2. Derecho a ser llamado por el propio nombre.
Auto 894/98 de fecha 15 de julio de 1998 de la Audiencia Provincial de Madrid:
“La queja del interno ha de tener acogida en  cuanto que el derecho contenido en el artículo 3.5 de la Ley Orgánica General Penitenciaria proclama que el interno, tiene derecho a su designación por su propio nombre. Y en el presente caso el nombre del interno que consta en el D.N.I. es Andoni, nombre que también aparece en el Registro Civil; por tanto, es el que debe operar a todos los efectos legales y reglamentarios.

“Otra cuestión es que a título particular algunas personas o funcionarios en el trato diario y rutinario, quitado el carácter oficial a dicho trato, se refieran al interno de otra forma al llamarle por su nombre, situación que la Sala ni nadie, puede evitar de hecho.
“Por otra parte, no se observa que en el trato reglamentario y de orden interno del Centro, se use un nombre distinto al invocado por el interno y recogido en su documentación”.

*3. Luz natural en la celda, impedida por la colocación de una chapa metálica en la ventana:
En ocasiones, algunas celdas tienen instaladas chapas metálicas en la ventana con unos orificios muy pequeños que impiden el paso de luz. El artículo 19.2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria dice que las celdas deberán satisfacer las necesidades de la higiene y estar acondicionadas de manera que el volumen de espacio, ventilación, agua, alumbrado y calefacción se ajuste a las condiciones climáticas de la localidad. Asimismo, el artículo 14.1 del Reglamento Penitenciario añade que las celdas y dormitorios colectivos deben contar con el espacio, luz, ventilación natural y mobilario suficientes para hacerlos habitables, así como de servicios higiénicos. La chapa que está colocada impide una continua ventilación al impedir la entrada de aire, además de no existir luz solar, con lo que todo el día se tiene que estar con luz artificial. Con ello se vulnera el art. 10 resolución (73)5 del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre el conjunto de las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos que establece que “en cualquier local en el que tengan que vivir los detenidos [...] las ventanas tienen que ser lo suficientemente grandes para que el detenido pueda leer o trabajar con la luz del día”.

Como ha expuesto la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 26 de octubre de 1989, la utilización de celdas ciegas, negras o de máxima seguridad está prohibida, porque carecen de luz y de ventilación y no cumplen las mínimas condiciones que el respeto de la persona exige.

Incluso las sanciones de aislamiento se deben cumplir en celdas análogas a las ordinarias, conforme prescribe  el artículo 42.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El aislamiento se debe cumplir  en el compartimento que habitualmente ocupe el interno, y, por propia seguridad o por el buen orden del establecimiento, se le puede trasladar  a una individual “de semejantes medidas y condiciones” (artículo 43.4 de la Ley). Estas mismas prescripciones se recogían en los artículos 111 a) y 112.4 del Reglamento Penitenciario de 1981.

Si el funcionario ordena el aislamiento “en lugar distinto” del que legalmente correspondía, comete un delito del artículo 187.4 del antiguo Código Penal, pues al preso le corresponde una celda “de análogas características”, de “semejantes medidas y condiciones” a las ordinarias. En la escasa interpretación jurisprudencial de este precepto penal es de particular interés la sentencia de 27 de diciembre de 1882, que la referida la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 26 de octubre de 1989 afirma que constituye una “doctrina perfectamente asumible”, según la cual es un “elemento esencial y característico del delito, la lesión del derecho del sentenciado a ocupar dentro del establecimiento el lugar propio de su clase y condiciones en los términos prevenidos por la Ley, por los reglamentos o por la Autoridad, no dependiente del arbitrio de los encargados de su custodia, a quienes no es permitido agravar o empeorar por tal medio la situación de los presos”.

4. Esposas en los traslados dentro de la cárcel:
La utilización de las esposas solamente puede hacerse como aplicación de medios coercitivos y aplicando todas las garantías  en su adopción. Salvo en estos casos, no se puede llevar esposado a una persona presa aunque esté en régimen cerrado. Sólo se puede recurrir al empleo de este medio coercitivo cuando la conducta de la persona presa, en cada caso, así lo justifique, en los supuestos específicos, actuales y concretos previstos en el art.45 de la Ley Orgánica General Penitenciaria (auto Juzgado de Vigilancia Penitenciaria Valladolid de 31.08.93 y Auto Juzgado de Vigilancia Penitenciaria Oviedo de 20.10.93). Ciertamente, la clasificación en primer grado de un preso no puede justificar por sí sola la adopción de medidas que atenten contra los derechos fundamentales o que menoscaben la dignidad de la persona, y en su caso, las medidas adoptadas no deben resultar desproporcionadas o arbitrarias (Auto Juzgado de Vigilancia Penitenciaria Murcia de 05.05.94).