Publicado en el Diario El País el 5 de mayo de 2000

Universidad y democracia
CLARA EUGENIA NÚÑEZ

El domingo 12 de marzo tuvimos una prueba más del saludable estado de la democracia en España. Pero lo que es bueno para la nación puede no serlo para ciertas instituciones. Nuestro joven entusiasmo democrático nos ha llevado a implantar el sistema en instituciones de tanta importancia para el futuro del país como la Universidad, experimento sin parangón entre países de nuestro entorno. Y, sin embargo, la Universidad no va bien. ¿Tendrán razón quienes rigen los destinos de Oxford, Cambridge, Harvard y tantas otras instituciones universitarias de prestigio internacional cuando prescinden de la democracia en su gestión y utilizan meros criterios académicos?

La Ley de Reforma Universitaria, que llevó la democracia a las aulas, se promulgó para dar respuesta a los problemas existentes a comienzos de la década de los ochenta. La Universidad de entonces, la de los primeros años de la democracia, era heredera directa de la Universidad franquista, gestada en la fuerte represión de intelectuales y de universitarios que siguió a la guerra civil. La aplicación de criterios de índole política, y no estrictamente académicos, como requiere la lógica de la institución en la selección del profesorado, hizo retroceder la calidad de la enseñanza universitaria en España. En una institución cuya verdadera razón de ser es el fomento de la excelencia en todos los campos del saber, del que depende el futuro de la sociedad, semejante herencia había tenido un efecto devastador. Pese a algunos tímidos cambios en ciertas disciplinas que consiguieron imponer, siquiera esporádicamente, los criterios de calidad en la selección del profesorado en los sesenta y setenta, las consecuencias de este sistema de selección seguían vigentes a la llegada de la democracia. Éste era el verdadero problema de fondo de la Universidad española a la muerte de Franco. Naturalmente, había otros -masificación entre los estudiantes, precariedad laboral entre el profesorado, escasez de fondos para que unos y otros investigaran-, pero eran de carácter coyuntural. El verdadero problema, el que afectaba a la esencia misma de la institución, y del que todos los anteriores no eran sino manifestaciones externas, era la escasa calidad derivada de la interferencia de criterios políticos en la selección del profesorado.

De ahí que la adopción de la democracia, criterio de naturaleza igualmente política, como método de gestión no sólo no haya resuelto el problema de fondo de la Universidad -falta de calidad-, sino que lo haya agravado. De hecho, los problemas que aquejan a la Universidad actual se asemejan bastante a los que padecía la institución que nos legó el franquismo, con una salvedad, la apreciable mejora experimentada por la investigación. España tiene hoy más y mejores investigadores de los que haya tenido nunca gracias, en gran parte, a una política eficaz, apolítica que no democrática, en la adjudicación de fondos para la investigación, una política asentada exclusivamente sobre los criterios de excelencia académica, a los que, por definición, debía aspirar la Universidad. ¿Sería posible, quizá, aplicando criterios similares de eminencia en sustitución de las prácticas democráticas al uso, resolver los problemas de la Universidad actual?

Examinemos los problemas coyunturales. La masificación de la enseñanza universitaria es un problema falso: no existe. O mejor dicho, no debería existir; bastaría con que los estudiantes practicaran su oficio -el de estudiar- para que obtuvieran su titulación dentro de los plazos previstos en lugar de eternizarse en las aulas masificándolas. Para cumplir con éxito su objetivo deberían contar con un profesorado capaz y eficaz, seleccionado exclusivamente en función de sus méritos académicos -investigación y publicación frente a superficialidad y agrafía- e incentivado mediante la ampliación y consolidación de una escala profesional basada en esos mismos méritos académicos. Con ello desaparecería, además, otro falso problema: la precariedad en el empleo.

Si tan sencilla es la solución, ¿por qué no se aplica? Porque los criterios que gobiernan la Universidad no son los propios de la institución -la excelencia académica-, sino los de un régimen democrático en el que los distintos colectivos luchan por defender sus intereses, que no necesariamente han de coincidir con los de la sociedad que la financia. Al contrario, acostumbran a ganar en el juego democrático quienes descuidan sus deberes profesionales. Además, en todo régimen democrático -más aún en los proclives al caciquismo- hay sectores que no tienen representación propia y, por consiguiente, carecen de capacidad de acción: así, tantos excelentes doctores en paro, que no en precario, a los que nunca se ha dado una oportunidad de integrarse en la Universidad; muchos profesores bien calificados, investigadores por definición, tan carentes de espíritu de cuerpo como de amigos políticos, cuya movilidad, ascenso y capacidad de tener discípulos se ve limitada por su propio aislamiento, y en general, los buenos estudiantes cuyas necesidades se encuentran desatendidas ante el colapso del sistema en su conjunto. En definitiva, todos aquellos cuya labor exclusiva es la propia de la Universidad -el estudio y la investigación- y que desatienden las tareas políticas -pactos, pasillos, favores- que les son o deberían ser ajenas.

Este colectivo, diverso, disperso y altamente profesionalizado, no está organizado y carece de capacidad política para proteger sus intereses, que en general coinciden con los de la sociedad española: una Universidad de calidad basada en una fructífera convivencia entre estudiantes y profesores verdaderamente profesionales que garantice las necesidades de formación de capital humano de la España del siglo XXI y asegure su futuro crecimiento económico. Esperemos que un Gobierno de mayoría, que no dependa de intereses micronacionalistas para sacar sus proyectos adelante, sepa entender la gravedad del problema y aplicarle los remedios adecuados. No ha de ir muy lejos para encontrarlos; tiene un buen ejemplo en su propia política de investigación, parca en recursos -siempre se puede gastar más, y de hecho estamos por debajo de la media europea-, pero eficaz en las formas, es decir, apolítica. La democracia, en la Universidad, es parte del problema. Está de más, como también lo estaría en los hospitales y en las empresas.


Clara Eugenia Núñez es profesora titular de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad Nacional de Educación a Distancia.