BYBLOS
Revista de Bibliografía Histórico-Jurídica


Historia de la Propiedad. Patrimonio Cultural. Actas del III Encuentro Interdisciplinar, Salamanca, 28-31 de mayo de 2003
S. de Dios, J. Infante, R. Robledo y E. Torijano (coords.)
Servicio de Estudios del Colegio de Registradores, Madrid, 2003, 604 pp.


 Es un grato acontecimiento ya anual el que nos brindan los miembros del área de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad de Salamanca. Los encuentros y la publicación de sus actas forman parte de nuestro paisaje bibliográfico cotidiano, no por ello menos esperado. Son además necesarias por vertebrarse en el entorno de un elemento que consideramos esencial, en cuanto que nervio de todo orden jurídico: el dominio, la relación directa e inmediata del ser humano con las cosas o bienes que le circundan. Acudiendo a su cita, pues, llega a nuestras manos la tercera entrega de este Encuentro Interdisciplinar, auspiciado por la Universidad de Salamanca, con el profesor Salustiano de Dios a la cabeza, unas actas que se han consagrado esta vez al estudio del Patrimonio Cultural. Examinadas hasta casi la extenuación las cuestiones relativas a la propiedad en general y en abstracto (1999), y a los bienes comunales (2002), objeto de las dos sesiones anteriores, se procede a abrir un nuevo campo de la investigación que se halla ahora en una versión especial del derecho de propiedad (aquel terrible derecho al que se refería S. Rodottà). Es aquella que versa sobre los bienes culturales, en sentido amplio, sobre ese especial patrimonio, forjado en y por el tiempo, dentro del que se aúnan y armonizan los deseos de los propietarios y los de una comunidad, que aspira, gusta y quiere disfrutar, en otra medida y con otros fines, de esos mismo bienes, es decir, la propiedad en su vertiente clásica o liberal, típicamente privada, junto con una cierta tendencia socializante, fruto del derecho de los ciudadanos asimismo a acceder al disfrute de esos bienes, siquiera de modo meramente contemplativo, pasivo, paciente. Así se dan la mano el patrimonio, entendido como lo privado, y la cultura, significando lo público. Los parabienes que ya han recibido estas reuniones no han de ser repetidos aquí. Hay que felicitar de nuevo a los impulsores de estas jornadas por insistir en la nota de interdisciplinariedad, de pluralidad de enfoques y perspectivas, aumentando con ello la riqueza del trabajo bien realizado, dirigido y coordinado. Por las páginas siguientes, circularán especialistas en diferentes materias jurídicas, desde la propia Historia del Derecho hasta el Derecho Medioambiental, desde los civilistas hasta los conservadores del arte, y todos aquellos relacionados con las cuestiones culturales en toda su amplitud de planteamientos: arquitectos, bibliotecarios, archiveros, lingüistas, etcétera. Los operadores de la cultura en toda su extensión. Con la gama variada de puntos de vista, el trabajo se ve reforzado al integrarse las mismas de un modo armonioso. Es el sello de esta iniciativa que no ha dejado de cosechar un bien merecida laudatio por lo que a nosotros respecta (1).

Primera cuestión a abordar es la que se refiere a la propia denominación del elemento elegido: el Patrimonio Cultural. La elección del tema se nos confiesa relacionada con la designación de Salamanca como Ciudad Europea de la Cultura en el año 2002, como modesto modo de sumarse a la celebración de ese evento. Pero hay otro problema añadido que surge de inmediato, y es la amplitud del mensaje transmitido. Patrimonio Cultural es tanto como decir toda la cultura que respira una determinada sociedad. ¿Qué contenidos engloba este término? Cultura es la lengua, es el Derecho, es la Historia, son los bienes de los pueblos, el paisaje, la naturaleza, los bienes muebles e inmuebles, es decir, la generalidad de construcciones humanas que pueden servir de referencia para la construcción de todo un universo de respuestas a las inquietudes que la vida plantea a una comunidad. O lo que es lo mismo: la radiografía del alma de esa misma comunidad, su visión del mundo, su capacidad de reacción ante el mismo. La cultura puede ser examinada desde diversas órbitas y todas ellas reconducen a un mensaje. Es, son los mecanismos que los hombres ponen en marcha para urdir contactos entre ellos, desarrollar conocimientos acerca de la existencia y tener capacidad para elegir ante la misma (para acertar o para equivocarse).

La amplitud queda reflejada en las mismas ponencias y comunicaciones recogidas. En los inicios, Sebastià Serrano, pone un primer ejemplo de patrimonio cultural: la lengua (“Patrimonio y sostenibilidad: el caso de las lenguas”, pp. 11-19). Nuestra sociedad es la sociedad, más que nunca y más que nada, de la información. Y con ella, con ese instrumento clave del poder, la lengua juega un papel determinante, relevante, indiscutible. Pero esa lengua también está expuesta a un proceso de depuración selectiva porque no toda lengua sirve. La amenaza que se cierne sobre muchas de ellas ha determinado la necesidad imperiosa de articular medidas para conseguir una cierta “sostenibilidad” de las lenguas. El autor propugna una “sostenibilidad” poliédrica, que nos conduzca desde la Ecología a la Cultura y a la Lingüística, pasando por lo social, que se traduzca en un rearme moral o en una reconfiguración moral de nuestra cultura para que se proceda a la conservación de muchas de esas lenguas, incluso las minoritarias, por encima de cualquier otra consideración (económica o tecnológica), fuera de las exclusivamente culturales. La reivindicación es clara: la conservación y mantenimiento de la diversidad lingüística a través de una serie de actuaciones internacionales coordinadas por organismos comunes para que se tome conciencia de la crisis de la linguodiversidad. Porque cada lengua es un patrimonio y como tal, tiene todo el derecho (y se tiene, a la vez, el deber) de vivir y de ser protegida.

 Llega el turno al Derecho como objeto cultural, en dos momentos: el gótico-altomedieval y el del Derecho Común. La cultura jurídica expresada a lo largo del Medievo y sus dos momentos, el popular y el sapiencial. El profesor Javier Alvarado Planas aborda en su ponencia una reflexión sobre los perfiles del Derecho medieval (“El Derecho Histórico como patrimonio: reflexiones sobre la aplicación del Derecho en la Edad Media”, pp. 21-52), superando los debates reduccionistas que se habían establecido entre una corriente germanista y otra romanista, la primera defensora de la pervivencia de antiguas costumbres góticas a lo largo del reino toledano y de los primeros siglos medievales, la segunda, postuladora de la pervivencia de un Derecho romano, no puro, sino adaptado a las necesidades de las provincias imperiales. Alvarado propone una vía intermedia, un derecho “romano-germánico”, que permite combinar cómodamente ambas perspectivas: la base o sustrato romano, pasado por el tamiz de algunas costumbres germánicas, unido a un proceso incesante de vulgarización jurídica desde el siglo III, junto a la asimilación en lenguaje latino de algunas instituciones visigodas, permiten marcar un desarrollo hispánico singular del Derecho visigodo que va pervivir en la Alta Edad Media, o como él mismo expresa “las principales instituciones tradicionales de los godos no fueron reprimidas ni combatidas por el derecho oficial del rey, sino que fueron asimiladas e integradas en la legislación visigoda. La técnica de los juristas godos y romanos fue, la mayoría de las veces, muy simple: se limitaron a revestir instituciones germanas con un ropaje romano” (p. 38). Lo analiza tomando como referencia tanto los textos legales como los escasos documentos de aplicación del Derecho de esa época (sobre todo, las Fórmulas Visigodas). La persistencia de la legislación goda permite asimismo explicar algunas figuras singulares de la creación jurídica medieval, como es el caso de los juicios de albedrío o los fazañas, que hunden sus orígenes asimismo en prácticas y estilos góticos. Por su parte, el profesor Jesús Vallejo, de la universidad hispalense, trata un tema por él perfectamente dominado y perfilado: “Derecho como cultura. Equidad y orden desde la óptica del Ius Commune”, pp. 53-70. Partiendo de un texto de Celso que reclama la atención del Derecho a los asuntos que se suelen repetir, reiterar, no a los únicos, vuelve sobre el “paradigma jurisdiccional”, que tanto debe a Pietro Costa, su primigenio formulador, y a la identificación de toda actividad creadora del Derecho con los esquemas de la jurisdicción. Finalidad del Derecho es convertir la ruda equidad en una equidad constituida y el mecanismo transformador es precisamente la jurisdicción, que no limita sus efectos a la simple etimología del vocablo (decir el Derecho), sino que se prolonga más allá de esa evidente función declarativa. Una jurisdicción, cuyos elementos son analizados pormenorizadamente: es poder, público y legítimo, introducida para decir el Derecho y para estatuir la equidad, término de múltiples acepciones, que van desde la ley divina hasta la justicia.

Máximo García Fernández explora el universo cotidiano de los habitantes urbanos y rurales del Antiguo Régimen castellano (“El patrimonio doméstico y su simbología. La cultura popular castellana a través del ajuar mobiliario del hogar durante el Antiguo Régimen”, pp. 71-102). Se llega aquí a la cultura por medio del patrimonio, del ajuar mobiliario de los hogares castellanos, conocido todo ello merced a las particiones hereditarias y a las escrituras de dote matrimoniales. Con ellas en la mano, se procede a reconstruir las riquezas, los lujos, los ornatos que pueblan la vida cotidiana de los individuos de la Edad Moderna, el mobiliario usual, el religioso, el suntuario, las obras de arte, alhajas y joyería, los patrimonios literarios y librescos, entre otros, que permiten plasmar las características básicas de la riqueza familiar, del grado de urbanización y del acceso a las principales redes de distribución y comercialización del mundo próximo en el que se vivía.

Por su parte, Jesús Sanz Fernández se ocupa de la trashumancia, en “La herencia ecológica y cultura de la ganadería trashumante y su situación actual en Castilla y León”, pp. 103-154, trabajo de gran erudición que nos describe orígenes de las rutas, la aparición de la Mesta, las protecciones recibidas, los animales que las transitaban, el estado actual de muchas de ellas, denominaciones de los caminos empleados (cañadas, cordeles, veredas), y su lógica incidencia en la dinámica económica de un campo que ahora aparece regido por Europa y donde las concesiones a la tradición son cada vez menores. Junto a la trashumancia, otro elemento parcialmente desconocido: la “trasterminancia”, usado para referirse a los desplazamientos de alcance inferior a los 100 kilómetros que hacen los rebaños desde los concejos propios a los vecinos para alimentarse.

 Jesús Urrea examina en “La desamortización y la conservación de los bienes artísticos muebles”, pp. 155-171, las medidas que han venido adoptando desde los orígenes del movimiento desamortizador para la protección del patrimonio artístico, remontándose a las medidas de Carlos III contra los jesuitas en 1767, y las sucesivas decisiones adoptadas, a la par que se consolidaba el Estado liberal y su corolario confiscador ya mencionado. La creación de un Museo central donde se albergase el patrimonio desperdigado (el Museo de la Trinidad, puesto en marcha en el cuatrienio 1838-1842 y cerrado definitivamente en 1872, integrando su fondos en el Museo del Prado), o la institución de las Comisiones Provinciales de Monumentos Históricos y Artísticos, aparecida a mediados del XIX, no pudieron evitar la pérdida, destrucción y desaparición de muchas obras hasta entonces en poder de conventos, capillas, monasterios y demás víctimas del furor liberal. A su lado, apareció un tipo despreciable de coleccionista que supo aprovecharse del río revuelto para pescar a sus anchas. El daño fue grande, a pesar de la cautelas.

Bernardo Rossi-Doria nos brinda un fresco sobre las formas de protección del patrimonio en Italia, a través de tres momentos históricos sucesivos (“La tutela di beni culturali nell’Italia moderna: la tradizione degli stati pre-unitari, l’unità, la contemporaneità”, pp. 173-199). No es extraño que Italia sea paradigma en este campo porque toda la Península e islas adyacentes constituyen realmente un emporio cultural incomparable en el mundo, donde cada esquina alberga una obra de arte. Hay precedentes en la Historia y se cita una constitución de Mayoriano o un escrito de Rafael de Sanzio. En la época pre-unitaria, el peso específico corresponderá a los Estados Pontificios (Roma seguía siendo cabeza de un mundo espiritual y artístico), aunque el impulso viene dado por los extranjeros maravillados por el arte, como Winkelmann o Goethe. El expolio napoleónico hace tomar las primeras iniciativas, dirigidas por el papa Pío VII: el quirógrafo de 1802 (edicto del cardenal Doria Pamphiliy) o el edicto del cardenal Pacca en 1820, en los que se toman medidas orientadas al conocimiento y a la posterior protección de los bienes culturales (pp. 185 ss., recoge una síntesis de estas reglas jurídicas), que parte primeramente de su mantenimiento en suelo pontificio para proceder después a su conservación y restauración. Medidas análogas fueron tomadas en otros reinos pre-unitarios, como en la Toscana, Venecia, Lombardía o en el Piamonte. El Estado italiano en sus primeros años de existencia conservó buena parte de estas antiguas medidas de protección hasta la importante Ley de 1939 y la consagración por la Constitución actual, en su artículo 9, de la responsabilidad de la Republica en la tutela del patrimonio histórico y artístico, con toda la secuela de normas, comisiones y reparto de competencias Estado-Regiones que ello ha propiciado, con el límite (y, al mismo tiempo, acicate) que supone el artículo 42 de la misma Constitución, en el cual se reconoce la función social de esa propiedad privada asimismo plasmada y consagrada.

Pedro López Gómez nos muestra el nacimiento y consolidación de uno de los mejores elementos para la defensa del patrimonio cultural, cual es el archivo público, una defensa que se realiza por medio de dos finalidades concretas que estos archivos desempeñan: la información y el testimonio. En “La construcción de un sistema nacional de archivos (1858-1936)”, pp. 201-255, se expone el surgimiento a lo largo del siglo XIX de todo un complejo sistema burocrático para la conservación, ordenación, clasificación y catalogación de todos los documentos que han pasado a merecer el calificativo de “históricos”. Los archivos históricos (Simancas, Histórico Nacional), los archivos administrativos (el General de la Administración, en Alcalá de Henares), los provinciales, los de protocolos y demás especialidades territoriales (Corona de Aragón, Indias, Valencia, Galicia, Mallorca) van surgiendo al amparo de la creación de todo un cuerpo especializado de funcionarios dedicados a tales menesteres (para cuya formación es indispensable la Escuela Diplomática, creada en 1856 y suprimida en 1900) y se da una descripción general de sus fondos para alentar futuras investigaciones, junto a la referencia final a los expurgos.

La sociedad de la información, que conoce de nuevos soportes informáticos, motivan las reflexiones de Pilar Llopart (“Propiedad intelectual y tecnologías de la información en la biblioteca”, pp. 257-282), en donde se combinan la problemática jurídica de las nuevas tecnologías (con Internet a la cabeza), la necesaria armonización entre la libertad de información y expresión, por un lado, y los derechos de propiedad intelectual, por otro.

 Un nuevo tipo de patrimonio diferente del artístico, tal y como se nos acostumbra pintarlo (cuadros, iglesias, catedrales, monasterios, etcétera), es el que ocupa a Inmaculada Aguilar Civera (“Patrimonio arquitectónico industrial. El depósito de aguas de Salamanca: una valoración”, pp. 283-305), en el cual se transcribe un dictamen de la misma profesora de la universidad de Valencia elaborado, a petición de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, dictamen que no pudo evitar la demolición de ese depósito del año 1914, edificio que, según refiere la profesora Aguilar, reunía los requisitos de valor testimonial, singularidad y representatividad tipológica que en esos casos se requiere para evitar abusos y destrucciones. Porque a medida que los tiempos avanzan, las creaciones de esos nuevos tiempos pasan a formar parte del catálogo cultural. La industrialización trajo para nuestro país la aparición de toda una gama de edificios que se integran en el llamado “patrimonio industrial”, nacido de la combinación de la ciencia, la industria y el mercado, aunque la atención que aquél ha recibido no ha sido la mejor por parte de los poderes públicos, ni siquiera a nivel legislativo. Arquitectura industrial, dice la autora, es aquella que tiene una finalidad productiva, industrial, viva expresión del comercio y que tiene su fundamento en unas necesidades socio-económicas, es decir, la totalidad de edificios construidos o adaptados a la producción industrial, sea cual fuera la rama de la producción (p. 291) y por ahí desfilan mercados, mataderos, grandes comercios, puentes, canales, ferrocarriles metropolitanos, conducciones de agua, suministros de gas y de electricidad, el equipamiento técnico puesto al servicio de las colectividades, la obra pública así denominada.

El italiano Giuseppe Cristinelli ofrece, en “Restauración y conservación en arquitectura”, pp. 307-318, una visión personal sobre los límites y el alcance de las labores de restauración arquitectónico, componiendo una interesante teoría entre la forma y la materia que parte de una claro dilema: la fidelidad de la operación respecto a los caracteres específicos e individuales de la obra, antes de la intervención, para no alterar o traicionar la obra misma, que no pierda su autenticidad (que siga siendo ella misma) después de haber sido restaurada. La intervención sobre la materia no implica necesariamente una intervención sobre la forma. Los viejos términos restauración y conservación son replanteados por Cristinelli: conservación se refiere a la integridad del objeto en la multiplicidad de sus aspectos conocidos, mientras que la restauración es el procedimiento para conseguirlo.

 Entramos ya de lleno en el Derecho positivo. En el más extenso trabajo de los compilados, José Luis Moreu Ballonga describe y valora la legislación sobre hallazgos a la luz de la Ley de 1985, del Patrimonio Histórico Español, de clara inspiración italiana (“Patrimonios arqueológico y etnográfico en la legislación estatal”, pp. 319-405), señalando sus incoherencias, antinomias e interpretaciones varias. Va desgranando de forma pausada, con abundancia de legislación, nacional e internacional, bibliografía y jurisprudencia, las cuestiones referidas a las excavaciones arqueológicas, los hallazgos interesantes, muebles e inmuebles, tesoros y restos de buques hundidos en el mar, las relaciones con el urbanismo, descubrimiento de cuevas con pinturas rupestres o de gran belleza natural, o el patrimonio etnográfico, entre otras muchas cuestiones. Para la defensa de todo ello, es de utilidad el trabajo de Lorenzo M. Bujosa Vadell (“La protección jurisdiccional del patrimonio cultural”, pp. 407-439), quien nos advierte de que no existe un “Derecho procesal  del patrimonio cultural”, pero sí algunas especialidades relevantes, como la existencia de acción pública (muy escasamente predicada en el Derecho español: pocos son los casos en que se admite esta defensa del interés colectivo por parte del ciudadano particular), el papel decisivo del ministerio fiscal como defensor del patrimonio cultural, la especialidades en materia de policía judicial (cuerpos especiales de protección de los bienes culturales), las entregas vigiladas y la actuación de agentes encubiertos, el diseño de una necesaria cooperación internacional más intensa si cabe que en otros campos, las figuras de protección cautelar, en vía penal y administrativa, o el proceso civil especial para la restitución de los bienes salidos de forma ilegal del país. Para concretar más en ese régimen jurídico, basta leer el artículo de José Manuel Alegre  Ávila, “El estatuto jurídico de la propiedad histórica”, pp. 441-458, quien partiendo de la Constitución, en su artículo 46, desgrana el régimen aludido con inicial referencia al reparto de competencias entre Estado y Comunidades Autónomas, los tipos de protección (bien de interés cultural, bienes muebles del inventario general, otras clases de bienes), su forma específica de propiedad, con referencias a la doctrina italiana a la que tanto debe nuestro legislador. Más datos sobre el particular los proporcionan dos trabajos complementarios: el de Concepción Barrero  Rodríguez (“Régimen jurídico de los bienes inmuebles de interés cultural”, pp. 459-491), quien destaca los rasgos del estatuto jurídico de esos bienes, como los límites a la libre disposición o a la facultad de goce, las prohibiciones que pesan sobre los mismos, sus relaciones con el planeamiento urbanístico y el urbanismo específicamente orientado a la defensa de esos patrimonios inmobiliarios culturalmente relevantes; junto al de Dionisio Fernández de Gatta Sánchez (“Régimen jurídico de los bienes muebles históricos”, pp. 493-524).

 A modo de escenario final de condensación de las ideas esbozadas, el libro concluye con tres trabajos. Fernando López Ramón, de la universidad de Zaragoza, nos brinda unas “Reflexiones sobre la indeterminación y amplitud del patrimonio cultural”, pp. 525-547, en donde pone de relieve muchos de los defectos de la legislación sobre bienes culturales, el choque entre una legislación estatal y otras diecisiete autonómicas sobre el particular, propugnando una reconducción del sistema que consista en abandonar “la concepción maximalista, que configura un conjunto de bienes de alcance indeterminado y en constante ampliación” para introducir “un sistema que determine claramente los bienes afectados y proporcione mayor efectividad y pluralidad a las técnicas de protección de tales bienes” (p. 545). Antonio Pau se ocupa de la protección registral de los bienes culturales (“La protección del patrimonio cultural”, pp. 549-564). Finalmente, Javier Barcelona Llop cierra el conjunto de trabajos con unas “Reflexiones dispersas sobre el derecho de los bienes culturales”, pp. 565-604, a modo de conclusión, recapitulación y planteamiento de nuevas preguntas.

Las actas del encuentro no defraudan porque en ellas se pueden encontrar reflexiones para todos los gustos y especialidades. Nuevamente, un acierto de los coordinadores, y, de nuevo, nuestras más sincera felicitación por el trabajo bien hecho y finalmente bien acabado.

 [1] Me he ocupado de reseñar ambos trabajos: Historia de la propiedad en España. Siglos XV-XX, Madrid, 1999, en Revista Galega de Administración Pública, 24 (xaneiro-abril, 2000), pp. 241-253; e Historia de la propiedad en España. Bienes comunales, pasado y presente, Madrid, 2002, en Revista Galega de Administración Pública, 32 (setembro-decembro, 2002), pp. 289-295.

Faustino Martínez Martínez
Departamento de Historia del Derecho
Universidad Complutense de Madrid
fmartine@der.ucm.es
Recensión efectuada el 5 de septiembre de 2005

Retorno a Byblos