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Cuaderno de crisis / 20
Por Albert Recio

Nuestro problema
Por Juan Ram�n Capella

Por la recuperaci�n del derecho laboral como elemento de justicia e igualdad
Por la Xarxa d�Advocats -red de juristas vinculados a movimientos sociales y al sindicalismo alternativo recientemente constituida para difundir opini�n cr�tica sobre la situaci�n del trabajo en nuestro pa�s-

Caj�n desastre
Por El Lobo Feroz

Carta al Jefe del Estado espa�ol
Por Jos� Manuel Barreal San Mart�n

Una investigaci�n pendiente
Por Carlos Jim�nez Villarejo

 

 

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N�mero 113

 


N�mero 83
Septiembre de 2010

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Cuaderno de crisis/20

Albert Recio

Una huelga necesaria y sus enemigos

I

Los sindicatos mayoritarios convocan una huelga general para el d�a 29 de septiembre. Es una convocatoria justificada y obligada. Los sindicatos no pueden quedarse callados ante una nueva versi�n del mismo modelo de reformas laborales que viene aplic�ndose hace casi treinta a�os, asociado adem�s a dr�sticos recortes del gasto p�blico que atentan contra derechos sociales y salarios. No pueden callarse tampoco ante una anunciada reforma de las pensiones que es un mero eufemismo para rebajarlas. No puede sorprender, pues, la convocatoria de la huelga. Lo que s� resulta en cambio incre�ble es que el Partit dels Socialistes de Catalunya presente a Celestino Corbacho, el hombre que da cara a gran parte de este paquete �contrarreformista� como candidato de peso en las listas electorales al Parlament de Catalunya. Ser� que quieren asegurarse que el triunfo de la derecha catalana sea rotundo.

II

Como cab�a esperar, el paso por el Parlamento a�n ha introducido peque�as modificaciones a la norma que aprob� el Gobierno, tendentes a endurecerla. Es posible que alguna de las medidas introducidas por ese socio vergonzante del gobierno que es el PNV (en el sentido de reducir a�n m�s el papel de los sindicatos en la negociaci�n de cl�usulas de descuelgue) acabe por caer. Pero lo que parece irreversible es la introducci�n de un m�ximo de treinta d�as a los parados para que acepten forzosamente la realizaci�n de cursos de formaci�n. El tema de la formaci�n a los parados es una de estas cuestiones que se dan por buenas pero que debe ser analizada cr�ticamente.

Lo de formar a los parados se basa en dos supuestos no siempre generalizables. Primero, que una parte de los parados lo son porque carecen de formaci�n. El otro, que estamos ante un cambio estructural de la econom�a que ha hecho obsoletos los conocimientos de mucha gente y les conviene un reciclaje para acceder a otro tipo de empleos. Ni todos los parados carecen de cualificaci�n ni siempre tienen que reciclarse. Hay efectivamente actividades afectadas por el cambio t�cnico o productivo (por ejemplo parece fuera de duda que en los �ltimos a�os la construcci�n experiment� en Espa�a un crecimiento excesivo), pero en otros casos el desempleo es simplemente el resultado de una ca�da de actividad, de modo que si �sta se recupera volver�n a necesitarse los mismos conocimientos (esto ya se experiment� en el mismo sector de la construcci�n al final de la d�cada de los ochenta). O, como ocurre m�s habitualmente, es resultado de actividades estacionales. Por ejemplo, un buen trabajador de hosteler�a experimenta un ciclo laboral de 8-10 meses seg�n el subsector. No tiene sentido entonces que este empleado se �recicle� en otras actividades: si sus conocimientos van a ser necesarios dentro de pocos meses, es mejor que se mantenga a la espera del ciclo estacional.

Aunque en otros muchos casos la formaci�n ocupacional tiene sentido, �sta s�lo funciona si est� realmente asociada a la generaci�n efectiva de empleo. Una pol�tica de formaci�n ocupacional no tiene sentido si no hay perspectivas de creaci�n de empleo en actividades asociadas al proceso formativo. Tanto por razones motivacionales es frustrante realizar un proceso de formaci�n ocupacional que al final no ofrece salidas�, como de coste econ�mico no vale la pena invertir fondos simplemente en mantener entretenida a la gente con falsas promesas�, como formativas: la mejor formaci�n ocupacional requiere siempre de actividad laboral efectiva. Habr�a por tanto que exigir a los forofos de la formaci�n a los parados que especificaran, cuando menos, de d�nde esperan que se cree empleo y que mostraran que sus propuestas formativas tienen una conexi�n l�gica con esas perspectivas.

La cuesti�n no es balad�. Hay bastante evidencia de que en los �ltimos a�os la formaci�n ocupacional ha sido en muchos casos un gasto inadecuado, puesto que no ha estado asociada a la creaci�n efectiva de empleo ni se ha centrado adecuadamente en aquellas esferas m�s necesitadas. En gran medida porque a parte de carecer de una verdadera perspectiva de creaci�n de empleo tampoco se ha contado con una verdadera organizaci�n p�blica de la formaci�n ocupacional. �sta, como otros muchos espacios de intervenci�n social, est� dominada por una mara�a de empresas privadas y organizaciones sin �nimo de lucro que no siempre tienen la capacidad para desarrollar una respuesta adecuada. Es un espacio donde se combinan a menudo experiencias interesantes, voluntarismo y negocio (no es casual que el �mbito de la formaci�n ocupacional haya constituido uno de los affaires m�s escandalosos de la Generalitat de Catalunya en tiempos de Pujol, cuando Uni� Democr�tica de Catalunya utiliz� sus contactos en el sector para desviar fondos p�blicos caso Pallerols). Adem�s cuando los cursos no dan lugar a empleos, o s�lo generan empleos a corto plazo, todo el sistema se pervierte y al final en lugar de reciclar parados lo que se acaba generando es un sistema de �cursillistas profesionales� que ven la formaci�n como un mero tr�gala para acceder a prestaciones monetarias.

Cuando nadie parece tener perspectivas de d�nde van a generarse los empleos, ni se ha realizado una reflexi�n m�nimamente adecuada de las carencias del sistema de formaci�n profesional, la medida de forzar a la formaci�n tiene m�s de campa�a �cultural� que de eficacia econ�mica. Se trata de nuevo de convertir a la v�ctima en culpable, y al tiempo de encubrir donde est�n los verdaderos responsables de la situaci�n o los ineptos dirigientes que no saben encontrar respuestas v�lidas a la creaci�n de empleo. La eficacia de la medida no estriba en su aplicaci�n real (es posible que en muchos casos no puedan ofrecerse cursos al mes de entrar en desempleo) sino en su dimensi�n ideol�gica. A la vista de quienes mantienen empleo, o de jubilados, las personas desempleadas pasan a ser gorrones sospechosos a los que conviene atar en corto, y si no encuentran empleo es porque no se esfuerzan en formarse y buscar adecuadamente. Un medio cl�sico para aumentar la fragmentaci�n social e impedir que una crisis tan obscena acabe por generar una respuesta social diferente. O sea, que vuelvo al principio: aunque el tr�mite parlamentario ha sido breve no ha hecho sino dar una nueva vuelta de tuerca en una reforma inaceptable.

III

A medida que se acerque la convocatoria de la huelga van a arreciar las �ret�ricas de la reacci�n� que tan bien describi� Albert Hirschman. Voces que en lugar de proceder de la derecha �enemiga natural� de las clases trabajadoras van a estar especialmente en boca de los pol�ticos y comentaristas ligados al PSOE.

En especial, va a a o�r que la huelga es in�til  y contraproducente.

Sobre la base de la inutilidad se ha construido gran parte del discurso desmovilizador frente a los efectos de la globalizaci�n. La presentaci�n de este proceso como el resultado del funcionamiento natural de la econom�a, de algo inevitable dado el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, constituye una de las grandes coartadas que no s�lo ha permitido a parte de la izquierda pol�tica a sumarse gustosamente al carro neoliberal sino que tambi�n ha sido un elemento debilitador del potencial de la izquierda alternativa. Luchar contra esta percepci�n es b�sico para que la huelga tenga �xito. Pero para hacerlo hay que tomarse la tarea en serio. Hasta ahora la respuesta de los sindicatos mayoritarios se sustenta en el �xito de huelgas generales anteriores y en la consecuci�n de resultados sustantivos tras las mismas. Algo que es cierto respecto a la huelga de 1988 (que bloque� la reforma laboral y abri� paso a medidas de expansi�n del gasto social en a�os sucesivos) y la del 2002 (que forz� a Aznar a tragarse parte de su reforma del sistema de protecci�n al desempleo). Pero que no lo es para la huelga de 1994, que en plena crisis econ�mica fue incapaz de parar la reforma laboral. Como tampoco la sucesi�n de huelgas griegas ha sido capaz de detener el programa de ajuste de su pa�s.

Cada huelga surge en un contexto distinto, econ�mico, social y pol�tico. Y en la actual coincide una crisis sin precedentes con una enorme debilidad institucional de la izquierda y un elevado nivel de debilitamiento del tejido organizativo y social de las clases y grupos subaltermos. Defender la utilidad de la huelga s�lo por sus resultados a corto plazo me temo que va a resultar contraproducente: Si queremos superar el argumento de la inutilidad habr� que introducir nuevos elementos, empezando por indicar la necesidad de que esta huelga act�e como un potente mecanismo de �voz colectiva� frente a la deriva de la crisis y convirtiendo esta movilizaci�n en una llamada a la autoorganizaci�n y a la participaci�n social.

El segundo argumento dominante tendr� diferentes versiones. La del PSOE, que la huelga hace el trabajo a la derecha (como si ellos no estuvieran dej�ndole al PP un terreno bald�o de derechos sociales a coste cero). La de la derecha, que las huelgas desalientan a los inversores (aqu� llevamos cincuenta a�os esperando a Mr. Marshall, ll�mese Ford, Volkswagen o ahora Chery). Tambi�n en este caso la �nica posibilidad de respuesta es que queremos realmente un modelo social distinto (y existen en nuestro entorno unos cuantos pa�ses con modelos sociales m�s interesantes que la versi�n mediterr�nea del modelo anglosaj�n, que es el �nico que son capaces de ofrecer las �lites de nuestro pa�s). Que lo que resulta realmente contraproducente para nuestros intereses es proseguir con un modelo que ha llegado a una situaci�n de alarmante bloqueo y que se ha caracterizado por un bajo nivel de derechos sociales.

La respuesta a los �argumentos de la reacci�n� exigen por tanto respuestas estrat�gicas, m�s all� del inmediatismo de la huelga y de los resultados a corto plazo.

IV

La huelga es necesaria. Hay que apoyarla y tratar de que sea un �xito. Hay muchas condiciones desfavorables que juegan en su contra: la magnitud del desempleo, la enorme desarticulaci�n social, el propio tempo post-vacacional.... Aunque fuera un �xito de movilizaci�n, sus resultados tangibles van a ser posiblemente reducidos. Ni el Gobierno tiene un �plan B� para dar satisfacci�n a una huelga exitosa, ni existen fuerzas pol�ticas con capacidad efectiva de forzar un cambio de rumbo. Hay por tanto que prepararse para un  resultado decepcionante. No para refocilarse en la propia incapacidad sino para tratar de obtener r�ditos en otros terrenos. Creo que dif�cilmente conseguiremos cambios en la direcci�n econ�mica y laboral a corto plazo y, por ello, que el objetivo secundario de la huelga deber�a ser la apertura de nuevas perspectivas de acci�n y organizaci�n social, el desarrollo de un amplio espacio de intervenci�n orientado a abrir nuevas perspectivas estrat�gicas. Aun a sabiendas que la correlaci�n de fuerzas es enormemente desfavorable y que las fuerzas neoliberales van ganando por goleada.

No se pierde lo que no se intenta. Hay que reconocer que los primeros que se juegan mucho en este envite son los propios sindicatos mayoritarios, cuya propia fuerza institucional puede verse afectada por un balance negativo de la movilizaci�n. Es pues tiempo de aunar fuerzas y tratar que la huelga resulte lo m�s exitosa posible. Y que la misma permita abrir posibilidades a un desarrollo diferente del que ha tenido la crisis hasta el momento presente. 

 

Nuestro problema

Juan Ram�n Capella

Las instituciones pol�ticas como problema

Tenemos un problema con las instituciones pol�ticas llamadas democr�ticas. Pues el parlamento y el gobierno, las principales de ellas, son las que imponen jur�dicamente la ley material del ajuste duro contra los trabajadores. Las que recortan legalmente sus derechos, precarizan las pensiones, etc. A la vista de lo cual muchos pueden tener la tentaci�n de dar la espalda a las instituciones pol�ticas: de manifestar su repulsa en forma de abstenci�n de votar y en formas de desprecio.

Esos sentimientos de desprecio por instituciones falsamente democr�ticas �la voluntad general no quiere precisamente que se recorten los derechos sociales�, y por su impotencia, est�n justificados.

No es verdad que en la crisis haya s�lo una opci�n pol�tico-econ�mica. Tambi�n se podr�a emprender otra, mediante nacionalizaciones, empresas p�blicas, contenci�n dr�stica de gasto militar, aplazamientos de deuda y si fuera necesario incluso salir del sistema del euro para facilitar las exportaciones espa�olas. O, m�s modestamente, pol�ticas neokeynesianas parecidas a las del gobierno norteamericano.

Pero quienes tienen en sus manos las instituciones pol�ticas, tanto en el poder como en la principal oposici�n, no est�n por esa labor, pues defienden al gran capital y al sistema financiero privados, seg�n las l�gicas m�s neoliberales de la derecha europea.

Esas instituciones est�n por eso crecientemente deslegitimadas.

Pero no parece razonable que el pueblo de la izquierda se olvide de las instituciones pol�ticas, les d� completamente la espalda, que es la m�s inmediata de las tentaciones. Esas mismas instituciones son un terreno de lucha. La presencia en ellas, por dif�cil que resulte, puede frenar u oponer resistencia a las peores decisiones antipopulares. Hoy la presencia debilitada de una izquierda real, aunque vacilante, en las instituciones, de poco sirve. Pero si esa presencia no existiera ser�a much�simo peor para las gentes que viven de su trabajo, la voten o no.

Ah� tenemos un verdadero problema con el que hay que lidiar.

Un ej�rcito sin capitanes

Un n�mero nada despreciable de personas se ha integrado directa o indirectamente en actividades de solidaridad, en movimientos de un solo asunto, como pueden ser Amnistia, Greenpeace, los numerosos sin fronteras, Ecologistas en acci�n, Aedenat y tant�simos espacios de solidaridad vecinales, plataformas pacifistas o agrupamientos ante problemas de agudeza coyuntural.

Sin embargo estos movimientos carecen de la relevancia pol�tica que merecen. No tienen voz propia en el espacio pol�tico p�blico, ya sea por la inoperancia de la representaci�n parlamentaria o en general institucional m�s af�n, o porque sus demandas son sacrificadas a lo politicamente correcto, o porque los medios de comunicaci�n las vuelven romas y las mezclan en ensalada con los temas diarios de la politiquer�a.

Hay pues un ej�rcito alternativo: un conjunto de personas, m�s numeroso de lo que parece, que pugna, con hechos �por sus obras les conocer�is�, por un mundo incompatible con la l�gica del sistema econ�mico, pol�tico, cultural y militar actual; y un amplio grupo de seguimiento pasivo, que comparte la alternatividad sin encontrar o sin buscar pr�cticas sociales activas coherentes con su visi�n de la sociedad.

Ese ej�rcito incluye tambi�n a las personas que no encuentran otro instrumento de lucha que las instituciones tradicionales del movimiento de los trabajadores.

Pero es un ej�rcito sin capitanes.

Sin capitanes porque el movimiento alternativo no halla en las instituciones llamadas representativas a quien lo represente con coherencia e integridad pol�tico-moral.

Sin capitanes, tambi�n, porque �l mismo se ha preocupado muy poco por generar esos capitanes, esto es, equipos y grupos dirigentes pol�ticos afines al movimiento, en una tendencia larga generada y justificada por los tremendos fracasos del alternativismo del pasado.

Y sin capitanes, igualmente, porque el movimiento alternativo percibe o intuye que las llamadas instituciones democr�ticas son herm�ticas a la representaci�n de lo aut�nticamente alternativo.

No se les puede pedir a los movimientos sociales vivos que se dediquen ellos a buscar un nuevo tipo de mediaci�n pol�tica. No se les puede pedir, en primer lugar, porque esos movimientos no lo demandan. Ni tampoco pueden dedicar sus flacas fuerzas a tareas que les aparten de las pr�cticas de las que han surgido y en las que mal que bien se han consolidado para actuar.

Una modesta sugerencia

S�, se puede pedir a las instituciones tradicionales de la izquierda, por debilitadas que se encuentren ahora, que den un paso en la direcci�n del movimiento alternativo.

Que no se contenten con el voto del desencanto.

Que se abran de verdad a lo nuevo �en vez de aferrarse a lo viejo o s�lo responder con palabras a las agresiones f�cticas del sistema�. Que rompan el cascar�n de la endogamia politicista.

El sindicalismo espa�ol, por empezar por ah�, brutalmente corporativizado y burocratizado durante a�os, ha de reencontrar el espol�n pol�tico que tuvo en el pasado. Buscar organizar a los parados, a los inmigrados, a los precarios y mileuristas; recomponer las asambleas en los centros de trabajo. Salir de sus edificios de oficinas. Recuperar las huelgas y acciones de solidaridad. Y quiz� plantearse si la divisi�n en dos grandes organizaciones �con las que, por circunstancias que no son del caso ahora, fueron divididos los trabajadores en la �poca de la transici�n� puede quedar atr�s al impulso del movimiento por defenderse de la agresi�n brutal a las personas en su condici�n de trabajadores del sistema econ�mico-pol�tico.

Izquierda Unida ha sufrido un proceso de debilitamiento asociado a su excesivo politicismo, a la pretensi�n f�ctica de instalarse s�lo institucionalmente en la lucha pol�tica, como un partido m�s. Esta v�a est� agotada. Eso ha sido un error compartido por toda la izquierda europea, que se ve ahora arrinconada por fuerzas metapol�ticas, las fuerzas econ�micas, que intentan tomar las �ltimas trincheras que le quedan a la izquierda social en los pa�ses europeos.

Por eso parece necesario impulsar comisiones c�vicas.

Comisiones c�vicas: grupos de personas que estructuren una lucha social que no se libra s�lo en los parlamentos, sino en los medios de masas, en la cultura social, en decisiones de naturaleza pol�tica adoptadas tanto por los gobiernos y parlamentos centrales como en el �ltimo negociado de los ayuntamientos; que se libra tambi�n con argumentos sesgados en los medios de comunicaci�n.

Comisiones c�vicas en las que puedan participar personas significativas de los movimientos sociales, de los distintos �mbitos de la cultura de la izquierda. Buscar la creaci�n de grupos de valores republicanos, ejemplares, que deben orientarse hacia un cambio de ciclo para el pueblo de la izquierda.

Comisiones c�vicas que puedan atraer a las personas que simpatizan con el altenativismo pero que no han dado a�n pasos pr�cticos para impulsarlo.

Comisiones c�vicas que se puedan comunicar, coordinar, incluso federar. Que aparezcan como instituciones mediadoras nuevas, distintas de los partidos, sindicatos y movimientos de un solo asunto o de otro tipo. Pero en las que puedan colaborar gentes procedentes de estas otras instituciones.

Comisiones c�vicas que vivan realmente la tensi�n entre los principios morales y lo utilitario para regenerar nuestra sociedad.

Una larga tarea por delante

La b�squeda de pr�cticas pol�ticas razonables para el pueblo de la izquierda social, para el pueblo alternativo, ha de ser ella misma nueva tambi�n. No puede ser, como en el pasado, fide�sta y optimista. No puede esperar el descansillo de una meta cercana.

Tampoco se puede permitir animarse por el coyuntural triunfo de alg�n tipo de populismo aqu� o all�, ni defender logros pasados que se han transmutado en indefendibles. No puede perder el tiempo con el sectarismo.

Porque lo que tiene enfrente no es ya un poder pol�tico, econ�mico, cultural y militar nacional. Hoy tiene enfrente un nuevo soberano global. Un poder desp�tico, que se impone, ciertamente, a trav�s de poderes local-nacionales, pero que en s� mismo es internacional.

El d�spota global que ha creado la crisis y el desastre ecol�gico, que carga sus consecuencias a trabajadores, a ciudadanos e incluso a quienes no son ni una cosa ni otra, sino simplemente personas, es un poder imposible de maniatar s�lo localmente. Por eso aguarda una lucha tenaz, inteligente, a la que puedan sumarse muchos no s�lo en este pa�s y en el corto plazo.

La enormidad del ataque contra los trabajadores, la fuerza internacional y compleja de las instituciones que lo instrumentan, permiten pensar que este combate ser� largo y se puede perder. Pero si no lo emprendemos estamos perdidos.

 

 

Por la recuperaci�n del derecho laboral como elemento de justicia e igualdad

Xarxa d�Advocats *

Durante los �ltimos 30 a�os el derecho laboral ha sido debilitado a trav�s de c�clicas contrarreformas laborales que supon�an una paulatina p�rdida de garant�as y condiciones laborales para los trabajadores y trabajadoras. Todas se anunciaron con el objeto de reducir el desempleo y/o la temporalidad, si bien ninguna tuvo ese efecto.

En los �ltimos 2 a�os se ha desarrollado un nuevo proceso de los autodenominados de �di�logo social�, el cual ha sido aprovechado por la patronal y sectores afines para vincular relaciones laborales y crisis, desregulaci�n de derechos laborales y recuperaci�n econ�mica. El proceso de reforma o contrarreforma laboral ha sido acompa�ado de diferentes manifiestos y art�culos de opini�n que incorporan en relaci�n al derecho del trabajo y las relaciones laborales una serie de t�picos que ninguna relaci�n guardan con la realidad: �rigidez�, �elevado coste del despido� y �dualidad temporales/fijos�. Dichos t�picos deben ser desmentidos con rotundidad para evitar procesos goebbelsianos por los cuales la mentira se pueda transformar en verdad.

En las ant�podas del discurso patronal, la mayor�a de trabajadores y trabajadoras se encuentran con salarios de subsistencia, observan c�mo sus condiciones de trabajo son modificadas a trav�s de los correspondientes procedimientos legales o pr�cticas ilegales, a la vez que padecen despidos con la simple comunicaci�n de finalizaci�n de contratos temporales o sin tan s�lo la m�nima expresi�n de causa y la posibilidad pr�ctica y real de ejercer su derecho a la tutela judicial efectiva.

Ante esta realidad, lejos de apostar por la necesaria recuperaci�n del derecho laboral, nos encontramos nuevamente con la asunci�n por parte del gobierno espa�ol de las posiciones m�s ultras de los liberales que interpretan las relaciones laborales como un mercado m�s. El Real Decreto Ley 10/2010 supone el m�s grande ataque que han sufrido nunca los derechos laborales, debilitado la negociaci�n colectiva y los tres elementos esenciales de la relaci�n laboral: modalidad contractual, extinci�n de contrato y modificaci�n del mismo.

Por lo que respecta a la modalidad del contrato, se mantiene b�sicamente el r�gimen que ha consolidado altas cotas de temporalidad: las m�nimas medidas que pretenden limitar la contrataci�n temporal no act�an sobre el fraude de ley en la contrataci�n o en la propia temporalidad del puesto de trabajo. A su vez, pensar que con una indemnizaci�n de 12 d�as por a�o se reducir� la temporalidad es desconocer la realidad de las ETT, que donde existe esa indemnizaci�n no han parado de gestionar precariedad (como lo seguir�n haciendo en mayor nivel con la permisi�n que les otorga la nueva regulaci�n para participar en todos los sectores). En la m�xima expresi�n de la precariedad, se pretende mostrar como un avance permitir que el contrato de formaci�n se retribuya seg�n SMI hasta el segundo a�o del mismo.

En cuanto a la extinci�n del contrato, se consolida la existencia del despido no causal (no es necesaria para ning�n modalidad extintiva la concreci�n de hecho alguno), a la vez que el incumplimiento de requisitos formales no supone la �nulidad� sino la �improcedencia�, construy�ndose progresivamente un r�gimen general de indemnizaci�n de 33 d�as por a�o con tope de 24 mensualidades (y no el hist�rico de 45 d�as por a�o con tope de 42 meses).

La modificaci�n sustancial de condiciones de trabajo se desarrolla de tal manera que se permitir� dejar sin efecto la negociaci�n colectiva sectorial.

Por �ltimo se consolida el sistema de bonificaciones de la contrataci�n que, trasladando miles de millones a las empresas, no consigue los fines que persigue.

Las medidas del RD-Ley 10/2010 tendr�n un efecto contrario al que su exposici�n de motivos dice perseguir: lejos de crear empleo, el facilitar el despido lo incrementar�a, de la misma manera que la reducci�n de la indemnizaci�n del contrato indefinido no provocar� una disminuci�n de la temporalidad y el apostar por precariedad ser� un desincentivo para incrementar la productividad.

Los que suscribimos entendemos necesaria la recuperaci�n del contrato indefinido como sistema general frente a la contrataci�n temporal, la recuperaci�n de las garant�as y protecci�n ante el despido, as� como de la estabilidad en las condiciones laborales. Creemos firmemente en la necesidad de un derecho laboral garantista, como elemento que remueva las desigualdades y procure minimizar las injusticias de un sistema org�nicamente injusto y desigual. En un sentido contrario, otorgar m�s prerrogativas a la patronal supondr� no s�lo enterrar definitivamente el derecho del trabajo tal y como lo conocimos en la segunda mitad del siglo XX sino convertir a las futuras generaciones de trabajadoras y trabajadores en simple fuerza de trabajo que comprar y vender en una realidad desregulada. 

* [La Xarxa d�Advocats es una red de juristas vinculados a movimientos sociales y al sindicalismo alternativo recientemente constituida para difundir opini�n cr�tica sobre la situaci�n del trabajo en nuestro pa�s. Es responsable de la elaboraci�n de este documento (que ser� presentado como manifiesto el lunes 27 a las 12:00 delante del edificio hist�rico de los Juzgados de lo Social de Barcelona, en Rda. Sant Pere 41) y durante este mes colaborar� con sindicatos y asociaciones diversas en acciones informativas en varias localidades catalanas: el Ayuntamiento de Barcelona (jueves 16, a las 17:00), Cornell� (viernes 17, a las 19:00), Sitges (s�bado 18, a las 12:00), el barrio de Gr�cia de Barcelona (s�bado 18, a las 18:00), Cardona (s�bado 18, a las 19:00), Reus (martes 21, a las 19:00), Vilafranca del Pened�s (martes 21, a las 19:00) y Terrassa (viernes 24, a las 19:30).
Para m�s informaci�n, enviar un correo electr�nico a la direcci�n:
 
 

Caj�n desastre

El Lobo Feroz

La imaginaria izquierda catalana

En la manifestaci�n catalana del 10 de julio se consigui� lo que nunca hab�a sucedido: la desaparici�n de cualquier simbolog�a de izquierdas.

La deriva nacionalista de lo que fue la izquierda es responsabilidad principal de Iniciativa per Catalunya, un partido que ser� recordado principalmente por eso.

El Lobo cree tener ideas de principio sobre el fondo del asunto. Son:

  1. El derecho de libre determinaci�n debe ser reconocido a cualquier comunidad que lo exija a trav�s de instituciones que se puedan considerar materialmente democr�ticas �y no s�lo formal y aparentemente, como suelen serlo las instituciones pol�ticas actuales�. La Constituci�n de 1978, condicionada por la coerci�n militar y de las instituciones franquistas en la transici�n, no admite ese derecho. Debe ser modificada.
     

  2. En el ejercicio del derecho de libre determinaci�n, las gentes de izquierda deben estar en contra de las secesiones. En contra de las burgues�as, nacionalistas o no, y en solidaridad con todos los trabajadores.
     

  3. En una sociedad con diversas nacionalidades, la forma del estado ha de ser federal �y, adem�s, republicana�.
     

  4. Todos los trabajadores deben tener derechos pol�ticos, lo que exige vincular la ciudadan�a a la vecindad civil en Espa�a y no s�lo a la nacionalidad espa�ola.

La privaci�n de los derechos pol�ticos y de ciudadan�a a los trabajadores inmigrados avecindados en el pa�s es injustificable.

El Lobo, adem�s de posiciones de principio, considera que en el caso concreto de Catalu�a es urgente: 

  1. Contraponerse a las pol�ticas de marginaci�n p�blica de los castellanohablantes e inmigrantes. Las instituciones p�blicas han de ser pol�ticamente neutrales ante cuestiones como la lengua y las creencias, religiosas o no, de las personas. �ste es un asunto que afecta a la libertad individual, y nada justifica que las instituciones, cualesquiera que sean, se interfieran en ella. Ah� hay un caso de d�ficit democr�tico general: no s�lo catal�n sino espa�ol en general. Como en la xenofobia de las peque�as instituciones locales y del principal partido conservador de Catalu�a, puesta de manifiesto este verano de 2010.
     

  2. Hay que denunciar, en Catalu�a, la corrupci�n que afecta o ha afectado gravemente a Converg�ncia, a Uni�, al PSC; esto es: a algunos de los principales partidos. Hay que denunciar el uso partidista de fondos p�blicos por Esquerra Republicana: la vitalidad de peque�as organizaciones e instituciones secesionistas la estamos financiando entre todos. Y hay que denunciar a Iniciativa per Catalunya bien por su complicidad con el nacionalismo, bien por su adhesi�n a �l.

Ninguno de estos partidos merece el voto o la adhesi�n de las verdaderas gentes de la izquierda alternativa.

Quiz� ha llegado el momento de crear comisiones c�vicas para la solidaridad interciudadana y para la b�squeda de alternativas pol�ticas v�lidas.

El dogma de la reducci�n del d�ficit 

La obsesi�n neoliberal por la r�pida reducci�n del d�ficit p�blico no es un intento de propiciar la salida de la crisis sino una pol�tica dirigida a demoler conquistas sociales y fomentar, en la crisis, las ganancias de los de arriba.

Reducir r�pidamente el d�ficit no propicia la salida de la crisis porque mayores impuestos y menores salarios directos e indirectos frenan la actividad econ�mica y eso empeora adem�s las perspectivas de cr�dito. En cambio alivian los costes empresariales, con lo que los grandes empresarios pueden seguir ganando a pesar de la crisis y quedar situados socialmente mejor que antes.

En 1937, en los Usa, mediada la otra gran crisis anterior a �sta, Roosevelt trat� de reducir r�pidamente el d�ficit publico. El resultado fue una grave reca�da en la recesi�n de la que s�lo se sali� con la segunda guerra mundial. Cuando eso se produzca inevitablemente en Espa�a hay que saber ya desde ahora que son responsables de ella los dos partidos pol�ticos m�s votados y los gobiernos de derechas europeos que imponen las medidas de reducci�n r�pida del d�ficit.

La (falsa) necesidad de reducci�n del d�ficit p�blico se est� convirtiendo en un dogma econ�mico gracias a la machacona insistencia de todos los medios y gobiernos de derechas de Europa. En eso vale la afirmaci�n de Goebbels respecto de la mentira repetida mil veces.

Algunos economistas han se�alado que con el dogma de la necesidad de reducir el d�ficit p�blico se enga�a a la gente de la misma manera que con las inexistentes armas de destrucci�n masiva para intervenir en Iraq.

La crisis y el d�ficit son utilizados para reforzar al empresariado, para reducir los derechos y los ingresos de las gentes que viven de su trabajo.

Ya sabemos cu�l es la inversi�n preferida del empresariado: berlinas y todoterrenos de lujo, yates y amarres portuarios, aviones privados, campos de golf, safaris y cacer�as, viajes al quinto pino, residencias suntuosas y variadas, hijos estudiando en los Usa... O sea: invertir no ya en renovaci�n tecnol�gica sino en bienes de lujo privatizados.

Y seguramente tambi�n invierten un poquito en formadores de opini�n que defiendan la flexibilidad en el empleo. Muchos borriquitos pican: ah� est�n las tonter�as que en medio de esta crisis circulan por internet.

Fiscalidad para pobres

El esc�ndalo fiscal de Espa�a tiene dif�cil parang�n en Europa. S�lo tributan de verdad los asalariados, los jubilados y quienes pagan el iva con sus compras, o sea, los consumidores.

Hay varias zonas de fraude y evasi�n importantes. Las llamadas grandes fortunas, o sea, el gran empresariado, claro. Pero tambi�n los profesionales (abogados, m�dicos, dentistas, gestores) y gran cantidad de peque�os empresarios, estos �ltimos mediante el fraude en el iva adem�s de hacerlo en las declaraciones del irpf. Seg�n fuentes oficiales de Hacienda, en el irpf los trabajadores y los pensionistas declararon de media 7.200 euros m�s que los profesionales (m�dicos, abogados, arquitectos, etc.) y peque�os empresarios, y 7.600 euros de media m�s que los "autoempresarios": fontaneros, alba�iles, electricistas, transportistas, gente que opera en negro.

Adem�s las encuestas indican que gran parte de la poblaci�n no ve reparos morales en defraudar al fisco.

La izquierda moralmente decente que paga los impuestos debidos debe reaccionar contra esta situaci�n, ya que quienes nos regentean no parecen dispuestos a hacer nada que les quite votos, y obligar a pagar los quita.

En muchos establecimientos, cuando pagas, preguntan: "�Quiere usted el ticket?". Hay que responder siempre, y hostilmente, que por supuesto. Si no exiges el ticket de compra el vendedor se embolsar� el iva que has pagado (hay procedimientos para eso). Claro que ser�a mejor la soluci�n impuesta en Italia cuando hab�a m�s transparencia all�: la Guardia de Finanzas pod�a exigir los tickets y multar tambi�n a quien no los llevara consigo a la salida de los establecimientos.

Mucha gente, claro, es renuente a pagar impuestos porque ve el despilfarro que suele hacer con ellos la clase pol�tica. Porque ve la impunidad de la corrupci�n, el negocio de las contratas, la p�sima gesti�n de tantas cosas. Si no hay justicia, se la toma por su cuenta. Pero tambi�n es injusto, filibustero, tom�rsela individualmente. Hay que institucionalizar cultura pol�tica sobre los deberes fiscales. Y exigir su cumplimiento. Porque los deberes fiscales est�n para financiar los beneficios colectivos. Son deberes de solidaridad.

Afganist�n

Nuevos muertos espa�oles en Afganist�n, en un ataque de esos que los medios de masas han convenido en llamar "talib�n". La novedad es que esta vez la poblaci�n civil afgana la emprendi� luego a pedradas contra las fuerzas espa�olas. O los que gobiernan siguen mintiendo que las tropas est�n all� en misiones pedag�gicas y de ayuda civil o los afganos no quieren ser ayudados.

El bondadoso embajador norteamericano en Espa�a, y el patri�tico diario El Pa�s, han reaccionado inmediatamente para contener la inevitable inferencia de las pedradas. Un art�culo del embajador, en ese diario y en domingo, viene a sostener que Espa�a desempe�a un gran papel en Afganist�n. Un papel, seguramente, higi�nico.

Carece de decencia seguir esa guerra. Es una verg�enza. No es en nuestro nombre. Los norteamericanos, que no nos metieron como a otros en Vietnam, nos han metido en esto. �No nos podemos salir de esa inicua alianza contra los pastunes? �Tan poco independiente es el estado espa�ol?

La negra previsi�n

Es probable que a pesar de la corrupci�n �los casos G�rtel en Valencia, del tesorero B�rcenas en Madrid, de la corrupci�n en Alicante, del caso Fabra en Castell�n, del caso Matas en Baleares, etc.� Mariano Rajoy y su partido obtengan, mediante la ayuda del partido de la burgues�a catalana, Converg�ncia i Uni� �caso Millet, etc.� mayor�a para formar gobierno tras las pr�ximas elecciones.

El giro neoliberal de Zapatero puede producir ese desplazamiento de la opini�n p�blica. Salvo que sepa retirarse a tiempo, esto es, dejar que sea otra persona quien dirija la contraposici�n electoral al Partido Popular, con una orientaci�n distinta en pol�tica econ�mica y social. Si no lo hace ser� recordado por facilitar el triunfo pol�tico de la impresentable derecha espa�ola, que buscar�a el modo de permanecer en el poder m�s de una legislatura. Con eso la gente de a pie ir�amos servidos. Entre la corrupci�n y el fraude fiscal, una monarqu�a bananera.

Medios p�blicos de formaci�n de opini�n

La �ltima moda es potenciar no s�lo el f�tbol, f�tbol, f�tbol, f�tbol y f�tbol. Tambi�n RNE programa ahora el espiritismo, la pseudociencia, el misterio, el ocultismo. Eso tiene un nombre: encubrimiento, y se�uelos para desviar la atenci�n, para ocultar la responsabilidad del sistema econ�mico-pol�tico, y de sus gestores �porque esto no funciona solo� en el sufrimiento de tantas personas. A m�s paro, m�s mierda p�blica.

�Agosto 2010

  

Carta al Jefe del Estado espa�ol

Jos� Manuel Barreal San Mart�n

En los diferentes discursos que a lo largo de esta Monarqu�a �le recuerdo que no votada por el pueblo espa�ol� ha tenido usted en momentos importantes (fiestas navide�as, diferentes recepciones, tanto diplom�ticas como deportivas�), en todos, a decir de la prensa, ha tenido destellos de sabidur�a, lucidez y de �nimo para el pueblo espa�ol. Claro que a usted no le llegan los desacuerdos que parte de ese pueblo, entre la que me encuentro, mantenemos con respecto a sus intervenciones y a dichos destellos.

Cuando usted sale en la televisi�n para decir algo los espa�oles escuchan esperando su orientaci�n y algo que pueda serles �til. Qu� duda cabe que hay personas que lo encuentran y quedan satisfechas. Otras, como el que suscribe, sinceramente se decepcionan una y otra vez.

Eso me ocurri� el 25 de julio, domingo, el d�a de la celebraci�n de la fiesta del ap�stol Santiago. En su reflexi�n sobre la actual situaci�n pol�tico-social de este �su reino�, acompa�ado de su querida esposa, de negra mantilla, pidi� al santo que �interviniera�, que ayudara; vamos que no fuese r�cano y nos echase una mano para salir de la crisis.

Estupefacto y asombrado me pregunt� si usted habr�a calibrado adecuadamente tal reflexi�n, si no ser� el principio del fin de la monarqu�a en este pa�s. Porque, se�or, entiendo que la petici�n o ruego que usted hizo a Santiago no s�lo es un dislate a la raz�n, sino que, en mi opini�n, se arroga unas funciones que me parece no son suyas. Y no lo son porque, como Jefe del Estado �aunque no votado por la ciudadan�a� est� en representaci�n de la misma y como, a�n a mi pesar, me representa, no puedo admitir desde una m�nima racionalidad �ya no digo creencia� que tambi�n le pida a una imagen �por muy respetada que sea� que arregle los problemas del pa�s.

Espa�a no es un pa�s cat�lico, por lo que no ha lugar para que la primera autoridad de un Estado que no es confesional intervenga p�blicamente, no a t�tulo personal, en una celebraci�n cat�lica. Como siempre, Espa�a postrada a los pies del nacionalcatolicismo. Triste, se�or, muy triste.

Concluyo con una petici�n. No al santo, sino a usted. Reflexione, majestad, y h�gase ver que su misi�n como Jefe del Estado es posible que haya concluido. Con todos los respetos, ret�rese. Y digo, �por qu� no le parece que la salida de la crisis no es culpa de una estatua, sino de otras �estatuas� que sin moverse de los despachos manejan los hilos de este mundo global?

Nota.- Se toma como referencia el art�culo se Salvador L�pez Arnal �Petici�n (razonada) de dimisi�n del Jefe del Estado� Rebeli�n, 3 de agosto de 2010

 

Una investigaci�n pendiente

Carlos Jim�nez Villarejo

Recientemente, el Ministerio de la Presidencia ha reconocido y subvencionado un proyecto de investigaci�n hist�rica promovido por la C�tedra Extraordinaria Memoria Hist�rica del Siglo XX de la Universidad Complutense de Madrid. El t�tulo es Judicatura, Investigaci�n y Penitencia (el orden pol�tico y los instrumentos de represi�n) y pretende abordar, a partir de los fondos documentales del Ministerio del Interior y del Archivo Hist�rico Nacional, las �actividades de informaci�n e investigaci�n� (policiales) durante la dictadura en el periodo 1936-1962. Concretamente, cuanta informaci�n particularmente los �expedientes policiales� refleje la intensa y sistem�tica actuaci�n represiva de la Brigada Pol�tico-Social contra los republicanos primero y luego contra toda la oposici�n democr�tica. Representaba, adem�s de otros cuerpos policiales, la institucionalizaci�n de la represi�n bajo la direcci�n pol�tica de los correspondientes gobernadores civiles. Sin su concurso, los consejos de guerra y los tribunales especiales no hubieran podido llevar a cabo su cometido. El aparato policial franquista era la primera e inmediata expresi�n del terror impuesto por la dictadura.

La Brigada Pol�tico-Social fue creada por una Ley de 1941, concentrando, con los servicios de informaci�n de la Guardia Civil, todas las competencias sobre represi�n pol�tica que practicaban a trav�s de seguimientos, intervenciones telef�nicas ilegales, violaciones de la correspondencia privada, investigaciones de las que daban cuenta o no a la autoridad militar o al Tribunal de Orden P�blico, detenciones arbitrarias e indefinidas en comisar�as o centros de detenci�n habilitados sin poner al detenido a disposici�n judicial, la pr�ctica sistem�tica de la tortura y otras pr�cticas policiales, realizadas a veces conjuntamente con otros cuerpos de seguridad, militares o falangistas, como el hostigamiento sistem�tico de la oposici�n democr�tica. La intensidad de su actividad la reflejan los 15.202 presos pol�ticos que hab�a en Espa�a a principios de 1961. Su actuaci�n fue denunciada en su d�a por Justicia Democr�tica, haciendo constar la presencia de un �poder judicial que era utilizado descaradamente para santificar medidas arbitrarias�, la persistencia de �torturas policiales en r�gimen de expresa impunidad� y que �las brigadas pol�tico-sociales llegaron a creer que los juzgados de guardia de la jurisdicci�n ordinaria no especializada eran algo as� como oficinas de homologaci�n y aprobaci�n autom�tica de sus iniciativas investigatorias�.

Es una realidad escasamente estudiada, pues el Gobierno, en 2009, manifest� que desde 2004 el 90% de las consultas de los archivos de Interior se refer�an al periodo 1975-1977. El estudio exigir� acceder a los fondos correspondientes de dicho Ministerio. Y aqu� es donde surgen las dudas sobre la conservaci�n y disponibilidad de los documentos que expresen dicha actuaci�n represiva. Algunos historiadores sostienen que parte del archivo documental fue destruido, durante la Transici�n ante el riesgo de tener que responder de los innumerables delitos que hab�an cometido y siguieron cometiendo hasta el final del r�gimen, con el prop�sito de garantizar su impunidad. As� lo reconoci� el gobernador civil de Barcelona Salvador S�nchez Ter�n cuando justific� la destrucci�n de los archivos del Movimiento y la Falange porque �ol�an a un pasado remoto�. Ser� dif�cil determinar el alcance de dicha destrucci�n. En el Informe sobre Archivos de la Comisi�n Interministerial constituida en 2004 se dice que �ni la contienda en s�, ni la Transici�n a la democracia, produjeron una destrucci�n masiva de documentaci�n�.

No es este el criterio del profesor Reig T�pia, quien sostiene que �desde fechas anteriores a las �ltimas elecciones generales previniendo lo que parec�a una inevitable vistoria socialista, desaparecieron de los archivos policiales cantidades ingentes de documentos�. Pero, ciertamente, destrucci�n hubo. Buena prueba de ello es que recientemente, el pasado 8 de julio, el director del gabinete del ministro del Interior, ante la reclamaci�n de un ciudadano, tras un largo peregrinaje, de sus antecedentes policiales durante el franquismo, le ha contestado: �Hay que tener en cuenta que con la promulgaci�n de la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnist�a, se procedi� a la eliminaci�n de todos aquellos expedientes que contuviesen informaci�n de car�cter pol�tico, sindical, religioso, etc�. Respuesta, entre otras muchas razones, que justifica la investigaci�n que se pretende, pero que expresa dos graves insuficiencias. La falta de coherencia del Gobierno cuando en el Informe de la Comisi�n Interministerial, previo a la Ley de la Memoria Hist�rica, afirmaba �la absoluta primac�a de los archivos como fuente de conocimiento del pasado hist�rico, no solamente para los historiadores, sino tambi�n para las personas interesadas en conocer situaciones o episodios de su propia vida o de la de sus familiares�. Y, en segundo lugar, porque es una muestra m�s del incumplimiento de dicha ley cuando se garantiza a los ciudadanos �el derecho de acceso a los fondos documentales� depositados en los archivos p�blicos.

Por todo ello, conservan plena actualidad las palabras del profesor Tom�s y Valiente: �El derecho de todos a una informaci�n veraz no es s�lo un derecho colectivo, es decir, difuso, sino que ES un derecho individual de cada espa�ol, es un derecho fundamental��.Y reclamaba su plena satisfacci�n de manera generosa frente a una interpretaci�n tan restrictiva que representara su denegaci�n. 

* Publicado el 5 de septiembre en el diario P�blico

 

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Revista mientras tanto

N�mero 113

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Invierno 2009-2010

113

TEXTOS

Afganist�n y los atentados multiusos
Jos� L. Gordillo

La propiedad intelectual: de la voluntad del lobby al texto de la ley
Jos� A. Est�vez Araujo

Orwell 2.0: las implicaciones de la hadopi sobre la vida en internet
Sulan Wong

Derechos globales de propiedad sobre la informaci�n: la historia del trips en el gatt
Peter Drahos

Negociando con Al Capone: protecci�n a cambio de propiedad intelectual
Peter Drahos

La tragedia de los bienes privatizados: patentes e investigaci�n cient�fica
Sulan Wong

El copyright y el mundo no occidental. propiedad creativa indebida
Joost Smiers

Las ideas cercadas: el confinamiento y la desaparici�n del dominio p�blico
James
Boyle

CUESTI�N DE PALABRAS
�lvaro Garc�a

RESE�A
Resaca ideol�gica en Wall Sreett, de Andreu Espasa
 

mientras tanto bitartean mientras tanto mentrestant
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