Miércoles, 23 de mayo de 2001

El Gobierno acepta negociar con los rectores cambios en la Ley Universitaria

Pilar del Castillo considera que las críticas 'no se corresponden con el contenido del texto'

El Gobierno aceptó ayer negociar cambios en su anteproyecto de Ley de Universidades (LU) con los rectores, según manifestó ayer el secretario de Estado de Universidades, Julio Iglesias de Ussel. La Conferencia de Rectores (formada por 61 universidades) elaboró el lunes un documento con duras críticas contra el proyecto gubernamental, tachándolo de 'rígido y uniformista'. La ministra de Educación, Pilar del Castillo, afirmó que las críticas de los rectores 'no se corresponden con el contenido de la ley' y los retó a que justifiquen sus protestas.

El sistema de selección del profesorado, la carrera académica de los docentes y los órganos de gobierno de las universidades centrarán el futuro debate entre los rectores y el Ministerio de Educación. El secretario de Estado de Universidades, Julio Iglesias de Ussel, ha señalado que ve posible el acuerdo con la Conferencia de Rectores en las próximas semanas, informa Servimedia.

Según el calendario previsto del Ejecutivo, el ministerio debatirá unos dos meses con los rectores las modificaciones a su anteproyecto que será aprobado presumiblemente en la última reunión del Consejo de Ministros antes de las vacaciones de verano, es decir, a finales de julio.

Pilar del Castillo afirmó que 'ahora es el momento de debatir y de que los rectores expliquen dónde están en la ley esas cosas que dicen que se intenta construir una universidad uniformista, rígida y que cercena la autonomía universitaria, y en qué grado y en qué medida se puede deducir esto del texto de la ley'. Del Castillo considera que el tiempo dado a los rectores 'es más que suficiente, teniendo en cuenta que la universiddad lleva varios años en un debate sobre sus problemas y sobre posible soluciones'.

'Debate más sereno'

Sin embargo, los socialistas consideran que el aplazamiento hasta finales de julio de la entrada del proyecto en el Congreso de los Diputados 'es claramente insuficiente' y que la ministra 'no ha entendido nada sobre el comunicado de los rectores, que es durísimo contra el proyecto del ministerio', señaló ayer la responsable de Educación de la Ejecutiva socialista, Carme Chacón.

'Es necesario un debate más sereno en el que participen los agentes sociales, las comunidades autónomas y los estudiantes, que en julio están ya de vacaciones', añadió.

Algunas universidades y comunidades autónomas también han criticado el anteproyecto de ley. El consejero de Educación en funciones del Gobierno vasco, Inaxi Oliveri, pidió ayer la sustitución del texto por otro nuevo porque no respeta las competencias de las comunidades.

La consejera de Educación de Andalucía, Cándida Martínez, solicitó que se amplíe el plazo de debate de la ley y que se incluya en él a las comunidades, 'que son las que tienen las competencias y tendrán que aplicar los cambios'. Según Martínez, 'parece que el ministerio se está planteando hablar 'casi exclusivamente con los rectores'.

También CC OO insistió ayer en la necesidad de ampliar los participantes en el debate. El secretario general de este sindicato, José María Fidalgo, y el responsable de la Federación de Enseñanza, Fernando Lezcano, han enviado un comunicado a la ministra en el que 'reclaman el nivel de interlocución que les corresponde' y piden un 'amplio proceso de debate y negociación'. Según este sindicato, los contactos mantenidos hasta ahora con el ministerio eran informativos y no 'verdaderas negociaciones'.

La Junta de Gobierno de la Universidad de Valencia ha sido una de las primeras en acordar 'por unanimidad' solicitar a la Conferencia de Rectores que 'tramite la retirada del anteproyecto por ser excesivamente reglamentista y porque no aporta soluciones a los problemas actuales', informa Neus Caballer.

Las universidades valencianas, catalanas y andaluzas han iniciado una carrera para forzar la 'retirada' del anteproyecto a fin de que el ministerio 'inicie un proceso de reflexión y debate sobre los problemas de la universidad y la solución a los mismos', explicó el rector de la Universidad de Valencia, Pedro Ruiz Torres.

Las universidades anuncian que propondrán un sistema alternativo de selección del profesorado

Los rectores empezarán a preparar las propuestas concretas de cambios del texto de la Ley Orgánica de Universidades (LU) del Gobierno el próximo día 30. En esa reunión, los responsables universitarios decidirán si inician ya el debate con el Gobierno sobre los aspectos principales a modificar (los órganos de gobierno de las universidades, la selección del profesorado y la carrera docente) o esperan a tener definido el resto de los cambios que consideran necesarios, señaló ayer el presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), Saturnino de la Plaza. Este organismo, formado por 61 rectores, rechazó el lunes el proyecto del Gobierno al señalar que el modelo de universidad que señala no se corresponde con lo que necesita esta institución.

Los rectores niegan que el sistema propuesto por el Gobierno para seleccionar a los profesores se trate de una habilitación y lo califican como un 'examen nacional'. Las universidades estudiarán otras alternativas de selección docente que no dificulten la incorporación de profesores de otros países -como hace, en opinión de los rectores, el proyecto del Gobierno- y que favorezca la movilidad del profesorado.

Una de sus principales críticas respecto a los órganos de gestión va dirigida a que una parte de los miembros del nuevo Consejo de Gobierno (que tendría capacidad de decisión, por ejemplo, sobre planes de estudios y normas académicas) sean personas que no pertenezca a la comunidad universitaria y que son nombrados por el Gobierno autonómico.

Para los rectores, este aspecto 'afecta seriamente a la autonomía universitaria'. También se oponen al número de órganos de gobierno que incluye el proyecto del Ejecutivo, que pasan de ser tres a cinco.

Sobre la elección de rector por sufragio universal que recoge el texto del Gobierno, los rectores estudiarán una alternativa a este sistema porque aseguran que no convence a las organizaciones estudiantiles, sindicatos y otros miembros de la comunidad universitaria, porque abriría la puerta a la politización de las elecciones de rector.