10 de mayo del 2001

EE.UU fuera de la Comisión de DDHH de la ONU


Asociación Americana de Juristas

Como resultado de una votación realizada el 3 de mayo en el Consejo Económico y Social (ECOSOC) Estados Unidos perdió su puesto en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que detentaba sin interrupción desde 1947. Esto debe interpretarse como una sanción de la comunidad internacional a la persistente política de dicho país, opuesta al respeto de los derechos humanos.

En marzo del 2000 la Asociación Americana de Juristas denunció ante la Comisión de Derechos Humanos "la violación generalizada y persistente de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales en los Estados Unidos de América, agravada por el hecho de que sus gobernantes consideraban que dicho país puede colocarse por encima y al margen del derecho internacional" e instó a la Comisión a "expresar su profunda preocupación por este estado de cosas y a indicar al Gobierno de ese país que el derecho internacional y los derechos humanos existen para ser respetados por todos los Estados Miembros de la comunidad internacional, grandes y pequeños, sin excepción alguna".

En efecto, los Estados Unidos de América no han adherido a buena parte de los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes, entre otros, al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; a ninguno de los dos Protocolos del Pacto de Derechos Civiles y Políticos; a la Convención contra el Apartheid; a la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad; a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; a la Convención sobre la supresión del tráfico de personas y la explotación de la prostitución de terceros; a la Convención sobre el estatuto de los refugiados; a la Convención sobre los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias; a la Convención de Ottawa de 1997 que prohibe las minas antipersonal y se niega a respetar el protocolo de Kioto sobre reducción de la contaminación de la atmósfera.

Tampoco votó por la creación de una Corte Penal Internacional, pese a que sus nacionales tendrán garantizada la impunidad, pues la actividad del tribunal estará en buena medida subordinada a las decisiones del Consejo de Seguridad.

Sobre más de 170 Convenios de la Organización Internacional del Trabajo, los Estados Unidos adhirieron sólo a 12 y no es parte de los principales, entre ellos los números 87, sobre libertad sindical, 98 sobre el derecho de negociación colectiva y 138 sobre edad mínima (trabajo de menores). Al ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, formuló reservas a numerosos artículos, entre ellos al articulo 6.5, que prohibe la aplicación de la pena capital por delitos cometidos antes de los 18 años y, en nombre de la libertad de expresión, al artículo 20, que prohibe la propaganda de guerra y la apología del odio nacional, racial o religioso. Es uno de los dos países del mundo (el otro es Somalia) que no ratificó la Convención de los Derechos del Niño.

En 1994, James Grant, que era entonces Director Ejecutivo del UNICEF, al presentar en una conferencia de prensa la publicación "El Progreso de las Naciones 1994", dijo que la situación de los niños en los Estados Unidos de América del Norte era la peor de todo el mundo industrializado. En efecto, en dicho país el 20% de los niños viven por debajo del umbral de pobreza, mientras en otros países industrializados ese porcentaje varía entre aproximadamente el 5% en Europa occidental y el 10% en Canadá, Australia y el Reino Unido. También se estima que en Estados Unidos son víctimas de abandono, malos tratamientos o violencias sexuales tres millones de niños por año, tres veces más que en 1980. En el informe de 1996 de la Relatora especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en pornografía, se citaba un informe del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos de América del Norte, en el que se estima en 300.000 el número de niños prostituídos en dicho país. La misma cifra, aunque de distinta fuente, se cita en la publicación del UNICEF "El Progreso de las Naciones 1995". La Relatora reiteró dicha cifra en su Informe de 1997 sobre su misión a Estados Unidos realizada en diciembre de 1996, en la que agregaba que, en ese país, el 22,7% de los menores de 18 años viven por debajo del umbral de pobreza. El trabajo infantil, aunque no tiene la magnitud que alcanza en algunos países del tercer mundo, existe en gran escala en talleres clandestinos o más o menos clandestinos en Nueva York, Los Angeles y otras ciudades y es habitual en el campo.

Desde 1992, casi todos los Estados de los Estados Unidos han aprobado leyes que permiten juzgar a los menores como adultos. Varios Estados han fijado en 10 años la edad límite, salvo Michigan que no ha establecido límite alguno.

En los últimos diez años han sido ejecutadas 12 personas que habían sido condenadas por delitos cometidos siendo menores de edad. Unas 70 personas que delinquieron cuando eran menores de edad aguardan en prisión el momento de ser ejecutados.

Desde que se restableció la pena de muerte en 1976, han sido ejecutadas en Estados Unidos más de 600 personas, de las cuales cerca de 200 en el Estado de Texas.

En Estados Unidos hay dos millones de presos (el doble que hace diez años), lo que constituye la mayor población carcelaria del mundo en proporción al total de habitantes. Las prisiones privadas (120 con 120.000 detenidos) son un excelente negocio, en detrimento de los derechos, la salud y seguridad de los alojados en ellas.

El trato en las prisiones es brutal, tanto en las prisiones urbanas como en las "work farms", verdaderos campamentos de trabajos forzados, como el de Silverdale, Tennessee. En los Estados de Texas, Arkansas y Louisiana los prisioneros están forzados a trabajar en el campo gratuitamente. Es frecuente el abuso sexual contra las mujeres encarceladas.

El trabajo en las prisiones para empresas privadas está generalizado, por un salario bruto en torno a los cinco dólares por hora (que neto se reduce a unos dos dólares, pues los descuentos pueden elevarse hasta el 80 por ciento del salario) y de él se benefician grandes y conocidas empresas.

Los inmigrantes ilegales cuya orden de expulsión no puede cumplimentarse quedan internados en centros de detención o en prisiones sin derecho alguno y en condiciones deplorables, situación que puede prolongarse indefinidamente.

Se estima en 13.000 el número de personas en esa situación. La Corte Suprema ha confirmado una decisión de una Corte de Apelaciones que sostuvo que dichos internados no son titulares de ningún derecho constitucional porque en realidad no están en los Estados Unidos, sino simplemente a cargo del Servicio de Inmigración y Naturalización (INS).

Para reprimir a movimientos sociales, los métodos empleados van de los asesinatos, como ocurrió con los "panteras negras", hasta los procesos judiciales amañados, como es el caso, entre varios otros, de Leonardo Peltier, condenado a una larga pena de prisión y de Mumia Abu Jamal, condenado a muerte.

En Estados Unidos de América se ha reconocido oficialmente que se hicieron experiencias con materiales radioactivos con enfermos mentales, mujeres embarazados y ciudadanos corrientes; y también se ha reconocido oficialmente haber utilizado durante años a 400 personas de raza negra como cobayos para experiencias médicas (se los privó de tratamiento contra la sífilis para estudiar la evolución de la enfermedad en esas condiciones).

Estados Unidos ha asumido la representación de los intereses de las sociedades transnacionales farmacéuticas ante la Organización Internacional del Comercio con su reclamo contra Brasil (actualmente en curso) a fin de impedir a este último país producir medicamentos esenciales a bajo precio, entre ellos los destinados a combatir el sida.

Pese a la existencia de una Convención Internacional (a la que Estados Unidos no adhirió) contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios, los Estados Unidos de América utilizan ampliamente los mercenarios tanto en el plano interno como en Colombia y en las misiones así llamadas de mantenimiento de la paz en Croacia, en Bosnia- Herzegovina y en Kosovo.

Los Estados Unidos violan sistemáticamente el derecho internacional y los derechos humanos manteniendo el bloqueo contra Cuba desde hace casi 40 años y forzando al Consejo de Seguridad a mantener el embargo contra Irak y en la invasión a Panamá y las guerras del Golfo y de Yugoslavia ha violado los Convenios de Ginebra sobre derecho humanitario en tiempo de guerra.

Con el Plan Colombia y con sus bases militares y presencia militar en varios países americanos (Manta, Ecuador, Vieques, Puerto Rico, Guantánamo, Cuba, etc.) y en países de otras regiones, crea zonas de tensión, agrava conflictos internos y crea las condiciones para la internacionalización de algunos de ellos.

Por todo ello, la Asociación Americana de Juristas expresa su satisfacción por la decisión del Consejo Económico y Social de excluir a los Estados Unidos de la Comisión de Derechos Humanos y espera que la misma sirva como advertencia a dicho país para que ponga un freno a la arrogancia con que trata a la comunidad internacional y para que cese de menospreciar los derechos humanos de su propio pueblo y de los demás pueblos del mundo.

Mayo 8 de 2001

Rebelión: http://www.rebelion.org