BYBLOS
Revista de Bibliografía Histórico-Jurídica


El mito de la autonomía universitaria
Francisco Sosa Wagner
2ª edición. Cuadernos Civitas. Thomson Civitas, Madrid, 2005, 173 pp.


 De nuevo nos encontramos, se encuentra el hombre tremendamente racional del siglo XXI, ante un mito que constantemente le golpea en el periplo de su existencia cotidiana. Y con un mito que procede del campo del Derecho. Las mitologías jurídicas de nuestra Modernidad, descritas en aquel magnífico libro de Paolo Grossa a modo de denuncia, no han hecho sino provocar la aparición de un torrente formado por todos aquellos fantasmas totémicos, que estimábamos ocultos, de una manera vertiginosa, acelerada, en una vorágine que semeja en ciertas ocasiones caza de brujas. Todo el mundo renuncia ahora al pasado, reniega del mismo y el revisionismo en todos los campos copa la mayor parte de las publicaciones. Un repertorio de frases y lugares comunes, de conceptos y categorías, forjados en el siglo XIX, usados hasta la saciedad, amasijos de palabras vacuas, que conducen a expresar la mediocridad imperante que rodea el mundo, en general, y el académico, en particular, tan amigo de la tradición como enemigo de la renovación. Abandonamos lo antiguo. Somos palabras y las palabras, en ocasiones, son cansancio. Tras ellas, los conceptos, que llegan a mostrar idéntico fenómeno de aburrimiento y de agotamiento físico, moral e intelectual. Ante esa ausencia de elementos firmes de anclaje, acaba por triunfar el relativismo, teñido de escepticismo radical. Aquella frase archiconocida del lampedusiano príncipe Salina cobra forma en nuestros días: todo permanece para que todo cambie y viceversa. ¿Es la universidad velada destinataria de esa frase, por lo demás lapidaria? ¿Ha cambiado realmente la universidad para que todo permanezca igual? ¿O hemos creado una imagen distorsionada de una universidad idílica, bucólica, pastoril y armoniosa? De este modo, la comodidad, la tranquilidad de ánimo, la ausencia de criterio o la ignorancia han hecho su aparición en esta época de mutaciones e inquietudes, en la cual la tolerancia se confunde con el “todo vale”. Se necesitan diagnósticos certeros para acabar con las enfermedades centenarias. La universidad es hoy paciente enfermo, necesitado de curación. A esto responde el trabajo que ahora presentamos, obra del profesor Sosa Wagner, catedrático de la Universidad de León y, como él mismo se define, escritor. Lo primero, se presume, ha dado origen al caudal de ideas que se exponen en las apenas doscientas páginas de este trabajo breve e intenso a las reflexiones jurídicas más relevantes y significativas del ensayo. Lo segundo aporta claridad de exposición, sutileza de los argumentos, discurrir de la prosa con una suavidad y una tranquilidad encomiables. El tema no puede ser más polémico, más actual, menos complaciente: la autonomía universitaria o algo parecido que se ha querido construir bajo esa denominación (de nuevo, las palabras, los conceptos). La dedicatoria tampoco escapa a ese afán de polémica, inherente al título y al autor: “A tantos colegas desesperanzados”, es decir, a las víctimas de ese mito, a los quemados por el sol de la pretendida “soberanía” de las universidades, a los sufridores de todas aquellas injusticias, canalladas y miserias que se han cometido y se cometerán en nombre de ese sacrosanto derecho constitucional. Pero hay que perfilar la cuestión antes de entrar a matar. Para ello, el profesor Sosa ensaya varios pases para enfilar al morlaco, se suceden los tercios con una exquisita elegancia y dedicación, con la finalidad de pasar después a la suerte suprema con diagnóstico y receta incluidos. He aquí el libro.

Comienza el autor desgranando la esencia del concepto (I. El mito y sus ingredientes, pp. 13-16), partiendo de la propia definición que el María Moliner nos da de aquella voz como expresión idealizada (por lo tanto, deformada) de alguien o algo que se forja en la conciencia de la colectividad, invención en suma que se trata de hacer pasar por verdad, cosa fantasiosa que solamente existe en la cabeza de alguien. Tres elementos, pues, confluyen: creación colectiva, falsedad que se trata de presentar como verdad, e idealización, falta de conexión con la realidad del concepto acuñado. No nace espontáneamente. Si el mito idealiza, inventa, fantasea es porque cumple una función pragmática, tiene una finalidad. Pero hay mitos buenos, que auxilian, iluminan y esclarecen, y mitos malos, que deforman, tergiversan, duelen y hacen sufrir. Estos son los que han de ser desenmascarados, contra los que hay que combatir. Uno de esos mitos nefastos es el de la autonomía universitaria, al que hay que eliminar para revelar su verdadera faz que el autor precisa “es sustancia fosilizada o en avanzado estado de descomposición” (p. 14). Nada hay detrás, por tanto. El mito comparte raíces con el dogma. Por ello, porque pertenece al campo de lo irracional y no del logos, de las creencias y no de las ideas, es difícil combatirlo, rebatir su esencia, dado que además su origen es, en el caso que nos ocupa, pleno de intencionalidad y ayuno de ingenuidad. Es cuestión de fe. El mito emplea además el recurso al pasado ideal, paradisíaco e inmaculado, todo él pureza y virtud, pasado que se deforma para el cumplimiento de las nuevas exigencias del presente. Lo que ha sido debe continuar siendo, parecen pensar los mitómanos, sin ánimo de crítica. Creado por alguna mente brillante y silenciosa, potenciada en las oscuridades del franquismo, se mostró como el elemento decisivo para convertir la anquilosada universidad del Antiguo Régimen en una universidad adaptada a los tiempos modernos, sin perjuicio de que muchas prácticas, estilos o tics sigan remembrando la era anterior de la “Una, Grande y Libre”.

 Para explicar y comprender lo que hoy sea la autonomía, nada mejor que la Historia y el buceo en el pasado (II. Claves del ayer, pp. 17 ss.), con un fresco acerca de las universidades y su desarrollo. Porque si hoy predicamos la autonomía y la reivindicamos como elemento indisociable de la universidad, cabe llegar a la siguiente cuestión: ¿fue siempre así? ¿Hubo siempre autonomía? ¿Cómo fue esa autonomía en el pasado? Comienza el mito. Cuando arranca el fenómeno universitario, bajo la forma de los estudios generales con Bolonia y París a la cabeza, la autonomía no figuraba en el vocabulario de ningún jurista medieval, de ningún teólogo, canonista o papa, personajes que se hallaban detrás de esas nuevas instancias educativas. La codicia y los abusos de unos, el deseo de control político e intelectual de otros, provoca los nacientes conflictos entre el colectivo universitario y la burguesía cómodamente instalada en sus nacientes ciudades. Por eso, la intervención del poder (ya imperial, ya papal, ya real) nunca se produce a partir de la nada y, por supuesto, tampoco por nada, sin contraprestación, gratuitamente. La autonomía en cuanto que afirmación de una posición jurídica propia nunca es absoluta y nunca se predica respecto de la totalidad de las potestades implicadas. El primer documento típicamente universitario nace como respuesta a la lucha de poderes entre las diferentes instancias medievales. La aparición de los primeros estudios provoca de inmediato colisiones con los dirigentes municipales por cuestiones de orden público esencialmente, enfrentamientos violentos, que facilitan la solución del emperador (la constitución Hábita de Federico I, a la que ya nos referíamos). Pero, ¿eran realmente autónomas estas corporaciones o “ayuntamientos de estudiantes y maestros”, como dicen las Partidas? La respuesta es negativa. Ciertamente gozaban de una capacidad de autoorganización encomiable, suficiente y amplia, si se quiere (nombramiento de rectores, exámenes, grados académicos, selección de maestros, remuneraciones, etc.), pero la nervadura básica del edificio muestra a las claras la dependencia absoluta respecto del poder en cualquier de sus formas: Imperio, rey, papa, obispo, concejo. La creación se produce a instancias de alguno de esos sujetos (creación que muchas veces lo que hace es certificar actuaciones docentes y discentes previas). Son aquellos quienes confirman esas actividades, quienes refrendan los estatutos, quienes envían visitadores (controles ajenos al cuerpo universitario), quienes tienen representantes perpetuos (cancelarios o maestrescuelas), quienes financian en su mayor parte el sustento material del aparato, quienes, en resumidas cuentas, disponen, si no jurídicamente, si desde el punto de vista de los hechos, del control total y absoluto de ese cuerpo. Y al elemento material, se suma el intelectual: nada escapa al poder eclesiástico en el Medievo por lo que las enseñanzas debían desarrollarse dentro de la más estricta ortodoxia, con fijación de verdades educativas, libros, textos, comentarios, lecciones. No todo se aprendía, sino aquello que contribuía al reforzamiento del dogma. El predominio eclesiástico, en sus plurales ramas (papa, obispos, órdenes mendicantes, etc.) fue constante y también los poderes laicos se sumaron a estas posiciones de poder, de control, en provecho de sus propios fines y necesidades, cuando observan la importancia que tales instituciones comienzan a tener.

Había en los estudios un caudal incesante de hombres públicos con los cuales nutrir los aparatos administrativos de los nacientes reinos, cada vez más complejos, hombres públicos que emplearían la interpretación del Derecho siempre en beneficio de sus señores (intelectuales orgánicos, a fin de cuentas). Son corporaciones, con un estatuto especial, incluso con jurisdicción particular (nunca absoluta), dentro del universo de corporaciones que impregnaba la atmósfera del Medievo. Como corporación, por ende, con su régimen singular, su Derecho particularizado, su vida propia. Pero como en ese período solamente se puede afirmar la existencia de una soberanía, en cuanto que poder originario (id est Deus), se concluye que ninguna de las corporaciones inferiores gozaba de tal atributo. La maraña de poderes entrecruzados contribuía a esto, la pluralidad de fidelidades originaba la inexistencia real de ese poder superior. Todos, salvo Dios, dependían de alguien. Nada de autonomía se puede contemplar. Los momentos sucesivos tampoco mejoran el panorama. La Reforma no modificó este escenario, sino que cambió los actores. Ahora los nuevos príncipes y señores que pueblan Europa se suman a este deseo, mezcla de soberbia, mecenazgo y presunción, que implica tener a su servicio una instancia educativa con la que dominar más aún si cabe a los súbditos y lo que estos pensaban. La corporación deja paso ahora a la institución. La universidad se ha convertido en una institución estatal y como consecuencia de esto, sojuzgada por el Estado en todas sus ramificaciones. El profesor deviene cortesano, es decir, paniaguado. El siglo XVIII supone el alejamiento de la universidad de la realidad social, lo que provoca entre otras cosas la emergencia de instituciones educativas e investigadoras complementarias, al margen de ese edificio caduco (Academias, Sociedades Económicas). Ello implica la necesidad urgente de la reforma. La universidad de Göttingen da el primer paso, bajo los auspicios de Münchhausen, en el que se materializa ya sin ambages, ni subterfugios el dominio por parte del príncipe y del Estado del aparato universitario, dentro de cuatro coordenadas básicas: control estatal sobre la gestión; control estatal sobre el nombramiento de profesores; introducción de disciplinas mundanas y modernas; y la idea del seminario, felizmente triunfante en épocas sucesivas. Carlos III, en España, y aquí el libro gira hacia lo patrio, lo intenta apoyado por notables pensadores de la Ilustración erudita (Mayáns, Aranda, y, sobre todo, Campomanes y Jovellanos, dos de las mentes más preclaras de su tiempo), labor que continua su hijo Carlos y que es coetánea a la que desarrollan en Portugal José I y el Marqués de Pombal. La idea es la centralización, sin lugar a dudas, la cual oculta la estatalización. La ideología liberal triunfante en el siglo XIX continúa esta trayectoria porque, si bien se reconoce la libertad del individuo, la de las instituciones tiene que estar bien sujeta y trabada en la organización unitaria del Estado. Centralismo, estatalismo y un tercer componente a la suma de factores: la unidad, sin concesiones a la diversidad. Se suceden los planes, las reformas de corte liberal más o menos amplio: Quintana, el Duque de Rivas, Espartero, el moderado Antonio Gil de Zárate, hasta llegar al mítico lugar de la ley Moyano (1857), cuya labor perdura durante decenios: “El poder político ocupa la universidad con maneras resueltas, las viejas potestades eclesiásticas son un recuerdo, el catedrático es un burócrata, los claustros y las juntas son tentáculos alargados del ministerio, los planes vienen impuestos y lo mismo las clases, los horarios y los libros (que conocerían la corruptela posterior de los apuntes)”, de modo que la reforma laica liberal dirigida llegaba a su término final “henchido ya de sus mismas contradicciones” (p. 39). Pero bajo esta aparente uniformidad, algo se mueve en las sombras preparando la renovación. Es el krausismo y su secuela, la Institución Libre de Enseñanza, quienes propugnan la defensa de la libertad de enseñanza y de la libertad de cátedra. Importante semilla que fructificará. Sin embargo, los derroteros parecen ser otros. El ominoso Orovio golpea a la universidad y a sus hombres. Será Giner el que cree el concepto de “autonomía” predicada del sujeto universitario, y Silió el primer ministro que la eleve a concepto legal en el año 1919 (dibujada ya, no obstante, en los proyectos de García Alix y Romanones de comienzos de centuria), junto con el reconocimiento de la personalidad jurídica a la universidad y a sus centros. Se quería eso, pero las voces más autorizadas y prestigiosas pedían la aplicación gradual y escalonada. Incluso el propio Ortega no aludía en su conocido ensayo sobre el tema de la misión universitaria a la necesidad real de una autonomía. Necesidad, por tanto, no sentida realmente, sino impostada. Ningún texto constitucional se refería a esta cuestión y tampoco la republicana de 1931, culminación del deseo de libertad teñido de aspiraciones sociales, lo hará: se concede a los profesores la condición de funcionarios públicos y se reconoce y garantiza la libertad de cátedra. Poco más. Sin embargo, hay realizaciones concretas con Fernández de los Ríos en el ministerio y una esperanza en Barcelona (entre 1933 y 1934), pero todo se frustra en las trágicas fechas que anuncian el largo verano de 1936.

 El autor da ahora un salto geográfico (III. Reflejos del espejo europeo, pp. 51 ss.), con el fin de examinar los dos grandes modelos universitarios que inciden en España. El primero es el molde francés. Tras el recelo revolucionario a todo lo que recordase el Antiguo Régimen, que lleva incluso a la supresión de las universidades y a la creación de las primeras Escuelas (algunas nacidas antes de 1789, que simbolizaron y simbolizan aún hoy en día la educación de la elite francesa), el genio político de Napoleón se dejará sentir en la conformación de una universidad  fuertemente centralizada (con predominio de París sobre las “provincias”), destinada a la creación de los cuadros administrativos que el país, que la nueva nación necesitaba. La poderosa influencia de la Iglesia va siendo limada en las sucesivas experiencias republicanas con las notas añadidas de la laicidad y neutralidad (Jules Ferry), de tal suerte que las universidades quedan como cuerpos públicos autogestionados, con un modelo de gestión aristocrática, “en manos de los catedráticos, llamados mandarines, lo que conducía a una gestión no politizada pero muy corporativista, los privilegios de las especialidades, sus particularidades eran duramente defendidos” (p. 57). El giro de 1968, bajo el nombre de Edgar Fauré, y el de los años 80 con Savary, buscaron la actualización de esa autonomía “muy medida que se desarrolla emparejada con la democratización, pero que no logra abatir poderes esenciales de la mano del Estado, entre los que destacan la financiación, dada la práctica ausencia de recursos propios de las Universidades, el estatuto de la función pública del personal docente y el carácter nacional de los títulos” (p. 57). El otro modelo histórico es el alemán, concretamente el que implanta Humboldt en la universidad de Berlín a comienzos del siglo XIX. Fuertemente ligado al idealismo alemán, la meta de la universidad no era tanto la formación profesional de los cuadros especializados que requería la sociedad, sino la educación del hombre en su totalidad, “la formación de la personalidad espiritual, cultural” de jóvenes y adultos (p. 58), y para ello eran precisas dos cosas: docencia e investigación, solamente factibles si se aseguraba el desarrollo libre de cada una de ellas, la mayor cota de libertad en ambos casos, en la búsqueda y en la exposición de lo buscado. Poco interesaba cómo fuese concebida la universidad (ahora, ya institución plenamente estatal, aunque de apariencia corporativa: los estatutos eran aprobados por el gobierno de Prusia; se rechazaba la cooptación para la selección del profesorado; se mantenía una sólida intervención por medio del canciller o curador, delegado directo del poder). El Estado, pues, controlaba la selección y nombramiento del profesorado como garantía de la consecución de la libertad científica, en una universidad que ni era autónoma, ni lo había reclamado nunca, en un clima de vigilancia y superioridad, que se estimaban necesarios para la salvaguardia de las dos libertades de partida. Lo cual favorecía asimismo la formación de una burocracia que ese mismo Estado precisaba para su consolidación, no burócratas fríos y calculadores, sino “hombres con carácter y con una preparación espiritual e intelectual sólida, apta para ayudar a la construcción del Estado moderno” (p. 60). El Estado tutela y, al mismo tiempo, el Estado se nutre de lo que la universidad forma. La situación alemana no favorece estos planteamientos (recuérdese la lucha entre absolutismo y liberalismo a lo largo del XIX, incluso cuando aparece la Alemania unificada) y habrá que esperar a la utopía de Weimar para ver reconocida de nuevo esas libertades de arte, ciencia y enseñanza (ni rastro de la autonomía de la universidad, de nuevo). Una libertad académica orientada al conocimiento de la verdad. Algunos autores extendieron la interpretación al campo de la organización (Schmitt o Huber): no sólo se protegería la labor del estudioso y del científico frente al legislador, sino que se idearon esas garantías de los “institutos fundamentales” (familia, matrimonio, herencia, propiedad) y de las que afectaban a las instituciones del orden público (justicia, funcionariado, universidad). El objetivo era salvaguardar el orden burgués, empleando las mencionadas libertades como una triple arma: liberal (contra el colectivismo), conservadora (contra las tendencias igualitarias) y antiparlamentaria o antigubernamental (contra la tergiversación de su nombre por las fuerzas políticas). La nueva república de Bonn que nace de las cenizas del Reich, vuelve sobre el argumento de la libertad científica. Una breve referencia a Italia, donde la autonomía no es fin, sino presupuesto para el ejercicio de las libertades ya conocidas, cierra este capítulo. Se da paso, a renglón seguido, al catálogo de errores modernos que se deben al Mayo de 1968. Los cambios del siglo XX (una universidad que formaba ya conjuntamente a altos funcionarios, maestros, profesionales, técnicos y demás familia, incapaz de hacer frente a lo que el mercado laboral demanda) requirieron la modificación de las anquilosadas estructuras: universidades técnicas, escuelas de comercio. Asistimos a la crisis del modelo europeo y al ascenso del americano, modelo abierto sin rubor a la iniciativa privada. Allí surge la reforma interna de la universidad que nos ha dejado un panorama desalentador: una democratización absurda del funcionamiento interno, que da pie a los abusos y presiones de sectores corporativos gestados en su seno; la mercantilización de la universidad, concebida más como unidad económica que como un templo del saber; una generalización de lenguajes económicos, igual de estúpidos y pretenciosos (departamento, área, crédito, etc.), que ha arrinconado las clásicas denominaciones, entre otros, son aspectos de ese cambio impulsado por el utópico movimiento del 68. La idea no pintaba mal, siempre y cuando hubiese quedado circunscrita al ámbito anglosajón. Pero algún genio, con nombres y apellidos, tras la experiencia epatante que supuso su doctorado o su maestría en los EE. UU., decidió el trasplante de ese esquema organizativo. “De aquellos polvos, aquestos lodos”, que recuerda el refrán castellano y todavía estamos con las consecuencias de aquella funesta idea importadora.

 Se ha visto que no hay rastro histórico de la autonomía universitaria, ni en España, ni en los otros modelos universitarios que han condicionado el nuestro. ¿Cómo nace, pues, este mito? ¿Cuándo y dónde? Lo que el profesor Sosa quiere demostrar es que en el ambiente universitario la idea de autonomía es algo impostado, falso, que encierra bajo ese vocablo referencias a otras ideas que sí han, sin embargo, de entenderse consustanciales al aparato educativo. (V. Gracia y bienaventuranza, pp. 77 ss.). Son las libertades de investigación, la de cátedra y la de enseñanza las que conforman el pilar central del edificio universitario, las que le dan su razón de ser. En una época como la que sigue a la muerte de Franco, la boca de las principales personalidades se llena de lugares comunes, repetidos hasta la saciedad hasta convertirse en recursos indispensables para la construcción de cualquier discurso político que pudiese ser denominado progresista o democrático. La autonomía, trasunto de una mayor libertad, se incorpora a ese mobiliario intelectual (secundado por la mayor parte de la plana mayor de la intelligentsia, desde Julián Marías a Antonio Tovar) y pasa a formar parte, nada más y nada menos, que del propio articulado constitucional (Artículo 27. 10). La universidad, decía Laín Entralgo, debía ser autónoma en lo tocante a su administración, planes de estudio y cuadros docentes. La legislación subsiguiente (sobre todo, la Ley Maravall de 1983) hizo el resto y lo que debería ser, conforme también al articulado constitucional, un conjunto de medidas individuales encaminadas a garantizar el estudio y la investigación pasó a conformar una suerte de privilegio de tipo corporativo que la normativa posterior en el tiempo no hizo sino empeorar, si cabía esa posibilidad. Lo esencial no era eso, sino la libertad individual de la investigación y de la docencia, garantizando pluralidad y neutralidad, evitando dirigismos e ingerencias, se haga en el seno de una institución o no. Sosa desgrana los contenidos mínimos de tales libertades, con la minuciosidad de un cirujano. Lo que no puede hacerse es convertir a una institución X en la esencia y salvaguarda de los anteriores derechos, porque en ese caso la distorsión es enorme. La autonomía no deja de ser un brindis al sol porque tal autonomía, efectivamente, carece de existencia como se puede ver en el campo de más interesante observación: el económico. Pero no nos detengamos aquí. A una Constitución que se suma a la moda lingüística, a una Ley de Reforma Universitaria (cuyos autores han quedado impunes), se añade el tercer elemento capital para que el sistema fraudulento y simulado se perpetúe: el Tribunal Constitucional procede a interpretar la maraña legislativa y el sistema se consolida. Los sucesivos pronunciamientos maximalistas determinan la atribución a las universidades de un cheque en blanco para hacer todo lo que les venga en gana. Así la autonomía es calificada de “exageración”, “hipérbole entretenida”, en p. 101, o de tergiversación montada en homenaje a “una palabra nimbada por el encanto que la atribuye un pasado histórico falsificado, es decir, por sacrificar asuntos graves a un mito”, en p. 100. Es mito y mito que se ha intentado colar de matute como indispensable para la construcción de un edificio universitario moderno.

La muestras concretas de esa autonomía sirven para exponer el panorama desalentador de esta universidad española cainita y mafiosa en ciertos aspectos (VI. Profesorado, planes de estudio, estatutos, pp. 103 ss.). Se abordan cuestiones peliagudas dado que, en aras de esa libertad intocable del estamento universitario, se ha producido la inserción en su seno de mucha mercancía de contrabando averiada y defectuosa, dice gráficamente el profesor Sosa, en este caso, mercancía ágrafa y analfabeta para cumplir los supremos fines de un servicio público como es la educación superior, seres estos que apenas hubieran tenido posibilidad de fructificar en cualquier otro ámbito laboral. Hay excepciones, pero lo cierto es que el daño ha sido elevado y el coste inmenso. La libertad que las universidades tienen para formar, promover y seleccionar a su profesorado ha dado pie a un auténtico (y perdón por la expresión) cachondeo selectivo que hace que cualquier persona, animal, vegetal o mineral, con un mínimo apoyo (antes, tres votos; ahora, cuatro), puede llegar a ser profesor universitario. Tanto la Ley Maravall como la ley de Pilar del Castillo (también impune esta ministra) han fomentado la endogamia hasta extremos insospechados, han provocado el predominio de las mafias locales, la falta de movilidad, el localismo más paleto, el provincianismo más rancio, la prevaricación más escandalosa, los abusos más inimaginables, las técnicas mafiosas más arriesgadas e impensables, la ley del más fuerte, el pisoteo de derechos, méritos y carreras investigadores construidas de forma gradual, la arbitrariedad estalinista, toda vez que el poder judicial proporciona la coartada definitiva con el argumento de la discrecionalidad técnica, a la que ningún juez quiere controlar. Pero la culpa es más grave en el caso de la Ley Orgánica de Universidades de 2001, que, con la experiencia anterior, no acertó a mejorar el sistema, sino a complicarlo, hacerlo desigual desde un punto de vista económico, con el sistema de habilitaciones (más de lo mismo), y a crear otra carrera universitaria paralela con las famosas acreditaciones. Da igual que se invoque el modelo alemán, porque se ha copiado (lo que demuestra falta de originalidad), pero se ha copiado mal (lo que demuestra la falta de luces de los ideólogos del régimen). Ni las primeras, ni las segundas son garantía de nada en el futuro, sino meras títulos honoríficos que no ayudan a extirpar los males del sistema. Lo importante no es tanto el modo en que se hace la selección, sino los criterios que deben tomarse en consideración. He ahí el eje del mal y he ahí donde no se puede dejar la mano libre a la universidad, sino que es precisa la intervención estatal pues es el Estado el que concede los títulos y la condición de profesor.

Y el que concede es el que decide. Sosa Wagner comenta lo absurdo del sistema pensando en casos personales que él mismo debe haber sufrido (¿y quién no?). Mafias enfrentadas de cara al exterior en diferentes escuelas, pero también mafias internas. Se ve en los planes de estudios, aprobados, modificados, vueltos a elaborar, cambiados en un ritmo vertiginoso, que ocultan en realidad no un deseo de especialización, sino el resultado de luchas internas en las facultades, de venganzas personales, hachas de guerra largo tiempo enterradas, sin preocuparse del alumno, ni del prestigio, ni de la universidad y su fama. Troncales, optativas, obligatorias, encierran en su seno grupos de presión y con ellos las plazas, el control, el círculo perfecto de dominación. Además de la desaparición de la vieja solidaridad formada alrededor del curso (los estudiantes ahora van por libre y forman su plan de estudios como si de un menú del día se tratase) o las facilidades concedidas para el aprobado (eliminación de asignaturas llave, aprobado por compensación), que parten del supuesto de que la universidad es ya una empresa y debe contar con clientes a los que hacer atractivo el producto. Cuántas más facilidades, mejor. Si se hunde el prestigio, no sucede nada. La misma falacia de la autonomía se predica de los estatutos, aquella máxima expresión normativa de la comunidad universitaria: muestra de su capacidad innata para formar su voluntad y sus decisiones. Lo cierto es que tampoco es así. Sometidas a la aprobación por parte de los gobiernos autonómicos, los estatutos prácticamente se copian y reproducen entre sí, con lo que la pérdida de tiempo, neuronas y ganas para hacer otras cosas es inmensa. A ello sigue, debido a la heterogeneidad de la tribu universitaria, la proliferación de los reglamentos, tan abundantemente creados como reiteradamente incumplidos, fruto de una pasión normativista estúpida e inútil de todo signo (el símil de la alcachofa expuesto en p. 128 es sumamente expresivo en este sentido). El control de todo el personal por parte de los rectores, la inexistencia de jerarquías, sino de lealtades personales, la falta de oposición organizada como tal, la inexistencia de control por la parte del Estado o de las Comunidades Autónomas a los actos de las supremas y magníficas autoridades universitarias (léase rectores), que originan auténticas tierras sin ley en el marco del Estado de Derecho, completan el panorama que conduce al corporativismo más sucio y descarnado, antes de llegar al tema estrella que permite la negación definitiva de la autonomía: el de la financiación. Sin dinero no hay poder y la universidad carece de lo primero y de lo segundo. La financiación llega de fuera, se aprueba por un órgano que no es precisamente universitario, aunque se pinte como tal (los Consejos Sociales, de los cuales se siguen ignorando millones de cosas), y la falta de un control independiente e imparcial de los gastos e ingresos, convierten a las universidades en fortines inmunes al Estado, al Derecho y prácticamente a todo, sin control, desbocados, y sometidos solamente a las luchas de poder internas que se fraguan en su seno. Es un “cómodo universo fuertemente gremializado” (p. 141), que ha perdido su razón de ser puesto que ni es autónoma, ni es realmente servicio público.

 Las últimas reflexiones de este demoledor trabajo aluden a la organización interna, también caótica y crítica como no podía ser de otra forma (VII. Departamentos, investigación, democracia, pp. 143 ss.). El trasplante del modelo americano de divisiones ha fracasado totalmente en suelo hispánico por su propia artificialidad y generalidad; la investigación se halla en pañales como a comienzos del siglo XX y sumamente dependiente, por tanto, no del poder político, sino del poder económico mucho más sutil; la proliferación casi en exclusiva de los grupos de investigación como único cauce en el cual se podrían desarrollar las mencionadas tareas; el debate personal contratado contra personal funcionario es ya totalmente estéril; y la democracia que todo lo ha inundado ha contribuido a burocratizar cualquier aspecto de la vida universitario, muchos de los cuales no pueden ser resueltos desde una óptica política como impone el sistema democrático. Si sumamos a ello el carácter esencialmente aristocrático de la universidad (dicho esto sin ánimo peyorativo) y la falta de un movimiento estudiantil organizado, creativo y responsable (acaso por la crisis de valores y por la falta de una sólida educación previa), determinan ya la quiebra definitiva e irrecuperable del sistema.

¿Hay esperanza? Sí, mientras haya vida. Sosa confía en exceso en Europa (probablemente se avecina la mayor catástrofe del sistema educativo en mucho tiempo), pero se muestra optimista. Varias ideas lo avalan (VIII. Epílogo para reformistas, pp. 161 ss.): recuperar la idea de una universidad sólidamente asentada sobre los principios de la experiencia y la sabiduría; la implantación gradual de las reformas sentidas y necesarias; la especialización y la creación de pequeñas células con las que facilitar el trabajo universitario; el mayor rigor en la selección de los docentes; la mayor movilidad del profesorado; el seguimiento eficaz de la actividad docente e investigadora; la armonización de la visión de una universidad como mercado y una universidad como servicio público; la conversión, en suma, de una universidad concebida como “artefacto gremial y lugareño” en una institución realmente  “autónoma y democrática” (p. 167). Soluciones, en algún caso, utópicas; en otros perfectamente realizables si existe la voluntad política, pero que se nos antojan ya indispensables a los efectos de sanar ese cuerpo enfermo. No es una solución, sino probablemente la solución única que debe partir desde dentro y evitar el recurso continuado a una Europa que tampoco acierta muy bien a conducirse. Un elemental bibliografía cierra este breve trabajo del profesor Sosa (pp. 169-173), lleno de matices, sugerencias, reflexiones, que a nadie dejarán indiferente por la fuerte carga de profundidad que supone conocer y denunciar los males de la moderna universidad. Con el riesgo añadido de la osadía que supone plantear reformas, revisiones y alternativas, de las que el autor, una vez más, sale airoso. Un libro éste breve e intenso, polémico y, sobre todo, optimista. Nada está totalmente perdido, pero sí es necesaria una coordinación de voluntades para llevarlo a la práctica. Libro sumamente recomendable para aquellos a los que les duela nuestra universidad y que no se resignan a su pérdida.

 Faustino Martínez Martínez
Departamento de Historia del Derecho
Facultad de Derecho de la UCM
fmartine@der.ucm.es
Recensión efectuada el 13 de septiembre de 2005

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