LOS JUICIOS CONTRA LAS DICTADURAS CHILENA Y ARGENTINA


El golpe de Estado de Pinochet fue uno más de los producidos en toda Suramerica, aunque con sus peculiaridades propias.


El Presidente electo Salvador Allende, declaradamente marxista, estaba poniendo en práctica el socialismo, con mayúsculas. Y este experimento ni gustaba a las clases propietarias ni a los "yankees" que temían una extensión de la revolución por vías electorales. El canciller Henri Kissinger afirmó desde Washington: "no veo porque tendríamos que quedarnos de brazos cruzados, contemplando como un país se hace comunista debido a la irresponsabilidad de su pueblo". Tras el golpe de Estado llevado a cabo por los militares chilenos y marines estadounidenses con asesoramiento directo de la C.I.A., se produjo un aniquilamiento masivo de toda la oposición política al régimen (hasta a Neruda le mataron con un "cáncer de horror").

En el terreno económico los economistas de la Escuela de Chicago (monetaristas, tan de moda actualmente por cierto) experimentaron sus tesis: privatización total, - de lo nacionalizado por Allende -, inestabilidad de los contratos laborales y domesticación - cuando no aniquilamiento - de los sindicatos de clase y de la oposición de izquierdas.

El país más estrecho de Suramerica había pasado de un bellísimo intento de instauración del Socialismo por vía democrática a la imposición de "manu militari" del más rígido capitalismo del cono sur. El rastro dejado en sangre no se termina de contabilizar, más de 4000 muertos e innumerables desaparecidos, cientos de miles de exiliados y tantos otros represaliados y silenciados para siempre, tanto en aras del libre mercado, la neocolonización y las multinacionales "yankees. No es extraño que el vocero del gran capital norteamericano "The Wall Street Journal" haya sido el único medio de comunicación que a capa y a espada se ha posicionado a favor de Pinochet con argumentos tan absurdos como compararle con Fidel Castro (pero que tendrá que ver la velocidad con el tocino)

Independientemente de nuestra opinión sobre la Audiencia Nacional y sus raíces en el antiguo Tribunal de Orden Público del franquismo y sus más que dudosas actuaciones en tantos casos, nos alegramos de que el dictador esté en el candelero y en el punto de mira de los medios.

Mediante auto de 19.Oct.98 la Audiencia Nacional pide su extradición o interrogatorio y se le acusa del asesinato de 94 españoles durante la dictadura además de los delitos de genocidio, terrorismo y torturas, delitos que no prescriben.

SOBRE LA INMUNIDAD DE LOS DIPLOMÁTICOS


La ley que regula dicha inmunidad es el Convenio de Viena sobre relaciones diplomáticas de 18 de Abril de 1961. Los privilegios e inmunidades que se conceden en el estatuto diplomático no se dirige hacia las personas en si, sino que se trata de garantizar el desempeño eficaz de las funciones de las misiones diplomáticas en calidad de representantes de los Estados (art. 22 a 39). Pero el dictador Pinochet no entró como jefe de una misión diplomática o miembro de la misma, sino que, como un individuo más haciendo gala de su patriotismo y confianza en la sanidad de su país, fue a operarse a Londres. La inmunidad hace muchos años que no es absoluta y hasta los más recalcitrantes defensores de la inviolabilidad de las misiones diplomáticas reconocen que hay actos "iure imperi" (actos realizados por diplomáticos en el campo de sus competencias) y actos "iure gestionis" (el resto). Los primeros si gozan de inmunidad, los segundos no.


SOBRE LA IMPUNIDAD DE LOS GENOCIDAS.


La historia nos demuestra que los mayores asesinos y genocidas rara vez han sido juzgados - y mucho menos condenados - por sus crímenes contra la humanidad. Y si en alguna extraña ocasión se ha condenado a alguien ha sido mal y tarde. El fin último que debía perseguirse juzgando al dictador Pinochet es crear un precedente para que los fascistas y genocidas, cuya única vía para implantar sus tesis capitalistas es fomentar un estado de terror generalizado, sepan que la justicia no les exime de responsabilidades, que el principio de igualdad ante la ley no es papel mojado.

Argumentos legales hay para ello algún sector de la Fiscalía General los quiera desvirtuar, mediatizado como esta por la fuerte presión económica sobre el gobierno y las empresas españoles por parte del gobierno chileno.


1.- Por un lado en nuestro ordenamiento interno; la actuación de Pinochet y tantos otros que encaja en las definiciones que el legislador español de genocidio y terrorismo.
*En los artículos 571 y siguientes del Código Penal (y en anteriormente leyes especiales) definen los delitos de terrorismo como:

- Art. 571 "Los que colaborando, actuando al servicio o colaboración con bandas armadas cuya finalidad sea la de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz publica, cometan delitos de estragos o incendios tipificados en los arts. 346 y 351 respectivamente, serán castigados con la pena de prisión de 15 a 20 años, sin perjuicio de las penas que le corresponda si se produjeran lesión para la vida, integridad física o salud de las personas." Por si esta definición no bastara a la Audiencia para incluir a Pinochet en la tipificación anterior, por no considerar que formaba parte de una banda armada, organización o grupo terrorista, el art. 577 especifica también que: "Los que sin pertenecer a banda armada, organización o grupo terrorista, y con la finalidad de subvertir el orden constitucional o de alterar gravemente la paz pública, cometieren homicidios, lesiones de las tipificadas en los arts. 149 y 150, detenciones ilegales, secuestro amenazas o coacciones contra las personas, o llevaren a cabo cualesquiera delitos de incendios, estragos o tenencia, tráfico y depósito de armas o municiones,..."

Por otro lado respeto al genocidio que es el delito que más problemas pudiera plantear: gracias a la cantidad de los conceptos indeterminados que lleva la definición legal (por ejemplo ¿qué es un grupo étnico o religioso puro?) y a su grado de ambigüedad se le deja a la actuación judicial un resquicio no regulado exhaustivamente por el que debería colarse. Es decir llevar a cabo la interpretación de este término de forma extensiva.


*Sobre el delito de genocidio el legislador español que dice en el art. 607 del C.P.: "los que con propósito de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso perpetraren alguno de los actos siguientes..." la definición etimológica además, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua incluye también al grupo político. Entonces extensivamente podríamos interpretar lo grupal dentro de la definición legal de genocidio como: la eliminación sistemática de miles de personas buscando su destrucción por razón y elementos que le son comunes (ideológicos en este caso.)

El Convenio contra el Genocidio de 9 de Dic. De 1948, (al que España se adherió en 1968 y adecuo a la legislación interna en 1971 con su tipificación penal) suscribe también este criterio.

2.- Estos delitos pueden ser juzgados por las instancias españolas en virtud del principio de persecución internacional o Justicia Mundial que está tipificado en el art. 23.4 de la L.O.P.J.. Donde la persecución de estos delitos no se ciñe a criterios de territorialidad, personalidad, interés ni protección, sino que se aplica un criterio internacionalista para ciertos delitos como el de genocidio y terrorismo que son considerados vulneradores de los principios generales de la comunidad internacional a la luz de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Por este principio Pinochet podría ponerse en manos de los tribunales españoles por medio de la petición de extradición por el juez instructor y excepcionalmente por la Sala que enjuicia.

3.- Además estos delitos no prescriben por este motivo: el art. 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 consagra la irretroactividad de las leyes penales pero excluye hechos u omisiones que constituya hechos delictivos de este tipo, por ser crímenes de "lesa humanidad".

4.- La Audiencia Nacional tampoco podría retirarse del proceso alegando la posible retirada del Ministerio Fiscal (Fiscalía del Estado que siempre defenderá a los interese del Estado del Capital). La acusación popular es suficiente para que se siga dando con el principio acusatorio, condición sine qua non del proceso penal.

En todo caso el problema es más político que jurídico, ¿cómo sino explican por ejemplo las leyes de punto final y obediencia debida promulgadas en Argentina durante los gobiernos de Alfonsín y Mémen?. Las sentencias judiciales fueron revocadas desde los órganos políticos.

Tras una dictadura la instauración de una pseudodemcracia parlamentaria insiste en la reconciliación nacional y el borrón y cuenta nueva. Las leyes se convierten en los "parches del olvido", y las transiciones no revolucionarias se hacen a la medida de los genocidas.


Otro discurso, que se a escuchado estos días, es dejar en libertad a Pinochet por razones Humanitarias. ¿Pero que vuelta de tortilla es esta?. Una cosa es que Pinochet esté enfermo, decrépito, acabado (solo faltaba que el guadaña tampoco tuviese competencias para acabar con la vida del dictador) y otra muy distinta es que no se pueda juzgar a un asesino, que mandó matar a miles de personas cuando gozaba de buena salud. No nos dejemos confundir, Pinchet debe ser juzgado y solo cuando sea condenado, los demagogos y principales violadores de los Derechos Humanos podrían alegar ciertas razones humanitarias por las que no sería recomendables, para su salud, su ingreso en prisión. Si tal supuesto se contemplase, invocando el principio de igualdad, habría que revisar los riesgos a la salud que sufre la población reclusa de cualquier lugar del mundo en cualquier prisión (hepatitis, infecciones diversas, S.I.D.A....). Por tanto habría que concluir que las cárceles no son lugares apropiados para ninguna persona.

Por otra parte, mientras fascistas enmascarados, como Tacher, se quitan la careta y piden la libertad del dictador porque "ayudó a salvar vidas Británicas en la guerra de las Maldivas", los sectores más reaccionarios de la magistratura española, los restos del estado franquista, con el Fiscal jefe de la Audiencia Nacional (eduardo Fungairiño) y el Fiscal General del Estado (Jesús Cardenal) a la cabeza, claman por la vida de Pinochet.

Lástima que al General le queden dos telediarios: el de su condena y el de su muerte. Augusto ahí te pudras. Ojalá así se abran las grandes alamedas, de las que hablaba Allende en sus últimos momentos, pero nos tememos que ya es demasiado tarde; el imperialismo "yankee" ya corto y vendió los álamos.

nostr@s mism@s 1998

"Yo no voy a renunciar. Colocado en un trance histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza de que la semilla que entregamos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser segada definitivamente. Tienen la fuerza. Podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales con el crimen y con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos...

Trabajadores de mi patria: Tengo fe en Chile y en su destino.

Superarán otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, de nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor.

¡Viva Chile, viva el pueblo, vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras. Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano.