La abogacía europea advierte de la posibilidad de inhabilitar a los juristas españoles en la UE por su falta de cualificación profesional

En octubre de 1999 la Federación de Colegios de Abogados Europeos pidió a España que regulara el acceso al ejercicio profesional de la abogacía. La asociación ve con preocupación la situación existente en nuestro país, en el que el número de estudiantes de Derecho aumenta año tras año, sin que esté regulado de ninguna forma el acceso al ejercicio de la profesión. El acuerdo fue adoptado por la federación en su última reunión semestral celebrada en Taormina (Sicilia). A mediados de mayo de 1999 la abogacía europea ya había advertido a los abogados españoles de la posibilidad de ser inhabilitados en la UE ante sus graves deficiencias de formación. Según la Federación Europea, España se ha convertido en un paraíso legal donde esquivar las exigencias de otros países para ejercer la profesión y podría ser separada de la directiva de libre circulación.

España es el país con el índice de abogados más alto de toda la Unión Europea: uno por cada 325 habitantes. La ausencia de una regulación para acceder al ejercicio supone que los recién licenciados en Derecho pueden comenzar a ejercer nada más obtener el título, sin otro requisito que su alta en un colegio de abogados. La pésima formación impartidea en unas Facultades de Derecho masificadas ha convertido a los recién licenciados en una bolsa encubierta de paro, de mano de obra barata y de trabajo precario. Los letrados inscritos en el turno de oficio son el exponente más claro de esta situación.

El Consejo General de la Abogacía se manfiesta favorable a una ley de acceso a la profesión, otra de atribuciones y otra de sociedades profesionales. Según el Consejo sólo a través de estas leyes podremos competir en condiciones de igualdad en el resto de Europa y, además, garantizar un servicio de calidad a nuestros ciudadanos. El Consejo General presentó ya en su momento al Ministerio de Justicia el nuevo Estatuto General de la Abogacía. Desde entonces, el texto ha sido informado favorablemente por la Comisión Jurídica de Justicia y por el Consejo del Poder Judicial