El pasado 4 de septiembre el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid dio el visto bueno al nuevo Proyecto de Ley de Farmacia que pasará a someterse a la aprobación de la Asamblea...

Una nueva Ley que a pesar de haber sido consensuada con el Colegio de Farmacéuticos, ya ha sido recibida con polémica puesto que contempla liberalizar el horario de las farmacias y ampliar su atención al ámbito domiciliario de determinadas tipologías de pacientes, algo que según el Presidente de la Comunidad de Madrid, Angel Garrido, es necesario para adaptarse a los nuevos escenarios generados desde que se implantara la anterior normativa en 1998, pero que sin embargo, ha despertado las protestas de algunos colectivos que consideran que esta extensión de la actuación de los farmacéuticos invade competencias y les perjudica profesionalmente.

En caso de obtener el visto bueno de la Asamblea, la nueva Ley únicamente establece un mínimo de 40 horas a la semana de apertura de las oficinas de Farmacia, cuyo número se establecerá de acuerdo a una ratio de 3000 habitantes por cada Oficina, contemplándose medidas que aseguren la preservación de la farmacia rural y la apertura de botiquines en poblaciones pequeñas.

El punto que ha generado más polémica alude a la atención farmacéutica domiciliaria de pacientes en situación de vulnerabilidad y pacientes mayores dependientes.

Aunque el objetivo es garantizar la accesibilidad de dichos pacientes a los medicamentos sin perjuicio de las competencias propias de otros profesionales sanitarios legalmente previstas, algunos colectivos como el de Enfermería han mostrado su preocupación por la posible injerencia de los farmacéuticos en su campo competencial, a lo que se han unido otros profesionales ya que la norma establece que las farmacias podrán abrir nuevas secciones de servicios con lo que podrían prestarlos sobre óptica, audioprótesis, ortopedia, análisis clínicos y nutrición.

Por su parte tampoco la Asociación Española de Farmacéuticos de Atención Primaria (SEFAP) expresa su satisfacción con la Ley, pues en su opinión no recoge las funciones de los farmacéuticos de atención primaria, especialmente aquellas ya consolidadas como la formación e información a los profesionales sanitarios que, sin embargo sí figuran entre las funciones de otros profesionales que nunca las han realizado, generándose un claro conflicto de competencias.

Aunque PSOE y Ciudadanos coinciden en que la tramitación del proyecto de ley de farmacia será inviable antes del fin de la legislatura, de cualquier forma el debate ya ha trascendido y sin duda habrá de ser tenido en cuenta en actuaciones futuras.