En la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense de Madrid tuvo lugar el pasado jueves, día 10, a las 19:20 horas, una mesa redonda con el tema de Bibliotecas, Archivos y Derechos Humanos, con motivo del aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

El Decano de la Facultad, Fernando Ramos Simón, abrió la mesa redonda leyendo el artículo 1 (Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos...) y recordando una anécdota en la Universidad a principios de los 70, en que negociaban con la policía dos profesores (Ruiz Jiménez y Peces Barba).

José Antonio Magán Wals habló de las actividades de la BUC, una biblioteca pública universitaria, encargada de facilitar el acceso al conocimiento con el objetivo de conseguir una sociedad más justa y libre, sin censura y con preservación de la intimidad.

Recuerda que es la mayor biblioteca española de investigación y cómo ha incluido en sus líneas estratégicas una dedicada a "Biblioteca y Sociedad" o contribuido a cuestiones muy básicas como utilizar el 0'7% del presupuesto a acciones de desarrollo. Mencionó un proyecto de cooperación con Bolivia, el envío de libros al Sáhara, el apoyo a brigadistas en América Latina y en la creación de un portal sobre derechos humanos.

Recordó la necesidad de conseguir un código deontológico profesional, defendió el open access y subrayó cómo una parte del patrimonio de la BUC se ha hecho accesible mediante la digitalización, en Arxive, Google Libros, la Biblioteca Virtual Cervantes o pronto en Europeana.

También hizo mención al apoyo a la campaña contra el préstamo de pago, del que al menos quedaron exentas las bibliotecas universitarias y finalizó afirmando que es necesario un cambio en la legislación sobre propiedad intelectual para que no haga falta retrotraerse hasta 1857 para estar seguros de que una obra está en dominio público.

Antonio González Quintana nos cuenta cómo desde su profesión de archivero conoció el problema de los derechos humanos y nos asegura que los derechos civiles y los archivos tienen una conexión indiscutible y, en ocasiones, van en paralelo. Pone como ejemplo la aparición de los primeros archivos nacionales públicos en la Revolución Francesa, como medio de hacer valer los primeros derechos de ciudadanía, sobre todo con la eliminación de las "manos muertas". Napoleón crearía los registros civiles modernos, ligados al concepto de ciudadano (persona con derechos). Desde entonces la dinámica ha ido en paralelo, como con la misma declaración de los derechos humanos (10 de diciembre 1948): unos meses antes se había constituido el Consejo Internacional de Archivos (fuente de transparencia administrativa).

Hace referencia a los artículos 6 (Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica) y 19 (Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión) de la Declaración.

Katerina Alburquerque, de UNICEF aseguraba que el registro era uno de los problemas en el comercio de niños: si no hay registro, se convierten en mercancía.

Afirma que los registros y los archivos públicos son imprescindibles para soportar los derechos humanos. Uno de los momentos en que más se manifiesta es en las transiciones políticas y en los archivos policiales de la represión. Son una declaración expresa contra el derecho de impunidad y soporte para las comisiones de la verdad. También han permitido realizar procesos de depuración de funcionarios (como ejemplo contrario, Kurt Valdheim), determinar los bienes que han sido incautados, compensar e indemnizar a víctimas...

Es importante legislar sobre los archivos; pero no sólo para su organización y custodia sino también para el acceso a los archivos y los documentos públicos. No disponemos de una legislación estatal de archivos y tampoco de una de acceso a la información. La que es aplicable resulta confusa y contradictoria y enfrenta a usuarios y archiveros.

Resalta también la importancia del código deontológico en el que aparezca un artículo que diga que nunca actuaremos contra los derechos humanos. Algo totalmente necesario para una de las profesiones más antiguas del mundo.

En 1997, en Barcelona, se creó Archiveros sin fronteras.

Marta Martínez Valencia dice que no sólo debe ser la celebración de los derechos alcanzados sino también de los que faltan por cumplir y de los que se vulneran constantemente.

Dice que el nombre de la revista de la que es directora, Educación y Biblioteca, lo dice todo, y enlaza con el extenso artículo 26 (1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental...). Menciona el protagonismo de la biblioteca como mediador social, cultural y científico y, en concreto, en el ámbito de los derechos humanos. Su enrolamiento en el área de las ciencias sociales requiere una acción crítica por parte de la biblioteca que evite que se convierta en mercancía.

Nos cuenta cómo su revista no sigue una corriente neutra, lo que les ha llevado a tener problemas y situaciones incómodas, recogiendo críticas como la de haberse convertido en una revista política y no profesional. En ocasiones, tras la presentación de un dossier (como el dedicado a la sexualidad) ha desaparecido la publicidad de determinadas instituciones; tras el apoyo a la campaña contra el préstamo de pago editores que no publicitan, ni invitan a actos ni envían reseñas de sus publicaciones.... Lo que hace pensar que defender la lectura pública puede verse como una postura radical.

Ella piensa que si se nos quita el carácter social se estará ayudando a que se acabe con la biblioteca pública, convirtiéndola en mercancía.

Cita un escrito de Civallero hablando del poder que el bibliotecario tiene en sus manos y del que no es consciente. Entre otras cuestiones enumera la garantía de las libertades y derechos humanos, la alfabetización, la oposición a la intolerancia, la ayuda en los problemas de salud, la recuperación de la tradición oral, la difusión de la fraternidad, la defensa del acceso abierto, dando voz... y haciendo que el poder no esté en unas pocas manos. No se trata además de que pueda hacerlo; sino que debe hacerlo. Finaliza diciendo que somos ante todo personas y tenemos un compromiso con la sociedad.

Pedro López López comienza citando a Bossuet y Víctor Hugo. Al primero cuando decía que las bibliotecas en Egipto eran un tesoro para los remedios del alma ya que la peor enfermedad es la ignorancia. Al segundo cuando en "Los miserables" creía que combatiendo la ignorancia podría combatir la delincuencia. Unida a esta idea recuerda cómo la creación de una espectacular biblioteca en Medellín ha rebajado notablemente la delincuencia en la zona.

Resalta el importante papel de la memoria para los pueblos y cómo las bibliotecas y los archivos son la memoria de los pueblos, ayudando a mejorar la sociedad.

Es necesario trabajar bien para dar un buen servicio; pero no sólo hay que mejorar la gestión sino también la sociedad, pasando de un modelo gerencial a un planteamiento social. El colectivo que representa toma esta idea, con la que chocan algunas visiones. No obstante, está fundamentada en textos básicos de IFLA o UNESCO.

En la Conferencia Mundial sobre Educación Superior se hablaba de que los estudiantes tenían que conseguir no sólo habilidades sino convertirse en personas críticas, ciudadanía activa y comprometida con los valores democráticos y una sociedad justa. En el ámbito de la Educación es la UNESCO la que sigue conservando la autoridad moral, no la Organización Mundial de Comercio que no debería marcar directriz alguna sobre educación.

Cree que las bibliotecas y archivos deben impulsar y participar en proyectos cooperativos sobre los temas de los que se está hablando y que el compromiso social nos lleva a salir de las aulas.

Finaliza con Sócrates: "Sólo es útil el conocimiento que nos hace mejorar".

Camila Alire cree que es muy serio el tema de los derechos humanos en la provisión de información en bibliotecas, archivos y agencias gubernamentales. Nos dice que la ALA cuenta con una mesa redonda sobre responsabilidades sociales (SSRT: Social Responsabilities Round Table) que es seguramente de las más activas de todas. Normalmente se centra en las violaciones de derechos humanos en Estados Unidos; aunque en ocasiones también hace referencia al resto del mundo. Intenta que los bibliotecarios comprendan las desigualdades que existen y muy despiertos a todo ataque a derechos humanos y civiles y les obliga a estudiar cuestiones importantes. Se muestra muy contenta de participar en dicha mesa redonda.

Nos habla luego de REFORMA, una filiarl de la ALA destinada a promover bibliotecas y servicios informáticos a latinos y menciona a Kathleen de la Peña McCook.

Se pregunta qué puede importarle a la ALA las estrecheces y dificultades de los empleados, agricultores... Contesta que nacimos libres e iguales y no importa de qué lado de la frontera estemos, la información abarca todos los campos y las bibliotecas deben garantizar el acceso a esa información. Recuerda cómo emplearon mucho esfuerzo en una ley de acceso a la información y llegó el 11-S y con él la Patriot Act que viola el derecho a la intimidad.

Ella no está en contra de una legislación que proteja contra el terrorismo pero no a cualquier precio, como que agentes sin órdenes de registro vayan a acceder a los datos, lo que supone una violación de derechos.

No van a revelar la información a la que han accedido los usuarios, ya que la ALA y la mayor parte de los bibliotecarios creen que los derechos humanos y civiles son fundamentales y se lo toman muy en serio.

A continuación hay un debate con los asistentes, en el que se tratan varias cuestiones:

• El código deontológico: debe partir de las asociaciones. En este sentido SEDIC ha abierto un grupo de trabajo sobre ética profesional que en breve estará en la web y para el que se admiten voluntarios. Los archiveros ya cuentan con alguno (por ejemplo, el del CIA) y ANABAD publicó hace unos diez años un monográfico sobre la cuestión.
• El acceso libre no es lo mismo que el acceso gratuito
• ¿Cómo consiguen las bibliotecas que los usuarios conozcan los derechos que les asisten?: la mejor labor es ofrecer el conocimiento, si es gratis mejor; en Estados Unidos cuenta con un toolkit; a veces se hacen artificialmente complicadas las cuestiones de grautidad: el acceso libre al conocimiento y la cultura implican la necesidad de un servicio público
• ¿dónde está el límite entre el acceso libre al conocimiento y la Patriot Act? No se pueden mantener el mismo esquema de derechos que servían para una realidad de hace 200 años. Es como intentar llevar agua con una cesta. No deberían privatizarse los servicios públicos; pero menos los de custodia y guarda de la documentación
• ¿cómo se combina la seguridad nacional con el interés general democrático y si es necesario cambiar la legislación? No está claro nada que tenga que ver con la "seguridad nacional". Como ejemplo, no existe un plazo para desclasificar documentos clasificados. La legislación es de 1968 con reforma en 1978; pero antes de la Constitución. En 1986 hubo una gran clasificación de documentos. Indudablemente es necesario reformar la ley.