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Cuaderno de crisis / 21
Por Albert Recio

Las expulsiones de ciudadanos europeos de etnia gitana
Por
Antonio Madrid

Una "lecci�n de cosas"
Por
Juan Ram�n Capella

De tigre a rat�n
Por
Albert Recio

Intervenci�n en apoyo a la huelga general del 29-S
Por
Miquel A. Falguera i Bar�, Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya

Carta abierta al conseller Joan Saura
De Clara Valverde, presidenta de la Lliga SFC

La Biblioteca de Babel
�ric Raynaud
11-S. Las verdades ocultas

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La armadura del capitalismo. El poder de las sociedades transnacionales en el mundo contempor�neo

Juan Hern�ndez Zubizarreta y Pedro Ramiro (eds.)
El negocio de la responsabilidad. Cr�tica de la Responsabilidad Social Corporativa de las empresas transnacionales

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N�mero 114


Número 83
Octubre de 2010

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 Cuaderno de crisis / 21

Albert Recio

Interrogantes tras la huelga general

I

La convocatoria de huelga general ha sido un �xito. Especialmente si se compara con los presagios de d�as anteriores, con los sondeos que auguraban que una �nfima minor�a de la poblaci�n ir�a al paro. El m�rito es de los sindicalistas y de los activistas sociales que han realizado un esfuerzo de convocatoria y movilizaci�n a la altura de las circunstancias. Y han conseguido, cuanto menos, activar a sectores importantes de la clase trabajadora a pesar del des�nimo, la ausencia de perspectivas, la precarizaci�n y el desempleo masivo. Una vez m�s se ha puesto de manifiesto que los grandes sindicatos, UGT y CCOO tienen capacidad de llegar a muchas partes y de promover procesos sociales de gran envergadura. M�rito tambi�n de los sindicatos menores, cr�ticos habituales de los grandes, pero que han comprendido que el envite era crucial y han aportado tambi�n su parte de esfuerzo al �xito de la jornada. Y m�rito sin duda de los millones de personas que antepusieron su dignidad y sus principios al temor a las represalias, a la p�rdida de ingresos y a los argumentos de la reacci�n a favor de la pasividad.

El que el paro no fuera total forma parte de la normalidad. En todo el mundo las huelgas generales suelen ser como �sta: paros y manifestaciones importantes sin colapso total. Especialmente en un pa�s donde se aplican servicios m�nimos. Y resulta err�neo comparar cualquier movilizaci�n de este tipo con la del 14-D de 1988 cuando el paro fue espectacular. Pero all� confluyeron tantos elementos favorables que dif�cilmente se repetir�n: desde el fundido en negro de TVE a las 12 de la noche hasta el apoyo evidente de la derecha a la huelga, pasando por el p�nico generado desde el propio Gobierno que, posiblemente, sirvi� para que muchos establecimientos cerraran de �motu propio� por temor a los piquetes. Despu�s, todo el mundo aprendi� lecciones y el resto de huelgas generales han sido parecidas: movilizaciones fuertes pero no colapsos totales. Lo que permite a los medios de comunicaci�n realizar valoraciones en funci�n de su posicionamiento previo, en la mayor�a de casos minimizando su impacto. Sin embargo, los n�meros indican que la actual ha sido una movilizaci�n parecida a la del 2002 frente a Aznar, a pesar de desarrollarse en una coyuntura m�s dif�cil. Y sirve al menos para demostrar dos cuestiones b�sicas: que, a pesar de la impotencia, una parte importante de la poblaci�n es consciente de la estafa colectiva que est� padeciendo; y que los sindicatos tienen m�s apoyo social efectivo del que resulta de algunas encuestas.

II

El perfil de la movilizaci�n muestra, una vez m�s, la complejidad de la poblaci�n asalariada. La incidencia de la huelga fue desigual. Los n�cleos industriales fueron una vez m�s el centro de la movilizaci�n, aunque tambi�n se sumaron nuevos asalariados de los servicios. Donde el paro fue sin duda menor fue entre los sectores de asalariados profesionales, muchos en el sector p�blico. Un segmento de poblaci�n que, pese a haber experimentado la agresi�n de un importante recorte salarial, sigue manteniendo comportamientos insolidarios de clase media, atrapado en su individualista visi�n de la carrera profesional. Y, en algunos casos, claramente alineado con la derecha, como se ha constatado en el pasado con algunas huelgas profesionales (m�dicos, jueces...) o como se constata ahora viendo la proclama anti-huelga del CSIF en la que el boicot al paro se justificaba con un argumento corporativista: que los funcionarios ya hab�an hecho �su� huelga y no deb�an perder m�s dinero con otra (se supone de la casta inferior). La ampliaci�n de la movilizaci�n a estos sectores va a seguir siendo dif�cil y exige pensar en un trabajo cultural espec�fico.

En otro plano distinto, esta huelga trajo tambi�n una novedad pol�tica, la de sectores radicales que trataron de generar su �movilizaci�n alternativa� ante lo que ellos consideran �responsabilidad� de los sindicatos en la situaci�n actual. Su importancia num�rica no es grande, aunque sus acciones acaban teniendo bastante eco medi�tico. Seguramente su incidencia local es variable, pero en ciudades como Barcelona la influencia de este argumentario ha calado en una parte no desde�able del activismo social. Cualquiera que tuviera acceso a los debates que circulan por la red pod�a advertir la amplitud relativa de un espacio en el que cualquier estructura institucionalizada es vista como parte del �sistema�, donde los sindicatos ocupan el mismo espacio que los financieros y los �pol�ticos�, donde est� ausente toda reflexi�n seria sobre los mecanismos de dominaci�n y consenso social y donde continuamente se confunde la opini�n personal con la de pomposos movimientos sociales. Ciertamente, se trata de un nuevo tipo de movimiento social cuya caracter�stica m�s preocupante es su incapacidad de entender que cualquier cambio social relevante exige comunicaci�n, creaci�n de empat�a, di�logo, complejidad, mediaciones... Muchas de las nuevas actitudes son reflejo de la propia impotencia, frustraci�n y desorientaci�n que genera el momento, a lo que hay que a�adir tambi�n los propios errores y sectarismos que emanan las organizaciones tradicionales. Pero, m�s all� de lo llamativo de sus insensatas intervenciones, lo realmente crucial es analizar c�mo conseguir que esta base de activismo social deje de ser un espacio autorreferencial que esteriliza esfuerzos, genera tensiones innecesarias en las grandes luchas sociales y bloquea m�s que activa procesos sociales.

III

La huelga ha sido un �xito en tanto respuesta social a las pol�ticas del Gobierno. Dif�cilmente lo va a ser en lo que respecta a conquistas tangibles. El Gobierno no va a retirar la reforma laboral. Y nada apunta a que vaya a hacer muchas concesiones en el caso de la reforma de las pensiones. Las razones de este enroque son diversas y f�cilmente reconocibles. Empezando por el recobrado poder (si es que alguna vez lo perdieron) del sector financiero y sus adl�teres, las organizaciones internacionales que no est�n dispuestas a soltar la presa (FMI, OCDE, UE) y no van a permitir ning�n relajamiento en las pol�ticas sociales. Por otro lado, el frente interno representado por los poderes econ�micos del pa�s y en el que tambi�n se cuentan los asesores econ�micos de m�s prestigio (empezando por el todopoderoso Gabinete de estudios del Banco de Espa�a). Y tambi�n, porque Rodr�guez Zapatero ha optado por dotarse de una imagen de firmeza y seguridad, incluso de una cierta aureola de �pol�tico que sacrifica su prestigio e ideales en aras a su responsabilidad�,  como v�a para tratar de escapar a lo que puede ser su jubilaci�n anticipada.

En el marco actual hay poco margen para la negociaci�n. Lo mismo ocurri� tras la huelga de 1994 que fue incapaz de alterar el signo de la pol�tica laboral y social.

El dilema para los sindicatos es c�mo seguir. Continuar la escalada de movilizaciones es una posibilidad. De hecho, es lo que piden los sectores m�s radicales. Pero el ejemplo de Grecia o Francia tampoco genera demasiado optimismo por cuanto la sucesi�n de meritorias luchas es insuficiente para alterar las pol�ticas. �ste es el drama de los pr�ximos tiempos. Y es el drama que hace a�os atenaza al movimiento sindical. El desplazamiento de los partidos socialdem�cratas hacia el espacio neoliberal deja sin referente en el campo pol�tico a las luchas sociales. Permite incluso que su discurso sea presentado como un mero reflejo de intereses particulares (el de las burocracias sindicales, los de los trabajadores con empleo estable....). Y est� claro que la movilizaci�n debe, de un modo u otro, continuar.

Para afrontar la actual situaci�n se requiere, a mi entender, la suma de diversos aspectos. El primero, el desarrollo de un proyecto social alternativo al neoliberal en el que puedan insertarse con una cierta coherencia las demandas sociales. Es una tarea dif�cil y que exige un importante esfuerzo de reflexi�n, elaboraci�n y propuesta. S�lo posible si se consiguen aunar energ�as e iniciativas sociales diferentes que cristalicen un m�nimo referente, lo que requiere desarrollar procesos que vayan en esta direcci�n. En segundo lugar, la posibilidad de que alguna fuerza pol�tica recoja este impulso y permita cuanto menos quebrar la total hegemon�a neoliberal en la esfera pol�tica. Algo que va m�s all� incluso del espacio nacional o estatal. No es tampoco un proceso sencillo en ning�n pa�s, pero resulta m�s necesario que nunca. En Espa�a ello es a�n m�s dif�cil por la incapacidad de una parte del movimiento sindical, hasta el momento, de distanciarse del PSOE, y por la existencia de los problemas de configuraci�n nacional que complican los encajes. Y en tercer lugar, el despliegue en la sociedad de una actividad cultural, prepol�tica, orientada a deslegitimar la propaganda neoliberal, a romper el fraccionamiento social, a desarrollar la participaci�n y la reflexi�n. Demasiadas tareas para sindicatos que padecen tambi�n de acomodamiento y burocratizaci�n. Pero sin generar din�micas en estos tres campos tenemos pol�ticas neoliberales y desastres sociales para mucho tiempo.

De hecho, el actual techo de movilizaci�n ya se experiment� en 1994. Entonces, la respuesta sindical fue un repliegue respecto a sus posiciones anteriores (la Propuesta Sindical Prioritaria, de corte socialdem�crata avanzado, y la actitud movilizadora que tuvo lugar en el per�odo 1988-1992) y el predominio de unas pol�ticas de concertaci�n social de bajo perfil. El crecimiento econ�mico posterior a 1995 y las t�midas pol�ticas reformistas del primer gobierno Zapatero permitieron que se dieran modest�simos avances sociales o que, cuanto menos, el desastre social tuviera niveles �tolerables� (en gran medida porque los mayores costes del mismo fueron sostenidos por el nuevo ej�rcito de reserva de los reci�n llegados, ellos mismos m�s dispuestos a tolerar unos costes sociales aceptados como �peaje� de entrada). Puede que despu�s de la Huelga y la constataci�n de la imposibilidad inmediata de revertir la situaci�n la tentaci�n del regreso a la normalidad vuelva a presentarse. Pero no parece que la coyuntura vaya a ser igual de permisiva que en el pasado. Ante la prolongaci�n y endurecimiento del contexto actual es hora de tomar en serio la necesidad de un cambio de estrategia.

IV

La convocatoria de Huelga General ha dado entrada a una nueva l�nea pol�tica por parte de la derecha. En sus medios de comunicaci�n (mayoritarios) la cr�tica a la convocatoria ha estado directamente orientada a la criminalizaci�n de la acci�n sindical, a reclamar pol�ticas dirigidas directamente a quebrar las estructuras sindicales. Nunca la derecha ha sido favorable a los sindicatos, sus intereses de clase se manifiestan m�s claramente que en la izquierda, pero ahora el tono y las propuestas se han elevado a unos extremos que retrotraen a los tiempos de Margaret Thatcher o a los EEUU pre y post fase keynesiana. Haciendo un resumen de lo que estos d�as han largado los numerosos contertulianos y editorialistas de derechas, el lema podr�a ser el de �sindicalista bueno, sindicalista muerto� y la plasmaci�n pol�tica de �ste, medidas orientadas a eliminar a los sindicatos del mundo laboral. Como las propugnadas por esa aspirante al puesto �Thatcher del Manzanares� por el que trabaja con denuedo Esperanza Aguirre.

Detr�s de esta ofensiva puede haber simple maniobra pol�tica de corto alcance encontrar un discurso propio en un conflicto en el que el protagonismo correspond�a a Gobierno y sindicatos o un nuevo y peligroso giro a la derecha, cuya plasmaci�n se concretar�a tras una victoria electoral del Partido Popular. La idea de liquidar a los sindicatos ha estado presente en toda la historia del capitalismo y se ha traducido en pr�cticas diversas en los planos legal (prohibiciones, normas de control, etc.), represivo y socio-organizativo. Un estudio atento a los cambios en la organizaci�n del trabajo permite reconocer el objetivo antisindical como uno de los factores que juegan en las din�micas de cambio organizativo. Una huella que es visible en el desarrollo del taylorismo y el fordismo a principios del siglo pasado y que es asimismo palpable en los cambios en la organizaci�n empresarial a partir de la d�cada de los setenta. La fragmentaci�n de la estructura empresarial, las pol�ticas de subcontrataci�n en cadena y muchas de las medidas de flexibilidad tienen como uno de sus objetivos aumentar el control sobre la fuerza de trabajo, lo que incluye minimizar el papel y alcance de la acci�n colectiva. Las pol�ticas antisindicales son patentes en diversos modelos de capitalismo hegem�nico, como el norteamericano previo al New Deal, el japon�s o el chino. Sin descontar todos los reg�menes dictatoriales en los que el antisindicalismo ha constituido un rasgo esencial. El antisindicalismo forma parte de la matriz ideol�gica de la derecha espa�ola desde el inicio de la industrializaci�n. Ahora que las reformas ya han abierto paso a la individualizaci�n de las relaciones laborales (v�a despido basura y posibilidades de descuelgue generalizado de los convenios sectoriales) la tentaci�n de acabar la faena con una remoci�n de las bases institucionales de la actividad sindical no constituye en absoluto una amenaza menospreciable. Y si fuera as� estar�amos asistiendo a la primera ofensiva de una batalla que podr�a continuar un posible Gobierno del PP. O que, cuando menos, le servir�a para paralizar la acci�n de los sindicatos con la amenaza de nuevas derogaciones de derechos si se portan mal. Algo de ello ya ocurri� en el primer mandato de Aznar, cuando UGT y CCOO prefirieron optar por una pol�tica de moderaci�n por temor a la aplicaci�n de reformas laborales m�s dr�sticas.

Por tanto, no hay que despreciar la posibilidad de que estemos asistiendo a la apertura de una nueva ofensiva antisindical contra toda forma de acci�n colectiva aut�noma de la poblaci�n asalariada. Y para evitarlo tambi�n es necesario desarrollar una pol�tica de amplio alcance que genere una resistencia social de suficiente envergadura. Los sindicatos, especialmente los grandes, deben ser conscientes que si bien mantienen una importante presencia social tienen un bajo nivel de aprecio y estima en amplios sectores de asalariados. Que en la situaci�n de desconcierto actual las propuestas populistas, profundamente antidemocr�ticas y antiobreras pueden pescar en r�o revuelto. Y que sin una mayor sensibilizaci�n y acercamiento a las bases sociales el peligro puede traducirse en desastre.

Que una amenaza exista no garantiza que se adopte la respuesta adecuada. De hecho la misma puede traducirse en una continuidad de las pol�ticas sindicales actuales. Y seguir confiando en el papel del PSOE como mal menor. Para Zapatero las bravuconadas antisindicales de la derecha le pueden resultar una baza a jugar. Los gui�os que �l mismo y sus ministros han realizado ante la huelga indican algo al respecto. Pero alguien que s�lo ofrece sumisi�n al sistema financiero, que ataca con tanta insensatez el sistema de negociaci�n colectiva, no deber�a poder presentarse nunca m�s como garante de derechos sociales en los que cree poco. El momento es de giro estrat�gico, de trabajo duro y de resistencia inteligente. Quien no lo entienda puede ser la pr�xima v�ctima de un proceso que de momento ya ha dejado a millones de personas en la inseguridad del desempleo, la precariedad laboral, el endeudamiento y los problemas de vivienda.

V

La Huelga General ha evitado lo peor, el fracaso de la movilizaci�n. Y con ello ha mostrado que a�n queda capacidad de resistencia social. Pero los tiempos siguen siendo duros y exigen de todos honestidad intelectual, coraje y trabajo para afrontar en serio la amenaza de un mundo con muchas desigualdades, pocos derechos sociales, escasa democracia y desastre ambiental a la vuelta de la esquina. La lucha debe seguir: en los centros de trabajo, en la calle, pero tambi�n en la producci�n de proyectos, de referencias culturales, en la generaci�n de solidaridad y empat�a entre los que seguimos pensando que un  pu�ado de potentados no tienen derecho a dominarnos. 

 

Las expulsiones de ciudadanos europeos de etnia gitana

Antonio Madrid

Los gitanos constituyen la minor�a �tnica con mayor presencia en la Uni�n Europea. Se calcula que entre 10 y 12 millones de personas pertenecen a esta minor�a (puede consultarse http://www.euromanet.eu/). En todos los pa�ses miembros de la Uni�n Europea hay personas que se identifican como gitanos. En el caso de Espa�a se suele hablar de una poblaci�n de alrededor de 700.000 personas.

De estos 10-12 millones de personas, la gran mayor�a poseen la nacionalidad de un estado miembro y, por tanto, a efectos jur�dicos y pol�ticos son considerados ciudadanos de un estado perteneciente a la Uni�n Europea. Este punto es importante cuando se habla de expulsiones de �gitanos�; en realidad, si la informaci�n que se transmite quiere ser fidedigna, hay que hablar de la expulsi�n de ciudadanos. Por tanto, inicialmente la cuesti�n pol�tica y jur�dica ha de quedar clara: dado que la expulsi�n en un estado de derecho como puede ser el franc�s o el italiano ha de seguir un procedimiento regulado legalmente, la expulsi�n afecta a un ciudadano, con independencia de que sea gitano, congoide, musulm�n, cat�lico o ateo. La expulsi�n no se puede producir por raz�n del grupo �tnico de la persona, de lo contrario estar�amos ante una flagrante violaci�n del derecho europeo y de los principios b�sicos del constitucionalismo contempor�neo.

Sin embargo, recientemente hemos tenido noticia de que el estado franc�s est� expulsando de su territorio a colectivos gitanos. La prueba de que estas expulsiones de colectivos gitanos (especialmente de nacionalidad rumana) responden a un plan previamente trazado se encuentra en distintas circulares enviadas desde el Ministerio del Interior franc�s a los prefectos de polic�a indic�ndoles que hab�a que erradicar los asentamientos de inmigrantes, tomando como prioridad la expulsi�n de los gitanos (circular de 5 de agosto de 2010). El 13 de septiembre, el ministro de Interior dict� una nueva circular sobre evacuaci�n de campamentos il�citos con la intenci�n de evitar cualquier malentendido sobre una eventual estigmatizaci�n (los textos y la secuencia de los hechos puede seguirse en http://www.lecanardsocial.com/Article.aspx?i=193).

Esta rectificaci�n formal del estado franc�s responde a varios factores que no han de quedar olvidados en un tiempo en el que la defensa de los derechos y libertades de las personas se ha convertido en una tarea prioritaria. Viviane Reding, Comisaria de Justicia, Derechos Humanos y Ciudadan�a, y primera vicepresidenta de la Comisi�n Europea, critic� en t�rminos pol�ticos y jur�dicos las actuaciones del estado franc�s. Por otra parte, la sociedad francesa se ha tenido que enfrentar de nuevo con una vieja caracter�stica de nuestras sociedades, la hipocres�a que disimula un racismo latente cuando no evidente. A su vez, distintas organizaciones internacionales han reaccionado contra estos nuevos atropellos a los derechos de libre circulaci�n y no discriminaci�n de los ciudadanos europeos (a modo de ejemplo: http://www.enar-eu.org European Network Against Racism y http://erionet.org/site/ European Roma Information Office).

Las expulsiones de territorio franc�s no son un fen�meno aislado. En distintas ocasiones se han denunciado violaciones semejantes producidas en otros pa�ses: Italia, Dinamarca, Suecia� No es por tanto un hecho puntual, sino que conforma una grave situaci�n que hay que tomarse en serio ya que da noticia de la salud de las garant�as jur�dicas y pol�ticas de las democracias europeas.

Junto a esta visi�n, que desde el punto de vista jur�dico exige el cumplimiento del derecho vigente y, por tanto, el respeto y garant�a de los derechos de las personas reconocidos por los ordenamientos jur�dicos estatales y el derecho comunitario (art. 3 del Tratado de la Uni�n Europea, la Carta de Derechos Fundamentales ―art. 21, entre otros―, la Directiva 2000/43/CE sobre igualdad racial y la Directiva 2000/78/CE sobre la discriminaci�n en el �mbito del empleo, entre otras), hay que abordar una cuesti�n �ntimamente relacionada: el mantenimiento de percepciones sociales de car�cter racista frente a las personas de etnia gitana, al igual que frente a otras personas que se puedan ocupar posiciones subsidiarias en nuestros sistemas sociales.

La salud de las garant�as jur�dicas y pol�ticas de las democracias europeas depende en buena medida de lo que su poblaci�n est� dispuesta a hacer. La democracia no es s�lo un procedimiento o un conjunto de acuerdos jur�dicos y pol�ticos, es b�sicamente una cultura que ha de definir sus principios b�sicos. Cuando surgen situaciones como la que comentamos, es inevitable prestar atenci�n a argumentos que tratan de justificar las expulsiones. Estos argumentos, m�s que jur�dicos, son b�sicamente sociol�gicos. Hablan, no de ciudadanos, sino de un rasgo de la persona, en este caso la identificaci�n �tnica: ser identificado como gitano, ya sea por unos rasgos faciales, un color de piel, la forma de vida, la actividad de la que se ocupa o, en algunos casos, la lengua utilizada o incluso la forma de vestir. Los argumentos que suelen utilizarse son �stos: los gitanos no se integran, los gitanos son peligrosos, los gitanos roban, los gitanos viven como animales� y argumentos de este tipo. En realidad, estos son falsos argumentos, son falacias, ya que parten de premisas err�neas. Se trata de opiniones basadas en emociones y prejuicios que pese a no tener una base s�lida, sirven para sentar lugares comunes que ahorran el esfuerzo de pensar m�s o comprobar los fundamentos de esa opini�n.

Sin embargo, esto no quita que haya una realidad que no puede ser obviada: barriadas degradadas, chabolismo, desempleo, problemas de convivencia entre vecinos, consumo de drogas que envenenan las relaciones personales y familiares� Estas condiciones de vida no afectan evidentemente s�lo a los ciudadanos de etnia gitana, sino en realidad a todos los colectivos y personas que se encuentran en situaci�n de especial vulnerabilidad. La cuesti�n a abordar, por tanto, es la pervivencia e incremento de las desigualdades que afectan a personas, que marcan la biograf�a de las familias. Si se quiere, la gran cuesti�n a tratar sigue siendo la realidad de la pobreza en las sociedades europeas, entendiendo por pobreza una situaci�n fruto de la interacci�n de factores econ�micos, pol�ticos, residenciales, culturales, laborales, de g�nero, salud y edad. La pobreza es una realidad multifactorial.

Si se entiende de esta forma la realidad de sociedades como la francesa o la italiana, o cualquier otra, lo que se aprecia son situaciones que responden a desigualdades preexistentes y, en su caso, la reproducci�n de las mismas desigualdades. En un momento en el que los derechos sociales han sido puestos en quiebra, en que se cuestionan los contenidos sociales del estado, y no s�lo se cuestionan por la situaci�n generada por la depredaci�n del capitalismo financiero, sino que ya se cuestionaban en los discursos pol�ticos y econ�micos neoliberales antes de la crisis de 2008 (ver Naomi Klein, La doctrina del Shock. El auge del capitalismo del desastre), en esta situaci�n, hay que recordar el texto que Lo�c Wacquant public� hace a�os: Castigar a los pobres. El gobierno neoliberal de la inseguridad social. No se trata tanto de gitanos, musulmanes, prostitutas, sin techo, inmigrantes� como de personas que viven en condiciones de pobreza y que, como siempre ha ocurrido, son convertidos f�cilmente en v�ctimas propiciatorias.

La condici�n de v�ctima propiciatoria ha de verse contestada, como m�nimo, desde dos posiciones que han de estar, a poder ser, articuladas entre s�. Por un lado, como ya se ha dicho, la defensa de los derechos y libertades de las personas es importante per se, como condici�n de una sociedad democr�tica, con independencia de que estas personas sean identificadas como gitanas, prostitutas, enfermos, inmigrantes, sin techo� Es por tanto una condici�n objetiva de la sociedad democr�tica. Por otro lado, los propios colectivos han de articularse pol�ticamente para defender sus derechos y sus intereses. Esta articulaci�n pol�tica es deficiente y requiere superar dos limitaciones: hallar m�s complicidad a nivel europeo entre las distintas comunidades pol�ticas y, a su vez, plantear la causa gitana, no en t�rminos identitarios, sino en t�rminos universales, haciendo causa com�n con todas aquellas personas y colectivos que padecen los procesos de exclusi�n, discriminaci�n y explotaci�n. Esta es una causa pendiente que se muestra cada vez m�s necesaria.

 

 

Una "lecci�n de cosas"

Juan Ram�n Capella

Nada como la gran crisis econ�mica �y social� de principios del siglo XXI como lecci�n de cosas, como experiencia directa de los derechos de las personas. Una estallido de violencia profunda en el �mbito de las relaciones econ�micas ha dinamitado el mundo de los derechos sociales, por empezar por ah�.

Millones de personas han sido expulsadas de sus ocupaciones. Los derechos de los trabajadores como tales han sido cercenados. El coste del despido se ha abaratado para los empleadores. Los puestos de trabajo tienden a ser entendidos jur�dicamente como provisionales o temporales. Las indemnizaciones y subsidios por desempleo se recortan. Las condiciones para el derecho a pensiones de jubilaci�n se endurecen y las pensiones mismas se deterioran, etc. Tambi�n se recortan los servicios prestados por las instituciones p�blicas y se imponen a pesar de eso mayores cargas fiscales a las gentes.

Dicho en pocas palabras: el sistema de relaciones econ�micas ha impuesto un recorte gigantesco de la remuneraci�n directa e indirecta de los trabajadores en beneficio de los empleadores.

Lo ha hecho ante todo mediante la violencia estructural. Mediante la potencia de la coerci�n econ�mica. Ese imperativo econ�mico, por decirlo as� �pues en realidad no es s�lo econ�mico, sino tambi�n un mixtum  militar, cultural, pol�tico�, ha impuesto a las instituciones pol�ticas de los estados la juridificaci�n y legitimaci�n de sus dictados. Gobiernos y parlamentos han obedecido. Ha sido escenificada la farsa mediante la cual las voluntades del capital aparecen como manifestaciones de la voluntad general. Han sido juridificadas y legitimadas como decisiones democr�ticas. 

O sea: el demos, la gente, ha querido la reducci�n de sus derechos, seg�n el argumento de la farsa.

Que se ha hecho moment�neamente visible.

Esa visibilidad moment�nea debe hacer posible describir la falsificaci�n de la democracia en las barbarizadas sociedades contempor�neas.

Y, en otra opci�n, tambi�n posibilita analizar mejor qu� son esas fr�giles entidades a las que llamamos nuestros derechos, que como es natural las gentes queremos defender y conservar. Pero todav�a sin plena consciencia de que eso, en �ltimo t�rmino, s�lo est� en nuestras manos.

 

De tigre a rat�n

Albert Recio

Hace pocos a�os hab�a un pa�s que era presentado como el modelo a seguir. Le apodaron el �tigre c�ltico�. Su �xito se basaba en la aplicaci�n estricta de un programa neoliberal: pocos impuestos y libertad de movimientos para las empresas multinacionales. Su crecimiento y nivel de vida eran presentados no como un milagro sino como el �xito de un proyecto bien concebido. Hoy sabemos que no era m�s que uno de los m�ltiples espejismos de la era post-moderna. Que el modelo se basaba en una variante del capitalismo especulativo que tambi�n se ha dado en su pariente lejano, �el lince mediterr�neo�. Y que cuando el endeudamiento financiero y la burbuja inmobiliaria estallaron, el modelo se vino abajo. Y se aplicaron ajustes dur�simos sobre sus inexpertos ciudadanos. Sus pol�ticos sin embargo no han cejado en el empe�o y, en lugar de trabajar para cambiar de modelo, se han esforzado en seguir aportando fondos para salvar a sus bancos (especialmente el AngloIrish Bank), generando un nuevo endeudamiento y nuevas presiones de los mercados financieros que acaban por afectar a terceros pa�ses. Ahora la Uni�n Europea le exige a Irlanda que suba impuestos, que acabe con las pol�ticas de baja fiscalidad. Se acab� el modelo exitoso. Aunque ahora los impuestos ir�n a pagar las deudas del banco y no a satisfacer necesidades de la gente. Alguien al menos deber�a aprobar una reprobaci�n p�blica de unos modelos que convierten a los pa�ses en ratones indefensos. Y pedir que esto se estudie en las facultades de Econom�a, donde el neoliberalismo sigue defendi�ndose como verdad cient�fica incontestable.

 

 

Intervenci�n en apoyo a la huelga general del 29-S

Miquel A. Falguera i Bar�
Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya

Perm�tanme que en este acto tan importante reflexione como un simple jurista. Y, perm�tanme tambi�n que recuerde que los juristas no hablamos de dineros sino de derechos. Que nuestra raz�n de ser no pasa por el incremento de las riquezas sino por el avance de la civilidad.

Tengo la impresi�n de que vivimos unos tiempos tan inciertos que es necesario recordar obviedades. Como, por ejemplo, recuperar el sentido de las palabras. As�, habr� que recordar que, en contra de lo que se nos quiere hacer creer, la democracia no s�lo es sin�nimo de libertad sino que es algo m�s. Est� claro que no hay democracia sin libertad. Pero la democracia es tambi�n igualdad. Y la democracia es tambi�n la fraternidad �es decir, el derecho de todos los hombres y todas las mujeres a desarrollarse como personas a partir del reconocimiento social de unos m�nimos de subsistencia. O, como afirmaban los padres constituyentes norteamericanos: el derecho a la felicidad.

Nadie puede ser libre si no tiene la posibilidad de desarrollar todas sus potencialidades como ser humano. De aqu� que Arist�teles caracterizara la democracia como �el gobierno de los hombres pobres libres� a diferencia de la oligarqu�a, �el gobierno de los hombres ricos libres�. De estos conceptos simples surgieron las ideas centrales de la Ilustraci�n, de la que somos hijos.

Y habr� que recordar tambi�n �porque se olvida a menudo� que los actuales marcos constitucionales de los pa�ses occidentales no aparecieron de la nada, sino que son fruto del inmenso esfuerzo de las personas pobres, m�s o menos libres, a lo largo de dos siglos. Que son la consecuencia de la lucha, la sangre y el padecimiento de la pobreza laboriosa. Despu�s que dos generaciones de trabajadores europeos y norteamericanos dejasen la vida en los campos de batalla en las dos guerras mundiales se consigui� un pacto social trascendental que comport� nuevas reglas de reparto de la tarta de la riqueza (que, ciertamente, obviaba la realidad de los pa�ses menos desarrollados), recuperando un modelo social que hab�a sido m�nimamente dise�ado por las constituciones de Weimar y Quer�taro.

A pesar de ello, hace un cuarto de siglo �a ra�z de la aparici�n de lo que se conoce como neoliberalismo� las condiciones contractuales han cambiado. Y de esta manera los valores constituciones se han visto pervertidos. Aunque nadie lo diga, los textos de nuestras cartas magnas han quedado en papel mojado, en simples declaraciones sin contenido.

A lo largo de estos a�os, los juristas hemos visto, estupefactos, hasta qu� punto las conquistas de civilizaci�n eran puestas en solfa; c�mo el Derecho ten�a que someterse a la econom�a.

Muchas veces asistimos a discursos oficiales que cuestionan la igualdad y la fraternidad por �antiguas� y reivindican una supuesta �sociedad del riesgo�, que comporta la instauraci�n del neodarwinismo social. Ahora somos m�s desiguales que hace unas d�cadas. En otras palabras, los ricos son m�s ricos y los pobres m�s pobres. Y no s�lo en escalas de los pa�ses opulentos, tambi�n a nivel mundial como constata la OIT. Discursos y pol�ticas que reclaman �menos Estado� y �menos regulaci�n�, es decir, el abandono de la intervenci�n de la sociedad como colectivo en las relaciones privadas, de tal manera que los m�s poderosos acaben imponiendo sus intereses.

En ese marco los juristas hemos asistido, boquiabiertos, a la negaci�n de que la propiedad tiene una finalidad social, tal y como afirman la mayor parte de los textos constitucionales occidentales. Y, as�, el triunfo a la vida parece pasar por el simple enriquecimiento y no por la autoemancipaci�n individual y colectiva del ser humano y la mejora de nuestras sociedades. Un enriquecimiento a cualquier precio y a costa de los dem�s: la ca�da del concepto de ciudadan�a social en favor del individualismo descarnado.

Hemos asistido a la negaci�n de los derechos y valores colectivos a favor del individualismo en contra de lo que afirman las Constituciones. Cada vez son m�s frecuentes las pol�ticas, declaraciones y normas que cuestionan a los sindicatos, la negociaci�n colectiva o el derecho de huelga. En estos precisos momentos tenemos claros ejemplos. Se nos dice �y se nos quiere hacer creer� que estas instituciones colectivas, conquistadas por hist�ricas luchas desiguales, impiden el crecimiento econ�mico.

Se ha recortado la solidaridad social a trav�s de una pol�tica fiscal regresiva. Y ello ha comportado el incremento de la desigualdad, en derechos b�sicos, como el derecho a la ense�anza, el derecho a la vivienda, el derecho a la tutela judicial efectiva, los derechos de conciliaci�n de la vida laboral y efectiva o las situaciones de dependencia. El sistema de Seguridad social �la gran conquista de la pobreza laboriosa y el m�ximo exponente de la fraternidad social� tambi�n es negado, porque se nos dice que afecta a la econom�a y nos hace incapaces de afrontar los riesgos de encarar los riesgos de las sociedades modernas. Constantemente aparecen estudios �directa o indirectamente pagados por entidades financieras� que indican la imposibilidad de pervivencia del actual modelo de previsi�n social, con gran resonancia en los medios de comunicaci�n que ocultan las p�rdidas elevadas de los sistemas privados de previsi�n. Entretanto, nuestras pensiones se van reduciendo y se endurecen los requisitos de acceso a ellas.

Con la excusa del empleo �excusa que la pr�ctica ha demostrado ser falsa� llevamos veinticinco a�os de recortes de los derechos de los trabajadores ante los empresarios. Y asistimos a la regulaci�n de mayores facilidades para el despido y a graves limitaciones de su posterior control judicial.

Asistimos a un uso abusivo de la mano de obra extranjera en un interesado dise�o de leva de un aut�ntico ej�rcito industrial de reserva que abarata los costes salariales. Y, en paralelo, asistimos tambi�n al incremento preocupante de discursos xen�fobos y con actuaciones de los gobiernos de los pa�ses ricos que incumplen los tratados internacionales.

Con estas pol�ticas contrarias a la igualdad y a la fraternidad somos cada vez menos libres. Porque asistimos a unos momentos en que los votos de los hombres pobres libres no sirven de nada para delimitar las grandes pol�ticas sociales y econ�micas. Estas pol�ticas se dise�an en organismos y corporaciones trasnacionales que no han sido votadas por nadie ni nadie las votar�. Y somos menos libres porque toda voz m�nimamente cr�tica no s�lo es omitida sino quemada inquisitorialmente en la plaza p�blica.

La actual crisis no es imputable a los trabajadores y a los pobres hombres libres sino a estas pol�ticas neoliberales. No deja de ser sorprendente que, poco despu�s del inicio de la crisis, voces destacadas empezaran a hablar de reformar el sistema, de regular la econom�a. Fue una idea ef�mera. Una vez que los hombres libres pagaron de su bolsillo los excesos financieros, la conclusi�n de los poderosos fue que estas pol�ticas suicidas ten�an que incrementarse. Dijeron que eran los pensionistas, los empleados p�blicos y las personas dependientes quienes deb�an pagar las consecuencias. Que la soluci�n a la crisis era menos igualdad y menos fraternidad. Que hab�a que continuar recortando los derechos de los trabajadores y los sindicatos. Han omitido que la causa de la actual situaci�n no es la igualdad sino precisamente los recortes de los derechos constitucionales de las personas.

Por eso, mi asociaci�n profesional, Jueces para la Democracia, ha decidido dar p�blico apoyo a la huelga general del pr�ximo 29 de septiembre. Porque esencialmente nosotros somos juristas y nuestra pasi�n es el Derecho. Alguien podr�a dudar y pensar que los motivos de la huelga en nada nos afectan, que son cosa de los trabajadores y los sindicatos. Quien as� piense se equivoca. Lo que nos jugamos ese d�a es mucho m�s que el redactado de unas leyes. Lo que nos juzgamos es si nuestro futuro lo decidir�n nuestros votos o las organizaciones financieras internacionales. Lo que nos jugamos es si optamos por la democracia o por la oligarqu�a.

* [El texto, publicado con el consentimiento de su autor, recoge una de las intervenciones en apoyo a la huelga general del 29-S que se dieron en el Paraninfo de la Universidad de Barcelona el 22.09.2010. La versi�n castellana (el discurso fue pronunciado en catal�n) que se ofrece la ha realizado la Escuela de Traductores de Parapanda y ha sido tomada del blog de Jos� Luis L�pez Bulla:
http://lopezbulla.blogspot.com/2010/09/los-juristas-no-hablamos-de-dineros.html]

 

 

Carta abierta al conseller Joan Saura

Barcelona, 1 de octubre del 2010

Estimado Conseller Saura,

No soy una joven violenta anti-sistema. Soy una mujer cincuenta�era, enferma del S�ndrome de la Fatiga Cr�nica que raramente puede salir de su casa. El 26 de septiembre hice el esfuerzo de ir a Pla�a de Catalunya, al banco ocupado por colectivos trabajando para una sociedad mejor, para participar en una interesante y fruct�fera reuni�n sobre la �Politizaci�n de los Cuidados�. Participamos enfermos, tetrapl�gicos y mujeres inmigrantes, que son las que cuidan de enfermos y ancianos en nuestros hogares. Se hizo un serio trabajo de reflexi�n sobre c�mo organizarnos entre todos ya que ni el gobierno de la Generalitat ni el de Madrid nos prestan la ayuda m�nima que necesitamos.

Era mi intenci�n haber vuelto el d�a de la Huelga General para continuar participando en los interesantes talleres que se estaban llevando a cabo en ese espacio, pero mi salud no me lo permiti�. Desde mi cama pude ver, horrorizada, por televisi�n que usted hab�a decidido desalojar ese espacio ese mismo d�a y con una violencia impresionante. Me pregunto qu� fue de los ni�os y de los ancianos que tambi�n participaban en las actividades en ese espacio.

Pero me pregunto, sobre todo, que por qu� decidi� usted desalojar ese espacio justo el d�a de la Huelga General. Podr�a haber esperado al d�a despu�s si tanto le amenaza que los ciudadanos hablemos de la politizaci�n de los cuidados. �No ser�a una manera de despistar a la prensa de la Huelga General? Cual fuera su intenci�n, la prensa en toda Espa�a, cuando habla de la Huelga General en Barcelona, s�lo habla de los �okupas� acus�ndoles de violentos (personas que, por cierto, quedaron heridos y bastante magullados). Pero para a�adir al despiste, y como si usted no tuviera nada que ver con la violencia contra los alter-mundistas, mientras los Mossos pegaban usted tomaba un sitio central en la manifestaci�n. Ese tipo de perversi�n es lo que le va a costar a su gobierno las pr�ximas elecciones.

Tambi�n quer�a informarle de que el peque�o bid�n de gasolina (la justificaci�n que usted da en la prensa por el salvaje ataque) que hab�a en ese espacio era para el generador de electricidad para poder tener luz y utilizar ordenadores en nuestras actividades.

Pero la verdad siempre prevalece y hasta con cierta poes�a, a�n en tiempos de pol�ticas neoliberales salvajes: La �S� que alguien a�adi� a las palabras �DE CREDITO� en la puerta del banco para as� formar la palabra �descredito�, veo en la prensa, que sigue en pie, despu�s de que ustedes hayan tapiado la puerta con ladrillos. Tambi�n siguen en pie, al lado de la puerta, las palabras: �Aqu� se sue�a�. 

Sinceramente, 

Clara Valverde 
Presidenta Lliga SFC (S�ndrome de Fatiga Cr�nica, Fibromialgia y Sensibilidades Qu�micas M�ltiples)

http://www.ligasfc.org

 

La biblioteca de Babel

�ric Raynaud
11-S. Las verdades ocultas

Editorial Akal, Madrid, 2010, 254 p�gs.

The New York Times, el 23 de septiembre pasado, a ra�z de la demanda de una investigaci�n internacional sobre el 11-S formulada el d�a anterior por Mahmud Ahmadineyad en la Asamblea General de Naciones Unidas, hizo p�blico el resultado de una encuesta global sobre la credibilidad de la versi�n oficial de los famosos atentados. El resultado fue cuando menos sorprendente. Seg�n dicha encuesta, la atribuci�n a Al Qaeda de la autor�a del 11-S no se la cree el 23% en Kenia, 29% en Nigeria, 36% en Alemania, 37% en Francia, 42% en Ucrania, 42% en Palestina, 43% en Gran Breta�a, 43% en Rusia, 44% en Italia, 51% en Corea del Sur, 53% en Taiwan, 61% en Turqu�a, 67% en M�xico, 68% en China, 77% en Indonesia, 84% en Egipto y 89% en Jordania. En t�rminos globales, el 54% de las 16.063 personas encuestadas no se cre�a la versi�n oficial. �C�mo es posible que tantas personas de lugares tan dispares duden de dicha versi�n, si todo parece estar tan claro seg�n los gobiernos y los grandes medios de comunicaci�n occidentales? Pues, tal vez, porque esa supuesta claridad tiene que ver m�s con la fe que con la raz�n. Fe, sobre todo, en que la versi�n oficial es el producto de una investigaci�n seria, rigurosa e independiente. Pero todos los que hayan le�do el informe de la Comisi�n del 11-S y las cr�ticas al mismo (otra cosa son los que hablan de o�das; esos lo que tiene que hacer es leer y estudiar) saben que el resultado de los trabajos de la Comisi�n no merece ninguno de esos calificativos. Entre otras cosas, porque as� lo han sugerido sus principales responsables. Lee Hamilton y Thomas Kean, presidente y vicepresidente de la Comisi�n del 11-S, han dejado escrito que la Comisi�n del 11-S �estaba organizada para fracasar� (en su libro Whithout Precedent. The Inside Story of the 9/11 Commission, Vintage Books, New York, 2007 y en varias declaraciones p�blicas, como la que se puede ver y o�r en Youtube en el v�deo titulado �The 9/11 Commision Failed�). La investigaci�n period�stica de �ric Raynaud est� escrita para los amantes de la raz�n, el empirismo y la decencia. Su contenido consiste en una infinidad de datos, hechos y pruebas que pulverizan la versi�n oficial del 11-S. Todo el mundo deber�a leerla.

[Jos� Luis Gordillo]

Alejandro Teitelbaum
La armadura del capitalismo. El poder de las sociedades transnacionales en el mundo contempor�neo

Icaria, Barcelona, 2010

Teitelbaum trabaja como abogado. Es el representante de la asociaci�n americana de juristas ante las Naciones Unidas http://www.aaj.org.br/ En este libro presenta las principales caracter�sticas del proceso de mundializaci�n de las compa��as transnacionales y el peso que han adquirido en el funcionamiento del capitalismo contempor�neo.

         Se trata de un texto cr�tico y bien documentado que da informaci�n al lector acerca de cuestiones tan relevantes como las responsabilidades de las transnacionales, las insuficiencias de la regulaci�n internacional y las v�as de escape que encuentran para evitar responder por los da�os que causan. Junto a esto, explica qu� actuaciones a nivel internacional est�n dando resultado a la hora de exigir responsabilidad a las transnacionales. Esta tarea es una de las m�s urgentes que tenemos planteadas a nivel global: establecer instrumentos de regulaci�n y supervisi�n a las actividades de las transnacionales.

[Antonio Madrid]

Juan Hern�ndez Zubizarreta y Pedro Ramiro (eds.)
El negocio de la responsabilidad. Cr�tica de la Responsabilidad Social Corporativa de las empresas transnacionales

Icaria, Barcelona, 2009

En este libro se muestra cr�ticamente a qu� se refiere la mayor parte de las corporaciones transnacionales cuando hablan de su responsabilidad social corporativa (rsc). Una de las conclusiones a la que se llega es que o se consigue que la rsc sea de cumplimiento obligatorio, y sus contenidos se acuerdan y controlan a nivel estatal e internacional, o, en la mayor�a de lo casos, la rsc no ser� m�s que la auto-publicitaci�n blanqueadora de los desmanes de las transnacionales.

La rsc se ha convertido, y puede seguir siendo as�, en un instrumento de legitimaci�n de las transnacionales, de modo que aparecen como creadoras de riqueza, al tiempo que tratan de eludir su responsabilidad como causantes de crisis e injusticias. El uso dominante de la rsc expresa un acuerdo t�cito que deber�a ser revisado. Este acuerdo dice: la buena cara de las transnacionales se mantiene mientras no se toque la tasa de beneficio, no se alteren las condiciones pol�ticas y econ�micas que se exigen, es decir, mientras las grandes corporaciones puedan definir las reglas de juego.

El libro aborda la cuesti�n de la rsc desde diversas perspectivas: publicidad, c�digos de conducta, consumo, relaci�n entre la rsc y la protecci�n del medio ambiente, el papel de los sindicatos y la realidad de las transnacionales espa�olas. Es una buena introducci�n a la cr�tica del uso dominante de la noci�n de responsabilidad social corporativa.

[Antonio Madrid]

  

Cine 

Achero Ma�as
Todo lo que t� quieras
Esp., 2010, 101�

Dudo que el nuevo film del director de El Bola y de Noviembre pase de esta semana en cartelera. No es un film reconfortante para el espectador. Y ser�a una l�stima esperar a que salga en DVD o la echen por la tele para verla, pues se trata de una pel�cula cuya profundidad, bien subrayada por la l�gubre luz oscura que lo domina y por la hondura de las interpretaciones, no se puede captar bien si no es en una sala de proyecci�n. La nueva obra de Ma�as es, como sus predecesoras, veraz y sincera: como ha sido divulgado, trata de la cuesti�n identitaria y de la homofobia, en el marco de una relaci�n heterosexual normal alterada por un suceso imprevisto. Pero tal vez el mayor inter�s del film radique justamente en hacernos reflexionar sobre esos acontecimientos que inesperadamente se nos presentan para revelarnos lo limitado de nuestra experiencia y lo clasada e ideologizada que suele estar nuestra manera de mirar. La evoluci�n del prota, un abogado pijo y bien casado, puede que resulte poco cre�ble, pero muestra el verdadero valor de la renuncia en unos tiempos poco dados a actos revolucionarios.

[Antonio Gim�nez]

 

P�ginas amigas

Centre de Treball i Documentaci� (CTD)
http://www.cetede.org

Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas
http://www.ucm.es/info/nomadas

El Viejo Topo
http://www.elviejotopo.com

La Insignia-
http://www.lainsignia.org

Sin permiso
http://www.sinpermiso.info/

 

Revista mientras tanto

N�mero 114

 mientras tanto
BCCBBHBCCBBBCBBBCBBBBCCB

Oto�o 2010

A los 25 a�os de la muerte de Manuel Sacrist�n
Presentaci�n
Manuel Sacrist�n Luz�n: Ponencia de las jornadas intelectuales comunistas de Barcelona
Manuel Sacrist�n Luz�n: Introducci�n a un curso sobre los nuevos movimientos sociales
Juan-Ram�n Capella: La obra de Manuel Sacrist�n Luz�n: sugerencias de lectura

 Los cr�menes del franquismo y la justicia espa�ola
LOS JUECES Y EL APRENDIZAJE DE LA IMPUNIDAD, A PROP�SITO DE LOS CR�MENES DEL FRANQUISMO
Ram�n Saez

ILEGITIMIDAD FRANQUISTA FRENTE A LEGALIDAD REPUBLICANA
Carlos Jim�nez Villarejo

JUECES Y FISCALES ANTE CR�MENES DEL FRANQUISMO
Antonio Do�ate Mart�n
 

RESE�AS
Retrato del cerebro
de Adam Zeman
Alfons Barcel�

Sobre los escritos filos�ficos de Castoriadis
Xavier Pedrol

CUESTION DE PALABRAS
Tres consideraciones
de Luis Garc�a-Montero

CITA

mientras tanto bitartean mientras tanto mentrestant
BCCBBHBCCBBBCBBBCBBBBCCB

 

 

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