La Comisión Europea amenaza con llevar a España al Tribunal de Justicia por su retraso en adaptar normas ambientales


La Comisión Europea ha dado un último aviso a España para que adecúe su legislación interna ambiental a las disposiciones de la directiva comunitaria de "evaluación de impacto ambiental". La Comisión anunció que si no se cumple expondrá el caso ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE). El plazo para incorporar las modificaciones de la normativa comunitaria venció el 14 de marzo de 1999.

La Comisión Europea decidió enviar un dictamen motivado -segunda fase del procedimiento de infracción- contra otros seis Estados miembros por no haber finalizado el proceso de transposición.

El Consejo de Ministros de Medio Ambiente adoptó en marzo de 1997 la nueva directiva de evaluación de las consecuencias de determinados proyectos de infraestructura, que modificaba el texto de 1985. "Cualquier retraso adicional impedirá la integración del medio ambiente en otra política, así como la promoción de un desarrollo sostenible", subrayó la comisaria europea de Medio Ambiente, Margot Wallström. Razón por la cual la Comisión decidió tomar nuevas acciones legales contra Austria, Francia, Luxemburgo, Alemania, Grecia, Reino Unido y España. "España no ha adoptado ninguna norma que permita realizar estos estudios", lamentaron fuentes comunitarias, que destacaron la gravedad del caso español.

El objetivo de la Directiva 97/11/CE es prevenir la contaminación y los daños provocados por infraestructuras o plantas industriales antes de su construcción o puesta en operación, "en lugar de tratar de combatir posteriormente los efectos". La Directiva de 1985 establecía que la evaluación del impacto era "siempre obligatoria" para proyectos relativos a grandes obras de infraestructuras, mientras que era "sólo necesaria" en aquellos casos que los Estados consideraran que podía tener un impacto ambiental significativo por su naturaleza, dimensión o localización. Para esta segunda relación, se facultaba a las autoridades nacionales a que definieran los criterios para catalogar un proyecto de un modo u otro.

El Consejo de Ministros decidió doce años más tarde mejorar el texto inicial. Se amplía el ámbito de aplicación de la directiva (a planes de urbanismo o parques eólicos) y se incluye un procedimiento de análisis con el que los Estados miembros han de determinar qué proyectos deben ser sometidos a una evaluación, lo que responsabiliza a la Administración de las declaraciones de impacto. El plazo para incorporar las modificaciones de la directiva expiró hace casi un año.

Un proyecto de ley para adaptar las dos directivas medioambientales se ha frustrado durante esta legislatura ante las críticas formuladas por el secretario de Estado de Aguas y Costas, Benigno Blanco. Fuentes del Ministerio de Medio Ambiente señalan, no obstante, que 14 de las 44 declaraciones de impacto realizadas por el Estado se han hecho con arreglo a la última directiva.