Nota del Editor: El 27 y 28 de junio próximos se celebrará en la Facultad de Derecho, en el departamento de Derecho Administrativo un seminario interuniversitario dir. por el Profesor J. González García.
La evolución de la crisis económica acaecida en el año 2008 en los EE.UU. y su extensión al resto del mundo ha tenido consecuencias importantes desde el punto de vista social y económico.
De entrada, la necesidad que aparece en el pensamiento económico vigente de que se proceda a una nivelación rápida de las cuentas públicas se ha transformado en una justificación para la realización de recortes de todo tipo, que contradicen principios básicos del Estado del bienestar tal como se ha conocido en Europa occidental y que se empezaba a percibir en nuestro país en los últimos años en donde se importaban técnicas de redistribución de la riqueza que eran comunes en otros lugares como muestra muy gráficamente la normativa sobre dependencia.
Más allá de esta problemática económica, un efecto reflejo de la crisis económica ha sido el impacto sobre el funcionamiento del Estado democrático. De entrada, los elementos críticos del sistema han aflorado con mayor nitidez y ello ha conducido a una generalización de movimientos alternativos que propugnan una profundización en la democracia. Una idea que merece una articulación tanto desde su materialización como desde los propios presupuestos -una educación para la ciudadanía que afecta desde la enseñanza obligatoria hasta la universitaria- que requiere una sociedad madura democráticamente.
En segundo lugar, nos ha conducido a una reducción de la capacidad de formulación de las políticas económicas al amparo de presupuestos económicamente determinados, como es muy gráficamente el de la estabilidad presupuestaria.
En tercer lugar, se ha percibido una crítica exacerbada hacia instituciones básicas del Estado que nació en la Constitución de 1978, como los sindicatos, que han visto reducido su papel en la defensa de los intereses de los trabajadores. Y ello a pesar del importante papel que de todo tipo han tenido en la mejora de las condiciones de trabajo y el alto grado de responsabilidad que han mostrado.
Por último, se aprecia un fortalecimiento de los elementos sancionadores, tanto de naturaleza administrativa como penales, para limitar el ejercicio de la crítica política ante la situación de crisis que existe. El uso del derecho sancionador, cuyo peso ha crecido en los últimos meses, es una de las manifestaciones más preocupantes de la restricción democrática que se está ocasionando en este contexto de crisis.
Estas ideas básicas son las que se pretenden desarrollar en este seminario. Será desarrollado por profesores de diversas universidades españolas y con una perspectiva transversal en el estudio jurídico de los problemas que está planteando la crisis económica en relación con el Estado democrático que proclama el artículo 1.1. de la Constitución de 1978.
El programa puede consultarse en: http://www.ucm.es/centros/cont/descargas/documento34564.pdf