La finalidad de este artículo es la de mover a la reflexión sobre la educación en sus distintas perspectivas, ya que una vez realizadas las correspondientes consideraciones a nivel económico, político y jurídico, podremos plantearnos si la educación que recibimos, y a la que tenemos derecho, es realmente la que nos están vendiendo.

Comenzaremos analizando la relación que existe entre la educación y la economía. En principio, tal relación es inexistente o por lo menos difícil de apreciar, puesto que al escuchar la palabra "Educación" lo primero que nos viene a la mente es un aula y lo último un billete.

No obstante, demos un giro copernicano e imaginémonos la educación en abstracto, no como un aula sino como un producto:

Ya tenemos el producto, que no es poco teniendo en cuenta lo necesario que es éste, siendo el siguiente paso a dar la venta del mismo. A la hora de venderlo hay que tener en cuenta dos factores: la oferta y la demanda. Un producto no se vende por la cuantía de la oferta, sino de la demanda.

Por ello la educación es un producto muy atractivo en un sistema neoliberal, ya que al ser un bien necesario, los ciudadanos por regla general no escatimarán gastos al respecto. En este punto es donde interactúan economía y política, ya que en función de los intereses del Gobierno, la educación pública será fomentada o por el contrario desprestigiada. Unos dirigentes de corte conservador apostarán por una educación privada, ya que al vender al ciudadano la enseñanza privada como la de mayor calidad, será ésta la más demandada.

Este tipo de estrategias políticas inciden de forma negativa en la ciudadanía, ya que la enseñanza de calidad debería ser una herramienta al alcance de todos y no un bien de lujo.

Por este motivo, es preciso aclarar que la educación es un derecho y no se debe jugar con él de forma desregulada, como se ha jugado en los mercados capitalistas con la economía del tal vez mal llamado primer mundo.

Por ello para que resulte lo más cercano posible, nos podemos fijar en la Comunidad Autónoma de Madrid y las directrices políticas más recientes de su Gobierno regional. La política del Gobierno del Partido Popular ha sido en numerosas ocasiones acusada de querer privatizar la educación, siendo ese motivo el epicentro de las diversas huelgas que tuvieron lugar en los meses de octubre y noviembre bajo el lema "Escuela Pública: de tod@s para tod@s". Este lema puede que induzca a confusión, dando a entender que el Gobierno que preside Esperanza Aguirre vaya a acabar con la enseñanza pública de "iure", siendo esto jurídicamente inviable. Sin embargo, el fin de la enseñanza pública sí podría producirse de "facto", al degradarse su imagen de cara al ciudadano, siendo despojada de recursos tanto materiales como humanos.

Decimos que la privatización de la educación desde un aspecto formal es jurídicamente inviable (en España), ya que  la competencia en materia de educación es compartida entre el Estado y las distintas Comunidades Autónomas. Tal distribución de competencias consiste en la fijación por parte del Estado de los principios esenciales (es decir, las leyes de bases), mientras que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la misma.

En España actualmente es imposible la privatización de la educación, no sólo por la legislación básica vigente, sino también porque es un mandato constitucional (el cual tiene valor jerárquico mayor que ley y reglamento) el que la educación básica sea obligatoria y gratuita (artículo 27.4 de la Constitución española).

Tal vez la trampa esté en el desarrollo normativo y en la ejecución administrativa que corresponde a los gobiernos de las Comunidades Autónomas,  puesto que es ahí donde se realizan los recortes económicos, reducciones de personal y demás medidas que concurren en la misma dirección: reducción del gasto y peor calidad en la prestación de servicios.

La materia de educación debería ser competencia exclusiva del Estado, ya que si fuera el mismo ente el encargado de legislar y ejecutar, no se produciría los desequilibrios existentes entre las diferentes Comunidades Autónomas en algo tan esencial como es la educación. A su vez, la Constitución española dice en su artículo 149.1.1: "El Estado tiene competencia exclusiva sobre la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales".  Referente a tal precepto constitucional, existe una duda razonable sobre su cumplimiento en el ámbito educativo, el cual posee el carácter de derecho fundamental. Por ello es discutible decidir dónde se encuentra lo básico en un derecho fundamental, ya que al ser algo esencial, carecería de sentido tratar de discernir la esencia y la sustancia del mismo, es decir, lo básico y el detalle.

Por todas estas razones, sería conveniente tratar a la educación como un derecho fundamental y no como un reclamo publicitario para aumentar la demanda de determinados centros privados. Para ello es necesaria la responsabilidad de los políticos, ya que en sus manos está la distribución de las competencias respecto a la materia de educación, y no anteponer las preferencias partidistas al interés general. Un Estado del que sería provechoso tomar ejemplo es Finlandia, que encabeza año tras año el informe PISA, sustentado en un sistema educativo novedoso y eficaz:

Se caracteriza por una serie de elementos que unidos forman una base educativa muy sólida, siendo ésta la mayor riqueza del país. En Finlandia la educación primaria comienza un año más tarde que en España, ya que introducir a los niños tan pronto en la educación formal, lo consideran contraproducente. En cuanto a los alumnos con mayores dificultades, en vez de dejarlos a su suerte teniendo por consecuencia un probable abandono escolar en el futuro, les dotan de un tutor personal y clases de apoyo con el fin de solucionar las dificultades a temprana edad.

Otro elemento de gran importancia en su sistema es la colaboración entre los distintos niveles educativos para mejorar los planes de estudio. Por tanto mientras que en Finlandia el sistema educativo es un todo, en España los distintos niveles de enseñanza no trabajan juntos, siendo este método perjudicial para alumnos y profesores.

En el apartado económico, el sistema finlandés se encarga de proporcionar una educación pública gratuita desde la enseñanza básica hasta la educación superior universitaria, incluyendo servicios de subsidios para los estudiantes en aspectos como transporte o idiomas.

Como conclusión, la educación es un derecho fundamental y como tal debe ser protegido y bien gestionado, ya que si se piensa en el interés general en lugar de en el beneficio económico y distinción entre clases sociales, no será solamente un derecho, será también la sólida base de un país capaz de afrontar el presente y mejorar el futuro.