BYBLOS
Revista de Bibliografía Histórico-Jurídica
ISSN 1885-3129


La persona en el Derecho Civil (Historia de un concepto jurídico)
José Ramón Narváez Hernández
Editorial Porrúa, México, 2005, XII + 298 pp.


     En el teatro de la antigua Grecia, con el nombre de “persona” era designada la máscara que cada uno de los personajes intervinientes en la acción llevaba, máscara que tenía la función de identificarlo dentro de la pléyade de protagonistas, al mismo tiempo que servía para caracterizar siquiera mínimamente los perfiles psicológicos del sujeto actuante, los rasgos más arquetípicos del mismo por medio de algún elemento externo claro que sirviese para mostrar el temperamento de ese sujeto y cuáles serían sus probables conductas. La máscara era el rostro y éste operaba como espejo del alma. Persona era, pues, identidad frente a los demás y carácter para con uno mismo, la forma de designar a un individuo en sus relaciones con los demás, desde la perspectiva de la colectividad, y en sus relaciones consigo mismo, desde el frente de su propia individualidad. He ahí dos de los rasgos más perennes y destacados de la idea de persona y de personalidad. Identidad y carácter. El primero sirve de guía entre la comunidad; el segundo opera para cada uno de nosotros como radiografía del sujeto mismo y de su conducta. Se atribuye a Boecio, filósofo epigonal tardorromano, la famosa definición de la persona como sustancia individual de naturaleza racional, definición que bajo tres sustantivos señalaba tres elementos capitales agrupados para la construcción filosófica de lo que era la persona, de lo que no era y de lo que podía ser o llegar a ser. Es sustancia, que no forma, es individual, que no colectivo, y es racional, lo que significa que puede usar esa su potencia más característica, la razón, para llegar a la culminación de sus potencialidades, para pasar, manejando la expresión aristotélica, de la potencia al acto, de lo ideal utópico a lo real tangible. La persona así concebida aparece como algo pleno de sentido, totalmente material y perfectamente caracterizado desde el punto de vista de sus atributos y capacidades. Boecio nos hablaba desde la Filosofía, pero su concepción trasciende ese campo mental porque en la persona varios elementos concurren y confluyen. La importancia de la persona en todos los campos del saber es evidente puesto que aquellos se construyen en función del sujeto que los percibe, que es el que los nombra y el que los capta. Desde el Renacimiento, un movimiento antropocéntrico parece haber guiado todas las ciencias y todos los conocimientos, y las antiguas preocupaciones y problemas (Dios o el cosmos mismo) han pasado a un segundo plano o, mejor dicho, han pasado a ser percibidos desde la óptica que el hombre se ha esforzado en trazar. El hombre es el centro del universo y ha conseguido la vieja aspiración sofista de convertirse en medida de todas las cosas. Pero ese hombre, esa persona constituida, requiere un envoltorio jurídico que la defina y la constituya, valga la redundancia, que lo delimite. El hombre debe ser creado por y desde el Derecho, debe ser reformulado con argumentos jurídicos. La persona puede ser observada como un simple cuerpo, como amasijo de células, desde la Biología o desde la Medicina, como un espíritu desde la Psicología, como un elemento social desde la Sociología, o como un constructor de realidades.

     Pero en el mundo del Derecho, la importancia se nos antoja decisiva toda vez que sin persona y sus nociones complementarias (los atributos inherentes a la misma, englobados bajo la denominación genérica de personalidad) no se puede hablar de Derecho ninguno. El Derecho tiene objetos sobre los que se proyectan facultades y deberes, pero los mismos son inútiles si no existe un sujeto previo del cual se pueda predicar la relación con dichos objetos. Es la primera piedra sobre la que se edifica lo jurídico y, a partir de ella, nacen las diferentes ramas. Sin este primer eslabón, no llega a nacer felizmente la cadena: falta su presupuesto esencial. No extraña, pues, que las dos clasificaciones más determinantes para la exposición del Derecho (la de Gayo y la de Savigny) partan en primer lugar de la persona para edificar más adelante las restantes instituciones del orden jurídico concreto. Para el jurista romano, la persona es lo primero, lo esencial, y solamente en función de la persona cabe hablar luego de cosas (cuyo valor y sentido adquieren en razón de su relación con la persona por la vía del derecho de propiedad o de otros derechos reales sobre cosas ajenas) y de acciones (medios de defensa de las personas de sus derechos adquiridos, medios que suponen poner en movimiento esa pléyade de derechos adquiridos). El Derecho patrimonial y el Derecho procesal cobran sentido con la previa existencia de personas: solamente son instrumentos al servicio de la persona, instrumentos que disciplinan nuestra relación pacífica con los objetos y bienes, y las probabilidades de defensa cuando se produce una infracción de nuestros posiciones subjetivas, de nuestros derechos o de nuestros intereses. Todo está construido en el imaginario gayano desde esta perspectiva. La clasificación savigniana es más compleja y aporta a la vida del Derecho privado otra serie de elementos, pero sin descuidar el valor capital fundador de la persona: se inicia el estudio del Derecho con aquélla y las diferentes instituciones que surgen a continuación nacen precisamente por sus vinculaciones con la misma, en relación a ella. Las obligaciones y los contratos surgen entre personas; la propiedad y los derechos reales disciplinan las relaciones entre los objetos y las personas; el Derecho de familia regula las agrupaciones de varias personas entorno al núcleo familiar o a diversos modelos de familia; las sucesiones articulan la continuidad de patrimonios entre personas cuando una de ellas desaparece. Persona es elemento capital en el Derecho. No cabe la menor duda. Pero, ¿qué es una persona y qué no es una persona? ¿qué rasgos la identifican? ¿qué la diferencian de otras instituciones análogas como el individuo, el sujeto jurídico, el hombre mismo, el ser humano? ¿ha tenido siempre el mismo valor ese término y el concepto que va detrás del mismo? ¿cómo se llega a la modernidad de la persona, por qué vías, con qué hitos en su camino conceptual? He aquí el tema del ensayo que nos propone el joven profesor mexicano J. R. Narváez Hernández, objeto de su tesis doctoral en la Universidad de Florencia, dirigida por dos de sus más prestigiosos historiadores del Derecho: Paolo Grossi y Paolo Cappellini. El mismo autor fija hipótesis, preguntas, reflexiones sobre las que trabajar, el guión al que plegarse (Parte Introductiva, p. 1, nota nº. 1). El resultado no puede ser más que positivo por lo que tiene de concluyente, minucioso y trabajado, pero es además, sobre todo, trabajo lleno de sugestivas reflexiones, de novedosas ideas y construcciones originales que a nadie pueden dejar indiferente. El profesor Grossi desnuda en el Prólogo (p. IX) la esencia del trabajo y su andamiaje. A él se ha llegado como consecuencia de numerosas lecturas, de lo que da buena cuenta el penúltimo apartado del libro que ahora comentamos (Bibliohemerografía, pp. 273-293), intensas y decisivas no sólo en cuanto a su número, sino también a lo variado de los frentes en los que se mueve con perfecta soltura el autor. Hay libros y artículos jurídicos, históricos, sobre todo. Pero la idea de persona, el concepto que encierra, requiere la presencia de otros apoyos para que el trabajo final sea concluyente: la Filosofía tiene mucho que decir, lo mismo que la Antropología, la Teología, la Literatura misma, la Sociología, la Criminalística. En este uso de materiales diversos, hay ya una declaración de intenciones: el intento de evitar reducir la Historia del Derecho a los meros textos legales, a la mera norma jurídica, a la simple literatura jurídica de los expertos. El Derecho puede ser contemplado desde campos alejados del Derecho mismo. El objeto esencial es una labor crítica y de denuncia del sistema normativo implantado con la Codificación, desde la óptica local del Derecho mexicano y desde la óptica temática del concepto de persona, fraguado en los tiempos de ese furor codificador que a comienzos del siglo XIX inunda Europa y la América hispánica. Se ha elegido la perspectiva de una parte del orden jurídico, acaso el primer eslabón del mismo, como ya hemos podido observar; se ha elegido su inclusión en un determinado recipiente legal (el Código) y se procede a examinar las interrelaciones que se darán entre ambos y los efectos derivados de todo ese proceso complejo. Grossi indica muchas de las pautas constantes en el trabajo del autor, muchos de los defectos vinculados a la Codificación en esa forja de lo que él mismo ha denominado el “Absolutismo Jurídico”, la dictadura del Derecho moderno, constituida en un mito más de la Modernidad que nos aprestamos a despedir a comienzos del siglo XXI. Así, el igualitarismo formal, que no se ve acompañado de idénticos esfuerzos en lo material; el individualismo economicista de la edad burguesa, con esa visión exclusivamente patrimonial del orden jurídico; el culto a la certeza, como forma de panacea que permite la implantación de la seguridad; o la simplicidad social que el Código quiere y acaba imponiendo. He aquí cuatro pilares del trabajo, los cuatro ejes sobre los que girará de modo continuado la reflexión, las cuatro críticas más decisivas al orden jurídico de la Modernidad.

     Pero sigamos, antes de entrar en materia, la genealogía del libro mismo, su periplo vital. La declaración de intenciones del autor y la larga lista de agradecimientos nos pone sobre la pista: un mexicano escribiendo sobre Derecho mexicano en Florencia. El estilo florentino copa las páginas del ensayo. Se combinan así la temática y el método de forma armónica y simple. El autor se forma en la Universidad Panamericana de la Ciudad de México, donde el influjo de los historiadores del Derecho allí radicados hace mella en su curiosidad científica. De allí se da el salto a la Toscana, en el Centro di Studi per la Storia del Pensiero Giuridico Moderno, crisol de tradiciones y métodos de trabajo, que el autor acepta, asume y recibe, no solamente de los investigadores allí radicados, sino de la totalidad de los visitantes ilustres que han frecuentado dicha institución académica. Nace como tesis doctoral brillantemente dirigida por dos florentinos y tiene esencia florentina por el empleo de muchos lugares comunes, pero transplantando la riqueza conceptual y el bello dominio de la palabra al continente americano, al objeto mexicano, a la persona que se quiere implantar en América, con desconocimiento de los seres humanos allí mismo existentes. Un obra, como el mismo autor afirma, que nace entre dos continentes (p. IX) y que lleva en sí lo mejor de los dos mundos. Se inicia el trabajo como una parte introductiva (pp. 1-7), de una decisiva trascendencia a nuestro entender, porque en ella el profesor Narváez nos cuenta los límites cronológicos establecidos, con su distinción entre época moderna y Modernidad, ésta que arranca con la Codificación, aquélla que se prolonga a lo largo de las centurias que tradicionalmente englobamos bajo la rúbrica de Antiguo Régimen, lo que implica una ulterior acotación entre Derecho moderno, el que nace en esa Modernidad referida, y Derecho en la Modernidad, como el que es resultado directo de las humanismo y del iluminismo de los siglos XV y siguientes. Esos son los dos elementos jurídicos de referencia, el Derecho antiguo y el Derecho de la Codificación, a los que se suma en el caso mexicano y por motivos de su independencia política un Derecho de transición, al que seguirán el Derecho moderno mexicano, el Derecho revolucionario y el Derecho postrevolucionario o social, cuyo ejemplo más señero es el Código Civil de 1928, exponente en plenitud de lo que se denominará la “socialización” del Derecho. Ése es el tiempo elegido. El objeto es el Código, la Codificación, ese monstruo con perfiles impositivos, elitistas y absolutistas (p. 5), pero el modo de acercamiento al mismo no se circunscribe a las instrucciones jurídicas o iushistóricas clásicas: el autor propone, propugna, defiende una “historia social del derecho” (p. 6), en la cual la trascendencia jurídica se vea acompañada por conceptos científicos útiles y necesarios, para construir de ese modo un fructífero diálogo entre historiador social, historiador del derecho y jurista., orientada a la recuperación de lo jurídico. El Código es la excusa. En su nombre, se vertebra una fundada crítica al Código mismo para denunciar sus excesos e insuficiencias.

     Acotado el tiempo y acotada la materia, lo primero que se nos ofrece es una clarificación conceptual acerca de la persona y las implicaciones de esa noción. La primera parte se inicia con reflexiones acerca del moderno concepto de persona (Capítulo I. Ius Personarum: el moderno Prometeo. El concepto moderno de persona, pp. 11 ss.). Y dice moderno el autor porque en ese Antiguo Régimen, donde germina el Derecho de la Modernidad la persona como tal apenas tenía trascendencia para el orden jurídico, salvo que dicha persona estuviese subsumida en alguna de las corporaciones o cuerpos, bloques sociológicos donde se encuadraba cada uno de los sujetos que conformaban el orden social pleno y, por extensión, también el orden jurídico. La comunidad está, en esas centurias anteriores a 1789, por encima de la persona, precisamente porque es anterior a la persona misma y ésta solamente adquiere sentido existencial en la medida en que se integra en uno de esos bloques de referencia social. Lo colectivo es anterior. Lo colectivo se superpone: la persona se constituye en la comunidad (p. 12). Contra eso reacciona el nuevo orden jurídico liberal que coloca a individuo y a Estado en primera línea, con sus corolarios del individualismo (expresión acerada de exaltación del primero) y el legalismo (idéntico dictamen para el segundo caso). Diversas corrientes nos hablan de persona, desde el antiguo Derecho de Gentes hasta el llamado Derecho Indiano. Se esboza el criterio de humanidad. Poco a poco el autor comienza a clarificar conceptos. Desfilan por las páginas la idea de ciudadano, individuo, persona humana, hombre, ser humano. El Derecho de la Codificación combina esas nociones y elabora una propia construcción de gran éxito y enorme perduración: sujeto jurídico, concebido, sobre todo y antes que nada, como un sujeto abstracto, desprovisto de realidad, existente solamente en el seno de la norma jurídica, separado de lo material inexistente en lo concreto pero, al mismo tiempo, proyectable en todo momento y en todas las nociones jurídicas con las que se quiera formulan y adornar el ordenamiento jurídico. En apoyo de la construcción, el autor emplea con soltura lo mejor, más granado y más selecto de la Filosofía contemporánea para centrarse en esa noción de sujeto jurídico (pp. 30 ss.), por donde encontramos a Habermas, Lévi-Strauss, Touraine, Arendt, Todorov, Ricoeur, Sartre y otros muchos. Subiectum Iuris es término aceptado en Roma con la paradójica consecuencia de convertirlo en objeto de Derecho y no en persona directamente actuante en el orden jurídico. Después se retoma con sentido moderno en el Derecho de la misma época. Lo hacen Grocio, Pufendorf y, sobre todo, Leibniz, que forjan el binomio indispensable sujeto-persona, objeto-cosa, dualidad necesaria para operar en el mundo jurídico. Siguen esa profundización Wolff y Kant, quien consigue ultimar la construcción al conseguir que la idea de hombre en sentido biológico haya dejado paso a la idea de hombre en sentido normativo. La teoría de Kant, dice el autor, es corregida y aumentada por Hegel, donde el sujeto se convierte en un absoluto e infinito querer (p. 43). El Derecho ocupa el primer lugar, la primera posición, y ha hecho suyo ese primer concepto determinante. Ha subsumido al hombre y le ha dado una dimensión jurídica por medio del concepto acuñado. El sujeto nace para justificar la creación de un sistema, sobre todo por obra y gracia de Savigny, que se apoya en esa primera noción fundacional, primigenia, absolutamente basilar, para desarrollar lógicamente el mundo del Derecho. Los juristas comienzan a construir esa idea de sujeto jurídico y su extensión, la persona, la personalidad, con las ideas complementarias necesarias para dotar de movimiento el humano actuar (es el caso de la capacidad o genérica habilidad guiada por la razón, que hace primar el “hacer” sobre el “ser”, o la construcción que efectúa la Pandectística de una teoría de la autonomía de la voluntad o voluntad con existencia autónoma del sujeto para operar en el universo de las normas y de los derechos y obligaciones) para dar un contenido material antropológico a la idea de sujeto. Es ficción jurídica a la que se busca de inmediato un correlato los más exacto posible en el seno de la realidad biológica que está definiendo y, en cierta medida, que está usurpando. Ahora, en ese siglo XIX, lo único que realmente existe, lo único que realmente importa para el Derecho, es ese sujeto que el Derecho mismo ha edificado. Ya no hay hombres, ni seres. Hay sujetos en la forma y medida que las normas lo ha establecido. Del sujeto jurídico se pasa a la persona, siendo Vultejus el primero que empleará el concepto de persona en un sentido moderno, equiparándolo al hombre natural, al mismo tiempo que Donello hace una enumeración de los derechos de esa persona (vida, integridad corporal, libertad, estimación). Estamos en los albores de la era moderna. Pero la idea de persona cambia y evoluciona, toda vez que las certezas medievales respecto a la misma se evaporan y ya no es contemplado como individuo aislado, como mónada cerrada hacia lo externo, como sujeto inmune a la influencia ejercitada por el otro o por los otros. Descartes o Locke marcan esa cesura típicamente moderna. El primero rompe la unidad del hombre, ahora compuesto de alma y cuerpo, mas otorgando solamente al alma personalidad real; el segundo al negar a la persona misma sustancialidad. Lo físico deja paso a lo psicológico, a los peligros de la conciencia, a una mayor complejidad en el dibujo del ser humano que hay detrás de la persona misma, lo cual permite explicar ciertas corrientes filosóficas modernas en las que se vuelve o regresa al personalismo (en la línea de Mounier o Maritain) frente a tendencias antipersonalistas (Nietzsche o Heiddeger), o que reivindican una vuelta no al personalismo, sino a la persona misma (Ricoeur). Esa persona diseñada desde alturas filosóficas pasa a ser contemplada desde la óptica de sus grados de realización o de ser (pp. 60 ss.), diferenciando lo estados o status, para designar el lugar concreto donde está y se inserta la persona, las cualidades del grupo social al que se adscribe, que responde a una lógica típica del Antiguo Régimen, para dar paso en la Modernidad al nuevo estado moderno, a aquel individuo abstracto, sujeto jurídico único, aunque la idea de estado no desaparece y así lo acreditan diversos autores desde Pothier, Glück o Jellinek, en una discusión moderna que se resume en la dualidad propugnada por el último de los autores citados: persona miembro que integra el Estado y se sitúa en cierta posición, o bien Estado que confiere personalidad o personalidades y sitúa a las persona otorgándolo derechos. Es el debate mismo sobre los derechos del hombre lo que está cuestionándose. O de procedencia natural, esto es, pre-estatal, o de procedencia exclusivamente estatal.  En el primer caso, limita al poder; en el segundo, el poder es quien delimita esos derechos. Diversos estados son objeto de especial atención como la casta o la libertad, para concluir este primer capítulo con una serie de reflexiones sobre los complementos de la personalidad, tales como son la capacidad jurídica, la personalidad misma, la idoneidad o la identidad, complementos que ayudan a perfiles qué es una persona y cómo puede operar esa persona.

     El Capítulo II (Codex: la idea de la complitud en el Código, pp. 81 ss.) es un furibundo ataque contra el mito codificador y sus más preclaras figuras a través de un examen histórico de todo el proceso en el que van compareciendo los ejemplos prusiano, austriaco, francés y alemán, con sus singulares aportaciones al concepto de persona, el desarrollo de la misma que nos hace desembocar en el Capítulo III (Ius Personarum in Codex: las semipersonas en el Código Civil, pp. 93 ss.). Las diferencias que supone la idea de nacionalidad y de ciudadanía van gestando un primer grupo de excluidos, de “otros”, los extranjeros ajenos a los beneficios que el Derecho codificado trae consigo puesto que no puede acogerse al conjunto de derechos y de facultades que se incorpora a la condición subjetiva de nacional, con particularizada visión de su desarrollo en los Códigos más significativos. Se ha introducido un primer elemento de distinción, sobre bases políticas conforme a las nuevas formas de encuadramiento de los individuos dentro del sujeto político “nación” que toma el relevo a los antiguos titulares de la soberanía. El nacional, el que forma parte de esa nación, el ciudadano con plenitud de derechos políticos, es el que va a ser recipiendario de la plenitud de los derechos civiles. Las personas son encuadradas en diferentes conceptos, grupos o asociaciones, como hace el Código prusiano: la familia, los gremios, las agrupaciones, los concebidos, los gemelos, los fetos, los hermafroditas, la niñez, la incapacidad, la locura o la disminución mental. Todos ellos implican diversos niveles de la personalidad, diferentes efectos jurídicos en la realidad práctica de ese sujeto que actúa, pero no siempre de la misma manera y con los mismos efectos. Del antecedente prusiano pasamos a Francia, para concluir con una completa reconstrucción del Código francés (pp. 118 ss.; el autor adjunta un extracto del debate sobre el goce de los derechos civiles en el Código francés, en pp. 272-274) y del itinerario que el mismo sigue, siempre desde la óptica de la persona. El Código siempre se basa en esa idea de nación, esa idea excluyente, que está en su base y sobre la cual se fijan las primeras diferencias en orden a determinar personalidades y capacidades. Otros ejemplos que se toman en consideración son el Código italiano de 1865 o el portugués de 1867, para concluir con un examen de los problemas que afectan a los usuarios o destinatarios del Derecho codificado y con una reivindicación de la necesaria democratización y socialización de los Códigos en el sentido de permitir una mayor amplitud de la idea de sujeto (la multiplicidad de los mismos), una mayor comunicabilidad del Código mismo a través del lenguaje en el que aquél está escrito, con un exacto diagnóstico de los esenciales problemas que la forma Código ha supuesto en el horizonte jurídico: nace revolucionario, no obstante sus reservas; nace ordenado, no obstante sus contradicciones; nace burgués y no democrático, no obstante se le quiera hacer ver como producto de esa revolución liberal (pp. 145-146). Por ello, hace el autor un llamamiento: si el Código tiene que existir y tiene que conservar el imperio del Derecho es preciso demandar a legisladores y jueces la democracia como elemento esencial con el cual garantizar el Estado de Derecho (p. 146). He aquí una medicina contra la enfermedad: democratización del Derecho.

     La segunda parte analiza el caso mexicano, con un primer capítulo (Codex Mexicanus, pp. 149 ss.), donde se glosa la trascendencia jurídica europea en México, con una breve síntesis de la Historia del Derecho mexicano, en sus cuerpos normativos y en la labor de toda una literatura jurídica, que lo incardinan dentro de la tradición occidental del Derecho Común, con especial dedicación al el proceso codificador mexicano y sus influencias. México forma parte de esa América hispánica que recibe, además de un especial Derecho propio (el indiano), la gran masa del Derecho castellano, con las Partidas a la cabeza, y, por extensión y a modo supletorio, el conjunto de textos legales y doctrinales del Derecho romano-canónico, convirtiéndose así en apéndice de lo que acontecía en Europa. La independencia no supone eliminar ese legado jurídico, que se mantiene y conserva, al tiempo que va surgiendo un Derecho nacional, propio, que acaba desembocando en los Códigos, siendo el más relevante, a los efectos que ahora nos interesa, el de 1870, cuyo impulso fue Juárez y su ideólogo Justo Sierra. Pero en ese fresco de Historia mexicana, son numerosas las trascendentales aportaciones de las legislaturas de los Estados (Oaxaca, Zacatecas), que se apuntan el tanto de la Codificación antes de que se logre a un nivel general federal. Es el Capítulo II (Ius Personarum mexicano. Las semipersonas del Código Civil mexicano, pp. 167 ss.) el que se enfrenta de forma decidida al concepto de persona fraguado por los codificadores y los resultados excluyentes que de ese concepto se desprenden, con examen de la idea de igualdad jurídica y los resultados, paradójicamente, discriminatorios que de allí se derivan. No todo individuo es persona. No todo ser es persona. La persona, a la que el Código convierte en modelo o arquetipo y sobre la cual predica todas las consecuencias positivas derivadas de su articulado y del haz de facultades que del mismo se desprende, es una persona concreta, una específica realidad: es el ciudadano nacional (condición política), preferentemente varón (condición sexual), adulto (condición cronológica), mentalmente sano (en cuanto a su situación espiritual o psicológica), preferiblemente casado (por lo que respecta al estado familiar), que se convierte en eje y patrón de futuras derivaciones jurídicas (pp. 170-171). Ese sujeto es el sujeto por antonomasia. Para ese sujeto abstracto, con esos perfiles descritos, sí hay plenitud jurídica, capacidad total, absoluta personalidad, habilidad genérica para intervenir en el tráfico jurídico. A sensu contrario, quienes no reúnan tales condiciones no alcanza el rango de persona, no son tales, y con ello cabe o bien la exclusión, negándoles la capacidad, o bien la admisión de ciertas zonas o campos en las que sí pueden desarrollar una cierta aptitud jurídica, una habilidad en sectores parciales del ordenamiento jurídico. Entran en juego, por tanto, todos aquellos seres que no alcanzan la condición de persona plena, la condición de sujeto jurídico con una idoneidad perfecta: las víctimas de la desigualdad jurídica, áreas marginales que podrían pasar por no jurídicas y que, sin embargo, tienen tratamiento sucinto exclusorio de los efectos de sus respectivas conductas en el tráfico económico. Así, van siendo convocadas las “no personas”, aquellos a los que le falta algún requisito o aptitud para llegar al Código y alcanzar el privilegio de ser regulados por el mismo. Destaca la visión comparatista de esa construcción que nuestro autor elabora, porque, al lado de antecedentes doctrinales (pandectísticos en su mayor parte), desgrana otros precedentes destacados, fruto de la codificación o no, y acaba siempre volviendo la vista al Código mexicano. ¿Quiénes son esas no personas, esos seres humanos que no llegan a adquirir la primigenia condición de sujeto jurídico, que no alcanzan a ser personas? El elenco es numeroso: los monstruos, los que no han adquirido figura humana, ni la tienen desde su nacimiento; los naciendos o nascituri; los esclavos y figuras aproximadas (los sometidos a contratos de enganche, a las peonadas de las haciendas mexicanas; los habitantes de haciendas obligados a comprar en las llamadas tiendas de raya). El Código les da la espalda a todos ellos. No interesan. Se incluyen en el mismo para sancionar su exclusión, pero ningún rayo de luz jurídica llega a iluminarlos, ni a permitirles el disfrute del Derecho mismo. Éste los aparta de sí. Y luego afloran las semipersonas, los que poseen un estatuto intermedio, que no han alcanzado la plenitud jurídica, la perfección, la igualdad mitológica, aquellos que sí son personas desde cierta óptica, pero no alcanzan tampoco a ser calificados en todos los momentos de su existencia como tales. Es el eslabón intermedio: así, los sometidos a interdicción (enfermos graves, mudos, sordos, ciegos); los locos; los pobres, los desvalidos y los vagabundos; los pródigos e hijos naturales; los extranjeros; los menores de edad; las mujeres; los indígenas, caso especialmente singular e importante en el modelo mexicano. Todo este elenco de desigualdades nacidas como resultado de unos Códigos que proclamaban en su seno la igualdad de todos ante la ley, surgen precisamente como consecuencia de la exacta determinación de quiénes y por qué forman parte de ese colectivo que se integran en la idea de sujeto jurídico, sujeto de lo codificado. ¿Quiénes son esos “todos” que han de ser imperativamente iguales ante el Derecho? El capítulo termina con una reflexión sobre el socialismo jurídico y la socialización del Derecho, encarnado en el italiano Cosentini (pero no sólo en él: Gierke o Menger, Andler o E. Lèvy, Altamira o Posada, Renner o Radbruch, el mismo Huber, autor del Código suizo, son figuras egregias en esta enumeración), cuya trascendencia va más allá de lo doctrinal, puesto que muchas de sus ideas fueron utilizadas por los redactores del Código mexicano de 1928, Código pretendidamente social o, cuando menos, más social que sus antecesores decimonónicos (pp. 250 ss.). Los defensores de esta línea de pensamiento ven en el producto codificador un ejemplo de antidemocracia, de desigualdad, de aburguesamiento decadente, confusión, ilegibilidad e impopularidad. Incide nuestro autor en el ejemplo italiano, el que mejor ha conocido (Salvioli, Cimbali, los criminólogos Lombroso y Ferri), que reivindican, antes que nada, la identificación y el tratamiento de la multiplicidad de sujetos jurídicos, la respuesta al pluralismo social al que el Código ha dado la espalda y ante el cual ha cerrado los ojos en aras de un formalismo total y asfixiante. El Código revolucionario mexicano, como antes la mítica Constitución queretana de 1917, contienen en su articulado los mejores argumentos de esta nueva visión del Derecho: atenuación del legalismo y apertura hacia otras fuentes del Derecho; batalla contra el individualismo e inserción de ciertas concesiones a la socialización; revisión de ese igualitarismo vacuo; democratización del Derecho privado como exigencia de desarrollo constitucional; interactuación entre Derecho privado, Derecho público y legislación social. Y así aparecen muchas ganancias, pequeñas victorias que conducen a la reivindicación del adjetivo social: sindicalismo, protección de los menores y de las mujeres; el Derecho agrario, ligado a la propiedad colectiva o comunal; los sistemas de seguridad social, entre otros muchos, son instrumentos para reivindicar el valor de la esencia del ser humano, en tiempos de globalización creciente, que posterguen el papel dictador del marcado, que no coincide necesariamente con la sociedad, dado que sus valores son diferentes y el primero no está preocupado, ni comprometido con el desarrollo integral de la segunda. En suma, como dice nuestro autor en p. 257: “Derecho social, socialización del derecho, socialismo jurídico, son modos de decir una idea, aquella de un derecho impuro, histórico, mutable, flexible, plural; un derecho que es así, porque así es la sociedad”.

     Las conclusiones (pp. 259 ss.) insisten en la crisis del modelo codificador y del concepto del jurista como instrumento, con una recapitulación de autores que han incidido en dicha idea (Simoncelli, Cimbali, Gabba, Salvioli, Gianturco, Renner, Villey, Bravo Lira, Tau Anzoategui). Para arrumbar con ese modelo periclitado, se formula la teoría de un “Derecho Empático”. Frente al dogmatismo del Código y la homologación de los sujetos, frente a su normativismo positivista, que implica ver en el texto codificado orden, colocación, determinación de los papeles de cada sujeto con arreglo al argumento trazado por la ley, se busca la inversión de planteamientos. Los Códigos liberales, dice el profesor Narváez en p. 266, hicieron de todos nosotros formalistas, estáticos, acríticos, pasivos, gubernamentalistas, legalistas, sin sentido histórico, sin capacidad para interpretar la realidad, sin espíritu social, elitistas, ladinos, malinchistas, cerrados a nuevas opciones jurídicas. Frente a ello, se impone una mayor disposición para escuchar, para aceptar criterios opuestos, para reflexionar; se impone una colaboración y un trabajo constante entre los interesados para crear normas de convivencia flexibles. Compromiso, sentido de la responsabilidad, concluyen la enumeración que son requisitos indispensables para crear posibilidades de Justicia reales y efectivas. Superación de la diversidad a través del Derecho y no cancelación de las misma por medio de la voz del solo Código, porque como acertadamente se dice en p. 271 la diversidad no es ataque a nuestra identidad y a nuestra integridad, sino que es esencialmente riqueza.

     Un libro que vale la pena, que tiene valor y contiene valores, completo, maduro, producto de años de reflexión, que no se queda en la mera Historia y en la sucesión de fechas y cronologías más o menos al uso. Hay una perfecta integración del material complejo que se utiliza, desde la Filosofía hasta los textos codificados, selectivamente tratados para dar luz a un tema complicado en sus inicios pero que el autor va simplificando al indagar en sus raíces primeras. Un trabajo de altura, que describe, desgrana, critica y, lo que es más importante, propone alternativas, vías, caminos para el Derecho en el futuro, con los cuales tratar de conseguir sociedades más perfectas, más benévolas y, sobre todo, más justas. Un libro que puede ser modelo y referencia para legisladores contemporáneos, muchas veces más preocupados de sus sueldos y pensiones que de las necesidades reales de la sociedad a la que gobierna. Un libro que asimismo interesará a todos los juristas integrales, a los que tratan de actuar la Justicia en cada una de sus actuaciones, por encima de otros intereses y condicionantes. Un libro que desnuda al yo y al otro, y que —lo más importante— deja abierta una puerta a la posible convivencia pacífica entre ambos.

Faustino Martínez Martínez
Departamento de Historia del Derecho
Facultad de Derecho de la UCM
Recensión efectuada el 10 de septiembre de 2006
fmartine@der.ucm.es

Retorno a Byblos