesa en marcha, en un proceso parecido, pero distinto: Ureña hablaba de un Historia en la que todo estaba por hacer; ahora podemos asistir a la demolición de la Historia del Derecho, donde muchas cosas se han hecho. Esperemos que reinen la calma, la serenidad y la prudencia, y que no tengamos que darle la razón al viejo maestro Ureña, sino cordialmente rebatirle y decirle que, sobre sus huellas, sobre su obra, sobre sus trabajos, algo bueno hemos sido capaces de realizar y, sobre todo, de conservar.

 

Faustino Martínez Martínez
Dpto. de Historia del Derecho y de las Instituciones
Facultad de Derecho. Universidad Complutense
Recensión efectuada el 11 de diciembre de 2007

fmartine@der.ucm.es

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