Algunas tesis sobre los Derechos históricos

José Ignacio Lacasta-Zabalza.

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Las posibilidades del desarrollo de los Derechos históricos son algo que depende de las fuerzas políticas y sociales en liza y aquí no se intenta dar en ese terreno lecciones a nadie. En cuanto a las enriquecedoras ideas pluralistas de Herrero de Miñón, las reflexiones de Javier Villanueva en el número anterior de esta misma revista son de las que merecen ser suscritas.

Herrero de Miñón y Bartolomé Clavero pertenecen al grupo de los escasos y meritorios intelectuales españoles que han decidido no renunciar a la historia como elemento de reflexión constitucional. Porque las Constituciones tienen su pasado cultural y eso condiciona el presente jurídico-político pero que muy mucho.

De lo que se va tratar aquí, precisamente con la ayuda de la historia, es de desmontar una serie de intencionados tópicos que circulan acerca del concepto de los Derechos históricos, los Fueros y sus relaciones con el inevitable derecho de autodeterminación.

Y, para no hacer este artículo más dificultoso de lo que ya es, se va a centrar este análisis en el área vasco-navarra con delimitación momentánea de los problemas de Catalunya, Galicia o Aragón, donde también hay un nexo foral –de otro carácter– en su vigente Derecho. Situaciones no vascas ni navarras que también son cribadas por los excelentes libros y trabajos de Herrero de Miñón.

 

 

1º LOS DERECHOS HISTÓRICOS SON ANTERIORES A LA CONSTITUCIÓN ACTUAL, QUE LOS LEGITIMA.

Hay quien sostiene que solamente existe jurídicamente lo creado por las leyes positivas y al abrigo normativo de la Constitución de 1978. No hay otros derechos que los generados por "una norma de derecho objetivo" y, en última instancia, por la Constitución. Esa es la idea de Francisco Rubio Llorente: "El derecho subjetivo es pues creación del derecho objetivo, de lo que solemos llamar Derecho, con mayúsculas, o también ordenamiento".

Rubio Llorente no tiene presente que hay anterioridades jurídicas, a veces bastante incómodas, a la propia Constitución. El Rey de España sanciona y no jura el texto constitucional, porque se considera institucionalmente –y es considerado– predecesor de la mismísima Carta Magna.

Naturalmente, ahí está una de las razones por las que algunos somos republicanos irredentos. Porque no le otorgamos un beneficio democrático a toda la Casa de Borbón ni a anteriores personajes como Alfonso XIII y Franco. Y, por cierto, algunos tampoco nos cansaremos de denunciar que la Televisión Española insista en llamarle significativamente a Franco "el anterior Jefe del Estado".

El Tribunal Constitucional ha decidido prescindir del artículo 14 de la Constitución para restablecer el privilegio de la línea masculina en la transmisión de los títulos de nobleza. Para tomar esa decisión ha recurrido a la Ley de Las Partidas de 1348, a la Novísima Recopilación de 1615 y a ¡las leyes franquistas de 1948! Todo, menos garantizar la igualdad de mujeres y hombres como reza el susodicho artículo 14 de la norma constitucional y todos los convenios internacionales antidiscriminatorios firmados por el Estado español.

Este asunto no es ninguna tontería. Porque coincide con la prevalencia del varón en la sucesión de la Corona española. Y estas excepciones a la Constitución se realizan con una argumentación histórica. De una historia que es previa a la máxima norma de 1978.

Si a uno le caen simpáticos, a pesar de sus defectos, los republicanos como Azaña, también se debe a que la República dió a la nobleza española el precioso tratamiento jurídico de una "convención entre particulares" sometida como cualquier otra a la Ley de Asociaciones. Así, es bastante comprensible que la mayor parte de los nobles españoles apoyase tanto la causa de Franco como la Casa de Borbón.

Pero volvamos a lo nuestro. No es verdad que la Constitución no admita derechos que le preceden en el tiempo. Además de lo dicho, el Tribunal Supremo ha llegado a convalidar normas más que constitucionalmente dudosas de la franquista Ley de Secretos Oficiales de 1968. Y los expuestos son sólamente unos ejemplos.

La Disposición Derogatoria constitucional considera abolidas las Leyes de 25 de octubre de 1839 y de 21 de julio de 1876, que suprimieron los fueros de Vizcaya, Guipúzcoa y Alava. Luego reconoce expresamente tales fueros, tronco de los Derechos históricos y, de cierto, mucho más viejos que la Constitución de 1978.

Y si la Disposición Adicional Primera nos dice que "La Constitución reconoce y ampara los derechos históricos de los territorios forales" es porque normativamente así lo hace. Y porque, como es palmario, no se avala algo que no existe.

Sencillamente, no es cierto lo que dice José Ramón Recalde al presentar al respecto un conflicto entre "los que colocan la legitimidad histórica nacionalista sobre la legitimidad racional de la Constitución". Porque es la propia Constitución la que racionaliza y legitima los derechos históricos que, eso sí, le son preexistentes.

 

2º LOS DERECHOS HISTÓRICOS NO SON HISTORIA SINO HISTORIA CONSTITUCIONAL.

Hay más de un cuco que quiere reducir los derechos históricos a una especie de campeonato intercomunitario entre poseedores de más historia. Posiblemente saldría ganando Asturies con Don Pelayo, aunque se las tendría tiesas con quienes reivindicasen la España única desde el godo Witiza o San Isidoro de Sevilla.

No ciertamente entre los cucos, ese nativo de Corella, el Sr. Sanz, que rige los destinos políticos (¡y culturales!) de la comunidad foral de Navarra, ha dicho que ésta es "la comunidad más histórica". Que jurídicamente es algo así como, en el plano teológico, afirmar que la "Virgen del Pilar es la que más altares tiene". Asuntos, ambos, de difícil verificación práctica.

Fuera de estos desatinos, tampoco ayudan mucho al esclarecimiento ciertas ideas del nacionalismo vasco que otorgan validez a toda su Historia institucional que no coincida con la idea de España ni con Castilla. El medievalismo, el historicismo en general, tienen su gran interés cultural (a veces fortísimo y complicado). Pero de la Edad Media no vamos a deducir conclusiones constitucionales porque, con toda propiedad, las Constituciones no habían nacido todavía.

Es preciso ponerse de acuerdo en este punto. Y dar trato cultural a lo cultural y jurídico a lo jurídico, sin permitir los transvases fáciles de un campo a otro. Porque si no, el momento fundacional de los Derechos históricos puede fijarse en la entrada en escena de Iñigo Arista o en los Decretos de Nueva Planta del siglo XVIII.

Máxime, cuando es la propia Constitución española de 1978 la que ha dicho en su Disposición Derogatoria cuándo –en el siglo pasado y en el XX– se sitúa legalmente la abolición, reaparición –y espaldarazo en el caso navarro– de los fueros.

El problema no es resucitar al Virrey de Navarra ni reinventar las primitivas instituciones vascas, sino saber de lo que se habla; que no es otra cosa –en técnicos y exactos términos constitucionales– que de "una devolución de derechos".

Y si jurídicamente se devuelve algo a alguien es porque concretamente lo tenía. Eso puede decirse con respecto a las tres provincias vascas. En cuanto a Navarra, es más un reconocimiento de algo institucionalmente nunca interrumpido desde 1841. Esta historia, pues, ha de empezar no en tiempos de Chilperico, sino cuando decimonónicamente se codifican las libertades democráticas, las garantías individuales, los derechos de la ciudadanía. Esta historia coincide con la del constitucionalismo europeo desde la Revolución francesa y sus Derechos del hombre y del ciudadano. Ésta es una historia sucedida en el mismo tiempo de los siglos XIX y XX, con sus enfrentamientos y entendimientos, entre los derechos históricos vascos y navarros y el constitucionalismo español.

Y aquí sí que hay que fijar patentemente en qué sistema jurídico de Europa nos ubicamos y al que pertenecemos. No formamos parte del mundo anglosajón, que tiene otras tradiciones menos legalistas y pervivencias estamentales que se remiten a la Edad Media (como se ha podido ver en el caso Pinochet y la intervención de la Cámara de los Lores). El Derecho inglés es, además de ese peso incomparable de sus tradiciones, de preeminente formación judicial mediante sentencias. En tanto que nuestro Derecho continental es primordialmente legal, codificado y constitucional.

Estamos donde estamos, y por eso la trayectoria de los derechos históricos está unida indisolublemente, para bien y para mal, al desenvolvimiento de los Códigos y de las Constituciones españolas.

La cuestión, recordémoslo, no pudo comenzar de manera más contradictoria y peliaguda. Las Cortes de Cádiz que dieron lugar a la Constitución de 1812, del mismo modo que reconocieron por vez primera las libertades individuales suprimieron "todos los fueros particulares de Provincias y Reynos".

Desde entonces, guerras civiles, acuerdos y desconocimientos mutuos, nos hablan de la muy problemática relación existente entre los Derechos históricos y el constitucionalismo español.

Pero, de lo que no cabe ninguna duda es del actual carácter expresamente constitucional y normativo de los derechos históricos y de sus fueros.

Un carácter asaz complejo, porque supone, como en el caso de Navarra y su actual Ley de Amejoramiento del Régimen Foral, nada menos que la expresa vigencia de la Ley Paccionada de 29 de octubre de 1841. Y la presencia de todo el pensamiento jurídico del pacto de Navarra con el Estado, del "encuentro de dos voluntades" como dijera con exactitud en 1894 en las Cortes españolas Arturo Campión, en el sistema constitucional de hoy mismo.

 

3º ALGUNAS PRECISIONES ACERCA DE LOS FUEROS VASCOS Y NAVARROS.

3a) Los fueros no son un privilegio.

Hasta personas inteligentes y cultas, como Francisco Umbral o Haro Tecglen, caen en la trampa de mirar la foralidad de hoy como un privilegio feudal, insolidario.

Hay una mentalidad muy típica en la conciencia española, hasta en la de izquierdas, que entiende la igualdad como que los demás no sean diferentes. Algo de esto se manifiesta en esa roma percepción de lo foral.

Por otra parte, no se llegó al momento constituyente de 1978 con los mismos bagajes ni los mismos antecedentes por parte de unas comunidades que de otras. Si está vigente la Ley Paccionada de 1841 de Navarra es porque ahí, previamente al texto constitucional, había un problema pero que muy serio de las relaciones de esa comunidad con el Estado y con el País Vasco.

El beneficioso sistema impositivo foral de Sociedades y el de Sucesiones han llevado a Navarra más inversiones económicas que a otros lugares (fenómeno, dicen los entendidos, relativamente reciente). Pero si Navarra tiene unas fuertes competencias tributarias es por una serie de razones constituyentes de enorme peso. Las tiene porque, en líneas generales y en términos de soberanía pactada, ya las tenía, para empezar. Lo que ocurre es que para saber eso no hay más remedio que recurrir a la historia y pensar. Y en cuanto al régimen vasco de concierto económico, que tanta bulla levanta, como dice en 1998 un jurista nada entusiasta de los derechos de las nacionalidades, Jaime García Añoveros: "este sistema de concierto es el mejor de los posibles, o uno de los mejores, habida cuenta que la raíz de la institución es histórico-política".

Si se sigue con la obtusa tendencia a prescindir de la historia entre la intelectualidad española, jamás se entenderá esa verdadera raíz histórico-política de dimensión constituyente y se proseguirá en el territorio de las chinchorrerías sobre el privilegio y de los agravios del consabido tú más que yo que tanto les gusta agitar a personajes como Rodríguez Ibarra.

La realidad del concierto económico es complicadísima y hay que criticar su falta de claridad pública en las cuentas y su fenomenal confusión, que permiten que la demagogia funcione al por mayor. Pero dos dedos de frente sugieren que la médula del sistema foral tributario es el pacto. Que es un sistema pactado y diferente. Y que, en el pasado, los intentos de ruptura unilateral de ese pacto han terminado en frecuentes tragedias bélicas y muertes.

El Impuesto de Sucesiones puede que sea ventajoso para la economía navarra (parece que sí, según las revistas económicas). Pero es un despropósito criticar la situación financiera navarra como algo insolidario, pues el sistema tributario navarro proviene de sus propias competencias y éstas, en sus rasgos fundamentales, de un pacto con el Estado. ¿Pero es que se va a decir seriamente que ha pactado el Estado algo insolidario para consigo mismo? Lo que habría que examinar es el asunto de fondo: que es si Navarra contribuye o no a los gastos estatales en la proporción requerida y pactada. Cuestión que, dicho sea de paso, ni siquiera se discute.

Hay quienes, de buena o mala fe, se sitúan en una especie de Tribunal Supremo de las Simetrías y ante consecuencias como las tributarias de Navarra, sentencian con total simpleza que "eso es injusto" o que "atenta al principio de igualdad ante la ley". Como si la ley, la Constitución cuando se hizo, hubiera podido tratar exactamente igual a Navarra que a Extremadura. Y no porque la primera sea más importante que la segunda, sino porque son diferentes. El error está causado porque gran parte de los políticos y juristas persisten en no darse cuenta de cómo se llegó al proceso constituyente y de cómo se manifestaron allí las muy reales asimetrías que nadie se había inventado sino que ya estaban ahí.

Seamos también un poco pragmáticos. ¿Qué es lo que pretende esa simetría? ¿Una situación como la de Navarra en la que se pueda otorgar un impuesto de Sociedades con un tipo impositivo de un 20% para las empresas que reinviertan sus beneficios? ¿Poseer todo el mundo la competencia sobre la competencia, que es uno de los rasgos distintivos clásicos de la jurídica soberanía y que Navarra tiene en ciertas dimensiones? Pues hágase el proyecto, constrúyase, fórmense voluntades políticas fuertes, estables y razonables, apoyos electorales y sociales y demuéstrese en la comunidad que sea que eso se quiere y es viable. De entrada, esto nos llevaría a la reforma de la Constitución (o a una estructuración orgánica tan difícil jurídicamente como esa reforma). Terreno de la reforma constitucional que no esgrimen, desde luego, los agitadores oficiales de los agravios económicos comparativos.

Y si a lo que se aspira es a que Navarra sea como las demás comunidades, aparte de recordar la tentativa a aquella definición teológica de la envidia como "el pesar del bien ajeno", sépase igualmente que eso iría directamente contra la Constitución de 1978 y el pacto navarro con el Estado, conózcanse cuáles son las posibles consecuencias de ese intento o, y vuelta a lo mismo, léase un poco de historia constitucional y se comprenderá de inmediato el simétrico disparate y su más que conflictivo horizonte.

Debería de ser más conocido que ya se quiso homologar el sistema tributario navarro con el común en la Ley de Presupuestos de 1894. La rebeldía social de todos los colores políticos unidos que se destapó a continuación fue tan fuerte que, paradójicamente, esa torpe acción uniformizadora impulsó la pervivencia de ese sistema concertado y de la Ley Paccionada de 1841 hasta nuestros días.

La Huelga General de 1952 de Pamplona y su comarca, que fue ocupada militarmente, episodio poco conocido del que ha solido escribir con tino Emilio Majuelo, tuvo en su origen un problema de abastecimientos y, cómo no, los fueros que pensaba suprimir o recortar un prohombre de Franco, luego dirigente gubernamental importantísimo de esa dictadura, llamado Luis Valero Bermejo.

3b) Los fueros no son una curiosidad jurídica que se queda en el ámbito del Derecho privado o en una concepción tradicionalista de las instituciones vascas y navarras.

Los fueros no son, como quiere J.R. Recalde, para convencer a los ya convencidos y prejuiciados, una reliquia del Derecho privado (herencias, mayorazgos, viudedades o costumbres, el Fuero de Ayala o el de Vizcaya). Tampoco son ese tradicionalismo político en el derecho de las instituciones públicas vascas y navarras frente a la regla democrática constitucional. Como también los presenta J. R. Recalde.

El concepto de fueros, el que da su nombre a los monumentos y plazas, el entendido socialmente así, viene a ser sinónimo –sobre todo desde 1894– de las libertades vascas y navarras. Un concepto muy genérico que comprende usos sociales, lengua, costumbres, derecho privado peculiar, pero también un derecho municipal particular, peculiares instituciones públicas de autogobierno y el concierto económico. Tal y como aparece en la excelente obra de Hermilio de Olóriz La cuestión foral de 1894, reeditada en 1994, con un prólogo contundente de Emilio Majuelo y al alcance de todo el mundo que no quiera distorsionar las cosas.

Como tales libertades las interpretó el republicanísimo Francesc Pi i Margall, quien ya advertía en 1894 que el intento de homologar tributariamente a Navarra con el resto "violaría la Ley de 1841". Violaría el significado de su propio nombre: paccionada. Del mismo modo, pero como autogobierno institucional, vió los fueros el no menos republicano Manuel Azaña en su maravillosa intervención parlamentaria a propósito del Estatuto de Autonomía de Catalunya. Cuando criticaba, muy sabio, la asimilación de la idea de foralidad al carlismo absolutista, de los fueros a "la causa despótica de D. Carlos". Porque, sentenciaba Azaña: "lo que les importaba a los vascos no era D. Carlos sino sus fueros".

Los carlistas se agregaron a todo el raciocinio liberal en la defensa de los fueros. Como lo ha recordado no hace mucho en esta revista el bien informado Juan Cruz Alli. Lo demás, son ganas de confundir y de asirse a los tópicos más gastados en vez de a la historia constitucional. Las razones de Iturralde y Suit, Serafín Olave o Hermilio de Olóriz, el concepto contractualista de soberanía que usa Arturo Campión en las Cortes españolas de 1894, son de estructura típicamente liberal. Coincidente con la soberanía pactada entre comunidades que proponían en la segunda mitad del siglo XIX los republicanos federales españoles.

Con lo cual se desguaza completamente buena parte de la maquinaria pseudohistórica del bucle de Juaristi (que es un alarmante repliegue intelectual de corte conservador con respecto al liberalismo español de Azaña y otros republicanos). Porque, contra lo que asevera el bucle de Juaristi (que sabrá de novelas, pero de Derecho nada), los fueros no son esa simpleza que los presenta a fines del siglo XIX como una vetusta quisicosa de carlistas.

3c) "...en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía".

En ese marco constitucional y estatutario asegura la Disposición Adicional Primera de la Constitución que "La actualización de dicho régimen foral se llevará a cabo".

Los intelectuales y constitucionalistas españoles que tienen pavor a su propia historia, la mayoría dominante, interpretan esa condición del marco como un verdadero respiro. Quieren creerse que esa condición propone que los límites infranqueables para esos derechos están en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía respectivo.

Pero eso no está nada de claro. Navarra eligió su propia senda histórica y ninguna de las vías estatutarias previstas constitucionalmente. El Estatuto de Autonomía del País Vasco, posterior lógicamente a la Constitución de 1978, sostiene en su Disposición Adicional que "la aceptación de la autonomía que se establece en el presente Estatuto no implica renuncia del Pueblo Vasco a los derechos que como tal le hubieran podido corresponder en virtud de su historia...". Norma contundente que rebate a quienes creen que el Estatuto de Autonomía vasco es la frontera de todo derecho vascongado. Y lo dice el propio Estatuto: el Pueblo Vasco (un titular colectivo) no ha renunciado a otros derechos que no están en el Estatuto y que tienen su jurídica razón de ser "en su historia".

Por otro lado, ¿qué se entiende por el marco de la Constitución? Porque algunos, Bartolomé Clavero y quien esto escribe, pensamos que ese marco ha de ser el núcleo formado por las libertades democráticas, los derechos fundamentales, las garantías ciudadanas, etc... Por la inadmisión de principio de ninguna situación jurídica dictatorial o sin libertad individual y colectiva. Eso, como la igualdad, ha de ser innegociable para todo el mundo. Para las gentes de la Nación y las de las nacionalidades. Todo lo demás: instituciones y organismos varios, como obra humana que son, posee un carácter cambiable, negociable o, en expresión de Clavero, son construcciones "maleables y contingentes".

3d) Los Derechos históricos están directamente emparentados con el derecho de autodeterminación.

Naturalmente, si la autodeterminación sólo puede significar, como dice Rubio Llorente, que "una colectividad territorial" opte "entre su permanencia en el Estado o su independencia", ya no hay nada que discutir.

Pero, ¿y si Rubio Llorente, con todos los respetos, no es más que un jurista importante y esa versión suya se la saca, como él mismo lo escribe, no de ninguna ley –que sería lo coherente– sino de lo que él entiende que es "el debate político en España" sobre "el derecho a la autodeterminación"? ¿Y si autodeterminarse comporta en realidad más cosas, como las comporta, para otras personas que también participamos en ese mismo debate? Por ejemplo, que una colectividad territorial como Navarra decida que quiere incorporarse o no a la organización autonómica vasca. Eso también es autodeterminarse por parte de una colectividad territorial, de manera plebiscitaria ("por mayoría de los votos válidos" –dice la norma pertinente– emitidos para la ocasión en Navarra) y, para colmo, eso está recogido en la mismísima Constitución de 1978 (Disposición Transitoria Cuarta).

Como complemento, la autonomía de Navarra no siguió –como ya se recordó– ninguna vía estatutaria de las previstas en la Constitución, sino el reconocimiento constitucional "de los derechos históricos de los territorios forales". Dejando bien claro legalmente que Navarra "no renuncia a cualesquiera otros derechos originarios e históricos" que le pudieran corresponder, independientemente de los establecidos por el régimen constitucional. (Ver, para más detalle, el preámbulo, la exposición de motivos y la Disposición Adicional de la curiosísima y vigente Ley navarra del Amejoramiento del Fuero).

Además, esa Disposición Cuarta de la Constitución sobre Navarra desmonta todo el aparato argumentativo de Rubio Llorente cuando dice que en ninguna parte del constitucional territorio español existe el derecho de autodeterminación, porque esa facultad "no existe por tanto como derecho positivo". Sostiene Rubio Llorente que esa autodeterminación sería algo así como un "derecho moral de titular colectivo". Moral, porque según este autor no es algo exigible, jurídico y efectivo. Derechos morales les llama malévolo Rubio Llorente, porque así usa esa categoría tan del gusto de las doctrinas anglosajonas más conservadoras (como las de Ronald Dworkin). Y ¿si a Navarra, titular colectivo, le diera por seguir el curso de ese plebiscito absolutamente constitucional y jurídico que no tiene absolutamente nada de ese etéreo y anglosajón derecho moral?

Rubio Llorente dice que, en el caso de proponerse el derecho de autodeterminación de una comunidad, también tendrían que participar en el proceso "el conjunto de los ciudadanos del Estado". Como en el Estado español no hay un pacto federal como en el régimen de Canadá, y se diga lo que demagógicamente se diga tampoco federalismo (que no podría ser, por nuestra historia, sino asimétrico), no son aceptables estas razones del constitucionalista Rubio Llorente. De lo contrario: ¿en qué ley o norma del orden jurídico vigente se dice que tendrían que votar en un momento autodeterminante así "el conjunto de los ciudadanos del Estado"? La respuesta es clara: en ninguna. El supuesto de Navarra (¡qué incordio jurídico para cualquier intelectual centralista o simétrico!) propone constitucionalmente que solamente los navarros tendrían derecho a decidir sobre su incorporación autonómica a Euskadi. Ni la ciudadanía del País Vasco ni el conjunto de los ciudadanos del Estado tienen nada que decir ante esta opción de Navarra. Entonces, ¿por qué habría de interpretarse en otro sentido, del que las leyes nada dicen, una opción similar a la navarra?

Y, siguiendo con la Constitución, ¿por qué Navarra es titular de ese derecho con respecto al País Vasco? Pues porque lo tiene reconocido por el propio texto constitucional y porque resulta que hay titulares de ese tipo de derechos.

Savater y otros dicen que solamente en esta vida hay derechos individuales y nunca colectivos. Que los derechos colectivos, lo repite a imitación anglosajona Savater, son totalitarios. No se ha percatado de algo elemental: que no estamos en Inglaterra y sin la colectivísima Nación constituyente aquí no hay poder constituído ni Constitución que valga. Sin saber Derecho, como le pasa igualmente a Juaristi, se ve que se puede decir al respecto lo que uno quiera. Porque del titular Navarra de la Constitución, con su plebiscito y todo, no nos querrán hacer creer Savater y Juaristi que se trata del primer apellido de algún señor mayor de edad e individualmente existente...

Perdón por la broma; pero así se ha demostrado con los derechos históricos su virtud más importante. Que hay diversos sujetos titulares de derechos colectivos que intervienen en el pacto constituyente que da lugar al texto de 1978. Que hubo y hay una pluralidad de sujetos constituyentes. Que, si retomamos el símil de Tomás y Valiente de las partes y el todo, no fue el todo quien concedió graciosamente a las partes su status y competencias. Que los derechos históricos no nacieron, como se vió, con la presente Constitución.

Línea de razonamientos que nos podría llevar a cuestionar el alcance del artículo 2 de la Constitución. Por lo menos el de los que tan seguros están de la soberanía única e indivisible. Porque si hay varios titulares constituyentes y no una exclusiva Nación constituyente no habría, en pura lógica, una sola soberanía, etc...

Aunque lo que se pueda hacer o no con los Derechos históricos, si esto es bueno o malo, pertinente o impertinente, es una muy otra cuestión que no le corresponde en absoluto proponer al autor de este artículo.

Solamente se quería demostrar aquí que las cosas no están constitucionalmente tan claras como se dice machaconamente. Y que con simétricos prejuicios, tergiversaciones y tópicos pseudoliberales sobre los fueros, no se va culturalmente a ninguna parte.

 

BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA. En general, el volumen colectivo Foralismo, derechos históricos y democracia, Bilbao, Fundación BBV, 1998. Manuel Azaña, Defensa de la autonomía de Cataluña, Barcelona, Undarius, 1977. Hermilio de Olóriz, La cuestión foral, introducción de Emilio Majuelo, Tafalla, Txalaparta, 1994. José Ramón Recalde, Constitución y derechos históricos, Claves de Razón Práctica nº 86 de 1998, pp. 22-30. Francisco Rubio Llorente, Voz de mi diccionario, El País 25 de octubre de 1998.