mientrastanto.e Num. 51 del 10-2007

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El rey súbdito
Inmediatamente después de la reelección de Bush II ...

Cuando la crítica quema
En cierto modo, ha ocurrido lo esperado. La torpe reacción penal contra la viñeta de El Jueves...

Venezuela en la encrucijada
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, acaba de presentar a la Asamblea Nacional un proyecto de reforma de la Constitución...

¿La iglesia católica versus ciudadanía?
por José Manuel Barreal San Martín

 

La SGAE demanda a la revista literaria Quimera
por Jorge Carrión, Jaime Rodríguez Z. y Juan Trejo, directores. Miguel Riera, editor

La biblioteca de Babel
· Roberto Saviano, Gomorra. Un viaje al imperio económico y al sueño de poder de la Camorra.

· Manuel Sacristán, Seis conferencias.

Devedeando, que es gerundio
· Jia Zhangke, The World (2004).

· Hebert J. Biberman, La sal de la tierra (1954).

 

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· Contenido del nº 102
· Avance del nº 103

 

 


Número 51
Octubre de 2007

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El rey súbdito

     Inmediatamente después de la reelección de Bush II, en noviembre de 2004, Juan Carlos de Borbón le hizo una visita relámpago con la finalidad de hacer las paces tras la supuesta afrenta que supuso la retirada de las tropas españolas de Iraq. La prensa más afín al gobierno de Zapatero (El Periódico de Catalunya, 12-11-04) afirmó que ese viaje respondía a una iniciativa del propio rey. Un dato muy revelador acerca de una de las funciones que cumple el monarca en el ámbito de la política exterior y que poco se corresponde con la imagen de Jefe del Estado meramente “decorativo”.

     En una fecha tan significativa como el 21 de marzo de 2003 —un día después del comienzo de la invasión de Iraq—, el rey intercaló las frases siguientes en un discurso (que se puede consultar en www.casareal.es/casareal/depordi3.html) sobre otro asunto:

     “El deporte, su espíritu y el respeto a las reglas que entraña, constituyen un lenguaje universal que todos comprendemos. Se convierte así en el vehículo ideal para llevar a la sociedad mensajes positivos de paz, concordia, consenso y respeto mutuo, y muy especialmente en los momentos de crisis o dificultad.
Desde esa reflexión no podemos dejar de mencionar que el acto de hoy, previsto desde hace tiempo, se celebra cuando se ha iniciado el conflicto de Irak. Por ello, no podemos dejar de expresar nuestro firme deseo de que concluya cuanto antes con un mínimo de pérdidas humanas y de sufrimientos y de que pronto se logre la paz.” [las cursivas son mías]

     En contra de lo que muchos creen, los discursos regios los escriben personas de la confianza del monarca a partir de sus indicaciones. Como ha declarado el propio Juan Carlos de Borbón: “Las líneas maestras de mis mensajes son siempre obra mía.” (en J.L. Vilallonga, El Rey, Plaza & Janés, Barcelona, 1997, pág. 248). Conviene subrayar este dato para entender la trascendencia de las palabras citadas.

     En los meses previos a la guerra, mientras media España se echaba a la calle para pedir paz que en ese momento quería decir no a la invasión de Iraq, el rey que el día de su coronación dijo quererlo ser de “todos los españoles” permaneció mudo. Sólo abandonó su silencio al día siguiente del inicio de la invasión, y lo hizo para caracterizarla como un “conflicto” y para expresar el deseo de que pronto llegase la paz, pero sin pedir en ningún momento el cese inmediato de la agresión contra Iraq. Esa apelación a la paz tenía, pues, un sentido muy diferente a la hecha por los manifestantes del 15 de febrero de 2003. Significaba exactamente desear que la invasión de Iraq fuera rápida y no muy cruenta, es decir, que concluyera “cuanto antes con un mínimo de pérdidas humanas y de sufrimientos”, para repetir sus propias palabras. El diputado del PNV Iñaki Anasagasti ha corroborado este extremo, al explicar que el rey le expuso una “argumentación justificativa de aquella odiosa aventura” en una conversación privada en 2003, en la que también estaba presente Felipe Alcáraz de IU (I. Anasagasti, Agur Aznar, Temas de Hoy, Madrid, 2004, pag. 36).

     En otro discurso posterior pronunciado con motivo de la pascua militar de 2004 y cuando todavía había tropas españolas en Iraq, el monarca afirmó:

“Nuestras FFAA se distinguen por su alta valoración, capacidad y eficacia en el cumplimiento de las numerosas, importantes y complejas misiones asignadas con motivo de su participación en operaciones fuera del territorio nacional, ya sea en los Balcanes, Afganistán, Océano índico, Kuwait o Iraq.”

     Consciente seguramente del descrédito popular de muchas de estas operaciones, en especial la de Iraq, el rey consideró necesario señalar también en ese discurso la urgencia de “reforzar la conciencia de defensa nacional”, una tarea que en su opinión no se podía circunscribir al ámbito de las Fuerzas Armadas, sino que se debía extender “al conjunto de la sociedad española”. Dicho a la pata la llana: la plebe, según el rey, necesitaba un lavado de cerebro a la vista de su escaso entusiasmo por el neocolonialismo militar.

     Juan Carlos de Borbón siempre ha sido un hombre de Washington y siempre ha utilizado el “poder simbólico” que detenta, ese que tácitamente le otorgan los medios de comunicación riéndole las gracias y silenciando sus negocios y sus meteduras de pata, para impedir que España afloje las “estrechas” relaciones de sumisión que mantiene con Estados Unidos. Las bases americanas y el rey —jefe militar supremo, no lo olvidemos— van en el mismo paquete. No debe extrañar, pues, que proliferasen las banderas republicanas en las manifestaciones contra la guerra de Iraq y que desde entonces haya resurgido con fuerza la reivindicación de la República.

[José Luis Gordillo]

 

Cuando la crítica quema

     En cierto modo, ha ocurrido lo esperado. La torpe reacción penal contra la viñeta de El Jueves disparó las críticas y sátiras sobre la familia real. Primero en los periódicos y en la red, luego en la calle. El último episodio de estas reacciones han sido las manifestaciones de Girona, donde se han quemado retratos del rey.

     Un nutrido sector de la clase política y jurídica ha condenado drásticamente estos hechos y ha aplaudido la intervención del fiscal pidiendo la pena prisión para los responsables. Ya cuando se publicó la humorada de El Jueves, de hecho, muchos recordaron airados que los miembros de la familia real también tenían “dignidad”, y que la libertad de expresión no incluía el derecho al insulto. No obstante, lo que pueda considerarse “insulto” o ataque al “honor”, no puede ser lo mismo tratándose de los miembros de una institución pública que de un ciudadano de a pie. Mucho menos cuando esa institución, como ocurre con la monarquía española, goza de un estatuto privilegiado y carece, prácticamente, de responsabilidad política y jurídica.

     Lo llamativo del caso es que lo que aquí rasga las vestiduras de declarados liberales y de no pocos “republicanos juancarlistas”, en otros países europeos se acepta, de mayor o menor gana, como contenido innegociable de la libertad ideológica. En Inglaterra, las caricaturas a la familia real se remontan a tiempos pre-victorianos y resultan usuales en la prensa amarilla, como atestigua la celebre metáfora del tampax del príncipe Carlos. En otros países monárquicos como Suecia, Dinamarca, Holanda o Noruega, existe análoga tolerancia. En España, en cambio, el blindaje de una institución terrenal como la monarquía es casi el mismo que en los países islámicos pretende darse a Mahoma, quien al cabo es una figura considerada sagrada para millones de personas.

     En realidad, desde la revolución francesa hasta nuestros días, los símbolos del poder, político o religioso, siempre han sido satirizados o ridiculizados. En la soledad del sótano de una imprenta, en las algaradas callejeras e incluso en los festejos populares, como prueban las fallas valencianas o los carnavales gaditanos. Tales gestos suelen tener una carga vindicativa o ideológica añadida a la simple sátira o burla de papel, y quizás por eso acostumbran a suscitar mayor desasosiego en ciertos sectores políticos e intelectuales "respetables". No obstante, una sociedad democrática debería ser capaz de verlos, no tanto como violentos ataques al orden público, sino como un sano, y a veces necesario, ejercicio de libertad ideológica y de catarsis ciudadana. En Estados Unidos, la jurisprudencia que sitúa las quemas de banderas y otros símbolos públicos bajo el amparo de la Primera Enmienda, se basa en un razonamiento de este tipo.

     No es lo que está ocurriendo en España. Entre otras razones, porque la mayoría de estas críticas podría subsumirse en algunos de los delitos contra la Corona contemplados en el llamado Código Penal de la democracia. Este tipo de previsiones son incompatibles con cualquier régimen que pretenda garantizar el pluralismo político junto a la libertad de expresión e ideológica. A casi un siglo de la persecución de Valle Inclán por sus ácratas invectivas contra la Corona, o de la condena a prisión de Unamuno por “ultraje al rey”, la mitificación de la monarquía como símbolo intocable de la transición sigue siendo fuente de tabúes y un obstáculo para la libre discusión ciudadana. En un contexto así, siempre será preferible una quema de símbolos del poder a que el propio poder acabe abrasando espacios de crítica irrenunciables en cualquier sistema democrático.

[Gerardo Pisarello y Jaume Asens]

 

 

Venezuela en la encrucijada

     El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, acaba de presentar a la Asamblea Nacional un proyecto de reforma de la Constitución de 1999. La propuesta llega tras las elecciones de 2006, en las que una amplia mayoría de la población renovó su apoyo al actual mandatario. Y persigue un objetivo explícito: avanzar en la construcción de un “socialismo bolivariano para el siglo XXI”. A partir de ahora, deberá ser discutida por el resto de instituciones venezolanas y por el conjunto de la sociedad.

     La izquierda y, en general, los movimientos sociales que en diversos rincones del planeta luchan por la democratización de las relaciones políticas, económicas y culturales, deberían prestar atención a este debate.

     En primer lugar, porque se trata de una propuesta hecha en nombre del “socialismo”. Durante siglos, este ideal ha aglutinado las esperanzas igualitarias y libertarias de millones de personas. Pero con frecuencia ha sido utilizado en vano, como demuestra la experiencia de las dictaduras burocráticas del Este y de no pocas socialdemocracias. Hay buenas razones, que van más allá de la fascinación por el “turismo revolucionario”, para atender al sentido que esta antigua aspiración está teniendo en el Sur y, a partir de allí, repensar las propias formas de hacer política.

     En segundo término, porque se trata de un proyecto de transformación radical impulsado, no desde la oposición al gobierno sino desde el propio poder estatal. Esto es algo que en Europa no ocurre hace décadas. En América Latina no pasaba posiblemente desde la revolución sandinista de 1979. Aquí residen, en buena parte, las expectativas, aunque también las dudas, que despierta la “revolución bolivariana”.

     La propuesta de reforma constitucional impulsada por el ejecutivo venezolano abarca múltiples aspectos cuyo análisis pormenorizado exigiría una nota más amplia. Grosso modo, se ocupa de tres cuestiones centrales difíciles de conciliar: a) una mayor democratización del poder político y económico; b) una mayor concentración de poder en el ejecutivo, desprovista de controles suficientes; c) la supeditación del papel de las Fuerzas Armadas a los objetivos anteriores.

     Existen numerosos aspectos en la propuesta de reforma que, en efecto, apuntan a una profundización de la democracia política y económica en Venezuela. Muchos de ellos recogen figuras y experiencias novedosas que contrastan con la lánguida realidad de las democracias de baja intensidad vigentes en otros países del mundo.

     Así, por ejemplo, junto a los ya existentes mecanismos de asamblea, consultas, revocatoria de mandatos, iniciativas legislativas y constituyentes, se da carta constitucional, entre otros, a los consejos comunales, obreros, de campesinos y estudiantiles. Asimismo, se potencian las cooperativas de propiedad comunal, las diferentes formas de autogestión y las “redes de productores libres asociados”.

     Al igual que ocurre con las “Misiones” sanitarias, de alfabetización, o de prestación de servicios en general, muchos de estos instrumentos de participación ya existen en la práctica. Otros pretenden incentivarse desde la reforma. La idea de fondo es que la participación desde abajo pueda ir ganando el espacio que, todavía hoy, ocupa una Administración Pública y un sistema de partidos y sindicatos atravesados por la corrupción, el sectarismo y la lealtad hacia el régimen de la IV República.

     Para hacer creíble este propósito, la reforma avanza en aspectos inconcebibles en el ámbito europeo. Se prohíben los monopolios privados y los latifundios. Se tutelan diversas formas de propiedad (pública, social, privada) en el marco de un socialismo con mercados (aunque no de mercado). Se elimina la “autonomía” del Banco Central; o se establece la jornada laboral máxima diurna en 6 horas diarias y 36 horas semanales. Este último aspecto, acompañado del reconocimiento del trabajo voluntario y doméstico y de la apuesta por un modelo de desarrollo progresivamente independizado del petróleo, no sólo carece de parangón en otros regímenes políticos. También constituye una salvaguarda contra variantes autoritarias del socialismo, basadas en proyectos de “industrialización forzosa” insostenibles desde el punto de vista ecológico y opresivos en términos humanos.

     El problema, en realidad, es que estos instrumentos de democratización radical (de los que, por obvias razones, se habla muy poco en los medios de comunicación mayoritarios) aparecen ligados a una notable concentración de poder en manos del ejecutivo. La centralidad de la figura presidencial, como se sabe, es una de las debilidades del proceso venezolano. Lo deseable, sin duda, hubiera sido que el propio proceso se hubiera convertido en escuela de formación de nuevos y nuevas dirigentes, capaces de "mandar obedeciendo", durante tiempo limitado y sometidos a permanente escrutinio popular.

     Sin embargo, la centralidad de la figura de Chávez es una realidad histórica del proceso bolivariano. Para bien y para mal, Chávez no es Salvador Allende. Su retórica, a menudo distorsionada por el filtro que de ella realizan los grandes medios de comunicación, puede resultar ajena a los códigos culturales de muchos militantes de la izquierda alternativa, sobre todo en Europa. Sin embargo, hoy por hoy desempeña una función simbólica y material sin la cual el proceso venezolano y las conquistas populares que el mismo ha implicado, correrían el riesgo de naufragar. En primer lugar, porque Chávez es visto como un límite efectivo a los poderes oligárquicos internos y a los poderes imperiales externos. En segundo lugar, porque, al menos hasta ahora, ha actuado como catalizador del protagonismo democrático de los sectores populares. Finalmente, porque ante la ausencia de sistema de partidos, de sindicatos o de movimientos articulados, ha operado como salvaguarda contra un repliegue nacionalista o contra una degradación burocrática del propio proceso.

     Ahora bien, si el fortalecimiento de la figura presidencial puede verse como una condición histórica del proceso revolucionario, la concentración de poder en sus manos es un serio obstáculo para su profundización democrática.

     El ejemplo más obvio es el de la reelección indefinida, uno de los puntos básicos del proyecto de reforma y el que ha desatado las iras de la oposición y de los grandes medios extranjeros. No hay duda de que la reelección del ejecutivo comporta una lesión del principio republicano democrático de periodicidad de las funciones. Esa lesión, sin embargo, no es grave si se establecen instrumentos adecuados de control. En los sistemas parlamentarios, el propio control de la Asamblea legislativa es, al menos en términos teóricos, uno de sus instrumentos. En los sistemas presidencialistas, las posibilidades son varias: no permitir más de un cierto número de mandatos, como ocurre en Estados Unidos, o prever mecanismos revocatorios, como en Venezuela misma. Pero hay un mecanismo obvio, por lógico: la reducción del mandato presidencial. El proyecto de reforma venezolano incorpora, junto a la propuesta de reelección, la de ampliación del mandato a 7 años ¿Por qué? ¿No ganaría acaso en legitimidad si la propia Asamblea sugiriera que junto a la admisión de la reelección se mantuviera el mandato presidencial en 6 años, e incluso se redujera a 5 o 4?

     Lo mismo ocurre con otras facultades que el proyecto atribuye al presidente de manera casi discrecional: la creación de “Autoridades Militares Especiales” por razones estratégicas y de defensa; la nominación de gobernadores y autoridades municipales; la coordinación del resto de poderes; o la determinación de la cuantía de las reservas monetarias excedentarias. La ausencia de definición de muchos de estos de términos se presta a usos claramente arbitrarios, sobre todo cuando no se establecen mecanismos adecuados de control, como la intervención de la Asamblea, de otros órganos institucionales o de la propia ciudadanía.

     Confundir el fortalecimiento de la auctoritas presidencial con la concentración de poder y la supresión de controles es un error. Por razones ético-políticas y por razones históricas. Una de las trágicas lecciones que arrojan las experiencias “socialistas” del siglo XX es que el mismo poder que puede ser herramienta de democratización y de erradicación del despotismo privado puede, sin límites y controles adecuados, convertirse en fuente de nuevos despotismos y de frustración popular.

     Y ello no depende sólo de lo que el líder pueda hacer o no. Tiene que ver con las conductas que el cesarismo sin límites genera en el resto de cuadros dirigentes y en el conjunto de la población: desde el culto a la personalidad a la inhibición del debate y de las voces más críticas, pasando por el sectarismo, la delación o la promoción de los burócratas de aparato.

     En el caso venezolano, esta deriva sería especialmente peligrosa si acabara por contagiar el propio papel de las Fuerzas Armadas en el conjunto del proceso. Cualquiera que conozca mínimamente la coyuntura venezolana sabe el destacado papel que han tenido las Fuerzas Armadas en el desbaratamiento del golpe de Estado de 2002 así como en la puesta en marcha de programas sociales con frecuencia saboteados desde la Administración Pública tradicional.

     Precisamente por eso, resultaría imprescindible fortalecer la conciencia y el sentimiento constitucional de las mismas, protegiéndolas contra toda deriva pretoriana o sectaria. La propuesta de reforma no incide suficientemente en este punto. Es evidente que la erradicación de privilegios y la supresión de formas de propiedad oligárquicas obligaría a cualquier régimen socialista democrático a plantearse el espinoso tema del uso de la violencia pública.

     Sin embargo, una de los puntos fuertes de la Constitución de 1999 es precisamente la condena que realiza de los delitos de lesa humanidad y de las violaciones graves a los derechos humanos, que son calificados como imprescriptibles. Mantener la primacía de la lógica de los derechos humanos sobre cualquier lógica belicista sería una manera de reforzar una característica que ha dado enormes credenciales ético-políticas al proceso bolivariano: la de encarnar una revolución pacífica y democrática, que sólo se arma a efectos defensivos y nunca con fines meramente represivos del adversario o con objetivos imperialistas.

     La legalidad socialista no puede ser una carta blanca otorgada a ningún poder constituido, por más revolucionario que asegure ser y por más lúcidos y honestos que sean los individuos que lo encarnan. El poder coactivo del Estado es una bestia que necesita bozales, para que las dentelladas supuestamente dirigidas contra los dominadores no acaben devorando a todos: opresores y oprimidos, opositores y disidentes, hasta alcanzar incluso a quienes creen controlar las riendas.

     Muchos de los tics cesaristas-plebiscitarios que contiene la propuesta presidencial de reforma constitucional podrían corregirse, salvando así las credenciales democráticas y pluralistas del socialismo bolivariano. De esa manera, el propio proyecto ganaría en legitimidad y podría presentarse como un intento de profundización, y no de abandono, de la “democracia participativa y protagónica” consagrada en la Constitución de 1999.

     La dirigencia venezolana y los movimientos populares que sostienen el actual proceso político han dado sobradas muestras de inteligencia y coraje como para no advertir la importancia de que la revolución siga siendo "bonita". Ojalá puedan conjurar, también en esta encrucijada, los peligros que se ciernen sobre ella.

[Gerardo Pisarello]

 

¿La iglesia católica versus ciudadanía?

José Manuel Barreal San Martín
Miembro del Foro por la E.Pública del Valle del Nalón (Asturias)

     “Sólo rechazan la Educación para la Ciudadanía los enemigos de la democracia” (Gregrorio Peces-Barba, La Nueva España, 11-9-2007).

     No sé si lo dicho por el ex-rector de la Universidad Carlos III es exagerado. Pero lo que sí me parece obvio es que la Jerarquía de la Iglesia Católica no está por la labor de separar lo que es ser “feligrés” y lo que significa “ciudadano”. Y que ”la derecha pre-moderna, pre-ilustrada y pre-civilizada” (Carlos Fernández Liria, 2007) corea y apoya la “rebelión” de sus eminencias.

     Viene lo anterior —y la pregunta que encabeza el artículo— a raíz de la no acabada polémica sobre la asignatura “Educación para la Ciudadanía” suscitada por la Iglesia Católica Española y por diferentes sectores de la derecha social. Así, un obispo ha denunciado la aceptación de la asignatura Educación para la Ciudadanía como forma de directa colaboración con "el mal"; y sostenido que su establecimiento es más constrictivo de lo que lo fueron las clases de religión del franquismo.

     La Iglesia Católica, por boca de los obispos, parece pensar que controlando la educación de los niños y de las niñas éstos les serán más fieles en su vida adulta. Esta Iglesia Católica Española está obsesionada con el sistema educativo. De ahí la penúltima ofensiva de la conferencia episcopal, en que pretende seguir controlando la educación religiosa oponiéndose falaz e hipócritamente a que desde los centros educativos se prepare al alumnado para ser “buenos ciudadanos en una vida buena”.

     Por mucho que intento leer, con cierta objetividad, lo que dicen los que se oponen a la asignatura, más me parece que están queriendo no perder aquello de lo que de un modo mendaz acusan a otros —es decir el adoctrinamiento de las mentes más infantiles y jóvenes—, más me parece que sienten cómo el poder que en otro tiempo tuvieron se les va apagando.

     No es la primera vez que la iglesia católica pretende influir e incluso marcar la política educativa en España: del seguidismo y apoyo a los cuarenta años de dictadura franquista, con todo lo que ello conlleva, hasta la actual guerra particular que tiene programada con la mencionada asignatura. Lo único cierto en esta postura eclesiástica es no perder el control ideológico a través de la religión en la formación moral de los estudiantes, tanto en los centros privados —que ya tienen— como en los públicos. Y lo hacen pregonando una nueva Cruzada en la que “un nuevo Satán atenta contra la vida eterna de los españoles mediante la modesta materia escolar […] que sólo ocupará un día a la semana durante tres años [...]” (Hidalgo Alberto, 2007)

     Son los últimos coletazos de una iglesia católica, al menos de los sectores más reaccionarios de la misma, que sólo se oponen y movilizan en contra de los derechos de los homosexuales, de los derechos de las mujeres, y contra de todo lo que les huela a Derecho. Esta ofensiva eclesiástica, en mi opinión, obedece a la su ansia de supervivencia en una sociedad en la que ven disminuir las prácticas religiosas y las “vocaciones” eclesiales.

     Cada vez que la sociedad tiene un problema (drogas, violencia, racismo, etc.), vuelve la vista hacia la escuela para que desde ella se aporten posibles soluciones. Se piensa en la escuela como el marco necesario —que no el único— para junto con las familias seguir en la formación de los y las jóvenes en aspectos como la educación en valores éticos, en valores cívicos, en normas de convivencia…, en definitiva, en derechos humanos y en actitudes sobre derechos y deberes de la ciudadanía. Pues, hete aquí, que con mejor o peor fortuna, algunos de estos temas se plantean en la nueva asignatura. Y, sin embargo, los obispos de la Iglesia Católica Española, por el contrario, se dicen y postulan como los únicos valedores de una ética universal desde la posición de su particular moral católica.

     Olvidan sus eminencias que en España ya llevamos treinta años en que los poderes legislativo, ejecutivo y judicial —al menos en teoría— son independientes. Claro que ese olvido viene reforzado por el consentimiento y la falta de firmeza de los gobiernos socialistas con la iglesia católica, además de la oposición de “boca pequeña” de la otra izquierda política.

     No me gusta el currículo de mínimos de la asignatura, y más ahora menguado por la falta de valentía del gobierno actual y su claudicación con respecto a una beligerante y aburrida iglesia católica. Es muy preocupante la reducción a 35 horas, y me parece patético que se haya concedido, por mor de una supuesta “libertad de cátedra”, que los colegios religiosos pagados con el dinero de creyentes y no creyentes puedan adaptar el currículo a su ideario de centro. Aún así, no hallo en los contenidos algo que me pueda hacer ver que, efectivamente, es una asignatura que “adoctrina en el socialismo”, que “destruye la familia” o que está confabulada demoníacamente con homosexuales, feministas y un laicismo excluyente. Y no me parece nada mal que los y las estudiantes estudien y debatan sobre lo que es la democracia, sus libertades y responsabilidades, aunque posteriormente puedan decepcionarse al apreciar que una cosa son los libros y otra la realidad que se marca desde ciertos poderes. Para ello no hace falta que empollen la Constitución de memoria tal como algunos tuvimos que hacer con un anodino catecismo o unos principios fundamentales del movimiento.

     Estoy seguro que el profesorado actual de la Escuela Pública no adoctrinará a sus alumnas y alumnos en la Educación para la Ciudadanía. De lo que ya no estoy tan seguro es que eso ocurra con la “adaptación” de la asignatura al ideario de centro.

     Habrá que seguir actuando y contraponer mayores resistencias denunciando las razones de los que defendemos una enseñanza crítica, laica, científica, no segregadora y que prepare para la vida. Es decir una real educación ciudadana.

     Permítaseme finalizar con una cita de Immanuel Kant, que en el siglo XIX dejó dicho que “no se debe educar a los niños conforme al presente, sino conforme a un estado mejor, posible en lo futuro, de la especie humana”.

 

La SGAE demanda a la revista literaria Quimera

     Jorge Carrión, Jaime Rodríguez Z. y Juan Trejo, directores
Miguel Riera, editor

     En una insólita maniobra y sin mediar comunicación alguna con los responsables de la publicación, la Sociedad General de Artistas y Editores ha interpuesto una demanda a la revista literaria Quimera por supuestos daños contra el honor. El artículo que ha desatado las iras de la todopoderosa SGAE es un texto de opinión (“La horda de gestores”, Quimera 282) en el que el autor Trebor Escargot habla, de manera metafórica y en lenguaje coloquial, en un registro irónico que por lo visto se le ha escapado a los lectores de La Sociedad, sobre temas literarios como la piratería editorial y los comportamientos por lo menos polémicos de ciertas instituciones a las que compara de manera tangencial con la SGAE, cuyo radio de acción abarca, como se sabe, las obras audiovisuales, dramáticas, coreográficas y musicales, además de las “obras literarias de breve extensión, tales como los chistes y las historietas cómicas”. La SGAE haciendo una interpretación burda y literal del mencionado texto, ha solicitado a la revista, in media res, la cantidad de 9.000 euros para darse por satisfecha. Al parecer, también saben calcular con precisión cuál es el canon por la recuperación del “honor”.

     Ante semejante atentado contra la libertad de prensa y contra la libertad de expresión, la revista literaria Quimera cumple con informar a la opinión pública que litigará con la SGAE en defensa del derecho de sus colaboradores a emitir su opinión mediante los recursos literarios que crean oportunos, en el marco de una publicación que durante más de veinticinco años ha defendido el derecho a expresarse de escritores de todo el mundo.

Barcelona, 14 septiembre 2007

QUIMERA
c/Sant Antoni, 86. Local 9.
08301 Mataró. Barcelona.
Telf. 937550832 – 93796263

Más información:
Jaime Rodriguez (Tel. 662010129)
quimerarevista@gmail.com


 

 

 

La biblioteca de Babel

Roberto Saviano
Gomorra. Un viaje al imperio económico y al sueño de poder de la Camorra
.
Debate, 2007, 325 págs.

      He aquí unos de esos libros que arrastra al lector hasta el borde de un abismo emocional para provocarle un tipo de vértigo a medias entre, que dirían los antiguos romanos, el orror vacui y la cupio dissolvi. Se trata de Gomorra, un libro de un joven escritor sobre el mundo de la Camorra, es decir, la Mafia de Nápoles. En efecto, el libro traza una espeluznante radiografía moral y material del fenómeno “camorrístico” desde dentro, en un relato espléndidamente escrito en el que aparecen, uno a uno, todos los ambientes y protagonistas que componen el rompecabezas de ese mundo: del camello de poca monta al “capo” orquestador de los sofisticados negocios financieros. Y la visión completa de este rompecabezas es, como alude el título del libro, un escenario babilónico donde muerte, corrupción y degeneración son la cara oscura del capitalismo globalizado.

      El libro empieza con una descripción impresionista del puerto de Nápoles, la puerta del contrabando mundial hacia Europa y el inicio de una verdadera “cadena de montaje” de producción de mercancías cuyo destino final podemos apreciar en los escaparates de las tiendas caras de Madrid, Nueva York o Hamburgo. La narración se esparce luego en la descripción de los tres mercados dominados por la Camorra: drogas-armas-reciclaje de basura. Un círculo que azota el Sur de Italia y que actualiza el endémico problema de la “cuestión meridional” de gramsciana memoria. Todo esto en medio de una población atemorizada y de un proletariado napolitano que, lejos de la autenticidad que todavía veía

Pasolini en él en 1975 y víctima del paro, se ve abocado a adoptar códigos de comportamientos y modelos de vida totalmente alienados. Saviano sabe de lo que habla, porque además de ser miembro del Centro de Estudios sobre la Mafia y de conocer perfectamente las fuentes policiales y judiciales sobre el problema, procede de los “Barrios Españoles” de Nápoles, allá donde la Camorra es la única Ley vigente.

      Pero sobre todo es la imagen vivida del “camorrista” la que pone los pelos de punta. Una imagen sólo aparentemente biunívoca y contradictoria: por un lado rapaz, despiadado y al borde de la esquizofrenia mental, por el otro, sutil hombre de negocios que no sólo domina los tres mercados mencionados sino que consigue infiltrar sus tentáculos en los mucho más respetables businness inmobiliario y de alta moda. Una figura, pues, coherentemente posmoderna y perfectamente integrada en el tardocapitalismo que poco tiene que ver con en el glamuroso Vito Corleone o el gracioso Tony Soprano. Como afirma Saviano, la única figura que puede dar la idea del “camorrista” es la de Tony Montana, el mafioso cubano interpretado por Al Pacino en la película El precio del poder de Brian De Palma: un personaje sin escrúpulos en emplear cualquier método para obtener lo que quiere pero con una evidente frialdad a la hora de registrar el mundo que le rodea. Hasta la muerte final, claro, porque los mafiosos mueren siempre jóvenes (aunque luego les sucedan otros, deseosos de coger su puesto). El que no parece morir, parece sugerir Saviano, es el sistema que se sirve y se nutre de ellos.

[Giaime Pala]

 

Manuel Sacristán
Seis conferencias.

El Viejo Topo, Mataró, 2005, 246 págs. Edición de Salvador López Arnal, prólogo de Francisco Fernández Buey y epílogo de Manuel Monereo.

     La conferencia es un género frecuentemente infravalorado a la hora de trazar el alcance del magisterio intelectual de un hombre de cultura, quizá por aquello del “verba volant, scripta manent”. Pero recuperando las palabras se recuperan ideas y Salvador López Arnal ha recuperado en este volumen publicado por El Viejo Topo seis conferencias pronunciadas por Manuel Sacristán entre 1978 y 1985 (algunas de las cuales fueron publicadas hace bastantes años en mientras tanto), a saber: “Sobre el estalinismo”, “Reflexión sobre una política socialista de la ciencia”, “Las centrales nucleares y el desarrollo capitalista”, “La situación del movimiento obrero y de los partidos de izquierda en la Europa occidental”, “Tradición marxista y nuevos problemas”, “Sobre Lukacs”. Asimismo, López Arnal ha trascrito las respuestas de Sacristán a las preguntas que le fueron formuladas después de las conferencias. Ello nos permite, como afirma Francisco Fernández Buey en el prólogo al libro, encontrar aquí a un Sacristán “en acción”, es decir vivo y punzante.

      El lector atento no podrá menos que constatar que estas lecciones fueron impartidas en años de reflujo político de la izquierda española. La desmovilización política surgida a raíz del proceso de Transición política estaba produciendo sus primeros efectos. De ahí, el evidente

propósito sacristaniano de volver a las herramientas teóricas y encararse con la tradición marxista para, respectivamente: criticarla en lo que se refiere a sus legados históricos más oscuros (desde el mito del progreso a la crítica del estalinismo); recuperarla en la relectura de sus autores más fecundos (Lukács y los clásicos del marxismo); y reformularla a la luz de los nuevos problemas ecológicos y sociales que se venían vislumbrando en el horizonte. Es decir, pasado, presente y futuro en contacto permanente con vista a crear una mayor autoconciencia política y sentar las bases de un nuevo activismo sociopolítico.

      Ideas fluidas y dinámicas, pues, que se insertaban en un tiempo en el que mucho estaba por rehacer y repensar: porque es bueno recordar que muchas de las verdades asumidas por la izquierda alternativa de hoy en día fueron en un tiempo objeto de discusiones intensas y de no fácil asimilación. Manuel Sacristán fue uno de pioneros del eco-socialismo transformador en España y este libro nos permite constatar la fuerza dialéctica, la precisión conceptual y terminológica y la pasión con las que imbuyó su idea de política. Sin duda, oxígeno para el cerebro.

[Giaime Pala]

 

Devedeando, que es gerundio

Jia Zhangke
The World (2004)

Intermedio, Barcelona, 2007.

      No le des más vueltas: cómprate el mundo. O sea, The World. Supongamos que habéis visto Naturaleza muerta (2006) y habéis alucinado. ¿Cierto? Bien. Las casas donde nacieron los chinos ahora han de ser demolidas —con medios propios de una heroica película de Dziga Vertov de los años veinte— para hacer la presa de las Tres Gargantas, en el río Amarillo. ¿Costes? ¡Va, una miaja! Un millón de desplazados, trece ciudades y mil quinientos pueblos habitados puestos bajo el agua. Para los chinos de a pie, el diluvio universal: el acabóse. ¿A que os gustaría ver qué más ha hecho este director? No os preocupéis: está todo editado en DVD. (“¿Por qué? Ingenuos: ¡es el heredero por línea directa de Antonioni, Jancsó y Angelopoulos!”, salta la Puri). Bueno, ver The world

después de Naturaleza muerta es empezar por el final, porque después de aquél viaje alrededor del mundo en miniatura muchos nos preguntamos “¿y ahora qué puede hacer este muchachito?”. Pero no se crean: en realidad, The World es un parque lleno de atracciones (eso sí, de todo el mundo: tienen las torres gemelas, por ejemplo); y los protagonistas son jóvenes inmigrantes que acuden a Pekín y acaban trabajando en este parque, por cuatro cuartos. Para que vean que para los jóvenes no hay salida, ni en China ni el mundo simbólico. Se la recomiendo, créame.

[Vladímir Kalashnikov (Oficina Soviética para el Cine)]

 

Hebert J. Biberman
La sal de la tierra (1954)

Sherlock/Verdi, Madrid, 2005.

     Bueno, vale, tenéis razón: rigurosamente nueva no es, que digamos. Pero no me digáis que la onerosa publicidad comercial os ha perseguido con que la compréis, porque no lo ha hecho. Fijo. Porque esta película es LA PELÍCULA que los yanquis prohibieron (allá por el 1954). Hasta 1965 no pudo ser vista en Norteamérica. Otra cosa fue en Europa, pero en Estados Unidos, ni hablar del peluquín. Os diréis: ¿por qué? Primero, por los que la hicieron. Comunistas de cabo a rabo, ¡ya me diréis!, empezando por Herbert Biberman —que acababa de salir de la cárcel por ser uno de los “diez de Hollywood” que se negaron a declarar ante el senador McCarthy y su banda de cuervos—, y acabando por Rosario Revueltas, actriz mejicana, expulsada durante el rodaje del país y entrada clandestinamente para rodar lo que faltaba. Segundo, por el tema, claro. Imagínate que no se les ocurrió nada

mejor que rodar una huelga. Bueno, de huelga había muchas, todas con los sindicalistas malvados, esto sí. Pues no. Ésta era con los obreros buenos, con los patronos canallas, y los policías repartiendo leña. Además, la peli hacía especial hincapié en el papel de las mujeres (¡ya era hora!) y en los conflictos raciales que se escondían en toda huelga. En fin, lo que Hollywood muestra cada día, ¿no? Pues me parece que va a ser que no, visto cómo se pusieron. La prohibieron más de prisa que corriendo. Ahora, muchas huelgas no hay, la verdad. Podéis mirar ésta de una época en que huelgas, de haberlas había, pero estaba mal visto mencionar su existencia. Así, algún día, quizá habrá alguna, y podremos desempolvar la bandera roja del desván.

[La Puri (Oficina Soviética para el Cine)]

 

 

 

 

 

PÁGINAS-AMIGAS
Nómadas
Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas

www.ucm.es/info/nomadas
El Viejo Topo
www.elviejotopo.com
La Insignia-
www.lainsignia.org

 

 

 

Revista mientras tanto

Contenido del número 102

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Primavera 2007

102

NOTAS EDITORIALES
Capitalismo intangible
A. Recio
Memoria democrática o memoria fascista
X. Doménech
¿Un doctorado en crímenes de guerra y daños colaterales?
J. L. Gordillo

ARTÍCULOS
EL ORIGEN NORTEAMERICANO DE LA IDEOLOGÍA DEL TERCER REICH
Domenico Losurdo

LA CABEZA DE JANO. EL DERECHO DE EXCEPCIÓN NORTEAMERICANO EN EL PRIMER MANDATO DE GEORGE BUSH
Ramón Campderrich

NUEVO CAPITALISMO, PRISIÓN Y LÓGICAS DEL CASTIGO
Brandáriz García

LA PROPIEDAD INTELECTUAL DESDE UNA PERSPECTIVA SOCIAL: UNA CRÍTICA AL MODELO VIGENTE
Eduardo Melero Alonso

LA CONSTRUCCIÓN POLÍTICA Y JURÍDICA DEL GÉNERO. REFLEXIONES DESDE UNA PERSPECTIVA INCLUSIVA
Antonio Giménez Merino


EDUCAR COMO TAREA POLÍTICA
José Manuel Barreal San Martín y
Manuel García-Morán Escobedo

RESEÑA
Pedro de la Llosa, 'Retratos plumistas',
Pepe Gutiérrez

 

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Avance del número 103

 mientras tanto
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Verano 2007

103

NOTAS EDITORIALES
La historia interminable: nueva crisis financiera
A. Recio
Venezuela en la encrucijada
G. Pisarello
En la muerte de Lluís Maria Xirinacs
Q. Sempere

ARTÍCULOS
LOS SERVICIOS SOCIALES Y LA CUARTA PATA (¿COJA?) DEL ESTADO DEL BIENESTAR EN ESPAÑA
José Adelantado

EL CUIDADO DE LA DEPENDENCIA: UN TRABAJO DE CUIDADO
Teresa Torns

SINDICATOS Y JÓVENES: EL RETO DE SUS VÍNCULOS
Antonio Antón

DERECHOS FORMALES Y DERECHOS REALES DE LOS TRABAJADORES EN LA ESPAÑA DE COMIENZOS DEL SIGLO XXI
Daniel Lacalle

L’ESGLÈSIA CATÒLICO ROMANA A ESPANTA: PODER I PRIVILEGI
Ángel Zaragoza i Tafalla

RESEÑA

CITA

 

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