Una aberración histórica y política

NICOLÁS SARTORIUS

I. La concesión por el Gobierno de una medalla, a título póstumo, a Melitón Manzanas es un acto de suma gravedad por su significado histórico al tiempo que un error político de evidente trascendencia. El jefe de la siniestra brigada político-social de Guipúzcoa era un torturador, un colaborador de los nazis, símbolo de lo peor de la dictadura.

¿Cómo es posible, entonces, que la democracia española le condecore?, ¿qué ha ocurrido para que demócratas —¿demócratas?— legitimen de esta manera a un verdugo e, indirectamente, a actos nefastos cometidos por ese régimen? En mi opinión, no hay razón alguna para esta decisión del Gobierno que es un auténtico disparate, una provocación hacia todos los que luchamos por la libertad de España y una reparación moral a los autores de violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Es verdad que cuando se restableció la democracia, convinimos en reconciliarnos y se otorgó una amnistía que exoneraba de las responsabilidades penales en las que se hubiese podido incurrir en el pasado.

Pero de ahí a conceder una gran cruz a responsables de delitos de extrema gravedad hay un salto radical que supone un golpe a la línea de flotación de aquel consenso. La justificación de este dislate se busca en que el premiado fue una víctima de ETA en 1968 y, en consecuencia, tiene el mismo derecho que las demás víctimas a las recompensas que la democracia ha establecido. Este argumento supone una tergiversación profunda del significado de cosas muy serias. Supone, ni más ni menos, equiparar la democracia y la dictadura, como si la primera fuese una mera continuidad de la segunda. No se pueden igualar los significados de los hechos en un régimen de libertad con los de uno de tiranía, ni dentro de esta última todas las víctimas eran iguales.

II. La dictadura era un régimen de violencia permanente en el que se violaban todos los días todos los derechos humanos durante 40 años; en el que se detenía, se torturaba y, cuando venía el caso, se fusilaba a los que se oponían a la misma. En una situación así está legitimada la respuesta violenta, lo que no quiere decir que haya que responder, en todas las circunstancias, con violencia ni que esté justificada en todos los casos.

Por el contrario, hubo periodos en que los partidos de izquierda lucharon con las armas en la mano contra la dictadura, como se hizo, por otra parte, en todos los países de la Europa ocupada por los nazis o sometida a dictaduras; lucha de guerrillas que duró hasta finales de los cuarenta, momento a partir del cual se abandonó ese método y no se volvió a utilizar, pues se entendió que no era idóneo para conquistar la libertad y se criticó a los que utilizaron el terrorismo como arma política.

Pero eso es una cosa, y otra considerar que la violencia tiene el mismo significado en una democracia que en una dictadura. Hasta los teólogos españoles del siglo XVI distinguían perfectamente, a estos efectos, las situaciones de libertad y de tiranía, justificando el tiranicidio en este último supuesto, como así lo dejó escrito Francisco Suárez en su obra De legibus ac Deo legislatore. Otra cuestión muy diferente es si ETA tuvo razón o no al eliminar al comisario Manzanas. En mi opinión, ése no era el método adecuado de combatir a la dictadura en aquel momento, pero seríamos unos hipócritas si dijésemos ahora que los que estábamos en la resistencia en esa época sentimos o condenamos que aquel torturador fuese liquidado.

Por lo tanto, aprovechar el rechazo absoluto que hoy provoca ETA con sus crímenes para equiparar a las víctimas de ésta en la democracia con todas las que se produjeron durante la dictadura —incluyendo torturadores y tiranos— es una operación siniestra que no tiene justificación. ¿Es igual de víctima López de Lacalle, Miguel Ángel Blanco o Buesa que Manzanas? Lo tremendo es que ETA hoy está asesinando a personas que ayer fueron torturadas por los mismos que son condecorados por la democracia. Así de aberrantes son los efectos del terrorismo en épocas de libertad; no cometamos nosotros otro tipo de aberraciones.

¿Qué diríamos si en Argentina o Chile se condecorase a torturadores de sus dictaduras porque resultase que fueron eliminados por los que ahora, sin justificación alguna, ejerciesen actos de terrorismo? En la lucha contra ETA no todo vale. La razón y la fuerza de la democracia radican precisamente ahí. No valió entonces la guerra sucia y no vale ahora recompensar la memoria de los torturadores y tiranos porque fueron "víctimas" de ETA, cuando en realidad lo que fueron es victimarios. La democracia se ensucia y deslegitima tanto en un caso como en otro.

III. Además de lo anterior, estamos ante un grave error político. ¿Se ha calibrado el efecto que va a producir en los ciudadanos vascos —y no sólo vascos— la condecoración a Melitón Manzanas? ¿Conocen los actuales gobernantes lo que significó esa persona y otras como él en la Euskadi de la dictadura y de los permanentes estados de excepción? Prefiero pensar que no, que es fruto de la ignorancia y de la nefasta desmemoria, pues de lo contrario supondría una tremenda irresponsabilidad política. La lucha contra el terrorismo hay que ganarla sobre todo en el País Vasco y esta decisión no va a contribuir, sino todo lo contrario, a ganar voluntades, a unir a los demócratas, a aislar a los violentos.

Esto supone, en una palabra, hacer el juego al terrorismo y a la intolerancia, contribuir al desprestigio de los gobiernos democráticos. Se ha meditado que cuando en Europa se denuncia y se condena a los que cometieron atrocidades en el pasado, aquí premiamos a los violadores de derechos humanos. Y no vale argumentar que en un Estado de derecho la norma que regula este tipo de reconocimientos es igual para todos y que el Gobierno se ha limitado a llevarla a la práctica. Las leyes se interpretan en consonancia con el espíritu y la intención de las mismas antes de aplicarlas ciegamente y me resisto a creer que la intención —la ratio legis— de todos los legisladores fuese premiar a los verdugos de la dictadura. Si ello fuese así, todos los partidos que votaron esa ley tendrían que hacerse una severa autocrítica.

Pero el argumento del Gobierno de que todos los partidos votaron la ley y, en consecuencia, es responsabilidad de todos no se sostiene. La Exposición de Motivos de la Ley 32/99 de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo dice: "Las víctimas del terrorismo han sido, en su contribución personal, el exponente de una sociedad decidida a no consentir que nada ni nadie subvierta los valores de la convivencia, de la tolerancia y de la libertad", y más adelante señala: "La referencia a las víctimas supondrá siempre el incontrovertible lugar de encuentro en el que hacer converger a todos los demócratas...".

Y por su parte el Real Decreto 1974/99 que aprueba el Reglamento de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo dice que esa condecoración se otorga "por el sacrificio doloroso y fecundo prestado en aras de la libertad y la convivencia en paz de todos los españoles". ¿Piensa el Gobierno que un torturador de la dictadura prestó un servicio fecundo a la libertad y a la paz y debe suponer un lugar de encuentro de los demócratas? Sería tanto como establecer una continuidad natural entre la dictadura y la democracia, negar el corte que significó la Constitución de 1978.

Convendría aclararse sobre estos extremos tan importantes con el fin de saber a qué atenerse, pues es cuestión totalmente diferente apoyar a las víctimas del terrorismo en la democracia que premiar la memoria de los torturadores. Con lo primero los demócratas debemos estar siempre; con lo segundo, nunca; pero me temo que estas cosas suceden cuando se pierde la memoria histórica y hay gobernantes que todavía tienen dificultades en distinguir, claramente y hasta el fondo, una democracia de una dictadura.


Nicolás Sartorius es vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas.