Con motivo de la celebración del Día Internacional de los Archivos, nos detenemos hoy en los fondos personales conservados en la Biblioteca Histórica, y más concretamente, en los generados por miembros del Cuerpo Facultativo de Archiveros y Bibliotecarios. Se trata de documentación de profesionales vinculados a la Universidad Complutense; en unos casos, esta vinculación se deriva de haber prestado servicio en sus archivos y bibliotecas; en otros, siendo miembros del cuerpo, formaron parte también de su plantilla docente. Nos referimos a los fondos de Toribio Campillo de Casamor (1824-1900), Eduardo Hinojosa y Naveros (1852-1919), Tomás Navarro Tomás (1884-1979), Javier Lasso de la Vega (1892-1990), Javier López del Toro (1897-1972), Enrique Lafuente Ferrari (1892-1985), Manuel Ballesteros Gaibrois (1911-2002) o Fernando Huarte Morton (1921-2011).
En nuestro país, los orígenes de la institucionalización de la profesión de archiveros y bibliotecarios se remontan a mediados del siglo XIX. El Cuerpo Facultativo nace a raíz del Real Decreto de 17 de julio de 1858 para la reorganización de Archivos y Bibliotecas, que pasaban de la dependencia del Ministerio de Gracia y Justicia a la del Ministerio de Fomento a través de la Dirección General de Instrucción Pública, y el personal que queda a su cargo. El Decreto tenía como objetivo asentar los cimientos que permitieran poner á salvo de una inminente destrucción papeles y documentos preciosísimos, diseminados por toda la Península, y preparar lo conveniente para que los depósitos donde se custodien, sean dignos de una nación civilizada. Como puede suponerse, la mayor parte de ese patrimonio provenía de los procesos de desamortización.
Encontramos los antecedentes de este alumbramiento en dos hitos previos: la promulgación del Estatuto de Empleados Públicos de 1852, conocido como "decreto de Bravo Murillo" y la creación de una Escuela de Diplomática en la Universidad Central. El primero establecía dos ramos de empleados (archiveros y bibliotecarios) no pertenecientes a la carrera judicial dentro del Ministerio de Gracia y Justicia; la segunda habría de esperar al Real Decreto de 7 de octubre de 1856 y se convertiría en el centro de formación especializada de los nuevos profesionales.
Un par de años después, ve la luz el primer reglamento del Cuerpo, aprobado por Real Decreto de 17 de julio de 1858. No sería el único; las agitadas circunstancias políticas del país conllevaron reformas constantes en su Administración pública y la relativa a los profesionales de archivos y bibliotecas no sería una excepción: entre 1867 y 1887 se sucederían hasta cuatro reglamentos distintos.
La supresión de la Escuela de Diplomática y la integración de sus estudios en la Facultad de Filosofía y Letras en 1900 ponen fin a una etapa en la formación de los archiveros y bibliotecarios marcada por la erudición histórica y los conocimientos diplomáticos y paleográficos. Los nombres de Toribio del Campillo y Eduardo Hinojosa podrían encuadrarse en esta etapa de la evolución del Cuerpo; ambos, titulados en Derecho y Filosofía y por la Escuela de Diplomática, formaron parte del mismo, aunque se dedicaron también a la docencia superior.
Si desde su creación hasta 1900 podemos hablar de lo que Agustín Torreblanca denomina "primer periodo de consolidación burocrática" del Cuerpo, entre 1901 y 1932 asistimos a un segundo periodo en esta consolidación. En esos pocos más de treinta años la profesión da un giro hacia los aspectos técnicos, que se van haciendo hueco lentamente entre los estudios de erudición, pero sin desplazarlos de su posición predominante. También se producirán cambios en la estructura corporativa: uno tendrá lugar a partir de 1910, momento en el que se da lugar a la entrada de la mujer en la profesión; otro a partir de 1918, cuando la organización del Cuerpo y carrera profesional de sus empleados se ve afectada por la aprobación de un nuevo Estatuto de Funcionarios.
En 1932, la aprobación de un nuevo reglamento del Cuerpo (Decreto de 19 de mayo) supondría el impulso a su función social: se considera oficialmente concluida la labor de recogida y custodia del patrimonio, y se le asigna una nueva misión tanto en el campo de la investigación histórica como en la acción social para la difusión de la cultura. En consonancia con este nuevo objetivo, establece sus funciones y modifica su estructura orgánica, al tiempo que demanda a las facultades de Filosofía y Letras una adecuada formación histórica, literaria y lingüística a los futuros funcionarios. Los nombres de Tomás Navarro Tomás, Javier Lasso de la Vega, José López del Toro, Enrique Lafuente Ferrari, Manuel Ballesteros Gaibrois podrían encuadrarse en esta segunda etapa. Titulados en Filosofía y Letras, todos ingresaron en el Cuerpo antes de la Guerra Civil; sus trayectorias profesionales, como sus vidas, se verían afectadas de manera definitiva por el conflicto. Tomás Navarro se exilió en 1939; Enrique Lafuente, López del Toro, Lasso y Manuel Ballesteros reingresaron en el escalafón, este último de manera breve, pues pronto obtendría plaza de catedrático en Valencia.
Tras el periodo delimitado por la República y la Guerra Civil, Torreblanca identifica una nueva etapa en la historia del Cuerpo Facultativo (1939-1973), que se inicia con los procesos de depuración y la aprobación de un nuevo reglamento de oposiciones (1940), y vendrá marcada por la carestía de recursos de todo tipo, incluidos los humanos. Gran parte de la vida profesional de algunos de los nombres anteriores (López, Lasso y Lafuente) se desarrolla en este periodo; a ellos hay que añadir el de Fernando Huarte Morton, que ingresa en 1941 como auxiliar y, unos años más tarde, en 1955, en el Cuerpo Facultativo.
Bibliografía:
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Torres Santo Domingo, M. (2011). La Biblioteca de la Universidad de Madrid durante la Segunda República y la Guerra Civil (tesis doctoral). Universidad Complutense de Madrid, Madrid.