Los tribunales están en "estado comatoso", con dos millones de casos sin resolver


Los asuntos judiciales pendientes siguen sin ser alcanzados por el total de resoluciones dictadas cada año. A finales de 1998 el total de casos pendientes se aproximaba a los dos millones, y aunque los 154 juzgados de lo contencioso-administrativo puestos en marcha en 1999, que resolvieron 32.000 asuntos, aminoraron los 354.993 que se encontraban sin resolver en esa jurisdicción, la lentitud de la Administración de Justicia sigue siendo su peor mal, al que hay que añadir la escasez de jueces, la insuficiente dotación presupuestaria, los procesos anticuados y la falta de una oficina judicial acorde con el tiempo presente.

Casi dos millones de asuntos pendientes al iniciarse 1999, un número de jueces que no llegará a 4.000 a finales de 2000 para menos de 40 millones de españoles (en Alemania hay 25.000 jueces para 80 millones de habitantes), un funcionamiento anticuado y una lentitud irritante, unida a la esquizofrenia de competencias entre el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas, sitúan a la Administración de justicia en "estado comatoso", según Ricardo Bodas, uno de los portavoces del Foro por la Justicia como Servicio Público.

Los presupuestos de justicia, que no superan el 1% de los gastos del Estado, han de adecuarse a las necesidades reales, empezando por el incremento sustantivo del número de jueces, una vez calculada la carga de trabajo que debe corresponder a cada juzgado, incluida la atención personal del juez al ciudadano, cuyo conflicto no puede resolverse mediante una declaración ante el oficial como ocurre con frecuencia. La oficina judicial requiere técnicas modernas de organización, potenciación de los servicios comunes y una informatización íntegra e interconectada. A la cabeza de ese equipo de trabajo debe situarse al secretario judicial, que deberá pasar a depender no de Justicia, sino del CGPJ.

A la reforma de los estatutos de jueces, fiscales y resto de personal hay que unir el de abogados y otros profesionales de quienes los ciudadanos se quejan. Y hay que incrementar las responsabilidades de todos ellos, especialmente de los que más deciden: los jueces. Otro punto esencial es la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil y el abordaje urgente de la reforma procesal penal. El comprobado buen funcionamiento del proceso social, basado en la oralidad, inmediatez y concentración, que permite sentencias en tres meses, hace aconsejable traspasar el modelo a las otras jurisdicciones.

La justicia, a la vez que una función esencial, garante del Estado de derecho, es un servicio público como la sanidad o la educación, que para cumplir aquélla ha de ser eficiente. Reconocida ya en otros sectores, esta afirmación aún se cuestiona en el caso de la justicia. La lentitud de la justicia se ha justificado siempre por la insuficiencia de sus medios. Hoy resulta una verdad a medias. Las importantes inversiones realizadas desde los años ochenta obligan a hacer un análisis más riguroso. La inversión es necesaria, pero no suficiente. Faltan jueces pero hay más de 2.000 secretarios judiciales improductivos, licenciados en Derecho que superaron una oposición difícil a quienes hay que ampliarles su competencia, algo que la nueva ley de Procedimiento Civil, incomprensiblemente, les restringe.

Se debe implantar un sistema generalizado de incentivos basado en la productividad. La contrastada capacidad y no sólo la mera antigüedad en el escalafón ha de ser también criterio fundamental para la promoción. Falta coordinación entre el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial y las comunidades autónomas. Hay que definir y coordinar las competencias. La Ley Orgánica del Poder Judicial apostó por la descentralización de las competencias. Aunque parcial, el resultado ha sido bueno; el proceso se ha quedado a medio camino.

El Tribunal Constitucional es el más lento de España y sus resoluciones pueden llegar a demorarse hasta diez años, como en caso de la Ley de la Competencia.

Un informe de la revista "Tribuna Parlamentaria" publicado en febrero destacó el retraso en dictar sentencia en asuntos trascendentales, como sucedió también en el recurso sobre las reformas en el sistema electoral para los comicios al Parlamento Europeo, que resolvió cuatro años después, o el formulado contra la Ley General Tributaria, cuya sentencia se retrasó cinco años. La Ley Orgánica de Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal (1992) fue impugnada en 1993 y aún se está esperando la sentencia. Sea ésta cual sea, ya se ha aprobado una nueva ley de Protección de Datos que deroga la anterior. También pasa lo mismo con la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones de 1987, modificada por la Ley de 1998.

La Memoria de la Fiscalía General del Estado del año 1998, que fue elevada al Gobierno en setiembre de 1999 coincidiendo con la apertura del Año Judicial, ya adviertió del futuro "colapso" del Tribunal Constitucional, que se verá desbordado por el aumento de los recursos sin resolver.

La fiscalía califica la situación del Constitucional de "acuciante" y de "extrema gravedad". El aumento de los recursos ante el alto tribunal "seguirá aumentando hasta una situación cercana al colapso que no parece fácilmente evitable", según expone la memoria del pasado año.

Según el documento presentado por el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, los 12 magistrados del Tribunal Constitucional se ven claramente desbordados por el número de recursos que cada año se suman a los pendientes por resolver.

El fiscal general establece que 2.000 recursos anuales es el máximo que este órgano puede resolver, cifra que fue superada ya en 1989. Según el informe anual, el número de asuntos registrados en 1998 asciende a 5.500, mientras que el índice de aumentos ha pasado de 500 al año a 750 durante 1998.

Durante este ejercicio, cada magistrado estudió, debatió y votó en sentencia 120 asuntos, sin tener en cuenta los Plenos. "Las cifras ponen de manifiesto de modo incontestable el esfuerzo continuado del Tribunal. Una cifra de 5.210 resoluciones en un año no puede tildarse de baja en modo alguno", según la Memoria. Esta situación exige la toma de medidas para garantizar a los magistrados las condiciones de trabajo "sin agobios y con el detenimiento que cada cuestión requiere".

El fiscal general propone que el Tribunal Constitucional sea quien seleccione aquellos casos que deberían ser tratados en profundidad "para ser analizados en atención a la trascendencia de su contenido. De este modo, el Tribunal reservaría para su propio conocimiento los recursos de amparo realmente trascendentes en los que se debe dictar una resolución sobre el fondo".

Privados de cualquier clase de imaginación, las soluciones de los altos funcionarios judiciales son siempre las mismas: para quitarse papel de enmedio, eliminar las posibilidades de defensa, privar a los ciudadanos de su derecho a recurrir.

Por su parte, las cinco Salas que constituyen el Tribunal Supremo tenían pendientes de resolver 46.273 asuntos al finalizar 1998. Seis meses más tarde, el 30 de junio, esa cifra era de 44.721 procedimientos judiciales, según datos recogidos en la Memoria anual del Tribunal Supremo, que presentó su presidente, Javier Delgado Barrio en la apertura de los Tribunales en setiembre del pasado año.

La Sala de lo contencioso-administrativo es la que más atraso registra, ya que tiene sin resolver 23.017 casos. Sus 33 magistrados resolvieron un promedio de más de 330 asuntos cada uno de ellos durante 1998, es decir, que dictan más de una sentencia diaria, lo que suscita toda clase de sospechas. Sin embargo, sus índices de retraso han crecido hasta límites alarmantes.

La Sala de lo Civil, que cuenta con nueve magistrados y su presidente, Ignacio Sierra, recibió un 8% más de casos durante el año pasado que en el anterior (en total, llegaron 4.883 asuntos nuevos). Tan elevada carga de trabajo ha supuesto que, a pesar de que sus miembros resolvieron más asuntos, el 30 de junio de 1999 tenía 11.740 asuntos pendientes. Por eso, el presidente del CGPJ sugiere la posibilidad de que en la próxima reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil se acuerde restringir sus competencias, para evitar así una indeseable saturación de asuntos y permitir que cumpla con su superior función de formación de la jurisprudencia.

La Sala de lo Penal es la que registró más aumento de trabajo (un 35% durante los dos últimos años) pero, pese a ello, terminó el primer semestre de 1999 con 6.347 casos. Delgado cree que estas cifras se reducirán en breve, por reformas legales y por la "laboriosidad" de sus miembros.

Al finalizar 1998, las cinco Salas que constituyen el Tribunal Supremo tenían pendientes de resolver 46.273 asuntos. Seis meses más tarde, el 30 de junio, esa cifra era de 44.721 procedimientos judiciales, según datos recogidos en la Memoria anual del Tribunal Supremo, que presentó su presidente, Javier Delgado Barrio.

Una vez más, como ocurre cada año, la Sala de lo contencioso-administrativo es la que más atraso registra, ya que tiene sin resolver 23.017 casos. Sus 33 magistrados resolvieron un promedio de más de 330 asuntos cada uno de ellos durante 1998, es decir, que dictan más de una sentencia diaria, lo que suscita toda clase de sospechas. Sin embargo, sus índices de retraso han crecido hasta límites alarmantes.

La Sala de lo Civil, que cuenta con nueve magistrados y su presidente, Ignacio Sierra, recibió un 8% más de casos durante el año pasado que en el anterior (en total, llegaron 4.883 asuntos nuevos). Tan elevada carga de trabajo ha supuesto que, a pesar de que sus miembros resolvieron más asuntos, el 30 de junio de 1999 tenía 11.740 asuntos pendientes. Por eso, el presidente del CGPJ sugiere la posibilidad de que en la próxima reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil se acuerde restringir sus competencias, para evitar así una indeseable saturación de asuntos y permitir que cumpla con su superior función de formación de la jurisprudencia.

La Sala de lo Penal es la que registró más aumento de trabajo (un 35% durante los dos últimos años) pero, pese a ello, terminó el primer semestre de 1999 con 6.347 casos. Delgado cree que estas cifras se reducirán en breve, por reformas legales y por la "laboriosidad" de sus miembros.

Para aliviar el trabajo de los magistrados, todas las reformasa legislativas vienen restringiendo las posibilidades de recurso ante el Tribunal Supremo, lo que atenta al derecho de defensa.

Para aliviar el trabajo de los magistrados, todas las reformasa legislativas vienen restringiendo las posibilidades de recurso ante el Tribunal Supremo, lo que atenta al derecho de defensa.