Izquierda

M. VÁZQUEZ MONTALBÁN

Leí varias veces el artículo de Felipe González Llueve sobre mojado (EL PAÍS, 18 enero), y hasta me hice un resumen. Creo haberlo entendido. Afirma González (quien, digo yo, ha de ser una de las personas mejor informadas de España), que un discreto grupo de financieros se ha hecho con el control del 70% del mercado de valores, gracias al apoyo del actual presidente del Gobierno.

Este clan, crecido gracias a las ayudas de Aznar, habría acumulado hasta el 36,8% del PIB español. Si no me equivoco, González está denunciando una escandalosa explotación del poder público con fines privados, al más alto nivel. Una maniobra similar a la que llevó a cabo Yeltsin, en Rusia, durante su mandato. La diferencia, claro está, radica en el riguroso asesoramiento legal que separa a los mafiosos rusos de los magnates españoles del círculo de presidencia, y que los hace jurídicamente invulnerables.

Cuando leí el artículo lo juzgué una denuncia de extrema importancia y me mantuve atento a las reacciones políticas. Pero no hubo ni una. Ante una tan evidente pasividad, la denuncia de González se transforma entonces en algo distinto y su dardo señala a una amoralidad de signo opuesto. Quizá más grave.

El texto del artículo recordaba a aquellos informes que en tiempos de Franco publicaban revistas como Triunfo, Cuadernos para el diálogo o el primer Interviú. La denuncia obedecía a una ideología de izquierdas y a una interpretación de la política como servicio al bien común. Lo alarmante era que semejante denuncia no la hacía ningún partido de la izquierda, ni siquiera los comunistas, sino el anterior jefe de Gobierno. ¿Alguien se imagina a Köhl o a Mitterrand (QPD) obligados por la extrema corrupción de la sociedad a tomar una medida similar? El silencio posterior ha sido atronador.

De manera que, una de dos. O bien este país es tan raro que el único político de izquierdas que queda en activo es nada menos que el anterior jefe de Gobierno. O bien los partidos nominalmente de izquierdas están a sueldo del oligopolio denunciado por González. ¿O cabe una tercera posibilidad?