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[1991] MANIFIESTO DE LOS CIEN

Los profesores abajo firmantes, procedentes de diferentes universidades y conscientes de que es preciso abrir con urgencia vías alternativas que sirvan para atajar una situación universitaria ya bastante degradada, ofrecemos a los directamente implicados en la democratización de la Universidad, así como a la opinión pública, este primer texto destinado a abrir la discusión sobre los problemas que atenazan a la mayoría de nuestras universidades.

La universidades de nuestro país, tanto las estatales como las de las comunidades autónomas, están atravesando, desde hace ya demasiados años, una profunda crisis. Los estudiantes apenas aprenden y los profesores apenas investigan. La LRU propuso como salida un modelo de universidad que no tuvo suficientemente en cuenta las condiciones heredadas. Para que una Universidad pueda ser autónoma debe de haber sido previamente democraizad, y democracia no quiere decir dominio de la mayoría, sino respeto a las minorías. Cuando se concede autonomía a las universidades no democratizadas, se remarcha el poder en manos de quienes lo sustentan, sin que sea posible ya el recurso a una instancia superior y exterior. El poder universitario está en la actualidad repartido entre clanes y padrinos sin que los decanos (a no ser que establezcan pactos de conveniencia con los poderes fácticos), ni los rectores (demasiado en la altura) ni, por supuesto, el Ministerio hagan otra cosa que contemplar lo que pasa.

La Universidad debe de estar predominantemente al servicio de la formación intelectual de los estudiantes, a la vez que debe ser un espacio de reflexión sobre los problemas de nuestro país y de desarrollo de los conocimientos científicos. Es preciso analizar la lógica institucional que hace que profesores y estudiantes renuncien, por lo general, a hacer de la Universidad una institución en la que prredomine la aventura intelectual, la pasión por el conocimiento y la voluntad de verdad. La relación profesor/alumno es una relación muy desigual, por lo que es preciso acabar con el estatuto de minoría y de dependencia de los estudiantes, concediéndoles mayor iniciativa y capacidad de decisión.

La calidad de la enseñanza es, sin lugar a dudas, deficiente, tanto por la pervivencia de planes de estudios obsoletos como por la concepción del saber asociada a asignaturas, a programas cerrados y repetitivos, y a rituales académicos heredados de regímenes absolutistas. La Universidad no está, por supuesto, sobrada de medios, pero aún es más lamentable que los escasos recursos sean sistemáticamente monopolizados y despilfarrados al no existir una lógica de funcionamiento regida por criterios de racionalidad y de rentabilidad social.

El proceso de dicho diseño de los nuevos planes de estudio ha sido y sigue siendo muy discutible. Casi no se han tenido en cuenta las propuestas de los distintos estamentos universitarios, de tal forma que los nuevos planes propuestos no tienen mucho que ver ni con el proyecto inicial, ni con las enmiendas de las propias universidades. En general se percibe una tendencia a la fragmentación de las disciplinas y se ven promocionadas unas materias troncales que son casi siempre la expresión de relaciones de fuerza. La distribución de tiempo responde más a razones administrativas y a intereses clientelísticos que a la relavancia científica de los saberes ya a la coherencia de las propuestas.

La funcionarización de los profesores no parece haber contribuído a incrementar la calidad de la enseñanza, entre otras razones porque los estímulos añadidos, las gratificaciones por docencia e investigación, no surten los efectos deseados. La gratificación por docencia se aplica mecánicamente: es una reduplicación de los trienios. La gratificación por investigación se aplica aritrariamente: las normas generales priman lo menos universitario (investigaciones que responden sobre todo a intereses privados y de cantidad  --y no de calidad-- de las publicaciones). Se ven así descuidadas las actividades más propiamente universitarias (las investigaciones con resultado académico  --tesis y trabajos de investigación--  y aquellas en las que participan los estudiantes). Por otra parte, en la aplicación de estas normas se han seguido criterios muy diferentes en las comisiones de las distintas áreas.

Al margen del funcionamiento surgió, como efecto perverso de la plicación de la LRU, el grupo de los profesores asociados que, en muchas universidades arrastra un estatuto de parias aún más discriminatorio que el de los antiguos PNNs: cumplen las mismas funciones docentes que los funcionarios a cambio de salarios irrisorios y contratos eventuales.

Las discusiones, los seminarios, los trabajos de equipo, las conferencias, en fin, los trabajos propios de una comunidad científica, se ven permanentemente relegados mientras proliferan las zancadillas, las conspiraciones de grupos de presión en connivencia con algunas autoridades académicas, los intereses creados y el carrerismo oportunista.

La rrelación entre profesores no mejora mucho la existencia entre profesores y alumnos. La competitividad inyectada por la LRU convierte esta relación en una guerra sin cuartel, en la que, entre otras cosas, se disputan encarnizadamente los parcos medios existentes.

La primacía otorgada a los departamentos  --tal y como  éstos se han constituído-- destruye el tejido universitario: son reinos de taifas y todo queda en ellos. Para "colar" las plazas se cuanta con comisiones endogámicas formadas por dos profesores propuestos por el departamento que las convoca (de hecho por el candidado o por su protector) y tres sacados a sorteo: sería extraño que de entre los tres no salga una propicio. Los profesores de cada departamento están inermes ante quien tiene el poder: el director si funciona en régimen autocrático; los clanes, si funciona en régimen de "democracia orgánica".

Las tareas de docencia e investigación no están coordinadas. Normalmente la investigación se hace en detrimento de la docencia (se utiliza el tiempo y los equipos necesarios para ella). Esta última pocas veces sirve para dar a conocer y contrastar los trabajos de investigación. Es difícil compaginar ambas tareas que, en otros países, rotan a través de periodos diferentes.

Las universidades públicas se están privatizando, bien a través de la investigación con fines privados, bien, sobre todo, a través de los masters. Hay una verdadera mastermanía: las más de las veces con poco valor de uso, pero casi siempre con valor de cambio. Existen departamentos que programan las sesiones de tercer ciclo en horario de mañana y aconsejan a los alumnos el master versus doctorado. Los masters derraman fuera gran parte de los recursos de la universidad.

Muchos de estos problemas dependen de la falta de control. El control de una organización puede ser institucional o de mercado, pero ninguno de ellos se aplica en la Universidad: al ser autónoma no existe control institucional; al estar los alumnos casi privados de poder de decisión no hay control de mercado.

No faltan las quejas sobre el funcionamiento de los servicios no docentes: demoras, pérdida de documentos, pésima calidad del material fungible, etc.

A estos problemas generales se suman numerosos problemas puntuales. En la Universidad del País Vasco, por ejemplo, han sido despedidos casi un centenar de profesores que no han aceptado el contrrato administrativo. En algunas Facultades  --como Políticas y Sociología de la Complutense--  se ha revocado el principio de la libre elección de profesor. En otras  --como en Biología de la misma Universidad--  algunos profesores han sido tratados como objetos al ser transferidos, en contra de su voluntad, a una unidad docente. En fin, otros muchos problemas surgen de la ambigüedad en la adscripción de las asignaturas a las áreas de conocimiento. Todas estas irregularidades, y muchas otras que se podrían comentar, crean un clima de arbitrariedad difícilmente compatible con un trabajo intelectual serio.

Hemos pretendido simplemente hacer el recuento de algunos problemas. Convocamos, por tanto a todos los ciudadanos, y especialmente a profesores y estudiantes, a discutirlos y propiciar soluciones. Invitamos a los medios de comunicación a abrir un debate en profundidad, una discusión libre que propicie una verdadera reforma universitaria.


[Presentado el 23 de Enero de 1991 en el Ateneo de Madrid con las siguientes primeras firmas: Jesús Ibáñez, Agustín García Calvo, David M. Rivas, Jaime Pastor, Fernando Alvarez- Uría, Julia Varela, Miguel Cancio, Tomás Pollán, Adolfo R. Bornaetxea, Isabel Escudero, Javier Muguerza, Fernando Savater, Miguel Morey, Tomás Ibáñez, Gabriel Albiac, Javier Sádaba, Antonio G. Santesmases, Cristina Peñamarín, Gonzalo Abril, Pedro Arias, Antonio Escohotado, M. Antonia G. de León, Isabel Ramírez, Enmanuel Lizcano, Alfonso Ortí, Francisco J. Martínez Martínez, María Cátedra, Román Reyes, Santos Ruesga]
 EL PAIS, 29 de Enero de 1991

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