LA NECESARIA ARMONIZACIÓN INTERNACIONAL DEL DERECHO COOPERATIVO: EL CASO ESPAÑOL.

 

POR

 

Manuel GARCÍA JIMÉNEZ[1].

 

Resumen

 

El mandato que el artículo 129.2 de la Constitución dirige a los poderes públicos, de fomentar mediante una legislación adecuada las sociedades cooperativas, se está ejecutado mediante la regulación descentralizada de todo el ámbito sustantivo en cada una de las Comunidades Autónomas, por una parte, y a nivel del Estado, por otra, que supone una inflación legislativa falta de coherencia y homogeneidad hasta convertirse en un obstáculo para el desarrollo del cooperativismo. En esta ponencia defendemos su armonización, en sintonía con las tendencias internacionales,  y la adecuación de todo el marco legislativo en el que han de desenvolverse las sociedades cooperativas, para su  fomento.

 

Palabras clave: Derecho cooperativo, sociedad cooperativa, valores y principios cooperativos, Alianza Cooperativa Internacional, Organización Internacional del Trabajo.

Claves Econlit: A130, F530, K220, P130

 

THE NECESSARY INTERNATIONAL HARMONIZATION OF COOPERATIVE LAW: THE SPANISH CASE.

 

ABSTRACT

 

The mandate that the 129.2 article of the Constitution directs to the public authorities to promote, by appropriate legislation, cooperative societies, it is executed, on the one hand, through regulation decentralized by the autonomous communities and on the other hand, by the State, producing a legislative inflation lack of coherence and homogeneity, to become an obstacle to the development of the cooperative. In this paper we advocate the harmonization and alignment of the legislative framework affecting the cooperative societies in accordance with international trends, for their promotion.

 

Keywords: cooperative law, cooperative society, values and cooperative principles, International Cooperative Alliance, International Labour Organization.

 

L'HARMONISATION NÉCESSAIRE INTERNATIONALE DU DROIT COOPÉRATIF : LE CAS ESPAGNOL

 

RÈSUMÈ

 

L'ordre que l'article 129.2 de la Constitution dirige aux pouvoirs publics, de promouvoir grâce à une législation adéquate les sociétés coopératives, est exécuté grâce à la régulation décentralisée de toute l'enceinte substantive dans chacune des Communautés autonomes, d'une part, et à un niveau de l'État, par l'autre, qui suppose une inflation législative dépourvue de cohérence et d'homogénéité jusqu'à devenir un obstacle pour le développement du cooperativism. Dans cet exposé nous défendons son harmonisation, dans un réglage avec les tendances internationales, et l'adéquation de tout le cadre législatif dans lequel ont à s'en tirer les sociétés coopératives, pour sa promotion

 

Des mots clefs: Un droit coopératif, une société coopérative, des valeurs et des principes coopératifs, l'Alliance Coopérative Internationale, l'Organisation Internationale du Travail

 


 

1. INTRODUCCIÓN

 

Desde sus primeras manifestaciones, coincidiendo con las transformaciones típicas de los inicios de la revolución industrial, la legislación sobre cooperativas, salvo medidas de orden público tendentes a limitar el derecho de asociación, siempre se ha orientado a su favor; propiciando, apoyando o, incluso, promoviendo su creación y protegiéndolas como organizaciones que permitían, generalmente a los más necesitados o personas con recursos limitados, satisfacer algunas de sus necesidades, fundamentalmente de carácter económico. 

 

Todas esas iniciales muestras de intervención estatal en el ámbito cooperativo, quedaban enmarcadas dentro de la política y la legislación social. En una primera etapa, tales normas no entran a concretar la naturaleza, características o funcionamiento de la cooperativa como forma especializada de sociedad, sino que se toman como algo ya dado, resultado de una acción social que se va desarrollando de manera espontánea, caracterizada por la organización de actividades económicas para satisfacer directamente necesidades de sus asociados, con la participación de todos ellos y su gestión democrática.

 

Además, dichas iniciativas contaron desde muy pronto, a partir de la experiencia de Rochdale, alrededor de 1844, con un modelo definido y unas pautas de organización concretadas. De tal forma que, a medida que su experiencia y estatutos se propagan a través de diferentes vías, el seguimiento y aplicación práctica de sus principios irá adquiriendo un ámbito internacional (GARRIDO TORTOSA, Fernando, 1973).

 

Pero será a partir de 1895, con la constitución en Londres de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI)[2], fruto de la confluencia de diversos movimientos cooperativos nacionales, cuando, siguiendo los Principios de Rochdale, se sistematicen y se fije el concepto de cooperativa, desarrollando su estudio e implementación. Desde entonces, la ACI se ha encargado de difundir y mantener el concepto, naturaleza y principios de las sociedades cooperativas, que ha ido actualizando en sucesivas ocasiones[3], convirtiéndose en fuente necesaria de inspiración y orientación para los derechos nacionales. De manera que las normas que se apartaran de ellos acababan deslegitimando internacionalmente a las cooperativas reguladas por ellas. (GARCÍA JIMÉNEZ, M. 2002).

 

En consecuencia, desde sus inicios como rama específica del derecho, la legislación cooperativa ha tenido una clara orientación hacia la transformación y el progreso social, incluyendo disposiciones de fomento y protección junto a su regulación societaria. En cuanto a la ordenación jurídica de la sociedad cooperativa, a lo largo de la evolución legislativa, se ha caracterizado por el afán de armonizar su función social con su eficacia económica, y su estructuración siguiendo las pautas del derecho de sociedades común con la defensa de sus principios específicos (VALDÉS DAL-RE, F.  1975: 36).

 

Desde esta perspectiva, sobre la base del concepto, valores y principios cooperativos de la ACI, se viene trabajando, desde hace tiempo, para impulsar un marco jurídico eficaz y homogéneo a nivel planetario, que, dentro de cada uno de los sistema jurídicos nacionales, mediante una legislación específica, facilite la creación de cooperativas, su fortalecimiento y desarrollo, y garantice un tratamiento de igualdad frente a otras formas de empresa y organizaciones. Dichos esfuerzos, que han cobrado fuerza en los últimos años, provienen, fundamentalmente, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que ya en 1966 adoptó la Recomendación 127 sobre “El papel de las Cooperativas en el Progreso Económico y Social de los países en vías en vías de desarrollo”, con recomendaciones sobre contendido y alcance del derecho cooperativo[4]; y, más recientemente, de las Naciones Unidas. Proceso global, al que habría que añadir el que en la UE se está produciendo con motivo de la entrada en vigor del Reglamento sobre la Sociedad Cooperativa Europea.

 

En España, después de que durante el franquismo se mantuviera alejado de las orientaciones internacionales, a partir de la Constitución de 1978, el derecho cooperativo se ha estructurado bajo el mandato, contenido en su art. 129.2 y dirigido a todos los poderes públicos, de fomentar mediante una legislación adecuada las sociedades cooperativas, a través de la asunción de las competencias exclusivas por las Comunidades Autónomas.

 

El resultado es que, frente a proceso de universalización descrito, orientado hacia un marco jurídico internacional común sobre sociedades cooperativas, construido sobre la base de un mismo concepto, valores y principios, en el seno de la Europa unida y en un mundo cada vez más global, el derecho cooperativo español continúa profundizando en el particularismo normativo.

 

En estos momentos, España cuenta con quince Leyes de Cooperativas generales y algunas especiales[5], y una cantidad cada vez más importante de disposiciones de distinto rango, sectoriales y de fomento, tanto de ámbito autonómico como estatal, algunas de ellas de aplicación general[6].

 

Cuando el proceso culmine, nos podremos encontrar con diecisiete Leyes Autonómicas de Cooperativas, de aplicación posible en todo el territorio nacional, junto a una Ley Estatal que sólo se aplica, con seguridad, en Ceuta y Melilla. A todo lo que habría que añadir la aplicación del Estatuto de la SCE, que, en principio,  dada la necesidad de adaptarse a la legislación del domicilio cada sociedad, éste podría ser el de cualquiera de las Comunidades Autónomas (LAMBEA RUEDA, A. 2006; PASTOR SEMPERE, C. 2009).

 

En su conjunto, un panorama, sin duda, desolador, plagado de inseguridad jurídica, que lejos de fomentar el cooperativismo, se está convirtiendo en un obstáculo. Una legislación dispersa e inconexa, que bajo impulsos de quién es el primero o más original, está llevando al abandono de principios esenciales, de los que el legislador no puede disponer, en pos de unos supuestos intereses superiores empresariales o de mercado.

 

2. IDENTIDAD COOPERATIVA UNIVERSAL Y ARMONIZACIÓN INTERNACIONAL DE DERECHO COOPERATIVO.

 

En el contexto internacional, las cooperativas tienen reconocida su importancia en la creación de empleos y en la promoción de una completa participación de toda la población en el desarrollo económico y social. Además, se consideran un eficaz instrumento para alcanzar los grandes objetivos humanitarios, como la lucha contra el hambre, el papel de la mujer y el mantenimiento del medio ambiente, entre otros. Desde esta perspectiva, sobre la base del concepto, valores y principios de la ACI, se está trabajando para impulsar un marco jurídico planetario eficaz y homogéneo.

 

2.1. Declaración sobre la Identidad Cooperativa de la ACI, de 1995.

 

Coincidiendo con el centenario de su fundación, el 31º Congreso de la ACI, cebrado en Manchester en 1995, aprobó su Declaración sobre la Identidad Cooperativa (ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL, 1996), fijando la definición de Cooperativa[7] y dando nueva redacción a los Principios. Para la ACI, las cooperativas están basadas en los valores de autoayuda, autorresponsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad, y una ética fundada en la honestidad, transparencia, responsabilidad y vocación social. Los Principios Cooperativos, pautas mediante las cuales las cooperativa ponen en práctica sus valores, son: Adhesión voluntaria y abierta; gestión democrática por parte de los socios; participación económica de los socios; autonomía e independencia; educación, formación e información; cooperación entre cooperativas; e interés por la comunidad. Esta Declaración, es hoy la base sobre la que se asienta el cooperativismo en todo el mundo[8].

 

2.2. Organización Internacional del Trabajo (OIT).

 

En junio de 2002, su Conferencia General aprobó la Recomendación 193, sobre la Promoción de las Cooperativas, que adopta la definición, los valores y principios contenidos en la Declaración sobre la Identidad Cooperativa de la ACI, que se añade como anexo al documento. Esta Recomendación, tiene por objeto el que en todos los países, con independencia de su nivel de desarrollo, se adopten medidas para alentar el desarrollo de las cooperativas como empresas autónomas y autogestionadas, inspiradas en la solidaridad, como un sector social distintivo de la economía, con capacidad para responder a las necesidades de sus socios y de la sociedad. Las cooperativas deben beneficiarse, conforme con la legislación y las prácticas nacionales, de condiciones que no sean menos favorables que las que se concedan a otras formas de empresa y organizaciones sociales.

 

Con tal objeto, los gobiernos, previa consulta con las organizaciones cooperativas, y de empleadores y sindicatos interesados, deberían establecer una política y un marco jurídico, descentralizado, cuando proceda, hacia los niveles regional y local, favorable a las cooperativas y el movimiento cooperativo, compatible con su naturaleza y funciones e inspirado en los valores y principios cooperativos[9].

 

La adopción de una legislación específica, debería establecer un marco institucional favorable para la constitución y registro de las cooperativas de manera rápida, sencilla y económica, la dotación de reservas irrepartibles, al menos parcialmente, y de fondos de solidaridad, adopción de medidas de control, que respete su naturaleza y autonomía, y facilitar la integración y asociacionismo entre las cooperativas. Especialmente, la aplicación de las normas fundamentales del trabajo de la OIT y velar por que no se puedan crear o utilizar cooperativas para evadir la legislación laboral, así como promover la igualdad de género y la adopción de medidas de seguridad y salud laboral (GARCÍA JIMÉNEZ, M. 2005).

 

2.3. Naciones Unidas (ONU).

 

También, desde la ONU, se está contribuyendo a la potenciación del cooperativismo, la implantación de una concepción universal y la homogeneización de la legislación cooperativa (GARCÍA-CASTRILLÓN CERDÁ, L.; CABRERIZO GARCÍA. O. 1998, 1999). Su Asamblea General[10], el Consejo Económico y Social, y en las  principales Conferencias Internacionales[11], vienen reconociendo la importancia de las cooperativas como asociaciones y empresas que promueven la máxima participación de todos. A través de ellas, los ciudadanos pueden mejorar sus vidas contribuyendo, al mismo tiempo, al avance económico, social, cultural y político de su comunidad y nación. También, se resalta su contribución al seguimiento de los grandes objetivos humanos trazados en las mencionadas Cumbres Mundiales. A lo largo todo ese proceso de reconocimiento, se ha ido produciendo un paulatino acercamiento a la ACI[12], que culminó con la adopción de la Declaración sobre la Identidad Cooperativa de 1995 (Resolución 51/58).

 

Entre sus propuestas, destacan las Directrices para crear un entorno propicio para el  desarrollo de las cooperativas[13], adoptadas por Resolución (A/RES/56/114), aprobada el 19 de diciembre de 2001, dirigidas a los Estados Miembros a la hora de elaborar o revisar sus políticas nacionales sobre las cooperativas. El objetivo de dicha política debe ser el reconocimiento legal de las sociedades cooperativas y asegurar que éstas y el movimiento cooperativo puedan participar en igualdad, pero sin renunciar a su identidad, con otras formas de empresa, asociaciones y entidades, en el desarrollo una sociedad eficaz[14]. En este sentido, alienta a los gobiernos a la revisión del marco jurídico que rige las actividades de las cooperativas, de cara a proteger y promover su potencial, ayudarles a lograr sus objetivos y poder aprovechar al máximo sus posibilidades en la resolución de los problemas de la sociedad.

 

Dado que muchos países habrán de transformar a fondo y, en algunos casos, rehacer del todo el sistema jurídico, se proponen, respetando las peculiaridades de cada nación, una serie de medidas para su adecuación, que, sin duda, contribuirían a una relativa armonización del derecho cooperativo a nivel mundial.

 

En primer lugar, mediante el reconocimiento Constitucional de la legitimidad de las cooperativas y el movimiento cooperativo, así como la supresión de todas las disposiciones que limitan el establecimiento y las actividades de las cooperativas.

 

Según los sistemas nacionales, las medidas legales podrían adoptar, bien la forma de una ley específica sobre cooperativas, o una sección en una ley general, donde se fijen la naturaleza, derechos y responsabilidades de cooperativas y su movimiento en general, y, en su caso, los aspectos especiales de las diferentes clases de cooperativas; también de leyes especiales sobre ciertos tipos de cooperativas, compatibles con las normas básicas de legislación general, donde se reconocen la naturaleza distintiva de la actividad de algunas de ellas. En cualquier caso, tanto estas leyes específicas como cualquier disposición que afecte a las cooperativas, deberían asegurar el disfrute de una verdadera igualdad con otros tipos de asociaciones y empresas, y que no son discriminadas debido a su carácter especial[15].

 

Especialmente, los derechos nacionales deberían incluir:

a)                 El reconocimiento y legitimidad de la organización de asociaciones y empresas sobre la base de los valores y principios cooperativos.

b)                 La naturaleza y definición de cooperativas, contenidas en la Declaración sobre la Identidad Cooperativa, adoptada por la Alianza Cooperativa Internacional en 1995.

c)                 El compromiso de que ni dicha naturaleza particular, ni su tratamiento separado y distinto en la ley y la práctica serán causa de discriminación, intencionada o no.

d)                El compromiso de que ninguna ley o práctica restrinja los derechos de ciudadanos a la plena participación  en el movimiento cooperativo, en cualquier actividad compatible con sus valores y principios, ni las operaciones de aquel movimiento.

e)                 La Declaración de que la ley general se aplica a todos los tipos de cooperativas, pero que, para responder a la situación particular de las ciertas clases de cooperativas, podrían ser promulgadas leyes especiales, compatibles con la ley general.

f)                  Que las regulaciones y prácticas judiciales y administrativas sólo estarán basadas en las leyes generales o especiales sobre cooperativas.

g)                 El reconocimiento de la autonomía plena, capacidad para su autorregulación y responsabilidades del movimiento cooperativo en la sociedad.

h)                 La Limitación de la intervención de los Gobiernos en los asuntos internos del movimiento estrictamente a través de medidas aplicables, con carácter general a todas las asociaciones y empresas, y de conformidad con la legislación cooperativa.

 

2.4. Unión Europea (UE).

 

En julio de 2003, la Comisión de la Unión Europea adoptó el Estatuto sobre la Sociedad Cooperativa Europea[16] (SCE), por el que se que se pretende establecer un marco jurídico uniforme que permita a personas, físicas y jurídicas, de distintos Estados miembros planear y llevar a cabo sus actividades de forma cooperativa y que las sociedades cooperativas puedan desarrollar su actividad cooperativizada en todo el territorio de la Unión, con una única personalidad jurídica y un mismo conjunto de normas adaptadas a sus características. Algo actualmente sembrado de obstáculos políticos, jurídicos y administrativos.

 

El Reglamento, que toma como referencia la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 19 de diciembre de 2001[17], reconoce que las cooperativas se rigen por unos principios específicos, distintos de los de otros agentes económicos, entre los que destaca la estructura y gestión democráticas y la distribución equitativa del beneficio neto del ejercicio, referidos especialmente primacía de la persona, y se traducen en la regla de un hombre un voto, que vincula el derecho de voto a la persona e implica la imposibilidad de que los miembros ejerzan un derecho sobre el activo de la sociedad cooperativa. En este sentido, el objetivo principal de la SCE debe ser la satisfacción de las necesidades de sus socios o el desarrollo de sus actividades económicas, respetando los principios que, aunque sin mencionar a la ACI, expresamente enumera[18].

 

A grandes rasgos, el Reglamento (CE nº 1435/2003), que se complementa con las normas relativas a la participación de los trabajadores, Directiva (2003/72/CE), fija su ámbito de aplicación y la legislación aplicable; la naturaleza de la SCE y los requisitos relativos a la actividad, número de socios y capital social mínimos; modalidades y procedimientos de constitución; estatutos; domicilio social y su traslado; registro y publicidad; adquisición y perdida de la condición de socio; estructura y organización societaria; aplicación de resultados, cuestiones contables y de control externo; la disolución y liquidación; la adopción de normas nacionales de aplicación; y la revisión del propio Reglamento. Aspectos, todos ellos ampliamente analizados por la doctrina civilista, laboralista y mercantilista (Por todos: AA.VV., 2008; ALFONSO SÁNCHEZ, R., 2006, 2008; ALONSO SOTO, F. 2003; GONZÁLEZ FERNÁNDEZ/BENAVIDES VELASCO. 2006;  MARTINEZ SEGOVIA, J. F. 2003, 2006; MINONDO SANZ, J. 2002; PASTOR SEMPERE, C., 2001, 2009; VICENT CHULIÁ, F. 2003).

 

Ciñéndonos al sistema de fuentes (artículo 8), y a los efectos que aquí interesan, establece que la SCE se regirá, en primer lugar, por el Reglamento y por las disposiciones estatutarias de cada sociedad autorizadas por el Reglamento; en segundo lugar, respecto a las materias no reguladas y los aspectos no cubiertos o regulados parcialmente: por la legislación adoptada por los Estados en aplicación del Estatuto de la SCE;  por la legislación cooperativa del Estado del domicilio de la SCE; y por los estatutos, en las misma condiciones que rigen para las sociedades cooperativas constituidas con arreglo a la legislación de dicho Estado.

 

Sin embargo, el propio Reglamento contiene además, para su aplicación directa a determinados supuestos concretos, una innumerable cantidad de referencias a la legislación del Estado del domicilio de la SCE, tanto adoptada para la aplicación de las disposiciones comunitarias referidas a la SCE, como a las leyes aplicables a las sociedades cooperativas del Estado[19]. También, señala aquellos ámbitos concretos en los que mutatis mutandis será de aplicación la legislación aplicable a las sociedades anónimas. Además, añade que las reglas o restricciones específicas dispuestas por las leyes nacionales relacionadas con el carácter de la actividad de una SCE, serán plenamente aplicables[20]. Por último, se estableció un plazo de tres años (hasta el 18 de agosto de 2006), para la aplicación y trasposición del Estatuto a la legislación nacional, por los Estados miembros, cuestión pendiente en nuestro país. (LAMBEA RUEDA, A. 2006; PASTOR SEMPERE, C. 2009).

 

Dado que la adopción del Estatuto SCE implica que los Estados miembros deben adoptar medidas para su aplicación, que junto a las directrices emanada por la ONU y la OIT ha renovado el interés por el papel de las cooperativas, la Comisión lo consideraba una buena oportunidad para mejorar las legislaciones nacional en instaurar un entorno más propicio para las sociedades cooperativas (COMISIÓN EUROPEA, 2004).

 

Sin embargo, existen diferencias notables y distintos enfoques entre las legislaciones nacionales, que suponen un obstáculo para el funcionamiento eficaz de las cooperativas a nivel europeo (FAJARDO GARCÍA, G. 1995; PAZ CANALEJO, N. 1991). El problema se evidencia cuando, en función del Estado en que estén registradas, se aplican a las SCE determinadas normas nacionales particulares, haciendo que funcionen en todo la UE con marcos dispositivos diferentes, reduciendo su transparencia, seguridad jurídica y eficacia[21]. Aunque la Comisión, a pesar de las diferencias apuntadas, no tiene revisto proponer la armonización legislaciones nacionales, sí consideró varías vías para fomentar su progresiva aproximación (COMISIÓN EUROPEA, 2004). En primer  lugar, conseguir una rápida aplicación del Estatuto, intentando lograr, paralelamente, una mayor coherencia y aproximación entre las legislaciones nacionales[22]. Junto a ello, ir mejorando la legislación cooperativa, facilitando a los legisladores nacionales el análisis de buenas prácticas o innovadoras[23], alentando a las organizaciones de cooperativas para que tomen la iniciativa de elaborar “reglamentaciones tipo”[24].

 

En este contexto, la Comisión “invita” a los Estados a asumir lo que serían cuatro pilares del derecho cooperativo europeo, de cara al proceso iniciado de cambios en las legislaciones cooperativas:

a)                      Aplicación de los principios cooperativos de la ACI.

Aunque las normativas nacionales aplicables a las cooperativas varían en cuanto a su enfoque y están basadas en tradiciones diferentes, generalmente respetan los principios cooperativos. Por tanto, la nueva legislación nacional sobre cooperativas debe basarse en la definición, los valores y los principios de la Declaración sobre Identidad Cooperativa, adoptados por la ACI, avalados por la ONU e incorporados a la Recomendación 193 de la OIT, siendo también suficientemente flexibles para permitir a las cooperativas competir eficazmente en el mercado en igualdad con otras fórmulas empresariales. Sin embargo, “todo alejamiento de la estricta interpretación de los principios cooperativos debe restringirse con unos límites claros que garanticen la continuidad de la primacía del individuo sobre el capital” (COMISIÓN EUROPEA, 2001: 24).

b)   Principio de adjudicación desinteresada.

Los Estados miembros deben garantizar que cuando una cooperativa, por cualquier causa, deje de existir como tal, sus reservas sean distribuidas entre otras cooperativas en las que los socios puedan participar, o entre organizaciones de cooperativas con objetivos similares o de interés general. Aunque, se podrían prever circunstancias concretas, de disolución o baja de algún socio, en las que fuese posible su distribución entre los socios.

c)                      Tratamiento fiscal apropiado y otros beneficios.

Aunque puede aceptarse un tratamiento específico, en todos los aspectos relativos a la legislación sobre cooperativas debe respetarse el principio de que cualquier protección o beneficio concedidos a un tipo específico de entidad debe ser proporcional a las limitaciones jurídicas, al valor social añadido o a las limitaciones inherentes a dicha fórmula y no deben crear situaciones que limiten la competencia.

d)                      Aplicación de las normas de competencia a las cooperativas.

De acuerdo con las normas básicas Comunitarias[25], las cooperativas se consideran “empresas” y, por tanto, sujetas a la normativa europea sobre la competencia y ayudas estatales, y también a las diversas excepciones, límites y normas de mínimis. Sin embargo, aunque nada justifica un tratamiento especial de las mismas, deberían tenerse en cuenta determinados aspectos relacionados con su forma jurídica y su estructura caso por caso, como han confirmado determinadas decisiones y sentencias.

 

Por último, la Comisión, que en el plazo máximo de cinco años después de la entrada en vigor del Reglamento, debe presentar al Parlamento y al Consejo un informe sobre su aplicación y, en su caso, propuestas de modificación[26], quiere aprovechar tal circunstancia para evaluar la libertad de los Estados miembros para regular una serie de cuestiones con arreglo a sus tradiciones nacionales. En este sentido, dado que se espera que dicho Reglamento tenga un efecto de armonización indirecto y progresivo, al convertirse en referencia de futuras normativas, considera importante que un futuro Reglamento establezca normas más simples y estrictas, reduciendo al mínimo las referencias a las legislaciones nacionales[27].

 

En definitiva, la Comisión desconfía del proceso, obstaculizado por la defensa de particularismos nacionales, define el armazón del derecho cooperativo europeo y, con la esperanza de que la puesta en marcha del Estatuto allane el terreno, echa la pelota en el tejado del movimiento cooperativo para que plante sus propias propuestas armonizadoras, al estilo del Proyecto Ley Marco para las Cooperativas de América Latina (2009), elaborado por  la Organización de las Cooperativas de América (OCA), donde, dicho sea de paso, se postula  la autonomía del Derecho Cooperativo[28].

 

3. PARTICULARISMO ESPAÑOL

 

3.1. El cooperativismo en el marco constitucional.

 

En España, a partir promulgación de la Constitución de 1978, la legislación cooperativa se ha desarrollado en un marco jurídico definido por tres pilares básicos, retomando el debate doctrinal inicial (Por todos: ALONSO SOTO, F. 1987; CASAS BAHAMONDE, María Emilia. 1986; PAZ CANALEJO, N. 1980.; PRADOS DE REYES, F. J.-VIDA SORIA, J. 1984; VICENT CHULIA, F. 1980):

                                                          i.         El artículo 129.2 de la Constitución.

                                                        ii.         Los Estatutos de autonomía de las CCAA.

                                                      iii.         La doctrina del Tribunal constitucional.

a) Artículo 129.2, de la Constitución.

Enlazando con la tradición de situar la legislación cooperativa en el ámbito de la reforma social, establece que:Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán mediante una legislación adecuada las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción”.

 

La interpretación de esta norma no puede quedar limitada al mandato literal de fomentar[29]las sociedades cooperativas mediante una legislación adecuada, sino que es necesario considerar el contexto para despejar qué sentido y orientación deba tener tal promoción. Del cual podríamos extraer, de acuerdo con la doctrina, las siguientes líneas básicas:

a)                 Se trata, en primer lugar, de un mandato imperativo y vinculante dirigido a todos los poderes del Estado, y en todos sus niveles y ámbitos, de promover y fomentar las sociedades cooperativas, donde queda excluida la neutralidad.

b)                 Su fomento se sitúa en el marco de la promoción de las diversas formas de participación en la empresa, así como del establecimiento de medidas para facilitar el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción. Por tanto, la Cooperativa se presenta como prototipo de empresa de participación y propiedad de los trabajadores.

c)                 La expresión “legislación adecuada” viene a significar que habrá que adecuar la legislación (toda, no sólo la sustantiva), para, empleando a terminología internacional examinada, diseñar un marco jurídico favorable para ellas. Desde las normas de régimen básico de carácter sustantivo, teniendo en cuenta su “fomento” en toda disposición legal que incida en su actividad, hasta alcanzar a las actuaciones judiciales y administrativas.

d)                Se aprecia también, atendiendo a la propia naturaleza, valores y principios de la cooperativa, el reconocimiento implícito del cooperativismo como fórmula de integración y participación “de todos” en la vida económica, cultural y social, en sintonía con lo preceptuado en el artículo 9.2, de la Constitución. En este sentido, la Constitución establece las bases para la configuración de un modelo socio-económico solidario, democrático y participativo[30], que necesariamente deben condicionar también el modo de orientar el fomento de las sociedades cooperativas.

 

b) Los Estatutos de Autonomía.

Dado que la Constitución no reserva de modo directo y expreso competencia alguna al Estado en materia de sociedades cooperativas, las Comunidades Autónomas tendrán las competencias que hayan asumido en sus respectivos Estatutos, correspondiendo al Estado, con carácter residual, las no asumidas. Ello tiene que ser compatible, cualquiera que sea la distribución de competencias,  con el mandato constitucional, dirigido a “todos” los poderes públicos, de fomentar las sociedades cooperativas mediante una legislación adecuada.

 

c) La doctrina del Tribunal Constitucional.

El alcance del ejercicio de esta competencia exclusiva, lejos de ser pacífica, suscitó, con la promulgación de la Ley 1/1982, de 11 de febrero, de Cooperativas del Parlamento Vasco (primera Ley de Cooperativas aprobada después de la Constitución), conflictos de interpretación sobre el alcance y ámbitos funcional y territorial de la competencia, el domicilio y las formalidades de constitución de las cooperativas, que fueron resueltos por el Tribunal Constitucional (TC)[31].

 

De esta primera doctrina del Alto Tribunal podemos extraer los siguientes fundamentos, que han servido para orientar el posterior desarrollo legislativo:

a)     Carácter autónomo del derecho cooperativo.

La primera de las cuestiones planteadas giraba en torno a si había de considerarse el "derecho cooperativo" como una parte o no del derecho mercantil, dado que, de considerarse la legislación sobre cooperativas como mercantil, la competencia legislativa no correspondería al la Comunidad Autónoma sino al Estado (art. 149.1.6). Al respecto, el Tribunal concluye que, hay que colocar la cuestión en el marco constitucional (Constitución y Estatutos), y situar la interpretación en el contexto del ordenamiento vigente, que atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva para regular por Ley las cooperativas, con el alcance territorial que corresponda.

 

La expresión conforme a la legislación mercantil, contenida en el Estatuto, “ha de interpretarse en el sentido de que habrá de respetar tal legislación en cuanto le sea aplicable a las cooperativas, como sucede en aquellos aspectos en que la legislación general de cooperativas remite a la legislación mercantil o también cuando contiene preceptos mercantiles", al igual que sucede con otros órdenes legislativos (laboral, civil, etc.).

b)     Alcance de la competencia.

La Competencia exclusiva en materia de cooperativas comprende, por tanto, competencias legislativas plenas y de ejecución.

c)     Ámbito material de la competencia.

Hay que atender, según el Alto Tribunal, a las "funciones típicas de las cooperativas" que se reflejan en las relaciones con sus socios, es decir, "relaciones societarias internas", así como las relaciones que, en virtud de la legislación aplicable, hayan de asimilarse a ellas, como sucede en determinados supuestos de suministros a terceros no socios.

Por otra parte, las Cooperativas, como personas jurídicas, han de establecer relaciones externas que no pueden encuadrarse dentro de las "funciones" típicas de las mismas y que tienen un valor instrumental y necesario para la consecución de su fin social. “Se trata en definitiva de actividades y relaciones instrumentales en las que la cooperativa actúa como cualquier persona jurídico privada, en su ámbito territorial o fuera del mismo”. “La competencia material autonómica respecto a las cooperativas no incide directamente en estas actividades y relaciones instrumentales”.

            d) Ámbito territorial.

En una primera posición doctrinal, el TC, dado que la Ley de cooperativas impugnada fijaba el domicilio como criterio determinante de la competencia territorial, concluyó que la competencia asumida, de acuerdo con su Estatuto de Autonomía, lo era para regular por Ley solamente aquellas cooperativas que llevaran a cabo su actividad societaria típica “exclusivamente dentro del territorio de la Comunidad”, aún cuando establezcan relaciones jurídicas o realicen actividades de carácter instrumental fuera del territorio de la misma.

Ese fue el criterio seguido, al menos en su primera redacción, por las Leyes autonómicas que se aprobaron con posterioridad, al igual que por la Ley General estatal de 1987, que, asumiendo dicho criterio, fijaba su propio ámbito territorial al tiempo que limitaba el ámbito de actuación de las leyes autonómicas[32].

 

 

 

Posición doctrinal posterior.

 

Las nuevas orientaciones doctrinales del TC respecto del alcance de las competencias exclusivas de las Comunidades Autónomas y la interpretación restrictiva de las competencias del Estado, han contribuido a dar nuevo enfoque al ámbito de aplicación territorial de la legislación cooperativa y al alcance de la legislación estatal como derecho supletorio (PÉREZ MILLA, José Javier, 1999).

 

a) En primer lugar, el TC, considera que, el hecho de que el ejercicio de las competencias tenga una repercusión supra autonómica no determina que la titularidad de las mismas haya de atribuirse al Estado, salvo que la Constitución lo determine así, éste deberá establecer el punto de conexión territorial que determine la Comunidad Autónoma que ejerce la competencia[33]. Tampoco el Estado puede, basándose en su competencia exclusiva para “resolver conflictos de leyes” (art. 149.1.8 C.), dictar normas unilaterales, como la DF 1ª.1 de la Ley General de Cooperativas de 1987, delimitando espacialmente las competencias entre Estado y Comunidades Autónomas. Sólo un título material ad hoc fundamenta competencias normativas estatales.

b) En cuanto a la supletoriedad del derecho estatal, dado que para dictar cualesquiera normas precisa el Estado de un título competencial específico, el último inciso del art. 149.3 de la Constitución, no es “una cláusula universal atributiva de competencias sobre cualesquiera materias a favor del Estado”[34]. De tal manera que, cuando una materia ha sido atribuida a la totalidad de las CCAA, el Estado no puede dictar disposiciones en esta materia, porque la asunción de competencias exclusivas confiere a las CCAA el poder decidir no sólo la regulación sino también si quieren o no regular esa materia, por tanto, para que se aplique la legislación estatal como supletoria, debe inferirse por el aplicador del derecho autonómico[35].

No obstante, sí cabe una aplicación supletoria de la Ley Estatal entendida como “una previsión constitucional que se dirige al aplicador del derecho, indicándole el modo que deben colmarse, cuando las haya, las lagunas del ordenamiento autonómico. En eso consiste la supletoriedad del Derecho estatal que, por su misma naturaleza, no comporta atribución competencial alguna”[36] .

 

3.2. Proceso de adaptación al marco constitucional.

 

La adecuación de la legislación cooperativa autonómica al marco constitucional, se ha llevado a cabo, siguiendo, en buena medida, los antecedentes e instituciones de la tradición normativa española y el mantenimiento de un acuerdo tácito de respeto a los Principios Cooperativos de la ACI, con alguna que otra salida de tono. Dicho proceso, en el que la legislación estatal ha ido siempre a remolque, se ha desarrollado en dos fases: La primera, obedecía al objetivo de hacer uso de la competencia exclusiva, en el marco del artículo 129.2 de Constitución, para potenciar la participación en las cooperativas y el fortalecimiento de su actividad empresarial, y su fomento, en el marco del desarrollo y de las políticas públicas del correspondiente territorio, acometiéndose también la democratización del movimiento cooperativo. La segunda, ha venido impuesta, fundamentalmente, por la incorporación a la legislación cooperativa de algunas de innovaciones introducidas en el Derecho de sociedades para su adaptación a las Directivas comunitarias y otras producidas en los procedimientos jurisdiccionales, el Procedimiento Administrativo Común, y en materia de auditorias y régimen laboral, así como para la reformulación del ámbito de aplicación, como consecuencia de la práctica en la asunción de las competencias por las Comunidades Autónomas y la evolución de la doctrina del Tribunal Constitución[37].

 

La mayor parte de estas modificaciones se han ido incorporando paulatinamente a la legislación autonómica, aunque no en todos los casos. Ello está suponiendo, de alguna forma, un acercamiento entre la legislación autonómica y la estatal, y una cierta delimitación de competencias.

 

No obstante, nuestra legislación cooperativa, en términos generales y sin entrar en detalles que sobrepasan el objeto de este trabajo, mantiene un ámbito aplicación dudoso, existen también notables, y a veces contradictorias, diferencias en aspectos fundamentales, como la definición de sociedad cooperativa y el tratamiento de sus principios, la tipología y tratamiento de las distintas clases de cooperativas, número de socios y capital mínimos, marco jurídico del trabajo cooperativizado, contradicciones entre algunas disposiciones autonómicas y la Ley de Régimen Fiscal de las Cooperativas, y muchos más, que han venido siendo puestos de relieve desde diversas perspectivas (GADEA, E.; SACRISTÁN, F.; VARGAS VASSEROT, C. 2009; GARCÍA JIMÉNEZ, M. 2005).

 

Ámbito de aplicación.

 

Respecto a la redefinición del ámbito territorial de aplicación, para su adaptación a la nueva doctrina constitucional, inicialmente recogida por la Ley 2/1999, de 31 de marzo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas[38], extiende su ámbito de aplicación a “todas las sociedades cooperativas que desarrollen principalmente su actividad societaria en Andalucía”, sin perjuicio de las relaciones que puedan entablar con terceros y la realización de actividades de carácter instrumental que puedan llevar cabo fuera del mismo (Art. 1º). Unos meses después, la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas (PASTOR SEMPERE, C., 1999: 151), recogió dicha doctrina introduciendo el punto de conexión establecido por las CC.AA[39], y posteriormente, se ha ido incorporando a práctica totalidad de las leyes autonómicas[40]. Excepto a las de Aragón, Galicia y Madrid, que se refieren a las cooperativas que realicen su actividad, sin más, en su respectivo territorio, y la de Extremadura que mantiene el anterior principio de exclusividad territorial.

 

El elemento esencial de la territorialidad es la realización de, en expresión del TC, "las funciones típicas de las cooperativas que se reflejan en las relaciones de las cooperativas con sus socios". Por tanto, la legislación de las Comunidades Autónomas se aplica según el territorio en el que la cooperativa desarrolla principalmente su actividad cooperativizada, con independencia de los otros territorios en los que pueda actuar de forma no principal. Por el contrario, la Ley Estatal sólo se aplica a aquellas cooperativas que, desarrollando su actividad en varias Comunidades Autónomas, no lo hacen en ninguna con carácter principal[41]. Ello significa que en cada CCAA pueden aplicarse, en estos momentos, hasta 15 legislaciones diferentes en cuanto a la regulación de las relaciones societarias que afectan a ciudadanos y vecinos de dicha CCAA.

 

También el ámbito de aplicación material ofrece situaciones de duda e inseguridad jurídica, unas veces provocadas por la intromisión en áreas legislativas en las que las Comunidades Autónomas no tienen competencia; otras por importaciones textuales de otras disposiciones, que quedan desfasadas cuando la norma de origen es modificada; o mediante incorporaciones superfluas de aspectos ya regulados con carácter general (laborales, de Seguridad Social, Prevención de Riesgos Laborales, o mercantiles, entre otros).

 

Aunque, en este sentido, se han producido algunos acercamientos o correcciones. Muestra significativa, es la Exposición de Motivos de la Ley 1/2000, de 29 de junio, que modifica la Ley 4/1993, de 24 de junio, de Cooperativas del País Vasco, donde se plantean algunas precisiones sobre el alcance de la competencia exclusiva que en materia de cooperativas corresponde a la Comunidad Autónoma, justificando ciertas menciones que en el articulado se efectúan de la normativa estatal, por el respeto al ámbito competencial estatal y al principio de seguridad jurídica[42]. Dado, dice, que en el ejercicio de esta competencia exclusiva la CAPV ha de respetar los límites que impone el propio Estatuto de Autonomía y también aquellos ámbitos competenciales distintos al de cooperativas cuando el contenido de la regulación que se aborda afecte de manera relevante a esos ámbitos.

 

En cuanto al concepto de sociedad cooperativa y sus principios. Aunque todas las leyes de sociedades cooperativas vigentes en España suscriben los principios de la ACI, algunas de las nuevas leyes y modificaciones recientes han incorporado la definición, valores y principios de la Declaración sobre la Identidad Cooperativa, de la ACI, de 1995, en el tratamiento que reciben en su articulado prevalecen los particularismos, podemos encontrar, al menos, en siete enfoques diferentes[43].

 

3.3. Naturaleza del Derecho Cooperativo.

 

De acuerdo con la doctrina del TC, la legislación cooperativa ha de centrarse en la regulación de las “relaciones societarias internas”; relaciones cooperativas de naturaleza mixta, que incluyen no sólo situaciones relativas al ámbito de la sociedad, sino también otras relacionadas con la actividad cooperativizada. Ello hace que el derecho cooperativo constituya un típico derecho interdisciplinar en el que confluyen tanto normas procedentes de diversas ramas del ordenamiento jurídico, como elaboraciones doctrinales de distintas especialidades jurídicas, junto con aportaciones no estrictamente jurídicas, de diversos campos, que tratan de aspectos organizativos y empresariales y de la armonización entre la función social de la cooperativa y las exigencia de su eficacia económica. (MONTOYA MELGAR, A. 1980).

 

Son, por tanto, dos realidades sociales a las que el derecho cooperativo, de manera unificada y libre de contagios e interferencias, tiene que dar respuesta: a) una sociedad, cuyo funcionamiento se rige por los valores y principios cooperativos (solidaridad, igualdad, democracia, vocación social), que son pautas ajenas al derecho común de sociedades; b) una empresa, también orientada en dichos principios, cuya actividad económica cooperativizada, en la que los socios participar y cuyos resultados se distribuyen en proporción a dicha participación, no está orientada al mercado sino a la satisfacción de determinadas necesidades de sus socios (su mercado interno), de tal manera que las actividades y relaciones que, con carácter instrumental, lleva a cabo en el mercado, donde la cooperativa actúa como una empresa más, caen fuera de la legislación cooperativa.

 

De tal análisis se desprende la existencia de tres bloques normativos:

A)   Legislación societaria.

Regula todo lo concerniente a la sociedad y el socio en cuanto tales y las relaciones entre ambos, inspiradas en los principios y características de la sociedad cooperativa; relaciones societarias internas que implican tanto su organización societaria como la participación de los socios en las actividades cooperativizadas, según los distintos tipos de cooperativas que se contemplen. También se suelen incluir disposiciones de orden administrativo, registro público, inspección, régimen sancionador y organización del movimiento cooperativo.

Este primer bloque legislativo entra, como dijimos, de lleno en las competencias exclusivas sobre la materia de las Comunidades Autónomas, donde, además, se incluye la Ley estatal, cuya armonización, como derecho autónomo, debería realizarse sobre la Identidad Cooperativa, las recomendaciones internacionales y los pilares del derecho cooperativo de la UE.

B)   Legislación sectorial.

            En segundo lugar encontramos normas, de distinto origen y contenido, reguladoras de aspectos relacionados con la realización de su actividad económico-empresarial:

 

Actividad Cooperativizada. Puede ser legislación especialmente dictada para determinado tipo de cooperativas, disposiciones inmersas en legislación sectorial o normas de aplicación general que se aplican a la cooperativa y a sus socios, con un tratamiento especial o sin una mención expresa. La competencia legislativa no es de orden cooperativo, sino que depende de la materia concreta a regular. Entre ellas, hay normas que, en atención a exigencias sectoriales, delimitan y adaptan la actividad cooperativizada y se aplican a diversos tipos de cooperativas en todo el territorio español, con independencia su ámbito de actuación. Ordenación de sectores económicos o actividades concretas (seguros, crédito, transportes, Empresas de Trabajo Temporal, etc.); condiciones de trabajo. (Prevención de Riesgos Laborales, Seguridad Social, normas procesales, etc.); seguridad y protección social (seguridad, medio ambiente, derechos de los consumidores y de los trabajadores, salud pública, etc.).

 

Actividad instrumental. Normas, no cooperativas, de aplicación general que la cooperativa, en sus actividades y relaciones externas o de mercado, ha de cumplir como una entidad privada más. Hay que tener en cuenta que lo que en una clase de cooperativa es actividad cooperativizada en otra es instrumental, según sea la participación en ella de los socios (El trabajo, por ejemplo, de fabricar el pan en una panadería cooperativa de trabajo asociado es actividad cooperativizada, mientras que dicho trabajo formaría parte de las actividades y relaciones instrumentales si la panadería fuese una cooperativa de Consumidores).

 

C) Legislación de fomento.

Un tercer bloque, de competencia compartida, dado que las Comunidades Autónomas tienen la exclusividad en la regulación de la vida societaria de las cooperativas pero no el monopolio de su fomento "mediante una legislación adecuada"; pues el mandato constitucional del art. 129.2 no se agota con la legislación sustantiva y afecta a todos los poderes públicos (estatales, autonómicos y locales). Se incluyen en este bloque: Legislación fiscal; medidas de fomento del empleo; normas específicas de apoyo económico, técnico, formativo, etc., generales o especiales para cada tipo de cooperativa; legislación sectorial, en cuanto requiera, en cada una de ellas, un tratamiento favorable diferenciado según el tipo de cooperativa.

 

 

4. CONCLUSIONES

 

La cooperativa es un modelo internacional de organización social y económica contrario al capitalismo y al “mercantilismo”[44]. Hoy día existe un consenso planetario, auspiciado por las principales organizaciones internacionales, sobre la necesidad de crear un marco jurídico favorable para las cooperativas, y una legislación específica inspirada en la definición, los valores y los principios contenidos en la Declaración sobre la Identidad Cooperativa de la ACI, de 1995. Los instrumentos que se están diseñando para ello, deben conducir a una paulatina armonización de las legislaciones de todo el mundo, según las peculiaridades y situación de cada Estado. Al menos, en un bloque común respecto a la definición y características de la cooperativa, su organización interna, basada en los principios cooperativos, y los derechos de los socios, de las propias sociedades y del movimiento cooperativo.

 

En el ámbito de la UE, la Comisión se suma a dicha orientación, que se pretende alcanzar aprovechando el proceso iniciado para la necesaria armonización de cara a la implantación de la SCE. Ello choca con reticencias de algunos gobiernos, dado que pudiera significar la pérdida o desvirtuación de las peculiaridades y tradiciones legislativas. Para vencerlas, e ir consiguiendo de entrada al menos un poco de coherencia entre las distintas legislaciones nacionales, se pretende que sean las organizaciones del movimiento cooperativo las que tomen la iniciativa mediante la redacción de “Estatutos tipo”.

 

Dentro de España, donde dicho objetivo conecta con el artículo 129.2 de la Constitución, también el movimiento cooperativo podría asumir el papel de impulsar, mediante propuestas concretas, en coherencia con la dinámica global, el acercamiento entre las legislaciones autonómicas, y con la estatal. Con objeto de diseñar un marco jurídico homogéneo, estatal o común, y básico también para la implantación de la SCE que, basado en la Declaración sobre la Identidad Cooperativa y en las recomendaciones internacionales, introduzca su definición, valores y principios, unifique conceptos y terminología, con sencillez, concreción y flexibilidad,  evitando la dispersión y redundando en una necesaria economía legislativa. Para ello es también imprescindible que por parte del Estado se regulen, con un tratamiento unificado, aquellas cuestiones aplicables a las sociedades cooperativas, que son ajenas al derecho cooperativo, de aplicación general (laborales, mercantiles, etc.) cuyas competencias no corresponden a las CCAA.

 

Al menos, la necesaria armonización debería afectar a las siguientes cuestiones:

·        Concepto, definición y características de la sociedad cooperativa, de acuerdo con los principios formulados por la ACI, y su reconocimiento como principios generales fuente del derecho cooperativo de todo el Estado, como ya ha hecho expresamente la Ley Catalana[45] .

·        La tipología, de acuerdo con criterios claros y flexibles de clasificación;

·        Requisitos mínimos y procedimiento de constitución;

·        Procedimientos internos y plazos;

·        Formas especiales de vinculación societaria, derechos y obligaciones;

·        Un marco de jurídico único y protector para el trabajo cooperativizado;

·        Delimitando aquellas cuestiones que afectando a las cooperativas de una Comunidad Autónoma, son competencias del Estado o, en su caso, de la UE.

·        Limite al interés al capital, fondos obligatorios y su dotación mínima.

 

Desde esa perspectiva, un derecho cooperativo autónomo bien pergeñado, debería constituir la base sobre la que se asentara la próxima regulación de la Economía social, ya que, por su experiencia y consolidación y por que los principios cooperativos han configurado la Economía Social[46], el protagonismo del sector corresponde a las sociedades cooperativas (ALONSO SOTO, F. 1985). Es más, si la "Economía Social" se caracteriza, fundamentalmente, por presentarse como modelo alternativo económico, participativo y solidario, el artículo 129.2 de Constitución coloca a la sociedad cooperativa como prototipo de empresa de participación, y es precisamente su participación total (en la propiedad, la gestión, la actividad y los resultados en proporción participación en la actividad) lo que define, de hecho, a la sociedad cooperativa (GARCÍA-GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, Carlos, 1991)[47].

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[1] Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.  Universidad de Córdoba. Investigador de la Escuela de Estudios Cooperativos, UCM. Dirección de correo electrónico: dt1gajim@uco.es

[2] La ACI es una ONG independiente, que agrupa a 227 organizaciones cooperativas de todos los sectores de actividad de 88 países, que representan a más de 800 millones de personas de todos el Mundo. Cuenta con el Estatuto Consultivo ante el Consejo Económico y Social de la ONU. Sus objetivos se centran en promover y fortalecer cooperativas autónomas en todo el mundo, alentar y defender los Valores y Principios Cooperativos y favorecer el progreso económico y social de los pueblos. http://www.ica.coop/al-ica/

[3] Congresos de Viena de 1937 y de 1966, y Congreso de Manchester de 1995.

[4] En ella se fijaban los objetivos de una política sobre cooperativas exhortando a los gobiernos a poner en práctica medidas por las que las cooperativas, sin perder su independencia,  pudieran recibir ayudas y estímulo económico, formativo, fiscal, técnico y legislativo. En el apartado dedicado a la legislación, se instaba la creación de marco favorable en el que una legislación especial, aplicable a toda clase de cooperativas, regulara la creación, con procedimientos ágiles y sencillos, y el funcionamiento de las cooperativas, la facultad de federarse, así como la protección de su derecho a operar en condiciones por lo menos iguales a las de otras formas de empresa. En ella se debería incluir una definición que pusiera de relieve sus características y principios; descripción de los objetivos de las cooperativas y procedimientos de constitución, registro, modificación y disolución; protección del término cooperativa; condiciones de ingreso de nuevos socios, cuantía máxima y condiciones de las aportaciones al capital, derechos y obligaciones de los socios, que deberían ser perfilados estatutariamente; métodos de administración, gerencia  y control externo de las cuentas; procedimientos de constitución y funcionamiento de los órganos sociales; disposiciones de control externo, preferiblemente confiado a un organismo cooperativo de segundo grado.

[5] Jefatura del Estado. Ley 27/1999, de 16 de julio, derogó la Ley 3/1987, de 2 de abril. Ley 31/2006, de 18 de octubre, sobre implicación de los trabajadores en las sociedades anónimas y cooperativas europeas.

Andalucía.- Ley 2/1999, de 31 de marzo,  derogó la Ley 2/1985, de 2 de mayo. Modificada por Ley 3/2002, de 16 de diciembre.

Aragón.- Ley 9/1998, de 22 de diciembre.

Baleares. Ley 1/2003, de 20 de marzo. Reformada por Ley 7/2005, de 21 de junio.

Castilla y León.- Ley 4/2002, de 11 de abril. Modificada por Ley 9/2004, de 28 diciembre de Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas.

Castilla-La Mancha.- Ley 20/2002, de 14 de noviembre.

Cataluña.- Ley 18/2002, de 5 de julio, derogó el Decreto Legislativo 1/1992, de 10 de febrero. Modificada por Ley 31/2002, de 30 diciembre de Medidas Fiscales y Administrativas. Modificada por Ley 13/2003, de 13 de junio.

Comunidad Valenciana.- Ley 8/2003, de 24 de marzo, derogó el Decreto Legislativo 1/1998, de 23 de junio (Texto Refundido de la Ley 11/1985, de 25 de octubre). Modificada por Ley 12/2004, de 27 diciembre de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana.

Extremadura.- Ley 2/1998, de 26 de marzo. Ley 8/2006, de 23 diciembre, de Sociedades Cooperativas Especiales.

Galicia.- Ley 5/1998, de 18 de diciembre. Modificada por Ley 14/2004, de 29 diciembre de Medidas tributarias y de régimen administrativo; Ley 18/2008, de 29 de diciembre, de vivienda de Galicia.

La Rioja.- Ley 4/2001, de 2 de julio.

Madrid.- Ley 4/1999, de 30 de marzo.

Navarra.  Ley Foral 14/2006, de 11 de diciembre, que derogó a la Ley Foral 12/1996, de 2 de julio, modificada por Ley Foral 5/2006, de 11 de abril, para la adición de la regulación de las cooperativas de iniciativa social.

Región de Murcia.  Ley 8/2006, de 16 de noviembre.

País Vasco.- Ley 4/1993, de 24 de junio, que derogó la Ley 1/1982, de 11 de febrero. Modificada por Ley 1/2000, de 29 de junio.

[6] Principalmente: Ley 20/1990, de 19 de diciembre de Régimen Fiscal de las Cooperativas; Ley 13/1989, de 26 de mayo, de Cooperativas de Crédito; Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de Seguros Privados (arts. 6 al 10); además del trato favorable que las cooperativas reciben en disposiciones generales reguladoras de la defensa de los consumidores y usuarios; los transportes terrestres, la Sanidad o la Educación, entre otros, a las que habría que añadir sus respectivas normas de desarrollo.

[7] “Asociación autónoma de personas unidas voluntariamente para satisfacer sus necesidades y  aspiraciones económicas, sociales y culturales en común a través de una empresa de propiedad conjunta y de gestión de democrática”.

[8] Committee for the Promotion and Advancement of Cooperatives. COPAC. Policy and Legislation. http://www.copac.coop/policy/index.html.

[9] Entre las actuaciones que se propone está el establecimiento de servicios de apoyo (recursos humanos, gestión, jurídico fiscal,  tecnológico, comercial, etc.), medidas que faciliten el acceso de las cooperativas a la financiación, promoción del movimiento cooperativo y la adopción de una legislación específica en materia de cooperativas.

[10] Principalmente a través de las Resoluciones 47/90, de 16 de diciembre de 1992; 49/155, de 23 de diciembre de 1994; 51/58, de 12 de diciembre de 1996; 54/123, de 17 de diciembre de 1999; 56/114, de 19 de diciembre de 2001; 58/131, de 22 de diciembre de 2004; y A/60/50, de 31 de enero de 2006, relativas a las Cooperativas en el Desarrollo Social.  Por último, el 18 de diciembre de 2009, la 64va. Asamblea General aprobó la resolución sobre “las Cooperativas y el Desarrollo Social”  en la que se declara el año 2012 como el Año Internacional de las Cooperativas. http://www.un.org/esa/socdev/social/cooperatives/coop_docs.html

[11] Especialmente la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, celebrada en Copenhague del 6 al 12 de marzo de 1995, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing del 4 al 15 de septiembre de 1995, la segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat II), celebrada en Estambul (Turquía) del 3 al 14 de junio de 1996, la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, celebrada en Roma del 13 al 17 de noviembre de 1996, la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, celebrada en Madrid del 8 al 12 de abril de 2002, la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, celebrada en Monterrey (México) del 18 al 22 de marzo de 2002, y la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Johannesburgo (Sudáfrica) del 26 de agosto al 4 de septiembre de 2002.

[12] Primero, proclamando la celebración Día Internacional de las Cooperativas (Resolución 47/90), que se ha hecho coincidir anualmente con la jornada que, desde 1922, viene celebrando la Alianza.

[13] Draft guidelines aimed at creating a supportive environment for the development of cooperatives. A/56/73-E/2001/68.

[14] Para asegurar la igualdad, “los valores  y principios específicos  de cooperativas deben recibir el pleno reconocimiento considerándose  deseables y beneficiosas para la sociedad y para ello deben tomar medidas para asegurar que sus especiales cualidades y prácticas no son la causa de discriminación y desventaja de ninguna clase”.

[15] También, los ajuste en la legislación, deberían garantizar: El mantenimiento de un registro público de cooperativas; La participación de los representantes del movimiento cooperativo en la elaboración de proyectos de leyes y adopción de otras disposiciones, así como en los procedimientos para la supervisión y revisión permanente de legislación y la práctica; El compromiso de los Gobiernos para formular una política de apoyo a las cooperativas,  evitando cualquier limitación  de su autonomía; Así como el reconocimiento del valor del apoyo gubernamental al movimiento cooperativo internacional y las actividades intergubernamentales.

[16] Integrado por dos instrumentos jurídicos: REGLAMENTO (CE) 1435/2003 DEL CONSEJO, de 22 de julio de 2003, relativo al Estatuto de la sociedad cooperativa europea; y DIRECTIVA 2003/72/CE DEL CONSEJO,  de 22 de julio de 2003, por la que se completa Estatuto de la sociedad cooperativa europea en lo que respecta a la implicación de los trabajadores. La Transposición de dicha DIRECTIVA se produjo conjuntamente a la DIRECTIVA 2001/86/CE, de 8 de octubre, por la que se completa el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea en lo que respecta a la implicación de los trabajadores, mediante Ley 31/2006, de 18 de octubre, sobre implicación de los trabajadores en las sociedades anónimas y cooperativas europeas.

[17] A/RES/56/114. Analizada.

[18] Considerando 10º.

[19] Entre otras, relativas a los procedimientos de constitución, fusión, disolución y liquidación; y al funcionamiento de los órganos sociales.

[20] Artículo 8.2.

[21] Durante el período de adopción del Estatuto, los Estados insistieron en la necesidad de que no se desvirtuaran sus disposiciones internas. El resultado son las múltiples referencias que en el texto vigente se hacen a la normativa del Estado de registro de la SCE. Ello puede impulsar a las  SCE a registrarse allí donde el contexto nacional le resulte más a favorable (“forum shopping”). Dicha práctica puede provocar el efecto de que los Estados, con el objeto de atraer SCE, ofrezcan un régimen legal cada vez más permisivo. Para evitar la progresiva erosión de la legislación cooperativa, la Comisión considera que sería mejor  la aplicación a las SCE de más normas comunes (COMISIÓN EUROPEA, 2001).

[22] Acción 8. Por una parte, mediante reuniones con funcionarios y responsables de los Estados miembros para debatir todas las cuestiones para las que es necesario adoptar medidas a escala nacional o para las que se aplica la legislación nacional. En dicho marco, con las organizaciones de cooperativas y las autoridades nacionales, se analizaría los casos en los que las diferencias entre las distintas legislaciones pueden crear problemas para la aplicación del Estatuto de la SCE, y propondría soluciones de consenso, cuya adopción puede conducir a una aproximación de las legislaciones nacionales.

[23] Acción 9. La Comisión trabajará activamente con las autoridades públicas y las organizaciones de cooperativas para mejorar la legislación sobre cooperativas. A tal fin, insistirá en la obligación de todos los Estados de informar a los demás Estados y a la Comisión a la hora de elaborar y ante de adoptar nueva legislación.

[24] Acción 10. La Comisión acoge con satisfacción las iniciativas de las organizaciones nacionales y europeas para redactar “reglamentaciones tipo”, y está dispuesta a colaborar en dicha redacción. Propuestos por el grupo de expertos de alto nivel en Derecho de Sociedades europeo. A Modern Regulatory Framework for Company Law in Europe, de 3-11-2004. (COMISIÓN EUROPEA, 2004).

[25] Artículos 81, 82, 87 y 88 del Tratado de Roma (CE).

[26] Artículo 79 del Reglamento SCE

[27] Acción 11. Durante la revisión, la Comisión prestará especial atención a las posibilidades de simplificar el Reglamento y sugerirá que, cuando sea posible, se adopten normas comunes a escala europea.

[28] http://www.aciamericas.coop/spip.php?rubrique45.

 

 

[29] “...Promover, impulsar o proteger algo”. Diccionario de la Lengua Española  (22ª) RAE, 2001.

[30]Se trata, en primer lugar, de conseguir la libertad y la igualdad plena y efectiva de todos los individuos, de tal manera que sea posible su integración y participación en todos los ámbitos de la vida ciudadana (art. 9.2) Esta integración y participación, en el ámbito económico, se concretan en los siguientes aspectos fundamentales: Deber de trabajar y derecho al trabajo (art. 35.1); Libertad de empresa (art. 38) que no debe entenderse como derecho de “clase”, sino de ejercicio general y abierto a formas no capitalistas o participativas; Participación en los organismos públicos (art. 129.1); Participación en la empresa y acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción (art. 129.2); Equiparación del nivel de vida de todos los españoles mediante el desarrollo de los sectores económicos menos competitivos (art. 130.1); Planificación democrática (art. 131.2).

[31] Sentencia 72/1983, de 29 de julio.

[32] Su disposición Final 1ª.1., establecía su aplicación a todas las Sociedades Cooperativas con domicilio social en el territorio del Estado, excepto aquellas cuyas relaciones de carácter cooperativo interno definitorias su objeto social cooperativizado; o sea, las relaciones de la Cooperativa con sus socios, se lleven a cabo dentro del territorio de una Comunidad Autónoma con legislación cooperativa  propia, sin perjuicio de que establezcan relaciones jurídicas con terceros de carácter instrumental o personales, accesorias al referido objeto social, fuera del territorio de dicha Comunidad Autónoma. Respecto a las cooperativas de Trabajo Asociado, el artículo 118.9, fijaba, así mismo, que los centros de trabajo en los que los socios prestan su trabajo cooperativizado deberán estar situados dentro del ámbito territorial de la Cooperativa, establecido estatutariamente.

[33] STC 28-11-96, también  STC 234/1994.

[34] STC. 118/1996, de 27 de junio.

[35] SSTC. 214/1989, 1333/1990, 213/1994, 118/1996, 61/1997.

[36] STC. 118/1996, de 27 de junio.

[37] Exposición de Motivos. Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas.

[38] Aunque, Ley Catalana de 1992 ya contenía dicho punto de conexión.

[39] Su art. 2º establece su ámbito de aplicación: 1) A las sociedades cooperativas que desarrollen su actividad cooperativizada en el territorio de varias Comunidades Autónomas, excepto cuando en una de ellas se desarrolle con carácter principal. 2) A las sociedades cooperativas que realicen principalmente su actividad cooperativizada en las ciudades de Ceuta y Melilla.

[40] En el caso del País Vasco, la Ley 1/2000, de 29 de junio, dio esta nueva redacción a la disposición final segunda de la Ley 4/1993, de 24 de junio, de Cooperativas: “La presente Ley es de aplicación a todas las sociedades cooperativas con domicilio social en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco que, de conformidad con lo previsto en el artículo 2 A) de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, desarrollen con carácter principal su actividad cooperativizada en dicho territorio”.

[41] Sobre el alcance que deba darse a la expresión principalmente, si atendemos a su sentido literal: “primer lugar” en estimación o en importancia, “primeramente” o “antes que todo”; no se trataría de una valoración cuantitativa, de si en la C.A. se realizan o no la mayor parte de las relaciones o actividades con los socios, sino si ocupa el primer lugar comparado con otras. La Ley estatal, sin embargo, requiere para su aplicación que, actuando la cooperativa en más de una C.A, no se aprecie dicho carácter principal en ninguna de ellas.

La cuestión se complica, y viene a distorsionar la unidad de criterio en el elemento valorativo del ámbito territorial de actividad, cuando en unos casos, al fijar su “punto de conexión territorial”, el elemento elegido por algunas Leyes es “actividad societaria” (Andalucía, Baleares, Castilla León y Navarra), otras se refiere a la “actividad cooperativizada” (Estatal, Castilla la Mancha, Galicia, Madrid, País Vasco y Valencia), mientras que la de Aragón fija “las actividades” y la de Extremadura “las relaciones con sus socios”. Dado que las relaciones de las cooperativas con sus socios tienen una doble vertiente que implica, por una parte, su participación en los aspectos típicamente societarios y, por otra, su participación en la actividad económica cooperativizada, que no necesariamente han de coincidir en el mismo ámbito territorial; mientras que la primera podría englobar a la segunda, incluyendo todas las relaciones entre la cooperativa y sus socios, la actividad cooperativizada sólo se refiere a su participación en la actividad económica, en la que además de los socios, en determinados casos, pueden participar terceros

[42] Una de ellas, se refiere a la adición, al artículo 99 de la Ley 4/1993, de un nuevo apartado, que reproduce en su integridad el artículo 86.2 de la Ley estatal 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, donde se equiparan los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado con los trabajadores por cuenta ajena, para determinados supuestos[42]. Ya que dicha equiparación constituye un supuesto de subrogación empresarial que se sitúa en el ámbito de la legislación laboral, y en este ámbito material el reparto competencial, acotado por los artículos 149.1.7 de la Constitución Española y 12.2 del Estatuto de Autonomía del País Vasco, no atribuyen a la Comunidad Autónoma competencia normativa alguna. Otra, a la nueva definición del ámbito de aplicación, donde se reitera la previsión establecida en el artículo 2 A) de la Ley 27/1999 estatal citada, que ha excluido de su ámbito de aplicación a aquellas cooperativas que desarrollen principalmente su actividad cooperativizada en el territorio de una Comunidad Autónoma.

[43] Incorpora textualmente  la definición, los valores y principios. Ley de Baleares.

Incorpora los valores y principios, y dice que servirán de guía para su interpretación y aplicación. Ley Valenciana.

Incorpora sólo los “principios formulados por la ACI”. Ley de la Región de Murcia.

Incorporan sólo la definición. Leyes de Madrid (que alude a los principios y valores de la ACI sin enunciarlos), Extremadura y La Rioja (que aluden a los principios del cooperativismo sin enunciarlos y sin citar a la ACI).

Sólo mencionan “los principios formulados por la ACI”, sin enunciarlos, “en los términos establecidos en la Ley”. Leyes del Estado, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, que además incorpora a las fuentes del derecho cooperativo catalán, Galicia y Navarra.

Menciona a los “principios básicos del cooperativismo”. Ley del País Vasco, aunque en la Exposición de Motivos de la Ley de 2000 que la modifica, se suma a la Declaración de la ACI y asume su definición.

Incorpora una lista no textual de principios, “que suministran un criterio interpretativo a la Ley” sin citar a la ACI. Ley Andaluza.

[44] mercantilismo. Espíritu mercantil aplicado a cosas que no deben ser objeto de comercio. Sistema económico que atiende en primer término al desarrollo del comercio, principalmente al de exportación, y considera la posesión de metales preciosos como signo característico de riqueza. mercantil.  Perteneciente o relativo al mercader, a la mercancía o al comercio. DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA - Vigésima segunda edición

 

[45] Artículo “1.2. Los principios cooperativos formulados por la Alianza Cooperativa Internacional han de aplicarse al funcionamiento y la organización de las cooperativas, han de incorporarse a las fuentes del derecho cooperativo catalán como principios generales, y aportan un criterio interpretativo de la presente Ley”.

[46] Así lo ha entendido el Parlamento Europeo (Informe TOIA, PALAMENTO EUROPEO, 2009), para el que las empresas de la economía social se definen por las características y los valores que comparten:

– La primacía de la persona y el objeto social sobre el capital;

– La defensa y aplicación de los principios de solidaridad y responsabilidad;

– La conjunción de los intereses de los miembros y del interés general;

– El control democrático por parte de los miembros;

– La adhesión voluntaria y abierta;

– La autonomía de gestión y la independencia de los poderes públicos;

– La movilización de lo esencial de los excedentes para la persecución de objetivos de desarrollo sostenible, la mejora de los servicios a los miembros y el interés general.

[47] La empresa de participación es una organización en la que lo que confiere poder de decisión para establecer los objetivos de la empresa –es decir, para tener la condición de socio- es precisamente la participación, como protagonistas, promotores, actores, en el proceso de producción-distribución de bienes y servicios, ... . En estas empresas las personas y sus intereses en el proceso de producción y distribución se superponen al capital. Si, además, el peso o la importancia de cada socio es el mismo (una persona, un voto), si la capacidad de decisión es democrática (una persona, un voto), si los objetivos se establecen democráticamente (un empresario: proveedor o consumidor, un voto) se trata de una sociedad cooperativa de primer grado o de personas físicas, de hecho o de derecho.