Nota del Editor: Ayer día 3 de mayo se celebró la quinta sesión del Seminario Interdepartamental Administrativo-Mercantil. La sesión ha corrido a cargo del Profesor José Eugenio Soriano quien ha hablado sobre Cajas de Ahorro desde la fundación-empresa hasta la heterogeneidad actual.
El problema fundamental de las Cajas de Ahorro es que no tienen identidad. Durante los últimos años las Cajas han sufrido un impulso legislativo continuo que ha tratado de convertirlas en entidades financieras en sentido estricto, sin embargo, esto ha fracasado puesto que se trata de entidades de naturaleza distinta. Siendo en origen entidades vinculadas al territorio geográfico, su intento de expansión ha desembocado en una importante crisis de identidad. A esto se unen los principales problemas que han provocado la actual situación de las Cajas.
La enorme cantidad de normas reguladoras de las Cajas de Ahorro que han surgido a lo largo de los últimos años, todas ellas a través de la fórmula del Decreto-Ley, ha desembocado en un marco regulatorio ciertamente inestable en constante cambio y siempre a la expectativa de una nueva ley que modifique, aclare o reconduzca la normativa sobre Cajas. Prueba de ello es que en los últimos cuatro años (2009-2012) se han publicado cuatro Decretos-ley - uno por año - que inciden los unos sobre los otros y sin que exista una línea común entre ellos. Estas normas han pretendido solventar los principales problemas que afectaban a las entidades financieras en general cuando la realidad demuestra que únicamente han sido las Cajas las afectadas. Las que han recurrido a ayudas del FROB, han tenido problemas de recursos propios o han sido objeto de grandes escándalos sobre retribuciones han sido las Cajas. Esto obliga a pensar que hay algo endógeno a las Cajas que las coloca en esa situación y una de esas razones es, sin duda, su politización.
El problema de la politización de las Cajas de Ahorro ha sido abordado por las distintas reformas buscando su solución a través del recurso a la profesionalización de los órganos rectores. La enorme politización de las Cajas ha permitido que intereses políticos hayan prevalecido sobre adecuadas estrategias empresariales desembocando en una ineficiente gestión. Esta politización ha provocado una constante pugna por perpetuarse en los cargos además de una enorme opacidad en cuestiones como la retribución de los gestores. La codicia de los miembros de los órganos de la Caja ha sido uno de los grandes lastres.
Otro de los problemas fundamentales ha sido la cuestión de los recursos propios que trató de solventarse, fundamentalmente, a través de las cuotas participativas. No obstante, éstas y demás instrumentos que permiten acudir a mercados de capital en busca de recursos tienen, inevitablemente, reflejo en la composición de los órganos de gobierno y como a los dirigentes de las Cajas - principalmente políticos - no les interesaba perder cuotas de poder, este tipo de recursos han tenido escasa utilidad en la práctica.
Otra de las grandes cuestiones que ha sido abordada en las distintas reformas ha sido el ejercicio de la actividad financiera de las Cajas. A la vista de los distintos Decretos-ley se puede afirmar que tras numerosas idas y venidas en torno a la creación de SIPs, el ejercicio indirecto de la actividad bancaria y demás fórmulas de instrumentación de la actividad financiera de estas entidades, parece evidente que el horizonte hacia el que mira el legislador no es otro que la bancarización. Además, se adivina un proceso de concentración de las Cajas que aún existen en el que, muy probablemente, la mayoría permanecerán como entidades que desarrollen su actividad financiera de manera indirecta a través de la participación en otras entidades, aunque alguna se convertirá en fundación.
En cualquier caso, el gran problema del sistema financiero de nuestro país ha sido, sin duda, el fracaso de las políticas de gestión de activos inmobiliarios. El último - hasta ahora - de los Decretos-ley, el 2/2012 de 3 de febrero, es el único que realmente ha abordado de manera específica este problema. Mientras en otros países la crisis del sistema financiero ha venido de la mano de los productos tóxicos, en nuestro sistema el problema fundamental ha venido de la mano del "boom inmobiliario". El problema de en este sentido radica en que se ha permitido que las Comunidades Autónomas actuaran como promotoras inmobiliarias valiéndose de las Cajas para la financiación de operaciones que, a su vez, eran objeto de tasaciones completamente irreales por parte de sociedades de tasación en las que la propia Caja o la Comunidad Autónoma en cuestión tenían una importante participación. El hecho es que ni se ha intervenido en las políticas autonómicas de vivienda, ni el Banco de España ha instrumentado una regulación y funcionamiento adecuados de las sociedades de tasación, estableciendo la necesidad de que sean sociedades independientes e implantando un sistema serio de sanciones frente a tasaciones fraudulentas. De haberse regulado esta cuestión adecuadamente podría haberse evitado que nuestro sistema se haya visto arrastrado por la total dependencia del ladrillo y esto, una vez más, es consecuencia directa de los intereses políticos partidistas que han dominado el funcionamiento de las Cajas.
En resumen se puede afirmar que, a la vista de los cuatro últimos Decretos-ley sobre reformas del sistema financiero, las Cajas siguen estando en una situación provisional en la que se espera una nueva y próxima reforma. Además, su futuro sigue siendo incierto ya que las Cajas carecen aún de una identidad definida.
