El pasado 30 de abril los rectores de unas 50 universidades españolas leyeron un manifiesto, consensuado por la CRUE, en el que exigieron al Gobierno el fin de las medidas de austeridad aplicadas por Real Decreto de Medidas Urgentes de Racionalización del Gasto Público en el Ámbito Educativo, de 2012.

En uno de sus párrafos el manifiesto afirma: "Los rectores consideramos especialmente dolorosas y difícilmente justificables, por su mínimo impacto económico, las medidas que afectan a los jóvenes. El incremento de los precios públicos de los grados y, muy por encima de ellos, el de los másteres, afecta a las posibilidades formativas de nuestros jóvenes en un momento especialmente negativo para el empleo. El acceso a la profesión académica se encuentra cerrado para ellos, salvo los resquicios que dejan las insatisfactorias tasas de reposición. Estas cercenan las perspectivas de los profesores universitarios en su carrera académica y minan la motivación para la mejora permanente en docencia e investigación. Las limitaciones normativas han provocado que las plantillas de profesores, investigadores y personal de administración y servicios se hayan llenado de figuras y plazas interinas y precarias, algunas recurridas por el propio Gobierno, que resultan inadecuadas para la función universitaria, docente, investigadora y de gestión".
El rector de la Complutense, José Carrillo, tras la lectura del manifiesto, aseguró que la retirada de estas medidas excepcionales "es una reivindicación justa". Sobre todo, si es cierto que "la economía se está recuperando". Según Carrillo, las universidades de la Comunidad de Madrid, además, han sufrido recortes superiores al resto de las instituciones de esta comunidad autónoma. Explicó el rector que si en la Comunidad de Madrid ha habido un recorte presupuestario general del 12 por ciento, las universidades han sufrido un recorte del 20 por ciento.
Con los datos de la Complutense, el Real Decreto de 2012 ha afectado tanto a los sueldos del personal como a la pérdida neta de profesorado estable, a la investigación, a la gestión, a las infraestructuras e incluso a las becas de los estudiantes. De acuerdo con Carrillo, "es una situación claramente asfixiante porque la universidad necesita planificación, algo que es prácticamente imposible por los recortes".
Para el rector complutense "hemos llegado al final de este cuento, porque el recorte a la universidad ha sido en Madrid de unos 150 millones, y eso no es más que una opción política, porque sí hay 5.000 millones para salvar a las empresas que gestionan las autopistas, pero no para financiar a la universidad". Según Carrillo, estos recortes "tienen un alto coste para el país".