Materialismo Histórico y Teoría Crítica
TÍTULO PROPIO DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE - MADRID

    materiales | 21.Febrero.2003

Economistas Europeos por una Política Económica Alternativa en Europa
Mejores Instituciones, Normas e Instrumentos para el Pleno Empleo y el Bienestar Social en Europa
Memorandum 2002 - Noviembre 2002 (*)


Sumario
1. Auto-Immunización, Falso Optimismo y Continua Austeridad en el seno de una Incertidumbre Creciente:
Las Orientaciones Generales de Política Económica (OGPE) 2002
2. El Modelo Social Europeo – Piedras angulares para una Estrategia Económica Alternativa en Europa
3. Ampliación hacia el Este – Desafío y perspectivas para el Modelo Social Europeo
4. Mejores Instituciones, Normas e Instrumentos para el Modelo Social Europeo
4. 1. Un marco para una política económica más eficiente y democrática.
4. 2. Un mayor compromiso con el bienestar social
4. 3. Reformar y Reforzar los Servicios Públicos
4. 4. Reforzar el interés general en los mercados financieros.
5. Conclusión

Contactos:
Prof. Miren Etxezarreta, Universitat Autónoma de Barcelona, Miren.Etxezarreta@uab.es
Prof. John Grahl, University of North London Business School, J.Grahl@unl.ac.uk
Prof. Jörg Huffschmid, Universität Bremen, Huffschmid@ewig.uni-bremen.de
Prof. Jacques Mazier, Université de Paris Nord, Mazier@seg.univ-paris13.fr

Sumario

1. El práctico colapso del Pacto de Estabilidad y Crecimiento es la demostración pública más reciente del completo fracaso de la política económica europea. En los últimos años la Unión Europea ha sido incapaz de valorar y prever correctamente el problemático desarrollo de la economía europea, así como de conseguir un impacto positivo que repercutiese de forma positiva sobre el crecimiento, el empleo y el bienestar. Los motivos de este fracaso de su política radican en su enfoque teórico extremadamente estrecho por lo que al desarrollo económico se refiere y a los rígidos acuerdos institucionales que sustentan dicho enfoque.

2. El trabajo en curso de la Convención Europea ha ignorado en gran medida este fracaso e intenta preservar y reforzar la ideología subyacente y la estructura institucional. Se ha mostrado hostil hacia el concepto de un modelo social europeo específico, que ni siquiera ha entrado en su agenda. En caso de que prevalezcan dichas tendencias se producirá un largo proceso de débil desarrollo económico y todavía una mayor demolición de los históricos logros sociales europeos. E impedirá la integración de los países de la Europa Central y del Este en una estrategia de desarrollo para todo el territorio europeo.

3. Como alternativa a esta perspectiva tan poco atractiva proponemos una reforma en profundidad de la política económica y social europea. Dicha reforma debe guiarse por los objetivos de pleno empleo, equidad social, bienestar para todos y sostenibilidad ecológica como piedras angulares de un Modelo Social Europeo. Deben exponerse estrategias concretas que permitan alcanzar dichos objetivos a un amplio debate público y establecer un proceso democráticamente legitimado para establecer prioridades y corregir los errores.

4. Propuestas para una mayor orientación de la política económica hacia un Modelo Social Europeo

4.1. Deben reforzarse las bases a favor de una política macroeconómica más democrática y eficiente:

- El Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales deberían implicarse mucho más en la coordinación de las políticas económicas.

- Deben ampliarse las funciones del Banco Central Europeo para incluir el pleno empleo y un crecimiento sostenible.

- El presupuesto de la UE debería incrementarse hasta alcanzar el 5% del Producto Interior Bruto Europeo en 2007

- Debería eliminarse la competencia fiscal mediante la armonización de los impuestos de sociedades y la información mutua sobre rentas del capital extranjero.

4.2. Deben crearse las bases para un mayor compromiso europeo hacia el bienestar social

- Todos los miembros de la sociedad deberían tener el derecho incondicional a unos recursos de vida decentes.

- Deben introducirse unos niveles mínimos de gasto social

- Deben conservarse y mejorar los sistemas públicos de seguridad social y en especial los sistemas de pensiones y no debe privatizarse ninguno de sus componentes

4.3. Los servicios públicos europeos deben reforzarse y no subordinarse a la lógica neoliberal de la competencia sin trabas. Este objetivo puede alcanzarse con la definición de derogaciones nacionales a la ley de competencia europea, la definición de una directiva marco o incluso una plataforma común de niveles mínimos para servicios de interés general.

4.4. Debe reforzarse el interés general en la regulación de los mercados financieros. Esto requiere la protección de instituciones públicas, cooperativas y mutuas de la competencia predatoria y el reforzar y consolidar estructuras supervisoras en la Unión Europea. Debe reformularse también la Directiva sobre la absorción de empresas para que se tengan en cuenta los intereses de los empleados, de las comunidades locales y de las pequeñas y medianas empresas.

1. Auto-Inmunización, Falso Optimismo y Austeridad Continuada en el seno de una Incertidumbre Creciente: Las Orientaciones Generales de Política Económica (OGPE) 2002

El año en curso, 2002, ha sido testigo de repetidas revisiones a la baja en las previsiones oficiales sobre crecimiento económico y empleo y revisiones al alza de las cifras de paro en la UE. No se produjo el substancial crecimiento del 2,75% que se había predicho en las OPPE 2001, ni se materializó tampoco la fuerte recuperación que se esperaba para este año. El crecimiento económico sigue estancado entre el 0,50% y el uno por ciento y es por tanto demasiado bajo para evitar que el desempleo vuelva a aumentar. Esta debilidad general se multiplica debido a una ola extraordinariamente alta de despidos, en particular por las empresas de las nuevas tecnologías, telecomunicaciones, medios de comunicación y servicios financieros que sólo hace unos pocos años eran consideradas como las puntas de lanza de la "Nueva Economía" y la base de una "sociedad basada en el conocimiento" que, según la Comisión, debía convertir a Europa en la región más competitiva del mundo para el 2010. Es evidente ahora que buena parte de la Nueva Economía carecía de fundamentos sólidos y que la dinámica de la especulación financiera ha conducido al establecimiento de unas enormes sobrecapacidades en estas áreas, al emular de forma obsesiva el modelo americano de capitalismo de accionariado.

La actual fragilidad económica es especialmente preocupante porque la UE no puede contar con un estímulo externo que compense la debilidad de la demanda interna. La situación en Estados Unidos es muy inestable y próxima a la recesión, y Japón sigue inmerso en su largo estancamiento. Por primera vez en más de veinte años existe el riesgo real de que la economía mundial entre en una espiral deflacionaria.

Sin embargo, a la Comisión Europea y al ECOFIN nada de esto parece preocuparles y, menos todavía, proporcionarles una razón para revisar y renovar las bases teóricas de sus previsiones y recomendaciones de política económica. En lugar de tomarse en serio los peligros inherentes a la situación actual y recomendar enérgicas respuestas de política económica, han optado por el camino de la auto-inmunización negándose a reconocer la realidad. El documento clave de política económica de la UE, las Orientaciones Generales de Política Económica (OGPE), considera que la UE está "en la antesala de la recuperación económica" debido a la "rápida y decisiva respuesta de la política económica, a sus sólidos fundamentos, a la restauración de la confianza junto con la disminución del impacto de una serie de choques económicos adversos". Dado que no existe ningún problema concreto, las autoridades europeas no ven ninguna necesidad de revisar las políticas económicas. La complacencia de las OPPE se acerca al absurdo cuando dicen –en una situación de incertidumbre e inversiones a la baja—que "el compromiso con la estabilidad de precios ha impulsado una cultura de estabilidad, reduciendo las incertidumbres y promoviendo la moderación salarial, facilitando así las bases necesarias a un ambiente favorable a las inversiones". Esta es una declaración vergonzosa dada la incertidumbre que han provocado los mercados financieros, grandemente reforzada por la equivoca conducta de un número importante de empresas.

Cuando se vio que cada vez era más obvio que varios países no serían capaces de mantener los límites de los déficit públicos establecidos por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) de 1997 y que algunos gobiernos parecían dispuestos – muy razonablemente – a incrementar el gasto público para estimular el crecimiento sin tener en cuenta el déficit público, la Comisión respondió de forma caótica. A pesar de que anunció su determinación de abrir procedimientos formales contra Portugal y posiblemente también contra Alemania a causa de sus excesivos déficits, propuso también posponer el horizonte temporal para conseguir los equilibrios presupuestarios. En tanto que en algunas declaraciones se afirma que el PEC debe interpretarse de forma flexible, el presidente de la Comisión cualificó el pacto de "estúpido", respaldando con ello la repetida crítica que nosotros formulamos desde su adopción en 1997.

No obstante, es evidente que el colapso del PEC no ha dado incentivos a la Comisión para que revisara de forma crítica los supuestos teóricos que sustentan la orientación de su política económica. Este divorcio de la evidencia empírica y la realidad es un escándalo político muy costoso para millones de personas. El continuo dogmatismo del personal científico altamente remunerado es también un escándalo científico. En este contexto queremos subrayar que en nuestro memorando anterior nuestro análisis crítico de la situación y nuestra valoración de las perspectivas para la UE bajo las políticas económicas existentes eran mucho más realistas que la posición impulsada por las OGPE. Pero la Comisión ni siquiera se molestó en enterarse de dichas críticas, ni mucho menos en iniciar un debate público y abierto sobre sus prioridades económicas y cómo alcanzarlas.

Las bases institucionales e ideológicas que están detrás del fracaso de la política económica europea se establecieron en los Tratados de Maastricht y Amsterdam y en el PEC. La próxima ampliación de la UE podría haber sido una ocasión para corregir esta problemática base. Sin embargo, lo que está sucediendo es todo lo contrario. La Convención Europea cuya función consiste en diseñar, antes del próximo verano, un nuevo Tratado de la UE a modo de constitución, parece determinada a reafirmar y reforzar los erróneos y dañinos principios en la construcción económica y social de la Comunidad. Las propuestas de la Convención para el gobierno económico de la UE ampliada conservan la estrecha función y prácticamente la total falta de responsabilidad democrática del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC). No dejan espacio para una política fiscal europea más activa – bien mediante un presupuesto europeo ampliado y flexible o a través de una amplia cooperación de las políticas económicas entre los países miembros. La dimensión social de una Europa ampliada, o el específico modelo social europeo que se invoca en los discursos políticos y se corresponde con los deseos y expectativas de millones de personas en Europa, no está en la agenda de la Convención Europea. Esta indiferencia ha provocado abiertas, y en nuestra opinión muy justificadas protestas, de algunos de los miembros de la Convención y de sindicatos y ONG’s.

En este memorandum proponemos un enfoque alternativo para la política económica europea, basado en el concepto de un modelo social europeo fuerte, que debería ser en nuestra opinión la orientación principal de la reforma de la UE. En el capítulo 2 discutimos las piedras angulares de este modelo social europeo. En el capítulo 3 se puede encontrar una breve discusión sobre los problemas específicos de la próxima ampliación, la cual exige en nuestra opinión una visión que abarque una amplia y comprensiva estrategia de desarrollo europeo. En el capítulo 4 presentamos nuestras propuestas para una política económica basada en el concepto de un modelo social europeo en cuatro áreas: política macroeconómica (4.1.), bienestar social (4.2.), servicios públicos (4.3.) y regulación del mercado financiero (4.4.). Estas propuestas no son exhaustivas ni están elaboradas en su totalidad. Son el resultado provisional de un amplio debate entre economistas críticos e invitamos a otros expertos y al público en general a responder y ampliar el debate.

2. El Modelo Social Europeo – Piedras angulares para una Estrategia Económica Alternativa en Europa

En las declaraciones oficiales se invoca a menudo un modelo social europeo como algo a preservar y defender frente a las tendencias de subordinación de todos los aspectos de la vida social al dominio de los mercados y a los imperativos de la competencia internacional. Se presenta como una alternativa a las políticas neo-liberales y a la emulación del modelo americano con sus amplias desigualdades, su bajo grado de cohesión social y las enormes presiones sociales y económicas que impone a la mayoría de la población. Sin embargo, más allá de esta apreciación retórica tan general, la caracterización del contenido del modelo social europeo específico continua siendo muy vaga, y la política económica y social en la práctica se ha conducido en la dirección opuesta – hacia el modelo de Estados Unidos.

Nosotros apoyamos el concepto de un modelo social europeo y proponemos que los elementos básicos de este modelo sean una parte esencial de la futura constitución europea. Europa es una de las regiones más ricas del mundo, con un altísimo potencial tanto para desarrollar el bienestar para todas las personas que vivan en su territorio como para ayudar a las regiones menos desarrolladas del mundo. Pero este potencial no se desarrolla ni realiza suficientemente. El desempleo masivo, la polarización social, la inestabilidad y la inseguridad se han ido expandiendo en estas dos últimas décadas en las que las orientaciones basadas en el mercado han ido dominando cada vez más a la política económica. Creemos que solo se puede revertir esta tendencia con una fuerte intervención y control públicos con el objetivo de definir y poner en marcha un tipo de desarrollo económico alternativo.

Las intervenciones políticas pueden estar equivocadas – pero difícilmente pueden equivocarse más de lo que las empresas privadas se han equivocado en la última década de crecimiento espectacular y quiebras, con enormes sobrecapacidades en muchos sectores de la "Nueva Economía" que posteriormente tuvieron que "ajustarse" con profundas crisis y despidos masivos. El fraude y la corrupción pueden enturbiar las decisiones políticas – pero la mayor parte del fraude y la corrupción descubiertos recientemente se ha cometido por las empresas privadas. Los errores de la política económica deben y pueden ser corregidos mediante la discusión pública y con la toma de decisiones democráticas. Los costes de dichas correcciones son considerablemente menores y se distribuyen con mucha más equidad que los costes del fraude y la mala conducta que, como en el caso de ENRON y en base a un estudio reciente, costarán al erario público más de 200.000 millones de dólares.

Los principios generales fundamentales para una política económica alternativa son la discusión pública y un mayor control democrático y la participación en los procesos de desarrollo económico. La base para estas discusiones e intervenciones deben ser los objetivos que el modelo social europeo debe cumplir, formulados de forma pública. En nuestra opinión existen como mínimo cuatro objetivos básicos: pleno empleo, bienestar social, equidad social y sostenibilidad ecológica.

2.1. Pleno empleo

Por pleno empleo entendemos que todas las personas que sean capaces y estén dispuestas a trabajar tengan derecho a un trabajo decente.

Desde la cumbre de Lisboa de marzo del 2000 el pleno empleo es de nuevo uno de los principales objetivos de la agenda de la UE. Pero lo que nosotros entendemos por pleno empleo difiere considerablemente del pleno empleo de la Comisión Europea, el ECOFIN y la mayoría de los gobiernos de los estados miembro. En la concepción oficial la consecución del pleno empleo parece esencialmente un problema de aumentar las tasas de participación de la población en edad laboral, impulsando a las personas a trabajar sin tener en cuenta sus circunstancias ni las condiciones laborales. Nosotros nos oponemos a esta visión mecánica del pleno empleo porque carece del contenido social que convierte al pleno empleo en un objetivo deseable.

Esto no significa que queramos volver al concepto de pleno empleo que dominaba la agenda social-demócrata en los años cincuenta y sesenta y que se basaba en gran medida en el empleo masculino. Tenemos en cuenta los cambios en las tecnologías y en las estructuras sociales, la nueva división del trabajo que surge en las familias, las nuevas actitudes y estilos de vida individuales, los amplios deseos de más flexibilidad en la organización de los tiempos de trabajo, etc. A pesar de todo creemos que los siguientes principios básicos siguen siendo válidos:

- El empleo debe ser voluntario y no obligatorio. Debe corresponder a las cualificaciones y preferencias de la persona empleada, y debe ofrecer oportunidades para un mayor aprendizaje y mejora laboral.

- Los empleados deben tener derecho a un puesto de trabajo regular y permanente y no verse obligados a aceptar trabajos en precario.

- Las remuneraciones o salario de las personas que trabajan a jornada completa deben permitirles poder llevar una vida independiente sin el riesgo de la pobreza.

- Los empleados deben disfrutar de protección laboral y de derechos frente los despidos, la discriminación y otras medidas arbitrarias de los patronos.

- Todos los acuerdos que se refieren a la flexibilidad en las horas de trabajo y en las condiciones de trabajo deben contra con el consentimiento de los empleados.

El pleno empleo, entendido de esta forma, es un activo económico, social y político para la sociedad:

En términos económicos, el pleno empleo nos permite utilizar plenamente el potencial productivo de la sociedad y asegurar con ello el bienestar. Significa también una importante contribución a unos presupuestos públicos saneados porque genera ingresos fiscales y reduce el gasto público en desempleo y ayudas a la pobreza.

Socialmente el pleno empleo es un factor clave de inclusión social e integración, aumentando el potencial de las personas para su propio desarrollo y auto-estima, reforzando las bases para la cohesión social y la solidaridad. El pleno empleo refuerza también la posición de los trabajadores y de los sindicatos y puede compensar en parte la situación de desventaja sistemática del trabajo frente al capital.

Finalmente, el pleno empleo es un factor importante d estabilidad política y una respuesta efectiva a todo tipo de fundamentalismos y extremismos políticos.

2.2. Bienestar Social

El bienestar social incluye el derecho incondicional de todas las personas a un nivel de recursos materiales que permitan una vida digna y el acceso a todas las instituciones culturales y sociales básicas. Para conseguir el bienestar social en sentido amplio es esencial que exista una red fuerte y pública de sistemas de seguridad social (que incluya el sistema de pensiones y de salud) y la provisión de servicios públicos como la enseñanza y la atención de los niños.

Entre los objetivos declarados de la UE figura también el de un alto grado de cohesión social y la erradicación de la pobreza. En la práctica, sin embargo, en muchas áreas la política que se realiza no conduce a dichos objetivos y en algunas tiene incluso los efectos opuestos. Esto es especialmente verdad en la llamada "modernización" de los sistemas de seguridad social, que responden básicamente a una estrategia privatizadora. En la actualidad, una de las prioridades de la agenda de la UE es el programa de reforma de las pensiones. La "modernización", que significa desplazar los sistemas públicos de pensiones con sistemas de reparto hacia programas de pensiones privadas de capitalización expone el nivel de vida de los futuros pensionistas a los riesgos de los mercados financieros. El reciente hundimiento de las Bolsas de Valores y el colapso de grandes empresas en Estados Unidos, en las que importantes fondos de pensiones habían invertido una parte importante de las contribuciones a la seguridad social de sus empleados, ha demostrado de forma rotunda que estos mercados no constituyen una base sólida para asegurar las pensiones y que las crisis pueden precipitar a muchos pensionistas en la pobreza extrema. Las razones que se dan normalmente para justificar el cambio de los programas públicos de reparto por los programas privados del mercado de capitales no sólo no convencen sino que son una falacia: Una población de más edad requiere – si se quieren mantener los actuales niveles de vida relativos de los pensionistas – una mayor transferencia real de producción futura desde la población activa hacia los pensionistas – sea cual sea el mecanismo que efectúa dicha transferencia. Nosotros afirmamos que estas transferencias pueden hacerse a través de los sistemas públicos de reparto de manera más segura y con mayor equidad social. El argumento real que se esconde detrás de este cambio de los programas públicos por privados no es ninguna necesidad objetiva sino que responde en gran medida a los intereses y al poder de presión de los grandes grupos inversores, que desean obtener la gestión de los miles de millones de contribuciones a los seguros privados para invertirlos en los mercados financieros. Es la búsqueda del beneficio y no los problemas de un mayor número de ancianos, lo que impulsa la modernización de los sistemas de pensiones.

2.3. Equidad social

Por equidad social entendemos la ausencia de discriminación y de desigualdad excesiva en la distribución de la renta, la riqueza y el acceso a los recursos materiales, a las instituciones y canales de discusión pública y toma de decisiones democráticas.

La equidad social también figura en la agenda de la UE. Se han realizado ya algunos intentos para hacer frente a la discriminación de género y conseguir la igualdad de oportunidades en el empleo para hombres y mujeres. Pero los éxitos reales han sido pocos y muy espaciados. Sigue siendo muy importante la discriminación de género en las remuneraciones y en el acceso a los altos cargos de las empresas y de la administración pública.

En muchas otras áreas la referencia a una mayor equidad sigue siendo en gran medida una exigencia retórica, porque la UE carece de competencias reales en la política social y no puede hacer frente de forma eficiente a las crecientes desigualdades. Los instrumentos de redistribución de la UE – en especial el FEDER y el FSE – tienen cierto impacto en los países y regiones más pobres, pero en general son demasiado débiles para poder financiar un proceso sostenido que permita alcanzar a los países más ricos. En el contexto de la próxima ampliación, la carencia de mecanismos eficientes de redistribución puede convertirse en un obstáculo importante para un desarrollo equilibrado y probablemente convertirse en fuente principal de conflictos en una UE ampliada.

La creciente desigualdad ha sido uno de los principales rasgos de los últimos años en Europa. En las dos últimas décadas ha disminuido la parte de los salarios en la renta nacional en toda la UE; la concentración de renta y riqueza, que ya era muy elevada en los años ochenta, ha seguido aumentando todavía más en los noventa. En tanto que la desigualdad en la renta per-capita ha disminuido ligeramente entre países, ha crecido dentro de la mayoría de países, de manera que se ha incrementado la distancia entre las regiones más ricas y las más pobres de la UE. En algunos países, las personas sin hogar constituyen ya un problema real que afecta a cientos de miles de personas. En la mayoría de países, la gente joven sufre particularmente del problema del desempleo y la pobreza.

2.4. Sostenibilidad Ecológica

Por sostenibilidad ecológica entendemos que la explotación de los recursos naturales no debe ir más allá de su capacidad de regeneración y que la emisión de contaminación al medio ambiente no debe exceder su capacidad de absorción.

Las consecuencias de la prolongada desconsideración de los imperativos ecológicos se han puesto de manifiesto recientemente con catástrofes cada vez más frecuentes como inundaciones y tormentas. Es preciso que Europa tenga proyectos comunes para contener y reducir la producción despilfarradora, peligrosa e intensiva en consumo energético. La sostenibilidad ecológica requiere, en primer lugar, un proceso de reestructuración de largo alcance en varias áreas centrales de la reproducción económica y social: descentralización de la provisión de energía, mayor uso de las fuentes de energía renovables, unas infraestructuras de transporte público atractivas, menor uso de los fertilizantes químicos y otros agentes contaminantes en la agricultura, construcción de casas con ahorro energético, etc. En este proceso, las reducciones de la producción ecológicamente dañina podrían compensarse con un mayor gasto y empleo, y con el consiguiente crecimiento en los campos sostenibles. La composición del PNB que se desplaza hacia los servicios crea también cierto potencial para un cambio hacia modelos de desarrollo más sostenible. La UE debería dar la máxima prioridad a la promoción de estos cambios estructurales. Pero hasta la fecha – y al margen de algunos intentos de orden menor – no ha conseguido dominar a los poderosos lobbies de la industria química, automovilística, del petróleo y otras y asegurar un ambiente más saludable para la ciudadanía.

3. Ampliación hacia el Este – Desafío y Perspectivas para el Modelo Social Europeo

El cambio político en la parte oriental de Europa ha abierto el camino a la ampliación hacia el Este. Esta es una oportunidad única para la reconciliación Este-Oeste, para acabar con siglos de controversias entre países y crear una Europa de paz y progreso social.

La Comisión Europea propuso en el Consejo de Diciembre de Copenhague que en el 2004 ocho países del centro y Este de Europa (PECO), además de Malta y Chipre, deberían convertirse en miembros de la UE. Se trata de un acontecimiento de gran importancia histórica. Pero es también un reto enorme para el un modelo social europeo. El bajo nivel de productividad y renta de los PECO requiere medidas específicas para que el modelo social europeo pueda funcionar también en estos países y evitar que siga existiendo una periferia oriental, subordinada a las reglas del mercado interno pero excluida de los beneficios del modelo social.

Ha quedado perfectamente demostrado que incluso en la "vieja" UE los objetivos del modelo social no se han alcanzado de forma satisfactoria y que es preciso llevar a cabo una reforma en profundidad. Uno de los principios básicos debería ser que el enfoque-club, que ha dominado las negociaciones de acceso e impuesto a los países PECO unas condiciones de aceptación incondicional a las reglas de la UE, sea reemplazado por un enfoque de desarrollo para toda Europa.

La ampliación es ante todo una acción política que debe reforzar el cambio democrático y económico y el progreso social de los nuevos estados miembros, y también tener efectos positivos para el resto de la Europa del Este. Abre nuevas oportunidades para todos los participantes, tanto los del este como los del oeste, pero implica también riesgos significativos. Los actuales estados miembro consiguen acceder a los mercados de 82 millones de personas de los PECOs. Los países del Este tienen un gran potencial de crecimiento, recursos naturales, fuerza de trabajo bien formada y un buen nivel de sistemas de enseñanza, salud y servicios sociales. La ampliación crea oportunidades para unas tasas de crecimiento más altas y estables en la Unión en su conjunto, y abre nuevas áreas para la inversión. Para los países del Este su ingreso les brinda una oportunidad única de acelerar su desarrollo, ajustar y modernizar sus economías y mejorar con ello las condiciones de vida de la población.

Los años de los cambios de su sistema global han significado una profunda crisis de transición. A pesar de que la recuperación ya ha comenzado en todos los países de aquella región y se está procediendo a la reconstrucción de sus economías, el problema básico para un proceso de ampliación suave es que el nivel de desarrollo de los nuevos miembros es mucho más bajo que la actual media europea. Según el último informe de la Comisión, la renta media per capita de los cinco países de Europa central (la República Checa, Hungría, Polonia, Eslovenia y la República Eslovaca) era sólo del 53 por ciento de la media de EU en el 2001, en los tres Estados del Báltico era del 37 por ciento, y la de Bulgaria y Rumania del 28 por ciento, calculadas en paridad de poder de compra. En comparación en PNB per capita de Grecia, Portugal y España, los tres países más pobres de los 15 miembros actuales, era del 78 por ciento de la media de la Unión en el 2000. Así, el PNB per capita de todos los países candidatos está por debajo del miembro más pobre de la Unión, y las diferencias entre los países candidatos del Este son mucho mayores que entre los actuales estados miembros. Estas diferencias cuantitativas ponen de manifiesto una diferencia cualitativa en las condiciones económicas de los países candidatos que hasta ahora no han sido tenidas en cuenta por la estrategia económica de la Unión.

En las negociaciones para el ingreso se exigió a los países candidatos que adoptaran todos los valores y provisiones de la UE, y así lo hicieron. Sin embargo, la diferencia en los niveles de desarrollo es tan grande, que seria necesario mantener dobles tasas de crecimiento de las de la UE15 en las próximas décadas, para que disminuya la diferencia existente y los PECO alcancen el nivel de los países de menor renta de los 15. Pero esto no sucederá si los criterios de Maastricht se aplican a los nuevos miembros. La persistencia de disparidades a la escala actual entre el este y el oeste conducirá, más pronto o más tarde, a tensiones y conflictos intolerables.

En nuestros memoranda hemos criticado una y otra vez los elementos clave de la política económica de la UE. Hemos argumentado que esta política pone trabas a la actividad económica y al empleo en la UE-15. Pero esto puede decirse con más razón incluso para los PECOs. Dañar el crecimiento en dichos países tendrá también repercusiones negativas para los actuales estados miembros. Y, para evitarlo, es preciso corregir las reglas equivocadas y reformar lo que en la actualidad es un marco excesivamente rígido para la política económica en Europa.

4. Mejores Instituciones, Normas e Instrumentos para el Modelo Social Europeo

Deben producirse cambios en profundidad en el marco institucional y las normas de la política económica y social de la UE. La actual revisión del Tratado que realiza la Convención Europea va en sentido equivocado. En lugar de esta aberración, se precisa:

1. Un marco para una política macroeconómica más democrática y eficiente.

2. Un compromiso más fuerte con el bienestar social, en especial en el tema de pensiones.

3. Un sector público más fuerte y organizado de forma más democrática y

4. Reforzar los intereses generales en los mercados financieros.

4.1. Un marco para una política macroeconómica más democrática y eficiente

Eliminar el déficit democrático en la coordinación de las políticas económicas. El marco de coordinación de la política económica en la UE está fragmentado y es complejo y opaco. Su legitimidad democrática es bastante limitada, ya que las decisiones se toman sobre una base intergubernamental, en tanto que el Parlamento Europeo sólo participa en dos de los cinco procesos de coordinación, y sólo como órgano consultivo:

"A nivel europeo, hasta ahora el Parlamento no ha tenido ningún papel formal en la coordinación de las políticas económicas. El fortalecimiento de los instrumentos de coordinación económica debe ir de la mano de un mayor grado de implicación del Parlamento europeo, cuyo papel en concreto dependerá de los instrumentos que se consideren en cada caso y recordando que la dirección de la política económica no es materia de los cuerpos legislativos. De forma similar, debe impulsarse la cooperación entre el Parlamento europeo y los parlamentos nacionales " (COM(2002) 247 final/22-5-2002/p.10)

En contraste con esta declaración, las propuestas reales de la Comisión se limitan a debilitar el proceso de coordinación de las políticas. Ni siquiera se ha planteado la cuestión de la legitimidad democrática de la coordinación de las mismas. Y el papel del BCE se toma como algo dado. No se tienen en cuenta los problemas de coordinación que crea la falsa dicotomía entre políticas económicas y monetarias. Pero el papel del Parlamento europeo y del BCE deben examinarse y hacerse los ajustes necesarios para que la formulación de la política económica y su coordinación sea más democrática y racional. En particular, el Parlamento europeo debe tener un mayor peso en el proceso de coordinación, de forma similar a su participación en el proceso del presupuesto de la Comunidad. También los parlamentos nacionales deberían incluirse en el proceso de coordinación, como mínimo a título consultivo. Finalmente, debería recordarse que el reforzamiento de la democracia significa implicar al público, en una medida muy superior a la actual, en los debates sobre las prioridades económicas.

Enmiendas al Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En un clima económico deteriorado es preciso reorientar la política económica poniendo el pleno empleo como su objetivo central y dirigiendo hacia dicho objetivo las políticas monetaria y fiscal. Es preciso y necesario tomar medidas inmediatas que estimulen la producción y el empleo. Pero, a medio plazo, son también necesarias reformas más ambiciosas para evitar tasas de desarrollo inadecuadas, más paro y más exclusión. Es necesario también democratizar la política macroeconómica europea y hacerla más eficiente.

El año pasado se puso claramente de manifiesto la debilidad básica de los acuerdos que rodean el euro. La recesión económica provocó la disminución de los ingresos fiscales e impulsó el déficit presupuestario de muchos países hacia el límite del 3 por ciento que el PEC impone. No hubiera tenido que ser ninguna sorpresa que la recesión económica haya puesto a prueba dicho límite del 3%. Naturalmente, los partidarios del PEC lamentan que se hayan socavado las bases de la "disciplina fiscal" y que se haya puesto en duda la credibilidad del pacto. Pero sigue existiendo una amenaza que las políticas erróneas deben asumir: si los gobiernos nacionales se ven obligados a recortar los déficits presupuestarios en los próximos años, la producción se resentirá y persistirá el desempleo.

Es un momento oportuno para hacer cambios fundamentales en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento – para impedir que se convierta en el Pacto de Inestabilidad y Estancamiento. Imponer una política fiscal de "talla única" (con presupuestos equilibrados en todo el ciclo y un límite máximo de déficit del 3 por ciento del PNB) impide que los gobiernos nacionales puedan poner en práctica las políticas fiscales más adecuadas para sus países. Lo mínimo exigible es que se de a los gobiernos nacionales libertad de maniobra suficiente para poner en práctica medidas anti-cíclicas eficientes en el marco de la coordinación europea y que el Eurogrupo y el Consejo adopten una coordinación atenta y flexible de las políticas como alternativa a la rigidez del PEC.

Objetivos más amplios para la política monetaria. Deberían reformularse los objetivos del BCE para que incluyesen el objetivo del crecimiento y el pleno empleo, siguiendo el modelo de la Reserva Federal de Estados Unidos. En el caso del BCE es difícil reducir el déficit democrático, porque no existe ninguna autoridad política supranacional claramente legitimada. Pero es posible incrementar la responsabilidad del BCE hacia el Parlamento Europeo y el Consejo y ampliar e intensificar su diálogo con las autoridades políticas nacionales. EL BCE debería conservar su independencia operacional, pero adoptar un conjunto de objetivos mucho más amplio (que incluyan el pleno empleo y el crecimiento sostenible) y tener que rendir cuentas de su actuación.

La coordinación entre la política monetaria y las políticas fiscales de cada país debería ser mucho más efectiva y dirigirse a conseguir altos niveles de actividad económica sostenible. Las políticas fiscales nacionales deberían dejar de estar subordinadas a los artificiales límites presupuestarios impuestos por el Pacto de Estabilidad y los dictados del BCE. Un Eurogrupo más fuerte debería convertirse en el interlocutor del BCE por lo que a política monetaria se refiere. Si el principio de las OGPE, de que las opciones estratégicas del gobierno deben conducir a programas plurianuales de las finanzas públicas, es necesario que se amplíen sus contenidos. Para valorar los beneficios de la actuación coordinada, debe incluirse explícitamente la política monetaria y deberían tenerse en cuenta los efectos de las políticas llevadas a cabo por otros países. Para combatir la evasión fiscal, las transacciones delictivas y el lavado de dinero negro es preciso que exista una fuerte coordinación de las políticas económicas.

Debería actuar un Fondo Europeo de Estabilización del Empleo (del orden del 1% del PNB EU) como estabilizador automático que se ocupe de efectuar transferencias rápidas a los países afectados por un deterioro superior al de la media en el comportamiento del empleo. Su financiación podría proceder tanto del presupuesto de la UE como de contribuciones específicas de cada estado miembro. Para cada estado, dicha función podrían estar a cargo de unos presupuestos contingentes que se ejecutarían cuando los resultados cayesen por debajo de un umbral determinado.

Reforma del sistema fiscal. Debe reformarse el régimen fiscal en la UE en dos sentidos: debe incrementarse el presupuesto federal de la UE y debe mitigarse la competencia fiscal entre los estados miembros.

a. No puede haber una perspectiva clara de crecimiento y pleno empleo sin la creación de un presupuesto federal que proporcione fondos para la recuperación europea en caso de choques corrientes (como sucede en Estados Unidos) y para que la redistribución interregional pueda gestionar las asimetrías y a las crecientes disparidades. Dada la fuerte reluctancia que esto suscita, sólo podemos considerar factible un crecimiento moderado, en torno al 5% del PNB europeo para el año 2007. Pero aún así se trataría de un avance importante. Podrían conseguirse estos ingresos adicionales de (1) una reforma del sistema de recursos propios, (2) introduciendo impuestos adicionales y (3) concediendo a la UE el derecho a incurrir en deuda pública.

(1) Proponemos un impuesto progresivo que relacione el PIB de la UE con el PIB de cada estado como base impositiva. Los países más ricos deberían pagar una fracción mayor de su PIB, en tanto que los países más pobres deberían pagar menos. Con ello se reflejarían las diferentes capacidades de pago y se facilitaría la redistribución internacional. (2) Además, podría recaudarse un impuesto armonizado de un 1 % sobre las transacciones de valores en todos los mercados secundarios de bonos, acciones y derivados, quedando exenta de gravamen la primera emisión. (3) Para poder hacer frente a las crisis externas y financiar las inversiones transnacionales a largo plazo la UE debería poder emitir sus propios bonos a través del Banco Europeo de Inversiones.

b. Para mitigar la competencia fiscal y promover un sistema de finanzas públicas más equitativo y eficiente la UE debería armonizar en concreto (1) los impuestos sobre el capital (2) los impuestos sobre la energía y (3) los impuestos sobre transacciones monetarias (1) La armonización de los impuestos sobre el capital es indispensable porque la competencia fiscal que actualmente existe en la UE está erosionando las recaudaciones básicas en todos los estados miembro. Proponemos la introducción y el estricto cumplimiento del principio de ingresos globales (en todo el mundo) para la fiscalidad de las empresas multinacionales para combatir la competencia fiscal internacional en la fiscalidad de estas empresas. Debe armonizarse la base impositiva empresarial y establecer un tipo mínimo del 45 %. Para evitar una mayor evasión fiscal por los inversores privados, se debería establecer inmediatamente un sistema de información mutua acerca de los pagos por intereses transfronterizos. (2) Los estados miembro deben introducir un impuesto armonizado sobre la energía, que abarque el sector productor de la misma, basado en la intensidad de emisión de dióxido de carbono de las fuentes energéticas utilizadas. Para evitar la substitución de energía fósil por energía nuclear también las centrales nucleares estarían sujetas a dicho impuesto. (3) Finalmente, los estados miembro deberían recaudar un impuesto armonizado sobre las transacciones de moneda del 1 % (Tasa Tobin) con el objetivo de mitigar la inestabilidad financiera; las rentas recaudadas se destinarían a los países en vías de desarrollo a través de las Naciones Unidas.

4. 2. Un compromiso más fuerte en bienestar social

El objetivo a largo plazo de reforzar el estado del bienestar en Europa es una constitución social europea que dé a todas las personas que vivan en la UE el derecho incondicional a aquellos niveles de renta, protección social y bienestar necesarios para poder llevar una vida independiente y digna. Debe contemplarse también el derecho a la participación democrática en la vida social, igualmente necesaria para la independencia y dignidad individual. Estos principios básicos deberían incorporarse en el nuevo Tratado sobre la Unión Europea.

Una manera de concretar esta perspectiva es por medio del establecimiento de un conjunto de niveles mínimos. En el mismo se deben tener en cuenta las especificidades nacionales, pero al mismo tiempo debe evitarse la "carrera hacia el fondo". Los estándares mínimos implican – como ya explicamos en nuestro memorandum 2001- que los estados miembro deben dedicar, como mínimo, una parte determinada de su PNB al conjunto de sus sistemas de bienestar. Pero podrían también definirse estándares mínimos para cada área de provisión social.

Es de importancia crucial el desarrollo de los sistemas de seguridad social, en particular los sistemas de salud y pensiones que sufren el ataque de las estrategias privatizadoras. Las fuertes caídas de las bolsas de valores europeas han puesto de manifiesto los peligros de los planes privados de pensiones y dado nuevos argumentos contra su privatización.

Apoyamos los cambios en los sistemas de pensiones si sirven para mejorar y expandir los actuales sistemas y responde a la insatisfacción de muchos pensionistas que critican la falta de fondos y el carácter muchas veces burocrático del sistema. La premisa básica de la reforma debe ser la de preservar el bienestar de la gente mayor. En este sentido, citamos los objetivos que la UE atribuye a los sistemas de pensiones: ‘asegurar que las personas mayores no corran el riesgo de la pobreza y puedan disfrutar de un nivel de vida decente; que compartan de forma activa el bienestar económico de su país y puedan por tanto participar de forma activa en la vida pública, social y cultural’ (Informe conjunto del Comité de Protección Social y del Comité de Política Económica sobre objetivos y métodos de trabajo en el área d pensiones: aplicación del método abierto de coordinación, punto 1, 2002)

Dado que las reformas que hasta ahora se han aplicado tienen fuertes efectos regresivos a largo plazo, es importante que a corto plazo la primera alternativa sea salvaguardar los sistemas de pensiones públicas existentes y, en algunos casos, público al haberse constatado que los cambios han sido perjudiciales, volver al sistema anterior. Lo que puede hacerse sin los problemas de financiación que se alegan. A corto plazo, el pleno empleo es la mejor garantía de financiación de las pensiones.

A medio y largo plazo, la mayoría de estudiosos coinciden en que los tres elementos básicos para un adecuado sistema de pensiones son la equidad, la solidaridad y la desmercantilización. La equidad se refiere a las relaciones entre generaciones, pero también entre la población activa y los pensionistas. La solidaridad es necesaria entre generaciones y en una misma generación; sin embargo, debe elegirse entre combatir la pobreza y garantizar una renta para todas las personas de edad (al estilo Beveridge) o poner más énfasis en el mantenimiento del nivel de vida de los trabajadores que contribuyen (al estilo de Bismarck). La desmercantilización, es decir, que las pensiones sigan al margen de mercado donde se comercializarían como si fuesen bienes y servicios, sólo puede hacerse a través de sistemas públicos

Dado que la naturaleza de los mercados de trabajo y la sociedad han cambiado de forma substancial, es posible que sea de interés social el desplazar los sistemas públicos desde un enfoque basado en el mercado de trabajo a un enfoque con base en la ciudadanía. Una de las maneras de hacerlo sería con la universalización de pensiones dando derecho a todos los ciudadanos y ciudadanas, sea cual sea su historia en el mercado laboral. Una manera menos radical podría ser complementando el sistema basado en el trabajo por un sistema basado en la ciudadanía. Y una variante mucho más fuerte – y controvertida – consiste en poner en marcha la idea de una pensión básica para cada ciudadano o ciudadana. En la UE pueden seguir existiendo durante mucho tiempo diferentes sistemas estatales de pensiones, pero la UE puede y debe iniciar un proceso de convergencia real hacia las mejores políticas sociales y contribuir de forma activa estableciendo unos niveles mínimos para toda la Unión.

Dado el alcance y la naturaleza controvertida de la reforma actual del sistema de pensiones debería fomentarse un amplio debate social al respecto. Buena parte de nuestros principios básicos no coinciden con las tendencias dominantes de la política económica y social. Por lo tanto, solo podrán avanzar si cambia la opinión de fuerzas sociales y políticas. El problema no es técnico, sino ideológico y político.

4. 3. Reformar y fortalecer los Servicios Públicos

Los servicios públicos (o, en la terminología de la Comisión, "servicios de interés económico general") aseguran la oferta de los bienes y servicios necesarios para nuestra vida cotidiana y el ejercicio de los derechos individuales básicos (garantizando el acceso a la energía, a la salud y al servicio sanitario, transporte, comunicaciones, enseñanza - se viva donde se viva, sin discriminaciones y sobre una base de igualdad para todos). Estos servicios contribuyen a la cohesión geográfica, económica y social. Pueden suministrarlos tanto la administración pública como, bajo ciertas condiciones, empresas publicas o privadas. Han sido el núcleo central de las políticas liberalizadoras y de fomento de la competencia llevadas a cabo desde los primeros años noventa.

Para justificar estas políticas se alegan distintos factores. En algunos casos, como en las telecomunicaciones, que se caracterizaban en el pasado por economías de escala, con el cambio tecnológico se han transformado en actividades con deseconomías de escala, de manera que ya no las podemos seguir considerando monopolios naturales. La segmentación de determinadas actividades como en el transporte por ferrocarril, por ejemplo, ha permitido la desmembración de determinadas empresas públicas en diversas partes, algunas de las cuales pueden ser privatizadas o sujetas a la competencia de mercado. Desde muchos puntos de vistas estas razones "teóricas" solo han sido un disfraz para separarlas de la idea de "servicio público" bajo la presión del neoliberalismo, en un contexto de reducción presupuestaria.

El futuro de los servicios públicos está ahora en debate en el proceso de integración europea y, en un sentido más amplio, en el marco de las negociaciones de la OMC sobre comercio y servicios. En los Tratados fundacionales de la UE el principio básico es la competencia, pero se reconoce la función de "servicios de interés económico general" y se permite a los estados que definan las áreas que dichos servicios públicos deben cubrir. Desde el inicio de los noventa, la Comisión trata los servicios públicos, no como un todo, sino sector por sector (telecomunicaciones desde 1990, y, sucesivamente, transporte de mercancías, transporte aéreo, electricidad, gas, correos). Las directivas de la UE han provocado una gradual apertura de cada uno de estos sectores a la competencia y han ido disminuyendo el ámbito de los servicios públicos.

A pesar de ello tres sectores siguen abiertos a una intervención más activa. Las directivas aceptan el concepto de "red", caracterizada por beneficios crecientes de escala, y esto puede utilizarse en el sentido de que existen "monopolios naturales" en los sectores implicados de forma que se pueden justificar las intervenciones públicas. Las directivas de determinados sectores reconocen también la necesidad de suministrar un servicio "universal" - un "conjunto mínimo de servicios, de cierta calidad, al alcance de todas las personas y a precio asequible". Finalmente, el papel de los "servicios de interés económico general" se ha vuelto a refirmar en algunos de los documentos más recientes de la UE.

Por otra parte, el Acuerdo General sobre Comercio en los Servicios de la OMC (GATS) ha dado lugar a nuevas y preocupantes restricciones en los servicios públicos. Los países pueden definir excepciones y restricciones a la regla general de la liberalización. Pero en la revisión regular de estas excepciones cada cinco años, es la OMC la que decide si siguen siendo aceptables. En caso de litigio es el "Cuerpo de Resolución de Disputas" de la OMC, un tribunal de muy cuestionable legitimidad democrática, el que dará el veredicto final.

Se pueden plantear algunas propuestas para la preservación del papel de los servicios públicos:

La primera posibilidad consistiría en reconocer de forma explícita la libertad de cada estado miembro para definir el ámbito de sus propios servicios públicos y cómo deben suministrarse (cómo deben financiarse y si sus empresas deben ser públicas o privadas).

Un enfoque más ambicioso mantendría el principio de una directiva marco a nivel de la UE que definiese los "servicios de interés general" y estableciese cuerpos democráticos reguladores con la participación de los usuarios y de la ciudadanía. La idea de "servicio público" sería más amplia que la de "servicio universal". Este directiva marco debería interpretarse a través de directivas sectoriales que tuviesen en cuenta las características específicas de cada sector. Ello significaría que la liberalización y la apertura de los mercados no podrían considerarse como la única manera de conseguir la integración europea.

Una posibilidad a largo plazo podría ser la puesta en marcha de una plataforma europea común de "servicios de interés general" que se convirtiese en obligatoria para todos los estados miembros, con objetivos comunes e intervenciones mixtas de los reguladores de la UE y de cada estado. En esta perspectiva, debería establecerse un marco preciso que limite el funcionamiento de la competencia y las tendencias privatizadoras.

Por lo que la OMC se refiere, los negociadores de la UE que representan a todos los estados miembros, deberían defender una idea clara de servicios públicos. Dichos servicios deberían reconocerse como algo esencial para el ejercicio de los derechos fundamentales, y disfrutar por tanto de un estatus especial.

Finalmente, la integración de los servicios red requiere una política industrial activa; en primer lugar, corregir las distorsiones producidas por la liberalización y sentar las bases para la interacción de las empresas privadas y públicas; en segundo lugar, establecer una ambiciosa política de infraestructuras europeas para incrementar el potencial de desarrollo de la economía de la UE como un todo.

4. 4. Reforzar el interés público en los mercados financieros

La integración financiera contemplada en el Plan de Acción de los Servicios Financieros (PASF), es una prioridad clave de la dirección de la UE. Su objetivo es una completa transformación de los mecanismos financieros europeos hacia una estructura que dé un peso mucho mayor a los mercados de capitales. Esta estrategia se considera un componente central del impulso hacia la "modernización" y la "competitividad". Esta equivocada estrategia sólo puede incrementar el desequilibrio existente entre los aspectos económicos y sociales de la construcción europea

La agenda de Lisboa, sobre la base de una valoración irreal del funcionamiento de la economía en Estados Unidos en los últimos noventa, intenta acelerar la substitución de los créditos bancarios por los mercados de valores en el suministro de las finanzas; alentar el crecimiento y darles más protagonismo a las empresas gestoras de fondos, tales como los fondos de pensiones; armonizar los sistemas estatales de regulación financiera sobre una base minimalista y eliminar las barreras legales a las transacciones financieras. El tema central del PASF, reforzado por el Informe Lamfalussy, es el de reducir los costes transaccionales en la esfera financiera, en especial en las transacciones de valores.

Así, se han producido profundos cambios en muchos aspectos de los sistemas económicos estatales – en los códigos mercantiles, en la ley de quiebras, en protección de los consumidores, etc. Sus implicaciones para la política social son considerables dado que el proyecto de integración financiera se acompaña con intentos de "modernizar" las estructuras de la seguridad social, de manera que se promueve una mayor dependencia de las empresas que administran fondos, en especial por lo que a las pensiones se refiere (cf. s.4.2.).

En íntima relación con el FASP encontramos los repetidos intentos de reformar e integrar los códigos de absorción de empresas europeos, de forma que sea mucho más fácil hacerse con el control de empresas europeas a través de los mercados de capitales. Se afirma, sin ninguna evidencia clara, que este tipo de mercado contribuye a la más eficiente reestructuración industrial. Sin embargo, un régimen de absorciones liberalizado podría tener serias consecuencias para la seguridad en el trabajo y el lugar de los empleados en las empresas europeas.

La debacle de las bolsas de valores, la seria situación macroeconómica que siguió al colapso financiero y el descubrimiento de prácticas fraudulentas masivas en empresas de Estados Unidos, ponen de manifiesto la falta de fundamentos racionales del PASF y de la Directiva de Absorciones en su redactado actual.

Proponemos un enfoque completamente diferente para el sector financiero de la UE. La integración debe basarse en la defensa de los intereses generales y en un nivel muy alto de protección de los consumidores.

Un aspecto necesario en esta estrategia es defender las instituciones de propiedad pública, las mutuas y las cooperativas de la competencia predatoria. Las instituciones públicas de ahorro y crédito pueden contribuir de forma importante, por ejemplo, negándose a la exclusión financiera de los grupos de ingresos bajos o dando apoyo a actividades de interés de las comunidades. Las reglas de la competencia en la esfera financiera deben tener estos aspectos en cuenta.

Un segundo aspecto de la estrategia alternativa es el de limitar las inestabilidades de los mercados financieros. Dado que la estabilidad de los mercados no es responsabilidad individual de los agentes que operan en el mismo sino que se trata de un bien público, podría llegar a desaparecer si sigue adelante el actual giro hacia las regulaciones mínimas.

En tercer lugar, deben reforzarse los sistemas de protección al consumidor y armonizarse a un mayor nivel hacia un régimen que impida a las empresas financieras la venta de sus productos a menos que se hayan investigado de forma adecuada los intereses de y las obligaciones reales hacia sus clientes.

Finalmente, la actual Directiva sobre Absorciones debería substituirse por un Código de Reestructuración Europeo que defienda los intereses de los trabajadores, de las comunidades locales y de las pequeñas y medianas empresas durante las adquisiciones y fusiones empresariales.

5. Conclusión

En el próximo año la UE debe hacer frente a tres retos. Debe combatir la amenaza de recesión económica y un fuerte crecimiento del desempleo y de la polarización social. Debe llevar a cabo la ampliación e iniciar una estrategia de desarrollo para toda Europa; y tiene que incorporar los principios básicos y las instituciones de una UE ampliada en un nuevo tratado constitucional. En este y anteriores memoranda hemos criticado el enfoque neoliberal y su falta de anclaje democrático. Hemos propuesto políticas económicas alternativas y reformas institucionales basadas en el principio orientador de un modelo social europeo. No creemos que debamos abordar todos los aspectos o solventado todos los problemas para una estrategia de desarrollo alternativo e invitamos a colegas, expertos, a la comunidad científica y al público a hacernos llegar sus comentarios críticos de manera que podamos mejorar nuestros argumentos. Pero estamos convencidos de que nuestras propuestas son mejores que las de la Comisión, el BCE y el Consejo del ECOFIN. Por ello, pedimos a las autoridades oficiales de la UE que respondan a nuestros argumentos e inicien un debate abierto y controvertido. Pero, sobre todo, nosotros nos dirigimos a los movimientos sociales que luchan contra las políticas neoliberales. Queremos apoyar estos movimientos ofreciendo nuestros conocimientos profesionales y demostrando que los argumentos que sustentan las actuales políticas son equivocados y que las razones de fondo que los impulsan no es su validez científica, sino los intereses económicos y el poder político. Como hemos demostrado en este memorandum y en memoranda anteriores, existen alternativas a la política neoliberal en la UE, y estas alternativas van a favor de los intereses de la mayoría de la población. Pero su puesta en práctica no es solo cuestión de argumentos intelectuales sino también, y sobre todo, de poder democrático. Lo que requiere una enérgica y continuada movilización política y social.


(*) Traducción al castellano: Mª. Angells Martinez Castells y Miren Etxezarreta
Universidad Complutense de Madrid | Theoria: Proyecto Crítico de Ciencias Sociales | E-mail: marxismo@theoria.org
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