Viernes, 8 de junio de 2001

Del Castillo acepta que los representantes políticos no intervengan en el gobierno de las universidades

La ministra cede a la primera petición de los rectores, pero reitera que no pospondrá la ley

La ministra de Educación, Pilar del Castillo, ha aceptado la petición de los rectores de que los representantes políticos no intervengan en el gobierno de las universidades, una condición que puso la semana pasada la Conferencia de Rectores (CRUE) al ministerio para seguir negociando la futura Ley de Universidades. Sobre la petición de los rectores, sindicatos y comunidades de que el debate de la ley se alargue hasta después del verano, Del Castillo reiteró que su objetivo es que el Gobierno la apruebe a finales de julio porque es un plazo 'absolutamente razonable'. Los rectores consideran que el Gobierno debería plantearles sus alternativas 'de una forma directa y no a través de intermediarios'.

La ministra lanzó ayer, en declaraciones a la Cadena SER, una contrapropuesta a los rectores sobre los órganos de gobierno de las universidades, la primera de las objeciones que éstos le plantearon sobre el texto de la Ley de Universidades (LU). Pilar del Castillo se anticipó a la contestación que las universidades tenían previsto hacer ayer sobre el rechazo manifestado inicialmente por el ministerio acerca de la petición de los máximos representantes de las universidades.

Los rectores no quieren que en el consejo de gobierno, el nuevo órgano que en el anteproyecto sustituye a la actual junta de gobierno, haya una parte de representantes políticos porque consideran que eso 'afectaría seriamente al derecho constitucional de la autonomía universitaria'. A este órgano corresponde, según el texto del ministerio, el gobierno de cada universidad y, por tanto, la toma de decisiones de índole académico (como planes de estudios, plazas de profesorado y nuevas titulaciones).

Del Castillo señaló que 'no descarta adoptar otro modelo de órganos de gobierno' y apuntó dos alternativas que está barajando su ministerio para tratar de llegar a un acuerdo con los rectores.

La primera posibilidad la explicó así a la SER: 'En el consejo de gobierno estaría sólo la comunidad académica y los consejos sociales tendrían una definición muy precisa de competencias y funciones, de tal manera que pudiera haber una real participación de la parte social en las decisiones presupuestarias de las universidades'.

Esto significa que la ministra está dispuesta a aceptar que no se incluyan representantes políticos en el consejo de gobierno. A cambio, las funciones de los consejos sociales deberían reforzarse para que pudieran, por ejemplo, participar en la elaboración del proyecto de presupuestos de las universidades (que ahora realiza el órgano de gobierno) y no sólo en su aprobación, o que puedan rechazar medidas académicas (como la creación de nuevas cátedras) por motivos presupuestarios.

Esta alternativa perseguiría, según el ministerio, el objetivo de que los presupuestos no sean echados atrás por los consejos sociales tras haber sido elaborados exclusivamente por el consejo de gobierno.

Los consejos sociales ya existen actualmente y ejercen la función de fiscalizar a las universidades públicas (aprueban los presupuestos, supervisan sus servicios) y están integrados por los miembros de la comunidad universitaria y representantes asignados por los sindicatos, las patronales y los gobiernos de las comunidades autónomas.

La segunda alternativa que baraja el ministerio es que los representantes designados por la Administración participen en el consejo de gobierno, pero que tengan voto exclusivamente 'en aquellos asuntos que derivaran en cuestiones económicas', según dijo la ministra. En las cuestiones meramente académicas sólo tendrían voz.

Los rectores consideran que esta segunda alternativa 'no resuelve el fondo de la cuestión, que es diferenciar claramente gobierno y control social, como ocurre en las universidades del resto de los países', según el presidente de la CRUE, Saturnino de la Plaza. El portavoz de los rectores añadió: 'Andar buscando estas mezclas complica más que arregla el funcionamiento e impide que las decisiones sean operativas'.

De la Plaza reiteró la petición de los rectores de que se amplíe el plazo de debate social del anteproyecto de la ley hasta después del verano y resaltó que el ministerio 'aún no ha explicado por qué no quiere retrasar este debate'.