Desde el nacimiento de la imprenta, la circulación de los libros y de patrimonio escrito en general ha estado condicionada por las políticas y normativas dictadas por los diversos poderes de la época, las cuales oscilaban entre el control y la promoción de dicho patrimonio. En este sentido, numerosos mecanismos institucionales fueron puestos en funcionamiento con el fin de monitorizar la producción, la circulación y el consumo de libros, con consecuencias de largo alcance. Ejemplo de lo anterior son los privilegios de impresión y la censura estatal o religiosa.