Quizás el dolor físico sí, pero ¿y el dolor del alma?. Miles de madres y padres tuvieron que afrontar a finales de la década de los 50 el trauma de ver nacer a sus hijos mutilados sin remedio. Ninguna indemnización podrá nunca hacerles superar la angustia, el dolor, el sentimiento de culpa..."¿por qué lo tomé?"..."debería haber aguantado las náuseas"..."yo confié en lo que me prescribió el médico"... "si lo hubiese sabido..."

En 1961 se descubrió que la Talidomida producía malformaciones en recién nacidos, sin embargo en España se retiró "oficialmente" en 1963. Se vendió en  50 países con 80 nombres comerciales y produjo más de 20.000 bebés mutilados.

Muchos de aquellos padres fallecieron ya, tras una vida afrontando esta tragedia. Los bebés crecieron, entre dificultades difíciles de imaginar por quienes tenemos brazos y piernas. Tanto ellos como sus padres son las víctimas de este horror, y medio siglo después, en España, siguen esperando una compensación que no llega.

La prensa española recogía la semana pasada la noticia: la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo rechazaba por ocho votos a uno el recurso de Avite (Asociación de Víctimas de la Talidomida en España), al considerar que la indemnización que reclamaban estaba prescrita, confirmando de esta forma la sentencia del año pasado de la Audiencia Provincial de Madrid.

El argumento de la sentencia se basa en que la ingesta del fármaco se produjo a finales de los cincuenta y principios de los sesenta del siglo pasado, y aunque los Magistrados consideran indudable que los daños que sufren los afectados se debieron a la ingesta de Talidomida por sus madres durante el embarazo, creen que el plazo de un año no puede marcarse en relación con el Real Decreto de 2010 que regulaba la concesión de indemnizaciones, sino que lo retrotraen a "períodos muy anteriores", en los que, según su opinión, los afectados ya habrían podido demandar a la empresa farmacéutica, ya que se trata de "daños permanentes" cuyos efectos quedaron determinados al nacer.

En su opinión, los afectados deberían haber reclamado como máximo en el plazo de un año desde que cumplieron la mayoría de edad algo a lo que estos responden que no pudieron emprender acciones legales hasta 2010, año en el que por fin se consiguió un reconocimiento oficial de sus lesiones y su causa.

Por su parte, la multinacional Grünenthal, responsable de la fabricación de la Talidomida ha emitido un comunicado en el que, a la espera de recibir la sentencia, reitera que ya existen medios satisfactoriamente establecidos para que todos los afectados puedan beneficiarse de ayudas económicas a través de la Fundación Contergan, a la que los laboratorios pagaron un total de 114 millones de marcos alemanes (aproximadamente 58 millones de euros), solución esta que en opinión de Avite implica la exigencia de requisitos muy difíciles de cumplir, como demostrar que la madre tomó la talidomida de Grünenthal, algo que hasta la fecha sólo ha podido hacer un español.

Según recoge el diario EL PAIS (30/09/2015) Alfonso Alonso, ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el pasado miércoles afirmó no compartir la sentencia, así como que su Ministerio estudia llevar a cabo nuevas valoraciones para reconocer a más víctimas de la talidomida en España, pues en su opinión, el caso de los afectados españoles supone una "grave discriminación", puesto que en otros países europeos la empresa fabricante sí ha pagado indemnizaciones.