POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y LENGUAS IBEROEUROPEAS

clac 18

 

Francisco A. Marcos-Marín

 

Universidad Autónoma de Madrid

 

francisco.marcos.marin@uam.es

 

            A mediados de diciembre de 1994 el Tribunal Constitucional de España dictó una sentencia en la que se declaraba constitucional la Ley de Normalización Lingüística que había sido aprobada en su día por el Parlamento de Cataluña. Habían recurrido la ley asociaciones de padres y grupos de ciudadanos que consideraban que no respetaba la igualdad de derechos lingüísticos de los ciudadanos españoles, en detrimento de los hablantes de castellano. La sentencia es larga y pormenorizada y no deja lugar a dudas: el ordenamiento jurídico español no sólo se enmarca en la Constitución, sino también en otras leyes que, como los Estatutos de Autonomía de las diversas Comunidades, la complementan. La polémica no se cierra, se traslada ahora a los reglamentos que harán posible la aplicación de la ley. De hecho, el diario ABC, el más vendido en España, dedicaba su portada, pocos días después de la declaración del TC, al supuesto incumplimiento de la sentencia por el máximo organismo de gobierno de Cataluña, la Generalidad o, en catalán, Generalitat.

 

            Todos sabemos que las discusiones sobre estos problemas tienden a convertirse en viscerales y que en ellas los sentimientos priman sobre los argumentos, ya que no es difícil, en tantos siglos de historia lingüística, no encontrar justificaciones para todo tipo de actitudes. Lo más prudente sería callarse y mirar; pero tal vez no sea esa actitud la más responsable. Aunque es evidente, históricamente, que ni Cataluña ni España son realidades para la Eternidad, unos y otros actúan como si de verdad lo fueran, porque la visión que el hombre tiene de su entorno es, en último término, muy limitada, rara vez sobrepasa la centuria. El fondo de la discusión no es la lengua, sino cómo interpretan los políticos los supuestos deseos de los ciudadanos sobre la estructura futura de las sociedades de que todos forman parte. Como medio de comunicación la lengua resalta notablemente en el juego de valores, especialmente por la arraigada creencia de que cualquiera puede opinar en materias lingüísticas, un poco como todos opinamos a la hora de aliviar dolores de espalda, jaquecas o mareos. Sin embargo, cuando se trata de operaciones a corazón abierto, son imprescindibles los especialistas.

 

            Si bien España ha carecido de lo que científicamente se llama una «política lingüística», sí ha tenido una «naturalidad lingüística». Los trabajos de Fernando González Ollé, publicados en el Boletín de la Fundación Juan March en febrero y marzo de 1994, muestran que la expansión del castellano y su generalización en España se deben a una aceptación voluntaria de los hablantes de las otras lenguas peninsulares e insulares. Las acciones de presión lingüística no empezaron hasta la época borbónica, como consecuencia de una guerra civil previa y, es evidente desde la documentación aportada por González Ollé, existió siempre una gran tolerancia para el uso de la lengua vernácula en la escuela en las zonas menos cercanas a los centros de cultura. En cuanto a éstos, la actitud de los hablantes, demostrada por el conjunto de los casos, fue de empleo de las lenguas vernáculas en actividades domésticas y de ámbito restringido y aceptación del castellano para la comunicación general, como lengua de prestigio.

 

            González Ollé señala en varias ocasiones su coincidencia con la opinión de Ángel López García sobre el carácter de koiné que tiene el castellano. Este término técnico debe entenderse en dos sentidos. El primero es el histórico, pues el castellano es el resultado de una serie de compromisos interlingüísticos que, en cierto modo, lo llevarían a configurarse como una lengua «vascorrománica», en un sentido muy amplio del término. El segundo es el diastrático o sociolingüístico y se refiere al carácter de lengua común, de lengua superadora de las diferencias entre los distintos hablantes, con soluciones aceptables por todos ellos o la mayoría de ellos, en todo caso. Este carácter histórico y social de lengua común de los españoles es un rasgo indiscutible, que se toma ineludiblemente como arranque de todo el planteamiento político de la cuestión lingüística. Desgraciadamente, actitudes de nuestra historia reciente, más complejas por cierto de la simplificación habitual, pero en conjunto deplorables, han empañado esa aceptación feliz de una lengua nacional e internacional de intercomunicación. En cualquier caso, superado el régimen del general Franco, la persecución lingüística que pudiera haber en aquella época, en años en los que no había nacido la mayoría de los españoles de 1995, no justifica ninguna clase de «venganza lingüística» a costa de los derechos de los ciudadanos.

 

            Toda acción estatal de política lingüística en España ha de tener en cuenta la realidad de que tenemos una lengua común de todos los españoles, que es además lengua internacional, el castellano o español (la lengua española castellana) y tres lenguas de cultura, nacionales pero no internacionales: catalán, gallego y vasco. Debe plantearse de modo muy claro la necesidad de apoyo a las lenguas de las comunidades autónomas, como un bien cultural amenazado por su propia debilidad, al mismo tiempo que ha de exigir la garantía de que ningún español sea privado del acceso a la comunicación común dentro de España y la internacional que, en ambos casos, sólo el castellano garantiza. Este concepto de «bien cultural», referido a la lengua, no supone que limitemos a ello lo que es una lengua. Simplemente señalamos esta faceta traducible a términos económicos, como una característica que también debe tenerse en cuenta.

 

            Esta política lingüística estatal no sería una política de decretos, no se presentaría como un amasijo o red de disposiciones legales, ni pretendería un tono coercitivo. Entendemos que lo fundamental es realizar una serie de acciones, cuyas repercusiones lingüísticas son evidentes, en aspectos u organismos de la vida española que precisan de una acción estatal, tanto del gobierno del Reino como de los gobiernos autonómicos, que es ineludible para la defensa de los derechos de los españoles dentro y fuera de España: acciones educativas, en la investigación, en los centros superiores como las Academias, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, las Universidades, el Instituto Cervantes, los organismos o agencias de cooperación internacional, las Bibliotecas, entre las múltiple s posibilidades que lo lingüístico permite.

 

            Además, las consideraciones técnicas, es decir, lingüísticas, son muy claras y concretas: no hay en España monolingües no castellanos (dejando aparte casos muy excepcionales cuya incidencia, en todo caso, es nula). En las comunidades bilingües la situación es muy variada, desde Euskadi, donde el vasco es conocido por un porcentaje muy pequeño de la población, hasta el gallego y el catalán, muy generalizados. Obviamos detalles de extensión y fronteras de las lenguas, porque la conclusión es clara: el castellano es conocido por la totalidad de la población, lo que significa que su utilización como lengua de la enseñanza (junto con la lengua de la comunidad Autónoma, en su caso) es técnicamente factible desde el inicio de la escuela. Naturalmente, este conocimiento de «la otra lengua» no tiene siempre el mismo grado; pero precisamente es el sistema educativo el que debe corregir esta diferencia natural y social, haciendo que los niños y muchachos de las regiones que poseen esa riqueza lingüística no acaben, paradójicamente, perjudicados por ella y privados de un dominio de la lengua común, única que les garantiza la igualdad de oportunidades en todo el territorio español.

 

            Desde el punto de vista de la información y la comunicación, que completan este apunte técnico, también debe tenerse en cuenta que todos los españoles, en todo el territorio, reciben radio y televisión en castellano y en su lengua autonómica. Ningún español en zona bilingüe es ajeno a la comunicación bilingüe, lo que también significa que el contacto escolar con las dos lenguas es un hecho lingüístico natural de su medio, no una imposición. Ésta es una diferencia fundamental entre la España actual y la de hace cuarenta años.

 

            Si bien es cierto que, en este primer planteamiento de la cuestión lingüística, nos vamos a ceñir a lo que ocurre en España, no está de más recordar que lo habitual en el mundo es que los países tengan varias lenguas, sean plurilingües, o que posean variedades geográficas y dialectales bien diferenciadas. La reflexión sobre las variedades lingüísticas de la Unión Europea pone de relieve una realidad mucho más multicolor de lo que se piensa, incluso en círculos culturales. Europa tiene que vivir en la pluralidad lingüística; pero no puede hacerlo a través de un número inabarcable de lenguas: de ahí una urgente necesidad de consolidación del español europeo, porque el español en Europa es minoritario y débil. También es falso que las lenguas se defiendan solas, en desgraciada expresión de algún político.

 

            El Reino de España se compone de diecisiete Comunidades Autónomas, cada una de las cuales posee un gobierno y un parlamento propios. Cinco Estatutos de Autonomía incluyen artículos en los que se afirma que la lengua propia de la comunidad autónoma es una lengua distinta del castellano. Sucede así en los de Cataluña y las Islas Baleares para el catalán, Valencia para el valenciano, Euskadi para el vascuence (euskera en el texto, con el préstamo vasco y gráficamente vasquizado) y Galicia para el gallego. Na­varra, por su parte, establece el castellano y el vascongado (vascuence) como co-oficiales en una parte de su territorio. Dos comunidades más, Asturias y Aragón, se refieren a sus variedades lingüísticas en sus Estatutos respectivos. Los párrafos correspondientes afectan al astur­iano, en el primer case, y al aragonés con la franja oriental catalana, en el segundo. Cataluña, en su Estatuto, reconoce la existencia de otra lengua, el aranés: un dialecto gascón de la Langue d'Oc hablado en un sector de la frontera con Francia, el Valle de Arán.

 

            Sentadas estas bases, se podrá orientar la discusión y dirigir la reflexión hacia las lenguas de España en el contexto nacional, para llegar a medidas legislativas posibles y recomendables y, sobre todo, como hemos dicho, a acciones de política lingüística. El Estado tiene que dar una respuesta al problema lingüístico. Si bien es cierto que es preciso distinguir política lingüística de legislación lingüística, no es menos cierto que hay un problema legal, que hay que establecer áreas o líneas de investigación y ejercer el oportuno control, tanto en el parlamento nacional como en los autonómicos, sobre el incumplimiento de la legislación, por un lado en lo que concierne al uso del castellano y de las lenguas vernáculas y, por otro, a la enseñanza. Este segundo punto, en las regiones bilingües, corresponde a la esfera política autonómica, pues se trata de competencias transferidas. Es preciso por ello ser especialmente cuidadoso con el marco legal vigente, porque la política lingüística que propulsamos se presenta, en todo momento, dentro de nuestro ordenamiento legal, sin que ello signifique que esa legislación no pueda ir evolucionando y mejorando. Evidentemente, ningún español pretenderá que disponemos de unas leyes que no puedan ser adecuadas en el futuro a las necesidades de los ciudadanos. Por otro lado, la actitud del monolingüe castellano que rechaza la riqueza cultural de una España plurilingüe es tan anticonstitucional como la de quien pretende la sustitución del castellano por otra lengua de España en una determinada Comunidad Autónoma.

 

            Ciertamente, la política lingüística no camina aislada. Sobre todo va muy unida a la política educativa, porque la educación es quien prepara al ciudadano para optar al puesto de trabajo que garantice su futuro y su contribución a la sociedad. La política educativa española es tarea autonómica y, si bien no es de desechar la posibilidad de que una administración única racionalice nuestro entramado burocrático, lo que obligaría a mantener organismos de coordinación, en las actuales circunstancias legales es preciso presentar a los ciudadanos, en su calidad de electores, una política educativa, todo lo autonómica que se quiera, pero dirigida a su preparación para ejercer sus profesiones en todo el territorio, no ya español, sino europeo. Flaco servicio se les hace cuando se les disminuye su capacidad de comunicación con su propio país y de puente con las inmensas posibilidades que nuestra lengua abre a Europa en América.

 

CONCEPTOS TÉCNICOS FUNDAMENTALES

 

            Resulta imprescindible establecer un marco mínimo conceptual, en el que han de verse, por un lado, los criterios científicos, con sus vacilaciones, ambigüedades y discrepancias y, por otro, el ordenamiento legal general vigente. Si el marco amplio es la Constitución Española, parece razonable recordar aquellos aspectos de la misma que inciden en el problema que nos ocupa.

            Muchos de los conceptos expresados en la polémica lingüística, que no es nueva y que ha sido más o menos ardorosa, según las épocas, proceden de la sociolingüística catalana. Se trata, sobre todo, según Francesc Vallverdú (1981, El conflicto lingüístico en Cataluña: historia y presente), de las nociones de bilingüismo, diglosia y conflicto lingüístico. El propio Vallverdú reconocía en su momento que el concepto de bilingüismo es polémico por excelencia. La definición genérica de Uriel Weinreich, «la práctica de usar alternativamente dos lenguas», es la única que puede abarcar todos sus grados y todos sus tipos, aunque, precisamente por su carácter genérico, puede resultar poco operativa en muchos contextos.

 

            Las actitudes hacia el bilingüismo tampoco son las mismas. Un reputado pedagogo catalán, Alexandre Galí, afirmaba en 1931 que hay bilingüismo «cuando, desde el punto de vista individual o colectivo se dan, en el individuo o en la colectividad sometidos o que hablan dos lenguas, fenómenos específicos de alteración o perturbación lingüística» y consideraba, siguiendo al psicólogo suizo Izhac Epstein, que «la poliglosia es una plaga social» y que el bilingüismo era «nocivo, por definición». El conocido sociólogo catalán Miguel Siguán, ha señalado como esta actitud de oposición al bilingüismo, a principios del siglo XX, estaba especialmente arraigada entre los intelectuales burgueses hablantes de una de las grandes lenguas de cultura, recelosos ante las lenguas minoritarias. La actitud de Galí era consecuencia de la monoglosia impuesta en Cataluña por la dictadura de Primo de Rivera, que prohibía el catalán en la escuela: un pedagogo no podía permanecer impasible ante la escolarización en castellano de niños catalanohablantes. Por eso, cuando, en la II República, se instauró la Generalidad de Cataluña, pudo intervenir en la regulación de una educación bilingüe adecuada a las circunstancias catalanas de la época, desde el Comité de Lengua.

 

            Las nuevas circunstancias aparecen en la etapa final del régimen del general Franco. En esta época nos parece más positiva la actitud del ya citado Miguel Siguán. Desde su punto de partida psicológico, define el bilingüismo como el «comportamiento de ciertos individuos humanos capaces de expresarse y de comunicarse con igual o parecida facilidad en dos lenguas distintas». Esta definición se aparta de la actitud negativa de Galí, al mismo tiempo que elimina el concepto de «bilingüismo natural», debido a circunstancias biológicas: que cada uno de los padres hable una lengua diferente. Como comportamiento individual, el bilingüismo admite un enfoque psicológico, como fenómeno social, uno sociológico, sin que se trate de dos realidades diferentes. Por esta razón, no habla de diglosia a propósito del bilingüismo colectivo o, mejor, del aspecto social del bilingüismo. Este planteamiento desagradó ya entonces a los catalanistas a ultranza, como Vallverdú, quien le achacaba que «desatiende los aspectos ideológicos». La ideología subyacente era la marxista.

 

            El concepto de diglosia es el que más contribuyó a hacer popular la Sociolingüística en Cataluña, primero y, luego, en el País Vasco y en Galicia. En lugar del concepto clásico de diglosia expuesto por Charles Ferguson, los sociolingüistas españoles prefieren la reelaboración de J. Fishman. La diferencia es que Ferguson limita la diglosia a unas cuantas situaciones muy específicas, definibles porque los hablantes (o casi todos ellos) hablan dos lenguas (bilingüismo), pero las usan para funciones diferentes (diglosia). Se trata de una concepción funcional de la diglosia, por tanto, que introduce una variante social. En el caso español, esta variante permite separar las tres lenguas minoritaria de España: el catalán de Cataluña es una lengua burguesa, el valenciano y el gallego son lenguas proletarias, mientras que el vascuence es una lengua al margen, en el sentido de que no es esencial para el desarrollo de la sociedad vasca y es, al mismo tiempo, imprescindible. No queremos decir que sea ajeno a la sociedad, al contrario, la sociedad vasca elige una difícil seña de identidad y realiza esfuerzos notabilísimos para integrarla. Pero, si el vasco se ha conservado, no ha sido por las grandes ciudades, ni por movimientos culturales de la clase media, como en Barcelona, sino por su uso arraigado en zonas poco accesibles del País, el papel especialísimo de la iglesia vasca y el hecho de haber sido carlista, en las guerras civiles del XIX, parte del País Vasco y Navarra, la zona euskaldún o vascohablante, precisamente. Esta última circunstancia provocó largos períodos de separación fáctica.

            El punto de partida diglósico provoca reacciones bien conocidas, e inevitables: el proletariado castellanohablante de Cataluña ha intentado siempre acercarse al catalán, en el trabajo, para integrarse en la lengua de sus jefes y ascender socialmente. Esta actitud, que recibe varios nombres, es conocida técnicamente como «deslealtad lingüística», pero los beneficiados por ella prefieren llamarla «integración». En Valencia, en cambio, la situación varía y se le añade la conciencia de identidad diferencial, que lleva a reclamar el nombre de lengua valenciana para la variedad lingüística del Reino de Valencia, que técnicamente es catalán.

 

            Hemos dicho ya que el concepto de diglosia, tal como había sido definido por Ferguson, cedió su puesto a la definición de Fishman, quien lo consideraba, en cambio, un concepto operativo: cualquier situación lingüística donde se dé una variedad alta (A), destinada a la comunicación formal, frente a una variedad baja (B), destinada a la comunicación informal, familiar o cotidiana y primordialmente oral. No se trata de cómo cada hablante usa las lenguas, sino de cómo está estructurado el complejo sociolingüístico.

 

            De ahí surge una conocida clasificación cuatripartita que no tiene por qué ser exacta y que ha causado bastantes perjuicios a la convivencia, en lugares tan apartados como Indonesia o el Perú:

 

1.              Diglosia y bilingüismo.

2.              Diglosia sin bilingüismo.

3.              Bilingüismo sin diglosia.

4.              Situaciones sin diglosia ni bilingüismo.

 

            Como ejemplo del primer tipo se ponen la Suiza germánica y el Paraguay, de modo inexacto en el segundo caso. Ejemplo del segundo tipo era la aristocracia europea antes de la guerra de 1914 y pueden ser zonas recientemente urbanizadas de África. El tercero corresponde a los inmigrantes en zonas industrializadas, mientras que el cuarto sólo sería posible en comunidades minúsculas.

 

            Un observador imparcial no deja de notar el problema ético de los sociolingüistas catalanes, pues si, en una capa de la población, rige el esquema de lengua A para el castellano y lengua B para el catalán, en otra, la de los inmigrados, rige el contrario, con el catalán como lengua A y el castellano como lengua B. Así lo han reconocido Badía y Siguán.

 

            Indudablemente, tanto la dificultad de aplicar los mismos principios a una sociedad industrial como a otra sin industrializar, como la de delimitar rígidamente las funciones de la lengua A y la lengua B, suponen un inconveniente muy peligroso para la definición y la clasificación anteriores, a las que se ha sumado un trasfondo ideológico obsoleto. Estas críticas llevan a una distinción que se caracteriza por dos rasgos: la aceptación del planteamiento lingüístico original, o sea el de Ferguson, los usos son funciones de las lenguas según los individuos y, para complementar el primero, la preocupación mayor por los aspectos sociales del fenómeno.

 

            Al devolver a los individuos el protagonismo en las aplicaciones del lenguaje, vamos, conceptualmente, hacia un planteamiento en el que los individuos entran en desacuerdo. Se produce entonces lo que se designa con otro concepto, conflicto lingüístico. El conflicto es de los individuos, no de las lenguas, lo cual es un aspecto fundamental del fenómeno.

 

            Entre la situación vivida por los sociolingüistas españoles de los 70 y la actual hay muchas diferencias, pero una es básica. España tiene un ordenamiento jurídico democrático, cuya pieza clave es la Constitución, en la cual —a pesar de sus limitaciones— se define un punto de partida preciso para la política lingüística.

 

 

LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978

 

            Nos limitaremos ahora a recordar aquellos aspectos del texto constitucional que inciden en el asunto que nos ocupa, con parquedad en las acotaciones.

 

            El Preámbulo, en el párrafo cuarto, proclama la voluntad de la nación de «Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones.»

 

            Este apartado del preámbulo queda precisado, en lo que nos atañe ahora, en el articulado constitucional. Según el artículo 2: «La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.»Es el artículo 3, como es bien sabido, el que especifica las bases lingüísticas constitucionales:

 

1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.

2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.

3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.

 

El artículo 46, el 137 y el 147 ordenan diversos aspectos lingüístico culturales que corresponden al Estado y a las Comunidades Autónomas. El artículo 148 especifica las materias en las que podrán asumir competencias las Comunidades Autónomas. El artículo 149, por su parte, especifica en cambio las materias en las que tiene competencias exclusivas el Estado. El Estado es el garante de la Constitución, por encima de cualquier otro ordenamiento, pero se expresa un carácter supletorio y se reconoce una amplia jurisdicción a las comunidades autónomas, cuyas normas prevalecen en aquello que es de su exclusiva competencia. Si bien es muy amplia, por tanto, la jurisdicción confiada a las comunidades autónomas, ello implica la asunción de una serie de obligaciones por cuyo cumplimiento, de nuevo, debe velar el Estado, según el artículo 155.

 

            La disposición final del máximo texto jurídico es una invitación explícita al pluralismo lingüístico, con la consagración del término «lenguas de España» tanto para el castellano como para las restantes lenguas reconocidas. De hecho, la invitación a la publicación del texto constitucional no se restringe a las lenguas que podríamos llamar históricas, junto con el castellano, es decir, catalán, gallego y vasco, sino que se puede entender como dirigida a cualquier lengua que en el futuro goce del estatuto jurídico pertinente.

 

LENGUAS Y DIALECTOS IBEROEUROPEOS

 

            En este apartado intentaremos dar cuenta, muy sucintamente, de la situación de las lenguas y dialectos iberoeuropeos en 1994. Utilizamos este término —nuevo en nuestra opi­nión— de «iberoeuropeas», para referirnos a las variedades lingüísticas propias habladas en la Península Ibérica y en las islas que forman parte de los territorios nacionales de España y Portugal.

 

            Ningún lingüista puede desconocer las implicaciones políticas de sus estudios. El nuestro se inscribe en el marco constitucional de Portugal y España, ambos democráticos. En el caso concreto de España, la Constitución hace referencia a los diferentes Estatutos de Autonomía que la complementan. Los de las comunidades que tienen otra lengua además del castellano se reflejarán en las páginas siguientes. Cuando escribimos sobre Portugal, incluimos también, en general a Madeira y las Azores; cuando lo hacemos sobre España, quedan incluidas las Canarias y las Baleares, así como Ceuta y Melilla. No nos limitamos a lo peninsular.

 

            Desde el punto de vista superficial del observador ingenuo, Portugal parece ofrecer una uniformidad lingüística notable: el portugués es hablado por unos trece millones de personas en Portugal, donde no existe otra lengua nacional o regional. En tiempos modernos, las influencias culturales y lingüísticas sobre el portugués vienen del francés, el inglés y, desde hace unos quince años, naturalmente, también de la lengua española castellana. El dialectólogo, en cambio, percibe la rica variedad de los dialectos norteños y la condición no tan uniforme del Sur reconquistado en la Edad Media. Como consecuencia de los trazados complejos de las fronteras, hay algunos pueblos de habla portuguesa en España y de habla española (dialectalmente leonesa) en Portugal.

 

            Tampoco un estudio profundo permite sostener otra opinión similarmente ingenua sobre la diversidad lingüística en España. En realidad, exceptuada la forma muy latinizada —e incluso castellanizada— de vasco hablada por bilingües vasco-castellanos, todo el resto del territorio pertenece a la Romania, es decir, a la herencia lingüística del latín. Sólo se hablan lenguas y dialectos románicos en la mayor parte de la Península y en el conjunto de las islas. Las lenguas romances españolas son tres: castellano, catalán y gallego. Entre el catalán y el castellano, en la falda sur de los Pirineos, se encuentran el aragonés y el navarro, que ocupan un espacio histórico. Entre el castellano y el gallego, los bables asturianos y las hablas leonesas funcionan como un escudo que se extiende desde el Cantábrico hasta la meseta salmantina, en torno a una parte del viejo Camino de Santiago y la más antigua vía romana de la plata, que iba de Mérida a Astorga. La forma del territorio castellanohablante, delgada y estrecha en su zona originaria vasco-cántabra-castellana se va ensanchando al avanzar hacia el sur. Esta expansión geográfica reduce a un área estrecha las zonas que actualmente hablan catalán en la provincia de Alicante, o leonés en el oeste de Salamanca y Cáceres.

 

            Como señaló Menéndez Pidal sus clásicos Orígenes del Español (1926), el castellano avanzó hacia el sur durante la Edad Media y se fue extendiendo cada vez más hacia el oeste con la Reconquista, trazando la figura que el gran filólogo llamó cuña castellana. La parte más estrecha de la cuña estaba en una región que comprendía desde Cantabria, por el sur del País Vasco, hasta el norte de Burgos y La Rioja, la tierra montañosa y fría que riega el Ebro en su primer curso. Hacia el sur, la cuña se va abriendo hacia las fértiles llanuras de los ríos atlánticos, Tajo y Guadiana, el Guadalquivir andaluz y, hacia el este, hasta el Mediterráneo. De este modo, encerró al catalán en sus fronteras peninsulares del siglo XIII.

 

            A esta situación se llegó de modo natural, es decir, dentro de las condiciones de evolución de la Reconquista, como vemos al recordar que el reino de Murcia fue conquistado efectivamente por catalanes y aragoneses y devuelto al rey castellano Alfonso el Sabio, en el siglo XIII, por razones políticas. Tampoco es ocioso tener en cuenta que Valencia fue reconquistada por el Cid, a finales del siglo XI, lo que hubiera cortado todavía más la prolongación hacia el sur del catalán, de no haber sido porque la ciudad se perdió y fue nuevamente reconquistada por Aragón y Cataluña. No es que las relaciones entre los reinos del norte fueran idílicas. Es sabido que la prolongación de la Reconquista durante ocho siglos, del 711 a 1492, se debió, tras los siglos iniciales, más a los enfrentamientos entre los reinos cristianos que a la resistencia presentada por los moros. Éstos sólo ocuparon una pequeña porción de la Península, los reinos de Málaga y Granada, primero, para limitarse luego al último, a partir de 1248, fecha de la reconquista de Sevilla por Fernando III el Santo. Ni la falta de entendimiento ni las ambiciones personales impidieron el desarrollo de una cultura románica común, que se expresaba en catalán, castellano y gallego, sin olvidar obras fundamentales en aragonés y asturleonés, ni la posibilidad de que el mismo autor empleara varias lenguas hispánicas o incluso alguno las entretejiera en partes de su obra, como hizo Juan Ruiz, el Arcipreste de Hita, en el Libro de Buen Amor, la obra maestra del segundo tercio del siglo XIV.

 

            Una descripción detallada de las isoglosas, o límites geográficos del mismo fenómeno lingüístico, cual la incluida por Gregorio Salvador en las páginas dedicadas a ello en el Mapa Lingüístico de la España Actual (1986), nos transmite la idea precisa de que las fronteras lingüísticas son a menudo independientes de los límites administrativos: así tenemos algunas zonas vascas donde nunca se habló una lengua vascongada (comarcas en la margen izquierda del Nervión), la presencia histórica del castellano en Valencia, en zonas donde también es lengua vernácula desde la reconquista, o los complejos esquemas fronterizos del catalán y el aragonés, el gallego y el asturleonés o el portugués, sumados a las propias divisiones dialectales de todas estas variantes lingüísticas.

 

            La dimensión demolingüística complementaria también es muy neta. Portugal es un país monolingüe. En España, de los 504.750 km2 de territorio, 415.000 corresponden a zonas monolingües castellanas, exclusivamente, por lo que restan algo menos de 90.000 km2 en los que el castellano convive con el catalán, el gallego o el vasco. No hay zonas de intersección geográfica de estas tres últimas lenguas. La coincidencia de lenguas, por tanto, se da en un 18% de España, lo cual representa un área considerablemente menor que la extensión geográfica administrativa de las comunidades bilingües.

 

            El último censo de España fue realizado el primero de marzo de 1991. La población española era entonces de 39.500.207 habitantes y la población de las Comunidades Autónomas con otras lenguas oficiales era como sigue:

 

 

Comunidades Autónomas ­que tienen el castellano y otra lengua

Nombre dado a la lengua vernácula

Número de

habitantes

% sobre del total

 de la población

Cataluña

Català

6,115,579

15.50

Valencia

Valencià

3,923,841

9.95

Islas Baleares

Català

745,994

1.89

Galicia

Galego

2,720,445

6.89

Euskadi

Euskara

2,109,009

5.34

Navarra

Vascongado (en esp.)

523,563

1.32

 

 

            Los datos precedentes no han de interpretarse, de momento, en el sentido de que la comunidad habla la lengua comunitaria distinta del castellano, o no habla castellano o que, incluso, prefiere hablar castellano a hablar la otra lengua de la comunidad, o al contrario. Esos aspectos se matizarán al final. Lo que apreciamos de momento es que una muy amplia minoría de españoles (40'89%) viven en Comunidades en las cuales al menos una parte de la población habla dos lenguas. Téngase en cuenta que, para efectos prácticos, no hay hablantes monolingües de lenguas que no sean la española castellana.

 

            La Lingüística Histórica, la Dialectología, la Geografía Lingüística y la Lexicografía Histórica nos dan una descripción completa de las lenguas y dialectos iberoeuropeos. No tenemos por qué insistir en fenómenos lingüísticos que se pueden estudiar con todo detalle en atlas, diccionarios, libros de consulta, monografías y una amplia colección de revistas y boletines, escritos en muchas lenguas y publicados en todo el mundo.

 

 

CONOCIMIENTO Y USO DE LAS LENGUAS EN ESPAÑA

 

            Ya que estas páginas no van dirigidas especialmente a lingüistas, nos ha parecido apropiado presentar un panorama con algunos tecnicismos, antes de pasar a un nuevo apartado, el de qué está ocurriendo en España, fundamentalmente, aunque haremos algunas referencias a Portugal, con quien compartimos ese espacio, no sólo geográfico, sino mucho más intenso, de la Península Ibérica y una cultura humanística de enorme relevancia para Europa. El ciudadano debe saber qué problemas presenta la conservación de su patrimonio lingüístico, que incluye tanto las pequeñas variedades locales como la lengua común, que no sólo depende de las opiniones de los técnicos, sino también de cómo el ciudadano reacciona ante esa alteración de su medio que supone toda planificación, aunque sea lingüística.

 

            El panorama portugués, aún no siendo especialmente difícil, ofrece también sus notas para una meditación tranquila. Su problema principal es la posición del portugués europeo en relación con el portugués americano, o sea, el brasileño. La última reforma ortográfica, apoyada por Brasil, por ejemplo, no ha sido plenamente aceptada por la comunidad lusófona y en Portugal las innovaciones se han pospuesto.

 

            De modo que no deja de ser sorprendente y que contradice la pura reflexión técnica, los hablantes de castellano en las comunidades bilingües, salvo en Galicia, sienten que el castellano está siendo amenazado por la otra lengua. Las cartas y firmas de protesta se refieren especialmente a Cataluña, pero el descontento también se da en Valencia, donde la violencia ha sido mayor y ha pasado a veces de discusiones más o menos fuertes a atentados contra personas o instalaciones universitarias relacionadas con el castellano y su enseñanza o, en otro nivel, ataques personales contra niños (y niñas) castellano-hablantes en escuelas catalanas. La situación también ha sido patentemente incómoda para alumnos de los programas europeos de intercambio Erasmus que han acudido a universidades catalanas para estudiar en castellano y se han visto marginados por sus compañeros por esa natural exigencia, dentro de un programa internacional previamente definido. Incluso algunas familias se han sentido forzadas a dejar Cataluña después de toda la vida allí, frustradas por lo que consideran una política partidista de la Generalidad.

 

            La Generalidad responde que la meta final de su política lingüística es que todos los estudiantes, al final de la Secundaria, se expresen con fluidez por escrito y oralmente en ambas lenguas. La actitud del partido socialista, en el gobierno en Madrid, es permisiva, vinculada a que Cataluña está gobernada autonómicamente por los nacionalistas y que los socialistas del Parlamento Nacional dependen del apoyo de la minoría catalana en las Cortes para seguir gobernando. La sentencia del Tribunal Constitucional da la razón al gobierno de España, aunque ya hemos señalado que los problemas no se dan en la ley, sino en los reglamentos que la aplican. En la oposición, el Partido Popular, que es minoría en Cataluña, se opone a la política lingüística de la Generalidad y, simultáneamente, presenta como alternativa la política lingüística de los populares en Galicia, donde gobiernan. Sin embargo, los nacionalistas gallegos, en la oposición en esa Comunidad Autónoma, no están de acuerdo con la actitud realmente bilingüe del gobierno gallego, que consideran peligrosa para la lengua «más débil», el gallego, a la vez que favorecen un gallego más próximo al portugués, incluso en la ortografía. Ya hemos tenido ocasión de referirnos a los partidarios de esta solución como lusistas.

 

            La publicación de la encuesta Conocimiento y uso de las lenguas en España, referida, como reza el subtítulo, a «las lenguas cooficiales en las Comunidades Autónomas bilingües», coordinada por el sociólogo Miguel Siguán y encargada por el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, en 1994 (encuesta realizada entre el 16 y el 16 de abril de 1993), nos proporciona unos datos serios, que nos servirán de base para las consideraciones que siguen.

 

            Las alegres cifras de la demolingüística, empero, deben considerarse siempre con cuidado. El censo de la provincia de Barcelona, por ejemplo, incluyó en 1975, por primera vez, preguntas lingüísticas. Miquel Strubell i Trueta, en 1981 (Llengua i població a Catalu­nya), amplió esos datos a todo el territorio catalán. Añadiendo datos recogidos por otros sociólogos, Strubell amplió la mira hasta incluir Valencia y, finalmente, las Baleares. Su concepto básico es GLM, «grupo de lengua materna» (es decir, el grupo de hablantes que consideran como primaria una lengua dada). El GLM castellano sería el 58,13% para Barcelona, el 39% para Tarragona, el 30% para Gerona y el 25% en Lérida. El GLM castellano para toda Cataluña sería así el 52'14%. En Valencia (sólo en las zonas en las que se habla valenciano) el GLM castellano se estimaba en el 61% y 17% en las Baleares. Provisionales como eran, esos datos mostraron, contra la letra del estatuto de Autonomía para Cataluña, que el castellano es también lengua de Cataluña, no sólo la lengua española común que también se habla en Cataluña.

 

            En 1973, el Boletín de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País publicó, en castellano, un estudio detallado de Pedro de Yrízar. El título de su contribución era «Los dialectos y variedades de la lengua vasca. Estudio demolingüístico». Cada vez que el autor pensaba que sus datos eran dudosos, visitaba él mismo los lugares afectados y hacía la encuesta casa por casa, persona por persona. Incluyó a cualquiera que, o bien hablara vasco o lo hubiera hablado alguna vez, dijera que lo entendía o incluso estuviera en el proceso de aprendizaje de la lengua. En conjunto, el GLM castellano sería el 88% en Vizcaya, el 60% en Guipúzcoa, el 99% en Álava y el 93% en Navarra.

 

            Galicia ha tenido menos fortuna con las estadísticas y los datos no son tan seguros. Gregorio Salvador señaló en 1986 que para llegar a la cifra de tres millones de hablantes de gallego que daban algunas publicaciones sería preciso que hablase gallego no sólo toda la población, sino también los peregrinos a Santiago y los marineros en tránsito.

 

            A partir de 1980, los censos de población van incluyendo, de modo no simultáneo ni uniforme, una sección lingüística. Por desgracia, no se pregunta por el conocimiento del castellano, por lo que hacen falta nuevos datos para llenar esa laguna.

 

            La encuesta 1993-94 del CIS cuyos datos emplearemos se limita, como quedó reseñado, a las comunidades autónomas oficialmente bilingües. Excluye Aragón y Asturias y el resto de España. Ninguna encuesta recoge los sentimientos lingüísticos de los españoles monolingües, o sea, los monolingües castellanos fuera de las comunidades bilingües.

 

            Las entrevistas de la encuesta del CIS se limitan a 4.000. Se asignaron cuatrocientas directamente a cada comunidad y el resto se distribuyó en proporción a la población de cada una. Se examinaron catorce provincias y ciento ochenta y nueve ciudades. Las características generales y los márgenes de error se explican en la página 77 de la publicación.

 

            Nuestra próxima tabla reproduce precisamente los datos que conciernen al conocimiento de la lengua española castellana. Téngase en cuenta que los que no saben leer y escribir en español tampoco pueden hacerlo en otra lengua: son analfabetos. Los datos relacionados con ese mínimo número de analfabetos están en correlación con el carácter rural originario de esos encuestados.

 

 

 

Cataluña

Valencia

Islas Baleares

Galicia

País Vasco

Navarra

­Comprenden, hablan, leen y escriben

93

95

89

90

92

97

Comprenden, hablan y leen

2

2

1

3

2

1

Comprenden y hablan

4

2

4

4

2

1

Comprenden

-

-

4

2

-

-

No comprenden

-

-

-

-

-

-

No contestan

1

2

2

1

4

1

TOTAL

100

100

100

100

100

100

(P)

(1007)

(771)

(473)

(681)

(615)

(452)

 

 

            No cabe duda de que el castellano es la única lengua en la que todos los españoles pueden comunicarse entre sí. Es su lengua común. Miremos ahora la situación de las lenguas de las comunidades o autonómicas, basándonos en la misma sección de la encuesta. Lo que vemos es el reverso de la tabla precedente, que corresponde al conocimiento de la lengua supuestamente común en la Comunidad Autónoma, esa lengua definida jurídicamente en los estatutos de autonomía como «propia de la comunidad».

 

 

           

 

Catalán

 Catal­­uña

Valenc­iano

Valencia

Catalán

Islas Baleares

Gallego Galicia

Vasco

­País Vasco

Vasco

Navarra

­Comprenden, hablan, leen y escriben­

   41

12

  22

32

20

3

Comprenden, hablan y leen

24

19

32

26

6

3

Comprenden y hablan

9

24

17

30

5

4

Comprenden

22

35

23

10

15

8

No comprenden

4

10

6

1

53

82

No responden

_

_

_

1

1

_

TOTAL

100

100

100

100

100

100

(P)

(1007)

(771)

(473)

(681)

(615)

(452)

 

            En su interpretación de las cifras, Miguel Siguán señala la coincidencia entre estos datos y los de la parte lingüística del censo. (Cataluña, Valencia, las Baleares, el País Vasco y Navarra poseen un censo recopilado en 1986. El censo gallego fue elaborado en 1991).

 

            Aunque sea natural, es notable cuán fácil es para la masa de la población comprender las lenguas románicas. Lástima que no tengamos encuestas en las que se establezca con qué facilidad, o dificultad, pueden los monolingües castellanos de regiones monolingües comprender el gallego y el catalán (especialmente la variedad valenciana). El vasco es mucho más difícil y nos obliga también a hacer una puntualización: la mayoría de los encuestados en el País Vasco y Navarra eran nativos de esas comunidades autónomas. Con ello queremos resaltar su exposición a la lengua vasca, aunque fuera indirectamente, desde su infancia.

 

            Al parecer, el paisaje que pintan las estadísticas debería llevarnos a la conclusión de que la situación lingüística es equilibrada y que no hay razón para conflictos lingüísticos. El peligro, no obstante, se esconde en el hecho de que la válvula principal que regula todo el sistema es la escuela, como podremos ver en la tabla siguiente, que trata de la edad y el medio en los que se adquiere el castellano, en el caso de esos españoles (jóvenes) en cuyas casas la lengua principal no es la española común.

 

 

 


                                   

                                    Cataluña        Valencia      Baleares    Galicia     P. Vasco                          Navarra

 

Edad de contacto

con el castellano

(promedio)                  6.84               5.76            6.95          7.38         13.44   4.88

 

 

 


Medio de

aprendizaje:

 

Casa                            7                    14                4               10             7                                    12

 

Escuela                        72                   67                70              71             57                                    52

 

Trabajo                        1                    1                 1               4              6         4

 

Amigos                        6                    2                 4               1              5         -

 

Vecindario                   5                    4                 13              5              13                                    24

 

Medios                        -                    -                 3               1              -          -

 

Cursos                         1                    1                 -                -              -          -

 

No responden              8                    11                5               8              12        8

 

                                   

 

 

 


TOTAL                       100                 100              100            100           100                                    100

 

(P)                               (417)              (251)           (252)         (398)        (123)                                    (25)

 

 

 


            Alguien debe explicar esta situación a los ciudadanos. El equilibrio aparente entre el castellano y las otras lenguas de las Comunidades Autónomas depende de la escuela. Las cifras son harto elocuentes. Cuando los escolares que aprenden la lengua autonómica en casa aprendan la misma lengua en la escuela, el corte lingüístico se ensanchará y la comunidad autónoma se enfrentará a un serio conflicto lingüístico, de dimensiones diferentes a las de los años 60 y 70 y mucho más grave. La otra posibilidad es que los escolares que aprenden el castellano en casa y la lengua autonómica en la escuela abandonen su lengua materna, el castellano, para evitar el conflicto. En ese caso se romperá la cadena que enlaza con el resto de España por el eslabón lingüístico.

 

            Ante tales perspectivas se requieren imaginación y flexibilidad, dos cualidades que no son demasiado corrientes en los seres humanos. Por fortuna, en un país democrático, el Pueblo tiene medios a su disposición para cambiar el decorado y reescribir el guión. Todo lo que necesita es información.

 

 

BIBLIOGRAFÍA MÍNIMA

 

1          Alarcos Llorach, Emilio Cajón de sastre asturiano—2, Salinas / Asturias: Ayalga ediciones, 1980, esp. «Del bable», págs. 9—58.

 

2          Catalán, Diego Las lenguas circunvecinas del castellano. Madrid: Paraninfo. 1989.

 

3          González Ollé, Fernando «El largo camino hacia la oficialidad del español en España», Boletín Informa­ti­vo de la Funda­ción Juan March, I, 237, 3-14, II, 238, 3-20. 1994.

 

4          Llorente, Antonio «Variedades del español en España», Boletín Informa­ti­vo de la Funda­ción Juan March, 236, 3-12. 1994.

 

5          Marcos Marín, Francisco Reforma y modernización del español. Ensayo de sociolingüística históri­ca. Madrid: Cátedra. 1979.

 

6          Marcos Marín, Francisco Conceptos básicos de política lingÜística para España. Madrid: Fundación para el análisis y los estudios sociales. 1994.

 

7          Metzeltin, Michael 442. Portugiesisch: Sprachbe­wußtsein und Sprach­bewertung. Conscientização e avaliação da língua portuguesa. Lexicon der Romanistischen Linguistik (LRL) VI, 2, 430-440. 1994.

 

8          Metzeltin, Michael & Otto Winkelmann «Algunas reflexiones sobre una nueva tipología de las lenguas iberorrománicas», XXe Congrès International de Linguistique et Philologie Romanes, Tome III, Section IV, 225-235. Cf. et. LRL, 359.

 

9          Muñoz Cortés, Manuel 402. Spanisch: Regionale Varianten auf der Iberischen Halbinsel. Varieda­des regionales del castellano en España. Lexicon der Romanistischen Linguistik VI, 1, 583-602. 1992

 

10        Salvador, Gregorio (et al.) Mapa lingüístico de la España Actual. Madrid: Fundación Juan March. 1986

 

11        Siguán, Miguel (red.) Conocimiento y uso de las lenguas en España. (Investigación sobre el conocimiento y uso de las lenguas cooficiales en las Comunidades Autónomas bilingües). Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas. 1994.

 

 

© Francisco A. Marcos-Marín. Círculo de Linguística Aplicada a la Comunicación 18, mayo 2004. ISSN 1576-4737.  Publicado en Razón y Fe, 331, febrero 1995, 139-159.

http://www.ucm.es/info/circulo/no18/marcos.htm

 

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