La inseguridad jurídica para los acreedores de las sociedades anónimas laborales ANTE el Real Decreto Ley 10/2008 de 12 de diciembre: mención a las sociedades constructoras y promotoras

 

POR

 

Sonia BENITO HERNÁNDEZ·

María Olga ZÚÑIGA DURÁN§§

 

RESUMEN

 

            Este trabajo pretende hacer un análisis sistemático de la normativa contable, así como una interpretación de la norma excepcional en base al conocimiento del concepto de patrimonio neto en relación a la Ley 16/2007 de 4 de Julio y al reciente Real Decreto Ley 10/2008 de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas financieras para la mejora de la liquidez de las pequeñas y medianas empresas y otras medidas económicas complementarias, provocando alteraciones en el régimen jurídico de la disolución obligatoria por pérdidas (Art. 163.1 de la LSA) y de las causas de disolución por pérdidas graves (Art 260.4 de la LSA).

 

            Este estudio hace especial referencia a las sociedades anónimas laborales constructoras y promotoras, sector fuertemente afectado por la crisis económica actual.

 

Palabras Clave: Patrimonio neto, Plan General de Contabilidad 2007, Real Decreto 10/2008 de 12 de diciembre, Sociedad anónima laboral, Empresas constructoras y promotoras de viviendas.

Códigos Econlit: M410, M480, J540, L740.


LEGAL INSECURITY FOR CREDITORS OF INDUSTRIAL CORPORATIONS TO ROYAL DECREE LAW 10/2008 of 12 December: WORDS TO CONSTRUCTION and promoters COMPANIES

 

ABSTRACT

 

            This study attempts a systematic analysis of the regulations, as well as a unique interpretation of the rule based on knowledge, the concept of equity in relation to the Law 16/2007 of July 4 and the recent Royal Decree Law 10 / December 2 of 2008 on the adoption of financial measures to improve the liquidity of small and medium enterprises and other economic measures up, causing alterations in the legal framework for compulsory winding losses (Art. 163.1 of the LSA) and causes serious losses of dissolution (Art. 260.4 of the LSA).

 

            This study makes specific reference to joint stock industrial builders and promoters, a sector strongly affected by the current economic crisis.

 

Keywords: Accounting equity, General Accounting Plan 2007, Royal Decree 10/2008 of December 12, Labor managed firms, Construction companies and housing developers.

 

L'INSÉCURITÉ JURIDIQUE POUR LES CRÉANCIERS DES SOCIÉTÉS ANONYMES DE TRAVAIL DEVANT LE DÉCRET ROYAL UNE LOI 10/2008 DU 12 DÉCEMBRE : UNE MENTION AUX SOCIÉTÉS CONSTRUCTRICES ET AUX PROMOTRICES

 

RÈSUMÈ

 

Ce travail cherche à faire une analyse systématique de la réglementation racontable, ainsi qu'une interprétation de la norme exceptionnelle à coups de la connaissance du concept de patrimoine net dans une relation à la Loi 16/2007 du 4 juillet et au Décret royal récent la Loi 10/2008 du 2 décembre, par lequel des mesures financières sont adoptées pour l'amélioration de la liquidité des petites entreprises moyennes et d'autres mesures économiques complémentaires, en provoquant des altérations dans le régime juridique de la dissolution obligatoire par les pertes (Art. 163.1 de la LSA) et des causes de dissolution par de graves pertes (Art 260.4 de la LSA).

 

l'Est une étude fait une référence spéciale aux sociétés anonymes de travail constructrices et aux promotrices, au secteur fort affecté par la crise économique actuelle.

 

Des mots clefs: Un patrimoine net, un Plan Général de Comptabilité 2007, le Décret royal 10/2008 du 12 décembre, la Société anonyme de travail, les Entreprises constructrices et les promotrices de logements

 

 

1. Introducción

 

            La situación económica actual está definida por la crisis económica y financiera, caracterizada por la desconfianza de las empresas y de los consumidores en los mercados, sobre todo en el mercado financiero, debido fundamentalmente a la carencia de liquidez y solvencia crediticia por parte de las entidades financieras y por el elevado endeudamiento de las familias.

 

            En España, la crisis está teniendo repercusiones directas sobre los datos de desempleo. La tasa de paro en España fue del 17,4 por ciento en el primer trimestre del año 2009, su mayor porcentaje desde finales del año 1998, después de haberse situado en el 13,9 por ciento en el cuarto trimestre de 2008. Si comparamos los datos anuales y con el resto de países de la Unión Europea, mientras que la tasa de paro de la zona euro (27 países) en el año 2008 fue del 7 por ciento, en España fue del 11,3, la más alta de todos los miembros, siguiéndole Turquía con un 9,8 por ciento[1].

 

            Aunque hay estudios (GRAVALOS GASTAMINZA y POMARES HERNÁNDEZ, 2001) que exponen que en períodos de crisis se produce un auge en la creación de empresas que forman la Economía Social, las cuales juegan un papel residual en la actividad económica y evolucionan de forma contraria al ciclo económico (sobre todo las cooperativas), los datos que se exponen a continuación no avalan del todo esta teoría, sobre todo en lo que a sociedades laborales se refiere. No obstante, hay que resaltar que el origen de la creación de muchas sociedades laborales (Marcuello Servós, Urbina Pérez, Chico CHICO y Pérez Giner, 1995) es la reconversión de empresas en crisis, muchas de ellas sociedades anónimas, en las que los trabajadores para salvar sus puestos de trabajo y evitar estar desempleados intentan salvar a la propia empresa.

 

            En los datos de la Tabla 1 se puede observar cómo ha habido un incremento en los ceses en empresas desde el año 2007 a la actualidad. En el año 2009, las empresas que cesan su actividad son el 11,86 por ciento del total de empresas existentes, en el 2008 representan el 9,42 por ciento y en el 2007 el 7,79 por ciento, aumentando el número de ceses totales en 2009 con respecto al año anterior en 75.701 y en 138.107 más con respecto al año 2007.

 

            En lo relativo a las sociedades anónimas, en el año 2009 se incrementó el número de ceses con respecto al año anterior en 539 empresas y en comparación al 2007 en 905 empresas. Aunque el incremento más representativo se puede ver en las sociedades de responsabilidad limitada cuyos ceses en 2009 se incrementaron en 40.227 y en 55.291 empresas si lo comparamos al año 2008 y 2007 respectivamente.

 

Tabla 1. Cese de empresas según forma jurídica (2007-2009)

Total

Total

2009

2008

2007

398.229

322.528

260.122

Personas físicas

256.088

226.058

181.914

Sociedades anónimas

4.108

3.569

3.203

Sociedades de responsabilidad limitada

102.923

62.696

47.632

Otras formas jurídicas

35.110

30.205

27.373

Total empresas existentes

3.355.830

3.422.239

3.336.657

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística.

 

            Los datos referentes al sector de la construcción no son mejores que los globales, puede observarse en la Tabla 2 que en el año 2009, del total de empresas que cesaron, las que lo hicieron en este sector representan el 27,17 por ciento y en concreto las sociedades anónimas representan el 0,12 por ciento del total de ceses producidos. Aunque el porcentaje pueda parecer irrelevante, adquiere importancia si lo comparamos con el año 2007, ya que casi se ha duplicado. Este incremento puede observarse, sobre todo, en las sociedades anónimas que tienen entre 1 y 5 trabajadores ya que han sido las más afectadas.

 

Tabla 2. Ceses de empresas según forma jurídica y número de asalariados en el sector de la construcción (2007-2009)

Número de Asalariados

Año

Total

Personas físicas

Sociedades anónimas

Sociedades de responsabilidad limitada

Otras formas jurídicas

Total

2009

108.199

71.400

482

26.611

9.706

2008

62.102

445.74

342

11.060

6.126

2007

46.033

31.711

285

8.594

5.443

Sin asalariados

2009

47.203

38.480

154

4.336

4.233

2008

38.935

30.780

218

4.235

3.702

2007

28.137

21.887

163

2.982

3.105

De 1 a 5 asalariados

2009

55.995

31.098

280

19.536

5.081

2008

18.751

11.835

78

4.920

1.918

2007

14.568

8.516

70

4.083

1.899

De 6 a 9 asalariados

2009

2.613

1.111

17

1.256

229

2008

2.199

1.110

13

818

258

2007

1.776

790

17

724

245

De 10 a 19 asalariados

2009

1.632

548

10

952

122

2008

1.484

647

10

649

178

2007

1.048

389

17

504

138

De 20 o más asalariados

2009

756

163

21

531

41

2008

733

202

23

438

70

2007

504

129

18

301

56

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística.

 

            En la Tabla 3 puede observarse que se han reducido en un 31,5 por ciento las altas de sociedades anónimas en el sector de la construcción con respecto al año 2007, decremento extensible a todas las formas jurídicas y a todos los estratos de número de empleados.


Tabla 3. Altas de empresas según forma jurídica y número de asalariados en el sector de la construcción (2007-2009)

Total número de asalariados

Año

Total

Personas físicas

Sociedades anónimas

Sociedades de responsabilidad limitada

Otras formas jurídicas

Total

2009

50.646

28.006

150

14.914

7.576

2008

74.942

42.105

205

22.331

10.301

2007

84.613

53.143

219

21.765

9.486

Sin asalariados

2009

35.493

23.207

69

6.343

5.874

2008

48.996

33.055

102

8.540

7.299

2007

56.514

41.769

85

8.014

6.646

De 1 a 5 asalariados

2009

12.357

4.504

58

6.345

1.450

2008

20.043

8.347

63

9.053

2.580

2007

21.461

10.342

77

8.694

2.348

De 6 a 9 asalariados

2009

1.497

204

6

1.177

110

2008

2.936

469

18

2.213

236

2007

3.223

678

22

2.247

276

De 10 a 19 asalariados

2009

919

77

8

743

91

2008

2.067

194

10

1.736

127

2007

2.301

295

17

1.842

147

De 20 o más asalariados

2009

380

14

9

306

51

2008

900

40

12

789

59

2007

1.114

59

18

968

69

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística.

 

            Si se analizan las sociedades laborales en concreto hay que señalar que, según el observatorio de economía social[2], en España trabajan 30.863 personas en sociedades anónimas laborales y 70.468 en sociedades limitadas laborales. En especial el sector de la construcción emplea a 36.814 personas.

 

            En el trimestre enero-marzo del año 2009, el empleo aumentó en las cooperativas (un 6,7 por ciento más de empleados), aunque se redujo tanto en las sociedades anónimas laborales (-4,2 por ciento) como en las sociedades limitadas laborales (-9,6 por ciento). En referencia a los datos de finales del año 2007, el empleo en cooperativas ha caído un 1,8 por ciento en todo el año 2009, mientras que el de las sociedades laborales se ha reducido en un 11,1 por ciento para las anónimas y en un 21,8 por ciento para las limitadas. Sólo el sector de la construcción justifica el 65 por ciento de la caída del empleo en la economía social.

 

            Si a los ceses de empresas puramente motivados por la crisis económica se les añaden otras disoluciones de sociedades que vienen incentivadas por cuestiones legales bajo los supuestos que se explican en lo que sigue, estos números podrían seguir incrementándose de forma exponencial en los próximos años. La legislación ofrece mecanismos para conseguir un equilibrio entre el capital social y el patrimonio neto, generando garantías frente a terceros y, por ello, establece una relación mínima entre el patrimonio y el capital social, de tal forma que tanto en la Ley de Sociedades Anónimas así como en la de Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada se encuentra la causa disolutoria por pérdidas, producida cuando el patrimonio neto se reduce por debajo del 50 por ciento del importe del capital social, alterando el equilibrio deseado, argumentando una pérdida de garantía para los acreedores y una situación de inseguridad para los socios.

 

            Para frenar la disolución de sociedades por esta norma, intentar facilitar la actividad empresarial en sectores como el de la construcción y mejorar la liquidez de las empresas con dificultades económicas coyunturales, se han establecido una serie de cambios legislativos que modifican los existentes y que producen alteraciones en la garantía que se ofrecía a los acreedores y a los socios. Uno de estos cambios son las variaciones sufridas en el cálculo del patrimonio neto desde el punto de vista contable y legal necesario para la aplicación e la norma expuesta anteriormente.

 

            En este trabajo se van a estudiar dichos cambios legales y cómo afectan tanto a la empresa como a los socios y a los terceros interesados.

 

2. Evolución del concepto de patrimonio neto. Comparativa del Plan general contable vigente desde 1990 con el nuevo plan aprobado por el Real Decreto 1514/2007 de 16 de noviembre a iniciativa de la Ley 16/2007 de 4 de Julio.

 

            Es innegable la relevancia que tiene la normativa mercantil, tributaria y del derecho de empresa para definir los conceptos y magnitudes de naturaleza contable. Entre estos conceptos uno de los más importantes es el de patrimonio neto, ya que de su cuantificación y determinación depende el reparto de dividendos, la compra de acciones propias o la disolución obligatoria de la sociedad.

 

            A lo largo de los años y debido a la adaptación con la normativa europea se han establecido nuevos decretos y leyes que han modificado considerablemente no sólo el concepto de patrimonio neto sino del propio balance de la empresa. Así, debido a la reforma contable establecida por la Ley 16/2007 de 4 de Julio para la reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con base a la normativa de la legislación Europea y por el Real Decreto 1514/2007 de 16 de noviembre por el que se aprueba el nuevo Plan General Contable, el balance, que es el documento que comprende el activo, el pasivo y el patrimonio neto de la empresa, ha sufrido cambios importantes en relación al modelo del Plan General Contable (PGC) aprobado por el Real Decreto 1643/1990 de 20 de diciembre.

 

            En la Tabla 4 se expone una comparativa de ambos planes de tal forma que se puedan observar los cambios más importantes. Posteriormente, se explicará brevemente los principales cambios acontecidos así como los elementos que comprenden cada una de las masas patrimoniales.

 

Tabla 4. Comparativa de las partidas que componen el balance según los diferentes planes contables 1990-2007

 

Balance 1990

Balance 2007

Activo (PGC de 1990 y 2007)

§     Accionistas por desembolsos no exigidos

§     Inmovilizado

§     Gastos a distribuir en varios ejercicios

§     Circulante

§     Activo no corriente

§     Activo corriente

Pasivo (PGC 1990) y Patrimonio neto y pasivo (PGC 2007)

§     Fondos propios

§     Ingresos a distribuir en varios ejercicios

§     Provisiones para riesgos y gastos

§     Deudas a largo plazo

§     Deudas a corto plazo

§     Patrimonio neto

§     Pasivo no corriente

§     Pasivo corriente

Fuente: elaboración propia

 

            En el activo corriente se incluyen aquellos activos que se espera vender, consumir o realizar en el ciclo normal de explotación, que con carácter general no excederá de un ciclo económico, así como otros activos cuyo vencimiento, enajenación o realización se espera que se realice en el plazo máximo de un año. También forman parte de esta categoría los activos financieros clasificados como mantenidos para negociar y el efectivo y otros activos líquidos equivalentes:

 

            Con respecto al activo no corriente, se incluyen los demás elementos del activo, es decir, aquellos que se espera permanezcan en la empresa más de un ciclo económico o más de un año.

 

            Como diferencias más destacables en relación entre los dos planes contables se pueden citar las siguientes:

a) Desaparecen del activo las siguientes partidas:

b) Se establecen algunos epígrafes nuevos, entre los que cabe destacar los siguientes:

c) Se establece la obligación de mostrar una mayor información de las inversiones en empresas del grupo y asociadas mediante una clara separación entre ellas.

d) Las existencias de producción de ciclo superior a un año, sean éstas «productos en curso» o «productos terminados», deben ser desglosadas de modo que figuren separadamente las de ciclo corto y las de ciclo largo.

e) Los deudores por tráfico con vencimiento superior a un año deben desglosarse dentro del activo corriente en función del plazo de su vencimiento.

 

            La parte derecha del balance, que en los planes anteriores se denominaba pasivo, ya no se denomina así, ya que además del pasivo incluye también el patrimonio neto, que no es un pasivo.

 

            Debido a la aprobación de la Ley 16/2007 de 4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con base a la normativa de la Unión Europea se han modificado algunos de los artículos entre los que cabe destacar aquellos que afectan al tema objeto de estudio de este trabajo. Así en el apartado 1 del artículo 163 de la Ley de Sociedades Anónimas sustituyendo el término “haber” por el de “patrimonio neto” y en el apartado 13, el apartado 1.4º del artículo 260 de la Ley de Sociedades Anónimas por el que se cambia el término “patrimonio” por el de “patrimonio neto”

 

            A parte de estas modificaciones hay que centrarse en la definición de “patrimonio neto” que se recoge en el artículo 36.1, apartado c:

                        “Patrimonio neto: constituye la parte residual de los activos de la empresa, una vez deducidos los pasivos. Incluye las aportaciones realizadas, ya sea en el momento de su constitución o en otros posteriores por sus socios o propietarios, que no tengan la consideración de pasivos, así como los resultados acumulados u otras variaciones que le afecten.

                        A los efectos de la distribución de beneficios, de la reducción obligatoria del capital y de la disolución obligatoria por pérdidas de acuerdo con los dispuesto en la regulación legal de las sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad limitada, se consideran patrimonio neto el importe que se califique como tal conforme a los criterios para confeccionar las cuentas anuales incrementando en el importe del capital social suscrito no exigido, así como en el importe del nominal y de las primas de emisión o asunción del capital social suscrito que está registrado contablemente como pasivo”.

 

            El marco conceptual de la legislación establece que el patrimonio neto constituye la parte residual de los activos de la empresa, una vez deducidos todos sus pasivos y está formado por tres elementos:

 

Tabla 5. Cálculo del patrimonio neto contable según el PGC 2007

+FONDOS PROPIOS

+ Capital escriturado

- Capital no exigido

+ Prima de emisión

+ Reservas

- Acciones o participaciones propias

+/- Resultados de ejercicios anteriores

+ Aportaciones de socios

+/- Resultado del ejercicio

- Dividendo a cuenta

+ Otros instrumentos de patrimonio

+/- AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR

+/- Ajustes por valoración de activos financieros disponibles para la venta

+ Operaciones de cobertura

+ Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios

+ Diferencias de conversión

+/- Ajustes por valoración de activos no corrientes y pasivos vinculados mantenidos para la venta.

+SUBVENCIONES; DONACIONES y LEGADOS

= PATRIMONIO NETO CONTABLE

Fuente: elaboración propia a partir del PGC 2007.

 

            En relación con el PGC del 1990, el concepto de patrimonio neto actual es más amplio que el de fondos propios de dicho plan. Por una parte, se incluye un concepto novedoso como son los ajustes por cambios de valor, inexistente en el plan anterior y, por otra parte, las subvenciones y similares, que ahora forman parte del patrimonio neto, y que en el modelo anterior figuraban en el balance una categoría de ingresos a distribuir en varios ejercicios que ahora ya no existe. Las principales diferencias en el cálculo del patrimonio neto con respecto al PGC de 1990 son:

 

            El pasivo no corriente comprende los elementos de pasivo no clasificados como corrientes, entre los que cabe citar:

 

            Por último, con respecto al pasivo corriente comprende las obligaciones que la empresa espera liquidar en el ciclo normal de explotación, obligaciones con vencimiento o extinción en un plazo máximo de un año desde el cierre y los pasivos financieros clasificados como mantenidos para negociar. Los pasivos corrientes que figuran en el modelo de balance son:

 

            Algunas novedades que conviene destacar con respecto al pasivo tanto corriente como no corriente son las siguientes:

a) Aparecen algunos epígrafes nuevos como los siguientes:

b) En pasivo corriente y no corriente hay un menor nivel de desglose y se incluyen las provisiones a corto o largo plazo, respectivamente.

c) Los acreedores por tráfico con vencimiento superior a un año se desglosarán dentro del pasivo corriente en función del plazo.

 

2.1 Naturaleza del capital social en las sociedades cooperativas, en la Ley 16/2007.

           

La consideración del capital social de las sociedades como fondos ajenos a la sociedad, al ser  recurso exigible a largo plazo por los cooperativistas al poder recuperar sus aportaciones cuando se da de baja voluntaria, ha sido resuelto por la Ley 16/2007 al diferenciar entre aportaciones con, y sin derecho a reembolso cuando el socio decida causar baja de la sociedad cooperativa, en su Disposición adicional cuarta. La Ley permite que parte del capital social de la sociedad cooperativa pueda estar constituido por aportaciones de los socios de carácter no reintegrable en causar baja de la sociedad. En estos casos al considerar sólo una parte del capital social como no reintegrable a los socios, hace que parte del capital social sea considerado fondo propio de la sociedad cooperativa  capital social es considerado fondos propios

 

3. El cálculo del patrimonio neto ajustado para las sociedades anónimas y el régimen jurídico de la disolución obligatoria por pérdidas (Art. 163.1 de la LSA) y de las causas de disolución por pérdidas graves (Art 260.4 de la LSA). Comparativa con el reciente Real Decreto Ley 10/2008 de 2 de diciembre.

 

            La legislación establece en los artículos 163.1 y 260.12º de la Ley de Sociedades Anónimas (LSA) que:

 

Art. 260.4 de la Ley de Sociedades Anónimas. La sociedad anónima se disolverá por consecuencia de pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso conforme a lo dispuesto en la Ley Concursal (22/2003, de 9 de julio).

 

Art. 163.1 de la Ley de Sociedades Anónimas. La reducción del capital tendrá carácter obligatorio para la sociedad cuando las pérdidas hayan disminuido su patrimonio neto por debajo de las dos terceras partes de la cifra del capital y hubiere transcurrido un ejercicio social sin haberse recuperado el capital social.

 

            El patrimonio neto calculado y obtenido directamente del Balance según se ha expuesto en la tabla 5 de este trabajo no es el que se utiliza para evaluar las situaciones previstas en la legislación mercantil citada en los dos párrafos anteriores. Por ello, en el derecho comparado existen dos formas para conciliar la contabilidad con la legislación mercantil. Una de ellas es la prevista por la legislación alemana, consiste en llevar una doble contabilidad, una formulada en base a las normas internacionales (NIFF) con efectos informativos a terceros y otra sólo a fines internos de de aplicación para evaluar las situaciones exigidas por la Ley. La otra alternativa, adoptada por Italia, se limita a ajustar el patrimonio neto contable a los efectos requeridos por la Ley. Ésta última alternativa es la prevista por el legislador español, para lo cual existen preceptos de carácter mercantil que detallan los ajustes a realizar incrementando el patrimonio neto contable con las siguientes partidas (ALONSO AYALA, 2009):

 

Tabla 6: Cálculo del patrimonio neto ajustado a efectos de la reducción de capital y disolución obligatorias para las sociedades anónimas.

PATRIMONIO NETO CONTABLE

+CAPITAL NO EXIGIDO

+PASIVOS FINANCIEROS ASIMILADOS A PATRIMONIO NETO

- BENEFICIOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE A PATRIMONIO NETO

+ PRÉSTAMOS PARTICIPATIVOS

= PATRIMONIO NETO AJUSTADO

Fuente: elaboración propia.

 

            Sin embargo, con la modificación legal producida por el Real Decreto Ley 10/2008, de 12 de diciembre, por el que se adoptan medidas financieras para la mejora de la liquidez de las pequeñas y medianas empresas, y otras medidas económicas complementarias que han alterado de nuevo el régimen jurídico de la reducción obligatoria por pérdidas y de la causa disolutoria por pérdidas graves, artículos 163.1 y 260.1.4º de la ley de sociedades anónimas, el cálculo expuesto en la Tabla 6 vuelve a verse modificado.

 

            La nueva norma dicta, con una vigencia temporal limitada de dos años, un régimen excepcional para las reducciones obligatorias de capital y las disoluciones de sociedades anónimas y de responsabilidad limitada (incluidas las laborales), como consecuencia de pérdidas. Las pérdidas por deterioro, coyunturalmente significativas en determinadas compañías, según se indica en el propio decreto, al incorporarse a la cuenta de pérdidas y ganancias habrían de tenerse en cuenta a los efectos del cálculo de la pérdida del patrimonio neto en los supuestos señalados de reducción de capital y disolución. Por esta razón, el legislador suspende, con una vigencia temporal de dos años, la inclusión en el cálculo del patrimonio neto de los casos de pérdidas por deterioro del inmovilizado material, de las inversiones en inmovilizado y de las existencias, en régimen societario aplicable, sin que ello suponga, por lo demás alteración del correspondiente régimen contable.

 

            Así el resultado contable del patrimonio neto debe sufrir las modificaciones establecidas en la legislación mercantil, debiéndose hacer un ajuste positivo incrementando el patrimonio neto contable con los deterioros de activos citados, como se indica en la Tabla 7.

 

Tabla 7: Cálculo del patrimonio neto ajustado a efectos de la reducción de capital y disolución obligatorias según el Real Decreto 10/2008

PATRIMONIO NETO CONTABLE

+CAPITAL NO EXIGIDO

+PASIVOS FINANCIEROS ASIMILADOS A PATRIMONIO NETO

- BENEFICIOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE A PATRIMONIO NETO

+ PRÉSTAMOS PARTICIPATIVOS

+ DETERIOROS DE INMOVILIZADO MATERIAL, INVERSIONES INMOVILIARIAS Y EXISTENCIAS.

= PATRIMONIO NETO AJUSTADO

Fuente: elaboración propia.

 

4. Consecuencias de los cambios producidos por el Real Decreto 10/2008 en el cálculo del patrimonio neto ajustado: Sociedades anónimas laborales constructoras y promotoras

 

            Los deterioros en inmovilizado material, en inversiones en inmovilizado y en existencias son pérdidas coyunturales, reversibles, que sumadas al patrimonio neto contable de la empresa según indica el Real Decreto 10/2008 exime de la disolución de la misma, siempre que el total de las partidas sumadas alcancen una cifra superior al 50 por ciento del capital social.

 

            Antes del Real Decreto 10/2008, la Ley permitía a las empresas desarrollar su actividad hasta que tuvieran pérdidas por encima del 50 por ciento del capital social, es decir hasta que tuvieran una “quiebra técnica”. Ahora podrán seguir operando en el mercado aún a pesar de encontrarse en esta condición, puesto que no computarán como pérdidas las citadas en el párrafo anterior. Esto a su vez permitirá a las empresas en “quiebra técnica” seguir consiguiendo financiación, endeudándose si es preciso y operando a crédito con terceros sin las garantías necesarias.

 

            Desde el punto de vista empresarial y en lo relativo a las garantías con terceros y con los propios socios, el cambio en el cálculo del patrimonio neto ajustado podría no producir efectos siempre y cuando tanto los socios como los terceros interesados tuvieran en cuenta y pudieran revisar el balance de la empresa, ya que los deterioros en inmovilizado material, en inversiones en inmovilizado y en existencias quedan recogidos y, por tanto, pueden verse y analizarse en el activo del balance en los siguientes grupos, corrigiendo el valor de los bienes de la empresa:

§  Grupo 29. Deterioro del valor de activos no corrientes. En este grupo se recogen las pérdidas de valor del inmovilizado material y de las inversiones en inmovilizado.

§  Grupo 39. Deterioro del valor de las existencias. En este grupo se recogen las pérdidas de valor de las existencias que pueden ser: mercaderías, materias primas, aprovisionamientos, productos en curso, productos semiterminados, productos terminados, subproductos, residuos y materiales recuperados.

 

            Sin embargo, en muchas ocasiones, los acreedores y otros terceros interesados, por desconocimiento o confianza no examinan las cuentas anuales para revisar la solvencia de la empresa con la que van a ligarse mediante un contrato, confiando directamente de la operativa diaria y de su funcionamiento.

 

            El conocimiento, por tanto, por parte de los acreedores de la norma excepcional plantea serios problemas. La norma ha obviado en su regulación recoger mención relativa a la puesta en conocimiento de los socios y de los acreedores la aplicación de la misma.

 

            Desde este trabajo se propone que la memoria recoja las menciones oportunas a la aplicación de la norma, puesto que la memoria tiene como misión completar, ampliar y comentar la información contenida en los otros documentos que integran las cuentas anuales. En líneas generales el Nuevo Plan General Contable ha tratado de ampliar las exigencias informativas respecto del anterior Plan General Contable, por ello el legislador aunque no haya previsto normativamente su aplicación, al tenor de la buena fe que ha de presidir las actuaciones derivadas de la sociedad deudora, debía de indicarse como mínimo en la Memoria la aplicación por la sociedad de la norma excepcional.

 

            En las sociedades cotizadas, la información se ha de efectuar inmediatamente, al ser este un hecho relevante (art. 82 de la Ley del Mercado de Valores) del desequilibrio patrimonial, aunque el mismo no genere la causa de disolutoria por la enervación derivada de la aplicación de la norma.

 

            Desde el punto de vista jurídico, hay que tener en cuenta que la normativa española está en armonía con la Europea, según establecía la segunda directiva del consejo, de 13 de diciembre de 1976, tendente a coordinar, para hacer equivalentes, las garantías exigidas en los Estados miembros a las sociedades, definidas en el párrafo segundo del artículo 58 del Tratado, con el fin de proteger los intereses de los socios y terceros, en lo relativo a la constitución de la sociedad anónima, así como el mantenimiento y modificaciones de su capital, recoge en su artículo 17, sin que haya sufrido modificaciones hasta el momento, que (MUÑOZ GARCÍA, 2009):

 

“1. En caso de pérdida grave del capital suscrito, deberá convocarse junta general en un plazo fijado por las legislaciones de los Estados miembros, con el fin de examinar si procede la disolución de la sociedad o adoptar cualquier otra medida.

2. La legislación de un Estado miembro no podrá fijar en más de la mitad del capital suscrito el importe de la pérdida, considerada como grave en el sentido del apartado 1”.

 

            Por este motivo y según indica el Prof. MUÑOZ GARCÍA, el precepto comunitario del 76, respetado por nuestro ordenamiento hasta ahora, puede verse en conflicto con la aprobación del reciente Real Decreto Ley 10/2008, de 12 de diciembre, en cuanto a que plantea supuestos en los que aún habiéndose producido una reducción del patrimonio por debajo de la mitad del capital suscrito, no existe deber de convocatoria por parte de la Junta General para proceder a la disolución de la empresa, si se cumplen los requisitos exigidos en la misma.

 

5. Incidencia del Real Decreto Ley 10/2008 en la delimitación del momento de determinación de las pérdidas a efectos de generación de la causa disolutoria

 

            La reforma de los artículos 260.1.4º y el 262 de la LSA a través de la Ley concursal, no solventó la polémica doctrinal entorno al concepto de pérdidas, es decir si la causa concurre cuando los administradores conocen por cualquier medio la existencia de pérdidas o si sólo las pérdidas que constan en el balance ordinario son las relevantes a estos efectos.

 

            Una vez realizado un análisis de las nuevas reformas legislativas en esta materia, se ha llegado a la conclusión que ni la reforma de la Ley 19/2005, sobre la Sociedad Anónima Europea, domiciliada en España, que redujo el alcance objetivo de los supuestos de responsabilidad a las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa de disolución, supuso ningún cambio a esta cuestión, provocando mayor abundamiento en las posiciones doctrinales. Ni tampoco en las últimas reformas legislativas, Ley 16/2007 de la reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable, para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea, ni la reciente regulación del Real Decreto Ley 10/2008 no han aportado argumentos definitivos para aclarar el concepto de pérdidas jurídicamente relevantes, a efectos de la causa de disolución del articulo 260.1.4º de la LSA.

 

            Del análisis realizado a las mencionadas reformas legislativas, se considera que se produce la causa de disolución a partir del conocimiento por los administradores de las pérdidas relevantes a efectos del artículo 260.1.4º de la LSA a través de las pérdidas que constan en el balance anual de la sociedad, debido a los siguientes razonamientos:

1.      La legislación vigente contempla a la pérdida, como el “resultado negativo que figura en el balance del ejercicio” que se manifiesta contablemente por la existencia del saldo deudor en la cuenta contable de pérdidas y ganancias, desde donde accede al balance, por lo que los “resultados solo adquieren la condición de beneficios o pérdidas a los efectos de la legislación de sociedades cuando constan en el balance del ejercicio”. No obstante, se entiende que los balances trimestrales, son obligatorios para los sujetos mercantiles como un mero instrumento de control, pero no se tienen en cuenta al realizar cualquier operación societaria.

2.      Se defiende una interpretación única del termino “perdidas” establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, al ser mayoritariamente aceptado que las pérdidas constatadas en dos balances anuales consecutivos determinan la reducción obligatoria del capital social, si estas disminuyen el patrimonio por debajo de las dos terceras partes del capital (art. 163.1 LSA), por congruencia el sistema de concepto de pérdidas es común al concepto de pérdidas del precepto de disolución obligatoria (art. 260.1.4º LSA).

3.      Las consecuencias contrarias al principio de conservación de la empresa, que puede implicar el deber de promover la disolución por pérdidas en un balance trimestral, sin tener en cuenta la compensación con saldos positivos que se pueden producir en un conjunto del ejercicio, y teniendo en cuenta que la causa de disolución no es un sistema preconcursal (por tanto no estamos previendo un estado de insolvencia) el control a realizar se efectuara en el balance del ejercicio.

4.      La reforma de la Ley 16/2007, ha alterado considerablemente el concepto de patrimonio neto, elemento fundamental en la configuración de las perdidas societarias, así como ha eliminado la diferencia redacción existente en los artículos 260.1.4º de la LSA y 104.1.e) de la LSRL al modificar el término “patrimonio” en la LSA por el de “patrimonio contable”. La modificación más importante que se realizado ha sido el artículo 36.1 del Código de Comercio, en el cual se ha redactado una nueva definición legal de patrimonio neto. Por tanto el concepto de patrimonio neto queda establecido para que produzca los efectos requeridos como, el importe que se califique como tal, conforme a los criterios para confeccionar las cuentas anuales, incrementado en el importe del capital social suscrito no exigido, así como en el importe del nominal y de las primas de emisión o asunción del capital social suscrito que esté registrado como pasivo. Es decir, se ha establecido un concepto legal de patrimonio neto, en cuya definición se contiene sistemáticamente en sede de cuentas anuales.

5.      La reciente regulación de esta materia ha sido el Real Decreto Ley 10/2008, por el cual se adoptan medidas financieras para la mejora de la liquidez de las pequeñas y medianas empresas, y otras medidas económicas complementarias, ha venido a modificar el régimen establecido de la reducción obligatoria por pérdidas y la causa disolutoria por pérdidas graves (articulo 260.1.4º LSA y 104.1.e LSRL), al establecer en su disposición adicional única “Computo de pérdidas en los supuestos de reducción obligatoria de capital social en la sociedad anónima y de disolución en las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada” que “a los solos efectos de la determinación de las pérdidas para la reducción obligatoria de capital regulada en el segundo párrafo del articulo 163.1 del texto refundido de la Ley de sociedades anónimas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1564/1989, y para la disolución prevista en el articulo 260.1.4º LSA y 194.1.e de la ley 2/1995 de Sociedades de Responsabilidad Limitada, no se computará las pérdidas por deterioro reconocidas en las cuentas anuales, derivadas del Inmovilizado Material, las Inversiones Inmobiliarias y las Existencias”. No podemos negar que la afirmación “reconocidos en las cuentas anuales” para remitir a dicho momento, en el cual se determinará el posible desequilibrio patrimonial. Por último y para reforzar el argumento anterior, en materia contable el deterioro de las existencias, se establece al menos en el cierre del ejercicio como establece la norma de registro y valoración segunda del PGC 2007.

 

            Por tanto las nuevas reformas vienen a constatar la necesidad de considerar las pérdidas graves como permanentes e irreversibles, por ello es determinante su cálculo al final del ejercicio, cuando la sociedad ha tenido el tiempo prudencial para recuperar el equilibrio patrimonial.

 

 

 

6. Conclusiones

 

            La aplicación del nuevo Real Decreto 10/2008 tendente a mejorar la liquidez de las pequeñas y medianas empresas y otras medidas económicas complementarias ha provocado alteraciones en el régimen jurídico de la disolución obligatoria por pérdidas de las sociedades anónimas, limitadas y, entre ellas, las laborales.

 

            Estas alteraciones afectan directamente al cálculo del patrimonio neto que se considera como referente para la aplicación de la ley la cual permite a las empresas desarrollar su actividad siempre y cuando no tengan pérdidas por encima del 50 por ciento del capital social, es decir, hasta que tuvieran una “quiebra técnica. Esta nueva norma obliga a sumar al cálculo del patrimonio neto ajustado las siguientes partidas que con anterioridad no se sumaban:

§  Pérdidas por deterioro del inmovilizado material, cuenta 691 del plan general contable.

§  Pérdidas por inversiones en inmovilizado, cuenta 692 del plan general contable.

§  Pérdidas por deterioro de existencias, cuenta 693 del plan general contable.

 

            Esto permitirá a determinadas empresas seguir operando aún presentando una “quiebra técnica”, sin ofrecer a los acreedores o terceros las garantías suficientes. Sin embargo, este no será el único efecto, ya que estos acreedores no tienen garantizada en esta norma su derecho a la información, debido a que no se expone la obligación de información de la aplicabilidad de la norma a los mismos. Desde este trabajo se propone que se explique en la memoria de las cuentas anuales todos los detalles necesarios de la aplicación de la misma.

 

            Por otra parte, el legislador ante las nuevas reformas ha perdido la oportunidad de definir con un criterio clarificado cuál es el concepto de pérdidas relevantes para determinar la causa de disolución de la sociedad, es decir, si la causa concurre cuando los administradores conocen por cualquier medio la existencia de pérdidas o si sólo las pérdidas que constan en el balance ordinario son las relevantes a estos efectos. Según se ha manifestado, y mediante una interpretación literal del Real Decreto Ley no podemos negar que la afirmación “reconocidos en las cuentas anuales” sitúa al balance ordinario de la sociedad para indicar que en ese momento, es en el que se determina el posible desequilibrio patrimonial.

 

            Por último y por lo que a los resultados esperados de la aplicación de esta norma se refiere, la autoridad competente que ha establecido estas medidas, ha tenido en cuenta el carácter de pérdida reversible de estas partidas y confía en la mejora de la situación económica-financiera de estas sociedades, sobre todo, las que operan en el sector de la construcción y promoción de viviendas, ya que como afirma GONZALEZ NAVARRO (2009), la “crisis del ladrillo” ha sido la causa de las últimas reformas legislativas.

 

            Se espera que muchas de las constructoras y promotoras que ahora tienen un patrimonio neto ajustado por debajo del 50 por ciento del capital social recuperen sus cifras y puedan conseguir solventar su situación financiera en un periodo de dos años, evitando la disolución de la empresa y el incremento de la tasa de desempleo ya que los trabajadores, socios de la empresa, se quedarían en paro.

 

Bibliografía

 

ALONSO AYALA, M. (2009). “Efectos mercantiles de la nueva definición de patrimonio neto”, Partida doble, núm. 212, Julio-Agosto, pp. 10-15.

GONZALEZ NAVARRO, B.A. (2009). Proceso concursal. Crisis de las empresas promotoras y constructoras, Editorial Lex Nova, Junio, pp. 7.

GONZALEZ VÁZQUEZ, J.C. (2004). “Disposiciones final vigésima. Reforma de la Ley de Sociedades Anónimas”, AAVV., Comentarios a la legislación concursal (Dir. SANCHEZ-CALERO, J/GUILARTE GUTIERREZ, V.), Valladolid (Lex Nova), pp. 3874-3884.

·         “Disposición final vigésima primera. Reforma de la Ley de sociedades de responsabilidad limitada”, (2004). Comentarios a la legislación concursal (Dir. SANCHEZ CALERO, J/ GUILARTE GUTIERREZ, V.), Valladolid (lex Nova), pp. 3874-3884.

 

GRAVALOS GASTAMIZA, M.A; POMARES HERNÁNDEZ, I. (2001). “La adaptación de las sociedades laborales a la evolución del ciclo económico. Un estudio empírico para las diferentes comunidades autónomas”, CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, núm. 38, agosto, pp. 33-55.

Marcuello Servós, C; Urbina Pérez, O; Chico Chico, F y Pérez Giner, F. (1995). “Las sociedades laborales: origen y evolución. Referencia a las sociedades anónimas laborales aragonesas”, CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, núm. 18, julio, pp. 169-185.

MARTIN LÓPEZ S.; LEJARRIAGA PÉREZ DE LAS VACAS,G. e ITURRIOZ DEL CAMPO, J. (2007). “La naturaleza del capital social como aspecto diferenciador entre las sociedades cooperativas y las sociedades laborales”. CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, núm. 58, agosto 2007, pp. 59-82.

MUÑOZ GARCÍA, A. (2009). La causa disolutoria por pérdidas graves, en las sociedades de capital, tras las últimas modificaciones normativas aprobadas por la Ley 16/2007 de 4 de julio y el Real Decreto Ley 10/2008, de 12 de diciembre, Proyecto de investigación SEJ2007- 63520 sobre “Posibles alternativas al sistema del capital social: examen de determinadas soluciones legislativas en derecho comparado y propuestas de modificación legal en Europa”. Universidad Complutense, Madrid, pp. 1437-1438.

observatorio de economía social. Datos sobre las sociedades anónimas laborales existentes. Información disponible en versión HTML en: http://www.observatorioeconomiasocial.es/index.php?id_noticia=999 y en http://www.mtin.es/es/empleo/economia-soc/EconomiaSocial/estadisticas/SociedadesAltaSSocial/2008/4Trim/AVANCE_ECONOMIA_SOCIAL.pdf. (Consulta: 20 de agosto de 2009).

RODRIGUEZ ARTIGAS, F. / MARIN DE LA BÁRCENA GARCIMARTIN, F. (2005). “Algunas cuestiones sobre la responsabilidad de los administradores de Sociedad Anónima por no promoción de la disolución en caso de pérdidas (artículo 262.5 LSA ). STS 1ª de 16 de diciembre de 2004 “, RdS 2005-1, núm. 24, pp. 295-314.

 

Legislación

 

UNIÓN EUROPEA.. Segunda directiva del consejo de la Unión Europea, de 13 de diciembre de 1976, artículos 17 y 58 del Tratado. Diario Oficial de las Comunidades Europeas, núm. 17, Vol. 01, Disponible en versión HTML en: http://docubib.uc3m.es/CDE/LEGISLACION/DIRECTIVAS/1977/directiva1977_0091.pdf (Consulta: 20 de agosto de 2009).

ESPAÑA. Real Decreto 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Artículos 163.1 y 260.12º. BOE núm. 310 de 27 de diciembre de 1989.

ESPAÑA. Real Decreto 1643/1990 de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad. BOE núm. 310 de 27 de Diciembre de 1990.

ESPAÑA. Real Decreto 1514/2007 de 16 de noviembre, por el que se aprueba el nuevo Plan de Contabilidad. BOE núm. 278 de 20 de noviembre de 2007.

ESPAÑA. Ley 16/2007 de 4 de julio, para la reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con base a la normativa de la legislación Europea. BOE núm. 160 de 5 de Julio de 2007.

ESPAÑA. Real Decreto Ley 10/2008, de 12 de diciembre, por el que se adoptan medidas financieras para la mejora de la liquidez de las pequeñas y medianas empresas, y otras medidas económicas complementarias ha alterado de nuevo el régimen jurídico de la reducción obligatoria por pérdidas y de la causa disolutoria por pérdidas graves, artículos 163.1 y 260.1.4º de la ley de sociedades anónimas. BOE núm. 300 de 13 de diciembre de 2008.

 

 

 

 



· Universidad Europea de Madrid (Dpto. Economía de la Empresa), Villaviciosa de Odón (28670), Madrid. Tfno: 912115642. Correo electrónico: sonia.benito@uem.es.

§§ Universidad Europea de Madrid (Dpto. Derecho), Villaviciosa de Odón (28670), Madrid. Tfno: 912115224. Correo electrónico: mariaolga.zuniga@uem.es.

[1] Datos obtenidos de Eurostat. Disponible en versión HTML en: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/structural_indicators/indicators/employment. (Consulta: 18 de agosto del 2009).

[2] Datos disponibles en versión PDF en: http://www.mtin.es/es/empleo/economia-soc/EconomiaSocial/estadisticas/SociedadesAltaSSocial/2008/4Trim/AVANCE_ECONOMIA_SOCIAL.pdf. (Consulta: 20 de agosto de 2009).

[3] Artículo 36.1 c del Código de Comercio.

[4] Artículo 75.3 de la Ley de Sociedades Anónimas.

[5] Artículo 36.1 c del Código de Comercio, modificado por el RD 10/2008 que luego se expondrá.

[6] Artículo 20 del Real Decreto Ley 7/2006 de 7 de junio.