Sudáfrica
cambios constitucionales y poder compartido

Secundino González Marrero, secun@redetb.es
Universidad Complutense de Madrid
Congreso de la Asociación Española de Ciencia Política
Salamanca, Octubre 1997

Resumen

El proceso de transición en la República de Sudáfrica desde un régimen político de carácter híbrido - democrático para los blancos y excluyente para la mayoría africana - a otro donde las restricciones políticas por razones étnicas han desaparecido, cuenta entre sus principales características la de haberse llevado a cabo según un diseño institucional pensado para forzar mecanismos de poder compartido que hiciera viable dicha transición en una sociedad altamente fragmentada. El régimen de poder compartido se estableció en una Constitución interina que ha sido parcialmente sustituida por un nuevo texto aprobado el 8 de mayo de 1996. La ponencia analiza la Constitución interina, los efectos que las elecciones de 1994 tuvieron sobre el régimen de poder compartido y lo que quedará de dicho régimen tras las elecciones de 1999.

 

 

 

First Verse

We've Come A Long Long Way Together (Jenny)
Hasn't Been An Easy Road At All (Jenny)
We Understand Each Other A Little Better (Jabu)
Let's Build A Brighter World For Everyone (Both)

Bridge

It's A New Beginning (Jenny)
We'll Help To Make It Work Out Right (Jenny)

Chorus

One Law For One Nation
Giving Us Strength And Harmony
Our Hopes Dreams And Aspirations
Our People United As One

Second Verse

We Are Positive About Our Future (Jabu)
Equality And Dignity (Jabu)
Respect And Help For One Another (Jenny)
Our Dreams Will Become Reality (Both)

Bridge

It's Our New Constitution (Child Choir)
We're Gonna Make It Work Out Right (Child Choir)

Chorus

One Law For One Nation
Giving Us Strength And Harmony
Our Hopes Dreams And Aspirations
Our People United As One
One Law For One Nation (Male / Female Lead)
One Dream For All Of Us To Share (Child)

One Law For One Nation

New Constitution Song

 

 

Introducción

Esta ponencia forma parte de un trabajo más amplio donde estudio porqué y cómo cambió el régimen político sudafricano de uno excluyente a otro democrático, que tipo de democracia es y como le está yendo a la democracia sudafricana. La ponencia pertenece al segundo de los asuntos, aunque habrá inevitablemente referencias a los otros dos. En concreto, se propone analizar el tipo de régimen democrático interino diseñado por los autores de la transición sudafricana y si los rasgos de dicho régimen se han modificado tras la promulgación, hace apenas un año, de la vigente constitución. 

El referente teórico en este caso hay que hacerlo explícito y no puede ser otro que el constituido por diversos trabajos de Arend Lijphart. Y ello por dos razones: si queremos caracterizar a la democracia sudafricana, es inevitable recurrir a quien con notables resultados ha reflexionado sobre las diferentes formas de regímenes que tienen, como dice Joan Botella en su prólogo precisamente a un libro de Lijphart (1991:10) un "innegable aire de familia" y que llamamos democracias. En segundo lugar, y hay que decirlo con cierto orgullo corporativo, por que el propio Lijphart ha jugado un papel destacado en el diseño de la transición sudafricana y en el esfuerzo por hacer de Sudáfrica un país políticamente habitable.

El punto de partida es, por tanto, el esquema de Lijphart sobre las distintas maneras que hay de organizar un régimen democrático, que se sitúan, como se sabe, entre dos modelos polares con rasgos fuertemente diferenciados: el consociacional o de poder compartido y el mayoritario o de Westminster (Lijphart, 1977 y 1991). La distinción entre ambos - y entre las posibilidades intermedias - no se sustenta en una mera voluntad taxonómica: hay en todo ello un componente normativo y, en especial, una pretensión de ingeniería institucional. En concreto, qué tipo de democracia conviene a qué sociedades.

O, dicho en forma retórica, y entrando en harina: ¿podría el régimen democrático sudafricano ser otro distinto que uno consociacional o de poder compartido?. Desde luego, si la opción hubiera sido un tipo de democracia más cercana al modelo Westminster , como en algún momento llegó a defender el propio Mandela, el coste de la transición hubiera sido mucho más alto, y las dificultades de su consolidación incrementadas exponencialmente. Y ello porque la República de Sudáfrica, como pocos países, tiene todos los rasgos que hacen necesario establecer mecanismos que restrinjan el potencial de conflicto. Un pasado tortuoso, de exclusión de la mayoría de la población de los derechos políticos y de privaciones de todo tipo que no podía resolverse sin más por el expediente de darle la vuelta a la tortilla, entre otras cosas, y al margen de lo que ello hubiera significado en términos de legitimidad exterior del nuevo régimen, porque la minoría blanca previamente excluyente era necesaria, aunque solo fuera por su capacidad gerencial y su formación técnica, para hacer viable la Sudáfrica futura. Y eso sin hablar de la propia fragmentación dentro de la mayoría negra, dividida en varios grupos étnico-lingüísticos algunos de los cuales llevan, como los zulúes y los xhosas, décadas de enfrentamiento desgarrado; o de la presencia de otros sectores minoritarios, pero con fuerte implantación en algunas zonas, como los mestizos y los malayos en la provincia del Cabo Occidental y los indios en Kwazulu-Natal. En el anexo 1 he incorporado una tabla con la composición étnica y lingüística de cada provincia, pero valga señalar por ahora que tanto la Constitución interina, como luego la de 1996, se han visto en el trance de tener que reconocer once idiomas oficiales en el país que expresan el pluralismo lingüístico de los cuatro grupos étnicos más importantes (negros, blancos, mestizos e indios).Además, las divisiones étnicas y sociolingüísticas se acumulan, en general, con la socioeconómica y por tanto se refuerzan (Botella en Lijphart, 1991:11). A la vez, los principales partidos - con la notable y paradójica excepción del Partido Nacional reflejan por ahora y de manera casi directa las divisiones étnicas.

Quedaba claro pues, que si la opción no era, en palabras de Mandela, "echar a los blancos al mar" , y había que pacificar la convivencia entre las etnias negras, y dar seguridad a las otras minorías no había mas solución que la de establecer un régimen de poder compartido, al menos al principio, cuando, como en toda transición, la incertidumbre y por que no, la ansiedad, es muy elevada. Los requisitos necesarios para compartir el poder son, en la propuesta de Lijphart, de dos tipos. El primero tiene que ver con la actitud de las elites políticas para la predisposición a la construcción y mantenimiento del régimen y con su capacidad de obtener autonomía en relación con los sectores que representan, lo cual hace posible la transacción. El segundo, un diseño institucional que permita crear o reforzar prácticas de consenso y capaz de no generar más exclusiones que las imprescindibles o inevitables.

En relación con el primero de los aspectos, parece claro que, al menos Mandela y De Klerk, (Chained Togheter, como dice con acierto el título del libro de David Ottaway) eran conscientes de la necesidad de un pacto entre elites, ya que, de no ser así, "the alternatives (...) are simply too horrible to contemplate". Además, por medios diferentes , ambos consiguieron la suficiente capacidad para negociar sin demasiadas trabas. Sin embargo, en relación con el segundo aspecto, las opciones estaban claramente enfrentadas.

En la primera percepción del ANC, cualquier arreglo institucional que implicara mecanismos de poder compartido era visto como una prolongación mas o menos desleída del apartheid (v. nota 8). En concreto, las posiciones de partida por parte del ANC, cuando se reunió la Convention for a Democratic South Africa, primer foro formal de negociación entre todos los grupos políticos eran: un sistema electoral mayoritario, un estado unitario sin asomo de descentralización y un parlamento unicameral con plenos poderes constituyentes sin mayorías cualificadas para aprobar el texto: casi el ideal del modelo Westminster. A su vez, los dos principales interlocutores del ANC, el gobierno y el partido mayoritario entre los zulúes, Partido de la Libertad Inkhata, defendían el establecimiento de un sistema de representación proporcional, una segunda cámara, un estado federal, mayorías cualificadas y un documento base, firmado por todas las fuerzas políticas, sobre el que se elaboraría la Constitución en el futuro.

No hace al caso seguir aquí al detalle el proceso negociador, sus vaivenes y sobresaltos, aunque si apuntar que, como ocurrió en la transición española, la escalada de violencia política tuvo el efecto de acercar las posiciones entre el gobierno y el ANC. Hay que tomarse las autobiografías con cuidado, pero, de creer en la de Mandela, la matanza de seguidores del ANC en la capital del Ciskei, el 7 de noviembre de 1992, le llevó desbloquear las conversaciones, paralizadas por las discrepancias sobre el diseño de los comicios y de las instituciones futuras. Rápidamente se alcanzaron varios acuerdos sustantivos. El primero de ellos tuvo que ver con la propia fecha de las elecciones, finalmente celebradas los días 26 a 28 de abril de 1994. Dichas elecciones, en tanto que permitían la participación de todos los partidos y de todos los ciudadanos sin distinción de razas, significarían el final del régimen de apartheid.

 

El poder compartido en la transición sudafricana

Los acuerdos más importantes, cuya concreción se prolongó hasta una semana antes de las elecciones, afectaron al propio procedimiento electoral, a las autoridades transitorias y a la llamada Constitución interina, que habría de estar vigente hasta que el parlamento promulgara una nueva, y aún después mediante ciertas cláusulas de prórroga. Las características de la legislación antedicha permiten caracterizar al régimen democrático surafricano, en su primera fase, como uno de poder compartido.

 

Siguiendo inevitablemente a Lijphart , dicho régimen es aquel en el cual se producen las siguientes circunstancias:1.Gran coalición de todos los partidos relevantes;2.Sistema electoral proporcional;3.Autonomía de los grupos por medio de federalismo - territorial o no- y descentralización. 4.Poder de veto de la minoría en asuntos de vital importancia.

 

1) La gran coalición.

Los mecanismos para el establecimiento de la gran coalición quedaron perfectamente delimitados en las disposiciones de la Constitución interina (CI). Así, la sección 88.1 del texto establecía que cada partido que obtuviera al menos 80 escaños en la Asamblea Nacional (el 20%), podía designar un Vicepresidente de entre sus representantes en la Asamblea. La decisión de establecer un ejecutivo de coalición se extendía también al reparto de carteras ministeriales y a las posiciones de viceministro, reduciéndose ahora a 20 la barrera de escaños para poder formar parte del gobierno (CI.S.88.2). El número de carteras se adjudicaría mediante un sistema de distribución proporcional. Mecanismos similares se extendían a la organización de los gobiernos provinciales.

El consenso forzado por las reglas incluyó, al menos intencionalmente, a las reuniones del Gabinete, el cual (CI.S. 89.2) debía funcionar de tal modo que tomara en consideración "the consensus-seeking spirit underlying the concept of a government of national unity as well as the need for effective government". Dicho espíritu se manifestó asimismo en el diseño de la Presidencia de la República que, entre otras cosas, supuso alguna innovación en su forma y contenido, en relación con instituciones análogas.

En primer lugar, aunque el Presidente de la República combinaba los títulos de jefe del Estado y jefe de Gobierno (CI.S.75 y 76), el hecho de que fuera electo por la Asamblea Nacional, y que tuviera que ser miembro de la misma (CI.S. 77.1), dio al régimen transicional sudafricano un rasgo claramente parlamentario, reforzado por el hecho de que las cámaras podían presentar voto "of no confidence" (CI.S.93) con diferentes matices que generaban situaciones interesantes en perspectiva comparada:

-Si la moción de censura afectaba al gabinete en su conjunto, incluyendo al Presidente, este, a menos que optara por dimitir de inmediato, debía llamar a la convocatoria de elecciones.

-Si la censura era contra el presidente, pero no contra el gabinete, el presidente debía dimitir y el Parlamento proceder a la elección de uno nuevo

-Si la censura era para el gabinete, excluyendo al presidente, este podía dimitir, organizar un nuevo gabinete o disolver y convocar a elecciones.

 

Estos elementos parlamentarios se combinaron con otros presidencialistas, cuales eran la imposibilidad de disolución anticipada de las cámaras por la simple voluntad política del presidente y el establecimiento de la figura del impeachment, tanto para el jefe del Estado como para los vicepresidentes .

Más allá de estos rasgos, los poderes que la Constitución interina asignaba en exclusiva al Presidente estaban más cerca del modelo del ejecutivo dual que del presidencialismo, en la media en que el presidente, sin ningún tipo de consulta o refrendo, solo podía conferir honores, recibir embajadores, convocar las reuniones del Gabinete y otros de este tenor. Pero para el desarrollo y ejecución de las políticas nacionales o cualquier asunto relacionado con "the management of the cabinet and the performance of Cabinet business" debía consultar con los vicepresidentes en algunos casos y con el conjunto del Gabinete en otros(CI.S. 82.2.a). A la vez, su capacidad en la composición del gabinete venía mediatizada por los requerimientos del gobierno de coalición. Así, el presidente carecía de la capacidad formal de seleccionar quienes habrían de ser los representantes de los partidos, otros que el suyo, que habrían de ocupar tanto las vicepresidencias como las carteras. De igual modo, el cese en el cargo podía venir por una decisión de los partidos.. . Esto último tiene a su vez que ver con la consideración, en el régimen político sudafricano, de que la representación la ostenta el partido y no el parlamentario electo, de tal modo que, en el supuesto de abandono - o expulsión - del partido, el afectado debía abandonar el escaño y, en su caso, la vicepresidencia o el ministerio(CI. S.43.b)

2 ) El sistema electoral proporcional

 

El segundo factor que favorece una democracia de poder compartido tiene que ver con la proporcionalidad de su sistema electoral. Superadas las resistencias iniciales a la proporcionalidad, el modelo para elegir la Asamblea Nacional fue finalmente el propuesto por Kader Asmal (1994) basado en la fórmula Droop aplicada a una lista única de 400 candidatos. Aunque Asmal defendía el establecimiento de una barrera del 1% (menor que el 3% propuesto por el ANC), finalmente se descartó y no hubo restricción alguna para entrar en la distribución de escaños.

Los efectos de este sistema en cuanto hizo a la proporcionalidad no pudieron ser más coherentes con el principio del poder compartido. Aplicando el índice de Rae al resultado de las elecciones de abril de 1994, para la Asamblea Nacional, resulta un índice de proporcionalidad del 99,89.

c) Las provincias y el federalismo que nunca llegó

El desarrollo del sistema de gobierno provincial fue uno de los aspectos más controvertidos de la transición sudafricana. El rechazo histórico del ANC a la organización de los homelands y de los bantustanes le impidió cualquier reflexión mesurada sobre el federalismo. Sin embargo, los problemas en Kwazulu-Natal, mayoritariamente zulú y con dirigentes tradicionalmente enfrentados al ANC, junto con la presión de los otros partidos (Partido Nacional y Partido Demócrata, básicamente) obligaron a los dirigentes del Congreso Nacional Africano a flexibilizar sus posiciones y a aceptar alguna forma de descentralización. De este modo, la organización de las provincias se convirtió en una prioridad de la Constitución interina, que instaba a la Asamblea Constituyente a tomar en consideración las recomendaciones de una Comisión de Gobierno Provincial (C96.S.161) creada al efecto. Con este espíritu se modificó la división administrativa del país, al transformar las cuatro provincias preexistentes en (CI.S.124.1) nueve, además de dar rango constitucional a la disolución previa de los bantustanes. Las nueve provincias reagrupaban a la población de manera más o menos homogénea, dentro de las dificultades que la pluralidad étnica surafricana impone a una organización de este tipo. Las instituciones y las competencias provinciales venían detalladas por la propia Constitución interina (v. Anexo 5), sin perjuicio de que abriera la puerta a un posible desarrollo constitucional posterior (CI.S.160.a), habilitándolas para establecer (con el requisito de los dos tercios de los legisladores de cada provincia) una constitución propia. Ello hacía posible alterar el isomorfismo entre las instituciones estatales y provinciales, de manera que las provincias pudieran dotarse de estructuras y procedimientos diferentes de los otorgados por la propia Constitución. La importancia de la negociación con Buthelezi se hizo notar especialmente en este punto, surgido de una enmienda a última hora antes de las elecciones, al recoger un apartado específico en dicha enmienda que hacía posible la constitucionalización de la monarquía zulú (CI.S.160.b).

Las frenéticas negociaciones que precedieron a las elecciones de abril de 1994 también se concretaron en la posibilidad, abierta por una enmienda a la Constitución interina, de crear un Volkstaat en el futuro (v.nota 20). Para los negociadores mayoritarios era una necesidad perentoria incluir a la extrema derecha afrikáner en el proceso abierto por las elecciones multirraciales. El Frente por la Libertad (FF), dominante entre dicho sector, se avino a concurrir una vez recogida la enmienda. Sin embargo, los resultados electorales cerraron en principio dicha posiblidad. El Consejo del Volkstaat permanece en la Constitución vigente, (C96.Schedule 6.20.5) pero más como una concesión simbólica a la funcionalidad del general Viljoen para integrar en el nuevo régimen a los afrikáners de línea dura que como un territorio que pueda existir en el futuro.

La resistencia antedicha del Congreso Nacional Africano a establecer un Estado federal hizo que la flexibilidad solo se ciñera a aspectos institucionales de menor calado. Si se mira detenidamente la atribución de competencias que la Constitución Interina hizo a las provincias, ni la cantidad ni la intensidad de las mismas hacen pensar en nada parecido a un Estado federal. Desde luego que federalismo y autogobierno de las unidades que componen un Estado no son conceptos que vayan necesariamente unidos. La tabla que usa Lijphart (1991:193. Tabla 10.2) es muy ilustrativa, por cuanto según su análisis hay estados unitarios en los cuales la autonomía fiscal de las partes es mayor que en otros formalmente federales. Justamente el indicador de centralización usado por Lijphart es la participación del gobierno central en la recaudación fiscal. Dado el poco tiempo transcurrido desde las elecciones de 1994 no se disponen de datos fiables en este aspecto. Sin embargo, cabe señalar que la Constitución interina estableció los siguientes criterios en orden a la participación de las provincias en el sistema fiscal surafricano:

- La participación de cada provincia en la distribución de los impuestos recaudados por el gobierno nacional (impuestos sobre la renta, patrimonio, valor añadido, combustibles, etc.) se fijaba por una ley del Parlamento, con la salvedad de que en dicha ley las cámaras sesionaban por separado, lo cual equivalía a una mayor presencia de las provincias (CI.S.155) (v. infra)

- Las provincias disponían de capacidad recaudatoria propia - con excepción de los impuestos ya recaudables por el gobierno nacional - mediante la aprobación de una ley por el parlamento nacional que igualmente sesionaba por separado.

- Las provincias solo disponían de capacidad autoreguladora en el plano fiscal en aquello que concernía a los impuestos derivados de los casinos y de otros juegos y apuestas .

Las instituciones provinciales

En el plazo en el cual las provincias carecieran de su propia constitución, en los términos señalados anteriormente, disponían de sus respectivas asambleas representativas y de premiers electos por ellas. Según anticipé en el apartado correspondiente a la "gran coalición", esta se preestablecía en todos los niveles de gobierno y por tanto, en las provincias, los partidos habrían de estar representados en el gabinete (de no más de diez miembros, que debían serlo también del legislativo) siempre que hubieran alcanzado, en este caso, al menos el 10 por ciento de los escaños en el Parlamento provincial, de acuerdo con el mismo procedimiento establecido en el ámbito nacional (CI.S. 88.3) Para todo este baile el premier tenía que consultar con los líderes de los partidos que, pudiendo, hubiesen optado por integrarse en el gobierno provincial (quien o quiénes y con qué responsabilidades) Asimismo, los líderes de los partidos podían requerir a sus miembros en el ejecutivo que cesasen en sus cargos del mismo modo que el premier podía solicitar al partido correspondiente la remoción de un miembro del consejo. El mandato de las asambleas provinciales se estableció en cinco años, salvo disolución anticipada (CI.S.128.1) en los términos previstos.

También aquí el criterio de que la representación la ostenta el partido, y no el miembro de la Asamblea considerado individualmente, significó la inclusión del mismo artículo anti tránsfuga ( y de control ) que en el parlamento nacional. Esto es, que un miembro del parlamento provincial dejaba de serlo si causaba baja por lo que fuere en el partido por el cual concurrió (CI S.133.b.). O también si se ausentaba sin permiso o causa justificada durante 30 días de sesiones (CI S.133.d.)

La manera de elegir las Asambleas provinciales constituyó uno de los puntos de debate más intensos en la fase de negociaciones. Para el ANC y para Mandela, la presentación de listas separadas a la Asamblea Nacional y a las Asambleas provinciales inducía a confusión a un electorado que, en su inmensa mayoría, además de analfabeto, carecía de experiencia alguna en el ejercicio del voto. Más allá de tan loables intenciones para disminuir la complejidad del proceso, el ANC pensaba que, con una única lista, el efecto tirón de Mandela en el plano nacional le beneficiaría en los legislativos provinciales. Claro que de ello eran conscientes también el Partido Nacional y, sobre todo, Mangoshutu Buthelezi, que aspiraba a proseguir su control sobre la provincia de Kwazulu-Natal, en hipotético peligro con el sistema de lista única. El ANC cedió, y una enmienda de última hora estableció listas separadas, lo que permitió, por cierto, analizar la práctica del voto dual en las elecciones.

Pese a las concesiones finales, el modelo de organización territorial del Estado surafricano, tal como fue definido por la Constitución interina, no puede calificarse con rigor de federal, , aun cuando supuso el comienzo de la descentralización del poder y abrió la posibilidad de una mayor ampliación de la misma en el futuro.

 

d)La capacidad de veto de la minoría.

Los elementos centrales para situar la presencia de veto de la minoría son, siguiendo a Lijphart (1991: 203-211). por una parte la exigencia de mayorías cualificadas como requisito inexcusable para una hipotética modificación de las reglas del juego y, por la otra, aunque de manera algo más polémica, la presencia de mecanismos de control de la constitucionalidad de las leyes emanadas del parlamento y de las acciones de los gobiernos. En la Constitución interina surafricana ambos factores estuvieron presentes.

La organización descentralizada del poder vino unida al establecimiento de una segunda cámara de representación provincial, el Senado, en el cual la presencia de cada una de las entidades territoriales era la misma, al margen de la población. Ello ya implicaba - al menos ex ante - una cierta capacidad de veto de la minoría, por cuanto esta se encontraría sobrerrepresentada. Cada provincia enviaba 10 senadores a la segunda cámara, electos por las respectivas asambleas legislativas provinciales de entre sus integrantes, que en tal caso dejaban de serlo (CI.S.48.3). En esta fase del proceso, la proporcionalidad en la elección de los senadores - en función de los resultados de cada partido en las elecciones provinciales - sumaba a su vez un nuevo factor de corrección de la mayoría. Para asignar a los senadores (CI.S.48.2), se multiplicaban los escaños obtenidos por cada cada partido por 10, y se dividía el resultado por el total de escaños asignados a la provincia mas uno. Dado que se incluyeron en el cómputo aquellos partidos que no alcanzaron números enteros en la división, el resultado fue tan favorecedor para las minorías que, por ejemplo, en Kwazulu-Natal , el Partido Demócrata obtuvo un senador (el 10% de la representación) con solo el 2,2% de los votos para la Asamblea provincial.

La presencia de la minoría sobrerrepresentada en el Senado tuvo cierta importancia en algunos aspectos. Es verdad que la capacidad del Senado en los money bills era prácticamente nula, al igual que cuando habían de tomar decisiones en reunión conjunta , dado que el peso de los representantes de la cámara baja del 81% (400 diputados frente a 90 senadores). Sin embargo, había una parte del proceso legislativo en la cual la intervención del Senado se incrementaba y ello era cuando se exigían mayorías separadas de ambas cámaras. Y así ocurría en el supuesto de aprobar enmiendas a la Constitución interina que afectasen a la capacidad legislativa y ejecutiva de las provincias, y donde además se exigía la aceptación de la provincia afectada. Del mismo modo, una ley que afectara a las fronteras y los poderes y funciones de las provincias, requería de mayoría diferenciada de la Asamblea Nacional y del Senado. Además, en esta hipótesis se exijía la aceptación por la mayoría de los senadores de la provincia una capaz de otorgar alta capacidad de veto a la minoría. Poco es, en cualquier caso, para considerar a la Cámara alta de la transición sudafricana como una con elevado poder de veto.

El control de la constitucionalidad

El diseño de la Corte Constitucional de la nueva Suráfrica mostró también la tensión entre los mecanismos de consenso y las tentaciones mayoritarias. Si bien la Corte estaba profusamente detallada en sus funciones y disponía de una amplia iniciativa - mucho mayor, por ejemplo, que la otorgada al Tribunal Constitucional por la Constitución española del 78 - el método de provisión de los magistrados daba al Presidente de la República un elevado margen de acción: apenas algunos requisitos mas o menos técnicos y la necesidad de consultar con los nombres con el Chief of Justice y los miembros del gabinete. La participación de los partidos opositores en este proceso se reducía a lo que puedan intervenir a través de sus representantes en la Judicial Service Commission (CI.S.105) que, compuesta por 17 personas, de entre ellas cuatro senadores nombrados por mayoría de dos tercios, se encargaba de regular el funcionamiento de la Justicia , e intervenía en las designaciones tanto de los jueces de la Corte Suprema como, según señalaba, de la Corte Constitucional.

Quizás el mecanismo más importante de veto de la minoría, sin el cual es probable que las dificultades de la transición hubieran sido mayores, fue el fijado por los llamados "Principios Constitucionales", pactados por todas las fuerzas políticas que tomaron parte en las conversaciones previas a las elecciones. Aunque dichos principios se sitúan dentro de la categoría de las buenas intenciones, algunos aspectos merecen ser subrayados. Frente a los temores de que el ANC se comportara igual que cualesquiera otro de los caracterizados como movimientos de liberación nacional, esto es, entre el partido único y el hegemónico con restricciones autoritarias al pluripartidismo, los principios constitucionales acordados antes de las elecciones de 1994 establecieron que la nueva constitución habría de ser una en la cual se produjera una efectiva división de poderes (Principio VI) derechos y libertades reconocidos (Principios I,II,III,V,IX) elecciones periódicas "and, in general, proportional representation" (Principio VIII) participación de los partidos políticos minoritarios en el proceso legislativo "in a manner consistent with democracy (Principio XIV), derecho de veto de la minoría en la reforma de la Constitución (Principio XV) y mantenimiento del gobierno de unidad nacional hasta el 30 de abril de 1999 (Principio XXXII). Esta serie de limitaciones o precauciones pueden parecer excesivas a estas alturas. No lo fueron entonces. El ANC tardó en aceptar los procedimientos democráticos y cuando lo hizo, como ya señalé en otro lugar, su tentación fue la de establecer, en las propias palabras de Mandela, una democracia a la Westminster. Además, la fuerte relación entre el ANC y el Partido Comunista de Suráfrica hacía temer a una parte de la sociedad (a la mayoría de los blancos, mestizos y zulúes) sobre el futuro de una sociedad democrática y de libre mercado. No deja de ser irónico que, como ocurrió en la transición española, fuera precisamente el Partido Comunista el que mayor voluntad de pacto mostró con los reformistas del régimen anterior. Joe Slovo, secretario general del PCSA, propuso, en un momento crítico de las negociaciones, suspender las acciones -por entonces más pirotécnicas que otra cosa - de la Lanza de la Nación (Umkhonto we Sizwe, MK en siglas), el grupo armado dirigido por el ANC y el Partido Comunista y, según Mandela (1995:606), logró convencer de ello a los dirigentes del ANC. Fue también Slovo quien, más tarde, lanzaría la propuesta de establecer, para llevar a buen puerto la transición, un gobierno de unidad nacional.

Los principios constitucionales no solo establecían los carriles por donde habría de ir el debate constitucional posterior. El último requisito antes de la promulgacion de la nueva Constitución era, precisamente, que la Corte Constitucional certificara que el texto se ajustaba a los citados principios, un mecanismo que, como la propia corte en su dictamen se encargó de recordar, no tenía precedentes: "Judicial 'certification' of a constitution is unprecedented". (Constitutional Court, 1996:1)

Las elecciones de 1994 y el desarrollo del poder compartido

Los resultados de los primeros comicios multirraciales de la historia de Sudáfrica apenas tuvieron efectos no previstos sobre el preexistente diseño del régimen de poder compartido. En primer lugar, aun obteniendo una de las victoria mas sonadas alcanzadas por un partido en unas elecciones democráticas, el ANC se quedó, por poco, con menos de los dos tercios de los escaños requeridos para aprobar la futura constitución, ante el alivio de los observadores externos, y de la mayoría de los dirigentes políticos, incluyendo al propio Mandela que a esas alturas parecía haber abandonado su vieja tentación mayoritaria y haberse convertido en un buen "consociacionalista" ,

En segundo lugar, las previsiones para incorporar al ejecutivo a las minorías fueron refrendadas por las urnas, al obtener los partidos que representaban a los dos grupos minoritarios más importantes (blancos y zulúes) los escaños suficientes para formar parte del gobierno. De este modo, siguiendo lo estipulado en la Constitución interina, De Klerk pasó a ser vicepresidente segundo (después de haber sido jefe del Estado, un caso poco usual) y el jefe Mangosuthu Buthelezi se hizo cargo de la crucial cartera de Asuntos Internos .

Los resultados provinciales también abonaron las posibilidades de poder compartido. Por una parte, Inkhata se hizo con el control de su provincia matriz, Kwazulu-Natal y el Partido Nacional ganó en el Cabo Occidental. En ambos casos, según era previsible, el ANC alcanzó de manera sobrada escaños como para formar parte de ambos ejecutivos provinciales. En el resto de las provincias, los resultados, desde esta perspectiva, no fueron tan óptimos ya que, salvo en un caso, los partidos minoritarios no alcanzaron la cuota formalmente exigida para participar en los gobiernos.

Otros efectos de los resultados electorales, que no influyeron directamente en el diseño del poder compartido, pero que sin duda tuvieron consecuencias centrales en la democracia sudafricana, fueron los siguientes:

- Escaso eco del boicot extremista. Tanto un sector de la derecha blanca (el Partido Conservador) como de la extrema izquierda negra (Organización del Pueblo de Azania, AZAPO) llamaron al boicot electoral, por razones opuestas pero convergentes. El Partido Conservador consideraba que no había suficientes garantías de futuro para la población afrikáner. A su vez, AZAPO creía que tales garantías eran excesivas. Sin embargo, la abstención no supero los 14 puntos y allí donde fue relativamente elevada, como en Kwazulu-Natal, que llegó al 20%, fue mas por el resultado de la intimidación de seguidores de Inkhata contra posibles votantes del ANC que de una voluntad explícita de rechazo al proceso electoral.

- Incorporación de la derecha afrikáner al régimen político. La participación del Frente por la Libertad en las elecciones tuvo el efecto similar a otros casos donde los hard-liners del régimen anterior, aunque a regañadientes, y a veces contra su propia voluntad, acaban siendo muy funcionales para el nuevo régimen. Constand Viljoen, un personaje carismático entre los afrikáners, y antiguo jefe de las Fuerzas de Defensa Sudafricanas, cumplió este papel. Según dijo un desolado extremista del Partido Conservador, las posibilidades de plantar resistencia armada a la hegemonía negra y construir un volkstaat por la fuerza disminuyeron de forma dramática tras la decisión de Viljoen de participar en la nueva Sudáfrica: "We said the when General Viljoen was still with us [era posible] but without him it was no longer possible". El último servicio hecho por Viljoen a la causa de la democracia sudafricana ha sido el de abstenerse, junto a sus 5 senadores y 8 diputados, en la votación de la Asamblea Constitucional que aprobó la Constitución vigente.

En cualquier caso, como también ha ocurrido en otras partes, los electores potenciales de los defensores del viejo orden fueron disminuyendo intensamente en la fase previa a las elecciones. Parece claro que la mayoría de los votantes blancos entendió que el final de una época era inevitable: de hecho, el Frente por la Libertad obtuvo para la Asamblea Nacional apenas 424.555 votos, un 2,2% del total nacional y, lo que es más significativo, solo un poco más de la mitad de los votos de aquellos que, en el referéndum convocado por De Klerk en 1992 para solicitar el apoyo a las reformas, optaron por el no. Por otra parte, los escasos resultados obtenidos por el Frente por la Libertad despejaron algunos problemas: hicieron inviable, como señalé páginas atrás, la construcción constitucional del volkstaat blanco. No hay un solo lugar en Sudáfrica donde los votantes del Frente por la Libertad fueran mayoría; en el propio territorio pensado para la creación del bantustán blanco, el Cabo del Norte, apenas sumaron el 6% de los votos.

 

A pesar de la elevada proporcionalidad y de la ausencia de barreras electorales, el carácter casi refrendatario que tuvieron las elecciones significó que la fragmentación partidista fuera poco elevada. Así, de los 19 partidos contendientes, solo 7 obtuvieron representación en la Asamblea Nacional, y de ellos, cuatro sumaron apenas el 5,6 por ciento de los votos. En las Asambleas provinciales el resultado fue similar (v. anexo 3) aunque hay un partido más que obtuvo representación (el Frente de la Minoría, en Kwazulu-Natal).

 

Después de las elecciones, y además de seguir las pautas fijadas por la Constitución interina, el ANC llevó a cabo acuerdos no prefijados que incrementaron aún más el carácter consociacional del régimen, de tal modo que en algunas provincias, otros partidos se incorporaron a los ejecutivos provinciales aun cuando carecían de los requisitos formales para ello. En el Cabo del Norte, donde el ANC se quedó justo con la mitad de representantes, el voto favorable del representante del Partido Demócrata - a cambio de ser nombrado speaker de la cámara, le permitió formar gobierno. En esta provincia, la de mejor resultado para el Frente por la Libertad, uno de sus representantes fue incorporado al ejecutivo provincial, pese a no tener el 10% de los escaños requeridos. En el Cabo del Este, el nuevo premier se saltó la regla del 10% y dio al antiguo viceministro de Asuntos Constitucionales, del NP, Dr. Tertius Delport, la cartera de Agricultura. Los acontecimientos posteriores mostraron, pues, que la lógica del poder compartido había impregnado no solo las normas políticas y las reglas del juego, sino también, al menos en aquellos momentos, la actitud de los dirigentes políticos. La excepción fue, como en tantas otras veces en la historia reciente del país, el jefe Mangosuthu Buthelezi , cuyo comportamiento errático, en el que le ha seguido su partido sin apenas rechistar, ha tenido un trágico reflejo social: de las 1296 víctimas de la violencia política en 1995, 905 lo fueron en Kwazulu-Natal.

 

La constitución de 1996 y los cambios en la democracia sudafricana

El espíritu de consenso se mantuvo, con la excepción señalada de Inkhata, que acabó retirándose de la Asamblea Constituyente durante el proceso de elaboración de la nueva constitución y el resultado fue que, de los 7 partidos representados en la Asamblea, 4 de ellos (que sumaban el 86,2% del voto popular) votaron a favor del nuevo texto, el Frente por la Libertad se abstuvo con la boca pequeña y los únicos que votaron en contra fueron los dos diputados del Partido Demócrata Cristiano de Africa (ACDP) ante la circunstancia de que la sujeción de la Constitución a la ley bíblica era "totally unacceptable" además de contener "anti-family clauses".

Al igual que indiqué al tratar de las elecciones de 1994, no es esta la ocasión para hacer un estudio detallado del texto constitucional y del conjunto del régimen democrático sudafricano. El objetivo es señalar que queda del régimen de poder compartido tras la promulgación de la nueva Constitución.

 

El final de la gran coalición

De acuerdo con la vieja querencia del ANC, la Constitución vigente (C96) ha suprimido las cláusulas que obligaban a la formación de gobiernos de coalición superada cierta barrera electoral. Aunque las disposiciones transitorias del texto (Schedule 6, Anexos B y C) mantiene lo establecido por la Constitución interina, a partir de las elecciones de 1999, éstas incluidas, quien gane lo ganará todo, salvo que se establezcan coaliciones mas o menos voluntarias o mas o menos forzadas por los resultados.

De hecho, la gran coalición - una parte de ella - ha terminado ya. Poco después de aprobarse la Constitución, el Partido Nacional decidió abandonar la vicepresidencia 2ª y las carteras que ocupaba y pasarse a la oposición . En realidad, la decisión estaba tomada probablemente desde mucho antes, y, aunque el NP se mantuvo en el ejecutivo en buena medida para poder influir mejor en el proceso constituyente, el día en que se aprobó la Constitución, un dirigente del Congreso Panafricano (PAC) criticó la disposición transitoria que mantenía el gobierno de coalición, del que era fuertemente contrario, al señalar que dicho gobierno, a esas alturas, era una farsa. Tuviera o no tal carácter, lo que si resultaba evidente era que la única posibilidad de futuro para el NP consistía en destacarse como oposición y aspirar a captar el voto de un sector de los negros y mantener y aumentar su apoyo entre las minorías .Y es que, según quedó dicho páginas atrás, en las elecciones de 1994, las primeras multirraciales, el único partido que recibió además, claro, de la mayoría de los blancos, votos significativos de las minorías mestiza e hindú (y un pequeño porcentaje de negros) fue el mismo partido que había impedido a esas minorías - y a la mayoría - votar durante décadas. Como señala Andrew Reynolds (1994: 186) la única virtud de las viejas leyes de residencia (la South Africa’s Population Registration Act y la Group Areas Act), que agrupaban territorialmente a los habitantes según razas y etnias, fue la de permitir, con ayuda de encuestas y analizando los resultados de las elecciones de 1994, estimar la relación entre raza y comportamiento electoral (v. Anexo 4). Una relación que permite al NP, si nada grave le ocurre, ver con optimismo las próximas elecciones, para las cuales, con su retirada del gobierno de coalición, empezó la campaña.

Así pues, al eliminarse las cláusulas de coalición, nada obliga al futuro presidente a incluir vicepresidentes o ministros que no le plazcan. La única restricción es la de que no podrá nombrar más de dos miembros del gabinete que no sean parlamentarios. Los posibles varios vicepresidentes que permitió la Constitución interina quedarán reducidos a uno, que el presidente (C96.91.2) selecciona según su criterio, sin mas requisito que el de que habrá de ser miembro de la Asamblea Nacional.

 

La modificación del poder ejecutivo no ha implicado solo la desaparición de la idea de la gran coalición y de las normas a dicho principio vinculadas. Ha sido, como se va viendo, la propia institución presidencial la que se ha modificado sustancialmente, aunque manteniendo algunos de los peculiares rasgos que la caracterizaban en la constitución interina. En primer lugar, el presidente de la República de Suráfrica continúa siendo jefe del Estado y jefe del Ejecutivo nacional (C96.83.a). Y, también, su elección debe tener lugar por la Asamblea Nacional de entre uno de sus miembros. (C96.86.1) aunque deja de serlo en dicho momento. Sin embargo, y en parte como una consecuencia lógica del fin de la coalición forzada por las reglas, la relativa fragilidad de los poderes presidenciales precedentes asimismo ha concluido. Por ejemplo, en el carácter colegiado del gabinete: como se recordará, en la Constitución interina, el presidente debía consultar el desarrollo de la política gubernativa en unos casos con los vicepresidentes, en otros con el gabinete en su conjunto. En la constitución de 1996 la autonomía del jefe del ejecutivo es mayor, ya que solo extipula que ejerce su poder junto con los otros miembros del gabinete. Y, como decía más arriba, dispone de total libertad para decidir quien compone dicho gabinete, si bien la Asamblea Nacional continúa teniendo el derecho de censura al gabinete en su conjunto, y obligar al presidente a su remodelación (C96. 102.1). Ha desaparecido la ahora innecesaria censura conjunta, al gabinete y al presidente, que figuraba en la constitución interina, lo que expresa también el espíritu de reforzamiento del poder presidencial. Censurado el presidente, todos caen con el.

En cualquier caso, el hecho de que se mantenga la moción de censura , además de otros rasgos señalados, como la propia elección por parte del parlamento, no permiten afirmar que el régimen sudafricano sea uno de carácter presidencialista. En realidad, como puede verse en la tabla 1 del anexo VI, el poder ejecutivo queda configurado de manera que combinan, como ya ocurría en la interina, rasgos de uno y otro modelos, aunque ahora se produzca un incremento de las componentes presidencialistas.

 

El mantenimiento de la proporcionalidad

Si la institución presidencial quedará modificada sustancialmente en Sudáfrica tras las elecciones de 1999, la manera en que dichos comicios habrán de celebrarse no será muy distinta de la precedente. A pesar de que varios partidos y expertos han defendido un tipo de sistema que vincule más a los representantes con sus electores lo que, según argumentan, requeriría la sustitución de la lista nacional por un reparto en circunscripciones más pequeñas, la única alteración potencial puede venir por el número de escaños en disputa a la Asamblea Nacional, dado que el nuevo texto no establece un número fijo:no menos de 350 ni más de 400 (C96. 46.1). En todo lo demás, la anterior legislación electoral permanece vigente.

 

Las provincias

Según se vio en el análisis de la Constitución interina, el aspecto menos "consociacional" de la transición democrática sudafricana tuvo que ver con el escaso federalismo reconocido por el texto provisional. La organización y distribución territorial del poder en el nuevo Estado se mantuvieron como asuntos centrales de la agenda política los dos años que duró el debate constitucional. La insatisfacción por el rumbo que iban tomando los acuerdos alejó a Inkhata del Parlamento, y hasta última hora, en la que se añadieron, por cierto, una serie de competencias exclusivas para las provincias, la polémica sobre todo ello se mantuvo intensa. Es más, en las exposiciones finales de motivos antes de que el texto fuera votado por los constituyentes, al menos en dos casos se hizo visible la insatisfacción por como quedaba reflejada la organización y competencias de las instituciones provinciales.

El resultado, siempre en la perspectiva del poder compartido, es más adecuado que las anteriores estipulaciones de la Constitución interina. O, dicho de otro modo, en la Constitución vigente el peso de las provincias, de sus instituciones y sus funciones, se ha incrementado en varios aspectos.

En primer lugar, y como adelantaba antes, se recogen no solo competencias concurrentes entre las instituciones nacionales y provinciales, sino que también competencias exclusivas de las provincias. Claro que dichas competencias no son como para tirar cohetes (v. Anexo 5), pero ahí están como un símbolo de la todavía tibia voluntad descentralizadora de la democracia sudafricana.

Desde el punto de vista de la capacidad de las instituciones provinciales para obtener recursos propios, la cosa queda así: al igual que en la anterior, los fondos de origen estatal que recibe cada provincia son fijados por un Acta del parlamento nacional requisito establecido asimismo para poder imponer impuestos otros que los nacionales. Sin embargo, la constitución vigente aumenta la capacidad de las provincias para pedir préstamos y habilita a las constituciones provinciales a recoger en su articulado otras fuentes alternativas de recursos.

Los residuos del poder de veto

 

El relativo incremento del poder de las provincias en la Constitución de 1996 con respecto al texto precedente significó una alteración importante de la estructura y de las funciones de la cámara alta, que pasó a denominarse Consejo Nacional de las Provincias.

Modificaciones interesantes se introdujeron en la manera en que las provincias están representadas en el Consejo. Se mantienen en 10 para cada una de ellas los ahora llamados delegados de las provincias; sin embargo se produce una innovación sustantiva, ya que de dichos diez delegados, 6 lo son de carácter permanente y cuatro son calificados de especiales. De estos cuatro delegados "especiales" tres pueden variar en función de las circunstancias (quiere decirse que los partidos que tienen capacidad de enviar delegados especiales pueden decidir sobre quien o quienes irán de entre sus miembros en la Asamblea Provincial) y el cuarto es el propio premier de la provincia, lo cual aumenta el peso político de la cámara. En la misma línea puede señalarse la cláusula constitucional según la cual, excepto donde la Constitución señala otra cosa (C96 65.1.a ) :"each province has one vote wich is cast on behalf of the province by the head of its delegation". Son requeridos los votos de cinco provincias para que, con algunas excecpciones un asunto sea aprobado por la Cámara.(C96.65.1.b)

El Consejo Nacional de Provincias tiene el monopolio legislativo cuando se trata de materias señaladas como exclusivas de las provincias e interviene en mayor grado cuando la legislación ordinaria en curso pudiera afectar a las competencias concurrentes . En el resto del proceso legislativo, sus funciones - a excepción de las reformas a la constitución que trataré de inmediato, el Consejo Nacional de Provincias es apenas una cámara de segunda lectura.

Ciertos mecanismos de veto persisten en el texto actual en cuanto hace al control de la constitucionalidad. En primer lugar, se mantiene la exigencia de dos tercios - aunque solo en la Asamblea Nacional - para la aprobación de una enmienda, siempre que esta no afecte a la estructuración del Consejo y a los poderes provinciales. En este caso se requiere la aprobación de por al menos 6 provincias. Y sí la enmienda se refiere específicamente a una o varias provincias, entonces se exige el requisito de su aprobación previa por parte de los parlamentos de la o las provincias afectadas. La Corte Constitucional se ha refinado en su procedimiento de composición, pero el presidente sigue teniendo una influencia decisiva.

 

Conclusiones: los problemas de la democracia surafricana

El desarrollo constitucional de las provincias sigue siendo uno de los principales conflictos para la consolidación de la democracia en la República de Suráfrica. Acogiéndose a las estipulaciones de la Constitución interina, el gobierno de Kwazulu-Natal presentó su proyecto de constitución a la Corte Constitucional para que procediera a su certificación. Y ello no ocurrió ni, en los términos en que la constitución provincial estaba redactada, podía ocurrir en ningún caso: entre otras cosas, el proyecto dotaba al gobierno provincial del derecho a proclamar el estado de emergencia, así como de imponer todo tipo de impuestos y prohibir cualquier alteración del libre mercado . Más substantivamente, el proyecto intentó "federalizar" la relación entre Kwazulu-Natal y la República de Suráfrica. Pero tal y como sentenció la Corte Constitucional el 6 de septiembre de 1996 "Kwazulu-Natal is not an independent state and has no original legislative or executive powers" (Constitutional Court,1996b). Suerte parecida corrió la constitución del Cabo Occidental, también rechazada por la Corte, aunque en este caso, según dictaminó el 2 de septiembre de 1997, unas leves modificaciones podrían permitir su aceptación posterior (Constitutional Court, 1997). El hecho de que sean estas dos provincias las únicas que no gobierna el Congreso Nacional Africano - el cual se personó como parte en ambos procesos de la Corte - muestra que el expediente de la relación entre los poderes nacionales y provinciales dista mucho de estar siquiera en vías de solución.

Otro de los problemas hasta ahora endémicos tiene que ver con el comportamiento semi desleal del tercer partido del país, y primero entre la minoría zulú. Mangosuthu Buthelezi, al mismo tiempo que ocupa por derecho constitucional la cartera de Asuntos Internos, no ha hecho demasiado por frenar la violencia política a la que sus seguidores se entregan con demasiada frecuencia en Kwazulu-Natal. Y si bien, como señalé anteriormente, las víctimas de dicha violencia han ido disminuyendo en los dos últimos años, otro desafío político del IFP por la vía de presentar un nuevo proyecto constitucional de la provincia que fuera rechazado (pues es inimaginable que no supiera que ello iba a ocurrir en el que ya pretendieron certificar) abriría de nuevo las tensiones en la zona. Quiero precisar, con todo, que es excesivo atribuir el conflicto entre zulúes y otros grupos negros que se ven representados por el ANC , como los xhosas, a diferencias constitucionales. El enfrentamiento es histórico y obedece a causas tribales, como bien entendió en el pasado el Partido Nacional, que las utilizó en provecho propio para dividir a la población negra.

La violencia y la inseguridad son considerados los principales problemas del país y, aunque no tengan un carácter político en sentido estricto, sus orígenes, así como sus consecuencias, si lo son en parte. Una generación entera de jóvenes surafricanos negros siguieron apasionadamente la consigna lanzada por el ANC en los tiempos finales del apartheid: primero liberación, luego educación. La liberación acabó por llegar, pero miles de personas se encontraron sin capacidad de adaptación a la normalidad, afectados por un mecanismo de frustración de expectativas típico de todos los procesos de transición y acabaron engrosando la marginalidad social. Por otra parte, no es extraño que la minoría blanca atribuya la inseguridad al cambio político vivido en el país. Entre otras cosas, porque significó la desaparición de zonas seguras reservadas a los propios blancos.

Sin embargo, hay algunas razones para ser optimista. El mecanismo de poder compartido ha permitido un proceso de cambio con unos resultados inimaginables hace apenas una década. El ominoso sistema del apartheid ha desaparecido, pero los temores de una reedición aumentada de los conflictos interétnicos o intertribales que han asolado Africa hasta el presente no se han visto ratificados, con la excepción de los problemas de convivencia entre sectores de la población zulú y el resto. La minoría blanca ni ha sido "echada al mar" ni ha optado por abandonar el país y el sector de la economía que está bajo su control sigue siendo enormemente dinámico.

La democracia surafricana está resistiendo razonablemente bien las tensiones derivadas de la justicia retributiva, que tanto han sobresaltado los procesos de instauración y consolidación democráticas en otros lugares. Y es que, así como decidieron compartir el poder, los principales actores políticos se pusieron de acuerdo también en compartir las responsabilidades, de manera que nadie está libre de ser investigado por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (TRC) para dilucidar posibles implicaciones en la violencia que asoló el país en la fase final del apartheid y en los primeros años de la democracia.

La prueba de fuego está por llegar, sin embargo. Tal y como he escrito en las páginas anteriores, el mecanismo de poder compartido, pese a las esperanzas de su creador, Arend Lipjhart, desaparecerá tras las elecciones de 1999. También, es difícil aventurar si el futuro presidente, Tabo Mbeki, según todos los pronósticos, podrá desempeñar el papel tranquilizador, de "padre de la nación", que Mandela ha venido representando. La medida en que todo ello afectará a la democracia surafricana es, por ahora, una incógnita.

 

 

 

ANEXO 1. Distribución étnica de votantes por provincias

Provincia Negros Blancos Mestizos Indios Lenguas predominantes
Cabo Occidental

19%

25%

55%

1%

Afrikaans (62,2%)*

Inglés (20%)

IsiXhosa (15,3%)

Cabo del Norte

31%

18%

51%

0,2%

Afrikaans (66%)

Setswana (19%)

IsiXhosa (6,2%)

Cabo del Este

84%

8,2%

7,5%

0,3%

IsiXhosa (82,6%), Afrikaans (9,6%)

Inglés (4,2%)

Noroeste

85%

12%

3%

0,3%

Setswana (59%)

IsiXhosa (6,3%)

Seshoto (5%)

Estado Libre

82%

15%

3%

0%

Sesotho (57,3%) Afrikaans (6,7) Setswana (6,1)

Gauteng

69%

26%

4%

1%

Afrikaans (20%) IsiZulu (18,4%)

Inglés (16,1%)

Provincia del Norte

96%

4%

0,2%

0,1%

Sepedi (56,7%)
Xitsonga (22,7%)

Mpumalanga

83%

16%

1%

0,5%

SiSwati (30,2%)

isiZulu (24,2%)
Afrikaans (9,3%)

Kwazulu-Natal

76%

10%

1,6%

13%

IsiZulu (79,3%)

Inglés (16%)

Afrikaans (1,95)

Total

73%

15%

9%

3%

IsiZulu (22%) isiXhosa (17,5%) Afrikaans (15,1%) Inglés (9,1%)

Fuente: Elaboración propia con datos de Reynolds (1994: 201) y de Central Statistical Service (1997:3.11).

*El alto porcentaje del idioma afrikaans en el Cabo Occidental y en el Cabo del Norte se debe a que también es la lengua materna de la comunidad mestiza, que reside mayoritariamente en dichas provinicas, en especial en la primera de ellas. En realidad, el afrikaans tiene su origen en una transformación del holandés llevada a cabo por dicha comunidad, que actuaba como intermediaria entre los holandeses y los hotentotes.

ANEXO 2. Resultados electorales nacionales

 

Tabla 1. Resultado de las elecciones a la Asamblea Nacional

Partidos

Votos

% del voto

Escaños

% de escaños

ANC

12.237.655

62,65

252

63

NP

3.983.690

20,39

82

20,5

IFP

2.058.294

10,54

43

10,75

FF

424.555

2,17

9

2,25

DP

338.426

1,73

7

1,75

PAC

243.478

1,25

5

1,25

ACDP

88.104

0,45

2

0,5

AMP

34.466

0,18

0

0

AMCP

27.690

0,14

0

0

DPSA

19.451

0,10

0

0

FP

17.663

0,09

0

0

MF

13.433

0,07

0

0

SOCCER

10.575

0,05

0

0

ADM

9.886

0,05

0

0

WRPP

6.434

0,03

0

0

XPP

6.320

0,03

0

0

KISS

5.916

0,03

0

0

WLP

4.169

0,02

0

0

LUSO-SA

3.293

0,02

0

0

Total

19.533.498

100%

400

100%

Fuente: Elaboración propia a partir de Reynolds (1994: 183) y de CSS (1997)

 

 

 

Tabla 2. Censo estimado y votantes.

Provincia

Censo

% del total nacional

Votantes

% del total nacional

Abstención

(en %)

Votos

nulos

Nulos

(en %)

Cabo Occidental

2.405.919

10,6

2.137.742

10,9

13%

10.724

0,5

Cabo del Norte

439.149

1,9

403.772

2,1

8

3.534

0,8

Cabo del Este

3.176.970

14,0

2.908.906

14,9

8

13.248

0,5

Noroeste

1.763.445

7,8

1.572.142

8,0

11

18.974

1,2

Estado Libre

1.636.581

7,2

1.354.266

6,9

17

10.286

0,8

Gauteng

4.862.117

21,4

4.198.250

21,5

14

25.383

0,6

Provincia del Norte

2.287.105

10,1

1.920.260

9,8

16

13.702

0,7

Mpumalanga

1.552.775

6,8

1.326.068

6,8

15

12.631

0,9

KwaZulu-Natal

4.585.091

20,2

3.664.324

18,8

20

39.369

1

Total

22.709.152

100

19.533.498

100

86

193.081

1

Fuente. Elaboración propia sobre la base de Reynolds (1994: 187 y 189)

 

 

 

 

 

Anexo 3. Resultados electorales provinciales

1.Cabo del Este

 

Partido

% de voto

Escaños en la Asamblea Provincial

% de escaños

Senadores

ANC

84,4

48

85,7

9

NP

9,8

6

10,7

1

DP

2,1

1

1,7

0

PAC

2,0

1

1,7

0

Otros

1,7

0

0

0

Total

100

56

100

10

 

2.Estado Libre

Partido

% del voto

Escaños en la Asamblea Provincial

% de escaños

Senadores

ANC

76,6

24

80

8

NP

12,6

4

13,3

1

FF

6,0

2

6,6

1

Otros

4,8

0

0

0

Total

100

30

100

10

 

 3.Gauteng

 

Partido

% del voto

Escaños en la Asamblea Provincial

% de escaños

Senadores

ANC

57,6

50

58,1

6

NP

23,9

21

24,4

2

FF

6,2

5

5,8

1

DP

5,3

5

5,8

1

IFP

3,7

3

3,4

0

PAC

1,5

1

1,1

0

ACDP

0,6

1

1,1

0

Otros

1,2

0

0

0

Total

100

86

100

10

 

 

4.Kwazulu-Natal

Partido

% del voto

Escaños en la Asamblea Provincial

% de Escaños

Senadores

IFP

50,3

41

50,61

5

ANC

32,2

26

32,09

3

NP

11,2

9

11.11

1

DP

2,2

2

2,46

1

MF

1,3

1

1,23

0

PAC

0,7

1

1,23

0

ACDP

0,7

1

1,23

0

Otros

2,1

0

0

0

Total

100

81

100

10

 

 

5.Mpumalanga

 

Partido

% del voto

Escaños en la asamblea provincial

% de escaños

Senadores

ANC

80,7

25

83,3

8

NP

9,0

3

10

1

FF

5,7

2

6,6

1

Otros

4,6

0

0

 
Total

100

30

100

10

 

 

6.Cabo del Norte

Partido

% del voto

Escaños en la Asamblea Provincial

% de escaños

Senadores

ANC

49,7

15

50

5

NP

40,5

12

40

4

FF

6,0

2

6,6

1

DP

1,9

1

3,3

0

Otros

1,9

0

0

0

Total

100

30

100

10

 

 

7.Provincia del Norte

Partido

% del voto

Escaños en la Asamblea Provincial

% de escaños

Senadores

ANC

91,6

38

95

10

NP

3,3

1

2,5

0

FF

2,2

1

2,5

0

Otros

2,9

0

0

0

Total

100

40

100

10

 

 

8.Noroeste

 

Partido

% del voto

Escaños en la Asamblea Provincial

% de escaños

Senadores

ANC

83,3

26

86,6

8

NP

8,8

3

10

1

FF

4,6

1

3,3

1

Otros

3,3

0

0

0

Total

100

30

100

10

 

 

9.Cabo Occidental

 

Partido

% del voto

Escaños en la Asamblea Provincial

% de escaños

Senadores

NP

53,3

23

54,7

6

ANC

33,0

14

33,3

3

DP

6,6

3

7,1

1

FF

2,1

1

2,3

0

ACDP

1,2

1

2,3

0

Otros

3,8

0

0

0

Total

100

42

100

10

 

 

 

 

10. Total de escaños provinciales por partido y número de provincias controladas.

Partido

Escaños totales

% del total de escaños

Provincias bajo su control

ANC

266

63%

7

NP

82

19%

1

IFP

44

10%

1

FF

14

3%

0

DP

12

3%

0

PAC

3

1%

0

ACDP

3

1%

0

MF

1

0%

0

Total

425

100%

9

Anexo 4. Comportamiento electoral según raza

Tabla 1. Votantes según razas

 

Negros

Blancos

Mestizos

Indios

Total

Votantes (en millones)

14,2

2,9

1,8

0,6

19,5

Votantes en %

73

15

9

3

100

 

 

Tabla 2. Votantes estimados del Congreso Nacional Africano, por razas

Comunidad

Votantes

Porcentaje sobre el total de la comunidad

Aportación al total de votos

(en %)

Negros

11,5 millones

80,9

94%

Mestizos

0,5 millones

27,7

4%

Indios

150.000

25

1,5%

Blancos

50.000

1.7

0,5%

Total

12,2 millones

 

100%

 

Tabla 3. Votantes estimados del Partido Nacional, por razas

Comunidad

Votantes

Porcentaje sobre el total de la comunidad

Aportación al total de votos

(en %)

Blancos 1,9 millones

65,5%

49

Mestizos 1,2 millones

66'6

30

Negros 0,5 millones

3,5

14

Indios 0,3 millones

50

7

Total 3,9 millones  

100%

Anexo 5.Competencias de las provincias

 

Tabla 1. Competencias provinciales según la Constitución interina

Competencias Concurrentes

Agricultura
Casinos, carreras, juegos y apuestas
Asuntos culturales
Educación, excepto universitaria
Medio ambiente
Servicios de salud
Vivienda
Política lingüística y regulación del uso del/los idiomas oficiales de la provincia
Gobierno local
Conservación de la naturaleza, exceptuando parques y jardines botánicos nacionales y recursos marinos
Policía
Medios de comunicación públicos provinciales
Transporte público
Planificación regional y desarrollo
Regulación de tráfico
Carreteras
Turismo
Promoción de la industria y el comercio
Autoridades tradicionales
Desarrollo rural y urbano
Servicios de bienestar

 

 

Tabla 2. Competencias provinciales según la Constitución de 1996

Constitución de 1996

Competencias concurrentes Competencias exclusivas
Agricultura Abattoirs
Casinos, carreras, juegos y apuestas, excepto loterías y quinielas Servicios de ambulancia
Asuntos culturales Archivos, museos y bibliotecas que no sean nacionales
Educación, excepto la de tercer ciclo Licencias de venta de licor
Medio ambiente Planificación provincial
Servicios de salud Asuntos culturales proviciales
Vivienda Entretenimiento
Política lingüística y regulación del uso del/los idiomas oficiales de la provincia Deportes provinciales
Gobierno local Tráfico y carreteras provinciales
Conservación de la naturaleza, exceptuando parques y jardines botánicos nacionales y recursos marinos Servicios veterinarios, excepto regulación de la profesión
Policía
Medios de comunicación públicos provinciales
Transporte público
Planificación regional y desarrollo
Regulación de tráfico
Carreteras
Turismo
Promoción de la industria
Autoridades tradicionales
Desarrollo rural y urbano
Servicios de bienestar
Administración de los bosques indígenas
Aeropuertos provinciales
Control de animales
Protección del consumidor
Gestión de catástrofes
Leyes indígenas y de uso común
Control de la polución
Desarrollo de la población
Impuesto de transmisiones
Empresas públicas provinciales relacionadas con las competencias que figuran aquí y en el Schedule 5
Obras públicas
Conservación del suelo
Líderazgo tradicional
Licencia de vehículos
Comercio

Las instituciones provinciales pueden además intervenir en una serie de materias asignadas a los municipios allí donde sea necesario además de poder transferir a las instituciones locales el ejercicio de algunas competencias que les están asignadas (Partes B de las Schedules 4 y 5, CV) si ello conviniera para su mejor administración (CV.156.4).

Anexo 6. Presidencialismo y parlamentarismo en el régimen surafricano

Constitución interina

Parlamentarismo Elección

parlamentaria

Responsabilidad parlamentaria Compatibilidad Gabinete colegiado Disolución anticipada
Presidencialismo Ejecutivo monista Impeachment

Constitución de 1996

Parlamentarismo Elección

parlamentaria

Responsabilidad parlamentaria Compatibilidad

atenuada

  Disolución anticipada
Presidencialismo Ejecutivo monista Impeachment   Predominio presidencial Límite de

mandatos

  

Tal y como se ha dicho en el texto, no hay acuerdo sobre que rasgos institucionales y funcionales serían los propios de ambos tipos de régimen. No ha pasado tanto tiempo como para hacerse una idea cabal del funcionamiento regular de las instituciones, con lo que el cuadro anterior tiene un carácter meramente indicativo y se limita a situar dentro de cada categoría aquello que convencionalmente, aunque de manera polémica, se señala como distintivo del parlamentarismo y del presidencialismo.

 

 

 

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